Kais Saied y el golpe constitucional en Túnez

Kais Saied y el golpe constitucional en Túnez. Monumento a los mártires de Túnez, Place de la Kasbah, Túnez. Foto: CC0 Dominio publico

En diciembre de 2020, cuando se celebraba el primer año del mandato de Kais Saied como presidente de la segunda República tunecina, el periodista Nizar Bahloul, fundador del sitio de Internet Business News en Túnez, publicaba un libro con el título muy significativo de Kaïs Saied Ier. Président d’un bateau ivre (“Kais Saied Iº, presidente de un barco ebrio”, Edito Editions). No era la primera vez que se describía la situación en Túnez como tal, en alusión al famoso poema de Rimbaud, pues en su libro de memorias Témoignage pour l’Histoire de Ahmed Mestiri (2011) calificó así la situación del país en los últimos años del mandato de Burguiba, ya por entonces enfermo y senil.

El libro, que pretendía hacer un balance del papel desempeñado por el presidente Saied en el año transcurrido, era muy crítico con él, por su carácter nada receptivo, por su conservadurismo, su utopismo, su aislamiento del mundo real que mueve al país, las empresas y el mundo de los negocios, incapaz de ser árbitro e impulsor del verdadero poder ejecutivo, que no reside constitucionalmente en sus manos sino en las del primer ministro que él nombra pero al que, por dos veces, dio la espalda en cuanto decidió ejercer su autonomía.

Pero no se puede olvidar que Túnez en aquel momento, diciembre de 2020, vivía bajo la pandemia de COVID-19 que, si en los primeros meses eludió a Túnez en sus rigores, empezó desde la vuelta del verano de 2020 a sufrirlos, agravando la crisis por la paralización de sus principales recursos, el turismo y el textil, larvada ya desde enero de 2011.

“La relación de Kais Saied con su primer ministro Elies Fakhfakh (…) se saldó en un fracaso, torpedeado por las dos principales fuerzas políticas, precisamente Ennahda y Qalb Tunes, que lograron desplazarlo con la acusación de corrupción”

La relación de Kais Saied con su primer ministro Elies Fakhfakh, designado por él mismo en enero de 2020 y respaldado por una precaria mayoría heterogénea en la que estaba integrado a regañadientes el partido islamista Ennahda, se saldó en un fracaso, torpedeado por las dos principales fuerzas políticas, precisamente Ennahda y Qalb Tunes, que lograron desplazarlo con la acusación de corrupción. La experiencia con su sucesor, Hichem Mechichi, no mejoró. A pesar de aparentar una cercanía con el presidente (había sido su asesor jurídico hasta ocupar el cargo de ministro del Interior en el gobierno Fakhfakh), los desencuentros comenzaron desde el arranque de su mandato en septiembre de 2020 apoyado por una mayoría contraria al presidente e integrada por los dos partidos mayoritarios citados, en coalición con el grupo islamista radical Al Karama. La guerra entre instituciones llevó al país a la parálisis, con una tricefalia imposible que definió así en junio de 2021 el editorialista del periódico Al Maghreb, Zied Krichene: “Un presidente fuera del espacio, un presidente del parlamento fuera del tiempo, un jefe de gobierno fuera de servicio y un país fuera del tema”.

Se refería al ilusionismo de Kais Saied, que preconizaba desde su instalación en el palacio de Cartago la utopía de un cambio de régimen con una democracia participativa al margen de los partidos; a la ensoñación islamista de Rachid Gannuchi al frente de la Asamblea de Representantes del Pueblo; a la inoperancia del primer ministro que desde enero de 2021 mantenía un gobierno con las principales carteras en la interinidad puesto que los relevos que había decidido llevar a cabo entonces no habían sido confirmados por el presidente; y a la inconsciencia de una población decepcionada por la política y ajena a la virulencia de la pandemia.

El bloqueo institucional, en plena crisis económica, con una deuda pública cercana al 100 % de su PIB, obligado a recurrir al FMI a cambio de una dura reestructuración que creará más tensión social y paro, ha llevado al país a la bancarrota y a una situación explosiva que resienten las clases más desfavorecidas. La tasa de pobreza según el Banco Mundial alcanzó en 2020 el 22%.

La idea de poner coto a esta situación activando el artículo 80 de la constitución, que permite al presidente “en caso de peligro inminente” adoptar medidas excepcionales tras consultar al jefe del gobierno, al presidente del parlamento e informar al presidente de la corte constitucional, aparece ya en una reunión mantenida el 26 de mayo entre el presidente Saied y el primer ministro Mechichi, en su calidad de titular interino de la cartera de Interior. Era la primera vez que se encontraban desde enero ambas cabezas del ejecutivo, revelando el desentendimiento entre ambos. Los rumores de que se preparaba un golpe constitucional suscitados por el documento filtrado fueron acallados por el presidente que, reconociendo implícitamente la existencia del documento, defendió la constitucionalidad de la medida y fustigó actuaciones como la del parlamento contrario a levantar la inmunidad a 64 diputados encausados judicialmente.

Otro problema derivado es que desde la promulgación de la constitución en 2014 no se ha instituido aún la Corte constitucional, por lo que el presidente, profesor de derecho constitucional, se ha erigido en intérprete máximo del texto fundamental.

En los meses transcurridos desde mayo, la incertidumbre no ha cesado en el país, acuciado por el incremento de la incidencia de la pandemia, que alcanzó una media diaria de 6.000 nuevos casos y una mortandad superior al centenar, que han provocado el colapso de la sanidad, debiendo recurrir a la mendicidad internacional de vacunas y oxígeno. La desconfianza entre instituciones, incapaces de entablar un diálogo preconizado por la principal central sindical, la UGTT, desde diciembre de 2020, ha agravado la situación.

A mediados de julio empezaron a aparecer en las redes sociales, a través de páginas como la del “Movimiento 25 de julio” de Facebook, llamamientos a convertir la fiesta de la República en una jornada de reivindicación callejera en favor de la destitución del gobierno, de la suspensión del parlamento y hasta del cambio de régimen que parecían inspirados por la filosofía populista del presidente. Fue en páginas similares en las que Kais Saied se apoyó para su candidatura a la presidencia, al margen de los partidos, logrando finalmente un 70% de los sufragios.

La jornada llegó y las manifestaciones se produjeron por todo el país, con enfrentamientos con la fuerza pública movilizada para impedirlos. Los manifestantes atacaron en algunas localidades las sedes del partido Ennahda acusado de ser responsable de la crisis institucional que vive el país. Fue con el pretexto de estas manifestaciones que el presidente, invocando el artículo 80 de la constitución, procedió a destituir al presidente del gobierno, a congelar durante 30 días la actividad del parlamento y a quitar la inmunidad parlamentaria a los diputados, asumiendo el poder ejecutivo con un gobierno que presidirá un primer ministro designado por él.

La medida fue recibida con júbilo en manifestaciones populares, entre las que se mezcló el propio presidente a las dos de la madrugada en la céntrica avenida Burguiba de la capital.

El líder de Ennahda y presidente del parlamento, que negó haber sido consultado por el presidente sobre el recurso al artículo 80, consideró anticonstitucional suspender los trabajos parlamentarios y criticó estas decisiones como un levantamiento contra la constitución y la revolución de 2011. Fuerzas del ejército, movilizadas por el presidente Saied, impidieron su acceso al parlamento. Otras fuerzas políticas, como el partido Qalb Tunes y el movimiento Al Karama, miembros de la coalición gubernamental, han condenado las decisiones del presidente como una grave violación de la constitución.

Crítica fue la reacción de la Corriente Democrática (Attayar), social demócrata, contraria a la interpretación del artículo 80 por Saied, si bien coincidía en considerar responsable de la crisis que vive el país a la coalición gobernante dirigida por Ennahda. Integrado en el Bloque Democrático, el segundo grupo parlamentario del país, con una cuarentena de diputados, hay diferencias en su seno, pues grupos más afines al presidente dentro del Bloque, como el Movimiento Echaab, apoyaron sus decisiones.

Tahya Tunes, el pequeño partido del antiguo primer ministro Youssef Chahed, con 10 diputados, sostiene al presidente, exigiendo una urgente hoja de ruta que clarifique la situación. Similar es la posición del Partido Desturiano Libre, heredero del benalismo, cuya líder, Abir Moussi, que encabeza las encuestas en estos tiempos de crisis y aparece como la más radical opositora a la hegemonía ejercida por Ennahda, se mostró identificada con el recurso al artículo 80 del presidente que ella venía reclamando.

“El período de 30 días abierto por el presidente es clave para encauzar al país en una nueva dirección, pero no aparecen por el momento síntomas que conduzcan a un diálogo nacional (…)”

El país vive momentos de incertidumbre ante el temor de una deriva autoritaria. El período de 30 días abierto por el presidente es clave para encauzar al país en una nueva dirección, pero no aparecen por el momento síntomas que conduzcan a un diálogo nacional necesario para superar los desajustes constitucionales que han llevado al bloqueo institucional que ha paralizado al país. No es momento para hombres providenciales y se echan de menos iniciativas como la preconizada por la central sindical, que en 2015 le valió el premio Nobel de la Paz (en unión con otras entidades empresariales y de derechos humanos) por haber contribuido a superar la grave crisis vivida por el país en 2013 y a que se aprobara por consenso la constitución de 2014. Premio, por cierto, minusvalorado por Kais Saied que, en su obsesión por ver complots en todas partes, lo tildó recientemente de injerencia extranjera.