Tema: La tercera parte de esta serie se centra en los efectos regionales de la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos y el desarrollo del panorama regional a partir del triunfo de Alan García en las elecciones presidenciales peruanas.
Resumen: Las dos primeras partes de este trabajo (véanse ARI 54/2006 y ARI 63/2006) analizaron la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y sus repercusiones sobre las relaciones regionales, abruptamente sacudidas por esta medida. Asimismo, se trató la delicada situación en que quedó la CAN y las relaciones entre Venezuela y los principales socios del Mercosur. Esta parte se centra en los efectos de la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos y su impacto en la relación bilateral con Brasil, que no termina de normalizarse. Bolivia asumió la presidencia pro tempore de la CAN y, tras constatar que la Comunidad Andina es funcional a los intereses nacionales, el presidente Evo Morales convocó una cumbre presidencial en Quito para impulsar la reactivación de la CAN, que permitió relanzar las negociaciones preliminares con la Unión Europea (UE) para firmar un Tratado de Asociación entre los dos bloques.
Otros sucesos importantes han pasado en el revuelto tablero regional y energético, tras el triunfo de Alan García y la crispación de las relaciones bilaterales con Venezuela, que llegaron a la retirada de embajadores. Después de ser elegido en la segunda vuelta, García visitó Brasil, Chile, Colombia y Ecuador buscando relanzar la CAN, y si bien el presidente electo remarcó que no quería estructurar ningún frente contra nadie, en alusión a Hugo Chávez, la forma en que comportan algunos actores no termina de satisfacer los intereses venezolanos, por más que se vean actuaciones contradictorias, como la de los Gobiernos chileno y brasileño apoyando la elección de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU o la convergencia energética entre Chávez y Uribe. El atractivo de los recursos financieros y energéticos de Venezuela, y su determinación para utilizarlos una y otra vez en función de sus objetivos políticos, es de tal magnitud que muchos mandatarios de la región terminan respaldando sus puntos de vista.
Análisis
Bolivia, Venezuela y Cuba
Una de las principales derivadas del abandono venezolano de la CAN fue el reforzamiento de las relaciones entre Bolivia, Cuba y Venezuela. Tras la elección de Morales en diciembre de 2005 y de sus escalas en La Habana y Caracas, se observó una intensificación de los lazos entre Cuba, Venezuela y Caracas y la firma del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) sólo reforzó este rumbo. La presencia venezolana se hizo más evidente, comenzando por los técnicos de Pdvsa (Petróleos de Venezuela) con sus rojos uniformes y un buen número de militares venezolanos, también uniformados, que se mueven por Bolivia con entera libertad.
El TCP se firmó en La Habana el 29 de abril. Y si bien lo de TCP es un eufemismo para no hablar de libre comercio, el Tratado es un tratado de libre comercio que permitirá vender productos bolivianos a los otros dos países con arancel cero, más algunas cláusulas de cooperación, como la venta a precios subsidiados de combustibles venezolanos y el envío de médicos y educadores cubanos a Bolivia. La pregunta es ¿por qué se firmó el TCP en ese momento? De algún modo se quería convencer a Morales de que redujera sus críticas a la crisis generada por la salida venezolana de la CAN, y garantizarle mercados alternativos para sus productos. La cuestión de fondo es si, más allá de la promesa de los comandantes Castro y Chávez de comprarle coca y quina, se podrán reemplazar los mercados andinos, centrales para sus exportaciones. La apuesta de Morales por relanzar la CAN y la petición andina, a instancias de Bolivia y Ecuador, de solicitar a EEUU la renovación de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA) apuntan claramente a una respuesta negativa.
Las exportaciones de soja boliviana a Colombia podrían ser afectadas por el TLC con EEUU, cuya soja podría reemplazar a la boliviana en el abastecimiento del mercado colombiano. Uribe prometió compensar a Bolivia por las pérdidas del acuerdo con EEUU, pero Morales optó por la solución venezolana y pidió a los productores cruceños, los más preocupados por esta medida, que “no se preocupen de su soya, tenemos mercado… Venezuela se compromete a comprar toda [nuestra] soya”, en unas operaciones al margen de la CAN. La cuestión es si el mercado venezolano tiene capacidad para absorber tanta soja. Al mismo tiempo, Morales también mostró su confianza en los mercados asiáticos y africanos.
En el mismo acto de La Habana, también se dejó constancia de la adhesión boliviana al ALBA, un proyecto querido pero no definido por Chávez. Es plausible que en esta cumbre, a la que acudió Daniel Ortega, se sentaran las bases del anuncio del 1 de mayo de nacionalización de los hidrocarburos. No fue ninguna sorpresa, ya que el ministro de Hidrocarburos y el vicepresidente García Linera insistían en su rápida sanción, pero las contradicciones dentro del Gobierno impedían materializarlo. En esos días se debió de despejar el monto de la inversión venezolana en el sector energético boliviano. Y si bien a Morales pueden haberle satisfecho las promesas de Chávez, habrá que estar atentos a cómo se materializan, a la vista de otras promesas acabadas sólo en proyectos.
Durante la campaña electoral para la Asamblea Constituyente, la principal fuerza opositora, Podemos, intentó hacer de la masiva presencia venezolana en Bolivia un tema central, aunque careció del impacto que tuvo en Perú y, en menor medida, en México. Esta presencia es definida como abierta injerencia por la oposición y como cooperación por el Gobierno. Según una encuesta de la empresa Apoyo, Opinión y Mercado, de julio de 2006, el 51% de los bolivianos cree que Chávez se entromete en los asuntos nacionales, mientras el 41% considera que colabora. El 48% de los consultados señaló que la situación le disgusta y el 38% la aprueba. Santa Cruz tiene el mayor nivel de rechazo a la presencia venezolana, ya que el 69% la considera intromisión. La encuesta se realizó en un mes de “intensa presencia venezolana”: visita de Chávez (con la emisión incluida de un “Aló presidente”) y firma de varios convenios bilaterales.
La nacionalización de los hidrocarburos
La energía se ha convertido en algo central en el proceso de integración latinoamericana, aunque ya surgen dudas sobre la forma en que se desarrolla la integración energética pese a que la región es, en términos generales, exportadora neta de combustible. El secretario general de la CEPAL, José Luís Machinea dijo que América Latina no había podido “construir un sistema de integración energética”, como hizo Europa pese a sus problemas. Tampoco se pudo “generar una carta energética”, como en Europa y no hay regulaciones energéticas comunes entre los países. Según su juicio, “va a ser muy difícil avanzar en el proceso de integración energética en América Latina en el corto plazo, y en todo caso lo que cabe esperar son algunos acuerdos bilaterales y una profundización de los acuerdos entre Bolivia y Argentina y Bolivia y Brasil”. Para colmo, según su interpretación, hay un gran riesgo de politización.
El último acto en el tablero geopolítico de la región fue el Decreto Supremo del Gobierno boliviano de nacionalizar los hidrocarburos. En São Paulo, el presidente Lula le pidió a Chávez que intercediera ante Morales por lo que creía un ataque sistemático contra los intereses brasileños. Los temores fueron confirmados por el decreto nacionalizador que afecta tanto a Petrobras como al abastecimiento de gas a Brasil. De ahí la dureza de la reacción brasileña, tanto de Petrobras como del Gobierno y la reunión urgente de una cumbre presidencial en Puerto Iguazú (Misiones, Argentina), con Lula, Kirchner, Morales y Chávez. Sorprendió la ausencia de Tabaré Vázquez, que mantiene un contencioso con Kirchner por la construcción de dos plantas de celulosa. La sorpresa reforzó el anuncio de Vázquez sobre la posibilidad de abandonar Mercosur. Cuando se celebró la cumbre, Vázquez estaba reunido con Bush y uno de los temas de la agenda fue la ampliación del comercio bilateral y la firma del Tratado de Inversiones entre ambos países, demorado en el Congreso de EEUU. Es un paso previo a la firma de un TLC, un paso que de momento Uruguay no va a dar, ya que su Gobierno no quiere dar el primer paso para destruir el Mercosur y de ahí su cautela. Su estrategia busca obtener, en un futuro no remoto, la autorización de sus socios, especialmente Argentina y Brasil. Por eso será interesante ver la postura de Venezuela, a la vista de sus argumentos para salir de la CAN.
El decreto nacionalizador tuvo una clara motivación electoralista, al ser un mensaje dirigido a los votantes y las bases del MAS en plena campaña por la Asamblea Constituyente. Sin embargo, sus efectos no se quedan allí. Repercutieron directamente sobre el sector energético, y también sobre las relaciones del Gobierno boliviano con las empresas petroleras presentes en el país, comenzando por Petrobras y Repsol. También afectaron las relaciones exteriores, especialmente con Brasil y Argentina, los dos mayores mercados del gas boliviano. La pretensión del Gobierno de Morales de aumentar el precio del gas creó tensiones con los vecinos, que si bien se resolvieron en el caso argentino, siguen abiertas con Brasil. En lo referente al abastecimiento de gas a Brasil y Argentina, el vicepresidente García Linera garantizó el suministro, aunque con nuevos precios. Bolivia exporta a Brasil 24,3 millones m3 diarios de gas y entre 4,5 y 5,0 millones de m3 a Argentina. Poco más del 50% del gas de Brasil, y el 75 % del gas utilizado en São Paulo, el motor industrial del país, llega desde Bolivia. De los 44 millones de m3 diarios producidos por Bolivia, 30 millones se destinan a Brasil, que pagaba en el momento de la nacionalización cerca de 3,23 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica) y la Argentina, 3,18 dólares. Sin embargo, a medio plazo, Brasil tiene una clara estrategia para lograr el pleno autoabastecimiento en gas, lo que sería un duro golpe para las arcas bolivianas.
La negociación con Argentina
Argentina llegó primero a un acuerdo con Bolivia, después de unas negociaciones largas y complicadas, y pagará 5 dólares el millón de BTU en vez de los 3,18 dólares anteriores, un 56% de aumento. Es el precio más alto pagado en América del Sur por el gas y regirá hasta fines de 2006, cuando sea revisado con una fórmula de actualización que ambos Gobiernos deben elaborar. La subida del precio permitirá a Bolivia recaudar 70 millones de dólares más hasta fin de año. Sin embargo, el acuerdo generó algunas tensiones en Bolivia, especialmente en Santa Cruz y Tarija, los dos principales centros productores de hidrocarburos, donde sus comités cívicos rechazaron una cláusula del convenio porque confisca “las regalías departamentales y todos los recursos generados por el 32% del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos)”. Temen que el Gobierno central se apropie una porción mayor de los beneficios de la exportación de gas y que si el mismo convenio sirve de base para las negociaciones con Brasil, al que exportan cinco veces más, la confiscación será cinco veces mayor.
El acuerdo, en tanto lo cumplan cabalmente ambas partes –lo que está por ver– debería generar confianza y hacer más previsible el consumo argentino de gas, aunque esto depende de otras variables, como las inversiones privadas y estatales en prospección. Desde un punto de vista regional, el acuerdo debería reducir el riesgo de nuevos cortes de gas argentino a Chile, al menos teóricamente. Dados los diferendos que afectan a Chile y Bolivia, Argentina no debería reexportar el gas boliviano al mercado chileno, lo que nadie espera cumplir. Según la óptica argentina, el acuerdo con Bolivia puede verse como un intento del presidente Kirchner, coordinado con Lula, para limitar la influencia venezolana en Bolivia. Pero, para que ello ocurra, deben darse varios condicionantes. Primero, que Morales acepte cambiar sus bases de ayuda y, sobre todo, que ésta llegue efectivamente desde Argentina y no se quede en algo retórico. También es necesario que Argentina tome cierta distancia de Chávez, lo que a la vista de las declaraciones de Kirchner y de la proyectada emisión del Bono del Sur, respaldado por Venezuela, es bastante difícil que se produzca.
El acuerdo busca definir algunas líneas de actuación futura. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) será socio de Enarsa (la empresa energética nacional argentina) en la construcción del Gasoducto al Nordeste Argentino (GNEA), de más de 1.500 km de longitud, para abastecer de gas boliviano ocho provincias argentinas. Se mantiene el límite de 7,7 millones de m3 diarios fijados en 2004, aunque se prevé una ampliación de otros 20 millones en los próximos 20 años para alimentar el ducto, así como construir, con créditos argentinos, una planta de industrialización de gas. La construcción del GNEA demandará dos años y medio, con un presupuesto que ronda los 1.000 millones de dólares a cubrir mediante licitación internacional, pero es en la financiación donde radica parte el problema. La lectura voluntarista de los dos Gobiernos, últimamente omnipresente en todos estos temas, asume que las necesidades de financiamiento externo se podrán cubrir fácilmente, tanto en lo que se refiere a YPFB como a Enarsa. Es sintomática la respuesta de las autoridades bolivianas, que dicen, por un lado, que YPFB tiene toda la capacidad para construir el gasoducto, pero que no será la empresa estatal ni el Gobierno boliviano quien invierta el capital necesario. Por eso esperan, como en todos los gasoductos construidos por Transredes, conseguir financiamiento externo, aunque los ductos construidos de este modo lo fueron antes del decreto nacionalizador. Las autoridades de ambos países decidieron vincular el proyecto al plan del Gasoducto del Sur, el proyecto faraónico que impulsa el presidente Chávez y que teóricamente deberá garantizar el abastecimiento gasífero a toda América del Sur, con un ramal principal de más de 8.000 km de longitud, de Venezuela al sur de Brasil y Argentina.
Los contenciosos con Brasil
El Gobierno boliviano pretende que el acuerdo con Argentina sea una señal para negociar el precio del gas con Brasil, aunque la situación brasileña es particular: importan un volumen superior, las inversiones de Petrobras superan ampliamente el insignificante nivel argentino y reclaman la vigencia del sistema de actualización de precios incluido en el contrato firmado por ambas partes. El Gobierno de Lula creía que Morales jamás tomaría una decisión unilateral dada la importancia de Brasil en el PIB boliviano. En 1991, Bolivia exportaba a Brasil 30 millones de dólares frente a los 700 millones actuales. El aumento se centra, básicamente, en el gasoducto GasBol, construido hace siete años. Aunque la provisión de gas está garantizada, hay graves problemas. “Brasil es la gallina de los huevos de oro de Bolivia” y Morales sólo “quiere aumentar el tamaño de los huevos”, dijo un directivo de Petrobras. Para Bolivia, integrar su economía con Brasil era una clara opción estratégica que habría impulsado su crecimiento. Carente de una salida al mar, producir energía, materias primas, insumos y manufacturas para el gran mercado brasileño era algo que estaba al alcance de la mano y que el Gobierno de Evo Morales ha hecho saltar por los aires de un plumazo. Resultará difícil que Brasil vuelva a aumentar sus negocios con un socio tan poco fiable como Bolivia.
Las relaciones con Brasil han llegado a un punto muerto, prueba de la crisis actual, impensable hace un par de meses. En perspectiva histórica, no se entiende el giro de Morales respecto a Brasil. La única explicación plausible se vincula a las alusiones constantes a los 500 años de explotación colonial que sometieron a Bolivia a la pobreza. Extremando el argumento, los brasileños serían los nuevos conquistadores, el imperialismo local, empeñado, como EEUU, en esquilmar al país. Pero los conflictos con Brasil no terminan en los temas energéticos. Parte de los grandes terratenientes y mayores productores de soja de los departamentos orientales son brasileños o de origen brasileño. Los que tienen propiedades a menos de 65 km de la frontera, algo prohibido por la ley boliviana, están directamente amenazados por el Gobierno, como los establecidos más al interior, cuyas propiedades pueden ser afectadas por un reforma agraria indiscriminada que podría acabar con buena parte de las exportaciones de soja.
También está el caso de la empresa minera MMX, filial del gigante siderúrgico brasileño EBX, invitada a abandonar Bolivia. Aquí convergen dos explicaciones. Por un lado, la destrucción del medio ambiente, ya que el proyecto de MMX quería utilizar carbón vegetal, lo que hubiera destruido buena parte de los bosques cercanos. Con ser un argumento de peso, no debería ser complicado cambiar la opinión de la empresa para utilizar una fuente alternativa energía. La otra explicación reside en la prohibición de construir fábricas extranjeras a menos de 50 km de la frontera. Este conflicto no fue ajeno a la constitución de la Empresa Minera del Sur (Minensur), por Bolivia y Venezuela, para explotar los yacimientos de hierro bolivianos, especialmente los de El Mutún. El proceso de licitación internacional impulsado por el anterior Gobierno para explotar El Mutún fue postergado en dos oportunidades por la actual administración, al no estar garantizada la participación del Estado en todo el proceso. El resultado final redujo a dos todas las ofertas: Jindall Steel y Mittal Steel, ambas de capital indio, después que la argentina Siderar desistiera de presentar oferta. Como Mittal fue descalificada en la fase de presentación de propuestas, el proyecto se adjudicó a Jindall.
El apoyo inicial de Lula a Morales hacía pensar en una intensificación de las relaciones bilaterales, beneficiosas para Bolivia. Sin embargo, desde la nacionalización de los hidrocarburos se han intensificado los conflictos hasta llegar a la actual incertidumbre, por más que Brasil trate de mantener las formas y su apoyo a Bolivia. Lula rehusó reunirse con Morales en Caracas, al coincidir en el acto de ingreso de Venezuela a Mercosur. Morales quería tratar al máximo nivel el aumento del precio del gas, pensando que la amistad entre ambos destrabaría la negociación. Lula, muy duro, señaló a la prensa que no había ido a Caracas a discutir de precios, ya que para eso estaban las comisiones técnicas. Esto demuestra el enfado brasileño, de Lula en particular, con el Gobierno boliviano, y su intención de no hacer nada para mejorar las cosas, dada la política de autoabastecimiento de gas que busca Petrobras con nuevas y cuantiosas inversiones en el área marítima de Santos. Petrobras, que invirtió más de 1.500 millones de dólares, no invertirá en Bolivia, pese a sus planes de desarrollar campos productores y cooperar en la industrialización del gas, con un complejo petroquímico en Puerto Suárez y una planta termoeléctrica. Petrobras calificó la nacionalización de los hidrocarburos como “unilateral”, y el ministro de Minas y Energía como “inamistosa”, pero posteriormente el Gobierno brasileño rebajó el tono de sus protestas y en un comunicado oficial señaló que: “La decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar las riquezas de su subsuelo y controlar su industrialización, transporte y comercialización, es reconocida por Brasil como acto inherente a su soberanía”.
YPFB planteó a Petrobras subir el precio tras acordar con Argentina 5 dólares por millón de BTU. Si Bolivia quiere reproducir el esquema de negociaciones entre gobiernos, Brasil, que mantiene inflexible su posición, apuesta por reunir las comisiones técnicas. Petrobras y el Gobierno brasileño insisten en la vigencia del contrato firmado, según el cual la nueva tarifa se debe incrementar un 10%. Desde esta perspectiva, las autoridades brasileñas remarcan que ya aceptaron pagar 4 dólares desde el 1 de julio y no consideran como referente los 5 dólares firmados con Argentina, ya que su contrato es diferente, de 20 años de vigencia, que vencen en 2019. Por su parte, YPFB puntualiza que el convenio establece que cada cinco años, un plazo cumplido en 2004, cualquier parte puede plantear modificar los precios. Las negociaciones técnicas están paralizadas y no hay indicios de que se reinicien, salvo para que Brasil comunique formalmente que no acepta el aumento al margen del contrato vigente. Al margen de estas cuestiones, amenaza otro frente de tormenta, ya que Petrobras Bolivia Refinación quiere incrementar el precio de los carburantes que entrega a YPFB.
Chile, Argentina y Bolivia
El alcance regional de la nacionalización no termina en Brasil y Argentina, al tener repercusiones regionales, comenzando por el abastecimiento de gas natural a Chile, que sólo llega desde Argentina. Chile, con su regionalismo abierto, busca diversificar sus fuentes de abastecimiento, aumentando las importaciones de gas licuado, para lo cual ya tiene las infraestructuras suficientes. También querría importar gas de Perú o Bolivia, aunque la última posibilidad supone un acuerdo diplomático a tres, dada la herencia de la Guerra del Pacífico, que condiciona la reivindicación boliviana de salida al mar. El ministro chileno de Exteriores, Alejandro Foxley, mostró su preocupación por el alcance de la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, al señalar que cuestiona “los esquemas de integración” existentes. La reciente medida del Gobierno argentino de aumentar el precio de los combustibles en las zonas fronterizas para los camiones y automotores extranjeros mostraron no sólo las dificultades crecientes que afrontan las autoridades argentinas en el campo del abastecimiento energético, sino también la crispación del Gobierno chileno ante la medida.
Chile teme que el aumento del gas boliviano a Argentina repercuta directamente en los bolsillos de los consumidores chilenos y dispare la inflación. El aumento del precio del gas para Chile podría estar en torno al 35% (podría llegar al 100% según fuentes chilenas), para compensar los 110 millones de dólares adicionales que debe pagar anualmente Argentina a Bolivia. El precio chileno sería mayor que el que pagan Uruguay y Brasil (los 3,40 dólares actuales el millón de BTU tendrían un aumento del 10%). Foxley advirtió que si la situación se mantiene, se reduciría “el crecimiento de toda América Latina en el ámbito económico y de empleos”. Chile no tendría más remedio que aceptar un incremento basado en un impuesto a las exportaciones de gas natural, “una decisión del Gobierno argentino que tiene que ver con impuestos locales”. El problema para Chile es que dada su elevada dependencia del gas argentino, de momento sus posibilidades de retaliación son escasas.
El aumento de precios repercutiría en las tarifas eléctricas. Chile importa diariamente, en tiempos normales, 22 millones de m3 de gas natural argentino, para producir el 47% de su energía eléctrica. A lo largo de la frontera el gas argentino circula por cinco gasoductos para el abastecimiento industrial y domiciliario. Desde hace dos meses, Argentina reanudó los recortes iniciados hace dos años y que superan el 40% del gas que debería suministrar al mercado chileno, según los protocolos firmados en 1995, que para estos casos contemplan causas de “fuerza mayor”, como las necesidades internas del país proveedor. Las mayores dificultades se observan en el norte chileno, donde las reducciones superan el 80% y afectan a su actividad industrial y minera.
Por las dificultades existentes y la falta de inversiones en el sector energético argentino, Chile busca recomponer su relación con Bolivia y regularizar su abastecimiento energético. Esto explica el trato dado por la presidenta Bachelet a su colega Morales y los esfuerzos chilenos por normalizar una relación conflictiva. Bolivia sigue lamentando su falta de salida al mar, de lo que responsabiliza a Chile. Durante las movilizaciones populares que acabaron con el Gobierno de Sánchez de Lozada hace dos años y medio, el nacionalismo antichileno galvanizó las protestas. En julio de este año se ha dado un paso importante con la creación de una Comisión Binacional entre Chile y Bolivia para analizar “temas específicos”, que se completará con un encuentro de vicecancilleres en agosto. La llegada de Alan García al gobierno en Perú, que ya ha sido recibido en Santiago por la presidenta Bachelet, también ha abierto nuevas expectativas sobre una mejora en las relaciones bilaterales que le permitan a Chile beneficiarse del gas de Camisea.
Bolivia y el futuro de la CAN
Bolivia debe resolver una cuestión importante en lo relativo a la integración regional: permanecer en la CAN o terminar de vincularse al Mercosur, del cual ya es miembro asociado. Tras asumir la presidencia pro tempore de la CAN y pese a las dudas iniciales, el Gobierno de Morales apostó por ella, ya que sino la conflictividad interna hubiera aumentado, especialmente la de los sectores más dependientes de los mercados andinos. La Cumbre presidencial de Quito fue buena prueba de ello, pese a la retórica “popular” y etnicista con que la delegación boliviana intentó recubrir el comunicado final. Durante la cumbre de Caracas, para plasmar el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, se hicieron votos para un pronto ingreso de Bolivia, pero Morales fue muy prudente y dijo que es necesario que Bolivia conozca “profundamente” sus posibilidades, para no aventurarse sin saber los beneficios del cambio. Aunque dijo tener “buenas relaciones” con Argentina y “excelentes” con Brasil, la cuestión de fondo es ver si “podrán ayudar económicamente a Bolivia”, por la diferencia de tamaño de sus economías y que su prioridad es unir a la región andina, ya que su integración es la base para “gestar desde allí la gran unidad sudamericana” con Mercosur.
Bolivia no es el único país interesado en mantener la CAN. Alan García está impulsando la integración andina, como prueban sus viajes a Colombia y Ecuador, más Chile, lo que realza su decisión de no viajar inicialmente a Bolivia. El 28 de julio, durante su toma de posesión, se reunirán los presidentes de la Comunidad Andina, y se invitó a la presidenta Bachelet, para que Chile regrese al bloque que abandonó en 1978, aunque es observador. La propuesta surgió de la visita de García a Bogotá y su entrevista con el presidente Uribe, donde acordaron trabajar juntos para fortalecer la CAN y lograr la reincorporación de Chile, para darle mayor solidez y avanzar en el Tratado de Asociación con la UE. Sin embargo, las reticencias de Chile de vincularse a algún esquema de integración regional que no tenga sus mismos y bajos aranceles es casi nula.
Después de Brasil (donde impulsó una alianza estratégica con Brasil y el impulso a las relaciones bilaterales) y Chile, García estuvo en Colombia y en Ecuador, con el objetivo de reforzar la CAN, y estrechar relaciones con algunos vecinos, especialmente los más útiles en su enfrentamiento con Chávez. El encuentro con Uribe fue importante para las relaciones bilaterales, que mantendrán el tono de cooperación alcanzado con Toledo, sobre todo en la postura frente al conflicto colombiano. El gesto de García, al respaldar cualquier iniciativa para terminar con la violencia en Colombia, representa un nuevo revés para Hugo Chávez, el principal respaldo internacional de su rival Ollanta Humala: “No permitiré que el territorio peruano sea usado en contra de la democracia colombiana, ni para que se utilice como corredor del tráfico de armas, ni para descanso de subversivos combatientes”. García anunció en Quito su disposición a reunirse con Chávez para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero lo criticó al decir que su salida de la CAN no respondió a un factor ideológico, sino a sus ingresos petroleros, que superan los 70.000 millones de dólares anuales, y pronosticó (aunque esto es menos probable) que cuando se firme un Acuerdo con la UE, Venezuela retornará al bloque andino.
García llegó a la capital ecuatoriana con un mensaje pacifista e integrador. Reiteró que Ecuador y Perú no tienen temas pendientes y destacó que la paz entre ambos países garantiza la confraternidad por los “siglos de los siglos”. García se reunió con el presidente Alfredo Palacio, con quien trató temas de integración regional y de interés bilateral, tras mostrarse solidario con la petición ecuatoriana de extender el sistema de preferencias arancelarias con EEUU. García quiere que Ecuador se integre en un eje económico regional con Brasil, Chile y Colombia, que equilibre a Venezuela, y para ello respaldó a Palacio en dos temas importantes: su giro en política petrolera, incluida la salida de la estadounidense Oxy, y la solicitud de que EEUU extienda las preferencias la ATPDEA y reanude las negociaciones para firmar un TLC.
Perú intenta posicionarse en el mercado mundial siguiendo el modelo chileno. Mira a Chile como una economía complementaria: se beneficia de la balanza comercial bilateral y recibe importantes inversiones. Los dos se ven como socios para entrar en Europa y Asia. El acercamiento entre Chile y Perú también puede consolidar un bloque del Pacífico, en el que Bolivia y Ecuador aparecen aislados. Las prioridades bolivianas en lo referente a la reforma institucional y la cuestión energética alejan a Morales de la agenda estadounidense de libre comercio y lo acercan al Mercosur, pero, simultáneamente, lo dejan en una posición difícil ante Chile y Perú. Sin embargo, hay grandes diferencias entre Bolivia y Ecuador, como también en su relación comercial con EEUU y sus vecinos, Perú y Colombia.
La Cumbre de Quito de la CAN sirvió para que Bolivia y Ecuador solicitaran a sus socios andinos el respaldo ante EEUU para renovar la ATPDEA, concedida a los países andinos como parte de la ayuda por la lucha contra el narcotráfico. Para Bolivia, y especialmente para la producción artesanal de El Alto y otras manufacturas exportables, sería un duro golpe que no se renovaran las preferencias. Bolivia exporta al mercado de EEUU productos manufacturados de difícil colocación en otros mercados. El vicepresidente Álvaro García Linera insistió en ampliar la ATPDEA por un año, hasta que la Asamblea Constituyente defina qué acuerdo comercial se debe firmar con EEUU, pues el formato del TLC no le convence. Ahí radica uno de los problemas con Bolivia, pues pretende plantear sus relaciones comerciales con EEUU bajo premisas ideológicas, lo que resultará difícil de admitir por Washington. Por su parte, los empresarios piden una prórroga de la ATPDEA. Según un alto dirigente empresarial boliviano: “Nos ha fallado el TLC, porque nosotros veíamos el TLC como una continuación de la ATPDEA. Entonces, nos ha fallado la voluntad política de los dos últimos Gobiernos”.
Finalmente el Gobierno de Morales completó el complicado proceso de designar a su embajador en Washington y el Gobierno de EEUU aceptó la designación del periodista Gustavo Guzmán como embajador. Guzmán, en sintonía con su Gobierno, cree que Bolivia puede ser buen socio comercial de EEUU sin alejarse de Hugo Chávez. Al mismo tiempo Philip Goldberg fue designado embajador de EEUU en La Paz, anuncio que le permitió al Gobierno boliviano insistir en su creencia de que las relaciones bilaterales pueden mejorar, aunque sin informar qué cosas pondrá de su parte.
La agenda bilateral se complicó tras la llegada de Morales, con diversos puntos conflictivos, aparte de la ATPDEA, como las relaciones de Bolivia con Venezuela y los programas de erradicación de coca y combate al narcotráfico. La particular visión del nuevo gobierno, favorable a potenciar el uso tradicional de la coca, no sirve para mejorar la relación con Washington. Otro tema conflictivo es la solicitud de extradición del ex presidente Sánchez de Lozada, a quien Morales quiere juzgar por asesinato. Según Guzmán, el Gobierno boliviano prometió erradicar 5.000 hectáreas de coca hasta fin de año para que EEUU prorrogue la ATPDEA. La ofensiva boliviana incluye un viaje del vicepresidente García Linera a Washington, cuya fecha todavía está pendiente. Para dar más realce al viaje, el Gobierno logró un acuerdo nacional con los representantes de los exportadores y el Congreso. El principal logro fue la resolución unánime del Congreso para enviar una carta a los parlamentarios de EEUU para prorrogar la ATPDEA, ya que los plazos se acortan. El Congreso de EEUU tiene una agenda apretada hasta fin de año: los legisladores entrarán en su receso estival y en septiembre comenzará la campaña electoral para los comicios de noviembre, para renovar la Cámara de Representantes y la tercera parte del Senado. El secretario general de la CAN, Allan Wagner, encabezó una delegación de alto nivel a Washington en junio pasado, donde se reunió con autoridades del Ejecutivo y el Legislativo de EEUU. Wagner dijo que hubo logros importantes en lo relativo a la lucha antidrogas, una de las condiciones para las preferencias arancelarias.
Conclusiones: Pese a los intentos venezolanos de hacer de la energía y de la cooperación en materia energética un campo privilegiado para impulsar la integración regional en América Latina, está visto que de momento los esfuerzos no están dando los resultados esperados. Es más, así como en otros aspectos de la integración regional han aflorado los conflictos bilaterales (ver ARI, El aumento de la conflictividad bilateral en América Latina: sus consecuencias dentro y fuera de la región), la energía no es un terreno que se quede al margen. Las negociaciones entre Brasil y Bolivia en torno al precio del gas están totalmente estancadas. Argentina y Chile siguen sin encontrar el tono más adecuado para tratar unos problemas que últimamente se han visto agravados por la pretensión argentina de cobrar más cara la gasolina a los camiones y automotores extranjeros en la frontera, lo que perjudica enormemente a los transportistas chilenos y ha llevado al Gobierno de Bachelet a endurecer su posición.
A estas cuestiones habría que agregar la posibilidad de que en los próximos meses aumente la competencia entre Pdvsa, Petrobras y Pemex en su disputa por conseguir nuevos socios y nuevos terrenos para aumentar sus negocios, a veces y según los casos, disfrazados de proyectos de cooperación energética. Últimamente se han multiplicado los proyectos energéticos que demandan importantes inversiones, aunque muchos de ellos sólo quedan en el plano de las buenas palabras y terminan fracasando, como ocurrió con la posible cooperación entre Pdvsa y Petroecuador. Y si bien la rentabilidad ofrecida por los altos precios del petróleo es un buen incentivo, habrá que ver finalmente cuántos de todos estos proyectos se habrán llevado a cabo. ¿Bastarán los capitales y la garantía venezolanos para cubrir todas las necesidades regionales y para reducir la desconfianza de algunos inversores frente a la deriva crecientemente estatista de varios gobiernos latinoamericanos? El gran gasoducto del Sur, el proyecto más querido por Hugo Chávez, tiene todos los visos de quedarse en el papel y es, quizá, el mejor ejemplo de la suerte que pueden correr algunos de los proyectos energéticos ahora en danza.
En el caso de la aproximación de Bolivia a Venezuela subsisten numerosos interrogantes sobre las ventajas que en términos de crecimiento y desarrollo puede reportar el nuevo acercamiento, en desmedro de la ruptura con Brasil. Todo parecía indicar que el crecimiento económico boliviano estaba indisolublemente ligado a Brasil y sus posibilidades de expansión. En los últimos años numerosas empresas brasileñas, comenzando pero no terminando en Petrobras, y también productores agrarios, se hicieron presentes en Bolivia. El incidente de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia acabó la luna de miel con los brasileños y la pregunta que surge es qué gana Bolivia con su condena al explotador local, más allá de que los acuerdos con Venezuela son de país a país y la presencia de la empresa privada será más bien escasa. Por no tener, el know how para la explotación del gas es sensiblemente inferior en Pdvsa, que carece de los más que reputados antecedentes de Petrobras. Será interesante ver la evolución de las negociaciones entre Petrobras e YPFB para fijar el precio del gas exportado por Bolivia a Brasil, ya que en caso de no llegarse a un acuerdo, la gran duda es qué hará Bolivia con todo ese gas que sólo puede vender a Brasil a través de gasoductos ya instalados. ¿Tendrá la capacidad de atraer las inversiones necesarias para vender ese gas, tras licuarlo, a mercados más distantes?, ¿cómo compensará las enormes pérdidas fiscales que le supondría el no seguir contando con el mercado brasileño?
Carlos Malamud
Investigador de América Latina, Real Instituto Elcano