La Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú: conclusiones y perspectivas

La Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú: conclusiones y perspectivas

Tema: Después de más de dos años de trabajo, se ha publicado el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. Tras la lectura de sus conclusiones, tanto el propio Estado peruano como la opinión pública están siendo llamados a tomar postura ante los nuevos retos que plantea la sociedad peruana.

Resumen: El 28 de agosto de 2003 se publicó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú. Un profundo análisis sobre los hechos y circunstancias ocurridos entre 1980 y 2000 ha dejado al descubierto las heridas de un país que trata de consolidar su frágil democracia. El Informe de la CVR analiza la forma en que se desarrolló el conflicto armado interno entre los movimientos subversivos y el Estado peruano. Creada el 4 de junio de 2001 bajo la presidencia transitoria de Valentín Paniagua, ha dejado de manifiesto una clara necesidad por reformar las estructuras sociales, políticas, económicas e institucionales que dieron origen a este período; también establece la necesidad de un apoyo decidido tanto del gobierno como de la propia comunidad internacional a los planes y programas de reparación de los derechos de las víctimas y reforma de las instituciones públicas.

Análisis: Al igual que en otros países de Latinoamérica –véanse los casos chileno, argentino o guatemalteco–, en Perú se ha llevado a cabo un profundo proceso de investigación y análisis de su reciente pasado histórico a través de la creación y publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin embargo, esta forma de afrontar el pasado a través del análisis de los testimonios de las víctimas, no es un elemento único de la región latinoamericana, ya que se han llevado a cabo procesos similares en países como Camboya, Ruanda o Sudáfrica.

El conflicto armado interno –como se le ha dado en llamar– que venía sufriendo Perú desde el año 1980 culminó con la desarticulación de los dos movimientos subversivos más importantes y la detención de sus respectivos líderes: Abimael Guzmán de Sendero Luminoso (SL) en el año 1992 y Víctor Polay del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en 1997. Después de la victoria en la lucha armada contra estos movimientos y poco después de la reelección de Alberto Fujimori como Presidente de la República en julio de 2000, estalló un gran escándalo nacional a raíz de una cinta de vídeo que probaba los sobornos del entonces asesor del Sistema Nacional de Inteligencia y brazo derecho del presidente, Vladimiro Montesinos. En un clima de alta crispación social y tras la convocatoria de nuevas elecciones, Alberto Fujimori se dio a la fuga amparándose en su nacionalidad japonesa, residiendo desde entonces en el país nipón. Con la fuga de Fujimori y la renuncia de los dos vicepresidentes, Valentín Paniagua –entonces Presidente del Congreso– aceptó la Presidencia de la República de acuerdo a la Constitución Política vigente de 1993, instaurándose un gobierno de transición.

Con la finalidad de recuperar el orden institucional y político tan deteriorado por causa del anterior régimen, el presidente Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación Nacional en junio de 2001, con el mandato de “esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos”. Este encargo del Estado peruano a la CVR se ha llevado a cabo con la finalidad de restaurar la justicia en el país mostrando la verdad sobre cualquier tipo de violación de los derechos humanos, señalando las responsabilidades individuales correspondientes, proponiendo al Estado acciones de reparación de los daños materiales y morales ocasionados a las víctimas e impulsando la reconciliación nacional y el fortalecimiento democrático del país.

La CVR se fijó cinco objetivos principales: el primero, realizar un análisis de las instituciones y de las condiciones políticas, sociales y culturales en el período de violencia comprendido entre 1980 y 2000. Segundo, favorecer al esclarecimiento por parte de la justicia de los crímenes y violaciones de derechos humanos perpetrados por organizaciones terroristas y agentes del Estado. Tercero, identificar y analizar los daños producidos como consecuencia de los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Cuarto, formular propuestas para la reparación de los daños de las víctimas o sus familiares. Quinto y último, elaborar recomendaciones sobre la base de las reformas institucionales que contribuyan a la prevención de la violencia política.

Después de dos años de trabajo, el 28 de agosto de este año se publicó el informe final de la CVR, en el que se evidencia “el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia” de Perú. El informe consta de 7 volúmenes, lo cual da cuenta de la enorme extensión del mismo y la dificultad por sintetizar su contenido. Así y todo, conviene resumir los aspectos más destacables.

En primer lugar, ha establecido por vez primera y de manera muy precisa la verdadera dimensión del conflicto, revelando las enormes fracturas sociales que existieron y que todavía perduran en la sociedad peruana contemporánea. Si al comienzo del informe la cifra estimada era de unas 30.000 víctimas, hoy se puede hablar de una cantidad no inferior a 69.000 personas. A esta cifra habría que sumarle todas aquellas personas que tras el 28 de agosto –fuera del plazo de la CVR, pues el mandato ya entonces había expirado– están tratando de dar su testimonio por primera vez, ya que gracias a su publicación han conseguido superar sus miedos y temores a posibles represalias.

En segundo lugar, el informe constata la evidente relación que se ha producido entre la situación de pobreza y exclusión social y la probabilidad de ser víctima de la violencia. En Ayacucho y en los departamentos más pobres del país –Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac– se concentra el 85% de las víctimas registradas, principalmente campesinos de áreas rurales, poniéndose así de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún predominan en el país. De esta forma, se evidencia que la tragedia nunca fue asumida por el resto del país, el cual se ha mantenido ajeno al conflicto, demostrando un velado racismo.

En tercer lugar, se atribuye como principal responsable del conflicto y de las víctimas al grupo maoísta Sendero Luminoso, debido a la extrema violencia con que atacaba a las poblaciones que trataba de controlar, con el fin de extender su ideología marxista fundamentalista.

En cuarto lugar, los gobiernos que estuvieron presentes en el período de violencia política –Fernando Belaúnde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori– fueron incapaces de controlar el conflicto. No se afrontó el problema de manera integral y eficaz, ni dentro de los marcos democráticos establecidos por la Constitución vigente. En el combate contra los grupos subversivos se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, lo que afecta a la responsabilidad de cada uno de los gobiernos, al ser éstos los encargados de las acciones del Poder Ejecutivo, del cual dependen las fuerzas del orden. Estos gobiernos desatendieron igualmente las múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos e ignoraron la impunidad de los responsables que incurrieron en estas acciones delictivas.

En quinto lugar, constata cómo las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas no supieron cómo hacer frente a un enemigo que se confundía entre la población civil, de naturaleza muy distinta a los movimientos guerrilleros que actuaban en otros países de América Latina. Las fuerzas de la policía no estuvieron preparadas en un principio, mostrándose muy limitadas y en condiciones muy precarias. A medida que fue avanzando el conflicto, las actuaciones de las Fuerzas Armadas fueron incurriendo en graves violaciones de los derechos humanos.

En sexto lugar, el informe destaca la indiferencia del sector urbano medianamente instruido, que habita en zonas alejadas al conflicto y que no se siente afectado. Se muestra impasible ante una realidad que ha ocasionado y que sigue ocasionando un costo social tremendo, llegando incluso a aceptar ese costo, que de alguna manera no les afecta.

En séptimo lugar, el Poder Legislativo no presentó iniciativas para hacer frente de manera integral a los grupos subversivos hasta que el conflicto estuvo muy avanzado. Frente a la escalada de violencia no se plantearon alternativas, siendo el Ejecutivo el principal impulsor normativo. El Congreso perdió su capacidad de fiscalización, llegándose a convertir en un actor encubridor de la impunidad. Por su parte, el Poder Judicial tampoco cumplió durante este período con las funciones que le son propias: ni condenó las acciones de los grupos subversivos ni puso límite a las acciones de los agentes del Estado que estaban cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Al igual que en el caso del Legislativo, el Poder Judicial tampoco estuvo a la altura de su mandato y es, por ello, corresponsable de lo ocurrido, tanto por acción como por omisión.

Por último, el informe resalta la necesidad de reparar a las víctimas por las violaciones sufridas y la restitución de sus derechos. Esto pasa por una dignificación de la víctima a través de la reconciliación nacional. La reparación implica corregir las actitudes racistas del país, restableciéndose la democracia, la gobernabilidad e, indudablemente, la justicia. La reconciliación no es posible si no va acompañada de un ejercicio efectivo de la justicia, ya que los perpetradores de las violaciones no deben quedarse impunes. Es importante señalar en este sentido que la CVR no es un órgano jurisdiccional y por tanto no desarrolla procesos judiciales.

El Informe de la CVR concluye proponiendo un proceso de Reconciliación Nacional y como puntos de acción más importantes y que requieren respuesta inmediata surgen fundamentalmente dos: el Programa Integral de Reparaciones por un lado, y el Plan Nacional de Exhumaciones por otro.

El Programa Integral de Reparaciones combina formas colectivas e individuales de resarcimiento. El gran problema que surge aquí es la manera de llevar a cabo el financiamiento de un plan de estas características, en un Estado con una situación económica muy debilitada y con una serie de retos a todos los niveles que no permite centrarse en este tipo de lujos o inversiones. En el otro plano, subyace el tremendo drama que ha supuesto la exhumación de los cuerpos de las víctimas del período de violencia. Las expectativas se han visto rebasadas de tal manera que la CVR se ha tenido que limitar a un simple Registro Nacional de Sitios de Entierro basándose en la información obtenida a lo largo de su mandato. Esto no es más que una identificación de los lugares donde se cree que están enterradas las víctimas, lo que deberá permitir, en el momento en que se disponga de la financiación necesaria, llevar a cabo las exhumaciones pendientes y entregar los cuerpos a los familiares de las víctimas. La cooperación internacional puede hacer un esfuerzo, si así se le pide, por orientar sus programas y proyectos hacia el fortalecimiento de las capacidades nacionales que lleven a cabo este ambicioso Programa Integral de Reparaciones y Exhumaciones. De hecho, ya hay disposición por apoyar las reparaciones colectivas a través de programas de conversión de deuda en el gobierno alemán.

Como crítica sobre la publicación del Informe, se puede señalar el poco acierto al haberlo hecho únicamente a través de Internet. Es cierto que las dimensiones del Informe no permiten su distribución de manera masiva. De hecho, se está preparando una publicación resumida y miles de folletos para su difusión masiva y en varias lenguas, incluyendo las indígenas, que permitan un amplio reconocimiento, transmisión y sensibilización en todo el país sobre las conclusiones de este informe. Pero mayor efecto se hubiera conseguido, qué duda cabe, si se hubiera hecho de manera simultánea a la publicación oficial del 28 de agosto. Los medios de comunicación no parecen mostrarse excesivamente interesados por este documento tan importante para la historia de Perú y por ello era preciso que se hubiese divulgado de manera paralela a la versión electrónica. No se debe olvidar que la población más afectada por este conflicto armado interno es la población más pobre del país, la que no tiene acceso a las nuevas tecnologías.

Indudablemente, este período de violencia que ha sufrido Perú ha dejado unas secuelas enormes y muy profundas: población desplazada, acelerado crecimiento de los núcleos urbanos, destrucción de la infraestructura productiva, pérdida de capital social, debilitamiento de la sociedad civil, graves daños en la salud mental de las víctimas sobrevivientes, etc. Por tanto, urge una respuesta de aceptación y validación de las conclusiones y propuestas de la CVR, tanto por parte de la sociedad como del propio gobierno. Si bien las estimaciones de las encuestas en la calle señalan un amplio respaldo y apoyo al informe de la CVR, el gobierno no se ha pronunciado todavía, pasados ya dos meses desde su publicación. El presidente Alejandro Toledo prometió manifestarse a este respecto a la vuelta de su gira por los países europeos y asiáticos. Se espera que lo haga en los próximos días, pero la demora ya es de por sí incomprensible e injustificable. Los familiares de las 69.000 víctimas de este conflicto no se merecen este gesto.

Por otra parte, si bien la comunidad internacional ha apoyado financieramente con la mayor parte de los recursos que ha precisado este trabajo y ha elogiado el enorme esfuerzo que ha realizado la propia CVR y sus comisionados, un número nada desdeñable de congresistas y miembros de las Fuerzas Armadas han criticado muy duramente el informe, llegándose al extremo de plantear denuncias al presidente de la CVR, Salomón Lerner, por falsedad genérica en fotos y textos incluidos en una exposición fotográfica de la Comisión. Igualmente, antes de la publicación del Informe, se produjeron campañas mediáticas que cuestionaban a miembros de la CVR y al conjunto del trabajo, llegándose a plantear tanto la disolución de la Comisión como el mantenimiento en reserva absoluta de los contenidos del Informe Final. ¿Quiénes son los causantes de los ataques al Informe y qué razones les han impulsado? Tanto los medios de comunicación en su interés por generar impacto, como aquellos partidos políticos atemorizados por el resultado de las investigaciones y sus posibles consecuencias, han originado estas acusaciones y polémicas, sin olvidar a aquellos sectores de la sociedad que no estaban interesados en reabrir las heridas provocadas por el conflicto y que optaban por la amnesia como mecanismo de ocultar el pasado. Igualmente, las estrategias antisubversivas permitieron la violación de los derechos humanos y culpabilizar por ello a las Fuerzas Armadas que actuaban bajo gobiernos democráticos no ha sido bien recibido por sus integrantes. Esto da una idea de las dificultades a las que se sigue enfrentando la sociedad peruana, en reconocimiento al dolor de las víctimas y al período de historia tan cruel que se ha vivido recientemente.

Conclusiones: Con este panorama cabe concluir las siguientes reflexiones: en primer lugar, valorar positivamente que se haya producido una CVR en Perú. Por el tipo de víctimas hubiese sido muy normal que este proceso no se hubiera producido. Es más fácil una demanda social por una Comisión de este tipo en países donde las víctimas residen en la clase media, ya que poseen mayor capacidad de demanda y exigencia social. La participación militar en el conflicto ha abierto una profunda brecha en la sociedad, casi se diría que ha dividido a los peruanos; a partir de ahora sólo se puede estar a favor o en contra del informe.

En segundo lugar, la cooperación internacional debe propiciar un decidido apoyo a este país, a pesar de su estabilidad económica a nivel macro y de sus relativamente buenas perspectivas de crecimiento. Los recientes hechos acontecidos en Bolivia muy bien podrían suceder en Perú, dado que un 54% de la población sigue siendo pobre y la singularidad peruana de una aparente estabilidad en una región tan afectada como la andina no evidencia que vaya a permanecer así de manera indefinida.

La comunidad de donantes internacionales debe estar muy atenta a las peticiones del Estado peruano para apoyar los Planes de Exhumaciones y de Reparaciones a las Víctimas. El momento lo requiere y las capacidades del Estado son muy limitadas para atender este tipo de demandas. Las reformas de las instituciones públicas son urgentes, especialmente en todo lo que atañe a la actual descentralización administrativa y creación de los gobiernos regionales, reforma del Poder Judicial, fortalecimiento de las instituciones públicas y mejora de la gobernabilidad democrática. Si bien se ha apoyado de manera decidida el proceso descentralizador, no se está  manifestando la misma fuerza en cuestiones relativas al apoyo de la Fiscalía o la urgente reforma del Poder Judicial.

Por último, hay que señalar que el trabajo de la CVR debe abrir un período y un espacio de introspección y análisis en el seno de la sociedad peruana, que permita reflexionar sobre esta dolorosa etapa de su historia reciente. Por ello, se deben tomar las medidas necesarias que aseguren que esta situación no se repita y el presidente Alejandro Toledo está llamado a manifestarse en este sentido.


Manuel de Rivera
Oficial de Proyectos – Sección Cooperación
Delegación Comisión Europea – Perú

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Manuel de Rivera

Escrito por Manuel de Rivera