Toda la arquitectura de la Asociación Euromediterránea creada mediante la Declaración de Barcelona de 1995 entre la Unión Europea y los países asociados mediterráneos, de Marruecos a Siria, estaba basada en el siguiente silogismo: la creación de una Zona de Libre Comercio Euromediterránea para 2010 y las reformas económicas impulsadas en los países asociados mediante una asistencia financiera limitada de la UE (en torno a 4 euros por habitante y año de media) impulsaría el crecimiento económico, y éste a su vez haría emerger unas clases medias que reclamarían naturalmente cambios democráticos. En realidad, se trata de la misma filosofía de la historia ya sintetizada por el teorizador del “fin de la historia” Francis Fukuyama, quien en una entrevista a la revista Time el 17 de junio de 2002 afirmaba que “la gran historia de la política mundial es la modernización: un proceso que comienza con el desarrollo económico y trae consigo la democracia y un cierto tipo de convergencia cultural. Ha sustituido a la guerra fría como la estructura básica de la política internacional”.
La Unión para el Mediterráneo que tomó el relevo en 2008 en el ámbito multilateral, centrada en un número reducido de grandes proyectos regionales, no sólo heredó, sino que sublimó esa visión al relegar a un segundo plano todas las cuestiones relacionadas con la democracia y los derechos humanos en los países mediterráneos. Y aunque la Política Europea de Vecindad (PEV) adoptada por la UE en el año 2005 como marco para sus relaciones bilaterales con los países vecinos decía estar basada en unos “valores compartidos” –derechos humanos, democracia y economía de mercado, fundamentalmente– y en los principios de condicionalidad y de diferenciación entre los países asociados (a más reformas y más identificación con los valores compartidos, más ayudas y más participación en el mercado interior), hasta ahora su concreción práctica ha tendido a reforzar esa visión que podría resumirse en la fórmula: librecambio + reformas => desarrollo => democracia.
Pocos documentos lo sintetizan mejor que el Informe de Avance sobre la PEV y el Plan Indicativo Nacional 2011-2013 relativos a Túnez, publicados por la Comisión Europea en 2010. En el primero (mayo de 2010), la Comisión señalaba que “el balance del año 2009 para las relaciones UE-Túnez ha sido positivo en el ámbito económico y social y en materia de cooperación. En cambio, la asociación adolece de ciertas lagunas en el ámbito de la gobernanza, la aplicación de la ley y el respeto de los derechos humanos”[1]. Eso no impedía, sin embargo, el avance de las negociaciones para profundizar las relaciones en el marco de un “estatuto avanzado”. La justificación de esta aparente contradicción había sido sintetizada en la introducción al Plan Indicativo Nacional aprobado en marzo de 2010, que fijaba la asignación presupuestaria para Túnez para el período 2011-2013 (240 millones de euros, un aumento del 6,7% con respecto al periodo 2007-2010, equivalente a unos 8 euros por habitante y año): “La opción de la Comisión sigue siendo mantener el compromiso con el país con el fin de apoyar las reformas con la perspectiva de un ulterior avance en el ámbito de la democracia, los derechos humanos y la gobernanza”[2].
En realidad, ninguno de los dos eslabones de esa cadena causal ha funcionado en estos 15 años en los países mediterráneos: ni la liberalización y las reformas han generado un proceso de desarrollo (las reformas han impulsado efectivamente el crecimiento económico, pero éste no se ha traducido en empleo, ni en una mejora de las condiciones de vida de la población o una transformación estructural de sus economías), ni se ha producido una emergencia de las clases medias, sino más bien una pauperización creciente de las mismas. Las revoluciones democráticas en Egipto y Túnez las han protagonizado los jóvenes excluidos sin perspectivas económicas, no unas clases medias integradas por el dinamismo de sus económicas.
En la actualidad, la Unión Europea reconoce sus errores de planteamiento, y la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y la Alta Representante del 8 de marzo de 2011 cambia de enfoque ya desde el mismo título: “Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional”[3]. En dicha Comunicación se admite que “las reformas políticas y económicas deben ir de la mano y contribuir a garantizar los derechos políticos y las libertades”. Es más, se establece el “compromiso con unas elecciones libres y justas” como “criterio de admisión a la Asociación”. El Consejo Europeo lo ratificaba el 11 de marzo en una Declaración según la cual “el progreso y la democracia van de la mano. El desarrollo económico y las perspectivas de empleo, especialmente para los jóvenes, son de una importancia capital para estabilizar la democracia”[4].
Sin embargo, la Comunicación de la Comisión apenas contiene ninguna novedad en materia económica, ni en términos cuantitativos (se ofrece un aumento de los créditos del Banco Europeo de Inversiones, dedicados fundamentalmente a infraestructuras, pero sólo una “reorientación” de la asistencia financiera ya asignada hasta 2013), ni en términos de enfoque (la dimensión social sigue estando ausente, y la única novedad en cuanto a los instrumentos es la creación de una Facilidad Europea de Vecindad para el Desarrollo Agrícola y Rural, sin especificar más detalles). La Unión Europea no debería olvidar que, además de una filosofía de la historia a todas luces errónea, tampoco la ecuación económica euromediterránea ha funcionado. Y la revisión de la PEV en curso, pendiente de una Comunicación de la Comisión que debería publicarse en abril o mayo con nuevas propuestas, debería sacar consecuencias de esos errores y disfunciones.
[1]http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2010/sec10_514_fr.pdf.
[2] http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/2011_enpi_nip_tunisia_fr.pdf.
[3] http://www.eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf.
[4] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/119784.pdf.
