Mensajes clave
- El sector petrolero venezolano está muy deteriorado por casi 30 años de nacionalismo energético y una década de sanciones estadounidenses.
- Tres escenarios básicos: gobierno legítimo abierto a la inversión extranjera, realineamiento excluyente con Estados Unidos (EEUU) e indefinición por vacío de poder.
- Las repercusiones sobre los mercados del petróleo serán limitadas, pero preocupantes para algunos de los aliados tradicionales de Venezuela.
- El corolario a la doctrina Monroe del presidente Donald Trump y su estrategia de dominio energético también deben preocupar a los aliados de EEUU.
Análisis
Introducción
La intervención de EEUU en Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro deja un panorama político incierto que determina en gran medida el futuro petrolero del país, y con él sus perspectivas económicas y sociales. El descarte por parte del presidente Trump de una transición rápida a un gobierno de la oposición fundado en los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y su insistencia en controlar el crudo del país han generado muchas dudas sobre el futuro político venezolano y los posibles mecanismos de control de sus recursos. Esta incertidumbre se proyecta sobre un sector petrolero arrasado por casi tres décadas de nacionalismo energético, mala gestión y corrupción con el chavismo, agravados por las sanciones estadounidenses de la última década.
El análisis expone primero la evolución de la producción petrolera venezolana, las políticas de nacionalismo energético adoptadas por el chavismo, las sanciones de EEUU y su bloqueo petrolero. En segundo lugar, se exploran tres escenarios básicos para el petróleo de Venezuela: un gobierno con legitimidad democrática y abierto a toda la inversión extranjera, un realineamiento excluyente con EEUU que erosione la soberanía energética del país y un vacío de poder que afecte a las reformas del sector y su credibilidad a medio y largo plazo. Finalmente, se esbozan las principales repercusiones internacionales de esos escenarios sobre el mercado del petróleo, algunos de los aliados tradicionales del chavismo y de varios socios de EEUU, incluyendo la Unión Europea (UE).
Un sector petrolero arrasado por el nacionalismo energético y las sanciones[1]
Los efectos de las políticas nacionalistas e intervencionistas del régimen chavista y la acumulación de sanciones estadounidenses han causado que Venezuela pasara de producir casi 3,5 millones de barriles diarios (mbd) en 1998, antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, a apenas 800.000 barriles/día (bd) en diciembre de 2025, menos del 0,8% de la producción mundial. Venezuela cuenta con cerca del 20% de las reservas mundiales de petróleo, las mayores del mundo gracias a sus ingentes reservas de crudo ultrapesado no convencional localizado en la franja del Orinoco, unas de las más caras de extraer y procesar por su alta densidad. En cambio, las reservas situadas en las cuencas de Maracaibo y Monagas albergan recursos convencionales, mucho menores que los de la franja del Orinoco, pero menos costosos de explotar. Algunos campos en las cercanías del lago Maracaibo, como los del complejo costero Bolívar (el mayor campo de petróleo de Sudamérica), llevan produciendo desde la década de 1920. La producción en la cuenca de Monagas es más reciente y se concentra en el campo gigante de crudo pesado de El Furrial, descubierto en la década de 1980 y considerado la joya de la corona de la petrolera estatal PDVSA.
Como puede apreciarse en la figura adjunta, Venezuela alcanzó un pico de producción de casi 3,8 mbd en 1970, pero tras la nacionalización del sector y la sujeción a las cuotas de la recién creada Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cayó por debajo de los 2 mbd a mediados de la década siguiente. Venezuela es miembro fundador de la OPEP y uno de sus tradicionales “halcones”, apoyando consistentemente las restricciones de producción del cártel por sus propias dificultades para aumentar la producción. Un segundo pico de casi 3,5 mbd se produjo en 1998 fruto de la apertura a la inversión extranjera en los años precedentes. El auge terminó cuando Chávez llegó al poder al año siguiente y su enfrentamiento con los dirigentes de PDVSA provocó la huelga de 2002, que paralizó la producción del país y supuso la salida de buena parte del personal más cualificado y su sustitución por afines al régimen. El final de la huelga permitió una rápida recuperación de la producción apoyada por precios elevados del petróleo debido a una fuerte demanda y nuevas restricciones a la producción por parte de la OPEP.
Este contexto favorable impulsó al presidente Chávez a profundizar en su nacionalismo energético, obligando a las compañías internacionales presentes en el país a reestructurar sus acuerdos con PDVSA para otorgarle la participación mayoritaria en sus proyectos conjuntos. Las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips rehusaron la reestructuración, sus activos fueron confiscados por el Estado venezolano y recurrieron al arbitraje internacional. Ambas ganaron los arbitrajes, que dictaminaron indemnizaciones millonarias nunca satisfechas por Venezuela. A esto se refiere el presidente Trump cuando habla, impropiamente, de “robo” a las petroleras estadounidenses: las expropiaciones no se hicieron correctamente ni fueron indemnizadas, pero no hubo robo de un petróleo que siempre fue y será venezolano y sobre el que las compañías estadounidenses sólo tenían concesiones; de hecho, Chevron ha seguido operando bajo las nuevas condiciones hasta la fecha.
La salida de las compañías internacionales ocasionó un nuevo declive de la producción que se ha prolongado hasta la actualidad. En paralelo, el deterioro de la economía venezolana provocó una rápida caída del consumo de petróleo del país desde mediados de la década de 2010 que como muestra la figura adjunta también se ha mantenido hasta hoy. Esa caída del consumo amortiguó en un primer momento la caída de las exportaciones, pero fue incapaz de compensar el hundimiento de la producción cuando la primera Administración Trump y su política de máxima presión sobre Venezuela impuso las primeras sanciones sobre el petróleo.
La primera presidencia Trump sancionó a partir de 2017 al sector petrolero de Venezuela prohibiendo a su gobierno y PDVSA el acceso a los mercados financieros, congelando sus activos en EEUU y prohibiendo a sus nacionales realizar transacciones con ella y sus filiales. Trump también impuso sanciones secundarias a quienes hicieran negocios con las petroleras venezolanas, incluyendo navieras e intermediarios, favoreciendo así el surgimiento de una flota fantasma para eludirlas, ampliando la influencia de Irán y Rusia e incentivando una mayor opacidad y corrupción en el sector. Las sanciones expulsaron a muchas empresas occidentales ante la imposibilidad de cobrar sus servicios y las que siguieron operando limitaron su presencia e inversiones esperando tiempos mejores. Como resultado, la producción se hundió, pasando de unos 2,5 mbd en 2016 a menos de 700.000 bd en 2021.
La presidencia de Joe Biden adoptó un enfoque más laxo, presionada por la crisis energética desatada tras la invasión de Ucrania y las sanciones contra el petróleo ruso, que llevaron al barril de WTI, de referencia en EEUU, a superar los 115 dólares en mayo de 2022. Ese mismo mes, la Administración Biden autorizó la reanudación de algunas operaciones de canje de crudo con PDVSA por la deuda generada con varias compañías internacionales, suspendidas desde 2020. También autorizó que Chevron reanudara sus operaciones y exportaciones a EEUU. Tras los Acuerdos de Barbados de 2023 entre el gobierno venezolano y la oposición, por los que Maduro se comprometió a convocar elecciones con plenas garantías democráticas, EEUU levantó las sanciones a condición de que se cumpliera lo acordado. Aunque el efecto sobre un sector muy deteriorado por la falta de inversión y mano de obra cualificada fue limitado, en apenas dos años la producción aumentó de manera significativa en casi 250.000 bd hasta rozar 1 mbd en 2024. Con Biden, el Tesoro sancionó a varios petroleros de la flota fantasma empleados por Venezuela; por ejemplo, en noviembre de 2022 al Skipper (entonces Adisa) por su supuesto papel en una red de contrabando de petróleo en beneficio de la Guardia Revolucionaria iraní y Hizbulah.
La segunda presidencia Trump recuperó en 2025 las sanciones y la política de máxima presión a un ritmo frenético. En febrero anunció el final de las que denominó “concesiones” de Biden y revocó sus licencias, aunque a finales de julio permitió a Chevron seguir operando para exportar el petróleo a EEUU. A principios de septiembre, militares estadounidenses atacaban la primera embarcación supuestamente dedicada al narcotráfico y mataban a sus 11 tripulantes, empezando una serie de ataques que parecían justificar la creciente presencia naval de estadounidense en el Caribe. La dimensión petrolera de este despliegue se evidenció el 10 de diciembre con la confiscación del Skipper, al que siguieron otros petroleros, unos sancionados y otros no.
La escalada estadounidense contra los flujos petroleros venezolanos culminó el 16 de diciembre, cuando Trump anunció en su red social un “BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS” (en mayúsculas en el original) con origen o destino en Venezuela. Poco después se confiscaba el Centuries pese a no estar sancionado y en el momento de cerrar este análisis se habían confiscado cinco petroleros, incluyendo uno con bandera rusa, aunque la marina estadounidense estaría persiguiendo a varios más en el Atlántico. El 31 de diciembre el presidente Trump cerraba el año adoptando un nuevo paquete de sanciones contra cuatro navieras chinas y cuatro petroleros de la flota fantasma. El bloqueo y el temor a que nuevos buques fueran confiscados, tanto los que exportan crudo venezolano como los empleados para importar los diluyentes necesarios para procesarlo ha reducido los flujos y saturado la capacidad de almacenamiento del país. Como resultado, la producción, que se mantuvo en 1 mbd durante gran parte de 2025, cayó hasta unos 800.000 bd en pasado diciembre.
Tres escenarios petroleros para Venezuela: el bueno, el feo y el malo[2]
Pueden proyectarse tres escenarios básicos para el petróleo venezolano. De mejor a peor: un gobierno legítimo abierto a la inversión extranjera que recupere gradualmente los niveles de producción; un realineamiento con EEUU y su férreo control de la recuperación del sector de manera más o menos excluyente; y un vacío de poder que ralentice las reformas y prolongue el estancamiento o incluso intensifique el declive de la producción.
A juicio de este autor, el escenario óptimo consistiría en una transición razonablemente rápida y ordenada hacia una presidencia surgida de los resultados de las elecciones de 2024, cuando Edmundo González ganó las presidenciales apoyado por una coalición opositora. Este traspaso de poderes no puede darse de la noche a la mañana, pero sí debería tener un calendario y un horizonte claros y ser cuestión de meses, no de años. Un gobierno de raíz democrática tendría la legitimidad suficiente para emprender las urgentes y profundas reformas, muchas de ellas impopulares, que el sector petrolero venezolano requiere: despolitización, transparencia, racionalización, eficiencia y apertura a la inversión extranjera, empezando por PDVSA, pero siempre preservando la soberanía energética del país y el control de sus recursos. Sin sanciones ni bloqueos el sector podría reintegrarse en los mercados internacionales para volver a operar con normalidad, accediendo a las inversiones, servicios, diluyentes y profesionales imprescindibles para revitalizarlo y recuperar progresivamente la producción.
A corto plazo el fin del bloqueo permitiría la salida del crudo almacenado a la espera de poder ser exportado en una cantidad que el propio presidente Trump ha estimado en hasta 50 millones de barriles. Respecto a la producción, según algunas estimaciones podría aumentar en pocos meses hasta en 200.000 bd sin necesidad de invertir en nuevos proyectos de exploración y producción. Bastaría con poder acceder a la financiación internacional, los diluyentes y las tecnologías necesarias para procesar el crudo ultrapesado del país y acometer inversiones relativamente modestas en operaciones ya existentes. La experiencia de la flexibilización de las sanciones por la Administración Biden muestra cómo en apenas dos años la producción aumentó en casi 250.000 bd. Esa recuperación podría ser mayor y más rápida a medio plazo para alcanzar entre 300.000 y 500.000 bd para mediados de 2027, lejos de los 700.000 bd apuntados por el secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Se trataría en todo caso de un aumento muy sustancial para la economía venezolana, pero también significativa para los mercados globales.
A largo plazo, la apertura a las compañías internacionales podría incentivar un proceso inversor sostenido en exploración y producción como ocurrió en la década de 1990 y acercarse en unos años al pico entonces alcanzado. Según Rystad Energy, sería técnicamente posible para Venezuela alcanzar una producción de 3 mbd hacia 2040 con una inversión superior a los 180.000 millones de dólares en el conjunto de los sectores de gas y petróleo del país. Para recuperar el pico de los 3,5 mbd el sector petrolero necesitaría unos 110.000 millones de dólares de inversión sólo en exploración y producción, además de recuperar a los miles de ingenieros y geólogos que han abandonado el país. Aunque los analistas difieren en el tiempo que llevaría recuperar la producción y en qué medida, hay consenso en que llevaría años, una inversión masiva y condiciones de inversión mucho más ventajosas de las que hoy imperan en el país, incluyendo legitimidad democrática, reformas profundas de su sector energético e incluso una reforma constitucional.
Este escenario abierto y respetuoso con la legitimidad democrática resultó aparentemente descartado en la rueda de prensa del pasado 3 de enero, cuando el presidente Trump tuvo un feo gesto desdeñando a María Corina Machado e insistiendo en controlar el petróleo venezolano. No especificó en qué consistiría ese control ni qué tipo de acuerdo (deal) implicaría, pero señaló a la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, como elegida para gestionar una transición larga y estrechamente supervisada bajo la amenaza de nuevas intervenciones. Aplicando el corolario Trump de la doctrina Monroe desarrollado en la Estrategia de Seguridad Nacional del pasado noviembre, ello implicaría un control exclusivo y excluyente de los recursos naturales venezolanos por parte de las compañías estadounidenses. La exclusión de Rusia y China puede justificarse por su connivencia con el chavismo, pero no la de empresas europeas cuyos países han apoyado la democratización de Venezuela, reconocido a Edmundo González y presionado al gobierno de Maduro.
Bajo este segundo escenario la producción petrolera aumentaría con el retorno en condiciones preferentes de las compañías estadounidenses. Pero la ausencia de competencia por parte de otras compañías extranjeras reduciría el margen de maniobra de Venezuela y los beneficios esperados para sus ciudadanos. Ese alineamiento petrolero forzado implicaría una renuncia a la soberanía energética del país y la subordinación a los intereses estadounidenses. Si el objetivo es recuperar plenamente el sector antes de avanzar en la transición democrática, ésta podría retrasarse años y perder credibilidad en las reformas necesarias para atraer inversiones a largo plazo. Sólo mediante incentivos muy agresivos puede esperarse que las compañías estadounidenses lleven a cabo el enorme esfuerzo inversor que ello supondría, especialmente en el actual contexto de bajos precios del petróleo. Para algunos analistas, este escenario incluso podría dañar la seguridad energética de EEUU si se impone un modelo mercantilista centrado en obtener beneficios inmediatos a expensas de un desarrollo más equilibrado y abierto del sector a largo plazo
Finalmente, no puede descartarse una mala evolución de la situación política que afecte a la recuperación de la producción tanto a corto como a largo plazo. No está claro que el enfoque estadounidense sea sostenible en el tiempo y podría dar lugar a un ciclo de inestabilidad con intervenciones periódicas que erosionen el marco inversor del sector y su credibilidad, sumiéndolo en un estado de indefinición. Una incertidumbre prolongada que genere un vacío de poder entre los rescoldos del chavismo, el dirigismo de EEUU y las aspiraciones de la oposición mandaría un pésimo mensaje a los inversores. El mantenimiento de las sanciones y del bloqueo, la exclusión de actores no estadounidenses, la indefinición en las reformas y del papel de PDVSA podrían prolongar el deterioro de la producción y de la economía del país.
Repercusiones internacionales
El impacto sobre los precios ha sido hasta ahora muy moderado en un mercado global afectado por una sobreproducción de unos 2 mbd. Sólo se experimentaron leves repuntes al comienzo del bloqueo y las perspectivas a corto plazo son bajistas si se liberan los barriles almacenados. A más largo plazo, la progresiva recuperación de la producción tendría un efecto bajista adicional conforme los nuevos barriles fuesen ganando cuota en el suministro mundial de crudo. El aumento de la producción requeriría que Venezuela abandonara el sistema de cuotas de la OPEP+, si no su salida del cártel, debilitándolo y reduciendo su poder de mercado.
El impacto sería más importante en el mercado de EEUU si se confirma como destino único o preferente de las exportaciones venezolanas. Las refinerías estadounidenses del golfo de México están preparadas para refinar el crudo pesado venezolano y padecen un exceso de capacidad, por lo que los precios de los productos refinados tenderían a caer en el mercado doméstico, uno de los objetivos declarados del presidente Trump. Un escenario de levantamiento del bloqueo tendría también un efecto positivo sobre los ingresos venezolanos por sus exportaciones de crudo y con ello sobre la economía del país. Algunas estimaciones apuntan a que Venezuela podría triplicar los ingresos por sus exportaciones de petróleo redirigiéndolas desde China al golfo de México, considerando que las primeras incorporan un fuerte descuento sobre los precios de mercado para compensar los riesgos y costes de la flota fantasma.
Otros efectos directos se producirían en diferentes países del hemisferio occidental, en línea con el dominio energético pretendido por la Administración Trump y su corolario a la doctrina Monroe. Canadá exporta el 80% de su petróleo a EEUU (unos 3,6 mbd) y podría verse afectada por el desplazamiento de su crudo ultrapesado por el venezolano, aunque los analistas limitan el impacto. El grueso de las exportaciones de crudo pesado canadiense a EEUU se dirige a las refinerías del medio oeste mediante un eficiente sistema de oleoductos que continúa hasta el golfo de México. Competir con ese mercado requeriría revertir el flujo para que el crudo venezolano llegara a dichas refinerías. Las refinerías del estado de Washington en la costa oeste se benefician del sistema de oleoductos Trans Mountain que proporciona acceso directo y a bajo coste al crudo canadiense, por lo que el venezolano transportado por petrolero resulta menos competitivo. En consecuencia, a corto plazo sólo el crudo canadiense exportado al golfo de México se vería afectado: unos 350.000 bd que estarían por encima del máximo que se espera Venezuela podría suministrar y menos del 10% de las exportaciones de petróleo de Canadá a EEUU.
México también podría verse afectado por la competencia del crudo pesado venezolano, pero de forma moderada. Las exportaciones mexicanas de petróleo a EEUU llevan varios años cayendo por el declive de la producción y la reorientación de la política energética del país en favor de destinar más crudo a sus refinerías y reducir las importaciones de productos refinados de EEUU. El efecto a corto plazo se notaría sobre todo en una presión a la baja de los precios del petróleo pesado mexicano exportado a EEUU, más que en su desplazamiento. Esta evolución, aunque de impacto limitado, plantea dificultades para la petrolera nacional PEMEX, acuciada por una enorme deuda, y erosiona su atractivo como destino inversor en un momento en que requiere cerrar nuevas alianzas para revertir o al menos contener el declive de la producción.
Hay un amplio consenso en que el país más afectado será Cuba, sumido desde hace años en una profunda crisis económica y energética, con continuos apagones y una aguda escasez de combustible pese a los suministros a precios muy ventajosos de crudo venezolano. La propia crisis económica de Venezuela ya venía reduciendo las exportaciones a precios políticos subsidiados. Cuba necesita unos 100.000 bd, de los cuales produce unos 40.000 bd de crudo pesado y alto contenido en sulfuro destinados a la generación eléctrica en unas plantas casi en ruinas por la falta de inversión y mantenimiento. El resto debe importarlos, pero carece de las divisas para adquirirlos a precio de mercado, por lo que sólo puede abastecerse a precios subsidiados de aliados políticos. Venezuela suministraba unos 35.000 bd hasta el comienzo del bloqueo, cuando se frenaron los flujos. Su segundo proveedor era México, con unos 22.000 bd exportados por Gasolinas Bienestar, una filial de PEMEX creada para evitar su afectación por el embargo aduciendo motivos humanitarios, que se redujeron a unos 7.000 bd a partir de septiembre tras una visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Ciudad de México. Le sigue Rusia con unos 10.000 bd, apenas un petrolero al mes. En estas circunstancias, el corte total del suministro de crudo venezolano llevaría a un rápido colapso total del sistema energético cubano.
China, el principal comprador de crudo venezolano, sería el mayor perjudicado fuera de las Américas. Se estima que alrededor del 3% de las importaciones chinas de petróleo procedían de Venezuela, el grueso transportadas por la flota fantasma para eludir las sanciones estadounidenses. Aunque no se trata de un porcentaje vital para la seguridad energética china, su desaparición se añadiría a las presiones sobre unas exportaciones rusas amenazadas por nuevas sanciones de EEUU y la inestabilidad en Irán, dos grandes suministradores de China junto con los demás productores del golfo Pérsico. Las compañías chinas participan en proyectos petroleros que representan alrededor del 10% de la producción venezolana. Venezuela ha recibido préstamos de China a reembolsar con petróleo por unos 60.000 millones de dólares, más de la mitad de los concedidos a América Latina a fecha de 2023. Se estima que el stock de deuda con China ascendería actualmente a entre 10.000 y 12.000 millones de dólares que serían difíciles de recuperar si se interrumpen las exportaciones de petróleo. Las repercusiones sobre China no se limitan a Venezuela, sino que muestran la determinación de la presidencia Trump de excluirla del acceso a los recursos naturales latinoamericanos.
Las implicaciones para Rusia son más políticas y estratégicas que económicas o energéticas, pero éstas distan de ser negligibles. Como potencia petrolera, Rusia no es un importador relevante de crudo venezolano; por el contrario, suministraba crudo ligero y naftas para poder diluir el crudo pesado venezolano a cambio de este último mediante la flota fantasma, eludiendo las sanciones para ambas partes. Los intereses de Rusia abarcan la producción de petróleo y la recuperación de la deuda impagada. Sus petroleras participan en joint ventures que representaban a mediados de 2024 más del 20% de la producción venezolana. A finales de 2023 Venezuela debía unos 1.500 millones de dólares a Rusia por los impagos de PDVSA, pero la exposición rusa a la enorme deuda venezolana debe ser mucho mayor. Aunque se desconoce la identidad de los titulares de más del 80% de los bonos emitidos por el Estado y PDVSA, hay evidencia de que varios oligarcas rusos pueden tener cantidades importantes.
Para Irán, el efecto inmediato también es esencialmente político, pero la dimensión económica y energética resulta relevante. Si para Rusia la caída de Maduro cierra su principal puerta de entrada a América Latina, a Irán le supone perder a uno de sus escasos aliados internacionales restantes tras la caída de Assad y la debilitación de Hamás y Hizbulah. Además, la pérdida se produce en un momento crítico para un régimen iraní acosado por una profunda crisis económica que ha catalizado el malestar de su población en una crisis política con protestas masivas que amenazan su supervivencia. Como Rusia, Irán ha suministrado material para las refinerías venezolanas, gasolina y diluyentes; a cambio, recibía crudo pesado y oro mediante trueque. Irán invirtió en la mejora de dos refinerías venezolanas, El Palito y el complejo refinador de Paraguaná, pero no ha podido recuperar gran parte de la deuda contraída y las perspectivas de hacerlo son ahora todavía más inciertas.
Al igual que para Rusia, para Irán el principal efecto negativo estribaría en que una recuperación de la producción venezolana y su abandono de la disciplina OPEP+ presione a la baja los precios del petróleo a medio y largo plazo, de los que ambos países dependen económicamente. Otro impacto adverso consistiría en el reforzamiento de las sanciones estadounidenses, ampliándolas en el caso ruso y aplicándolas de manera estricta para ambos países. En sentido contrario, la sustitución por parte de China del crudo venezolano por petróleo ruso e iraní supondría un alivio económico al aumentar el volumen de sus exportaciones y, quizás, reducir los fuertes descuentos exigidos por el país asiático.
Para Europa, las repercusiones dependerán de qué escenario se materialice en el futuro. Al contrario que para Rusia e Irán, una bajada en los precios del petróleo supondría un impulso a unas economías europeas muy afectadas por la crisis energética causada por la invasión rusa de Ucrania. En cambio, desde una perspectiva estratégica, un control estadounidense excluyente del petróleo venezolano reforzaría su dominio energético y podría erosionar la presencia europea en América Latina. Representaría además un precedente preocupante para los intereses europeos, desde Groenlandia a los países suministradores de recursos naturales clave en otras regiones. Por concluir con una nota de optimismo, quizás este choque de realidad anime a la UE a acelerar sus medidas hacia una mayor autonomía estratégica en materia energética y a alcanzar nuevos acuerdos con otros socios energéticos como el recientemente aprobado con el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Conclusiones
El sector petrolero venezolano ha padecido casi tres décadas de mala gestión, corrupción, intervencionismo y nacionalismo energético del chavismo, además de una década de sanciones estadounidenses. El resultado ha sido un pronunciado declive de la producción, el deterioro de las infraestructuras, la fuga de personal cualificado y la pérdida de peso en los mercados internacionales. Su recuperación plena hasta los picos de producción de la década de 1990 puede llevar años y requerirá la confluencia de muchos factores.
El análisis propone tres escenarios estilizados: apertura con reformas legitimadas democráticamente, dominio estadounidense y vacío de poder con estancamiento. El futuro del sector petrolero venezolano bajo la actual incertidumbre viene determinado por la insistencia de la administración Trump en controlarlo y acapararlo en exclusiva. No obstante, podría darse una combinación de los tres escenarios: la presidencia Trump puede ofrecer perspectivas de transición democrática que den certeza a la gobernanza petrolera del país, permitir una apertura limitada a compañías extranjeras seleccionadas y aprobar estímulos a la inversión, además de dejar que parte del crudo extraído se comercialice en mercados no estadounidenses. La incertidumbre no sólo afecta al petróleo, pues Venezuela cuenta con grandes reservas de gas y de minerales que podrían conformar escenarios conjuntos más complejos.
Las repercusiones internacionales también dependerán de qué escenario tienda a materializarse. Para los aliados tradicionales de Venezuela el efecto será necesariamente negativo a nivel estratégico y económico, pero de intensidad variable. Cuba es el país más expuesto, pues el cese de las exportaciones venezolanas de petróleo subsidiado llevaría al colapso de su sector energético en pocas semanas, con el consiguiente agravamiento de su crisis económica y humanitaria. China, Rusia e Irán corren el riesgo de no recuperar lo que Venezuela les adeuda y de ver cómo se degrada la flota fantasma que permite eludir las sanciones para, en el caso chino, acceder a barriles sancionados a descuento. Una caída de los precios del petróleo por el aumento gradual de la producción venezolana reduciría los ingresos rusos e iraníes, pero podría compensar la reducción en los descuentos de las importaciones chinas.
Para los socios tradicionales de EEUU las principales repercusiones serían de carácter estratégico. Económicamente, Canadá y México se verán afectados de forma limitada por la competencia del crudo venezolano, mientras que Europa puede beneficiarse de una moderación de los precios del petróleo. En cambio, los socios estadounidenses afrontan un deterioro de su posición en América Latina y un dominio energético estadounidense que les hace crecientemente vulnerables. Para Europa, la única solución parece consistir en aumentar la autonomía estratégica en materia energética profundizando en una transición energética competitiva y ordenada, como apuntaba el Informe Draghi, en reforzar sus acuerdos con América Latina y en diversificar las alianzas con otros suministradores.
[1] Hay muchos análisis sobre la evolución de la producción petrolera venezolana, las políticas seguidas por el chavismo y las sanciones estadounidenses. Véanse, por ejemplo, los publicados por el Real Instituto Elcano: en orden cronológico: Isbell, P. (2007), Hugo Chávez y el futuro del petróleo venezolano (I): el resurgimiento del nacionalismo energético, ARI, 9 de febrero, y Hugo Chávez y el futuro del petróleo venezolano (II): el pillaje de PDVSA y la amenaza a su nivel de producción, ARI, 12 de febrero; Escribano, G. (2013), La política energética de Venezuela, con y sin Hugo Chávez, Comentario Elcano 20/2013, 11 de marzo; Escribano, G. (2017), El declive petrolero de Venezuela se acelera, Comentario Elcano 51/2017, 11 de diciembre; y Urbasos, I. (2024), El retorno de la Venezuela petrolera: las expectativas frente a la cruda realidad, ARI 65/2024, 23 de mayo.
[2] Esta sección actualiza y desarrolla el artículo de opinión publicado por el autor en El País, “El bueno, el feo y el malo: tres escenarios para el petróleo en Venezuela”, el 9/I/2026.
