Mensajes clave
- El fuerte despliegue militar estadounidense en el Caribe con la vista puesta en Venezuela, justificado inicialmente como una operación contra el narcotráfico, apunta a objetivos políticos mayores dado el tamaño, coste y sofisticación del dispositivo. Entre ellos, presionar al régimen de Maduro o prepararse para escenarios de crisis interna en el país caribeño.
- Marco Rubio, hoy secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, es el principal ideólogo de la política estadounidense hacia Venezuela. Su visión securitaria y antiautoritaria ha impulsado sanciones, la narrativa del “eje del mal” latinoamericano y ahora la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, ampliando el margen de acción militar. Además, la campaña militar contra el “narcoterrorismo” ha generado tensiones entre la Casa Blanca y los líderes del Capitolio ya que podría sentar un precedente legal significativo.
- La Administración Trump quiere reconstruir la influencia estadounidense en su hemisferio, apoyándose en aliados (Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, etc.) y aislando al eje Cuba-Nicaragua-Venezuela. La caída de Maduro sería su mayor victoria geopolítica en la región en décadas.
- Incluso si Estados Unidos consigue forzar una salida de Maduro, persisten enormes incógnitas, comenzando por la gestión del día después e incluyendo la estabilidad interna, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los riesgos de violencia, la capacidad del nuevo gobierno, la influencia de Rusia y de China, la impunidad o la justicia para los militares, y la posibilidad real de que el país derive hacia un Estado fallido.
Análisis
En 2025 la Administración estadounidense ha puesto en marcha en el Caribe una de las campañas militares más activas en décadas, la denominada Operation Southern Spear o “Lanza del sur”. El 13 de noviembre, el secretario de Defensa de estadounidense, Pete Hegseth, lo anunció de manera oficial, aunque curiosamente el nombre Operation Southern Spear se mencionó en enero de 2025 en un comunicado de la 4ª Flota referido a pruebas tecnológicas de vigilancia marítima. Washington parecía reutilizar el nombre, ampliando y transformando el concepto inicial para justificar una operación de mayor escala en el contexto del incremento de tensiones con Venezuela.
El anuncio oficial de la operación confirmaba el aumento de la presencia naval, aérea y de infantería en la región, justificada en un primer momento como parte de una operación para frenar el narcotráfico que fluye hacia Estados Unidos (EEUU) desde Venezuela y a través del Caribe.
Los expertos apuntan a que la droga que llega a las ciudades estadounidenses a través de Venezuela es marginal. La mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia y arriba a EEUU lo hace a través de Ecuador y el Pacífico, mientras la gran proporción del fentanilo y de las drogas sintéticas con el mismo destino, la verdadera batalla de Donald Trump y una verdadera cuestión de salud pública en EEUU, se producen en laboratorios de México y América Central. Lo que está claro es que la concentración de armamento y personal desplegada en el Caribe sólo serviría para matar moscas a cañonazos si el verdadero objetivo del dispositivo es el combate contra el crimen organizado. Si no se atacan directamente las fuentes de financiación del narcotráfico es muy probable que los cárteles reemerjan con fuerza renovada tras un período de letargo, que puede ser más o menos prolongado dependiendo de la duración del operativo, el cual, por otro lado, tiene un coste elevadísimo.
Por lo tanto, más allá de la justificación inicial de frenar el narcotráfico –que no requiere de un portaaviones– el nivel y la naturaleza del despliegue militar apuntaban a un objetivo más político y estratégico, desde ejercer presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro para provocar un cambio de régimen, hasta preparar opciones ante un posible deterioro de la situación interna venezolana o acceder en condiciones ventajosas a su petróleo. Saber el verdadero objetivo es una tarea ardua, no sólo porque los designios de Trump son inescrutables, más allá de su aparente transparencia, sino también porque éstos pueden cambiar de un día para otro. A pesar de ello, el presidente Trump ha declarado en varias ocasiones que cree que los días de Maduro están contados. La falta de ambición nunca ha sido el punto débil del inquilino de la Casa Blanca.
La operación militar
Desde mediados de agosto de 2025, a partir de la salida del Iwo Jima Amphibious Ready Group de Norfolk, EEUU ha desplegado en el Caribe uno de sus dispositivos militares más potentes en décadas, concentrando una presencia naval y aérea sin precedentes recientes en las aguas próximas a Venezuela. El operativo arrancó con el envío del grupo anfibio encabezado por el USS Iwo Jima (LHD-7) –con alrededor de 4.500 efectivos entre marineros y unos 2.200 infantes de marina de la 22nd Marine Expeditionary Unit– junto a varios destructores, reforzados hacia finales de ese mes por siete buques de guerra adicionales y un submarino de ataque de propulsión nuclear desplegados en el sur del Caribe.
En noviembre, Washington dio un salto cualitativo con la llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor y más avanzado de la Marina estadounidense, acompañado de cazas F-35, drones MQ-9 Reaper, bombarderos estratégicos B-52 y B-1, y el buque de apoyo a operaciones especiales MV Ocean Trader. Paralelamente, intensificó el uso de instalaciones militares en Puerto Rico –reactivando antiguas bases y adaptándolas para operaciones sostenidas de cazas y aviones de transporte–, consolidando el archipiélago como plataforma logística clave.
En este contexto, el 2 de septiembre tuvo lugar el primer ataque reconocido como parte de la campaña antidroga: el hundimiento de una embarcación que, según la Casa Blanca, había zarpado de Venezuela y estaba operada por el Tren de Aragua (una organización criminal de origen venezolano con presuntos vínculos con Maduro). Desde entonces, una veintena de embarcaciones han sido atacadas por fuerzas estadounidenses, planteando serios interrogantes legales y constitucionales dentro de EEUU.
La campaña militar antidroga se ha desarrollado sin una autorización explícita del Congreso, lo que ha abierto un choque entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre el uso de la fuerza. Un artículo del The Washington Post reveló que la Casa Blanca había desoído advertencias internas de sus asesores jurídicos, que señalaban que la naturaleza letal y sostenida de los ataques podía activar las obligaciones de la War Powers Resolution de 1973, que implican la notificación al Congreso y, en ausencia de su aprobación, retirar las fuerzas o cesar hostilidades en 60 días.
La Administración defiende que los ataques “no constituyen hostilidades” en sentido tradicional: se realizan desde barcos y drones en aguas internacionales, los objetivos no atacan fuerzas estadounidenses y son “actos puntuales” contra narcos. Pero expertos de derecho constitucional y del uso de la fuerza sostienen que dichos argumentos relajan el control democrático del Congreso y crean un precedente peligroso.
A este debate se ha unido, casi en paralelo, el conocimiento de que el gobierno estadounidense había emitido una autorización (conocida como “presidential finding”) que habilitaba a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar acciones encubiertas en Venezuela, como otra línea de acción interrelacionada con el despliegue militar y que permitiría a EEUU operar con flexibilidad estratégica contra Venezuela.
Este incremento del tono y acción militar ha coincidido además con el cierre abrupto del canal diplomático entre Washington y Caracas. A principios de octubre, el presidente Trump ordenó a Richard Grenell –su enviado especial– poner fin a todas sus actividades diplomáticas con Venezuela. Hasta ese momento, Grenell había sido el principal interlocutor con Maduro: tras reunirse con él en Caracas en enero, logró que se retomaran los vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos desde EEUU, la liberación de prisioneros estadounidenses y la concesión de licencias energéticas para grandes petroleras estadounidenses y europeas, comenzando por Chevron. La orden de Trump puso fin a este canal de comunicación justo cuando la dimensión militar de la política hacia Venezuela alcanzaba su punto más alto.
EEUU y Venezuela
El interés de Washington por derrotar a Maduro no es nuevo y ya durante su primera Administración, Trump lideró una campaña de máxima presión que pretendía provocar la caída del gobierno encabezado por Maduro. Pero no siempre fue así.
Hasta comienzos de los años 2000, EEUU fue el principal socio comercial de Venezuela y el destino natural de su petróleo. Durante décadas, las grandes compañías estadounidenses –Exxon, Mobil, Chevron, ConocoPhillips– operaron en Venezuela en condiciones extremadamente favorables, amparadas por el marco jurídico de la vieja Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), que a través de CITGO Petroleum Corporation llegó a tener ocho refinerías en territorio estadounidense. Venezuela contaba, sigue contando, con la mayor reserva probada de petróleo del mundo, combinando crudos ligeros y ultrapesados, que incluyen, sobre todo, las inmensas reservas de la Faja del Orinoco.
En los años 70 y 80, durante el periodo de la “Venezuela saudita”, el boom petrolero convirtió el país en una potencia económica latinoamericana, con altos niveles de ingreso per cápita y una influencia regional muy superior a la actual. Las relaciones con Washington eran estrechísimas: cooperación energética constante, alineamiento diplomático en foros regionales y un intercambio económico profundamente interdependiente. En palabras de muchos analistas de la época, la relación era casi “carnal”.
La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999-2000 marcó un giro profundo. La consolidación del chavismo transformó la orientación ideológica, económica y geopolítica del país. Chávez impulsó una ruptura progresiva con EEUU y forjó una alianza estratégica con Cuba, a través de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), así como con Rusia, China, Irán y otros actores con los que compartía afinidades políticas y un discurso antiestadounidense. Este giro se reflejó en nacionalizaciones, expulsión de empresas estadounidenses y una reconfiguración completa del sector energético.
En 2018, Washington cerró la mayor parte de su representación diplomática en Caracas y reconoció a la oposición como autoridad legítima. Desde entonces, el contacto bilateral ha sido mínimo, salvo por cuestiones puntuales: negociaciones humanitarias, intercambios de presos, repatriaciones y excepciones energéticas, como la de Chevron.
Para entender la actual política estadounidense hacia Venezuela –especialmente la lógica que guía tanto el actual despliegue militar como la narrativa de “narcoterrorismo”– es imprescindible situar el papel del exsenador Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. Desde la primera Administración Trump, y con mucha más fuerza en la segunda, Rubio se ha convertido en el principal arquitecto político e ideológico de la estrategia de Washington hacia el “eje del mal” latinoamericano (Cuba, Nicaragua y Venezuela) y en especial contra el régimen de Maduro.
Su visión, marcada por su origen en la diáspora cubana de Miami y por una lectura securitaria del autoritarismo latinoamericano, ha moldeado durante más de una década las sanciones, la presión diplomática, la narrativa internacional sobre Venezuela y ahora también la manera en que la Administración estadounidense interpreta legalmente el uso de la fuerza. En la práctica, Rubio es el hilo conductor que conecta el giro duro contra Maduro desde 2017, la expansión del régimen de sanciones, la instrumentalización del crimen transnacional y –más recientemente– la justificación de operaciones militares sin autorización del Congreso.
Las opciones
EEUU perdió la hegemonía en su patio trasero hace años. Y hace mucho tiempo que no se había visto en Washington tanto interés en América Latina. De este modo, el “America First” se ha transformado en “Americas First”, reflejando el objetivo de recuperar el control de esa parte del mundo. Este podría ser un objetivo ambicioso y también inspirador para Trump. Si consiguiera derrocar a Maduro e instaurar una democracia duradera y pro estadounidense en América Latina, a la que podría continuar Cuba, sería un gran éxito de la política exterior de EEUU. También supondría un gran avance en la Estrategia de Defensa Nacional, que se espera que priorice la seguridad en el hemisferio occidental.
Esta es también una política que podría unir a las diversas facciones dentro del movimiento de Trump. Los Republicanos reaganistas aprobarían el fin de un régimen como el venezolano. Y los republicanos de MAGA aplaudirán el esfuerzo por abordar los problemas de seguridad fronteriza y tráfico de drogas que afectan a los estadounidenses de a pie, siempre y cuando Trump no vaya demasiado lejos. Sin olvidar que, en menos de un año, habrá elecciones de medio mandato y son precisamente los latinos los que han empezado a votar a los Republicanos y que hay alrededor de 770.000 venezolanos en EEUU, la mitad de ellos en Florida.
Todo esto lleva de nuevo a la gran pregunta sin respuesta sobre el propósito del enorme despliegue militar en el Caribe. Hay varias posibilidades. La primera sería utilizar las amenazas militares para que Maduro se autoexpulse voluntariamente. Si esto no funciona, Trump podría aumentar el ritmo de las operaciones militares contra los barcos narcotraficantes venezolanos y ampliar el objetivo para incluir ataques en tierra firme o incursiones de operaciones especiales contra los campos petrolíferos y las bases y fuerzas militares de Venezuela. Esto aumentaría la presión sobre Maduro para que buscara una salida.La tercera opción sería llevar a cabo un ataque directo, bien con misiles o bien aéreo, contra Maduro y otros objetivos del régimen. Sin embargo, lo que nadie ve es la invasión militar, la ocupación y el reemplazo del gobierno por otro pro estadounidense y democrático. A Trump le gusta el uso rápido, contundente y decisivo de la fuerza, y siempre se ha mostrado escéptico ante las campañas militares prolongadas, sin un final claro a la vista, como en Irak, Afganistán y también en Ucrania. No hay forma de que la Administración Trump vaya a llevar a cabo una invasión a gran escala de Venezuela en un futuro próximo.
América Latina
Con independencia de la respuesta por la que uno se incline respecto a las verdaderas intenciones de Trump con su despliegue naval y aéreo, lo que sí está claro es que las medidas de la Administración se relacionan con su nueva óptica respecto a América Latina, como muestra su respaldo casi absoluto a Javier Milei y la política económica argentina y las alianzas con Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y la República Dominicana. El despliegue militar también le ha permitido reforzar sus lazos con algunos países caribeños como Trinidad y Tobago y Guyana. Esto implica diversificar la agenda más allá de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y frenar en seco la migración ilegal.
De momento, cualquier respuesta a las preguntas anteriores parte de una dosis especulativa elevada y no permite avanzar realmente en nuestro conocimiento de lo que está pasando en Venezuela. A tenor de las señales emitidas por María Corina Machado y su círculo más próximo, así como por buena parte de la oposición tanto dentro como fuera del país, se observa demasiada esperanza, excesiva podría llegar a decirse, en que el operativo “Lanza del sur” acabe de un golpe con el chavo-madurismo y permita la reemergencia vigorosa de la Venezuela democrática. Así de fácil y así de sencillo. Y encima parecería ser el único camino para acabar con la profunda crisis venezolana.
Por no saber, más allá de los trascendidos interesados, no se sabe si hay negociaciones en marcha, ni si se ha propuesto o no una salida para Maduro y su círculo íntimo (se ha hablado mucho de Rusia). Sin embargo, una de las grandes cuestiones en discusión es si este camino, incluso en el caso de triunfar, garantizaría la recuperación de la democracia en Venezuela o, por el contrario, abriría las puertas a un nuevo escenario de inestabilidad e incertidumbre. Este escenario podría estar marcado por enfrentamientos de todo tipo, por pases de facturas cruzados, por la mutua búsqueda de revancha y de chivos expiatorios, nada de lo cual serviría para tranquilizar una situación de por si explosiva.
Con independencia de cuál sea el desenlace del operativo (invasión terrestre, ataque aéreo contra objetivos militares destacados, contra blancos vinculados al narcotráfico o algo más indiscriminados y con muchas víctimas colaterales, o un atentado puntual contra la cúpula del poder), lo más importante será la gestión del día después. Y no sólo su gestión: ¿quién se hará cargo de la nueva coyuntura? ¿quién estará al mando? ¿María Corina Machado y su círculo más próximo? ¿quién y cómo gestionará el orden público? ¿qué pasará con la policía? ¿cómo y con qué recursos se financiará esta nueva etapa? ¿los aportará EEUU? ¿desplegará el gobierno de Trump los más de 200.000-250.000 efectivos necesarios, sobre el terreno, para estabilizar la situación y defender al nuevo gobierno de ataques externos e internos?
Más arriba se hablaba de expectativas y muchas de ellas pasan por, una vez segada la cabeza del régimen, sumar a buena parte de los jefes, oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a quienes luchan por la regeneración democrática. Lo cierto es que la FANB es una verdadera caja negra, con escaso o nulo conocimiento de lo que pasa en su interior, salvo el hecho de que sus filas están profundamente infiltradas y controladas por los servicios de inteligencia cubana, de modo que cualquier intento de contestación es rápidamente reprimido. No en vano, el colectivo militar es uno de los más castigados, con exoficiales y suboficiales presos, torturados y exiliados. Según la ONG venezolana Foro Penal, de los 884 presos políticos existentes en el país a comienzos de noviembre, 173, casi el 20%, eran militares.
Otra cuestión para destacar tiene que ver con la capacidad de respuesta de la FANB, con el número de sus efectivos y de las reservas y su estado de preparación, con el nivel del armamento disponible y con el apoyo militar que reciben o pueden recibir de dos de sus principales aliados: Rusia y China. Las muestras de apoyo de Vladímir Putin y Xi Jinping a Maduro son prácticamente constantes. Para Venezuela, Cuba es un socio fundamental, pero la importancia también es crucial para La Habana. El desplome del régimen de Maduro abriría las puertas para que ellos fueran el siguiente paso de la estrategia regional de EEUU.
Un punto de partida importante es saber qué tipo de negociación hay en marcha con los militares, si hay alguna, y en ese caso qué promesas se les están haciendo para poder sumarlos a la reconstrucción nacional. ¿Habrá o no impunidad para los grandes delitos cometidos en el pasado? ¿Pagarán los responsables por los desmanes realizados y por los saqueos mil millonarios de las arcas del Estado? ¿Hasta qué nivel de responsabilidad se llegará?
Cualesquiera sean las respuestas, lo cierto es que de este proceso saldrá un número importante de ganadores y perdedores, creando un caldo de cultivo importante para que el descontento social aumente de forma considerable. Ante una situación como la actual no hay solución buena, y será muy complicado dar paso a un círculo virtuoso que facilite la democratización. En cualquier caso, es evidente el riesgo de que Venezuela acelere su deriva hacia convertirse en un Estado fallido.
Últimos movimientos
El 16 de noviembre el Departamento de Estado de EEUU designó el Cártel de los Soles como organización terrorista, lo que representa un salto cualitativo, porque implica directamente al aparato militar y político de Maduro, permitiendo a la Administración Trump enmarcar su actuación frente a Venezuela en términos de lucha contra el terrorismo y no sólo contra el narcotráfico. En este sentido, es curioso ver como cada paso que da la Administración Trump contra el régimen de Maduro es jaleado desde la oposición como si se tratara de un movimiento más hacia el desenlace, que no puede ser otro que el final de la dictadura.
En los últimos años, el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles han sido los dos nombres más asociados a la criminalidad venezolana, pero su naturaleza y su utilidad política para EEUU son radicalmente distintas. El Tren de Aragua es una banda criminal transnacional surgida en las cárceles venezolanas, expandida por buena parte de América Latina gracias a la emigración venezolana, aunque no está formalmente designado como organización terrorista. En cambio, el Cártel de los Soles es una red paraestatal compuesta por altos mandos militares venezolanos vinculados al narcotráfico. Según Insight Crime, el Cártel de los Soles “es la denominación […] otorgada a un entramado de oficiales y facciones dentro del Estado venezolano, acusados de participar en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el contrabando de gasolina, la minería ilegal y el tráfico de drogas. No es un grupo jerárquico o ideológico. Su estructura está constituida por una red difusa de células instaladas dentro de las principales ramas castrenses de Venezuela: el ejército, la marina, la fuerza aérea y la guardia nacional, desde los rangos más bajos a los más altos. Aunque el concepto se asocia principalmente con los sectores militares, también se han identificado otras ramificaciones del Estado incrustadas dentro del ecosistema criminal, incluyendo a cuerpos policiales, la rama ejecutiva y distintos funcionarios públicos”.
Su designación como organización terrorista por EEUU tiene implicaciones geopolíticas mucho más profundas: conecta directamente el régimen de Maduro con redes de terrorismo y narcotráfico, y, probablemente, proporcione a la Administración Trump una base jurídica más sólida para intensificar sanciones, operaciones encubiertas e incluso escaladas militares.
Según fuentes de EEUU, todo indica que Washington está a punto de lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela. Esta fase podría incluir tanto operaciones encubiertas como el aumento de presencia militar en la región. A ello se une que la Federal Aviation Administration (FAA) ha emitido una advertencia para la aviación sobre espacio aéreo venezolano debido al “riesgo de seguridad” y actividad militar intensificada. Como resultado, varias aerolíneas internacionales –incluyendo europeas– han cancelado vuelos a Venezuela.
Conclusiones
Descartada una invasión militar en toda regla, la gran duda es qué tipo de respuesta dará la Administración Trump a la crisis que intensificó en Venezuela a partir de su despliegue militar. Dado todo lo que ha invertido en el despliegue aeronaval, incluyendo su elevado coste económico, Trump no puede replegarlo sin ningún resultado, ya que esto afectaría sensiblemente su imagen y a su propio proyecto del MAGA.
Lo cierto es, por un lado, que la opinión pública estadounidense es contraria a la intervención. Se trata de un factor interno de gran peso que puede limitar o condicionar hasta qué punto la Administración decide escalar militarmente. Por el otro, el régimen de Maduro, a sabiendas de lo complicado que es un desembarco masivo, ha optado por recrudecer su relato victimista y de resistencia, con un doble objetivo: movilizar a sus bases más fieles y al pueblo en general, e intentar disuadir a EEUU de que no dé un paso en falso. De todos modos, tanto la advertencia a las aerolíneas civiles para que no accedan al espacio aéreo venezolano como la limitación de permisos de Acción de Gracias y Navidad al personal militar estadounidense harían pensar en una próxima medida de fuerza, con independencia de su alcance.
Lo llamativo del gran despliegue militar, incluyendo el portaaviones US Gerald R. Ford, es que por su elevado coste diario se esperaría de él algún resultado a corto o medio plazo, aunque de momento no se ha pasado del hundimiento de, al menos, 20 presuntas narcolanchas. Sin embargo, por ahora no se ha ido más allá, pese al amplio abanico de opciones disponibles, comenzando por acciones encubiertas en el territorio venezolano.
En la actualidad se mantiene el juego del gato y el ratón o, como otros quisieran ver, el de la gallina. Ninguno de los dos, en cualquiera de sus múltiples variantes, puede prolongarse durante mucho tiempo, por lo que no sería descartable que antes de fin de año se produjera algún movimiento decisivo por parte de EEUU, que es el que tiene la iniciativa y debe mover ficha. Cualquier respuesta militar preventiva venezolana sería vista como un ataque directo o una agresión desde Washington, que exigiría una pronta retaliación acorde con la magnitud del desafío.
Respecto al régimen de Maduro, la gran incógnita es su capacidad de sobrevivir a una presión de este calibre, aun con el respaldo de Rusia y China. No es sólo una cuestión de supervivencia de la cúpula chavo-madurista sino de todo el entramado de un régimen que ha fagocitado al Estado venezolano durante más de un cuarto de siglo. No se trata únicamente de la supervivencia de la dictadura sino de la del propio movimiento chavista, que según las circunstancias podría convertirse en un prolongado agente de inestabilidad y desestabilización. No hay que olvidar el precedente del peronismo, que incluso fue uno de los referentes de Hugo Chávez cuando sentó las bases de su movimiento “revolucionario”.
