Identificar “ventanas de oportunidad” es clave en política exterior. Es así como, en muchas ocasiones, es posible avanzar. La coyuntura y las alianzas pueden contribuir a promover iniciativas difíciles de poner en marcha en otros momentos. Pero, ¿puede la política exterior impulsar políticas nacionales, actuar con efecto arrastre? Podría, siempre que haya convicción y voluntad de coherencia, y/o pragmatismo para consolidar liderazgos logrados en la escena internacional.
La promoción de la igualdad de género es un ejemplo claro de sinergia entre las dimensiones interna y externa de las políticas. En los primeros años 2000, gracias a la legislación nacional en materia de igualdad (Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, y Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de 2007), España fue reconocida internacionalmente como un país de referencia. Una década después, el camino ha sido recorrido a la inversa. El reciente paso por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente (2015-2016) ofreció una buena oportunidad para trabajar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. No en vano, la candidatura construida años antes incluía, como compromiso prioritario, la promoción de la igualdad de género como activo y como objetivo si España resultaba elegida. Y tras ganar el asiento –en una dura campaña con Turquía como competidor– la igualdad de género fue un eje principal de la acción de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le correspondió presidir el CSNU en octubre de 2015, coincidiendo con el XV aniversario de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, e impulsó iniciativas concretas para mejorar la aplicación de este dossier, incluida la Resolución 2242. En su segunda presidencia, en diciembre de 2016, la lucha contra la trata y, en particular, contra la violencia sexual a mujeres y niñas, fue también señalada como una prioridad, que se plasmó en la Resolución 2331. España lideró iniciativas en favor de la igualdad de género, y reforzó su perfil como país comprometido en defender los derechos de las mujeres y combatir la discriminación, mientras en el ámbito nacional se había producido un cierto retroceso. En este punto, cabe preguntarse ¿Y ahora, qué?
No hay duda de que el bienio en Naciones Unidas situó la igualdad de género en un lugar central en las prioridades de política exterior (en particular ligada a la paz y la seguridad internacionales, y a la lucha contra la violencia sexual). El bienio en el Consejo de Seguridad permitió a España volver a jugar un papel de liderazgo en la escena internacional. Ahora hay que aprovechar la ventana de oportunidad y consolidar la dimensión de género en la política exterior.
Por convicción (España es firmante de todos los compromisos internacionales para promover la igualdad de género), y por pragmatismo: fortalecer este eje prioritario de la política exterior es un activo con el que España cuenta para contribuir a la provisión de bienes públicos globales. Puede ser parte de su huella, y una de las señas de identidad tras su paso por el Consejo de Seguridad. Puede conformar el perfil que la identifique para candidaturas futuras: al CSNU en un nuevo periodo, y a otros órganos de Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, al que España ha presentado su candidatura para el periodo 2018-2020, y cuya votación tendrá lugar en noviembre de 2017. Adicionalmente, también sería un ámbito en el que reconocer la trayectoria y el valor añadido de España en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para consolidar esta dimensión, España tiene que tomar medidas concretas en favor de la igualdad de género. Proponiendo más mujeres en puestos de toma de decisiones en las organizaciones internacionales de las que España forma parte, muy en particular en Naciones Unidas (donde el nuevo Secretario General, Antonio Guterres, ha comprometido paridad de género de su equipo de trabajo y de los altos cargos de la Organización).
Avanzando en la elaboración de un II Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (que aún sigue pendiente) dotado de presupuesto, indicadores de impacto, medidas concretas en el terreno, y mecanismos de rendición de cuentas. Tras estar entre los primeros países que aprobaron un Plan, en 2007, España podría ser uno de los que avanzan con un Plan que incorpora las mejores prácticas y tiene en cuenta las lecciones aprendidas. Que impacta y contribuye a implementar la Resolución 1325. Que pasa de las resoluciones a las soluciones.
También corrigiendo la desigualdad de género en el nombramiento de Embajadores, que se ha incrementado en los últimos años. Según datos oficiales (Instituto de la Mujer, junio de 2016), España tiene tan solo 8 embajadoras (frente a 103 embajadores), lo que representa apenas un 7%, en un cuerpo diplomático en el que hoy las mujeres constituyen el 24% del total.
La brecha de género (que es profunda y no deja de crecer, sobre todo en el ámbito político y económico) es un desafío global, transversal y común a todos los países del mundo. Contribuir a cerrarla merece convertirse en un objetivo prioritario de política exterior (como ya han hecho otros países, en particular Suecia, pero también Canadá), conectado también con uno de los retos clave, el de la paz y la seguridad internacionales. Solo con políticas globales, pero también nacionales es posible combatir las discriminaciones contra las mujeres, y avanzar en la igualdad de género.
Para este 8 de marzo, Naciones Unidas ha elegido como lema “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”, poniendo el foco en el empoderamiento económico de las mujeres, muy alejado de la igualdad. Ningún país podrá alcanzar todo su potencial de crecimiento económico y competitividad desperdiciando el talento del 50% de la población.
Organizaciones feministas de todo el mundo han puesto en marcha una campaña de carácter internacional (que han secundado más de 50 países, incluida España) que, bajo el lema “Nosotras paramos”, llama a que las mujeres paren todas sus actividades, emulando el ejemplo de las mujeres islandesas, las primeras que convocaron un paro nacional el 24 de octubre de 1975, y que fue secundado por el 90% de las mujeres, lo que produjo, literalmente, la paralización del país.
La iniciativa viene precedida por varias acciones de las organizaciones de mujeres de todo el mundo durante los últimos meses: la que llevaron a cabo, el 3 de octubre pasado, las mujeres en Polonia mientras el Parlamento votaba la penalización del aborto; el paro, el 16 de octubre, de los colectivos latinoamericanos en contra de la violencia de género y los feminicidios; las marchas del 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género; o la reciente Marcha de Mujeres en Washington, el 20 de enero, día de la toma de posesión del presidente Trump.
El objetivo del paro internacional de mujeres es denunciar la brecha salarial (que en España y según datos del INE estaría en una media del 19%) y la violencia de género (que afecta al 35% de las mujeres de todo el mundo), con lemas como “si nuestras vidas no valen, nosotras paramos”, o “si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras”.
Un reto global y transversal exige un compromiso que trasciende al espacio nacional. La igualdad se juega, también, en la política exterior. Y España podría estar en primera línea, junto con otros países como Suecia, liderando este objetivo esencial para este siglo XXI. Hay una ventana de oportunidad.
