Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán informalmente en Copenhague el próximo 1 de octubre para debatir cómo reforzar la defensa común de Europa y el apoyo a Ucrania. Y lo harán en medio de la alarma generalizada provocada por las incursiones de drones y aviones rusos en el espacio aéreo de varios Estados miembros y aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en lo que parece ser una nueva fase de provocaciones y hostigamientos por parte de Vladímir Putin.
El presidente ruso ha decidido escalar su panoplia de ataques híbridos mediante invasiones del espacio aéreo, interferencias de los sistemas de navegación de aeronaves civiles que transportan líderes políticos europeos, sabotajes de nuestros aeropuertos, sobrevuelos de naves y bases militares, con vistas a testar nuestra reacción en términos militares y políticos. En primer lugar, evalúa nuestras capacidades de respuesta militar (tiempos de reacción, recursos movilizados, procedimientos de toma de decisiones, cadenas de mando y control) y, en segundo lugar, lo que es más relevante, pone a prueba nuestra determinación política colectiva, unidad de acción y coherencia interna. Es de temer que continúe e incluso incremente su campaña de provocaciones en el futuro.
Ha descubierto el autócrata ruso, y nosotros con él, la falta de medios adecuados de la OTAN y de la UE para contrarrestar eficazmente las oleadas de drones lanzados contra el espacio aéreo europeo. Contra drones rusos fabricados de gomaespuma y madera portadores de una carga explosiva y un algoritmo, de un coste de unos 1.000 euros la unidad, los europeos debemos activar carísimos misiles “Patriots”o despegar sofisticados cazas de combate F-35. Esta desproporción abismal de costes es insostenible. A día de hoy no disponemos de sistemas terrestres de artillería multinivel (largo, medio y corto alcance) capaces de derribar baratos y básicos drones enemigos. Esta incuria de planificación estratégica y operativa aliada tras tres años y medio de guerra en Ucrania es inexplicable. Así las cosas, el comisario de Defensa Kubilius nos apremia a construir un “muro antidrones” para detectar, vigilar y eliminar drones en el plazo de un año en el marco del programa “Vigilancia del Flanco Este” anunciado por la presidenta de la Comisión von der Leyen. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, lanza la misión “Centinela del Este” para reforzar nuestra disuasión aérea en la región.
Nos situamos pues en una incómoda posición defensiva, reactiva a la ofensiva híbrida de Moscú. Y es que una de las características inherentes de toda amenaza o ataque híbrido es que el agresor cuenta con la inestimable ventaja de la iniciativa, decidiendo a su arbitrio el ritmo y alcance de la escalada o desescalada de la confrontación, mientras que el agredido opera a oscuras, ignorando la naturaleza, intensidad y propósito último del ataque o serie de ataques. Eso obliga a la víctima a calibrar y ponderar cuidadosamente la respuesta, pues si no reacciona con la contundencia precisa anima al agresor a una escalada, pero si sobre reacciona provoca una escalada no deseada del conflicto. Ejercicio de equilibrio, pues, tan delicado como el juego de naipes de las siete y media que “o te pasas o no llegas”. Y hasta dotarnos de las capacidades antidrones necesarias, bien haríamos en aprender de nuestros amigos ucranianos que han desarrollado una eficaz industria nacional de drones, cuya utilización no requiere permisos de terceros, con un alcance y precisión crecientes, capaces de abatir entre un 80-90% de los drones rusos y de alcanzar objetivos legítimos (refinerías, oleoductos, depósitos de armas y combustible, infraestructuras militares críticas) en territorio ruso.
Por ende, la ayuda más eficaz, así como la mejor garantía de seguridad que podemos ofrecer a Ucrania, es reforzar sus capacidades militares y convertir sus Fuerzas Armadas, que ya son las mejor preparadas para la guerra de toda Europa, en suficientemente potentes para repeler la criminal agresión rusa y disuadir futuros ataques. Para ello, hemos de integrar con celeridad sus capacidades militares en la Europa de la defensa, nuestros estados mayores, estructuras de mando y control, con especificaciones homologadas y estandarizadas de equipos y sistemas, la participación en programas conjuntos de armamento y tecnológicos duales, así como en cursos de formación y adiestramiento.
Todo ello requerirá unas disponibilidades financieras suficientes, previsibles y constantes. La Comisión ha aprobado en marzo pasado un ambicioso programa de movilización de unos 800.000 millones de euros hasta 2028, año de comienzo de las próximas perspectivas financieras plurianuales en las que se prevé un fondo de defensa europeo dotado con unos 135.000 millones. Es muy alentador que los 150.000 millones de euros del programa SAFE para adquisiciones conjuntas militares, en forma de préstamos en condiciones muy ventajosas (con intereses muy bajos y un periodo de carencia de 10 años), haya sido ya atribuido en su totalidad a los 19 Estados miembros que lo han solicitado. Polonia ha pedido 43.500 millones de euros. España, en cambio, se ha limitado a requerir sólo 1.000 millones.
Además, la Comisión ha propuesto utilizar 140.000 millones de euros de los fondos soberanos rusos confiscados y retenidos en bancos europeos para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania y la posterior reconstrucción del país. Una decisión, sin duda, controvertida para muchos por su indudable impacto negativo en la credibilidad del sistema financiero europeo basado en su seguridad jurídica, fiabilidad y previsibilidad. Pero en esta coyuntura bélica tan excepcional soy de los que creen que es una medida justificada. Putin ha de resarcir a Ucrania por su injustificable guerra de agresión.
Pero el esfuerzo de financiación pública ha de verse acompañado por la movilización de recursos privados. Hasta ahora, la inversión de la banca privada en seguridad y defensa estaba considerada de alto riesgo por los dilatados plazos temporales de los posibles retornos y la necesidad de aprovisionar fuertemente los créditos, por lo que las agencias de calificación internacionales penalizaban a las entidades financieras que lo hacían. Además del coste de prestigio en que se incurría por la mala imagen de la inversión en defensa. La decisión del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de triplicar en 2025 su financiación de proyectos y programas de defensa hasta los 3.000 millones es muy encomiable, no tanto por el modesto importe de los préstamos cuanto por el efecto arrastre que puede provocar en las entidades privadas europeas, una vez roto el hielo.
Y no podemos ni debemos renunciar, pese a la resistencia opuesta por algunos Estados miembros, a discutir la conveniencia y oportunidad de emitir deuda mutualizada en forma de bonos europeos de defensa. Sería erróneo descartar a priori recursos y palancas de financiación disponibles, proporcionales al desafío existencial a nuestra seguridad compartida.
Pero, más allá de la urgente necesidad de dotarnos de recursos y medios militares adecuados y de movilizar disponibilidades financieras suficientes, hemos de articular una respuesta política firme, unitaria y sin fisuras a las provocaciones de Putin. El autócrata ha de interiorizar nuestra resolución a defendernos y derrotar su aventurerismo bélico. En todo momento y lugar. Hasta forzarlo a cambiar sus erróneos cálculos estratégicos y llevarlo a la mesa de negociación de una paz justa y duradera para Ucrania. Este es el mensaje que acordarán sin duda nuestros líderes políticos en las dos reuniones (informal y formal) del Consejo Europeo de octubre.
