El truco es tan viejo que asombra que siga funcionando. El gobierno de Benjamín Netanyahu anunció que el pasado día 2 abría el paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto. Es el único paso que no conecta directamente la Franja con Israel, aunque son las Fuerzas Armadas israelíes quienes realmente lo controlan, y llevaba prácticamente cerrado desde hacía más de dos años, como parte de la respuesta israelí a los ataques de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en octubre de 2023. En una lectura apresurada ese gesto podría ser interpretado como una muestra de la magnanimidad y flexibilidad de Netanyahu, sensible al sufrimiento de los gazatíes y decidido a hacer progresar el plan de Donald Trump para alcanzar la paz. La realidad, detrás de esa imagen tan idealizada como equivocada, es muy distinta.
No puede extrañar que, una vez más, Netanyahu y los suyos sonrían satisfechos al ver que sus viejos trucos siguen funcionando.
En primer lugar, sin olvidar en ningún caso que su prolongado cierre es una medida condenable, en tanto que supone un castigo colectivo contra sus más de dos millones de habitantes, dejaba claro que Tel Aviv llevaba cuatro meses incumpliendo el acuerdo alcanzado el pasado 10 de octubre, por el que, además de un cese de hostilidades, se establecía el compromiso israelí para dejar de poner obstáculos a la provisión de ayuda humanitaria. Por otra parte, la novedad se reduce estrictamente a que Israel sólo va a permitir el paso de unas 200 personas al día, manteniendo cerrado el paso de mercancías. De ellas, se prevé que unas 50 serán gazatíes localizados en territorio egipcio que deseen volver a Gaza; una cantidad irrisoria si se tiene en cuenta que diversas fuentes estiman que actualmente hay entre 100.000 y 150.000 personas en esa situación. En sentido contrario, se calcula que Israel permitirá la salida diaria de la Franja, fundamentalmente por motivos médicos, a unos 50 enfermos y 100 acompañantes (sobre un total estimado por la Organización Mundial de la Salud –OMS– de 18.500 enfermos necesitados de atención en instalaciones hospitalarias inexistentes en Gaza).
Además, ese tránsito a cuentagotas se presenta como aparentemente regulado por efectivos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), relevando a las fuerzas israelíes, complementados por enviados de la Unión Europea (UE). Todo ello haciendo ver que Israel cede esa tarea a otros como un ejemplo de generosidad y confianza. La realidad es que los servicios de seguridad israelíes no sólo mantienen el control último del paso, con sus instalaciones de inspección a apenas unos metros de las de la ANP y la UE, sino que es Tel Aviv quien establece los criterios de selección de quienes podrán atravesarlo. En la práctica eso supone que Israel se reserva la potestad de decidir quiénes de ningún modo van a recibir la autorización pertinente, como, por ejemplo, los palestinos nacidos fuera de Gaza en estos últimos dos años (lo que obliga a sus padres, si están vivos y aunque tuvieran la posibilidad de regresar, a renunciar a hacerlo) y los palestinos originarios de Cisjordania. Por si hubiera alguna duda al respecto de ese afán controlador y de su potestad para imponer su criterio, en los cinco primeros días de apertura no ha llegado al centenar el número de personas que han podido entrar en Gaza y apenas una treintena ha logrado salir de ella.
Y mientras esto acapara momentáneamente la atención internacional, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) continúan violando diariamente un alto el fuego que sólo le sirvió a Netanyahu y a los gobiernos nacionales que lo apoyan para desactivar la movilización ciudadana en muy diversos países. De hecho, se contabilizan más de 1.450 violaciones desde su entrada en vigor, con más que 500 asesinatos que se añaden a los más de 70.000 contabilizados desde octubre de 2023. Y, por supuesto, Gaza sigue siendo un territorio cerrado por tierra, mar y aire, con las FDI desplegadas a lo largo de la llamada Línea Amarilla, ocupando en torno a un 60% de sus 360 km2 y controlando los otros seis pasos que conectan la Franja con Israel. Una situación que le permite hacer lo que le venga en gana, sabiendo que nadie está dispuesto a ir más allá de las condenas verbales.
Prueba de ello es que el Departamento de Estado estadounidense ha anunciado la pasada semana la aprobación de una nueva venta de armamento a Israel por un importe estimado en 6.700 millones de dólares, que incluye una treintena de helicópteros de ataque Apache, munición y diversos tipos de vehículos tácticos ligeros. Una señal más de que el genocidio perpetrado por las FDI no frena el tradicional apoyo activo de Washington, acelerado aún más en estos últimos dos años hasta el punto de que en octubre del pasado año ya se contabilizaban, según un estudio de la Universidad Brown, ventas de material de defensa por un total de 21.700 millones de dólares.
Y otro tanto cabe decir de la UE, incapaz de aplicar ninguna medida de castigo a quien, según sus propios datos, comete violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los gazatíes (y, por tanto, choca abiertamente con lo estipulado en el Acuerdo de Asociación vigente). Incluso, en un nuevo ejercicio de funambulismo político que agrava la incapacidad de los Veintisiete para estar a la altura de su propios valores y principios, Kaja Kallas, alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, ha optado por declarar que la mencionada apertura de Rafah es “un paso concreto y positivo”. Sin más.
No puede extrañar que, una vez más, Netanyahu y los suyos sonrían satisfechos al ver que sus viejos trucos siguen funcionando.
