Tema: El 25 de febrero pasado explotaban dos bombas en la embajada española y en el consulado colombiano de Caracas. Aún pendiente de conocerse la autoría de ambos atentados, lo cierto es que tuvieron lugar sólo cuarenta y ocho horas después de una dura diatriba del presidente Chávez contra varios líderes internacionales, incluido el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria.
Resumen: Los atentados contra las sedes diplomáticas de España y Colombia evidencian un peligroso aumento de la violencia en Venezuela. Numerosos analistas temen que los actuales choques entre el gobierno venezolano (y sus seguidores) y la oposición terminen en un sangriento enfrentamiento. La constitución del “Grupo de Amigos del Secretario General de la OEA para Venezuela” (Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal), y algunos avances en la Mesa de Negociación, coordinada por César Gaviria, permitieron pensar que se podría reconducir pacíficamente el conflicto. Sin embargo, a pesar de las buenas palabras de no agresión, las cosas volvieron a crisparse con la detención de Carlos Fernández, presidente de la patronal Fedecámaras, la orden de captura de Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que pasó a la clandestinidad acusado de rebelión y sabotaje, y la de siete ex gerentes de Petróleos de Venezuela (PdeVsa). La agresión contra dos de los principales dirigentes de la reciente huelga general fue condenada por distintos gobiernos, entre ellos Estados Unidos y España. En su programa semanal de radio y televisión, ‘Aló presidente’, Hugo Chávez reaccionó duramente contra sus críticos tildando de ingerencia en los asuntos internos las descalificaciones recibidas. Luego se produjeron los mencionados atentados, que marcan un resurgir del terrorismo en Venezuela y que se inscriben en un clima preocupante de aumento de la violencia. La cuestión es cómo afectarán estos hechos a la labor mediadora de Gaviria y el Grupo de Amigos, y a las relaciones bilaterales hispano venezolanas, cada vez más tensas tras los confusos hechos del 11 de abril.
Análisis: Un premonitorio editorial del The New York Times del 21 de febrero pasado, señalaba que “el presidente Hugo Chávez, en lugar de trabajar para apaciguar a su lamentablemente dividido país, parece determinado a provocar nuevas y peligrosas tensiones”. No en vano, a principios de febrero, y tras el fin de la huelga general de 63 días, Chávez señaló que si 2002 fue el año de consolidación de la Revolución bolivariana, 2003 sería el de la ofensiva estratégica. La creciente virulencia verbal del presidente respondía a su creencia de que él había sido el claro triunfador de la huelga, que ésta había supuesto un duro varapalo para la oposición y especialmente para su núcleo director, la Coordinadora Democrática.
Las agitadas aguas caraqueñas se revolvieron un poco más con el secuestro, tortura y asesinato de cuatro antichavistas (una joven y tres soldados, manifestantes en la plaza Altamira con los 135 militares opositores). Si bien las autoridades descartan cualquier motivación política y apuestan por una venganza pasional, los familiares mantienen sus dudas. El general Enrique Medina Gómez, en desobediencia civil, ligó el hecho a los asesinatos de la plaza de Altamira, y pidió a la fiscalía y a la policía científica mayor celeridad en la investigación. Human Rights Watch también calificó los crímenes de “asesinatos políticos”. A estas muertes se suma la de un policía metropolitano caído en una emboscada después que Chávez llamara a la defensa de su revolución. El rebrote terrorista continuó a primeros de marzo, al estallar en un campo petrolero cercano a Maracaibo un coche bomba frente a la casa de un líder opositor próxima a las oficinas de la petrolera norteamericana Chevron.
Cuarenta y ocho horas después de la firma de la Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia entre gobierno y oposición, que buscaba reducir el nivel de la confrontación pública, y coincidiendo con la ausencia de Gaviria del país, la policía arrestó a Carlos Fernández, convirtiendo en papel mojado lo previamente firmado. Resulta paradójico que el punto primero de la Declaración, uno de los logros iniciales de la Mesa presidida por Gaviria, señale que: “Rechazamos la intemperancia verbal, las recriminaciones mutuas, el lenguaje hiriente y cualquier retórica que […] contribuya o estimule la confrontación. Proponemos el uso de un lenguaje de respeto mutuo, de tolerancia, de consideración por las ideas ajenas, de supremo aprecio por la vida y sus valores esenciales, y especialmente por la dignidad humana […] En consecuencia, hacemos un llamado, directo e inmediato, a todos los actores políticos y sociales, para que den su efectivo aporte dirigido al reestablecimiento de un clima de paz y sosiego […], mediante la pronta moderación del tono, estilo y contenido”. Pero no fue sólo el oficialismo quien se salió de tono, ya que la oposición también utilizó un tono destemplado.
La detención de Fernández crispó el debate, comenzando por la actitud nada conciliadora de Chávez: “esa gente debería estar presa hace mucho tiempo, pareciera que están surgiendo los jueces con coraje en Venezuela”. Si Gaviria pidió al poder judicial actuar “con independencia, imparcialidad y conforme al estricto cumplimiento de las leyes y al respeto de los derechos que consagra la Constitución”, el vicepresidente José Vicente Rangel le respondió que “lo primero que hay que respetar en un país donde funciona la democracia y el estado de Derecho es la justicia, y el ex mandatario Gaviria sabe que las decisiones judiciales son competencia de los órganos correspondientes y no del Ejecutivo”. Estados Unidos y España también mostraron su preocupación por la persecución contra la oposición. Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado, se mostró intranquilo por el respeto a los derechos humanos ante “un hecho muy preocupante que sólo puede aumentar las continuas dificultades políticas” y que puede influir sobre el futuro del proceso de diálogo, y abogó por el respeto a los derechos de Fernández. Ana Palacio, la ministra española de Asuntos Exteriores, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado dijo que “son noticias que entran en flagrante contradicción con el acuerdo firmado el día anterior”, aunque se mostró positiva con la tramitación de algunos pedidos de extradición de etarras residentes en el país caribeño, que muestra la sensibilidad venezolana “respecto a la lucha antiterrorista y a las prioridades de nuestra política”.
La respuesta de Chávez no se hizo esperar, y en ‘Aló Presidente’ reclamó que cada cual mantuviera su sitio: “La justicia debe ser ciega, y en las últimas horas han ocurrido eventos que nos hacen ser optimistas respecto a que, de una buena vez, se acabe la impunidad […] ¿Quién dijo que alguien, porque tenga mucho dinero puede delinquir sin que lo metan preso? Si fuera por mí no estaría en su casa, sino tras las rejas, pero ya es positivo que el tribunal haya reconocido que hubo delito. Ese señor [Fernández] es un delincuente, un terrorista, y está preso, aunque sea en su casa”. También dijo que: “Por ahí salieron varios a hacer comentarios”, como los de Gaviria, que estaban “totalmente fuera de lugar” al ser Venezuela “un país soberano”. Se asombró ante la preocupación de Boucher y Palacio (“alguien por allá en España”), ya que “los mismos que reconocieron al Gobierno usurpador de abril ahora saltaron a opinar sin documentarse”. “Tenemos que respetarnos. No se metan en nuestras cosas, que nosotros no nos metemos en las suyas. ¿Hay que recordar aquí que estuvo el embajador español aplaudiendo el golpe de abril?” […] “Aznar, por favor, cada quien en su sitio. A Venezuela se la respeta como nosotros respetamos a España. ¿Hasta cuándo van a estar con esto?”. El presidente se preguntó igualmente por la reacción española en el hipotético caso de que su ministro de Exteriores manifestara su preocupación por Egunkaria, un diario en euskera cerrado por orden de un juez de la Audiencia Nacional, ya que “esta semana han salido unas declaraciones muy extrañas de una alta funcionaria española a cuenta de la detención legal del terrorista Carlos Fernández”. Al final de su programa pidió a los presidentes Aznar y Bush “un poquito más de cuidado” con las declaraciones de sus funcionarios sobre Venezuela.
Chávez, que se había negado a calificar de terroristas a las FARC, tuvo que aguantar una dura crítica del gobierno colombiano, y el día previo a los atentados, el presidente Uribe afirmó que “los violentos colombianos se esconden en Venezuela”, que “corre el riesgo de convertirse en sucursal de la tragedia colombiana”. El ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, fue de los más rotundos. Por eso Chávez llamó irresponsables a algunos ministros colombianos y se preguntó: “¿Hasta dónde quieren llegar, a que rompamos relaciones?” La preocupación sobre la complicidad del régimen chavista con las FARC sigue aumentando. Citando fuentes de inteligencia militar y policial, El Nuevo Herald señalaba que Manuel Marulanda, Tirofijo, se esconde en la selva venezolana, próximo a la frontera. Quizá en un intento de distensión con sus vecinos, Chávez autorizó posteriormente la deportación sin trámites de dos colombianos ligados a las FARC que, en compañía de dos venezolanos, pretendían introducir en Colombia un camión bomba con 1,5 toneladas de explosivos.
El sentimiento de victoria del gobierno y sus seguidores tras la huelga general los ha llevado a tomarse cumplida revancha en “el año de la ofensiva revolucionaria”. Estas manifestaciones dejan el campo libre a acciones espontáneas (o no tanto) de los seguidores de Chávez, comenzando por los temidos Círculos Bolivarianos, grupos financiados por instancias oficiales y “muy ligados al alcalde del centro de Caracas, Freddy Bernal, uno de los más firmes puntales de Chávez”, según escribe Joaquín Ibarz en La Vanguardia. En la misma línea de confrontación se inscriben los ataques contra los empresarios de las televisiones privadas y la introducción del control de cambios, un “arma financiera” contra los empresarios de la oposición, según el razonamiento presidencial. Es posible que la confrontación la busque el propio Chávez, al creer que un creciente aislamiento internacional le permitiría galvanizar a sus huestes y aparecer como un mártir frente a su pueblo. Según The New York Times, estos pasos podrían hundir los esfuerzos mediadores de Jimmy Carter y sus propuestas en torno a la salida electoral. Si bien estas ideas fueron aparentemente bien recibidas por ambas partes, todo indicaría que actualmente Chávez no quiere escuchar estos mensajes, convencido de que perdería cualquier consulta electoral.
El 25 de madrugada estallaron las bombas, con una potencia tal como para destrozar en un 80% el consulado colombiano, producir graves desperfectos en la sede española y, pese a la hora, provocar cuatro heridos (tres en un caso y uno en el otro). En ambas sedes aparecieron panfletos de las Milicias Urbanas del Frente (o Fuerza) Bolivariano de Liberación, un grupo prácticamente desconocido que respalda la revolución nacionalista de Chávez y de la Coordinadora Simón Bolívar. Sin embargo, en su página de Internet, la Coordinadora negó su implicación en los hechos y acusó a la oposición venezolana, en sintonía con algunos Círculos Bolivarianos que acusan a la extrema derecha golpista. Según el periódico digital Tal Cual, dirigido por Teodoro Petkoff, los explosivos utilizados son muy sofisticados y no están al alcance de cualquiera. “El gobierno puede averiguar sin demasiado esfuerzo de qué arsenal salieron y quiénes podrían ser sus posibles operadores”. Según el general disidente Manuel Rosendo, que cree que se está aplicando una política de terrorismo de Estado y que hubo “muchas denuncias de oficiales del Ejército sobre el reparto de armas y explosivos a los grupos violentos chavistas”, se utilizó C-4, un explosivo empleado para uso militar en unidades de ingeniería, y en Colombia por las FARC. Sin embargo, el vicepresidente Rangel descartó cualquier tipo de relación entre los atentados y las FARC, y manifestó que los panfletos son “una ridiculez”; que se quiere endosar el atentado al gobierno y que “sólo faltó dejar la foto de Chávez”.
En Venezuela son muchos los que creen, pese a que aún no está clara la autoría de los atentados, que su principal desencadenante fue el “discurso incendiario” del presidente el domingo previo a los atentados. Petkoff tituló “Verbobomba” uno de sus editoriales en Tal Cual, y el madrileño ABC habló de “Chávez, el pirómano”. Desde el gobierno, las cosas se ven de otro modo. A su regreso de una gira por Malasia, Roy Chaderton Matos, ministro de Exteriores, calificó los atentados de actos terroristas que “abochornan a todos los venezolanos”, aunque no deberían influir en las relaciones con Colombia y España al no representar la política del Estado venezolano. También pidió bajar el tono en la escalada verbal entre las partes enfrentadas. La parte de la oposición más vinculada al mundo empresarial se pronunció desmesuradamente, y exigió a la Comunidad Internacional “mano dura” con el gobierno. La Coordinadora Democrática, gravemente tocada por la huelga e incapaz de encontrar un camino unitario y democrático para ganar las próximas elecciones, atraviesa un momento especial tras la pérdida de influencia de Fedecámaras y la CTV, y tras la posibilidad de que los partidos políticos tradicionales, Copei y Acción Democrática, y los nuevos, Primero Justicia y Proyecto Venezuela, recuperen su papel de mediadores ante la sociedad civil.
Después de la explosión, el embajador español en Caracas, Manuel Viturro de la Torre, declaró a El Mundo que “el Gobierno venezolano nada tiene que ver con el atentado”, y que la violencia responde al clima de enfrentamiento político entre los venezolanos que ha creado una zozobra de consecuencias impredecibles. Fue una de las pocas intervenciones españolas frente a un suceso en el que se ha apostado por el silencio para no enconar unas relaciones tensas después del 11 de abril y no entorpecer la labor del Grupo de Países Amigos. El presidente Aznar, quitando hierro al asunto, señaló en una conferencia de prensa el mismo 25 que no especulará sobre el atentado, que quiere que las cosas se resuelvan “en un contexto de normalidad, estabilidad y desarrollo democrático”, y se mostró esperanzado en los resultados de “las investigaciones y conclusiones del Gobierno venezolano, que es el que tiene que garantizar la seguridad”. El gobierno colombiano tuvo la misma actitud conciliadora para no dar mayores argumentos a las tendencias aislacionistas y victimistas de Chávez. El Departamento de Estado adoptó la postura contraria, y uno de sus portavoces, Phil Reeker, señaló: “notamos que estas explosiones ocurrieron después de los punzantes ataques verbales contra la Comunidad Internacional, así como contra venezolanos”.
El ministro de Interior y Justicia, Lucas Rincón, reveló el 26 de febrero que las investigaciones estaban muy adelantadas, que tenían buenas pistas, que entre los sospechosos había varios venezolanos y que iban a resolver prontamente el caso, ya que tenían identificados algunos nombres y, si bien todavía no habían detenido a nadie, pensaban hacerlo pronto. Sin embargo, los días pasan sin novedades relevantes. Es más, el jueves 6 de marzo se produjo una amenaza de bomba que obligó a desalojar el edificio que alberga a las embajadas de España, Ecuador y Japón. La oposición no se muestra nada optimista, a la vista de los escasos resultados logrados tras los 19 muertos de la marcha opositora del 11 de abril o los 3 de la plaza Altamira. El 1 de marzo, Chávez dijo haber recibido un “informe completito” de los servicios de inteligencia: “lo que hicieron en el Consulado de Colombia no lo hace cualquiera. Son pocos en Venezuela, y tenemos el listado, los que tienen capacidad para una acción como esa que requiere de alto grado de adiestramiento”. Al día siguiente, volvió a incriminar a sectores de la oposición de los atentados, ya que tenía “buenas pistas” de su participación en los hechos, pero tampoco esto se materializó en nada concreto. En otra intervención en ‘Aló Presidente’, el 2 de marzo, Chávez informó que los organismos de seguridad han identificado a los sospechosos y el explosivo utilizado: “Me dieron un informe completo de dónde vino la bomba, quién le vendió a quién una granada”. Sin embargo, tres días después el Fiscal General de la República negó conocer las fotos a las que aludía el presidente.
En la sesión permanente de la OEA del 26 de febrero se discutió el tema, y todos los actores se atuvieron al guión anterior. El Embajador de Canadá ante la OEA, Paul Durand, mostró la preocupación de su gobierno por los últimos acontecimientos, ya que “esas acciones no pueden justificarse ni ser toleradas”. Tras afirmar que es “especialmente desalentador que esto ocurra justamente después de firmarse el acuerdo contra la violencia”, llamó a todas las partes a buscar una solución pacifica, y al gobierno a investigar los hechos y llevar a los culpables ante la justicia. El Observador Permanente de España ante la OEA, Eduardo Gutiérrez, agradeció las muestras de solidaridad, dijo que su gobierno “ha recibido garantías de las autoridades venezolanas de que investigarán a fondo este lamentable atentado” y leyó un comunicado de la Presidencia de la Unión Europea rechazando los atentados. El Grupo de Río, cuya secretaría pro tempore ejerce Perú, condenó los hechos en un comunicado datado el 26 de febrero y abogó por “una solución democrática, electoral, pacífica y constitucional al problema interno”. El 10 de marzo se reúne en Brasilia el Grupo de Países Amigos, un proyecto visto por Chávez con creciente desconfianza, y si bien dice que Brasil y Venezuela están hermanados ideológicamente, lo cierto es que cada día Lula se distancia un poco más de su proyecto bolivariano, aunque el presidente brasileño es el único que actualmente puede influir en Chávez.
Venezuela no sólo atraviesa problemas políticos, sino también económicos y sociales a los que el gobierno deberá responder más pronto que tarde si no quiere que lo que le queda de su frente interno termine resquebrajado. La inflación de febrero alcanzó el 7,1%, la mayor en los últimos siete años, y la acumulada fue del 39%, la mayor desde 1997. El dato ya muestra los primeros fracasos del plan de control de precios de productos básicos establecido por el gobierno. A esto se añade la evolución desfavorable del dólar en un país que importa cerca del 60% de su comida, medicinas, productos electrónicos y ropa. La mejor muestra de lo apurado de la situación es que en 2002 las importaciones cayeron un 29%.
Conclusiones: En un terreno más especulativo, podría afirmarse que la estrategia de Chávez para mantenerse en el poder pasa por tensar todas las cuerdas y aumentar la violencia, para así de generar una mayor presión internacional, aislándolo del resto del mundo y convirtiéndolo en mártir a los ojos de los suyos. De este modo, podría sacar un mejor partido de su situación. Es la línea que apunta el periódico de Petkoff: “en lugar de apoyarse en la negociación para buscar soluciones, Chávez huye hacia delante, sopla la candela de la confrontación, provoca a todos los sectores, embiste contra nacionales y extranjeros y hasta contra sí mismo. No hay que hacerle el juego”. El mismo Petkoff escribía en El Tiempo de Bogotá: “Es evidente que en este momento hay grupos armados, y muy bien armados, que abrevan en el lenguaje de Chávez y que, en su primitivismo político, se inspiran en aquél y extraen de allí lineamientos para la acción directa. Las acciones terroristas son adelantadas en todas partes por agentes subversivos, por organizaciones antigubernamentales. Pero en nuestro caso, son grupos que dicen identificarse con el gobierno los que actúan de manera criminal y terrorista; el gobierno conoce esos grupos y sus integrantes, y tiene la responsabilidad de desarmarlos”. Nada hace presagiar que la situación en Venezuela mejore a corto plazo ni que los intereses españoles dejen de estar menos expuestos en el futuro próximo.
Carlos Malamud
Investigador principal, América Latina
Real Instituto Elcano