Yemen es uno de los países más inestables y pobres del mundo árabe, con un 54,5% de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza y con un índice de desarrollo humano bajo, de acuerdo con la clasificación del PNUD. Su inestabilidad es producto de diversos factores (políticos, económicos, tribales, religiosos, injerencia extranjera, terrorismo, etc.) y existe desde antes de la unificación del país en 1990. El país pareció dar un giro positivo con el levantamiento de la población yemení contra el ahora ex presidente, Ali Abdullah Saleh, el 27 de enero de 2011 como parte de las protestas denominadas Primavera Árabe. Éste dimitió el 22 de noviembre de ese mismo año, llegando al poder su vicepresidente, Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, cuya elección fue confirmada en referéndum en febrero de 2012.
El 18 de marzo de 2012 se creó la Conferencia del Diálogo Nacional, una comisión transitoria compuesta por los principales partidos políticos del país, el Movimiento del Sur, los jóvenes independientes, las mujeres, organizaciones de la sociedad civil y el movimiento hutí (un movimiento insurgente de origen zaydí –rama perteneciente al islam chií– que toma su nombre de su fundador, Hussein al-Din al-Houthi, y que se enfrenta al Gobierno yemení por el control del norte del país desde principios de este siglo). Esta comisión, cuyo objetivo principal era afrontar los principales retos del país, constituye todo un hito, no sólo por englobar a prácticamente todos los actores de la sociedad yemení, sino porque representa el primer intento de elaborar una nueva Constitución consensuada y, sobre todo, por haber conseguido evitar una guerra civil que parecía inminente.
La Conferencia finalizó el 25 de enero de 2014 con dos recomendaciones principales: ampliar el periodo de transición un año más (con lo cual al-Hadi permanecerá en el poder hasta enero de 2015) e implantar un Estado federal. La modificación del modelo institucional yemení plantea numerosos conflictos en torno al número de provincias a establecer debido a las reservas de la población sureña, que teme que el reparto de provincias se convierta en una nueva forma de control del país por parte del Norte. Finalmente, en febrero de este año se anunció que el Estado estará compuesto por seis provincias (cuatro provincias del Norte y dos del Sur), lo que parece haber dejado insatisfecha a una gran parte de la población del Sur. Pese a ello, la Conferencia presenta varios aspectos potencialmente positivos, como haber dado lugar a propuestas que podrían mejorar significativamente la situación de las mujeres y de los jóvenes y contar, además, con el apoyo de importante actores internacionales (ONU, Consejo de Cooperación del Golfo), que deberían garantizar su cumplimiento.
Sin embargo, al gobierno aún le queda un largo camino por delante, con un país que se encuentra al borde de convertirse en un Estado fallido y que presenta unos niveles de violencia altos, con continuos combates entre los distintos grupos armados, que son noticia casi todos los días. El gobierno de al-Hadi continúa teniendo numerosos frentes abiertos, que, previsiblemente, le impedirán aplicar las propuestas de la Conferencia del Dialogo Nacional en el conjunto del país. Entre estos frentes de tensión cabe destacar el levantamiento de los hutíes en el norte, que se inició en 2004 y quienes, desde 2011, controlan la provincia de Sa’ada; la presencia de Al-Qaeda en la Península Arábiga en el Sur; los continuos ataques estadounidenses mediante drones para mermar a este grupo terrorista; y el movimiento secesionista del Sur. A lo anterior hay que sumar el complejo sistema de redes clientelares y de corrupción sobre el que se sustenta el Estado. Todos estos factores representan una amenaza para la estabilidad que pretende alcanzar el gobierno de al‑Hadi y para la implementación de su proceso de paz.
Para alcanzar estos objetivos, el gobierno tiene por delante dos grandes desafíos: por un lado, debe conseguir pacificar el país y extender su control a todas las regiones, una tarea complicada ya que se ha demostrado que el ejército nacional no tiene fuerza suficiente para acallar las distintas rebeliones (como demuestra una década de enfrentamientos constantes con los hutíes). Su segundo reto es conseguir establecer un modelo político equilibrado y eficaz que cuente con la aprobación de la población del Sur y que acabe con la corrupción y la oligarquía presentes durante los años de gobierno de Saleh.
