Tema: Este ARI analiza el enfoque australiano sobre el antiterrorismo.
Resumen: A diferencia de muchos de sus homólogos occidentales y vecinos de la región Asia-Pacífico, hasta hace poco Australia había tenido poca experiencia directa del terrorismo. Sin embargo, los acontecimientos del 11-S sacudieron a este país, haciéndole salir de su autocomplacencia, y desde entonces la lucha antiterrorista ha ocupado una posición central en los debates políticos nacionales. Canberra ha adoptado un enfoque a dos niveles con respecto a dicha lucha. A nivel internacional la piedra angular de sus políticas antiterroristas es la alianza militar de Canberra con Estados Unidos. A nivel nacional, el Gobierno australiano ha respondido a la amenaza terrorista endureciendo las competencias punitivas e investigadoras del Estado. Y, sin embargo, hay una serie de supuestos erróneos acerca de la naturaleza y las causas del terrorismo que mina la efectividad de las políticas a ambos niveles. Dadas estas circunstancias, no es probable que el enfoque dado por Canberra a la amenaza del terrorismo vaya a producir beneficios a largo plazo en términos de seguridad regional o nacional.
Análisis: Poco después de los atentados del 11 de septiembre, Davis Bobrow comentó que:
“(…) el gobierno actual ha adoptado políticas con escasas probabilidades de cumplir lo que en vísperas de la 2ª Guerra Mundial se definió como la piedra de toque de una política de seguridad de éxito: un contexto en el que los estadounidenses puedan vivir en gran medida libres de temor… En gran parte ello se debe a los incentivos y dinámicas incorporados a nuestros procesos políticos y nuestras creencias populares profundamente arraigadas. Bien por esos o por otros motivos, la consecuencia ha sido una guerra contra el terrorismo llevada a cabo de modo contrario a los criterios establecidos para un Gobierno de éxito, propio de una gran potencia. Estamos en una senda peligrosa por motivos mucho más inquietantes que los enfatizados en las críticas acerca de la dinámica psicológica del actual presidente Bush o la sinceridad o el carácter moral de su Administración.”[1]
El mismo análisis crítico puede aplicarse al enfoque dado por Australia al contraterrorismo, que, bajo la dirección del Gobierno nacional conservador del primer ministro John Howard, ha sido cuidadosamente calibrado para ajustarse al de Estados Unidos. De hecho, el Gobierno de Howard ve tal simetría entre los intereses australianos y estadounidenses en este aspecto que ha creado deliberadamente un enfoque contraterrorista, sobre todo por lo que respecta a la amenaza de violencia terrorista en el vecino sudeste asiático, que es poco más que un apéndice asiático-pacífico de la estrategia más amplia a nivel mundial de la Administración Bush.
Obviamente, la cooperación excepcionalmente estrecha entre Canberra y Washington da sus frutos, especialmente en lo que se refiere a compartir la información aun no procesada y a aprovechar los intercambios regulares de análisis de inteligencia entre los servicios secretos de Australia y Estados Unidos para poner a punto la capacidad de ambos Estados para prever acciones terroristas en el sudeste asiático. Y, en este frente, la cooperación entre ambos países ha reportado algunos logros importantes en materia antiterrorista.
Sin embargo, también existen importantes costes asociados al apoyo inequívoco del Gobierno de Howard a la Guerra contra el Terrorismo de la Administración Bush, siendo uno de ellos la presión política ejercida sobre los analistas de inteligencia australianos para que elaboren valoraciones que concuerden con las preferencias de la Casa Blanca. De esta forma, muchos de los mismos errores de diagnóstico y tergiversaciones de los “hechos” por motivaciones políticas que aparecen en el enfoque de la Administración Bush sobre el terrorismo quedan reproducidos en el contexto australiano.
La mayoría de estos costes, que a nivel empírico rudimentario pueden medirse por la difusión, más que por el repliegue, de la violencia contra Occidente desde que se declaró la Guerra contra el Terrorismo, pueden atribuirse a una tendencia a basarse en una concepción simplificada en exceso del fenómeno del terrorismo en sí. En vez de concebir el terrorismo como el resultado de una compleja interacción de diversas fuerzas económicas, históricas, políticas y socio-psicológicas, Canberra ha seguido el ejemplo de Washington y concibe el terrorismo como un problema generalmente unidimensional. En su contexto moderno, esto significa que Canberra considera que la amenaza del terrorismo está en gran parte enraizada en el Islam. Esta explicación reduccionista ha sido expresada abiertamente en la retórica del propio primer ministro Howard, así como en los comentarios de altos cargos del Gobierno y la burocracia. Es también un tema recurrente en los documentos oficiales que pretenden explicar el razonamiento que subyace a las políticas antiterroristas de Canberra. Por ejemplo, el propio Libro Blanco del Gobierno que establecía las políticas antiterroristas de Canberra declara lo siguiente:
“[n]os cuesta comprender la retórica de estos terroristas, que condenan a todo el que no esté de acuerdo con su concepción del Islam. Para nosotros, las aseveraciones de los terroristas de que existe una conspiración internacional para reprimir y derrotar al Islam no tienen ningún sentido. No se corresponden con la realidad cotidiana, por mucho que comprendamos y entendamos la difícil situación de los musulmanes y de otras comunidades en dificultades. Nos cuesta asociar sus afirmaciones con una disputa territorial, una ideología política o una injusticia histórica.”[2]
La regularidad con la que Canberra identifica el terrorismo con el Islam como religión desdice las habituales afirmaciones de Howard de que Canberra respeta el Islam y de que su participación en la Guerra contra el Terrorismo liderada por Estados Unidos no debería considerarse una indicación de ningún tipo de hostilidad hacia el Islam como religión ni hacia los musulmanes como pueblo. Y de hecho, en Howard se reproducen los problemas de credibilidad que han perseguido al presidente Bush por todo el mundo musulmán, si bien a una escala sustancialmente menor.
Este problema de credibilidad se ve reforzado por la rotunda negativa de Canberra a reconocer la existencia de unas causas fundamentales del terrorismo. Para Howard, al igual que para Bush, el terrorismo nace de la capacidad humana para la envidia y el mal. Es un fenómeno metafísico más que una forma de acción humana enraizada en experiencias humanas reales. Este análisis en exceso simplista también aparece abiertamente expresado en el Libro Blanco del Gobierno australiano, que explica el comportamiento terrorista en los siguientes términos:
“[Los terroristas] se sienten amenazados por nuestros valores y por el lugar que ocupamos en el mundo. Nuestras alianzas internacionales y nuestra firme política exterior son invocadas de forma oportunista en nombre de su ‘guerra’. Nuestro notable ejemplo de prosperidad económica y social se considera una amenaza para su causa. Oímos como se atacan nuestros valores y nuestro tejido social.”[3]
La ingenuidad del enfoque dado por el Gobierno australiano a la lucha antiterrorista puede explicarse en cierta medida por lo afortunado de la situación de Australia como país que ha tenido poca experiencia directa de este tipo de violencia. Aparte de un puñado de atentados a muy pequeña escala y poco graves contra instalaciones diplomáticas yugoslavas y turcas perpetrados por refugiados políticos descontentos en la década de los 70 y las muertes accidentales de varios jóvenes australianos en Europa como resultado de actos perpetrados por el IRA, hasta hace poco Australia no había experimentado directamente el terrorismo. Como potencia media aislada geográficamente de la mayoría de los puntos conflictivos del mundo, el terrorismo ha sido considerado siempre por la mayor parte de los australianos como un fenómeno ajeno y distante.
La autocomplacencia generada por esta ausencia de familiaridad con el terrorismo empezó a cambiar rápidamente con los atentados del 11-S. Casualmente, el primer ministro Howard se encontraba de visita oficial en Estados Unidos el día de los atentados y fue testigo de primera mano del daño físico y psicológico causado por los terroristas. Poco después de regresar a Australia, Howard convocó elecciones federales y, en la campaña, la seguridad nacional figuró como elemento clave.
Aun así, fueron los atentados contra dos clubes nocturnos en la turística isla indonesia de Bali el 12 de octubre de 2002, perpetrados por Yemaa Islamiya, un grupo vinculado a al-Qaeda, los que confirmaron la posición central ocupada por el terrorismo en la política australiana actual. Los atentados, que acabaron con la vida de más de 200 personas, incluidos 88 australianos, constituyeron la primera experiencia directa australiana del terrorismo con un número masivo de víctimas. A pesar del testimonio de los cabecillas de los atentados de que iban dirigidos contra los occidentales en general, una percepción errónea muy extendida en Australia es que los atentados fueron un ataque deliberado contra los australianos. El Gobierno no se ha esforzado en sacar a los australianos de su error, quizá porque desde aquel ataque el perfil de Australia como objetivo terrorista en el sudeste asiático ha aumentado radicalmente. A diferencia de lo que sucedió con los atentados de Bali en 2002, una serie de atentados terroristas posteriores en Indonesia sí se han dirigido directamente contra intereses australianos. De especial importancia fue un atentado con camión bomba contra la embajada australiana en Yakarta el 9 de septiembre de 2004, que mató a once indonesios pero a ningún australiano.
En respuesta a estos acontecimientos el Gobierno australiano ha adoptado un enfoque doble con respecto a la lucha antiterrorista.
A nivel internacional, el Gobierno de Canberra está convencido de que el terrorismo internacional puede combatirse principalmente mediante un régimen político en el que se dé especial prioridad al uso de la fuerza militar convencional contra Estados que alberguen o respalden el terrorismo. Por este motivo, aunque el Gobierno de Howard se adhiere de boquilla a las Naciones Unidas y a otras iniciativas multilaterales destinadas a desarrollar una respuesta mundial coordinada a la amenaza del terrorismo, la mayor parte de sus esfuerzos se han dirigido a renovar la alianza militar de su país con Estados Unidos.
En este contexto, Canberra fue un conspirador clave en la falsa campaña de las Armas de Destrucción Masiva que precedió a la invasión de Irak, encabezada por Estados Unidos, y en la que Australia participó de buen grado. Casi dos años después de la invasión, Australia sigue manteniendo una considerable presencia militar en ese país. La ferviente aceptación de la política estadounidense con respecto a Irak por parte del Gobierno de Howard quedó de manifiesto, por ejemplo, en los comentarios realizados por el ministro australiano de Asuntos Exteriores Alexander Downer, quien criticó duramente la decisión del recién elegido Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de retirar las tropas españolas de Irak tras los trágicos atentados terroristas del 11 de marzo. A pesar de la vergüenza causada por estos comentarios, que muchos australianos consideraron faltos de tacto, zafios y bochornosos, Downer se apresuró a salir nuevamente en defensa de Washington cuando criticó una decisión similar por parte del Gobierno filipino de retirar su minúsculo contingente de Irak menos de 30 días antes de lo previsto como parte de un acuerdo para salvar la vida de un ciudadano filipino –padre de ocho hijos– secuestrado por insurgentes iraquíes. Australia también prestó apoyo diplomático a Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos de Washington contra Siria e Irán y sigue siendo un firme defensor del modelo israelí de lucha antiterrorista dentro del Estado de Israel.
En línea con este férreo apoyo a la creencia de la Administración Bush de que el mejor antídoto contra la violencia terrorista es una dosis de democracia liberal al estilo estadounidense, aplicada por la fuerza en caso necesario, Canberra ha incrementado también su presupuesto militar basándose en la afirmación (altamente controvertida) de que poner a punto la capacidad australiana para proyectar su fuerza militar en la región sudasiática inmediata (pero también de forma más general en el mundo entero) junto con Estados Unidos resulta vital para la capacidad de combatir, a largo plazo, la amenaza del terrorismo.
Sin embargo, esta estrategia no ha estado ausente de problemas diplomáticos, los cuales se hicieron especialmente graves a finales de 2002, cuando Howard respondió a una pregunta de un periodista negándose a descartar la posibilidad de que Australia pudiese llegar a plantearse un ataque militar preventivo contra un país vecino si considerase que éste no había evitado atentados terroristas contra intereses australianos. No obstante, Howard se dio cuenta rápidamente de que reproducir la doctrina de prevención de la Administración Bush era una estrategia cargada de dificultades, especialmente para un país con una influencia tan limitada en los asuntos regionales como la de Australia. La negativa reacción sudasiática a los comentarios de Howard sorprendió a Canberra, y desde entonces el primer ministro se ha ido distanciando discretamente para pasar a adoptar una postura más conciliadora y colaboradora en materia de cooperación antiterrorista con los vecinos de Australia.[4]
Este enfoque conciliador se ha hecho operativo fundamentalmente a través de un aumento significativo de la cooperación de Australia con países sudasiáticos en materia de inteligencia. Sin excepción, las relaciones de Australia con sus vecinos en materia de inteligencia nunca han sido estrechas. Bajo la previsible cordialidad diplomática, Australia siempre se ha sentido más cómoda con sus aliados occidentales tradicionales –Estados Unidos y el Reino Unido– que con sus vecinos. A pesar del desarrollo gradual de intercambios regularizados de inteligencia entre las principales agencias australianas y sus homólogas sudasiáticas, la calidad de la información sin procesar y del análisis de inteligencia intercambiados entre las partes ha tendido a ser de escaso nivel. Existen varios motivos para ello, siendo el más importante el hecho de que Australia no haya considerado a sus agencias homólogas capaces de generar material de alta calidad, libre de influencias políticas. Al mismo tiempo, los sudasiáticos consideraban a Australia un actor mayoritariamente periférico con pretensiones de grandeza respecto a su importancia e influencia en la región y que ofrecía tan sólo una versión de la información transmitida por Washington, pero con una etiqueta distinta.
Todo esto ha cambiado en los últimos años, en los que Canberra ha firmado una serie de acuerdos bilaterales en materia de lucha antiterrorista con Gobiernos sudasiáticos que incluyen intercambios más frecuentes y amplios de material de inteligencia, así como el desarrollo de una serie de iniciativas de formación financiadas por Australia, impartidas por las agencias de seguridad australianas y destinadas a incrementar la capacidad antiterrorista de sus homólogos sudasiáticos.[5]
Resulta difícil juzgar con algún tipo de certeza el grado en el que la ayuda australiana ha desempeñado un papel importante en alguno de los recientes éxitos de la lucha antiterrorista en el sudeste asiático. Como mínimo, la ayuda en el área de investigación forense prestada por la policía australiana a sus homólogos de Indonesia sí ha jugado un papel importante en la detención con éxito de varios miembros clave de grupos terroristas involucrados en los atentados en la embajada australiana en Yakarta y en una segunda serie de atentados en Bali, menos mortíferos, el 1 de octubre de 2005.
Pero también es cierto que dicha ayuda ha hecho poco en frenar el atractivo del mensaje terrorista en el sudeste asiático. En concreto, la ayuda australiana ha contribuido poco a obstaculizar la capacidad de regeneración de los grupos terroristas sudasiáticos. Los últimos tiempos han proporcionado amplias pruebas de que grupos como Yemaa Islamiya pueden todavía reponer su personal con facilidad, adaptar y ajustar sus estructuras para encajar las pérdidas de miembros clave y recalibrar su selección de objetivos para burlar unas técnicas de seguridad y vigilancia más rigurosas. Existen pruebas suficientes como para elaborar un argumento convincente de que las políticas australianas en materia de lucha antiterrorista a nivel internacional siguen presentando un carácter extremadamente reactivo: tratan los síntomas, en vez de las causas. También queda claro, aunque Canberra se niegue categóricamente a reconocerlo, que su prominente apoyo a la Guerra contra el Terrorismo de la Administración Bush, y especialmente a su desventura militar en Irak, han llevado a una situación en la que el enojo hacia Estados Unidos se ha desviado también hacia Australia. En gran parte del sudeste asiático, Australia supone un sustitutivo para el sentimiento de antiamericanismo en particular, pero también para el antioccidentalismo en general.
La negativa dogmática de Canberra a reconocer este hecho y su rechazo a la posibilidad de que dicho sentimiento pueda tener sus orígenes en dinámicas fuertemente enraizadas en una compleja mezcla de malestares sociales y políticos, reales o percibidos como tales, implica que la contribución internacional australiana a la lucha antiterrorista seguirá siendo limitada.
El segundo nivel del enfoque australiano ha sido un endurecimiento de las leyes nacionales de lucha antiterrorista. Estas reformas se han llevado a cabo en diversas fases, cada una de ellas tras grandes atentados terroristas en el exterior. Este patrón de endurecimiento incremental de las competencias coercitivas del Estado resulta importante porque subraya el carácter reactivo del enfoque del Gobierno de Howard al contraterrorismo. Al carecer de una estrategia de gestión del terrorismo a largo plazo, de por sí reflejo de la incapacidad de Canberra para entender la complejidad del problema al que nos enfrentamos, la reforma legal en materia de contraterrorismo a nivel nacional ha sido poco sistemática; cada bloque de modificaciones legales ha sido introducido en el ambiente confuso posterior a los atentados del 11-S, de Bali, de Madrid y, más recientemente, de Londres en julio de 2005 contra el sistema de transporte público de dicha ciudad.
No es ocasión de documentar en detalle la compleja naturaleza de estas reformas, pero baste con señalar que la mayor parte de ellas se han centrado en ampliar las competencias de lucha antiterrorista de la agencia nacional de inteligencia, la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (Australian Secret Intelligence Organisation, ASIO), y de la Policía Federal Australiana (Australian Federal Police, AFP).[6] Hasta el 11-S, ninguna de estas agencias tenía experiencia significativa en materia de terrorismo, aunque como parte de sus obligaciones en el período previo a los Juegos Olímpicos de Sidney de 2000 la ASIO adquirió sustancialmente más experiencia que la AFP. Aun así, son estas dos agencias las que más se han beneficiado de las reformas legislativas: a ambas se les ha aumentado considerablemente su presupuesto anual y se les ha concedido un amplio abanico de competencias de investigación y de detención que han sido criticadas por los grupos pro derechos civiles y los profesionales del Derecho por considerar que constituyen un ataque contra los principios fundamentales de defensa de los derechos humanos.[7]
A otro nivel, el Gobierno de Howard ha invertido importantes recursos en su “Terrorist Hotline”, un servicio telefónico gratuito, respaldado por una amplia publicidad en los medios, que alienta al australiano de a pie a vigilar las acciones de sus compatriotas y notificar cualquier actividad sospechosa. Lo que no queda claro es cómo pueden llegar a conseguir los australianos de a pie lo que los agentes secretos formados para ello no consiguen a menudo (identificar a un terrorista en un autobús, un tren o un mercado), pero esto no ha impedido que más de 64.000 australianos vigilantes hayan hecho uso de este servicio. La mayor parte de ellos ha dado parte de actividades de musulmanes respetuosos de la ley que tan sólo se ocupaban de sus asuntos cotidianos.
En concreto, el uso desproporcionado de este aumento de competencias de vigilancia e interrogatorio contra la población musulmana en Australia, relativamente pequeña (300.000 individuos aproximadamente, de una población total de alrededor de 20 millones, es decir, el 1,5% de la población total de Australia) ha empezado a minar la experiencia australiana, por lo demás armoniosa, como sociedad multicultural diversa y rica. Las tensiones sociales generadas por problemas básicos de orden público en algunas ciudades australianas, sobre todo en Sidney, se ven ahora impregnadas de un trasfondo de seguridad nacional.
Existe un riesgo real de que la mezcla actual de sospechas colectivas y mayores competencias de vigilancia e interrogatorio puedan empujar a ciudadanos, por lo demás respetuosos de la ley, a buscar protección refugiándose en enclaves culturales y religiosos aislados. Sabemos por la experiencia de Europa occidental que tales sentimientos de alienación cultural de la comunidad en general crean un entorno ideal para que los individuos pertenecientes a células terroristas puedan esconderse. Sin que los miembros de su comunidad conozcan o aprueben sus acciones, los terroristas individuales a menudo se ocultan en el seno de dichas comunidades, haciendo uso de la sospecha generalizada de las autoridades como una medida adicional de seguridad tras la cual pueden proseguir sus actividades, más a menudo no violentas que violentas: blanqueo de dinero, adquisición de equipo, monitoreo de prensa y, ocasionalmente, búsqueda de nuevos adeptos.
La importancia del multiculturalismo como arma en el arsenal australiano de contraterrorismo está siendo infravalorada por el Gobierno federal. Varios miembros del Gobierno, apoyados por elementos de los medios sensacionalistas, continúan insistiendo en que la amenaza para Australia radica en el Islam y que los musulmanes australianos deben demostrar un mayor nivel de conformidad con los valores dominantes (léase: no musulmanes). Las tensiones y el creciente sentimiento de marginación de la comunidad musulmana de Australia se vieron exacerbados a principios de noviembre de 2005, cuando una operación conjunta antiterrorista en la que participaron las fuerzas de policía estatales y federales de Nueva Gales del Sur y Victoria condujo a la detención de una red de australianos de origen mayoritariamente libanés por haber planeado supuestamente atentados terroristas parecidos a los de Madrid en dos de las mayores ciudades de Australia, Melbourne y Sidney.
Perdido entre gran parte de la histeria que rodeó estas detenciones quedó el hecho de que éstos no habrían sido posibles sin que miembros de la población musulmana de Australia hubiesen proporcionado de motu proprio la información que alertó en primer lugar a la policía sobre el plan. En este caso, como en otros, no ha sido un mayor arsenal policial y de competencias de inteligencia lo que ha llevado a éxitos nacionales en la lucha antiterrorista en Australia, sino la buena voluntad y el civismo de la pequeña comunidad musulmana del país.
Conclusiones: Australia ha actuado rápidamente para hacer frente a la amenaza del terrorismo transnacional, y en algunos aspectos ha puesto en marcha algunas reformas importantes y útiles. De especial importancia han sido los pasos dados para coordinar mejor la cooperación antiterrorista entre las agencias federales de inteligencia y mantenimiento del orden y los órganos correspondientes en los seis estados y los dos territorios federales del país. También han resultado importantes las iniciativas destinadas a aumentar la cooperación en materia de inteligencia con países sudasiáticos, así como los programas auspiciados por el Gobierno australiano para desarrollar técnicas de contraterrorismo de los servicios regionales de inteligencia y de la policía.
Sin embargo, una serie de problemas de interpretación profundamente arraigados en los prejuicios culturales del Gobierno federal minan la efectividad de estas iniciativas. El conservadurismo instintivo del Gobierno de Howard, que queda plenamente de manifiesto en su claro apoyo a la Guerra mundial contra el Terrorismo de la Administración Bush, ha contribuido a una mayor visibilidad de Australia como objetivo potencial de atentados terroristas, principalmente en el sudeste asiático pero con bastante probabilidad también entre jóvenes militantes marginados. Al mismo tiempo, los beneficios para las agencias nacionales de contraterrorismo de tener comunidades multiculturales unidas y bien integradas están viéndose minados por una peligrosa mezcla de oportunismo político e histeria mediática, que contribuyen a fomentar tensiones étnicas y culturales.
Australia seguirá logrando éxitos menores en su lucha antiterrorista, tanto a nivel nacional como en cooperación con agencias extranjeras en el sudeste asiático, pero su modelo actual es incapaz de hacer frente a la dinámica más profunda que hace de Australia un blanco de la hostilidad cada vez mayor de los círculos militantes y terroristas. Como resultado, en el futuro inmediato el desafío antiterrorista al que se enfrenta Australia continuará en aumento.
David Wright-Neville
Catedrático del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Monash, Australia
[1]Davis B. Bobrow, “Losing to Terrorism: An American Work in Progress”, Metaphilosophy, vol. 35, nº 3, 2004, pp. 362-363.[2] Commonwealth of Australia, Transnational Terrorism and the Threat to Australia, ministerio australiano de Asuntos Exteriores y Comercio, Canberra, 2004, p. 2.[3]Ibíd., p. xi.[4] Véase Mohamed Mova al Afgani, “Spread of ‘Preemptive-ism’ and Indonesia Sovereignty”, Jakarta Post, 7/X/2004.[5] Véase “Counter-Terrorism: Regional Coordination and Cooperation”, discurso ante National Security Australia, 2004; conferencia de Les Luck, embajador para el contraterrorismo, Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, Sidney, 23/III/2004. Disponible en
http://www.dfat.gov.au/media/speeches/department/040323_nsc_amb_cntterr.html (acceso 1/V/2004).[6] Para acceder a un resumen cronológico de la legislación nacional australiana en materia de lucha antiterrorista, véase Biblioteca del Parlamento Australiano, Terrorism Chronology, en
http://www.aph.gov.au/library/intguide/law/terrorism.htm[7]Para un debate más detallado sobre este asunto, véase Jenny Hocking, “Counter-Terrorism and the Criminalisation of Politics: Australia’s New Security Powers of Detention, Proscription and Control”, Australian Journal of Politics and History, vol. 49, nº 3, 2003, pp. 355-371.