Los desafíos del gobierno Bolsonaro

Reunión de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública (5/2/2020). Foto: Palácio do Planalto (CC BY 2.0)

Tema

¿Cuáles son las perspectivas de futuro del gobierno Bolsonaro?

Resumen

Este ARI hace una retrospectiva del primer año del gobierno Bolsonaro analizando las cuestiones más relevantes y polémicas de su mandato, tales como las medidas económicas, las dificultades de gobernabilidad, los casos de corrupción y los problemas medioambientales y de derechos humanos. Asimismo, revisa los desafíos para los próximos años, como la debilidad de Bolsonaro frente a un Congreso que se aparta de él con frecuencia y la reorganización de la izquierda y del centro-derecha.

Análisis

El 17 de enero, Brasil amaneció con un nuevo escándalo: el secretario de Cultura citó al ministro de Hitler, Goebbels, para referirse a cómo debe ser la cultura brasileña, “heroica y nacional”. El día acabó con la prensa revuelta, críticas por todos los lados y el secretario dimitido. Este es el Brasil de Bolsonaro. Un gobierno que crea inestabilidad y crispación continúa. Una opinión compartida por los principales líderes políticos, incluso de la base aliada del gobierno, es que la economía comienza a ir mejor, a pesar de Bolsonaro y no por causa de él. La población brasileña se divide en diversas opiniones. Según datos de la última encuesta de popularidad de enero de 2020, de la Confederación Nacional de Transportes, el 34,5% de los brasileños considera positivamente la actuación del gobierno frente al 31% que lo evalúa de forma negativa.

Economía: bien para el mercado, peor para los más pobres

El rumbo de la economía brasileña divide las opiniones. La reforma de las jubilaciones, además de varios paquetes de privatizaciones, concesiones y contención del gasto público hacen que el mercado espere el comienzo de la recuperación, aunque todavía lento. Según el Banco Central de Brasil, el PIB crecerá un 2,2% en 2020. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que Brasil duplique su crecimiento hasta el 2%. En diciembre de 2019, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, explicó que el Fondo rebajó su previsión inicial a causa de los desastres naturales y porque la recuperación de la inversión generada por el programa de reformas todavía no se había materializado, esperando que los frutos se vean a lo largo de 2020.

Pero si el ministro de Economía, Paulo Guedes, goza de la bendición del mercado y de las clases económicamente más acomodadas, entre los más pobres –víctimas de los recortes presupuestarios– la popularidad de Bolsonaro cae mucho. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el número de personas en situación de extrema pobreza subió en 2019 a un máximo de 13,5 millones de personas. Asimismo, la desigualdad alcanzó su máximo histórico. El índice Gini pasó de 0,6003 en el cuarto semestre de 2014 a 0,621 en el segundo semestre de 2019. A esto se le une el paro, que todavía ronda el 11%, y sobre todo la tasa de informalidad, que, según el IBGE, batió récords en 2019, llegando a 41%, lo que equivale a casi 39 millones de trabajadores informales. Por todo esto, los más pobres le están retirando su apoyo al presidente. Según la encuesta de Datafolha de diciembre de 2019, sólo el 22% de los más pobres consideraba positivamente su gobierno, frente al 44% de los más ricos.

En la pauta para 2020 están la reforma tributaria, que, entre otras cuestiones, pretende introducir el IVA, unificar y desburocratizar el sistema impositivo, hoy en día muy complejo y administrativo, y que cambiará las reglas de los nuevos funcionarios procurando mayor flexibilidad y directrices más próximas a las de la iniciativa privada. Guedes tenía preparados ambos textos en noviembre del 2019, pero el gobierno decidió no ponerlos en marcha hasta el primer trimestre de 2020 esperando que ambas reformas fueran aprobadas a lo largo de este año.

Aislamiento institucional y corrupción

Unos de los graves problemas que afrontará Bolsonaro durante este año será su aislamiento político. Muchas de las reformas y proyectos de ley que quería implementar han tardado mucho en realizarse o no se han llegado a votar por su incapacidad de mantener la gobernabilidad y tejer alianzas con los 32 partidos presentes en el Parlamento, que es el más fragmentado de la historia. Bolsonaro intentó cambiar el modelo clásico de hacer política, basado en las coaliciones entre partidos, para aproximarse a las llamadas “bancadas temáticas”, grupos parlamentarios representantes del latifundio, los empresarios o los pastores evangélicos. Trataba de ignorar a los partidos, pero no fue posible. En contraposición, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM, Demócratas), está aprovechando la debilidad política de Bolsonaro para acumular una enorme dosis de poder.

Además de la dificultad de mantener la cohesión del Congreso, Bolsonaro atraviesa dificultades con otros grupos aliados, como los militares. El énfasis reciente del presidente en apoyar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por EEUU ha abierto una brecha con las Fuerzas Armadas, incluso con el influyente general Augusto Heleno, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, que prefieren mantener una posición de neutralidad. Para mantener la proximidad de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, Bolsonaro realizó en febrero algunos cambios ministeriales importantes, como, por ejemplo, quitar al ministro Onyx Lorenzoni de la importante Casa Civil (el ministerio que articula las relaciones políticas del gobierno), colocando en su lugar al general Braga Netto, actual jefe del Estado Mayor del Ejército y que comandó la intervención federal militar en Rio de Janeiro. De esta forma, todos los ministros que trabajan dentro del Palacio de Planalto, sede de la presidencia, serán de origen militar.

Por último, la situación dentro del que hasta hace poco era su partido, el PSL (Partido Social Liberal), es caótica, tanto que, hecho inédito en la historia de la democracia brasileña, Bolsonaro decidió abandonarlo y fundar junto con sus hijos un “partido-clan”, Alianza por Brasil, cuyo lema es “partido conservador, que respeta todas las religiones, respalda los valores familiares, apoya el derecho a la legítima defensa, el derecho a poseer un arma de fuego, el libre comercio con todo el mundo, sin ninguna agenda ideológica”. La nueva creación fue tan rápida que no sabemos si llegará a tiempo para inscribirse en la Justicia Electoral y presentar candidaturas para las importantes elecciones municipales de 2020. Lo que está claro es que, si ya el PSL era una plataforma política débil debido a su corta trayectoria, el nuevo partido carece de la mínima estructura para afrontar las complejidades de la política brasileña.

El partido que fue nominado como un gran cruzado contra la corrupción resultó no ser tan pulcro. El PSL está siendo investigado por candidaturas fantasma durante la campaña electoral de 2018 y varios de sus miembros fueron señalados por desvíos improcedentes de dinero del fondo electoral, entre ellos el ministro de Turismo, Marcelo Álvaro Antonio. Esta crisis fue el acelerador que enfrentó públicamente a Bolsonaro y sus hijos con miembros importantes del PSL, como su presidente, Luciano Bivar. Todo expuesto y avivado en las redes sociales por el propio Bolsonaro.

Tal vez lo más doloroso que Bolsonaro deba afrontar este año será la investigación contra su hijo, Flavio, actualmente senador, acusado de malversación de fondos públicos, blanqueo de dinero y organización delictiva. Aparte de estas acusaciones, durante 2019 la prensa, y sobre todo la cadena Globo, comenzó a divulgar posibles relaciones entre la familia Bolsonaro, el presidente, sus hijos y la familia de la primera dama y las milicias, o grupos paramilitares que actúan en el estado de Rio de Janeiro, incluso insinuando conexiones con el asesinato de la concejala carioca Marielle Franco. Todo este material puede configurarse como una poderosa bala en la recámara si Bolsonaro llegara a ser una molestia para los rumbos del Congreso o del propio país.

Recomposición del centro político y la oposición petista

Si Bolsonaro se enfrenta a un 2020 intenso, el resto de las fuerzas políticas no lo tendrán más fácil. La gran definición de 2020 será cómo recomponer el centro y centro-derecha político, que desapareció totalmente con las elecciones de 2018, con la dramática actuación del candidato del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña) que obtuvo sólo un 4,7% de los votos. Varios se pelean ahora ante este vacío, viendo, por un lado, que Bolsonaro no tiene la popularidad que tenía y que el antipetismo continua muy presente. Una posible “tercera vía” que podría convencer a un 30% del electorado insatisfecho con Bolsonaro, pero sin predisposición de votar al PT, está intentando ser ocupada por varios a la vez: por el propio PSDB y su figura más fuerte, el gobernador del estado de São Paulo, João Doria.

Interesante en este caso es ver cómo se reestructura el PSDB después del batacazo electoral de Geraldo Alckim en 2018. Doria se perfila como el nuevo líder del partido, pero lejos queda este del PSDB histórico de Fernando Henrique Cardoso. Doria intenta llevar a los tucanos más hacia la derecha, apostando por reclutar diputados que salgan del PSL después de las varias crisis internas del ex partido de Bolsonaro. También se hacen nuevas apuestas por Ciro Gomes, del PDT (Partido Democrático Laborista), aunque acabó bastante quemado por su papel en las pasadas elecciones. También figuran algunos outsiders, como el popular presentador de televisión Luciano Huck, cuyo programa semanal llega a 152 millones de brasileños, fundamentalmente pobres. Representa a lo que él denomina la “renovación política” y que ya había sido sondado para las elecciones de 2018. Incluso ha habido especulaciones sobre si Rodrigo Maia podría coger las riendas de este proceso, pero parece estar más cómodo comandando los bastidores del Congreso, como sucesor del influyente Eduardo Cunha, el hombre que hoy está en prisión pero que llegó a contar con un numeroso grupo de diputados que le rendían total obediencia.

Estas opciones de reestructuración del centro político abren una potente posibilidad política y electoral. El mercado está con Guedes y aguanta a Bolsonaro hasta que sea necesario. Los grupos informativos más importantes del país (GloboFolha de São PauloEstado de São Paulo) pasan sus días elogiando las medidas de Guedes pero criticando duramente a Bolsonaro. Muchos esperan una tercera vía política, ni bolsonarista ni petista, que lleve a cabo las reformas económicas necesarias pero sin la brutalidad ni el bochorno que frecuentemente hace pasar el presidente. El aliado más fiel que le ha quedado a Bolsonaro son las grandes iglesias evangélicas, las únicas que se han comprometido en ayudar a crear su nuevo partido, recogiendo firmas entre los fieles para poder registrarlo en la Justicia Electoral. Aliados nada triviales al estar presentes hasta en los más remotos rincones de las periferias pobres del país y contar con poderosos grupos televisivos como la cadena Record, que pertenece a la Iglesia Universal y es rival directa de la Globo, pero quizá aliados poco fiables: el propio obispo Edir Macedo, jefe de la Iglesia Universal, apoyó hasta 2016 al PT.

El campo de izquierda también se encuentra en un momento complicado.La salida de Lula de la cárcel en noviembre de 2019 supuso un gran alivio para los simpatizantes petistas. Siendo Lula como es, no perdió ni un día en comenzar a recorrer el país y organizar conversaciones para tejer alianzas que fortalezcan a la oposición de cara a las elecciones municipales de 2020, que serán un gran test tanto para el bolsonarismo como para el petismo. El PT, siguiendo su línea de actuación histórica de conciliación y centrismo político, comienza a pensar en alianzas con los más variados partidos y figuras de centro. Los que decían que este PT post Lava Jato estaría más a la izquierda, parece que se equivocaron. La gran oportunidad petista es que Bolsonaro pierda apoyo entre los más pobres para poder actuar.

Pero hay otros problemas. Lula puede volver a prisión porque todavía tiene varios juicios pendientes. Por otro lado, aunque permanezca libre, ha perdido su derecho a ser candidato al ser condenado en segunda instancia. Lo que piden ahora sus abogados es la anulación de la Operación Lava Jato, en base a las filtraciones del medio de comunicación The Intercept, que demostrarían la supuesta parcialidad de Sergio Moro. Si consiguieran esta anulación, Lula podría volver a recuperar sus derechos políticos, pero no es nada fácil porque la Lava Jato se ha trasformado en la gran estrella del país. Además, el híper personalismo de Lula ofusca rumbos, estrategias y nombres nuevos. En el último índice de confianza, divulgado la primera semana de enero por Datafolha, Lula aparece con un 5 (en un índice de 0 a 10) y Bolsonaro con el 4,8, mientras que quien continúa destacado es el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, con un 5,9.

Todas las últimas encuestas electorales dicen que Moro vencería hoy en todos los escenarios para las elecciones presidenciales. Quién sabe si en 2022 Sergio Moro acabará siendo oposición a quien fuera su padrino político. Pero el exjuez tiene graves problemas: disfruta de mucha popularidad, pero tiene al Tribunal Supremo enfrentado y no goza de prestigio en el Congreso donde, por ejemplo, presentó para votación su esperado paquete de medidas contra el crimen y la corrupción que fue triturado por los diputados.

Hay otros personajes que destacan con fuerza en el escenario opositor. En julio de 2019 fue oficialmente lanzado el Consorcio Nordeste, un nuevo grupo jurídico formado por nueve estados nordestinos con la intención de crear un grupo opositor a Bolsonaro y un bloque para buscar inversiones extranjeras en materias como infraestructura, turismo y energía. La oportunidad económica para la inversión española en el Consorcio Nordeste parece abrirse, pero habrá que comprobar si realmente este nuevo bloque regional avanza en términos de apertura económica o es más una jugada de marketing político frente a Bolsonaro. El Nordeste es el último bastión del petismo y la única región donde Fernando Haddad ganó las elecciones, obteniendo el 69,7% de los votos válidos frente al 30,3% de Bolsonaro. En esta región destaca el gobernador petista por el importante estado de Bahía, Rui Costa, que sería uno de los futuros presidenciables petistas si no fuera porque con frecuencia entra en colisión con Lula y otros importantes miembros de la ejecutiva del PT por sus declaraciones críticas sobre la ausencia de renovación dentro del partido o por tener sus propias ideas en materia de seguridad pública, pensiones y educación.

Para finalizar, vale la pena estar atentos a los gobernadores de Maranhão, Eduardo Leite (PcdoB), y Rio Grande del Sur, Eduardo Leite (PSDB), que destacan como importantes figuras regionales con capacidad de interactuar con varios grupos del espectro político brasileño. Dino, a pesar de pertenecer a un partido comunista, es un político que dialoga muy bien con los más variados nombres de la política nacional, desde el PT hasta Rodrigo Maia o Fernando Henrique Cardoso y se perfila como un nombre importante no petista que puede aglutinar a diversas figuras de la oposición. Así mismo, Eduardo Leite es uno de los hombres más importantes entre los tucanos. El partido, hoy en manos de João Doria, deja poco espacio para Leite, pero este, con sólo 34 años, está bien colocado en la línea de sucesión.

El talón de Aquiles, los derechos humanos

Donde la actuación de Bolsonaro ha sido más criticada, sin duda, ha sido en el campo de los derechos humanos y la gestión medioambiental. A pesar de que Brasil es un Estado laico, Bolsonaro promueve cotidianamente actos católicos en el Palacio de Gobierno y su agenda social está plagada de referencias conservadoras y con un fuerte tono de fundamentalismo cristiano. La lucha contra la “ideología de género” y la preservación de la familia cristiana es una de las apuestas de su legislatura y de la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, una evangélica fundamentalista. Todo esto ha tenido como consecuencia principal el desmontaje de las políticas públicas para las mujeres en un país donde una mujer muere cada dos días por aborto inseguro, según datos del Ministerio de Salud, y donde la Policía Civil calcula que se cometen medio millón de violaciones por año.

Otro sector social que también está sufriendo con el nuevo modelo de políticas públicas es la población negra. En Brasil, la seguridad pública depende fundamentalmente de los gobernadores de los estados. El exponente del paradigma de seguridad bolsonarista es el gobernador de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, partidario de la lógica de que como mejor se resuelve la violencia es matando bandidos. Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, la policía de Rio de Janeiro mató, de enero a octubre de 2019, 1.546 personas. Es decir, el 31% de todos los homicidios de Rio de Janeiro son causados por la policía. En 2014 eran sólo el 10,2%.

Por último, la malograda política medioambiental ha colocado a Bolsonaro en la diana internacional. Uno de los principales desafíos de Bolsonaro, incluso a nivel internacional, es su gestión del entorno. El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, un negacionista del cambio climático, desarticuló casi en su totalidad los aparatos de control y fiscalización medioambiental de su ministerio. Como resultado, se ha producido un avance de los latifundios sobre tierras indígenas, el aumento descontrolado de la deforestación y una región amazónica en llamas. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el número de focos de incendio en esta zona aumentó un 83% respecto al año pasado. También subió el número de asesinatos de líderes indígenas y campesinos. La Comisión Pastoral de la Tierra, que monitoriza estos crímenes, concluyó que 2019 fue un año récord de violencia contra los indígenas. Nueve líderes han sido asesinados. El campo, con Bolsonaro presidente, es cada vez más violento y desigual en el país de mayor concentración de la propiedad agraria, con un 1% de los propietarios rurales controlando el 45% de las tierras productivas.

Conclusiones

A pesar de que los agentes del mercado y gran parte de la prensa consideran que Brasil comienza un camino positivo hacia la mejora económica, políticamente el gobierno Bolsonaro es una fuente de inestabilidad constante y ya sabemos que política y economía son indisociables. Una de las últimas encuestas nacionales, XP/Ipespe del 13 al 15 de enero, refleja que, desde el comienzo de su mandato, la expectativa para lo que resta de gobierno no deja de empeorar. En enero de 2019, el 63% de los brasileños consideraban que los próximos años del gobierno Bolsonaro serían buenos. En enero de 2020 esta cifra descendió al 40%. Asimismo, a inicios de 2019 el 54% pensaba que la corrupción, la gran bandera de la campaña de Bolsonaro, disminuiría. En enero de 2020 ya sólo eran el 30%.

Estos datos sociales de empeoramiento de la confianza van en paralelo con el aislamiento político de Bolsonaro: difícil gobernabilidad en el Congreso, ruptura dentro de su anterior partido, el PSL, tensiones con sus grupos de apoyo como las Fuerzas Armadas, escándalos continuos derivados de las posiciones más retrógradas del núcleo más conservador del gobierno y de sus propios hijos –que son fuente constante de problemas–, guerra abierta con la prensa y casos de corrupción muy próximos, como el de su hijo Flávio. Rodrigo Maia lo definió bien en julio de 2019 cuando dijo que Jair Bolsonaro era una “fábrica de crisis”, afirmando que la reforma de las pensiones sería aprobada “a pesar de los líos del gobierno”.

Tal vez la pregunta más importante para 2020 es si Bolsonaro continuará siendo un obstáculo para Brasil y si el país continuará creciendo a pesar de su presidente.

Esther Solano Gallego
Profesora de la Universidad Federal de São Paulo

Reunión de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Sergio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública (5/2/2020). Foto: Palácio do Planalto (CC BY 2.0)