¿A quién le importa que la gasolina suba en Marruecos?

A los marroquíes mucho, desde luego. Desde la subida de los precios de la gasolina y el gasoil el 2 de junio pasado es difícil visitar el país sin asistir a demostraciones de indignación de conocidos y, sobre todo, de taxistas. Ese día la gasolina subió un 20%, pasando de 10,2 a 12,2 Dirhams por litro (aproximadamente de 0,92€ a 1,01€); el gasoil subió algo menos, un 14%. La subida del precio se debe a un descenso de la subvención que otorga la Caisse de Compensation, y supone tal vez la medida de política económica más visible y contestada de las que ha tomado hasta la fecha el gobierno desde la victoria hace casi un año del Partido Justicia y Desarrollo (PJD). Sólo por ello debería recibir mayor atención fuera de Marruecos.
La medida entraña cierto simbolismo por dos razones: aborda uno de los grandes problemas que asolan los equilibrios fiscales de muchos países de la región; y, sobre todo, podría considerarse un ejemplo de pragmatismo económico, así como la capacidad de asumir costes políticos por parte del gobierno dominado por el PJD. La llegada al poder de partidos islamistas en algunos países norteafricanos añade nuevos interrogantes económicos a sus de por sí complicadas transiciones políticas. Los dirigentes de Ennahda en Túnez, del PJD en Marruecos, y del Partido Libertad y Justicia en Egipto se han apresurado a hacer gala de pragmatismo y continuidad en las políticas de apertura económica que, muy lentamente y siempre de manera controlada por las élites, han ido descomprimiendo y diversificando sus sistemas económicos. Este fenómeno no es nuevo, tampoco en Marruecos, donde el PJD siempre ha intentado proyectar una afinidad empresarial inspirada en el AKP turco.
La duda sobre la medida es doble, y ambas incertidumbres también deberían evaluarse fuera de Marruecos. Primero, si será eficaz para contener el lastre que suponen las subvenciones en el elevado déficit público marroquí, que el FMI prevé se sitúe en el 6% del PIB en 2012. Los primeros datos indican que no: pese a la reducción de junio, el coste de las subvenciones a los combustibles se situará a finales de 2012 cerca de los 70.000 millones de Dirhams (más de 6.000 millones de €), alrededor del 8,5% del PIB marroquí previsto para este año. La medida era por tanto imprescindible, pero se revela insuficiente para alcanzar sus objetivos y, sobre todo, no viene acompañada de otras que permitan focalizar los subsidios en los pobres. El gobierno ha iniciado un programa (“Tayssir”) que dedica ayudas directas a las familias más desfavorecidas que acepten escolarizar a sus hijos, pero su alcance es limitado.
La segunda duda es si la ausencia de cuadros económicos técnicamente competentes en el PJD no ha dejado la política económica en manos del entramado burocrático marroquí, que bien podría aprovechar para impulsar medidas económicas, de fuerte coste político, que llevan años estancadas con la consiguiente erosión en la popularidad del gobierno. Tampoco sería la primera vez que se lo pregunten al USFP, el mucho más capacitado partido socialista marroquí, abrasado tras su paso por el gobierno de la alternancia entre 1998 y 2002.