No es, desde luego, la primera vez que el régimen nacido tras el derribo del sah Reza Palevi en 1979 parece estar al borde del colapso. Sin necesidad de remontarse muy atrás, basta con recordar las movilizaciones ciudadanas que se produjeron en 2009, en protesta por el pucherazo electoral que propició la victoria del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad, neutralizadas con la acostumbrada represión violenta y el encarcelamiento de los principales dirigentes del llamado Movimiento Verde. También cabe referirse a las multitudinarias manifestaciones, con especial protagonismo de las mujeres, que siguieron a la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022 mientras estaba encarcelada por haber trasgredido los estrictos códigos de vestimenta vigentes en la República Islámica de Irán.
En un arranque de año en el que las movilizaciones se multiplican en las 31 provincias del país, vuelve a cobrar fuerza la idea de que el tándem Ali Jamenei-Masoud Pezeshkian terminará por caer a corto plazo como resultado de la presión popular.
Y en todos esos casos, y en tantos otros en los últimos 45 años, se han multiplicado los pronósticos, confundidos con los sueños de muchos, del fin del régimen.
Ahora, en un arranque de año en el que las movilizaciones se multiplican en las 31 provincias del país, vuelve a cobrar fuerza la idea de que el tándem Ali Jamenei-Masoud Pezeshkian terminará por caer a corto plazo como resultado de la presión popular. En 2009, la motivación principal para los iraníes que se lanzaron a las calles fue de carácter político, al comprobar una vez más que su voto no bastaba para modificar la férrea estructura de un régimen tan autoritario como corrupto e ineficiente. Hoy es sobre todo la variable económica, resumida en una inflación que se acerca al 50% y una brutal depreciación del rial, la que explica que la población se haya atrevido a manifestar abiertamente su insatisfacción.
Por supuesto, esa penosa y generalizada situación tampoco es nueva en la historia del régimen de velayat-e-faqih. En esencia, responde al efecto combinado de dos factores primordiales. Por un lado, hace mucho que Irán está en la diana tanto de Washington como de Tel Aviv, interesados en neutralizar a un actor que cuestiona el statu quo regional y que lleva décadas mostrando una decidida voluntad de exportar su radical visión del islam al resto de sus vecinos. A esa idea corresponde tanto el asesinato de científicos del controvertido programa nuclear, ciberataques y ataques convencionales como los registrados en junio del pasado año, como la aplicación de sanciones económicas. Estas últimas han ido cobrando aún más fuerza desde que, en mayo de 2018, Donald Trump decidió salirse del acuerdo de 2015 por el que se había logrado que Irán frenara el citado programa nuclear. Dado que una intervención militar contra un régimen que cuenta no sólo con sus Fuerzas Armadas –Aresh–, sino también con el poderoso Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán –los pasdaran–, no ofrece garantías de éxito ni siquiera para maquinarias militares tan potentes como la estadounidense y la israelí, ambos actores entendieron que el ahogo económico podía ser la mejor manera de provocar la caída del régimen. Se trataba de impedirle comerciar con sus hidrocarburos, de expulsarlo del sistema financiero y bancario mundial, y de convencer a los inversores internacionales de que eliminaran a Irán de sus agendas. En definitiva, se buscaba provocar un malestar social de tal magnitud que fueran los propios iraníes los que terminaran por hacer colapsar el régimen desde dentro.
A tenor de lo visto hasta ahora resulta evidente que dicha estrategia, sin duda dolorosa para el conjunto de los 90 millones de iraníes, no ha sido capaz de provocar el efecto deseado. Por eso, para llegar a entender el nivel de desesperación que ha desembocado en la actual ola de movilización popular hay que centrar la mirada en el enorme grado de ineficiencia y corrupción de unos gobernantes que han dado sobradas muestras de falta de voluntad para actuar contra los que aprovechan su posición de poder para beneficiarse personalmente al margen de las necesidades de sus conciudadanos. En realidad, a pesar de las sanciones internacionales, Irán fue capaz de ingresar el pasado año unos 62.000 millones de dólares por venta de hidrocarburos (apenas 3.000 millones menos que en 2016 cuando se levantaron muchas de dichas sanciones y contando con que el precio del barril de petróleo está sensiblemente más bajo que entonces). Eso significa que, en principio, el régimen contaría con medios sustanciales para atender a su población si no fuera por el alto nivel de sustracciones indebidas por parte de quienes ocupan posiciones de poder. Tanto por acción como por omisión es ahí donde se identifica el principal factor de descontento.
Lo que queda por ver, sin perder de vista las apetencias belicistas tanto de Washington como de Tel Aviv, es cuál será en esta ocasión la respuesta del régimen. Hasta ahora ha sabido bandear las crisis con una mezcla de promesas de reforma –que nunca ha cumplido más allá de lo cosmético– y de represión –acentuada en cada nueva ocasión en una deriva liderada básicamente por los sectores más duros del régimen–, con los pasdaran en cabeza. Aunque es evidente que eso le ha servido para mantener el control de la situación, también lo es que no ha logrado resolver ninguno de los problemas que, tiempo después, vuelven a propiciar una nueva crisis. De momento, al tiempo que la represión ya está siendo generalizada, Pezeshkian ha tratado de mostrarse más comprensible con los que protestan, sin que eso haya servido para rebajar la tensión. Dado el alto nivel de frustración y hartazgo, no parece que eso sea suficiente, ni para lograr el alivio de las sanciones –Trump tampoco se lo va a poner fácil– ni para imponer su supuesta voluntad reformista a quienes siguen anclados en un sistema que les proporciona poder y riqueza al margen de las demandas y expectativas de su propia población. ¿Hasta cuándo?
