El primer ministro francés François Bayrou se prepara para convertirse, probablemente, en el primer jefe de gobierno de la V República en caer a raíz de un voto de confianza. Su predecesor, Michel Barnier, ya había marcado un hito al convertirse en el dirigente del Ejecutivo más efímero desde 1958, apenas tres meses en el cargo, y en el único en sucumbir a una moción de censura desde Georges Pompidou en 1962. La posible sucesión de dos caídas en tan corto intervalo de tiempo refleja la magnitud de la inestabilidad política que atraviesa Francia.
El voto de confianza (…) no responde a la urgencia de alertar sobre la deuda, sino a la fragilidad de un primer ministro sin apoyos sólidos en la Asamblea Nacional ni en la opinión pública.
El propio Bayrou ha decidido convocar el voto de confianza para el 8 de septiembre, alegando la necesidad de forjar un consenso parlamentario y social en torno a la gravedad de la deuda pública antes de entrar al detalle de las medidas de ajuste. El argumento, sin embargo, suena más a justificación táctica que a convicción. La magnitud del problema financiero no genera dudas: los fallos de previsión del Ministerio de Finanzas, el descontrol del déficit en 2023 y 2024, el incremento constante del endeudamiento, la expectativa ante las agencias de calificación y los mensajes insistentes del propio Bayrou han colocado la deuda entre las principales inquietudes de la ciudadanía, como reflejan las encuestas.
El voto de confianza, en este sentido, no responde a la urgencia de alertar sobre la deuda, sino a la fragilidad de un primer ministro sin apoyos sólidos en la Asamblea Nacional ni en la opinión pública. La cuestión central no es el diagnóstico económico –ampliamente compartido–, sino la capacidad de liderazgo para articular un bloque parlamentario dispuesto a asumir las medidas de ajuste y en quiénes deben recaer. El riesgo es que, en ausencia de esa mayoría, la crisis de gobernabilidad acabe por agravar la propia vulnerabilidad financiera de Francia.
El presupuesto presentado el pasado 15 de julio prevé un ajuste de 43.800 millones de euros en 2026, con el objetivo de reducir el déficit al 4,6% del PIB frente al 5,8% registrado en 2024. Para lograrlo, el Ejecutivo ha anunciado medidas de fuerte impacto social: congelación de pensiones, recorte del gasto sanitario, reducción del empleo público e incluso la supresión de dos días festivos. A corto plazo, los grandes grupos empresariales parecen quedar al margen, mientras que la contribución de los tramos más altos de renta permanece indefinida con una “contribución de solidaridad”.
El contraste se acentúa si se observa que, en paralelo, Emmanuel Macron ha confirmado una sustancial expansión del gasto militar: en 2027 el presupuesto de defensa alcanzará los 64.000 millones de euros, el doble del disponible en 2017. La paradoja es evidente: se fortalece la capacidad militar al tiempo que se debilitan pilares básicos del contrato social.
Esa paradoja se inserta en una posición fiscal especialmente frágil. Francia presenta uno de los mayores desequilibrios fiscales de la zona euro: con un gasto público equivalente al 57,1% del PIB en 2024 –sólo superado por Finlandia– y unos ingresos del 51,3%, el país encabeza el déficit europeo, que alcanzó el 5,8% ese mismo año. Asimismo, el Estado se enfrenta a la dificultad de aumentar ingresos sin agravar la contestación social, mientras que las necesidades de gasto (más del 50% del gasto público se destina a prestaciones sociales y alrededor del 14% del PIB a pensiones) permanecen estructuralmente elevadas.
En ese contexto, la decisión de Bayrou debe leerse sobre todo en clave política. Consciente de que su presupuesto no tenía opciones de prosperar en la Asamblea Nacional, eligió precipitar la crisis antes que sufrirla, abandonando el puesto “con honra” en lugar de quedar atrapado en una moción de censura inminente. Bayrou ha preferido no padecer el bloqueo institucional, sino provocarlo él mismo para tratar de salir de él con mayor control.
El contexto parlamentario es difícilmente sostenible. Sin mayoría en la Cámara y con niveles de impopularidad inéditos para un primer ministro de la V República –sólo un 20% de opiniones favorables frente a un 59% que reclamaba su relevo, según Ipsos/BVA–, Bayrou ha jugado la que parece ser su última carta. Sus colaboradores admiten que se anticipó a una censura casi segura en otoño, que habría girado en torno al presupuesto y a un debate social altamente conflictivo, como ya sucedió con Michel Barnier. El Ejecutivo esperaba así atenuar los efectos de una derrota en ese terreno, mientras intentaba contener la contestación social y sindical prevista para el 10 de septiembre bajo el lema Bloquons tout.
La aritmética parlamentaria parece sellar su destino. La suma de la izquierda (192 escaños), la Agrupación Nacional y sus aliados (138) y el grupo Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires (LIOT) (23) supera con holgura la mayoría absoluta, frente a los apenas 210 diputados con los que podría contar el primer ministro. Tanto la extrema derecha como la izquierda ya han anunciado su voto en contra. Bayrou ha perdido incluso el apoyo tácito que en el pasado le permitió sobrevivir a varias mociones de censura: la abstención de Marine Le Pen o de los socialistas. En este escenario, el voto de confianza no se plantea como una oportunidad de refrendo, sino más bien como un desenlace inevitable.
Las opciones que se abren para Emmanuel Macron son limitadas y todas entrañan riesgos. La más inmediata es nombrar a un nuevo primer ministro, una decisión que podría buscar tanto la continuidad como un giro de equilibrio político. El nombre de Sébastien Lecornu, actual ministro de Defensa y aliado cercano del presidente, ha circulado como favorito. Su perfil joven y su origen en la derecha republicana lo convierten en un candidato de confianza para el Elíseo. Junto a él también se mencionan otros nombres del entorno presidencial, como Gérald Darmanin (ministro de Justicia), Yaël Braun-Pivet (presidenta de la Asamblea Nacional) y Agnès Pannier-Runacher (ministra de Transición Ecológica), todos ellos procedentes del ámbito macronista, lo que reforzaría la opción de continuidad frente a un giro de mayor calado.
Otra posibilidad sería virar hacia el centro-izquierda intentando atraer a los socialistas a un gobierno de coalición. La figura de Bernard Cazeneuve, antiguo primer ministro socialista, ya estuvo en las quinielas en transiciones anteriores, aunque entonces se interpretó como una maniobra de Macron para dividir a la izquierda. Hoy esa opción se enfrenta a dos obstáculos adicionales: por un lado, exigiría aceptar concesiones que el presidente ha rechazado hasta ahora, como revertir parcialmente la reforma de las pensiones o elevar la fiscalidad sobre las rentas más altas; por otro, la fuerte división interna en la izquierda –también entre los propios socialistas– hace difícil que Cazeneuve sea percibido como una figura de consenso.
La segunda opción pasaría por disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones. El problema es que el panorama político apenas ha variado desde los comicios de 2024 y es probable que unos nuevos comicios reprodujeran el mismo bloqueo parlamentario. La hipótesis de una dimisión presidencial, defendida de forma retórica por el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, resulta altamente improbable. Todo indica que Macron intentará resistir hasta 2027, aunque ello suponga convivir con una inestabilidad política crónica.
Más allá de las alternativas personales o tácticas, lo que se revela es una crisis de régimen. La V República fue concebida en 1958 para garantizar mayorías estables y gobiernos sólidos en un sistema bipartidista. Hoy, sin embargo, Francia se articula en tres polos –la izquierda, el bloque macronista junto con los republicanos y la extrema derecha– que se neutralizan mutuamente. La ruptura del sistema de partidos tradicional en 2017, el ascenso sostenido de la Agrupación Nacional y la consolidación de la Francia Insumisa han transformado un esquema pensado para dos bloques en un tablero tripolar. En este contexto, la Asamblea Nacional produce Ejecutivos efímeros y frágiles, susceptibles de ser derribados por la confluencia de dos de esos polos. La Constitución no ofrece mecanismos efectivos para resolver este bloqueo más allá de la disolución parlamentaria, lo que convierte la fragilidad gubernamental en un rasgo estructural del sistema. Por ello, la crisis que atraviesa Francia tras la caída de François Bayrou no es sólo gubernamental, sino una crisis más profunda de la V República, que pone de relieve los límites de un sistema concebido para otra época política.
