Tema: A poco más de tres meses de las elecciones presidenciales argentinas siguen sin despejarse las principales incógnitas e incertidumbres sobre la fecha de su realización y sobre la identidad de quiénes serán sus principales protagonistas. Esta situación se agudiza por las complicaciones, y fuertes divisiones, que sufren los dos partidos mayoritarios: el peronista y el radical.
Resumen: Un año después del colapso que arrastró al gobierno de Fernando de la Rúa, la dirigencia política Argentina continúa sin encontrar una salida a la crisis política abierta por la sucesión presidencial. A poco más de 100 días de la elección presidencial del 27 de abril, ni el Partido Justicialista ni la Unión Cívica Radical, los dos grandes partidos nacionales, consiguen superar sus fracturas internas ni la parálisis que ellas implican. Tampoco los candidatos alternativos a la izquierda y a la derecha del espectro político se muestran en condiciones de llenar el vacío. En tales condiciones, el resultado –y quizás hasta la realización misma- de las elecciones de abril aparece incierto.
Análisis: Una primera fuente de incertidumbre es la dinámica interna de los partidos. La Unión Cívica Radical (UCR), el partido surgido hace más de 110 años bajo la bandera del sufragio universal y la transparencia electoral, se encuentra virtualmente fracturado como resultado de unas elecciones internas signadas por el fraude y la desconfianza. Los comicios primarios por la candidatura presidencial celebrados el pasado 15 de diciembre, en los que se enfrentaron un conspicuo miembro de la fracción alfonsinista del partido, el diputado Leopoldo Moreau, y el ex dirigente de la Alianza y ex Jefe de Gabinete de De la Rúa Rodolfo Terragno, aún no han consagrado un ganador. Terragno, apoyado por las facciones mayoritarias del partido en grandes centros urbanos, ha acusado a Moreau de cometer fraude en varios distritos pequeños del interior, que eran su principal base de apoyo. Ante la imposibilidad de sellar un acuerdo para repetir la votación, el Poder Judicial se ha visto obligado a intervenir en el proceso electoral, y con ello el partido ha perdido ante la sociedad uno de sus principales activos: ser la única fuerza política argentina capaz de dirimir sistemáticamente sus diferencias internas por medio de la elección democrática de sus afiliados.
La situación del Partido Justicialista (PJ), uno de cuyos precandidatos se convertirá, casi con seguridad, en el próximo presidente, no es mejor. Examinada superficialmente, la crisis del mayor partido político argentino parece una pugna personal entre el actual presidente Eduardo Duhalde y el ex presidente Carlos Menem. Si éste fuera el caso, la solución pasaría por realizar elecciones internas que designen de una vez al triunfador y al derrotado. Sin embargo, la disputa entre Duhalde y Menem implica bastante más que una enemistad personal: en ella se juega la expresión de distintas coaliciones socioeconómicas y, también, el destino del conjunto de instituciones políticas que los contendientes utilizan como instrumento de lucha. No hay, pues, un único peronismo en la Argentina actual.
Menem fue presidente durante una larga etapa de diez años entre el derrumbe del Muro y la caída de las Torres, y la conjunción entre ese singular período y las vicisitudes de su gestión ha marcado a fuego su actual ubicación en el mapa político. El ex presidente es hoy una figura de inequívoco perfil conservador, que combina la ortodoxia económica, la subordinación a Estados Unidos en política internacional, y el autoritarismo en el manejo institucional y en las cuestiones de seguridad interna. Duhalde, en cambio, expresa un moderado retorno al peronismo tradicional. Horadadas sus iniciales inclinaciones populistas por efecto de la dura experiencia de gobierno, Duhalde manifiesta preferencias típicamente desarrollistas, como la pretensión de reconstruir una coalición productiva que genere masivamente puestos de trabajo usando la moneda devaluada como palanca, y parece aspirar a una política internacional algo más equilibrada entre el Mercosur, ALCA y la Unión Europea.
Representantes, pues, de coaliciones socioeconómicas antagónicas, Menem y Duhalde parecen incapaces de convivir en una misma fuerza política. La fractura partidaria que este antagonismo alienta ha venido incubándose desde la década pasada, cuando Menem impuso su rumbo reformista a un reticente peronismo. Pese a ser Vicepresidente de Menem y luego gobernador de la estratégica provincia de Buenos Aires –cuyo contingente de diputados era una de las llaves para conseguir la cooperación del Congreso con las reformas- Duhalde quiso aspirar, en 1999, a la sucesión presidencial mostrándose como referente oficioso de muchos insatisfechos. Después de que la reforma constitucional de 1994 y la reelección de Menem en 1995 lo privaran de la Presidencia, Duhalde se lanzó decididamente a distinguirse de Menem y a proclamar la hora final del “modelo económico” estructurado en torno a la convertibilidad. En enero de 2002 tuvo la oportunidad de realizar esa proclama cuando, al acceder al gobierno, decidió la devaluación que fue el último acto del colapso de la convertibilidad instaurada en 1991. Esta decisión, y el correspondiente anuncio de una nueva coalición productiva que reemplazaría a la “alianza con el capital financiero” propiciada por Menem, sellaron finalmente la escisión socioeconómica del peronismo.
Sólo resta, quizás, consagrar el cisma político, pero el trámite de esta ruptura no es sencillo. Tanto Duhalde como Menem aspiran a reunificar el peronismo bajo su propio liderazgo y con la exclusión definitiva del adversario, pero no podrán lograrlo sin ofrecer a los restantes líderes partidarios una oportunidad casi invulnerable de ganar las próximas elecciones. Ni uno ni otro se encuentran hoy en condiciones de cumplir con este requisito. La histórica base electoral de Menem, los sectores de bajos ingresos excluidos del mercado laboral, las clases medias bajas que añoran el consumo conspicuo posibilitado por la moneda fuerte y los sectores altos que apoyaron las reformas estructurales de los noventa, parece encontrarse hoy quebrada y dispersa. Parte de los más pobres sobrevive actualmente gracias a los planes de Jefes y Jefas de Hogar desocupados con que el gobierno de Duhalde atiende la emergencia social con subsidios públicos. Los sectores medios parecen haberse dividido según su disposición a soportar los costos de la crisis: los más dispuestos parecen atraídos por la oferta de centro-derecha del economista Ricardo López Murphy, breve ex ministro de Defensa de De la Rúa y con un brevísimo paso por la cartera de Economía, que combina la ortodoxia con la reconstrucción institucional; los más reticentes parecen engrosar hoy las filas del populista Adolfo Rodríguez Saá o aún de la centro-izquierda de Elisa Carrió. Estos reacomodamientos de las preferencias electorales potencialmente favorecen al peronismo antimenemista que Duhalde aspira a conducir, pero el actual presidente no ha logrado dar con ningún candidato capaz de suscitar el interés ciudadano ni, por consiguiente, el apoyo de los demás líderes internos, aunque finalmente ha decantado sus preferencias por el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner.
¿Qué elección?
En estas condiciones, las elecciones del 27 de abril parecen ser, como ha dicho el sociólogo y analista político Juan Carlos Portantiero, no ya la solución sino parte del problema. Si ningún candidato garantiza el triunfo, crece la posibilidad de la derrota. Para evitarla, Duhalde se ha empeñado en una estrategia de ensayo y error orientada a postergar –o directamente eludir- la elección interna, inicialmente fijada para el 23 de febrero próximo, hasta dar con un candidato capaz de unificar al resto del partido y derrotar a Menem. El problema es que la implementación de esta estrategia ha introducido en el régimen electoral argentino una volatilidad e incertidumbre que, de persistir, amenazan con extenderse a la esfera económica.
Un verdadero carrusel de fórmulas ha hecho de las instituciones electorales una arena más del conflicto que atraviesa el Partido Justicialista. Desde la caída de Fernando de la Rúa, el Congreso ha sancionado tres leyes electorales y más tarde las ha abrogado por sus vicios legales y por las dificultades para su aplicación política. El penúltimo episodio ocurrió a fines de 2002, cuando personal de confianza de Duhalde y de Menem parecieron llegar a un acuerdo para impulsar una ley de lemas claramente violatoria de la Constitución y que, en todo caso, no resolvería la escisión socioeconómica del partido. Por el contrario, forzaría a todos los candidatos a compartir sus votos con competidores que representan coaliciones radicalmente antagónicas.
El acuerdo duró 48 horas. Frente a los obstáculos jurídicos y políticos, Duhalde optó por retirar rápidamente la iniciativa y por insistir con otra variante conocida por el desafortunado término de “neolemas”. En ella, todos los aspirantes peronistas a la Presidencia competirían por separado, como partidos distintos, pero conservando el derecho a utilizar los símbolos peronistas en su ticket. El ganador sería directamente el candidato más votado, sin sumar los votos de los restantes competidores, y el sistema establecido por la Constitución para la segunda vuelta tendría plena vigencia. Con ello se conservaría la legalidad de los procedimientos y se evitaría la elección interna, pero se correría el riesgo de una extrema fragmentación del voto peronista y, por consiguiente, también el de la derrota a manos de un candidato alternativo en la segunda vuelta. Con todo, de resultar exitosa en dar el triunfo al candidato duhaldista, esta variante resultaría adecuada a las restricciones que el presidente enfrenta para reunificar el peronismo bajo su liderazgo: el presidente no necesitaría presentarse como candidato, la fórmula victoriosa debería su triunfo al apoyo duhaldista, y el propio Duhalde podría cobrar sus reales impulsando el fortalecimiento de la figura del Jefe de Gabinete –y aún hasta ocupar él mismo el cargo- con el argumento de reforzar un poder presidencial débil a través del acuerdo entre los mayores grupos parlamentarios para designar a esta autoridad e incluso a otros ministros del gabinete. Este renovado uso del presidencialismo atenuado permitiría a Duhalde conservar una considerable influencia sin modificar ni entrar en conflicto con la Constitución, pero introduciría un esquema de doble poder en el cual el futuro presidente tendría mayores incentivos para competir, más que para cooperar, con un jefe de gabinete que pretendería tenerlo bajo su pulgar.
¿Por qué alentaría Duhalde salidas tan complicadas y en algunos casos tan poco viables? Hay dos respuestas posibles, y ciertamente no excluyentes. Por un lado, lo haría para ganar tiempo económico y político. Tiempo económico, porque cuanto más se postergue la definición electoral, más se postergará la renegociación de la deuda pública y de los contratos con las empresas privatizadas, y mayor margen tendrá el ministro de Economía Roberto Lavagna para mantener el tipo de cambio real alto en beneficio de las exportaciones y de las industrias sustitutivas de importaciones, contener la inflación y alentar la reanimación económica en el marco de un precario acuerdo con el FMI. Tiempo político, porque Duhalde espera que cuanto más se retrase la designación de un delfín, menor será su propia pérdida de poder. Por otro lado, la promoción de soluciones electorales inviables podría servir a Duhalde para quemar instrumentos institucionales, dinamitar los puentes con Menem y dejar abierta la posibilidad de ser, como último recurso, él mismo quien –abandonando su promesa de renunciar el próximo 25 de mayo- enfrente directamente a Menem por la candidatura o por la presidencia misma. Ciertamente, con cada día que pasa y tras su apuesta por Kirchner se le hace más difícil a Duhalde faltar a su palabra, ingresar a la competencia y postergar las elecciones del 27 de abril.
Esta estrategia de lanzar globos pinchados presenta dos serios riesgos. Uno es político: que la manipulación de las leyes electorales y la persistente dificultad para encontrar un candidato antimenemista competente termine por debilitar inexorablemente la capacidad de Duhalde para articular la reunificación del peronismo. En este sentido, la muy reciente bendición del presidente a la candidatura del gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner bien puede resultar un globo pinchado más en la serie, como en su momento lo fue el apoyo a la postulación del gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota. Si bien los restantes gobernadores no parecen por ahora dispuestos a mover sus piezas contra Duhalde, el giro puntual de la coparticipación federal de impuestos por parte del gobierno nacional sólo los mantiene en una pasiva vigilia armada, de la cual bien podrían salir para apoyar a Menem en caso de fracasar cualquier candidatura alternativa.
El otro riesgo es económico: que la continuidad de la incertidumbre política contagie a los actores económicos e incentive la proliferación de conductas defensivas que arrasen con la prudente administración de Lavagna. El superávit comercial que hoy ayuda a mantener la estabilidad de la moneda y con ello a desalentar la inflación es el cimiento sobre el cual se construye la autonomía del devenir económico respecto a las turbulencias generadas en la lucha por el poder. Pero eso puede ser insuficiente si la indefinición se prolonga. En tal caso, no se puede descartar la reedición de episodios de volatilidad financiera y cambiaria.
La combinación de ambos riesgos permite trazar dos escenarios. En el escenario optimista, Duhalde sortea los riesgos y, por medio de un vicario o por sí mismo, enfrenta con éxito a Menem y reunifica al peronismo. En el escenario pesimista, la precaria estabilidad económica y las alternativas electorales del presidente colapsan, Menem avanza, y el peronismo, enfrentado a la fractura partidaria, debe vérselas con un futuro electoral altamente incierto. En este escenario, quizás un candidato alternativo podría hasta obtener el triunfo en la segunda vuelta electoral, pero debería lidiar posteriormente con un electorado y un Congreso altamente fragmentados y, por consiguiente, con serias dificultades para tomar decisiones y llevar adelante sus políticas.
Conclusiones: La virtual disgregación de la Unión Cívica Radical y la escisión socioeconómica del peronismo amenazan con introducir gran incertidumbre en los procesos políticos y económicos argentinos. El escándalo interno de la UCR parece descalificarla como fuerza de recambio en el mediano plazo, y la escisión socioeconómica del Partido Justicialista se acerca cada día a convertirse en una fractura política capaz de fragmentar sin fin el mapa político argentino. La candidatura de Menem, palmariamente conservadora y aparentemente desprovista hoy de la coalición multiclasista que fue su apoyo durante la década pasada, no se presenta como capaz de garantizar la victoria electoral ni, por tanto, de reunificar al peronismo. Los intentos del presidente Duhalde para construir una candidatura alternativa a la de Menem han venido encontrando hasta ahora el mismo resultado. Tal persistente fracaso ha conducido al actual presidente a desplegar una estrategia de lanzar globos pinchados, para ganar tiempo y eventualmente restringir todas las alternativas en beneficio de su propia candidatura. Esta estrategia corre el riesgo de debilitar el poder de Duhalde para reunificar al peronismo y de generar una incertidumbre económica que conspire contra la administración de la crisis. De fracasar Duhalde y avanzar Menem, el peronismo corre serios riegos de fracturarse y, con ello, de debilitar con su fragmentación al próximo presidente, sea éste peronista o no. Pero incluso de sortearse con éxito los riesgos de la actual estrategia de Duhalde, difícilmente podrá producir un gobierno fuerte: éste debería su triunfo a un peronismo reunificado por un líder que quizá no ocupe la Casa de Gobierno, con lo cual padecería todas las dificultades de un esquema de doble poder.
Pablo Gerchunoff
Universidad Torcuato di Tella