Aprovechando la alargada y tétrica sombra de la ilegal campaña israelo-estadounidense contra Irán y un error más de Hizbulah, derivado de sus compromisos con Teherán, Israel ha decidido embarcarse en una no menos trágica e ilegal campaña en el Líbano. Y si todavía no están claras las motivaciones de Donald Trump para dejarse arrastrar por Tel Aviv hacia guerras en las que no están en juego sus intereses vitales, pocas dudas cabe albergar sobre las razones que llevan a Benjamín Netanyahu a volver a apostar por las armas en ambos casos.
Objetivos que se resumen en el sueño de redibujar el mapa regional a su gusto, con Israel convertido en el actor dominante con vecinos sometidos a su dictado, estructuralmente debilitados y, a ser posible, fragmentados.
El primer ministro israelí, que hace años que vive de la guerra, tiene un interés personal en emprender y sostener campañas militares como una vía preferente para intentar recuperar su imagen de garante de la seguridad de sus ciudadanos, tras haberla arruinado estrepitosamente con el fracaso cosechado al no haber impedido los ataques de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en octubre de 2023. Resulta evidente, asimismo, que de ese modo pretende bloquear la acción de la justicia en las tres causas que el Tribunal Supremo sigue contra él, con la clara pretensión de evitar unas condenas que podrían poner fin a su carrera política y llevarlo a la cárcel. Todo ello sin olvidar que, previsiblemente, Israel celebrará elecciones en octubre y Netanyahu calcula que este tipo de acciones bélicas son su mejor baza electoral para renovar su mandato.
A esas consideraciones personales se une el afán del gobierno más extremista de la historia de Israel por aprovechar la ventana de oportunidad que le ofrece la debilidad de sus adversarios regionales y la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca, dispuesto a respaldarlo diplomáticamente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bloqueando cualquier posible propuesta de Resolución que pueda afectarle, sea cual sea la violación del derecho internacional que cometa, y de apoyarlo económica y militarmente en la consecución de sus objetivos. Objetivos que se resumen en el sueño de redibujar el mapa regional a su gusto, con Israel convertido en el actor dominante con vecinos sometidos a su dictado, estructuralmente debilitados y, a ser posible, fragmentados.
Así se entiende lo que está haciendo tanto en Palestina, como en Siria, Irán y el Líbano. En este último caso, cabe señalar, en primer lugar, que desde el acuerdo establecido entre Israel y Hizbulah en noviembre de 2024, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) han violado diariamente dicho pacto, manteniendo una presencia permanente en al menos cinco localidades libanesas y atacando a su elección múltiples objetivos en territorio soberano libanés, siempre con la excusa de neutralizar supuestas amenazas (nunca materializadas) de la milicia libanesa. Una milicia políticamente descabezada y muy debilitada militarmente que ahora, en el contexto de la guerra decidida por Tel Aviv y Washington contra Teherán, ha vuelto a tomar partido por sus patronos y ha lanzado (por primera vez desde la firma del alto el fuego) algunos drones y misiles contra suelo israelí.
Esta acción, igualmente condenable, ha servido a Netanyahu para presentarse como obligado a responder, lanzando una ofensiva en toda regla que pretende ir mucho más allá de una operación de represalia.
A semejanza del caso sirio, todo indica que las FDI buscan hacerse permanentemente con una parte del territorio libanés –en una nueva violación del derecho internacional–, con la intención de contar con una zona tapón que garantice su seguridad, expulsando a Hizbulah de un territorio de mayoría chií en el que durante años ha encontrado refugio y que le ha servido como base de partida para atacar a Israel. Si en el caso de Siria esa idea se materializó con la toma y el control de los Altos el Golán (1967), Israel pretende hacer lo propio en el Líbano, ocupando y controlando todo el espacio entre el río Litani y la denominada Línea Azul (a lo largo de la frontera común). Los mismos 800 km2 que, con el nombre de Zona de Seguridad del Sur del Líbano, ya ocuparon militarmente (y a través de la milicia cristiana Falange Libanesa) entre 1982 y 2000.
Poco parece importar si esta nueva agresión, que ha vuelto a llevar la violencia hasta Beirut, vuelve a implicar el desplazamiento forzoso de una población civil que ya ha sufrido el castigo de anteriores operaciones israelíes, mientras las tropas israelíes llevan a cabo lo que sarcásticamente denominan “operaciones defensivas avanzadas”. Saben que Hizbulah no sólo está en horas muy bajas, sino que tampoco puede ir más allá en respuesta a las FDI por el temor a que sea la propia población libanesa la que termine reprochándole que, de ese modo, da aún más excusas a Israel para golpear, poniendo en mayores aprietos a un gobierno libanés que nunca ha logrado recuperar el monopolio del uso legítimo de la fuerza y, menos aún, forzar el desarme de la milicia chií.
Israel sabe, en definitiva, que ni el gobierno ni, menos aún, las Fuerzas Armadas libanesas están en condiciones de hacer frente a Hizbulah. También calcula que la milicia chií no podrá ofrecer mucha resistencia a la agresión y que la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) –la operación de mantenimiento de la paz creada en 1978 y reforzada en 2006 por la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad– no tiene mandato para ir más allá de la observación sobre lo que pasa. Está convencido, en consecuencia, que el semáforo está en verde.
