Mensajes clave
- Sin reformas ni flexibilización de las sanciones, el tipo de cambio, la inflación, el déficit público, el crecimiento y el nivel de vida en Irán seguirán deteriorándose.
- Superar la crisis energética requiere reformar en profundidad el sector, reducir subsidios, más transparencia, grandes inversiones y moderar las sanciones.
- La crisis medioambiental y el cambio climático afectan a la seguridad humana por la carencia de suministros básicos como el agua, los alimentos y un aire limpio.
- Solventar estas crisis no eliminará las aspiraciones de libertad y derechos humanos de la población, pero sin afrontarlas el malestar social aumentará.
Análisis
Introducción
Las causas de las masivas protestas en Irán trascienden la triple crisis económica, energética y medioambiental que padece el país desde hace años. Las encuestas muestran que la libertad y el respeto a los derechos humanos figuran de manera prioritaria en las preferencias ciudadanas iraníes, pero también la relevancia que otorgan a las cuestiones económicas y ambientales.[1] Antes de ser reprimidas con enorme violencia los pasados 8 y 9 de enero,[2] las protestas comenzaron en el bazar de Teherán por el colapso del rial, pero pronto tomaron un cariz político propagándose al conjunto del país. El trasfondo de crecientes dificultades económicas, escasez de combustible, apagones continuos, problemas de suministro de agua y elevados niveles de contaminación atmosférica urbana actuaron como catalizadores de las protestas. El análisis aborda la naturaleza y las perspectivas de cada una de estas crisis, concluyendo que seguirán deteriorando el nivel de vida y alimentando el malestar de la población. Las conclusiones son contingentes al impacto de eventuales nuevos ataques al país por parte de Israel o Estados Unidos (EEUU) y a un cambio en el régimen de sanciones, que requerirían un análisis específico.
Crisis económica
El 28 de diciembre de 2025 el tipo de cambio del rial iraní se hundía a mínimos históricos de unos 1.445.000 riales por dólar en el mercado paralelo, tras caer alrededor de un 10% en un día, casi un 25% en un mes y un 60% desde el 12 de junio, fecha de comienzo de la guerra de los 12 días y los primeros bombardeos israelíes. Los comerciantes de varios centros comerciales de teléfonos móviles cercanos al Gran Bazar en el centro de Teherán cerraron sus tiendas y se concentraron para entonar cánticos de protesta contra el régimen por un colapso del rial que les impedía ejercer su actividad. La revuelta de los bazaaris, que colaboraron en la caída del Sha y financiaron el regreso de Khomeini, supuso un punto de inflexión.
Numerosos transeúntes se unieron a las protestas, que se extendieron rápidamente por otros puntos de la ciudad y, en días sucesivos, al resto del país. El colapso cambiario venía precedido de una rápida depreciación del rial en los años previos (véase la Figura 1 para las medias anuales), acelerada tras la guerra de los 12 días. Las previsiones apuntan a que el rial seguirá perdiendo valor en 2026 y los próximos años; de hecho, en las primeras semanas de enero ya había caído muy por debajo de las previsiones de los analistas, hundiéndose rápidamente a los niveles medios pronosticados para 2028 y 2029. A fecha de cierre de este análisis, el 27 de enero de 2026, el tipo de cambio en el mercado paralelo había seguido cayendo hasta los 1.482.500 rial/dólar.
El hundimiento del rial ha reforzado las presiones inflacionistas: en 2025, la inflación media anual se situó por encima del 40% (Figura 2), pero en diciembre ya superaba el 52% interanual según los últimos datos de The Economist Intelligence Unit (EIU). La subida del nivel de precios de los alimentos superaba en diciembre de 2025 el 72% interanual, deteriorando gravemente el nivel de vida de la población y convirtiéndose en otro catalizador de las protestas. Se prevé que la inflación seguirá en niveles muy elevados en 2026 (41,6% según el Fondo Monetario Internacional –FMI– y 50% según EIU), para reducirse levemente en 2027 (33,8% según el FMI y 40% según EIU) y mantenerse en el 30% en 2028 y 2029, cayendo al 25% en 2030. Al igual que ocurre con la caída del rial, la inflación seguirá suponiendo un serio problema económico y un factor de malestar social hasta finales de la década. Se prevé que la desaparición de los tipos de cambio subsidiados para la importación de alimentos básicos acelere la subida de sus precios.
Figura 2. Irán: crecimiento del PIB, inflación y déficit público, 2020-2030
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 2026^ | 2027^ | 2028^ | 2029^ | 2030^ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflación (IPC, %) | 36,5 | 40,2 | 45,8 | 40,7 | 32,5 | 42,4 (41,8) | 41,6 (50) | 33,8 (40) | 28,7 (30) | 25 (30) | 25 (25) |
| Déficit público (% PIB) | -4,9 | -3 | -2,6 | -2,5 | -3,8 | -4,4 | -4,3 | -3,8 | -3,7 | -3,5 | -3,4 |
| Crecimiento PIB (%) | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 3,7 | 0,6 (-1,6) | 1,1 (-2) | 1,6 (1,5) | 2 (2,1) | 2 (1,9) | 2 (2) |
Fuente: FMI, 2026 World Economic Outlook Update, enero; y (entre paréntesis) The Economist Intelligence Unit (EIU).
La capacidad de la política monetaria iraní para contener la inflación es muy limitada. Debido a las sanciones internacionales, Irán no puede acceder a los mercados financieros internacionales y el gobierno sólo puede financiar el déficit recurriendo a imprimir moneda (monetización del déficit), reforzando las presiones inflacionarias y cambiarias. Se prevé un déficit público por encima del 4% en 2026 y en el entorno del 3,5-4% hasta finales de esta década. Las dificultades del gobierno para contener el gasto y aumentar los ingresos se verán probablemente agravadas por la dificultad de reducir los subsidios energéticos y el gasto social sin exacerbar el malestar de la población.
El rechazo del presupuesto por un parlamento iraní controlado por los ideólogos del régimen obligó en los primeros días de las protestas a su modificación para reducir las medidas de austeridad del gobierno pragmático del presidente Pezeshkian.[3] Entre las medidas de austeridad mantenidas en el nuevo presupuesto está la eliminación del tipo de cambio subsidiado para los bienes básicos, la reducción de los subsidios energéticos (aunque sólo para grandes consumidores) y limitar la inversión pública a aquellos proyectos próximos a su finalización y con mayor impacto económico. Según EIU, la propuesta para aumentar los salarios y las pensiones del sector público en un 20%, muy por debajo de la inflación, fue rechazado por el parlamento, que ha conseguido aumentarlos en un 43%. Otra medida de gasto para compensar la eliminación del tipo de cambio subsidiado a las importaciones esenciales consiste en emitir cupones mensuales para cada iraní por valor de unos siete dólares intercambiables por alimentos.
La mala gestión económica del gobierno, la corrupción, la caída del poder adquisitivo y de la demanda pública y privada se suman a las duras sanciones a que está sometido el país. El resultado es que el crecimiento real del PIB se ha hundido, aunque las estimaciones para 2025 y las previsiones para años sucesivos varían según las fuentes (Figura 2). El FMI estima para 2025 un bajo crecimiento del 0,6% del PIB, mientras que EIU estima una caída del 1,6%. Las diferencias se mantienen en las previsiones para 2026: 1,1% según el FMI y -2% según EIU. Para 2027-2030, las previsiones convergen entre el 1,5 y el 2%, en todo caso muy por debajo del periodo 2020-2024, cuando el crecimiento osciló entre el 3,7% y el 5,3%. La economía seguirá padeciendo una crisis de crecimiento en los próximos años, incluso una recesión en 2026, imposibilitando una mejora en las condiciones de vida de la población.
El efecto económico de las sanciones es claro, pero su estimación resulta objeto de controversia.[4] Un análisis contrafactual para el período 1989-2019 estima que sin sanciones el crecimiento anual promedio del PIB podría haber rondado el 4-5% frente al 3% alcanzado.[5] Se trata de un coste elevado (1-2 puntos porcentuales menos de crecimiento durante tres décadas), explicado por los efectos directos e indirectos de las sanciones. Entre los directos están los obstáculos a las exportaciones de petróleo, el aislamiento financiero por la exclusión de Irán del sistema de pagos SWIFT, el hundimiento de la inversión extranjera, las interrupciones en las cadenas de suministro y la pérdida de valor del rial. Los daños indirectos se deben a las respuestas disfuncionales de política económica a las sanciones, como la promoción de una «economía de resistencia» basada en la autosuficiencia y la priorización del gasto ideológico y de seguridad, incluyendo la asignación de más recursos a programas de defensa.
Parte de esos efectos indirectos se explican por la economía política de la elusión de sanciones, que reforzaron las redes de intermediarios, las empresas fachada y a los actores con conexiones políticas para gestionar el comercio informal y el contrabando (incluido el de petróleo y derivados). Esta realidad ha agudizado las desigualdades, una preocupación clara de la sociedad iraní según las encuestas, y el desplome de la clase media. La opacidad ha generado mucha corrupción: según Transparencia Internacional, Irán estaba en 2024 entre los países más corruptos del mundo, en el puesto 151 de los 180 países evaluados. Opacidad y corrupción también están en el origen de una crisis bancaria con severos efectos sobre la economía y la población. El creciente control por parte de la Guardia Revolucionaria de buena parte de la economía iraní es otra de las consecuencias de la “economía de resistencia” seguida por el régimen.
A todo ello se añade el gasto en el programa nuclear y de misiles, así como el apoyo a los aliados de la República Islámica en Oriente Medio[6] y a Venezuela. El malestar de la población iraní por el desvío de recursos escasos hacia esos aliados se plasmó en una consigna muy coreada durante las protestas: “ni por Gaza ni por Líbano, sacrifico mi vida por Irán”. Finalmente, debe considerarse el negativo efecto económico de las propias protestas. Su intensidad y duración, así como la violencia ejercida para sofocarlas han deprimido el consumo y la actividad comercial por el cierre de establecimientos y la violenta represión en las calles. El apagón de Internet ha supuesto la desaparición de los servicios y ventas online, de las que dependen las pequeñas empresas y emprendedores que operan desde sus casas, numerosos proveedores de servicios informáticos y de enseñanza y un sector de minado de criptomonedas en expansión.
Crisis energética
Una de las consecuencias de la mala gestión económica y el desvío de recursos hacia la seguridad, los programas nuclear y armamentístico y los aliados del “eje de resistencia” es la crisis energética que asola al país. La crisis se manifiesta en la escasez de combustibles para el transporte y la generación eléctrica, muy dependiente del gas natural, así como el mal estado de las redes de gas y electricidad. Las sanciones han empeorado la situación de un sector energético incapaz de importar equipos y servicios para mantener y ampliar las instalaciones y abastecer una demanda creciente. No obstante, las sanciones no explican por sí solas la crisis sistémica del sector energético, pues el país tiene acceso a los equipos y servicios de China y Rusia, esta última vecina de Irán y con experiencia en gestionar sanciones internacionales sin que su población haya sufrido cortes del suministro. El sector también se ha visto afectado por los ataques de Israel, aunque el impacto ha sido limitado: los ataques israelíes de octubre de 2024 afectaron a dos gasoductos, mientras que los de junio de 2025 atacaron un depósito de almacenamiento de petróleo y dos plantas de tratamiento de gas del campo de South Pars.
El deterioro de los servicios energéticos es especialmente grave en un país dotado con ingentes recursos: según el Statistical Review of World Energy de 2025, Irán alberga el 9% de las reservas probadas mundiales de petróleo, las cuartas mayores del mundo, pero en 2024 sólo representaba el 5% de la producción mundial; y el 17% de las reservas probadas de gas natural, las segundas del mundo sólo por detrás de Rusia, pero apenas el 6,5% de la producción mundial. Irán cuenta también con grandes recursos solares y eólicos, pero ha sido incapaz de desarrollarlos y su contribución a la generación eléctrica es negligible. Pese a que los subsidios al consumo energético alcanzan el 25% del PNB del país y suponen una pesada losa presupuestaria, las interrupciones de suministro son un motivo de malestar que ha causado repetidas protestas sociales.
La recurrente escasez de gasolina genera especial malestar entre los iraníes, a los que resulta difícil explicar que las cuartas reservas mundiales de petróleo no permitan abastecer la demanda doméstica; especialmente considerando el fuerte aumento de la producción desde 2021 (Figura 3), cuando se relajó la aplicación de las sanciones internacionales. Según fuentes oficiales, la demanda de combustibles ha llegado a alcanzar los 140 millones de litros diarios, muy por encima de los 110 millones producidos. El déficit de refino obliga a Irán a importar gasolina, unos 2.000 millones de dólares en 2025 según el Tribunal de Cuentas iraní y casi 6.000 millones según el gobierno, sin que quede claro qué cifra es la real. Esa gasolina importada a precios de mercado, mucha desde Rusia, se vende en las gasolineras a precios subsidiados.
Las causas de la escasez de gasolina son múltiples, pero el principal motivo es el fuerte nivel de subsidios para evitar las protestas surgidas tras intentos previos de reducirlos. En noviembre de 2019 se produjeron importantes protestas por un aumento abrupto del precio de los combustibles que fueron violentamente reprimidas. El gobierno no se había atrevido a volver a reducir los subsidios a la gasolina hasta diciembre de 2025. Aunque de manera más pausada y enfocada en los grandes consumidores, la medida causó gran malestar y acentuó las subidas de precios de los alimentos. Los subsidios incentivan además un lucrativo contrabando hacia países vecinos donde los precios son mucho más altos, especialmente Irak, Turquía y Pakistán. Se estima que alrededor del 20% de los combustibles vendidos en las gasolineras iraníes se destina al contrabando.
Las refinerías iraníes operan muy por debajo de su capacidad debido a su obsolescencia y mal mantenimiento. Los subsidios impiden que las refinerías obtengan la rentabilidad necesaria para invertir en mantenimiento y mejora de las instalaciones. Varias tienen dificultades para operar por la falta de suministro de electricidad. Además, están controladas por la Guardia Revolucionaria, que las gestiona de manera opaca y corrupta, participando activamente en las redes de contrabando.[7] Parte de los fondos gubernamentales asignados para su mantenimiento y mejora son desviados a otros fines, como ocurre con el resto del sector energético.
La política exterior iraní ha contribuido a empeorar la escasez: durante casi una década, Irán suministró a Siria entre 80.000 y 100.000 barriles diarios de petróleo a coste cero mediante créditos que nunca se recuperarán tras la caída de Assad. EEUU también ha sancionado a varios intermediarios y buques de la flota fantasma dedicados al contrabando de petróleo destinado a Hizbulah y la fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria fuera de Irán. Se estima que la tercera parte de las exportaciones iraníes de petróleo son gestionadas por la Guardia Revolucionaria, reduciendo los ingresos de la compañía nacional iraní de petróleo e imposibilitándola para cubrir sus costes. Las sanciones estadounidenses al petróleo iraní exigen descuentos al alza en el precio de sus exportaciones, mayoritariamente destinadas a China, que alcanzaron los nueve dólares por barril en enero de 2026, además de costes crecientes para evadir las sanciones. El empleo de la flota fantasma implica primas elevadas a las aseguradoras, tripulaciones e intermediarios, trasbordos y otros costes logísticos que reducen los ingresos por las exportaciones de crudo.
Algo semejante ocurre con el sector del gas natural, que suponía en 2024 casi el 70% de la producción de energía primaria de Irán y el 86% de su matriz eléctrica según el Statistical Review of World Energy. Irán es también el segundo país en el mundo, sólo por detrás de Rusia, que más gas desperdicia con el flaring (la quema de gas en los yacimientos de petróleo por no poder recuperarlo), el 13% del total mundial, unos 21 bcm (miles de millones de metros cúbicos) que equivalieron ese año al consumo de Polonia. Debe sumarse la pérdida de unos 7 bcm anuales por las pérdidas en su sistema de transporte y distribución, el equivalente al consumo de Grecia. Con las segundas reservas mundiales, Irán padece una escasez recurrente de gas en invierno y en verano, cuando el consumo aumenta con el uso de la calefacción y el aire acondicionado por los rigores del clima del país.
Se estima que el déficit de producción sobre la demanda de gas alcanza entre el 25% y el 30%, tanto por la ineficiencia del sector como por su incapacidad para realizar las inversiones necesarias para desarrollar sus enormes recursos. Las sanciones suponen sin duda un impedimento, pero al igual que ocurre con el sector del petróleo y el eléctrico no bastan para explicar el déficit de producción en la medida en que cuenta con acceso a los equipos rusos y chinos, ambos con sólidos sectores gasistas. No obstante, las sanciones afectan a la explotación de los yacimientos de gas. Irán tiene dificultades para la explotación del campo supergigante South Pars compartido con Qatar (donde se denomina North Field) y que conjuntamente constituye el mayor campo de gas del mundo. Debido a la falta de sistemas de compresión occidentales, Qatar obtiene rendimientos mucho mayores a los de Irán, obligado a recurrir a compañías nacionales con peor tecnología.
Las causas de la crisis gasista iraní son similares a las del sector petrolero: desincentivos a la inversión y el ahorro, mala gestión de un sector controlado en gran medida por la Guardia Revolucionaria, corrupción, mal mantenimiento de las infraestructuras de extracción, procesado, transporte y distribución, así como falta de capacidad de almacenamiento para gestionar los picos estacionales de demanda. Los efectos de la crisis gasista no se limitan al mal servicio proporcionado a los hogares. El sector petrolero padece una escasez de gas para reinyectar en los yacimientos de crudo y maximizar su producción. Los sectores del acero y el cemento también sufren la escasez de gas y han visto reducida su producción sustancialmente en los últimos años. Lo mismo ocurre con los fertilizantes, cuyo encarecimiento afecta a los rendimientos y precios agrícolas. La crisis también afecta a las exportaciones de gas, que tienen crecientes dificultades para cumplir los contratos con Armenia, Turquía y, hasta la reciente imposición de sanciones estadounidenses, con Irak. El mantenimiento de estas exportaciones de gas, aunque justificadas por la “economía de resistencia” en la necesidad de obtener ingresos, también genera desafección entre una población afectada por su escasez en el mercado doméstico.
Dado su peso en la matriz eléctrica, la crisis gasista ha derivado en una crisis eléctrica, aunque el sector eléctrico padece sus propios problemas, semejantes a los del resto del sector energético. Un sistema eléctrico obsoleto, mal mantenido y con un fuerte déficit de inversiones se plasma en una baja eficiencia, tanto en la generación como en el transporte y la distribución de electricidad. Muchas plantas de generación tienen más de 30 años y se estima que el 13% de la electricidad generada se pierde en la transmisión y distribución por unas redes igualmente antiguas y mal mantenidas. Gran parte de la generación está privatizada, pero los elevados subsidios al consumo impiden recuperar costes y el sector acumula impagos del gobierno. El déficit de generación se suma al mal estado de plantas y redes para causar apagones recurrentes, especialmente durante las olas de frío en invierno y de calor del verano. Los continuos apagones se han convertido en la norma en los últimos meses y han contribuido al deterioro de la economía y al creciente malestar de la población.
Los efectos de la “economía de resistencia” sobre el sector eléctrico se dan también por el recurso a las criptomonedas: algunas estimaciones apuntan a que un 5% de la generación eléctrica equivalente al 15-20% del déficit eléctrico se emplea en minar criptomonedas, en parte por la Guardia Revolucionaria para evadir sanciones y obtener ingresos. También hay un elevado número de operaciones de minado ilegales fuera del control de las autoridades, incrementando las pérdidas económicas de los apagones eléctricos y de internet.
Crisis medioambiental
Lejos de resultar un tema menor, la crisis medioambiental que padece el país afecta severamente a la calidad de vida de su población, figura de manera prominente en las encuestas y es causa de continuas protestas por parte de la comunidad. La crisis medioambiental impacta directamente la seguridad humana, especialmente la crisis del agua y la contaminación del aire en las ciudades, agravadas por un cambio climático que continuará intensificando las sequías, las inundaciones y las olas de calor.
Las políticas hídricas iraníes para los recursos de superficie y los acuíferos han llevado al país a una “bancarrota hídrica”. La mala gestión de las aguas superficiales incluye la construcción de embalses y trasvases intercuenca sin evaluación de impacto ambiental, usos agrícolas ineficientes, sobreexplotación por parte de la industria y destrucción de humedales. Decenas de presas se construyeron en ríos demasiado pequeños que en vez de solucionar la escasez la exacerbaron al aumentar las pérdidas por evaporación, reducir los caudales río abajo y desecar humedales y acuíferos; en la actualidad, muchos de esos embalses están prácticamente vacíos. La sobreexplotación de las aguas subterráneas para aumentar los regadíos también ha tenido graves consecuencias ambientales y socioeconómicas: hundimientos de terrenos, contaminación del agua y deterioro de los ecosistemas.[8] Casi una cuarta parte de las reservas de agua subterránea del país se han agotado y 32 de los 50 acuíferos más sobreexplotados del mundo están en Irán.[9]
La gravedad de la situación tras cinco años de sequía extrema llevó al presidente Pezeshkian a advertir en octubre de 2025 que en ausencia de lluvias habría que racionar el suministro de agua en Teherán e incluso trasladar la capital a la costa. El motivo era el descenso en los niveles de los embalses que la abastecen al 12% de su capacidad y la sobreexplotación de los acuíferos, que está causando el hundimiento de partes de la ciudad. En Teherán, con más de 10 millones de habitantes, los cortes de presión nocturnos se han convertido en la norma y a principios de diciembre los grifos ya se habían secado en los distritos del sur, lo que equivale a medidas de racionamiento no reconocidas oficialmente. Los cortes y el racionamiento también amenazan Mashhad y Tabriz, segunda y cuarta ciudades del país con 3,5 y 1,8 millones de habitantes, respectivamente. Aunque las recientes lluvias parecen haber paliado el problema, no lo resolverán ni siquiera a corto plazo, por lo que es previsible que el deterioro de un servicio público básico siga catalizando el descontento de la población, especialmente considerando su dimensión política.
La crisis hídrica tiene, en efecto, claros componentes políticos. La denominada “mafia del agua” es una red con conexiones políticas responsable de impulsar megaproyectos con consecuencias medioambientales desastrosas. Esta red se beneficia de la opacidad del régimen, beneficiándose de la construcción de presas, el despilfarro de agua y la sobreexplotación de acuíferos bajo el pretexto de la seguridad nacional. La mafia del agua incluye el control por parte de la Guardia Revolucionaria de gran parte de los proyectos hídricos y la falta de transparencia en el uso de fondos públicos, algunos destinados a proyectos que agravan los riesgos hídricos. La crisis del agua ha impulsado numerosas protestas, algunas recurrentes como las de la región y la ciudad de Isfahán, donde el desvío de agua a industrias pesadas controladas por la Guardia Revolucionaria ha secado el río Zayandeh Rud. El sobreuso en la agricultura también se debe a una “economía de resistencia” para evitar el efecto de las sanciones sobre las importaciones de alimentos mediante la búsqueda de una imposible autosuficiencia alimentaria: sencillamente, Irán no tiene agua suficiente.
Otra causa de malestar ciudadano en las principales ciudades iraníes es la elevada contaminación del aire, sobre la que hay evidencia empírica acerca de su incidencia en el aumento de la morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias en ciudades como Teherán. La contaminación del aire urbano está relacionada con las crisis hídrica, energética y económica, así como por la caída media de precipitaciones por el cambio climático. La escasez de gas natural ha obligado a las centrales eléctricas térmicas a sustituirlo por mazut, un fuelóleo pesado y con alto contenido en sulfuro mucho más contaminante. La mala calidad de los combustibles para automoción producidos por unas refinerías obsoletas y en pésimo estado de mantenimiento se suma a una flota de vehículos muy antigua y de elevado consumo. Los subsidios a los combustibles desincentivan la reducción del consumo industrial y del transporte, así como la adquisición de vehículos modernos eficientes, lastrada también por la caída de poder adquisitivo derivada de la crisis económica.
Otros factores, además de los energéticos y económicos, impulsan la contaminación del aire. La desecación de lagos, ríos, embalses y humedales aumenta el polvo en suspensión, mientras que las menores precipitaciones mantienen la contaminación sobre las ciudades durante más tiempo. Las sanciones también han contribuido parcialmente al restringir el acceso a sistemas modernos de control de la calidad del aire y tecnologías industriales y motores de bajas emisiones. Pero la mayor responsabilidad de que muchas grandes ciudades de Irán superen la concentración permisible de contaminantes atmosféricos, en particular partículas en suspensión, dióxido de azufre, carbono negro y ozono, recae sobre las autoridades. Aunque existen regulaciones para abordar la contaminación atmosférica, su aplicación y cumplimiento no son eficaces. Junto con la resolución de la crisis energética e hídrica, los desafíos más importantes son la ineficiencia de los sistemas de regulación y supervisión, así como la falta de sistemas y tecnologías de control de la calidad del aire.[10]
La situación ha empeorado recientemente por la ausencia de lluvias, aunque se moderó temporalmente por las precipitaciones de diciembre. Durante varios días de noviembre de 2025 Teherán fue una de las ciudades más contaminadas del mundo, alcanzando la calidad del aire la categoría de “muy mala para la salud” (very unhealthy).[11] La autoridad de Control de la Calidad del Aire de Teherán recomendó evitar la exposición al aire libre, instando a personas mayores, niños y pacientes con enfermedades cardiovasculares y respiratorias a permanecer en sus hogares. También se impusieron restricciones al tráfico y las oficinas gubernamentales, los bancos y otros negocios operaron con personal reducido y se ordenó a algunos empleados trabajar a distancia. Este tipo de restricciones son cada vez más frecuentes en Teherán y otras grandes ciudades iraníes y obligan al cierre de colegios, universidades y otros establecimientos públicos.
Finalmente, Irán es un país muy afectado por el cambio climático y sus efectos a corto plazo se prevén igualmente graves. Los estudios científicos apuntan un aumento significativo en la frecuencia de las sequías, la intensidad de las precipitaciones, las temperaturas y la frecuencia y duración de las olas de calor. Se prevé que las áreas de alto riesgo de acontecimientos meteorológicos extremos aumenten hasta abarcar más del 36% del área total del país en 2028.[12] Estas previsiones implican la necesidad de adoptar medidas urgentes de adaptación para afrontar los impactos de la escasez hídrica, las inundaciones y las olas de calor. Sin embargo, la estrategia iraní ha sido criticada por sus elementos de maladaptación, como ya se ha expuesto para el agua y la agricultura. Sin las medidas de adaptación adecuadas, el cambio climático agravará la crisis ambiental y con ella el malestar de la población al afectar a suministros básicos como el agua y la alimentación, así como a la calidad del aire.
Conclusiones
Del análisis de la triple crisis económica, energética y medioambiental se derivan las correspondientes perspectivas sobre su evolución:
- En ausencia de un poco probable proceso de reforma de la política económica y un cambio de orientación en su política exterior (incluyendo el programa nuclear) que permita levantar las sanciones, el deterioro del tipo de cambio, de la inflación, del déficit público y del crecimiento seguirán marcando el contexto económico y empeorando el nivel de vida de la población y alimentando su malestar. De hecho, la solución de la crisis económica pasa por la adopción de medidas de ajuste y reformas impopulares. Sólo un retorno a las negociaciones nucleares que permitan levantar o al menos flexibilizar las sanciones podría aliviar el coste del ajuste y del proceso de reformas, pero ambos son en todo caso inevitables.
- Las perspectivas de superar la crisis energética tampoco son halagüeñas. Solucionar la escasez de gasolina, los problemas de suministro de gas natural y los apagones también requeriría una profunda reforma del sector energético: reducción y racionalización de unos subsidios muy costosos y regresivos socialmente, pero que plantean un coste político difícil de asumir; inversiones masivas en yacimientos de gas, refinerías, generación eléctrica y redes de gas y electricidad; medidas contra la corrupción; y el final o la relajación de las sanciones para modernizar el sector, atrayendo inversiones extranjeras y facilitando la importación de equipamiento. Parece difícil que a corto plazo se cumplan estas condiciones, en su totalidad o en parte, por lo que resulta previsible que los servicios energéticos sigan degradándose con el consiguiente efecto negativo sobre la economía y las condiciones de vida.
- La crisis medioambiental afecta directamente a la seguridad humana iraní por los problemas de suministro de servicios básicos como el agua, aire limpio y alimentos, generando un fuerte malestar social. La crisis del agua ya ha impulsado numerosas protestas en el pasado y los elevados niveles de contaminación del aire urbano tienen graves consecuencias sobre la salud. Los efectos del cambio climático seguirán agravando la escasez de agua, la carestía de los alimentos y la contaminación atmosférica, y requieren medidas urgentes de adaptación sin las cuales la calidad de vida de la población seguirá deteriorándose.
En suma, solventar la triple crisis económica, energética y medioambiental no bastará para calmar un malestar social centrado en las aspiraciones políticas de una población que muestra una fuerte preferencia por las libertades individuales y los derechos humanos. No obstante, las encuestas muestran que las cuestiones económicas y ambientales también resultan importantes para la población iraní. Sin abordar esas tres crisis, su calidad de vida seguirá degradándose y aumentando el malestar social. El impacto de eventuales nuevos ataques por parte de Israel o EEUU pueden agravar la triple crisis en función de su intensidad y de que los objetivos seleccionados incluyan infraestructuras clave para la economía, el sector energético o las infraestructuras hídricas. En sentido contrario, las tres crisis podrían aliviarse con un poco probable cambio en el régimen de sanciones que implicase su retirada o flexibilización, pero difícilmente solucionarlas sin abordar la mala gestión, la opacidad y la corrupción que en gran medida las han originado o, como mínimo, agravado.
[1] En una encuesta de junio de 2024 sobre partidos políticos hipotéticos para medir el apoyo a diferentes ideologías figuraron en primer lugar aquellos que prioricen las libertades individuales y los derechos humanos (37%), seguidos por los defensores de la justicia social y los derechos de los trabajadores (33%) y los nacionalistas (26%). En cuarto y quinto lugar estaban los centrados en cuestiones ambientales (10%) y los defensores del libre mercado (9%). En última posición, apoyados por apenas el 5% de los encuestados, estaban los que prioricen los valores tradicionales y religiosos.
[2] A la espera de datos fiables, se trataría de la mayor masacre de la historia contemporánea iraní, mucho mayor que las 200 muertes causadas por la represión de las protestas que siguieron a la muerte de Mahsa Amini en 2022 tras ser arrestada por la policía de la moralidad. En el momento de cerrar este análisis, las cifras de muertos oscilan entre 5.000 y 14.000, aunque algunas fuentes apuntan a que hasta unos 36.500 iraníes podrían haber sido asesinados por las fuerzas de seguridad en esos dos días.
[3] Se prefieren los términos de ideólogos y pragmáticos a los de reformistas y hardliners siguiendo la precisión de Bernard Lewis (1988), “Islamic Revolution”, en From Babel to Dragomans, Oxford University Press, 2004, p. 307. El concepto de “pragmáticos” también es aplicado por Alan Richards y John Waterbury (2008), A Political Economy of the Middle East, 3ª edición, Westview, p. 322.
[4] Irán era, hasta las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania, el país más sancionado del mundo. Las de mayor impacto económico son las sanciones directas y secundarias (extraterritoriales) de EEUU, aliviadas tras el pacto nuclear pero reimpuestas por la política de “máxima presión” en la primera presidencia Trump con el abandono estadounidense del pacto nuclear, y de nuevo en su segundo mandato en febrero de 2025. La Unión Europea (UE) activó el mecanismo de reimposición de sanciones de Naciones Unidas (mecanismo snapback) en septiembre de 2025. Irán fue desconectado del sistema de pagos SWIFT en 2012 y de nuevo en 2018. Véase Carmen-Cristina Cîrlig (2025), “International sanctions on Iran. Overview of the main regimes and recent events”, European Parliament Briefing, 26/IX/2025.
[5] Laudati, D. y Pesaran, M. H. (2023), “Identifying the effects of sanctions on the Iranian economy using newspaper coverage”, Journal of Applied Econometrics, 38(3): 271-294.
[6] Véase el magnífico análisis de Mohsen M. Milani (2025), Iran’s Rise and Rivalry with the US in the Middle East, Simon and Schuster.
[7] Sobre la lucha de poder interna por el control del sector petrolero iraní véase Jalilvand, D. R. (2017), “Iranian energy between nuclear deal, oil price decline, and the new US administration”, en The Political and Economic Challenges of Energy in The Middle East and North Africa (pp. 95-105), Routledge, p. 99.
[8] Veysi, S. y Nouri, M. (2026), “Decoding the water crisis in Iran: policy challenges and resource constraints”, en Rahmati et al., Water Scarcity Management, Elsevier: 305-324.
[9] Jasechko, S., Seybold, H., Perrone, D. et al. (2024), “Rapid groundwater decline and some cases of recovery in aquifers globally”, Nature 625: 715–721.
[10] Taghizadeh, F., Mokhtarani, B. y Rahmanian, N. (2023), “Air pollution in Iran: The current status and potential solutions”, Environmental Monitoring and Assessment, 195(6), 737.
[11] Por ejemplo, el 22 de noviembre de 2025 era la cuarta ciudad del mundo con peor calidad del aire según el índice de calidad del aire elaborado por IQAir, sólo por detrás de Taskent, Delhi y Lahore.
[12] Sobre los efectos a corto plazo (hasta 2028), véase: Asadi-RahimBeygi, N., Mofidi, A., Zarrin, A. et al. (2025), “Near-term climate extremes in Iran based on compound hazards analysis”, Scientific Reports 15, 43843.
