La política exterior de Ecuador: entre los intereses presidenciales y la ideología (ARI)

La política exterior de Ecuador: entre los intereses presidenciales y la ideología (ARI)

Tema: La política exterior de Ecuador, enmarcada en el “gobierno de la Revolución Ciudadana” de Rafael Correa, es complemento del proyecto de “Patria, altiva, digna y soberana”. Así, ha adoptado una serie de posiciones y alianzas basadas “en la defensa de la soberanía y la integración regional”, algunas muy controvertidas y de un marcado carácter ideológico, que han comprometido la imagen internacional del país.

Resumen: Tres años después de la llegada de Rafael Correa y su Movimiento Alianza País al poder, tres cancilleres han pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El último, Fander Falconí, de un perfil más académico y con un cierto sesgo ideológico, tiene la confianza presidencial –fue fundador de Alianza País– para reestructurar los mecanismos de designación de los diplomáticos. La política exterior está básicamente dirigida por Correa, con su estilo personal de gobierno, y se trata de que Exteriores la acompañe y no la dificulte. La búsqueda de la confrontación se ha convertido en una constante de su gestión, tanto nacional como internacional. A esto se suma cierta cercanía con las posiciones de Venezuela y Bolivia, el deterioro de la relación con Colombia y EEUU, el acercamiento a Irán y Rusia, y la adopción de decisiones controvertidas en materia de deuda e inversión extranjera, que han complicado la relación con socios fundamentales como EEUU, Brasil y España.

Análisis: Rafael Correa encara su tercer año de mandato con índices de popularidad sin precedentes. Al cumplir dos años en el cargo tenía un 60%, una cifra destacada ya que ninguno de sus predecesores había registrado una aprobación superior al 40% en su segundo año. Tras una década de convulsiones políticas, con la salida precipitada de ocho presidentes por la presión popular, Correa ha gozado de una calma social inédita y gran adhesión a su gestión. Esto ha sido propiciado por la bonanza económica del pasado lustro, centrada en el sector petrolífero, que aportó las divisas necesarias para llevar a cabo un ambicioso programa de políticas sociales. En diciembre de 2008, el 63,9% de los ecuatorianos aprobó en referéndum la nueva Constitución, que entre otras cuestiones permite la reelección presidencial. Esta Constitución sintoniza con las de Venezuela (1999) y Bolivia (2009), impulsa el “socialismo del siglo XXI” y está marcada por un fuerte estatismo. Según Correa, en su discurso a la nación de 2009, es “la mayor realización de este segundo año de revolución ciudadana”, que “permite superar el… el neoliberalismo” y “nos distancia de los nefastos paradigmas que hoy vemos fracasar a nivel planetario”. El texto promueve un amplio catálogo de derechos ciudadanos y la recuperación de los sectores estratégicos, como hidrocarburos y agua.

En política exterior, además de la Constitución, Ecuador sigue el Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020 (Planex 2020), una suerte de “libro blanco” coordinado por el embajador Javier Ponce Leiva entre 2005 y 2006. El Plan recoge los que deberían ser los consensos básicos de la política exterior, al margen del juego partidista, aunque hay un amplio margen para la acción de Correa. El presidente, según la nueva Constitución, es el encargado de “definir la política exterior, dirigir las relaciones internacionales, celebrar y ratificar los tratados y convenios internacionales, previa aprobación del Congreso Nacional, cuando la Constitución lo exija” (Art. 171.12), así como de “velar por el mantenimiento de la soberanía nacional y por la defensa de la integridad e independencia del Estado” (Art. 171.13). Por eso, el Planex prevé que el Ministerio de Exteriores elabore un plan de actuación por períodos cuatrienales, cuyos lineamientos estratégicos respondan a las prioridades y objetivos determinados por el presidente.

Este contexto favorable a la acción presidencial podría cambiar en 2009 ante la crisis económica, que afectará la entrada de remesas (en 2008 supusieron casi 3.000 millones de dólares, un 5,4% del PIB) y los ingresos por las exportaciones de crudo. Esto podría poner a Ecuador en una situación difícil, reforzada por las decisiones sobre el impago de la deuda externa y la amenaza a empresas extranjeras, que podrían cerrar las puertas a nuevos créditos y alejar a los inversores. También hay que considerar el resultado de las próximas elecciones. Si bien se da por descontado el triunfo de Correa, la amplitud de la mayoría que obtenga Alianza País podrá condicionar su línea de acción internacional. Quedan en la agenda exterior otros temas importantes como la integración regional, las relaciones con sus vecinos, tanto del norte como del sur, y las alianzas con terceros países. El sello personal que otorga Correa a la política exterior la dota de un fuerte contenido nacionalista y antiimperialista, a la vez que de un incuestionable toque populista. La apelación a la “Patria, altiva, digna y soberana” recuerda a la “Patria justa, libre y soberana” del primer peronismo.

Ecuador en el escenario regional
El reciente “giro a la izquierda” en América Latina reactivó la voluntad integradora regional con el discutible argumento de que la mayor sintonía política e ideológica favorecería el acercamiento entre países y eliminaría muchos de los obstáculos hacia la integración. Frente al Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sumidos en sendas crisis, están surgiendo proyectos alternativos de integración regional. Con un exceso de retórica y de optimismo, la energía y las infraestructuras se presentan como dinamizadores de la integración. Estos proyectos responden básicamente a los intereses de Brasil y Venezuela, que disputan por el liderazgo suramericano. Con agendas y estilos diferentes, Hugo Chávez y Lula da Silva ven en la integración regional la forma de consolidar su posición internacional. Mientras Brasil apuesta por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Venezuela se inclina por la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de nuestra América (ALBA), aunque sin dar la espalda a Unasur.

El ALBA fue impulsada como alternativa a la olvidada ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y del neoliberal “Consenso de Washington”. La integran Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Carece de articulación institucional y su acción se centra en las cumbres presidenciales encabezadas por Chávez. Unasur, que más que un proyecto de integración regional es una instancia de diálogo político, cuenta con 12 países miembros y también tiene una débil articulación institucional. Pese al espaldarazo que supuso su mediación en la crisis boliviana de 2008, los presidentes regionales han sido incapaces de elegir por consenso al secretario general.

Rafael Correa ha optado por caminar en el filo de la navaja, inclinado hacia Venezuela pero sin romper todos los lazos con Brasil. No se termina de sentir cómodo con Hugo Chávez, aunque cree que su relación con Venezuela puede ser más manejable que la que tendría con Brasil. Esto se ha visto en el proyecto del Banco del Sur, uno de los planes integracionistas más emblemáticos impulsados por Correa, que, bendecido por Chávez y otros gobiernos sudamericanos, ha sido bloqueado por Brasil. De ahí sus opciones por acercarse a Rusia e Irán, en la creencia de que podrían convertirse en fuentes de financiación alternativa para algunos de sus programas de desarrollo.

El gobierno de Correa ha reiterado su interés por la integración regional para afrontar mejor la globalización y situar al país y a la región en el escenario internacional. Pese a compartir –con matices– el proyecto bolivariano de socialismo del siglo XXI y a las reiteradas invitaciones de Chávez a incorporarse al ALBA, Correa no termina de decidirse sobre este punto. Pese a ello, ha posado en varias ocasiones en la misma foto que Chávez, la última el 2 de febrero pasado, cuando los presidentes del ALBA se reunieron en Caracas para celebrar el X aniversario de la llegada de Chávez al poder. Correa fue el único presidente invitado. Previamente lo vimos en el último Foro Social Mundial, en Belem, donde Chávez, Evo Morales y Fernando Lugo, junto con Correa, instaron a luchar por el socialismo del siglo XXI, como única alternativa al “capitalismo que destroza la humanidad”, en un “Diálogo sobre la integración popular de nuestra América”. Llamó la atención la ausencia de Lula, que cambió la intervención pública por una reunión privada con sus homólogos para hablar de la crisis en América Latina, y que semanas más tarde acudió a la cumbre de líderes progresistas de Viña del Mar. A ésta, por el contrario, no acudieron ni Correa ni Chávez.

Ecuador y Venezuela han suscrito en los últimos años numerosos tratados bilaterales de cooperación. En enero de 2007 las petroleras estatales Pdvsa y Petroecuador alcanzaron un acuerdo para el intercambio de crudo ecuatoriano por derivados venezolanos. Con él culminaban unas negociaciones iniciadas en mayo de 2006, cuando Correa no era presidente. En agosto de ese año ambos países ampliaron sus acuerdos de cooperación energética, destacando un Tratado de Seguridad Energética, un memorando para la construcción de una refinería en la costa ecuatoriana y la rehabilitación de las instalaciones para la explotación del Campo Maduro de Sacha. En 2008 se firmaron cinco nuevos acuerdos en materia energética, siderúrgica y comercial. En un encuentro bilateral celebrado en febrero de 2009 –al que se unió finalmente el nicaragüense Daniel Ortega– los presidentes ecuatoriano y venezolano rubricaron nuevos acuerdos e hicieron una declaración conjunta reafirmando su alianza en materias como soberanía energética, alimentaria, productiva, financiera y del conocimiento. Pese a la retórica de ambos dirigentes, los resultados de los acuerdos no se terminan de ver. Como afirmó el canciller Falconí en dicho encuentro, pese a que ya se han suscrito 35 instrumentos de cooperación bilaterales, “algunos de ellos no han pasado a concretarse”.

Superadas las diferencias con Perú, Ecuador mantiene rotas sus relaciones con Colombia tras el bombardeo de un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en marzo de 2008 –una acción en la que murió el número dos de la organización terrorista, Raúl Reyes–. La crisis bilateral ha pasado por distintos momentos, siendo uno de los más álgidos la acusación de Uribe a Correa, en abril del año pasado, de “falta de seriedad” en la normalización de las relaciones bilaterales, cuando también lo señaló como responsable de interferencias en operaciones contra las FARC. Por su parte, Correa se sintió traicionado por Uribe, quien no reconoció inicialmente las características del ataque, lo que llevó a que el presidente ecuatoriano cometiera públicamente algunas inexactitudes.

Ecuador rebatió rápidamente la argumentación colombiana, y le exigió pruebas de sus acusaciones. Quito exige a Bogotá el cumplimiento de cinco requisitos para reestablecer relaciones: (1) Colombia debe abandonar su campaña de vincular a Ecuador y sus autoridades con las FARC; (2) debe aumentar la presencia de la fuerza pública en la frontera; (3) debe facilitar la información requerida sobre la incursión del 1 de marzo, en la que, según Quito, pudo haber participado EEUU; (4) debe indemnizar a las familias de los ecuatorianos y mexicanos muertos en el ataque; y (5) debe realizar una contribución al ACNUR para la asistencia a los cerca del millón de refugiados colombianos en territorio ecuatoriano –muchos desplazados por la acción de la guerrilla–. Pese a no haber respondido oficialmente a estos requisitos, parece que Colombia está reforzando la seguridad en la frontera. Unas polémicas declaraciones del ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, afirmando que la operación contra Reyes fue “un acto de legítima defensa”, han reavivado el desencuentro, propiciando la repulsa de Correa, a la que se ha añadido Chávez, que las consideró “una amenaza”. Se da aquí una especie de diálogo de sordos donde se cruzan dos maneras contradictorias de entender la realidad: Colombia, que exige un mayor compromiso de su vecino en la lucha contra el terrorismo, y Ecuador, que exige un mayor compromiso colombiano en la custodia de su frontera y un mayor respeto por su sensibilidad nacional.

Esta crisis, que no afecta las relaciones económicas y comerciales entre los dos países, es una de las más graves en América Latina y pone de manifiesto las dificultades de los organismos regionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), para solucionar este tipo de problemas. Se ha visto la escasa receptividad colombiana a los esfuerzos de la OEA para superar la crisis, y las notables diferencias entre las posiciones de Colombia frente a Venezuela, Ecuador y Bolivia (aunque La Paz está menos involucrada) sobre el conflicto colombiano y el papel de EEUU en la región. Tras las Cumbres de Costa do Sauipe, Correa afirmó que su gobierno impulsaría la creación de una “Organización de Estados Latinoamericanos”, sin EEUU y con Cuba, en reemplazo de la OEA.

Ecuador no renovará el convenio de la Base de Manta, utilizada para luchar contra el narcotráfico, con EEUU, que expira este año. Entre los argumentos contrarios a la renovación se han esgrimido la pérdida de soberanía por la presencia de militares extranjeros y el uso de la base para operaciones del Plan Colombia. Para tensar la negociación, Correa ha exigido listas de los militares norteamericanos que aterricen en Manta para operaciones de carácter técnico. Ecuador no sólo rechaza el Plan Colombia, al que ha respondido con el Plan Ecuador, sino también ha hecho del antiamericanismo uno de los ejes de su política exterior. Esto le ha llevado a buscar alianzas estratégicas con Irán y Rusia, siguiendo el guión de Chávez. A comienzos de febrero, durante una reunión bilateral con Chávez, Correa declaró: “el socialismo del siglo XXI no tiene modelos, tiene principios y nuestros pueblos sabrán encontrar las mejores respuestas porque ya han tomado en sus propias manos su futuro. ¡Déjennos en paz!”.

Correa también ha protagonizado recientemente un enfrentamiento con Brasil a raíz de su negativa a pagar parte de la deuda externa y una serie de incidentes con algunas empresas brasileñas presentes en Ecuador. Quito pidió el arbitraje sobre un crédito de 243 millones de dólares del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social (BNDES) para la construcción de una central hidroeléctrica inaugurada a fines de 2007. La obra fue encargada a Odebrecht, que fue expulsada de Ecuador en septiembre de 2008 por incumplimiento de contrato. En señal de protesta Brasil llamó a consultas a su embajador en Ecuador y la crisis sólo fue superada después de que Odebrecht aceptara las condiciones impuestas por Quito, a finales de septiembre, mientras que el embajador brasileño sólo regresó a fines de diciembre. Brasil suspendió diversos proyectos de cooperación con Ecuador y postergó la visita de una misión encabezada por el ministro de Transportes. Ecuador anunció la posibilidad de nacionalizar los campos petroleros operados por Petrobras si la empresa no aceptaba modificar sus contratos en función de las nuevas políticas de hidrocarburos. Correa se quejó de que una disputa con una empresa privada repercutiese en una crisis diplomática, sin tener en cuenta las formas utilizadas con un teórico aliado como Lula. Lo más inquietante para Brasil era la declaración de ilegitimidad de la deuda ecuatoriana con el BNDES, una acción respaldada por los presidentes del ALBA, pensando que podrían adoptar iniciativas semejantes.

La crisis internacional y el derrumbe de los precios del petróleo han colocado a la estatal Petroecuador al límite de sus posibilidades. Recientemente se han anunciado despidos que afectarán a 1.500 trabajadores. A esto hay que agregar las disputas con empresas extranjeras por la renegociación de los contratos, que afectan a Petrobrás, Repsol-YPF, la francesa Perenco y la argentina Compañía General de Combustibles (CGC-Ecuador). El clima de las negociaciones no fue amigable, consecuencia de la inflexible postura presidencial. Si a esto unimos el tratamiento dado a la deuda externa, es bastante probable el alejamiento de la inversión extranjera y el bloqueo de ciertas líneas de crédito ante la imagen de inseguridad jurídica que se transmite. Aunque Ecuador quiera dejar claro que no permitirá injerencias en su soberanía, las airadas reacciones de Correa y sus declaraciones, ora conciliadoras, ora amenazantes, generan un clima de incertidumbre que no ayuda a la proyección internacional de su país.

Ecuador en el panorama global
La llegada a la presidencia de Barack Obama ha despertado en América Latina nuevas expectativas sobre la relación hemisférica. De momento, lo más relevante ha sido la reunión de Obama y Lula, quienes trataron, además de la crisis económica, el tema de Cuba y la alianza EEUU-América Latina. Ecuador se ha manifestado como uno de los problemas de EEUU en la región, no sólo por la denuncia del tratado sobre la Base de Manta, un golpe para la política estadounidense de cooperación anti narcóticos y antiterrorista en la región, sino también por la expulsión en febrero de dos diplomáticos norteamericanos, Mark Sullivan y Armando Astorga, acusados de intromisión en asuntos internos ecuatorianos. Un mes más tarde, Correa afirmó que su gobierno anhela mantener una “relación fraternal” con EEUU. Es de esperar que en la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago defina qué espera de la relación bilateral con Washington.

La relación con EEUU es especialmente importante para Ecuador. Además del elevado número de inmigrantes y de las correspondientes remesas (1.322 millones de dólares en 2008, un 47% del total), las relaciones comerciales son considerables. En 2007, el 41,9% de las exportaciones ecuatorianas se dirigieron a EEUU y el 23,7% de sus importaciones tuvo ese origen, lo que hace a EEUU el socio comercial más importante de Ecuador. En los últimos años, como consecuencia de la gestión de Correa, la IED norteamericana ha disminuido de forma considerable. En 2008, a falta de datos del cuarto trimestre, se produjo una caída en el saldo del 37,6% respecto al año anterior. La embajadora estadounidense en Quito, Heather Hodges, afirmó el pasado noviembre que “Estados Unidos dejó de invertir en Ecuador por falta de reglas claras para las empresas”.

Irán y Rusia
La apuesta de Correa por acercarse a Irán y Rusia, siguiendo la estela bolivariana, es quizá uno de los elementos más originales, y también más controvertidos, de su política exterior. Esta apuesta busca dos objetivos simultáneos y contradictorios: acercarse a Venezuela y reafirmar la independencia de su política exterior y la soberanía nacional frente a EEUU. Si se atiende a las declaraciones del presidente y algunos de sus ministros sobre la relación con estos países, se observa el fuerte interés por marcar distancias con Washington. En este contexto también debe considerarse el retorno de Ecuador a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo).

En diciembre de 2008 Correa realizó una visita a Irán para impulsar las relaciones entre dos socios de la OPEP. Casi simultáneamente, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, visitó Ecuador. La gira de Correa a Irán fue vista con cierto escepticismo por algunos analistas ecuatorianos, insinuando que respondía más a pulsiones políticas que a razones económicas. El presidente replicó afirmando que formaba parte de una “política exterior inteligente, y muy coherente que abre mercados, contactos y establece relaciones con quienes miran con simpatía a Ecuador”. Ecuador e Irán, más allá de su enfrentamiento con EEUU, tienen poco en común. En febrero de 2009 Irán abrió embajada en Quito mientras Correa tiene pendiente ir a Teherán para reconvertir la oficina comercial en embajada. Las relaciones económicas y comerciales son, de momento, insustanciales, salvo en el sector energético. Las exportaciones iraníes se concentran en un 80% en el petróleo, mientras los principales productos ecuatorianos de exportación (atún, flores, petróleo y banano) son poco atractivos para el mercado iraní. La cooperación tecnológica-militar, el ámbito en el que se han alcanzado más acuerdos, y el sector petrolero son las áreas donde podrían encontrarse puntos en común. Tras una visita al Ministerio de Defensa iraní, Correa pidió ayuda a Ahmanineyad para reanimar su industria petroquímica. Para Irán, el acercamiento a Ecuador encaja con su política exterior, dedicada a buscar aliados que contrarresten el aislamiento político y económico al que le ha sometido EEUU. Irán requiere apoyos para frenar las presiones de EEUU y la UE para detener su programa nuclear. En 2006 sólo tres países apoyaron en la AIEA el programa nuclear iraní, dos de ellos latinoamericanos: Venezuela y Cuba.

Lavrov viajó a Quito en noviembre de 2008 para firmar una serie de acuerdos de cooperación, mientras el presidente Medvédev estaba en Caracas en una reunión con los presidentes del ALBA, a los que transmitió su interés de integrarse como observador. La presencia de dirigentes rusos en Ecuador respondería a objetivos económicos (fundamentalmente comerciales y relacionados con el turismo) pero también, como en el caso iraní, a la búsqueda de posiciones estratégicas en América Latina para contrarrestar el poder de EEUU. Ecuador también muestra interés por la cooperación técnico-militar con Rusia. A fines de marzo de 2009 el ministro de Defensa ecuatoriano viajó a Moscú para materializar un convenio de asistencia militar negociado durante la visita de Lavrov.

Relación bilateral con España
La agenda de las relaciones bilaterales hispano-ecuatorianas viene marcada por el tema migratorio: la colonia ecuatoriana en España es la segunda más importante –tras la marroquí– y la primera latinoamericana. Según la revisión del padrón 2008 del Instituto Nacional de Estadística (INE) el número de ecuatorianos en España asciende a 458.437 personas. A Ecuador le interesa España, entre otras cosas, porque cerca del 3,5% de su población se encuentra en nuestro país. Prueba de ello son las visitas realizadas en 2007 y 2008 por autoridades ecuatorianas. En 2007, en su primera gira oficial por Europa España fue el primer destino del presidente Correa. Fue recibido tanto por el presidente del Gobierno y por el Rey, donde tuvo un protagonismo mayor que en otras capitales europeas. Al año siguiente repitió el viaje, en esta ocasión con la entonces ministra de Exteriores, María Isabel Salvador (mayo); la secretaria del Migrante, Lorena Escudero visitó nuestro país en dos ocasiones (enero y septiembre), y el ministro de Defensa, Javier Ponce en una (junio). También están presentes en la agenda otros temas como el comercio, las inversiones y las relaciones con la UE.

La inmigración es uno de los principales recursos económicos de Ecuador, como muestran lasremesas. En 2008, Ecuador recibió 2.822 millones de dólares (el 7% de su PIB), un 8,6% menos que en 2007, de los que casi 1.157 millones fueron de España (41%). Son la segunda fuente de ingresos tras la exportación de petróleo y el capítulo más importante de la relación bilateral, más que la suma de la IED, el comercio –capítulos todavía débiles de la relación– y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Debido al impacto de la crisis financiera internacional en España y el aumento del desempleo (casi el 14% a fines de 2008, con 44.323 demandantes de empleo ecuatorianos, más del doble que en 2007), el Banco Central de Ecuador anunció que el flujo remitido desde España cayó un 2% respecto a 2007, un descenso leve pero el primero registrado desde que existen estadísticas. Las previsiones del Banco de España tampoco son optimistas, con caídas de dos dígitos en 2009. El gobierno ecuatoriano ha mostrado su inquietud por la situación de irregularidad a la que podrían pasar muchos de sus connacionales por la pérdida de empleo, y el descontento por la directiva europea del retorno. Correa fue uno de los primeros presidentes latinoamericanos en manifestar su malestar, expresando su “solidaridad después de la barbaridad que ha aprobado la Eurocámara para criminalizar la migración” a los miles de ecuatorianos que viven en Europa, “especialmente en España e Italia”. La vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega anunció en Santo Domingo que España no aplicaría esa directiva, al ser la ley española más garantista. Los dos gobiernos parecen interesados en coordinar los planes de retorno, como afirmaron los ministros de Exteriores el 26 de febrero en Quito.

En la reunión de Quito, los dos ministros abordaron otros asuntos bilaterales espinosos: deuda, inversiones y comercio. En el caso de la deuda, parece que su declaración de “ilegitimidad” no afectará a España. Los ministros analizaron el “programa bilateral de canje de deuda por inversión”, con 30 millones de dólares: 18 millones para financiar el Plan Ecuador, 6 millones de apoyo a los migrantes y el resto para reconstrucción. Moratinos también se interesó por las negociaciones con Repsol-YPF que, tras arduas negociaciones, permanecerá en el país. En el capítulo comercial, con una balanza favorable a Ecuador, se mantiene abierto el contencioso por el banano, habiendo recibido Ecuador varias sentencias favorables de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En lo que respecta a la negociación del tratado de asociación con la UE, Ecuador decidió sumarse finalmente a las posturas de Colombia y Perú, dando la espalda a la rigidez boliviana.

Conclusiones: El carácter personalista que imprime Correa a la política exterior ha conducido a la diplomacia ecuatoriana a moverse entre la adhesión al proyecto bolivariano de Hugo Chávez y su cercanía al más moderado Lula da Silva. De momento, Correa no termina de definirse al respecto, especialmente por el incumplimiento de muchas de las promesas venezolanas. Por eso, no ha concretado su ingreso al ALBA y prefiere mantenerse como observador y no como miembro pleno de la organización bolivariana. En este difícil equilibrio, el acercamiento a Chávez ha significado en términos regionales la prolongación del enfrentamiento con Colombia y la apertura de una crisis que afecta la lucha contra el tráfico de drogas y antiterrorista. También se ha complicado la relación con Brasil, tras la declaración unilateral de ilegitimidad de la deuda externa.

Hay otros conflictos con algunos socios estratégicos, como EEUU y España, por el trato dado a sus empresas y por el clima de confrontación que el presidente Correa traslada de la política interna a la internacional. En el actual contexto de crisis económica global estas posiciones pueden agravar la situación económica, al cerrarse el crédito internacional y disminuir el flujo de inversiones. Por esto, Correa ha buscado en Irán y Rusia unos aliados antiimperialistas y nuevos socios económicos, lo que no parece que mejore su imagen internacional. De todos modos, se observa un cierto proceso de aprendizaje por parte de la administración ecuatoriana en lo que respecta a la política internacional, que en el futuro inmediato podría estar teñida de mayores dosis de pragmatismo. Por eso, habrá que estar atentos en los próximos meses acerca del rumbo que finalmente Correa le dé a su gestión exterior.

Las relaciones bilaterales con España, marcadas por la dimensión humana y económica del fenómeno migratorio, podrían reforzarse con la crisis. Los dos gobiernos deberán trabajar duramente para gestionar el flujo de emigrantes afectado por el paro. Esta relación aparentemente fluida se desdibuja en el capítulo conflictivo de las inversiones españolas, a las que Correa ha amenazado en más de una ocasión. Ecuador se ha convertido en un país poco fiable para los empresarios españoles. Sin embargo, la decisión del presidente de retornar a las conversaciones con la UE para avanzar en la firma de un tratado de Asociación envía una señal positiva y en la dirección contraria. La proximidad del inicio de las negociaciones con la UE y la celebración del bicentenario de la independencia parecen un buen momento para que Ecuador y España acerquen posturas y se refuercen los lazos iberoamericanos y con Europa.

Carlos Malamud
Investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América de la UNED

Carola García-Calvo
Real Instituto Elcano