Inmigración ilegal y xenofobia en Suráfrica (ARI)

Inmigración ilegal y xenofobia en Suráfrica (ARI)

Tema: Suráfrica ha sufrido actos de violencia xenófoba contra población foránea que ha puesto en duda su reputación de país tolerante y a prueba su capacidad para solventar cualquier brote de inestabilidad política.

Resumen: Suráfrica ha sufrido brotes de violencia xenófoba contra población de países vecinos con la excusa de que los inmigrantes son los responsables de la falta de empleos, de la inseguridad y del crimen en el país. El resultado ha sido decenas de muertos, miles de desplazados, campos de refugiados y versiones conspirativas sobre quienes alientan y promueven la xenofobia, que cuestionan la reputación de Suráfrica como país tolerante y de convivencia multicultural y que pone en tela de juicio la capacidad para solventar, de forma inmediata, una crisis que afecta la estabilidad política y económica. Este ARI describe los hechos, analiza la situación en el país, las posibles causas que han generado esta situación y las posibles consecuencias para el futuro.

Análisis: Recientemente se han presenciado en la República de Suráfrica actos de xenofobia que han puesto en tela de juicio su reputación, justamente ganada, de sociedad modelo de tolerancia. Un país que para muchos analistas estaba abocado, en los años 90, a la guerra civil como sus vecinos Angola o Mozambique, asombró al mundo por su transición pactada y pacífica. Catorce años después, multitudes armadas con palos y armas de fuego han perseguido, apaleado, tiroteado e incluso incendiado tanto las viviendas y negocios de inmigrantes como a los propios inmigrantes. El resultado ha sido decenas de muertos y miles de desplazados y una reputación de convivencia multicultural gravemente dañada, y todo a dos años de convertirse en un polo de atención mundial al acoger la celebración del campeonato mundial de fútbol en el año 2010.

Los movimientos migratorios en África han sido siempre una constante. Guerras por recursos económicos, enfrentamientos étnicos, golpes de Estado, sequías y hambrunas o simplemente la falta de oportunidades y trabajo, siempre han ocasionado el desplazamiento de miles de personas de unos países a otros en busca de un mejor destino.

Dentro del África subsahariana, Suráfrica ha sido y sigue siendo uno de los destinos más atractivos debido a varios motivos:

  1. Es el país más desarrollado de todo el continente, con infraestructuras como en cualquier país de Europa y con la economía más fuerte de la región.
  2. El fin del Apartheid ha hecho que la población negra esté en pie de igualdad (al menos, desde el punto de vista formal-legal) con la población blanca. Atrás quedaron los tiempos en los que había que tener un pase para estar en la ciudad a partir de ciertas horas, o no se podía acceder a determinados puestos de trabajo.
  3. Las fronteras de Suráfrica son muchos más permeables y consecuentemente es más fácil entrar que, por ejemplo, en Europa, el destino dorado del norte. De hecho, pasar de Mozambique a Suráfrica es algo tan simple como cruzar el parque nacional Kruger que une ambos países y que cuenta con unos 350 km de largo y unos 60 km de ancho. Si las fieras no dan cuenta del inmigrante (algo no improbable), el tránsito a la vecina Suráfrica está asegurado; o por el desierto del Kalahari, que une Namibia, Botsuana y Suráfrica, o por la costa del índico a través del estuario Saint Lucia en la frontera entre Mozambique y Suráfrica.
  4. Un inmigrante sin recursos pasará desapercibido por las calles de Suráfrica sin llamar la atención y, consecuentemente, sin ser automáticamente catalogado como inmigrante ilegal por parte de las autoridades, debido a que en Suráfrica todavía un porcentaje muy alto de la población (negra) vive por debajo del umbral de la pobreza. Si a esto se añade que conseguir documentación falsa en África es algo sencillo y relativamente barato, se puede comprobar que Suráfrica es un destino ideal para los inmigrantes de todo el continente.

A estos factores se añade la situación crítica que vive su vecino del norte, Zimbabue, que tras casi 30 años de poder absoluto de Robert Mugabe está al borde del colapso y ya ha provocado la salida de miles de ciudadanos que intentan tanto buscar un futuro económicamente más estable como escapar de la represión de lo que ya podría calificarse como un Estado terrorista y que, sin duda, irá a más en los próximos meses.

En este contexto de atracción de inmigrantes, por un lado, y de desempleo y pobreza elevados, que afecta especialmente a población negra, es donde se han producido los altercados xenófobos protagonizados por manifestantes de raza negra que cargaban contra población, también negra pero foránea, bajo la acusación de que quitaban el empleo a la población local y eran causa de inseguridad y crimen.

Aunque la violencia comenzó en un barrio de chabolas (township) en Johannesburgo a principios de mayo, se ha extendido a Ciudad del Cabo y Durban, es decir, afectando a las tres zonas más importantes del país y causando cerca de 60 muertes (de los que al menos un tercio son surafricanos), especialmente en los alrededores de Johannesburgo Se han generado más de 25.000 desplazados en unas dos semanas de ataques xenófobos en los que las multitudes han apuñalado, apaleado, violado e incluso incendiado a inmigrantes procedentes de diversos países de África, a los que se acusa de robar los puestos de trabajo a los ciudadanos de Suráfrica y de ser los responsables de los altos índices de criminalidad existentes en el país. La situación ha llegado a tal extremo que incluso compañías internacionales han retirado a sus altos directivos de Johannesburgo.

Secuencia de los hechos
Una multitud mató a disparos de arma de fuego a dos inmigrantes e hirió al menos a unos 40 más en el township Alexandra, cerca de Johannesburgo, bajo el grito de “no más inmigrantes ilegales”, durante el fin de semana del 10 y 11 de mayo. Los asaltantes entraron en las casas tirando las puertas a golpes, ordenando a quienes vivían allí que lo dejaran todo y se fueran. Durante el asalto, las víctimas fueron insultadas, golpeadas y robadas. El lunes 12, de nuevo otro muerto por arma de fuego e incluso intentos de violaciones, provocaron que docenas de inmigrantes ilegales buscaran refugio en las oficinas de policía y que se procediera al despliegue de la unidad de orden público de la policía, que se vio desbordada.

Inmediatamente, los principales partidos condenaron los hechos recordando que dañaban la imagen de tolerancia del país y les retornaban a tiempos pasados de racismo e intolerancia.

Durante los siguientes días, 14, 15 y 16 de mayo, aumentó la tensión en los townships y la violencia se extendió a otras zonas, como Diepsloot. Las fuerzas del orden se enfrentaron a manifestantes y consiguieron mantener la paz en Alexandra e impidieron una manifestación de más de 20.000 personas quienes, según la policía, dispararon con fuego real. Como consecuencia, la presencia policial, al mismo tiempo que la violencia, se expandió a otros townships. A la violencia contra los inmigrantes se unió el vandalismo, saqueo de tiendas, quema de neumáticos, violaciones, etc. En los primeros días de la oleada de violencia se detuvo a más de 50 personas.

Aunque los datos oficiales publicados no distinguen las nacionalidades de las víctimas, la violencia se cebó con los ciudadanos de Zimbabue, su vecino del norte, y cientos de ellos abandonaron sus hogares en Cleveland, suburbio de Johannesburgo. Dos personas fueron quemadas vivas, otros tres golpeados con palos hasta la muerte y unas 50 tuvieron que ser atendidas en hospitales de heridas de bala y golpes. Unas 300 personas tuvieron que buscar refugio en las comisarías de policía y numerosas tiendas fueron saqueadas y quemadas.

El 17 de mayo, organizaciones sindicales (como COSATU) convocaron manifestaciones de repulsa en Johannesburgo, recordando que la clase obrera no debía dirigir su ira contra los trabajadores inmigrantes sino contra su “verdadero enemigo”, los capitalistas. Las protestas sindicales no sólo manifestaron repulsa a los ataques contra los inmigrantes sino críticas contra la subida de precios de los alimentos y la situación insostenible de Zimbabue. Según recogieron los medios de comunicación locales, los manifestantes afirmaron que los extranjeros se merecían el ataque porque “nos están quitando los trabajos, las casas y las mujeres”.

El día 19, apenas una semana después de que comenzara este levantamiento contra los extranjeros, la violencia se había extendido ya por toda la provincia de Gauteng (la provincia en la que se encuentra Johannesburgo) afectando a Primrose, Reiger Park, Kya Sands, Zandspruit y Ramaphosa. El número de muertos se elevó a 19 y los desplazados de sus hogares se contaban ya por miles. También se dieron casos de acoso entre ciudadanos nacionales, es decir, ciudadanos de una región de Suráfrica contra otros surafricanos exigiendo que regresasen a sus regiones de origen.

La situación se agravó hasta el punto de que el ejército tuvo que intervenir a petición de la policía. El día 21 el número de muertos se elevaron a 42, los desplazados llegaron a los 16.000 y los detenidos a 400. La violencia xenófoba se extendió fuera de la provincia central de Gauteng y llegó a Kwazulu-Natal y Mpumalanga. Los objetivos fueron ciudadanos de cualquier país, aunque los de Zimbabue y Somalia se veían afectados especialmente.

La actuación de la policía para controlar la situación se vio enturbiada por acusaciones de abusos a la población inmigrante: robos de pertenencias como teléfonos móviles o televisiones y exigencia de pago de sobornos (rondando los 2.000-5.000 rands)[1] para los que no tenían documentación en regla.

El 22 y 23 de mayo la violencia alcanzó a Ciudad del Cabo y ciudades muy turísticas como Knysna, dentro de la denominada “Ruta Jardín”, donde se atacó a ciudadanos somalíes y zimbabuenses, quemando sus casas y sus negocios, sobre todo tiendas. Cientos de inmigrantes tuvieron que ser evacuados de los townships cercanos a Ciudad del Cabo. La cifra de desplazados se elevó a 25.000 en menos de dos semanas y la de arrestados por las fuerzas del orden a 500, ocasionando, según expertos, incluso una caída de la moneda surafricana, que se llegó a cambiar a 7,63 rands por dólar. De forma paralela, la subida del precio del petróleo y de los precios de los alimentos no hicieron más que incrementar las tensiones, que se terminaron por materializar en ataques a los inmigrantes a los que se les acusaba de “robar” empleo y aumentar el crimen.

El 24 de mayo miles de personas se manifestaron en Johannesburgo contra la xenofobia, recordando que este tipo de violencia política solo se asemejaba a la habida en los tiempos del Apartheid. Finalmente, el día 26 el ministro de Seguridad afirmó que la situación estaba bajo control, con un balance de 1.300 detenidos, 25.000 desplazados, 340 tiendas de inmigrantes asaltadas –de ellas 230 incendiadas– y más de 50 muertos.

Se prevé que el turismo se verá afectado negativamente, especialmente a semanas de que comience el verano en el hemisferio norte. Casi un millón de ciudadanos de Suráfrica viven del turismo, el sector es responsable del 8% de PIB y se estima que por cada ocho visitantes se crea un puesto de trabajo en el país.

A pesar de haber hecho gala de tener una de las legislaciones más abiertas del planeta en materia de inmigración, más de 10.000 inmigrantes de origen mozambiqueño han vuelto a su país y las autoridades en el país esperan que se doble la cifra. Esta posibilidad de retorno es mucho más complicada para otros ciudadanos, como los de Somalia o el vecino Zimbabue, donde la represión y crisis económica son de tal magnitud que los ciudadanos prefieren huir y esconderse en Suráfrica antes que volver a su país de origen.[2]

La incapacidad para contener la crisis también quedó patente en la actitud del propio presidente Thabo Mbeki, que apenas ha sido visto condenando la situación y cuya aparición pública se limitó a un comunicado de prensa y radio y la promesa de la creación una comisión de investigación, lo que le ha valido críticas de todo tipo. Sólo dos semanas después de los hechos, los calificó de “absoluta vergüenza” en un mensaje televisado.

Los desplazados han sido ubicados en alguno de los siete centros de acogida establecidos por los gobiernos locales. El ayuntamiento de Ciudad del Cabo acoge en varios campamentos a unos 10.000 y está enviando a mediadores y traductores para convencer a los desplazados de que se trasladen a uno de esos campamentos, entre los que se incluye un campamento militar. En otra zona, al este de Johannesburgo, miles de desplazados se agolpan en tiendas de campaña cedidas por ONG, formando campos de refugiados que recuerdan los que pueden verse con frecuencia en el resto del continente.

El gobierno ya anunció que no deportará a los que no tengan documentación, salvo que así lo deseen, para no hacer más daño a personas que han sufrido ya violencia e intimidación, y se ha anunciado un despliegue de fuerzas de pacificación en varios puntos de país.

Todos estos hechos sólo pueden entenderse si se analizan a la luz de la estructura socio-laboral de Suráfrica, todavía muy afectada por la herencia de 40 años de Apartheid. La tasa de desempleo[3] es del 27,5% pero su distribución no es homogénea. Por ejemplo, más de la mitad de los jóvenes entre 15 y 24 años está parado. Por otro lado, el desempleo afecta muy desigualmente a los grupos raciales. El porcentaje de parados varones blancos[4] es del 3,5%, mientras que de varones negros es del 23%. Ocurre algo similar en el caso de las mujeres: el 4,5 % de las mujeres blancas está en paro, mientras que entre las mujeres negras el porcentaje alcanza el 31,2%.

Según el censo de 2001, último disponible, hay 345.000 inmigrantes legalmente residiendo en el país procedentes de todo el continente africano, 88.000 procedentes de Europa, 16.000 de Asia, 6.000 de América del Norte, 5.000 de América del Sur y Central y 2.000 de Australia y Nueva Zelanda. Pero las cifras de inmigrantes ilegales son desconocidas y las estimaciones varían entre 5 y 10 millones de inmigrantes ilegales. Proceden en su mayoría de la República Democrática del Congo, Zimbabue, Malawi y Mozambique, aunque llegan también de lugares tan lejanos como Somalia. Su trabajo se concentra en la agricultura, construcción, turismo, servicio doméstico y comercio informal, es decir, en los mismos sectores donde se concentran los trabajadores no cualificados de nacionalidad surafricana, lo que produce competencia por los puestos de trabajo.

A esto se une una “fuga de cerebros” importante. Desde 1994, fecha de las primeras elecciones multirraciales, más 1 millón de ciudadanos de raza blanca ha abandonado el país por la falta de oportunidades originada por las políticas de affirmative action[5] y la devaluación de la moneda, entre otras razones. Todo esto hace que, paradójicamente, en Suráfrica se combinen un vacío importante en el sector laboral de alta cualificación y un elevado desempleo de personas no cualificadas. Es precisamente ahí, en el sector de empleo no cualificado, donde los surafricanos compiten con los inmigrantes ilegales.

Otro factor importante que ayuda a entender por qué las revueltas comenzaron donde lo hicieron, en la provincia de Gauteng, es el hecho de que la mayoría de los inmigrantes (tanto legales como ilegales) se encuentra en esa provincia,[6] conjuntamente con el Norte, frontera con Zimbabue, y el Este, frontera con Mozambique. Por otra parte, la provincia de Gauteng tiene la mayor densidad de población del país, superior a las 400 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en el resto de provincias ronda las 50, salvo Kwazulu-Natal con 100 personas por kilómetro cuadrado.

A esto se añade que los flujos migratorios internos se dirigen a la provincia de Gauteng, la única provincia que gana población mientras que las demás pierden. En los últimos siete años la provincia de Gauteng ha tenido un crecimiento de 511.000 personas, frente al descenso de población de todas las demás y las estimaciones de la oficina nacional de estadística prevén para el período 2006-2011 un crecimiento en Gauteng de más de 470.000 personas. Esto explicaría que también se hayan dado casos de xenofobia “interna” hacia ciudadanos surafricanos de otras provincias y que un tercio de los muertos sean surafricanos.

Suráfrica cuenta con unos niveles de criminalidad muy elevados y el recurso a la violencia es frecuente. Según la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y la Droga (UNODC), Suráfrica tiene la tasa más alta del mundo de homicidios (125 por cada 100.000 personas), por encima de Colombia, y el mayor índice de violaciones (1,19 por cada 1.000 personas), lo que concuerda con la violencia con la que los manifestantes se han expresado y con la práctica de violaciones durante las protestas.

Indicios en el pasado
A pesar de la sorpresa causada por los acontecimientos, ya había indicios de una creciente xenofobia en el país. La Comisión de Derechos Humanos venía observando un importante incremento de la xenofobia desde finales de los 90 y alertó en el 2007 de que ésta estaba aumentando de “forma preocupante”. En 2004, un grupo de refugiados congoleños y ruandeses en Ciudad de Cabo se pusieron en contacto con el presidente Thabo Mbeki a través de una carta en la que le comunicaban su preocupación por la inseguridad en la que se encontraban los inmigrantes en el país. Al igual que otros inmigrantes, ahora se niegan a ir a campos de refugiados, ya que, según dicen, una vez que se entra en un campo de refugiados “puedes morir en él sin importarle a nadie”. También en 2004, extranjeros africanos e indios fueron expulsados de sus puestos del mercado del township de Khayelitsha en las cercanías de Ciudad del Cabo.

Esta actitud de rechazo al extranjero (pobre) también ha quedado reflejada en las encuestas de opinión. A pesar de que Suráfrica es un país donde alrededor del 10% de la población afirma tener o el padre o la madre inmigrantes, según sondeos de opinión en 2006, el 30% de los encuestados afirmaba que se debía prohibir, sin más, la entrada de personas de otros países en Suráfrica. Este porcentaje era del 19% en 1995 y del 23% en 2000, lo que supone un importante aumento del rechazo a la presencia de extranjeros en la última década. En la misma línea, en el año 2006 sólo un 15% afirmó que se debía dejar entrar a extranjeros siempre que hubiera trabajo disponible, lo que suponía un descenso considerable respecto a los porcentajes de años anteriores (26,4% y 26,5% en 1995 y 2000, respectivamente). En otras palabras, el porcentaje de personas dispuestas a permitir la entrada de extranjeros si hay empleo se redujo y el porcentaje de personas que rechazaba, sin más, la entrada de extranjeros se disparó en una sola década, corroborando los informes de la Comisión de Derechos Humanos.

En este contexto de creciente rechazo a los extranjeros y habida cuenta de que las causas parecen ser la falta de empleo, el auge del crimen y la crisis económica producto de la subida de los precios de los alimentos y el petróleo, sólo cabe esperar que la situación se mantenga en calma en la medida en que las fuerzas del orden sigan en las calles, una calma que probablemente quedará quebrantada en cuanto el despliegue de policías y ejército se retire. Si a esto se añade que la situación en Zimbabue no puede sino empeorar ante la negativa de Robert Mugabe a aceptar su salida del poder, lo que provocará un aumento de la represión y del exilio y con ello la entrada de inmigrantes ilegales en Suráfrica, el panorama no es muy alentador.

El gobierno surafricano puede llenar las calles de miembros de las fuerzas del orden, pero mientras el problema de fondo no se solucione (control eficaz de fronteras, crecimiento económico) la situación seguirá siendo inestable.

Ante este horizonte cabe preguntarse qué pasaría si este escenario se hubiera dado o se repitiera dentro de dos años en plena celebración del campeonato mundial de fútbol con miles de visitantes de todo el planeta. ¿Está preparada Suráfrica para la gestión de un acontecimiento de tal magnitud?

Conclusiones: En dos semanas Suráfrica se ha visto azotada por una oleada de violencia de carácter xenófoba sólo comparable a la existente en los tiempos en los que el sistema de segregación racial estaba vigente, cuando la población negra no ostentaba el rango de ciudadano. Catorce años después de las primeras elecciones democráticas, la población negra se enfrenta a población también negra, pero de otra nacionalidad, e incluso se producen ataques entre ciudadanos negros de nacionalidad surafricana procedentes de distintas zonas del país.

Esto es especialmente llamativo en un país azotado durante décadas por el racismo y en el que muchos de sus ciudadanos, por razones de seguridad, tuvieron que buscar asilo en países vecinos, de donde procede buena parte de los que hoy han sido apaleados, asesinados y quemados.

La oleada de violencia ha dejado más de 50 muertos y 200 quemados, más de 25.000 desplazados y 340 establecimientos saqueados, todo en sólo dos semanas. En definitiva, ha sido una revuelta descontrolada que ha mostrado la debilidad del Estado surafricano ante una crisis y la incapacidad de la policía para mantener el control y que ha llegado a devaluar la moneda.

La “crisis de mayo” es un aviso al gobierno de las consecuencias que podría tener una crisis económica de mayores magnitudes, que no se antoja lejana si el precio del petróleo y los alimentos y la inestabilidad en países vecinos como Zimbabue siguen creciendo.

Carlos García Rivero
Profesor titular de Universidad del Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Burgos y especialista en elecciones, democracia y estabilidad política en África Sub-sahariana


[1] Entre 200-500 euros aproximadamente.

[2] Se estima que hay unos 3 millones de ciudadanos de Zimbabue en Suráfrica, siendo el grupo inmigrante más numeroso.

[3] Para estar considerado desempleado es necesario estar capacitado para trabajar y buscar empleo activamente. Si se considera a toda la población adulta no ocupada, el porcentaje de paro alcanza el 40%.

[4] La distribución racial en Suráfrica es la siguiente: 80 % de población negra; 8% de población mestiza, 2% de población asiática (principalmente de origen indio) y 10% de población blanca.

[5] Prioridad a la población negra en la contratación laboral.

[6] Suráfrica esta dividida en nueve provincias: Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Northern Cape, North West y Western Cape.