Tema: El análisis repasa el tenso clima político en Pakistán ante las próximas elecciones presidenciales –que supondrán a todas luces la reelección del general Pervez Musharraf– del día 6 de octubre.
Resumen: El texto analiza la actual coyuntura política en Pakistán, caracterizada por el modo en que Pervez Musharraf está intentando salvar los obstáculos para asegurar su reelección como presidente y para garantizar que el próximo Gobierno sea afín a su persona y al ejército que lo respalda. En el plano interno, tras haber devuelto al exilio a Nawaz Sharif, la tarea de Musharraf se centra en la posibilidad de acuerdo con la exiliada líder del PPP, Benazir Bhutto, que regresará próximamente al país. La relativa debilidad de las principales fuerzas políticas y el poder que aún detenta Musharraf hacen pensar que el régimen tutelado vigente se prolongará más allá de las elecciones, si bien con nuevos actores. Por el momento, la comunidad internacional encuentra dificultades para presionar al Gobierno paquistaní para que éste garantice un clima electoral transparente.
Análisis: Mientras que parte de la prensa paquistaní se está haciendo eco de un interesante debate entre expertos acerca de si el país debe optar por una transición política o, por el contrario, es necesario que se produzca una auténtica transformación del poder –que incluya el regreso del ejército a los cuarteles y una verdadera reforma de los partidos tradicionales–, el presidente, el general Musharraf, ajeno al debate, se afana en asegurar su permanencia como jefe del Estado a partir del día 6 de octubre y en mantener al ejército como guardián de la nación. Su habilidad para salvar obstáculos es incuestionable, como demuestra la devolución a su exilio en Arabia Saudí al antiguo primer ministro Nawaz Sharif el pasado día 10 de septiembre, tras el fracasado intento de éste de regresar al país. El presidente optó por no enviar a prisión a su rival político por temor a la movilización popular a su favor. Sharif todavía tiene varios cargos pendientes con la justicia paquistaní por corrupción y por haber intentado desviar fuera de Pakistán, en octubre de 1999, el avión comercial de la PIA procedente de Sri Lanka en el que viajaba Musharraf, mientras tramaba la destitución de éste como jefe de las fuerzas armadas.
Sin embargo, el anunciado retorno de Benazir Bhutto, previsto para el próximo 18 de octubre, plantea un reto de distinta naturaleza para el presidente. Musharraf ha intentado negociar con su oponente un pacto que le confirme la permanencia en el cargo, a cambio de ceder la jefatura de Gobierno a la líder del Partido Popular de Pakistán (PPP), cuyo partido presumiblemente obtendría la mayoría de los votos. Por ahora, no ha habido acuerdo y las conversaciones se han estancado en la cuestión del uniforme, es decir, en que Musharraf abandone su cargo de jefe de las fuerzas armadas. Además, el PPP quiere reforzar los poderes del Parlamento, una institución actualmente muy debilitada.
El regreso de la que se convirtió en primera ministra de Pakistán tras el fin de la dictadura de Zia ul-Haq, una mujer con una larga trayectoria política, se presenta como un tanteo al régimen de democracia tutelada de Musharraf. Por un lado, Benazir Bhutto desea asegurarse si el presidente es un líder en declive –a pesar de las movilizaciones de los últimos meses, no está claro que haya perdido totalmente el apoyo popular– y si a nivel interno podría tener éxito un cambio favorecido por la protesta de masas. Por otro, su intención de participar en la convocatoria electoral, aunque pueda ingresar en prisión a su llegada al país, obedece a la posibilidad de combatir el actual sistema de gobierno desde dentro. La líder del PPP puede encabezar la oposición parlamentaria (aún estando en prisión) o incluso llegar a un acuerdo después de las elecciones para asumir tareas de gobierno. No obstante, a corto plazo, resulta muy difícil que el PPP alcance los apoyos suficientes para lograr reducir los poderes del presidente (que tiene plena capacidad para destituir al Gobierno) y para conseguir que el ejército deje de inmiscuirse en política. A menos que se produzca una protesta masiva en las calles, parece que el presente régimen no se modificará sustancialmente.
El escenario preelectoral
Tras anunciarse la fecha de las elecciones presidenciales para el 6 de octubre, lo único que parece evidente es que los comicios van a celebrarse con nulas garantías. Según la Constitución, reformada el 31 de diciembre de 2003, deberían ser unas asambleas nuevas las encargadas de elegir al presidente. Con la introducción de la decimoséptima enmienda, la elección indirecta del presidente se hace mediante un complejo sistema en el que participan los miembros del Parlamento (la Asamblea Nacional y el Senado) y de las asambleas provinciales. Para ello Musharraf, por ahora el único candidato al puesto, debe salvar dos obstáculos: el primero, resolver la cuestión de su condición de jefe de las fuerzas armadas que finaliza en noviembre –ya que al ocupar un puesto al servicio del Gobierno lo hace inelegible como presidente, según la Constitución–, y el segundo, contar con los apoyos suficientes de las actuales asambleas para ser reelegido. Para salvar ambas cuestiones, tendrá que tejer alianzas, bien con los partidos islamistas, bien con el PPP si llega a un pacto con Bhutto. No obstante, el escenario se puede complicar aún más si finalmente prospera el posible boicoteo de los comicios por parte de la coalición de fuerzas del APDM (All Parties Democratic Movement), liderada por el PML-N (Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz, el partido de Sharif) y otras formaciones menores, entre las que también están líderes islamistas. Los diputados de estos partidos pretenden abandonar sus escaños el próximo día 29 de septiembre y han invitado al PPP a sumarse a la iniciativa, aunque por ahora este último no ha adoptado ninguna posición.
Todo apunta a que Musharraf saldrá reelegido como presidente, si bien tendrá que ceder en la cuestión del uniforme para llegar a un acuerdo con el PPP. Los motivos de querer continuar al frente del ejército durante la (re)elección presidencial se deben a que desea seguir llevando las riendas del país, especialmente para no perder el control de una situación que está evolucionando de un modo muy rápido en los últimos días y que puede alterar su posición actual de poder. Los nuevos nombramientos de la cúpula militar anunciados el viernes 21 de septiembre responden claramente a esa estrategia y a la necesidad de asegurar la unidad de la institución militar frente a cualquier complicación que pueda surgir. Musharraf ha designado a generales de su máxima confianza para dirigir los servicios secretos (el ISI) –en este caso eligiendo a Nadeem Taj, anteriormente secretario militar de Musharraf, con el que ha compartido momentos muy duros, según narra el libro de memorias del presidente– y para ponerse al frente del principal regimiento con base en Rawalpindi. De entre las nuevas promociones, que se completarán próximamente con otros nuevos nombramientos, tendría que salir el posible candidato a la jefatura de las fuerzas armadas. Musharraf procurará que el general que ocupe ese cargo no sea muy próximo al primer ministro, especialmente si Benazir Bhutto accede a la jefatura del Gobierno.
La situación de los principales partidos políticos
La presente división de las dos fuerzas políticas principales, el PML-N de Nawaz Sharif y el PPP de Benazir Bhutto, es un ejemplo de la debilidad de éstas ante el juego de Musharraf y cuestiona las perspectivas de una restauración democrática. Tanto el PML-N como el PPP –verdaderos partidos de masas dirigidos por familias pertenecientes a la elite civil del país, la empresarial y la terrateniente– han sido en cierta medida responsables de la anómala perpetuación del ejército en el poder durante la pasada “década democrática” (entre diciembre de 1988 y octubre de 1999), debido a su incapacidad para afrontar conjuntamente la delicada tarea de definir y limitar el papel de la institución militar en el seno de la sociedad paquistaní. Sólo en el último momento, durante el segundo mandato de Nawaz Sharif, se intentó remediar esta situación, con el apoyo de la oposición, logrando aprobar una ley que anulaba la capacidad del presidente (que siempre actuaba a instancias de los intereses de la cúpula militar) para destituir a los Gobiernos elegidos en las urnas. Sin embargo, esta medida fue posteriormente revocada tras el golpe de Estado.
La permanencia de Musharraf en el poder llevó a Nawaz Sharif y a Benazir Bhutto a buscar un modo de colaboración frente al régimen, recogido en la Carta de la Democracia firmada el año pasado en Londres. A pesar de ello, se ha evidenciado un nuevo distanciamiento entre ambos líderes tras el conocimiento de las negociaciones de Bhutto con Musharraf para compartir el gobierno. Es así, en respuesta a esta posible alianza, cómo debe de entenderse el precipitado –si bien respaldado por una sentencia del Tribunal Supremo, que está presidido por el restituido juez Iftikhar Chaudhry– regreso de Nawaz Sharif al país. La acción de Sharif iba probablemente dirigida a rentabilizar políticamente el descontento popular hacia el régimen, forzando un cambio, y posicionándose con ventaja en los próximos comicios frente a su oponente del PPP, quien sería penalizada por negociar con Musharraf.
La devolución al exilio del ex-primer ministro ha complicado el mapa político, poniendo en una delicada situación interna a Musharraf, quien desea controlar el curso de los acontecimientos. Con el descabezamiento del PML-N, el todavía general ha limitado sus opciones de diálogo, pues esta formación cuenta con un significativo respaldo popular en la poblada provincia de Punjab. Además, la participación en el juego político de esta formación garantiza un espacio de poder que en otro caso podría ser llenado por formaciones islamistas u otros partidos menores que mantienen una relación de mayor conflictividad con el sistema representativo. Aun así, la deportación de Sharif no ha desatado grandes críticas ni dentro ni fuera de Pakistán, en parte por los cargos que se le imputan.
En las condiciones actuales, el PPP ha ganado mayor fuerza, tanto para liderar la oposición a Musharraf como para participar en un Gobierno moderado en cooperación con el ejército. A pesar de que no se considera que vayan a celebrarse unos comicios con plenas garantías (porque no se dan las condiciones políticas para ello), si finalmente tiene lugar el acuerdo entre el PPP y el PML-Q (el partido que apoya a Musharraf) parece probable que el próximo Gobierno paquistaní obtendrá mayor legitimación popular. El PPP puede mantener, teniendo en cuenta posibles manipulaciones e incluso acusando un desgaste, una base estable de votantes en torno al 30%, siendo su feudo principal la provincia de Sind. Sin embargo, de ello no debe entenderse que se vaya a modificar sustancialmente la situación actual, aunque la alianza pueda otorgar mayor estabilidad interna. Los asuntos más espinosos como el problema del extremismo islámico o la política exterior (especialmente en la cuestión de Afganistán) van a seguir estando controlados por el ejército y éste seguirá siendo el interlocutor en esos temas frente a la comunidad internacional.
¿Una nueva transición democrática?
El posible pacto del PPP y del PML-Q hace pensar que Pakistán pueda encaminarse de nuevo hacia una transición democrática. No obstante, ¿de qué tipo de transición se está hablando y cuál debería ser la finalidad de la misma? Conviene recordar que el país pasó de la dictadura del general Zia ul-Haq en 1988 a una alternancia de partidos (con casi nula cooperación entre las dos fuerzas principales) siempre controlada desde el ejército mediante presidentes afines a esta institución que destituían a los Gobiernos elegidos en las urnas según su criterio. Posteriormente, tras las elecciones de octubre de 2002, celebradas para dar una apariencia de transición democrática que complaciese a la comunidad internacional, lo único que se hizo fue sancionar el golpe de Estado de 1999, manteniendo un Gobierno afín de perfil tecnócrata al frente del país, cuyas funciones iban dirigidas fundamentalmente a enderezar la maltrecha situación económica. Los dos períodos anteriormente mencionados fueron calificados de “transición”, de evolución hacia un sistema democrático que no ha llegado a cuajar.
En este sentido, la presente situación apunta hacia la continuación de la cohabitación en el poder del ejército con unas fuerzas políticas débiles (incluso a pesar del apoyo popular que pueda tener el PPP) y por ello, con pocas esperanzas de cambio a corto plazo. La desunión de los partidos principales (y el problema del liderazgo del PML-N) favorecerá la permanencia de los militares como guardianes del desarrollo político y limitará la acción del Gobierno en asuntos claves como la política exterior y de defensa.
La presión internacional en favor de una salida de la actual situación
La relativamente cómoda posición de Musharraf para seguir controlando el país, pese a que su régimen ha sufrido un notorio debilitamiento a nivel interno en los últimos meses, evidencia la ausencia (o el fracaso) de una presión internacional efectiva para promover un verdadero cambio democrático en Pakistán. Tanto EEUU como la UE han pedido la celebración de elecciones con garantías, y el Parlamento Europeo ha ido más allá, en su resolución del 12 de julio pasado, al solicitar que el ejército deje de inmiscuirse en política. No obstante, no se ha producido en ningún caso un diálogo constructivo con las fuerzas democráticas paquistaníes –a las que se sigue viendo con un cierto recelo por sus prácticas corruptas–, probablemente porque el presidente Musharraf sigue teniendo el control de la situación y porque de él, de su buena disposición, depende el apoyo de la lucha contra los taliban y al-Qaeda en la frontera afgano-paquistaní.
Las palabras del vicesecretario de Estado norteamericano John Negroponte –de visita en Pakistán para un encuentro bilateral– el pasado miércoles día 12 en Islamabad indican que EEUU tampoco tiene una estrategia precisa a seguir con respecto a Pakistán. Negroponte fue explícito al exigir una transición democrática, pero también destacó el apoyo de Washington al general y presidente en su lucha contra el terrorismo, lo que parece un signo inequívoco de que sigue sin haber una alternativa clara a Musharraf. Con el recrudecimiento de la violencia en las zonas fronterizas de Waziristán y Bannu en el último mes y medio, que está causando numerosas bajas en el ejército paquistaní, es probable que EEUU encuentre dificultades para adoptar una línea más crítica. Además, los nuevos llamamientos de los líderes de al-Qaeda a que se atente contra la vida de Musharraf añaden mayor incertidumbre a la situación. Un giro brusco de los acontecimientos podría poner en peligro la colaboración de Islamabad en el conflicto afgano y agudizaría una crisis interna cuyo vacío de poder otorgaría una mayor influencia a los grupos islamistas.
El principal error de la política estadounidense hacia Pakistán, especialmente a partir de 2002, ha sido el de considerar a este país primeramente en función de sus intereses regionales, sin prestar atención a la estabilización y normalización políticas internas. Esta línea de actuación no es novedosa, pues resulta similar a las alianzas regionales propias de la guerra fría, si bien el escenario y los intereses han cambiado. Washington pensó que favoreciendo el diálogo entre India y Pakistán resolvería una parte del problema de la estabilidad regional entre las dos potencias nucleares y que la victoria frente a los taliban, así como el retorno a la democracia en Afganistán (una lucha que se ha alargado más de lo previsto), reducirían la influencia del extremismo religioso en la región. Una vez estabilizado Afganistán, Washington tendría mayor libertad para presionar a Islamabad con objeto de que realizase reformas democráticas. Sin embargo, por ahora lo que se ha conseguido ha sido rearmar a Pakistán (EEUU le otorgó una ayuda económica y militar de 3.000 millones de dólares por un período de cinco años que comenzó en el 2005) y mantener al propio Musharraf como único árbitro de la situación. Un diálogo político llevado a cabo a tiempo con el Gobierno paquistaní, tanto por parte de la UE como por EEUU, hubiera evitado la improvisación e incertidumbre actuales.
Conclusiones: El escenario preelectoral es complejo y la evolución de los acontecimientos a medio plazo va a depender en buena medida de lo que ocurra en las próximas semanas. No obstante, la presumible reelección presidencial de Musharraf va a limitar la acción de gobierno de cualquier formación que asuma esa tarea, puesto que su figura representa la casi permanente interferencia del ejército en política. A menos que se produzcan disensiones en la cúpula militar –lo que es poco probable tras los últimos nombramientos–, ésta va a seguir defendiendo sus intereses de grupo privilegiado a expensas del resto de la sociedad paquistaní.
Un posible entendimiento entre Benazir Bhutto y Pervez Musharraf quizá amplíe el juego político y le otorgue una mayor apariencia democrática, pero para una verdadera normalización es necesario que participen otros actores claves en igualdad de condiciones y con plena transparencia del proceso electoral. Si se entiende una colaboración entre los líderes mencionados anteriormente como la apertura de una etapa de transición, entonces deberían establecerse de antemano los mecanismos que van a facilitar ese cambio, puesto que de otra forma esta cooperación sólo puede representar una nueva alianza entre las elites tradicionales para mantenerse en el poder.
La comunidad internacional, y en particular EEUU, posee una capacidad limitada para presionar a Islamabad en favor de un cambio democrático, porque teme que ese cambio pueda repercutir negativamente en el apoyo que presta el ejército paquistaní en la frontera afgana. Es cierto que sí hay una coincidencia en pedir que en Pakistán se produzca una verdadera reforma que encamine el país hacia la democracia; el problema es cómo llevarla a cabo.
Antía Mato Bouzas
Especialista en el área de Asia meridional por la Universidad Jawaharlal Nehru (Nueva Delhi)