Tema
En el presente análisis se esbozan algunos de los principales ámbitos de cooperación entre la Unión Europea, por un lado, y Colombia y Chile, por el otro, en materia de cambio climático y transición energética justa. Se describen los distintos retos que deben superar estas asociaciones y se destacan algunas de las oportunidades de mejora de la cooperación entre la Unión y ambos países latinoamericanos para impulsar la acción por el clima y avanzar hacia una transición energética justa.
Resumen
En este artículo se examina en qué puntos y de qué modo podría reforzarse la cooperación en cuanto al cambio climático y la transición energética justa entre la Unión Europea (UE), por un lado, y Colombia y Chile respectivamente, por el otro. El potencial está ahí, puesto que cabría argumentar que la UE y la región de América Latina y el Caribe (ALC) son la alianza birregional más sólida en materia de cambio climático. A pesar de estos esfuerzos, sigue habiendo margen para ajustar y mejorar la cooperación. Los líderes de Europa y ALC deben prestar atención a puntos mejorables, como la aplicación del Pacto Verde Europeo y la falta de financiación climática, que hacen mella en la tarea de respaldar las iniciativas encaminadas a limitar el calentamiento global a 1,5°C. Los conflictos mundiales y la segunda presidencia de Trump acarrean riesgos e inestabilidades adicionales que podrían distraer a los países de Europa y ALC del cumplimiento de sus compromisos climáticos. Queda por ver si estos países logran sacar partido de sus relaciones para intentar solventar estas dificultades. En cualquier caso, lo cierto es que ambas regiones se necesitan mutuamente para afrontar la crisis climática y avanzar hacia una transición energética justa sin dejar de impulsar la competitividad y el crecimiento, algo que redunda en su interés mutuo. Para hacer frente a estas cuestiones y posibilitar que se lleve a cabo un debate mejor fundamentado a nivel nacional, se ofrece una descripción somera de las políticas climáticas y energéticas de Colombia y Chile y se destacan algunos de los puntos más importantes de la cooperación de la UE con ambos países. Estas naciones son socios fundamentales para la UE en las conversaciones sobre el cambio climático en las Naciones Unidas para hacer avanzar el Acuerdo de París y por su determinación de poner en marcha políticas nacionales ambiciosas en el ámbito del clima. La UE trabaja codo con codo con ambos países en el ámbito de la crisis climática y estas asociaciones son cruciales para la UE de cara a dejar patente la importancia de colaborar con terceros países para la consecución de objetivos comunes, lo que podría generar confianza a nivel mundial para intensificar la acción. A continuación, se describen algunos de los retos a los que se enfrentan estas alianzas y se mencionan algunas oportunidades de mejora de la cooperación, con especial hincapié en la transición energética justa.
Análisis
1. Introducción
En 2024, extensos territorios de Sudamérica fueron arrasados por los incendios forestales mientras las ciudades europeas sufrían el azote continuo de inundaciones mortales, lo que disparó las alarmas con más fuerza que nunca. Y, aun así, nada asegura que la comunidad internacional, que incluye a los países de la UE y de la región ALC, se muestre dispuesta a acelerar de verdad la acción climática y la transición energética justa.
En el presente análisis se examina en qué puntos y de qué modo podría reforzarse la cooperación en cuanto al cambio climático y la transición energética justa entre la UE y ALC, con especial atención a Colombia y Chile.[1] El potencial está ahí. En su conjunto, las dos regiones incluyen 60 países que representan un tercio de las 195 Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y son responsables de alrededor del 15% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). Puede decirse que la UE y ALC representan la alianza birregional más sólida en cuanto al cambio climático, con una sorprendente cartera de trabajo en los ámbitos de la diplomacia, la cooperación al desarrollo, la inversión y el comercio.[2] En 2023, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el Equipo Europa había consignado más de 45.000 millones de euros hasta 2027 a través de la agenda de inversión de la Global Gateway a la región ALC para afrontar las profundas transformaciones geopolíticas en curso con vistas a promover una transición ecológica, digital y justa. La estrategia de Global Gateway de la UE, lanzada en 2022, contribuye a reducir la brecha mundial de inversión en torno a cinco temas principales: (a) clima y energía; (b) mundo digital; (c) educación e investigación; (d) salud; y (e) transporte sostenible. A pesar de esta iniciativa, existe un amplio margen de ajuste y de mejora de la cooperación, por ejemplo mediante la ampliación de inversiones en energía renovable y movilidad eléctrica, la reducción de la deforestación y la elaboración de marcos de transición justa, además de garantizando que no se deje atrás a trabajadores y comunidades.
Esta agenda puede ayudar a estrechar lazos entre la UE y ALC, y las relaciones de la UE con Chile y Colombia en particular, en un contexto de intensificación de las rivalidades geopolíticas, agravamiento de las repercusiones del cambio climático y aumento de la desigualdad, entre otros problemas de alcance mundial. El momento es propicio porque Colombia asumirá por primera vez la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2025, probablemente con la crisis climática y la transición energética justa entre sus máximas prioridades. Para asegurar los avances en la cuarta Cumbre UE-CELAC de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Colombia en 2025, así como en la relación UE-ALC en líneas más generales, los dirigentes regionales deberán abordar los grandes puntos débiles de estas agendas (por ejemplo, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono del Pacto Verde Europeo y la ley de la UE en materia de deforestación) y otras cuestiones (por ejemplo, Israel-Gaza, Ucrania y China) que amenazan con desvirtuar el potencial de las alianzas entre la UE y ALC para contribuir en la medida de lo posible a limitar el calentamiento global a 1,5°C y garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo.
Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo (PVE) afectará profundamente a las relaciones de la UE con la región de ALC. La UE se ha mostrado más interesada en los recursos naturales de la región –tanto combustibles fósiles como materias primas críticas para las tecnologías de bajas emisiones de carbono–, pero esa atención renovada podría chocar con los propios intereses y los planes de reindustrialización de los países de ALC, así como con su deseo de desarrollar sectores de mayor valor añadido más allá de la exportación de materias primas. Los países de ALC buscan aumentar los niveles de inversión en sectores verdes, pero todo ello acompañado de los conocimientos y el bagaje tecnológico necesarios para impulsar la innovación y la creación de empleo de calidad. En comparación con China y Estados Unidos (EEUU), la UE cuenta con el potencial de ser el socio de preferencia en la región de ALC gracias a su planteamiento del Equipo Europa, en el que participan la UE y sus Estados miembros, los organismos de desarrollo, los bancos públicos de desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, por último, el sector privado y la sociedad civil.
En ese sentido, una cuestión fundamental es saber si la UE logrará que la región de ALC camine en la misma dirección a medida que se esfuerce por aplicar el PVE, con el que Europa aspira a la neutralidad climática de aquí a 2050, junto con el compromiso industrial renovado que hizo público la presidenta de la Comisión Europea. La región de ALC puede haber sido descrita por un alto cargo de la UE como una prioridad geopolítica para llevar a buen puerto el PVE, pero, ahora que el plan se adentra en su siguiente fase con el establecimiento de otros objetivos, entre ellos un nuevo Pacto Industrial Limpio para la competitividad de la industria y la calidad del empleo, ¿podría redundar también en beneficio de la región de ALC? Y en su caso, ¿cómo puede ayudar la alianza UE-ALC a que ambas regiones establezcan economías de cero emisiones netas y resilientes al clima de un modo justo e inclusivo en el contexto del esfuerzo renovado de la UE por incrementar su competitividad a nivel mundial?
Salvo que se lleven a cabo iniciativas concertadas, la insuficiencia de la financiación climática para los países en desarrollo, el auge del proteccionismo ecológico y la desigualdad geográfica-industrial de la descarbonización podrían hacer que la transición mundial hacia una economía de bajas emisiones de carbono generase un aumento de la disparidad económica entre naciones y regiones. Además, cada vez son más las voces que piden a la UE que dé rienda suelta a su poder geoeconómico[3] para hacer frente a la guerra rusa en Ucrania y a la coerción económica de China, de donde surge la necesidad de asegurarse de que las alianzas de la UE con los países de ALC no sirvan únicamente para proteger los intereses de la Unión, sino que redunden en beneficio mutuo. Al mismo tiempo, los conflictos globales y el aumento de las tensiones geopolíticas generan riesgos adicionales, inestabilidad y una posible reducción del entusiasmo suscitado por la cooperación internacional, lo que podría distraer a Europa y a ALC del cumplimiento de sus compromisos climáticos. Por último, la segunda administración de Donald Trump y su intención de abandonar el Acuerdo de París socavarán las iniciativas nacionales estadounidenses de descarbonización y dispararán la producción de combustibles fósiles, lo que podría generar nuevas dificultades para las iniciativas impulsadas por la UE y ALC destinadas a crear un futuro más justo y sostenible.
Está por ver si los países de la UE y de ALC logran colaborar para evitar un incremento de las disparidades económicas entre las dos regiones, además de impulsar una intensificación de la acción por el clima e intentar gestionar las tensiones geopolíticas. No obstante, lo cierto es que ambas regiones se necesitan para conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo y salvaguardar el multilateralismo, así como para lograr que los esfuerzos por descarbonizar sus economías de un modo justo, adaptarse al agravamiento de las consecuencias climáticas y propulsar la competitividad redunden en beneficio mutuo.
Con el fin de intentar abordar estas cuestiones y sentar las bases de un debate mejor fundamentado a nivel nacional, el presente análisis se centra en las asociaciones de la UE con Colombia y Chile. Los dos países son socios fundamentales para la UE, puesto que a menudo han colaborado codo con codo en las conversaciones sobre el cambio climático en las Naciones Unidas para hacer avanzar el Acuerdo de París, y ambas naciones son atípicas por poner encima de la mesa políticas nacionales ambiciosas en el ámbito del clima.[4] La UE ha cooperado con ambos países en torno a cuestiones climáticas y se trata de actores fundamentales para que la UE deje patente la importancia de colaborar con terceros países, con el consiguiente potencial de generar confianza a nivel mundial para intensificar la acción por el clima. En este artículo, se esbozan algunos de los principales ámbitos de cooperación de la UE con Colombia y con Chile en materia de cambio climático y transición energética justa. Después, se examinan algunos de los retos a los que se enfrentan estas asociaciones y se mencionan algunas oportunidades de mejora de la cooperación, con especial hincapié en la transición energética justa.
2. Puntos destacados de la cooperación entre la UE y Colombia en materia de cambio climático y transición energética justa
2.1. Síntesis de las políticas de Colombia sobre clima y transición energética justa
Según el Banco Mundial, Colombia tiene por delante tres transiciones interconectadas y urgentes para crear una economía descarbonizada y resiliente al clima. Debido a su gran vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio climático, debe llevar a cabo una transición hacia una economía más resiliente al clima. En segundo lugar, tendrá que transformarse en una economía con cero emisiones netas para 2050. En tercer lugar, a medida que la demanda mundial de petróleo y carbón, sus exportaciones principales, empiece a decaer y vaya subiendo la de productos ecológicos, deberá transformar también su economía.
La economía colombiana depende en gran medida de los combustibles fósiles. El sector energético y minero representa alrededor del 7% del PIB, una tercera parte de la inversión extranjera, cerca del 60% de las exportaciones totales y más de medio millón de puestos de trabajo formales. El país genera en torno al 0,57% de las emisiones de GEI a nivel mundial. Alrededor del 59% de las emisiones de GEI de Colombia procede de cambios en el uso del suelo y la silvicultura, seguidos del 30% del sector energético. El sector del transporte es el mayor consumidor de energía (44%) y genera un 12% de las emisiones totales de GEI del país. Colombia se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030 y a conseguir cero emisiones netas para 2050, con ambos objetivos recogidos en su Ley de Acción Climática.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 del gobierno de Petro describe las prioridades públicas, entre ellas reducir la deforestación y acelerar la penetración de las energías renovables y los vehículos de emisión cero o de bajas emisiones. Asimismo, el gobierno pretende crear 20.000 “comunidades energéticas” de aquí a 2026 para que los consumidores de servicios de energía generen, comercialicen o utilicen con eficiencia la electricidad generada a través de energías y combustibles renovables y sistemas distribuidos de energía. Se están desarrollando estas comunidades energéticas para democratizar los mercados de la electricidad, conseguir tarifas justas y reducir la pobreza energética.
En campaña, el presidente Petro se comprometió a impulsar una transición energética justa poniendo fin a la concesión de nuevas licencias para la exploración de gas y petróleo. A fecha de diciembre de 2024, no se han otorgado nuevas licencias para gas y petróleo. De hecho, se han destinado esfuerzos a la revisión de los contratos existentes para asegurarse de que generen los máximos resultados posibles. Asimismo, el gobierno de Petro ha decidido no seguir adelante ni con dos proyectos piloto de fracturación hidráulica ni con la prospección de yacimientos no convencionales. El compromiso de no conceder nuevas licencias podría ser revocado por el próximo gobierno, puesto que, en estos momentos, no se ha aprobado ninguna ley ni ninguna política que impida otorgarlas. Del mismo modo, es posible que el próximo gobierno reactive los proyectos piloto de fracturación hidráulica.
A lo largo de 2023 y 2024, el gobierno de Petro elaboró su Hoja de Ruta de Transición Energética Justa, compuesta por un paquete de seis documentos en los que se describen sus objetivos estratégicos, los distintos escenarios, los diálogos nacionales, las inversiones necesarias, las oportunidades y los retos asociados. La hoja de ruta pretende acelerar la transición, con lo que se contribuye a la economía y se promueve la industrialización para sustituir de manera gradual la dependencia nacional de los combustibles fósiles y crear nuevas fuentes de empleo. En 2023, el gobierno de Petro también se sumó a la iniciativa Powering Past Coal Alliance, a la Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), al grupo de países que desean negociar un tratado de no proliferación de los combustibles fósiles y, además, participó activamente en la COP28 de Dubái, donde pidió que el lenguaje empleado sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles fuese contundente. En su condición de primer país latinoamericano, y el mayor productor de combustibles fósiles, en unirse a la campaña para negociar un tratado de no proliferación de estos combustibles, Colombia se postula como un país atípico por el liderazgo mostrado a la hora de acelerar una transición energética mundial.
En octubre de 2024, el gobierno anunció un portafolio de transición socio-ecológica destinado a atraer inversiones por valor de 40.000 millones de dólares para financiar proyectos de turismo de naturaleza, agricultura sostenible, energía renovable, reindustrialización con bajas emisiones de carbono, conservación y restauración de ecosistemas y adaptación al cambio climático. Se ha descrito como una hoja de ruta exhaustiva diseñada para orientar la transformación estructural del país conforme a la NDC (por sus siglas en inglés), la estrategia a largo plazo y el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. Hasta la fecha, el Reino Unido, Canadá, Alemania y la UE están participando en el portafolio, que también cuenta con el apoyo a la coordinación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este portafolio podría ser un modelo a seguir para replantear las asociaciones para una transición energética justa (ATEJ),[5] habida cuenta de la posición de Colombia como segundo país del mundo con mayor biodiversidad y de que la deforestación constituye la principal fuente de emisiones a nivel nacional. El portafolio pretende movilizar fondos públicos y privados, y es probable que incluya una combinación de préstamos, donaciones y financiación en condiciones favorables. Las dificultades aquí son alcanzar el objetivo de inversión, evitar los préstamos por el alto endeudamiento de Colombia y por la “norma fiscal” de limitar su uso (recurriendo a permutas de deuda, por ejemplo) y encontrar la manera de desmantelar de manera progresiva las centrales de carbón y las infraestructuras mineras, además de garantizar prestaciones para los más de 100.000 trabajadores del sector del carbón. Se espera que Colombia logre recabar 20.000 millones de dólares para 2030 entre las comunidades energéticas, el hidrógeno verde, la energía eólica marina y la movilidad eléctrica.
Parece que Colombia está consiguiendo avanzar hacia sus objetivos relacionados con el clima y la transición energética. En 2023, la deforestación cayó un 36% y el gobierno informó de que el total de las pérdidas forestales bajó de 1.235 km2 en 2022 a 792 km2 en 2023. En octubre de 2024, Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), publicó en LinkedIn un mapa de los numerosos proyectos aprobados (sobre todo, eólicos y solares), los cuales, de completarse, entrarían en marcha entre 2024 y 2032 y añadirían casi 20GW de capacidad, de modo que se duplicaría la capacidad instalada del país. Como muestra de confianza en la transición energética de Colombia, la italiana Enel anunció en octubre de 2024 que invertiría 2.000 millones de dólares en el país durante los próximos tres años para modernizar las redes de distribución y ampliar la producción solar. Por último, el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial para 2024, que compara a 120 países en función de los resultados de su sistema energético actual y la capacidad de preparación con un entorno propicio, subió a Colombia hasta la 35ª posición, frente a la 39ª de 2023 y la 41ª de 2021.
2.2. Puntos destacados de la cooperación entre la UE y Colombia en materia de cambio climático y transición energética justa
En las últimas décadas, la UE y sus Estados miembros han sido socios fundamentales para Colombia en numerosas cuestiones como la consolidación de la paz, el desarrollo, la acción por el clima y la transición energética justa. La UE y Colombia también han trabajado codo con codo en las conversaciones de las Naciones Unidas sobre el clima, en especial en las negociaciones para asegurar la aprobación del Acuerdo de París. El apoyo de la UE ha sido fundamental para impulsar las agendas sobre el clima y la transición energética, en particular para la promoción de las políticas de sostenibilidad, la financiación climática y la asistencia técnica.
En febrero de 2022, la UE y Colombia firmaron una Declaración conjunta sobre medio ambiente, acción por el clima y desarrollo sostenible centrada en las prioridades comunes, entre ellas la acción por el clima, la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, la disminución del riesgo de desastres, la reducción de la deforestación, la economía circular, la economía azul sostenible y la contaminación por plásticos. Asimismo, la UE respalda la decisión colombiana de optar por un desarrollo sostenible e inclusivo en la misma línea estratégica de Global Gateway. Los tres ámbitos principales de la agenda de inversión de Global Gateway en Colombia son conectividad y digitalización; clima y energía; y, por último, transporte. La UE está prestando apoyo a Colombia para la elaboración de una taxonomía de actividades económicas consideradas sostenibles desde el punto de vista ambiental y el acceso a financiación a través de la Iniciativa Mundial de Bonos Verdes.
La UE también está ayudando con la gestión de aguas residuales, el desarrollo de la producción de hidrógeno verde y soluciones de energía renovable y basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático. Por lo que respecta al transporte, la UE está prestando apoyo para la extensión de la línea 2 del metro de Bogotá y la instalación de una fábrica de autobuses eléctricos en Colombia. Como complemento a estas inversiones, la UE y Colombia cooperan también para mejorar el entorno normativo, regulador y empresarial desarrollando competencias, impulsando la innovación y transfiriendo tecnologías. Colombia participa en distintos programas regionales, entre ellos Euroclima+ (cambio climático, economía circular y biodiversidad) y AL-INVEST Verde (apoyo a empresas para el crecimiento sostenible y la creación de empleo).
En la COP27 de 2022, el BEI y Colombia firmaron una declaración de intenciones conjunta, en concreto a través del Ministerio de Minas y Energía, para impulsar la transición energética justa en el país sudamericano. En octubre de 2024, BEI, en colaboración con Enel y SACE (Agencia Italiana de Crédito a la Exportación), concedieron a Enel Colombia, filial del Grupo Enel, un préstamo de 300 millones de dólares para financiar el desarrollo de las redes eléctricas, la generación de energía renovable y la movilidad eléctrica en Colombia.
3. Puntos destacados de la cooperación entre la UE y Chile en materia de cambio climático y transición energética justa
3.1. Síntesis de las políticas de Chile sobre clima y transición energética justa
La parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que correspondió a Chile en 2016 fue de aproximadamente un 0,25%. El sector energético representa un 78% de las emisiones totales, principalmente por el uso de carbón para generación eléctrica y diésel para el transporte por tierra. El sector UTCUTS (uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura) es el único que absorbe GEI en el país.
Chile anunció su segunda NDC en abril de 2020, y al año siguiente presentó su estrategia a largo plazo para conseguir la neutralidad de carbono en 2050 como muy tarde. La NDC actualizada incluye un compromiso de reducción sin condiciones del nivel absoluto de las emisiones con un objetivo de 95MtCO2eq para 2030, un techo para las emisiones en 2025 y un presupuesto de emisiones de GEI no superior a 1.100MtCO2eq para el período comprendido entre 2020 y 2030. Esta NDC se considera innovadora por incluir un pilar social que aúna compromisos de mitigación, adaptación e integración con la vista puesta en la transición justa y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Además, la NDC integra políticas climáticas y de aire limpio y contiene el compromiso de reducir las emisiones totales de carbono negro en al menos un 25% para 2030. Incorpora también un nuevo componente de integración que abarca la función de los océanos, la economía circular, los bosques, las turberas y los ecosistemas, a modo de reconocimiento de su contribución tanto a las causas como a las repercusiones del cambio climático.
En 2022, Chile aprobó una Ley Marco de Cambio Climático que consagraba como ley la NDC y las metas relativas a la neutralidad de carbono. Este texto legislativo incluye instrumentos interconectados con los compromisos a nivel mundial para garantizar su actualización cuando Chile revise su NDC y suba el listón de sus objetivos. Uno de los cambios principales es que la acción por el clima ha pasado a ser responsabilidad de los 17 ministerios nacionales, no sólo del Ministerio del Medio Ambiente, así como de las administraciones locales y el sector privado. Con esta ley se creó también el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático encargado de revisar las políticas en materia de clima, el Comité Científico Asesor de Cambio Climático con especialistas independientes que asesoran en cuanto a políticas y, por último, el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático destinado a facilitar la participación pública y la rendición de cuentas.
Por lo que respecta al sector energético, la ley incluye los siguientes objetivos: a más tardar en 2025, se retirarán o reconvertirán el 65% de las centrales a carbón; para 2030, el 80% de la electricidad producida en el país deberá ser renovable; y para 2050, el 100% de la electricidad producida deberá provenir de fuentes con cero emisiones. A todo esto, se suman los impresionantes avances en los últimos años para dejar atrás la generación eléctrica a través del carbón. En 2018, la expresidenta chilena Michelle Bachelet anunció que el país abandonaría de manera progresiva la generación de electricidad con carbón y se comprometió a dejar de construir centrales de quema de carbón salvo que contasen con tecnología de captura y almacenamiento de carbono. En 2019, Chile hizo público que colaboraría con el sector privado para cerrar las 28 centrales de manera paulatina hasta 2040.[6] Ocho de estas centrales se cerraron entre junio de 2019 y julio de 2023, está previsto el cierre de otras siete para 2025 y otras cinco han sido seleccionadas para una posible conversión hacia el gas fósil. En el caso de las ocho restantes, aún no se ha fijado una fecha para su cierre, aparte del plazo general de 2040. Estos avances reflejan en parte el fuerte crecimiento de la energía eólica y solar.
Según una actualización del Climate Action Tracker de octubre de 2024, Chile ha logrado avanzar hacia sus objetivos climáticos, como queda patente en el veloz despliegue de las renovables y en el hecho de que el plan para la eliminación progresiva del carbón se esté desarrollando con más rapidez de lo previsto. Asimismo, Chile ha ultimado su Política Nacional Minera 2050, en la que figura la neutralidad de carbono en el sector industrial para 2040. Chile también ha hecho públicas nuevas estrategias orientativas para sus planes en el ámbito climático, como son el Plan de Descarbonización del Ministerio de Energía, la Hoja de Ruta para el Avance de la Electromovilidad y el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030. Por último, Chile ha establecido unas líneas maestras para sus medidas destinadas a promover el hidrógeno verde y convertirse en uno de sus exportadores principales para 2040.
3.2. Puntos destacados de la cooperación entre la UE y Chile en materia de cambio climático y transición energética justa
La UE y Chile mantienen una férrea asociación en torno a numerosos temas como el cambio climático y la transición energética justa. En las negociaciones sobre el cambio climático en el seno de las Naciones Unidas, la UE y Chile han colaborado para impulsar posiciones más ambiciosas, en particular en las negociaciones para la aprobación del Acuerdo de París y en los debates sobre pérdidas y daños durante la COP27 en 2022. Además, la UE importa alrededor del 80% de su litio de Chile.
Por lo que respecta al comercio, la UE y Chile firmaron en diciembre de 2023 un Acuerdo Marco Avanzado y un Acuerdo Comercial Interino para reforzar la cooperación política e impulsar el comercio y la inversión. Estos acuerdos facilitan la cooperación entre la UE y Chile e incluyen la supresión de riesgos en las cadenas de suministro, el aseguramiento de un suministro sostenible de materias primas críticas y disposiciones para hacer frente al cambio climático. El Acuerdo Marco Avanzado contiene compromisos conjuntos para una minería sostenible y la evaluación del impacto ambiental de los proyectos de energía y materias primas, además de investigación e innovación en torno a la energía verde y las materias primas sostenibles.
Asimismo, la UE está apoyando a Chile para el desarrollo del hidrógeno verde a través de la Iniciativa del Equipo Europa sobre el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. La Unión pretende contribuir a la estrategia nacional chilena sobre el hidrógeno para crear empleos verdes y generar oportunidades de negocio para las empresas chilenas y europeas. Ese es el contexto en el que se creó el Fondo de Hidrógeno Renovable para Chile de Global Gateway, una iniciativa conjunta de la Comisión Europea, el BEI y el banco de desarrollo KfW de Alemania para promover el mercado del hidrógeno verde en el país sudamericano. El objetivo del Fondo es apoyar al gobierno chileno para promover una economía del hidrógeno verde que permita tanto el uso local como la exportación del hidrógeno renovable. En julio de 2023, el BEI aprobó un préstamo de 100 millones de euros para esta iniciativa.
Además, con el fin de profundizar en su cooperación, la UE y Chile firmaron en julio de 2023 un memorando de entendimiento (MdE) para establecer una asociación conjunta en torno a cadenas de valor sostenibles de materias primas. Se pretende que sirva también para desarrollar una industria competitiva y sostenible para procesar las materias primas y que genere valor añadido a nivel local en el sector de la minería mediante la creación de empleo de calidad y un crecimiento económico sostenible e inclusivo que beneficie a ambas partes.
4. Síntesis de los retos y las oportunidades a la hora de impulsar la cooperación de la UE con Colombia y Chile en materia de cambio climático y transición energética justa
Esta sección se divide en dos partes. En primer lugar, se describen en líneas generales seis desafíos para la cooperación y para la relación entre la UE y ALC. Entre estas dificultades, se cuentan los riesgos derivados de la segunda presidencia de Trump y los conflictos y las crisis mundiales en curso. Se tienen en cuenta también los retos para la implementación de la agenda de descarbonización y competitividad de la UE y para unir fuerzas con los socios sin perder credibilidad a nivel interno. Además, hay desafíos relacionados con el despliegue de la estrategia de Global Gateway y problemas de coordinación entre las instituciones de la UE, los Estados miembros, las empresas europeas y los países de ALC. Por último, en el presente artículo se plantean las limitaciones para la influencia de la UE a raíz de las difíciles circunstancias internas de los países de ALC.[7] En segundo lugar, se examinan las distintas oportunidades para impulsar la cooperación entre la UE, por un lado, y Colombia o Chile, por el otro, en materia de cambio climático y transición energética justa
4.1. La segunda presidencia de Trump
La victoria electoral del presidente Trump y su intención de abandonar el Acuerdo de París socavan las iniciativas nacionales de descarbonización, intensifican la producción de combustibles fósiles y colocan a negacionistas y escépticos del cambio climático en los más altos cargos del Gobierno federal, aspectos que plantean inmensos obstáculos para la acción mundial por el clima. EEUU es el mayor emisor histórico y uno de los principales proveedores de financiación para la lucha contra el cambio climático,[8] por lo que su salida del Acuerdo de París podría hacer mella en el proceso mundial de presentación de las NDC que se ajusten al objetivo de 1,5°C para 2025 y en la reducción de los niveles generales de financiación climática, además de enfriar los ánimos de los países desarrollados para aportar más financiación destinada a colmar la brecha. La intención del presidente Trump de aguar las legislaciones, las políticas y las reglamentaciones ambientales y climáticas del expresidente Biden, aprovechando para incrementar la producción de combustibles fósiles, podría desbaratar las iniciativas nacionales de reducción de emisiones y sería un jarro de agua fría para el entusiasmo de la región de ALC a la hora de impulsar una transición energética limpia. Se comenta que el presidente Trump y sus aliados han elaborado un plan para desmantelar los cimientos jurídicos y científicos de la autoridad del gobierno federal para regular las cuestiones medioambientales. Pretenden dejar sin validez la conclusión a la que llegó la Agencia de Protección del Medio Ambiente durante la presidencia de Obama de que las emisiones de dióxido de carbono son perjudiciales para la salud humana, elemento que conforma los cimientos de las reglamentaciones sobre el clima. El análisis de Carbon Brief, pese a estar sujeto a numerosas incertidumbres posibles, defiende que la segunda presidencia de Trump podría conllevar la emisión de 4.000 millones de toneladas adicionales para 2030 por parte de EEUU frente a los planes concebidos por la Administración Biden. Estos 4.000 millones de toneladas extra de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e) hasta 2030 anularían –por partida doble– todos los ahorros procedentes del despliegue de la energía eólica, solar y otras tecnologías limpias a lo largo y ancho del planeta en los últimos cinco años. En este escenario hipotético, es muy probable que EEUU no consiguiera reducir sus emisiones conforme al compromiso de la era Biden de un recorte entre el 50% y el 52%, y la reducción quedaría en un 28% por debajo de los niveles de 2005 al final de esta década, lo que en la práctica desbarataría cualquier posibilidad de limitar el calentamiento global a 1,5°C a no ser que otros países incrementaran de manera considerable sus aspiraciones, algo que no parece muy viable en estos momentos. Una de las arquitectas del Acuerdo de París, Laurence Tubiana, argumenta que, pese a que el regreso de Trump supone un paso atrás, existe una dinámica económica sólida que impulsa la transición mundial y parece improbable que otros países sigan el mismo camino de abandonar el Acuerdo de París. La experta sugiere que ha llegado el momento de que Europa consolide su liderazgo a nivel global y afirma que la transición hacia las cero emisiones netas es fundamental para la seguridad energética y la competitividad económica de Europa.
4.2. Conflictos y crisis mundiales
En vista de los conflictos en Oriente Medio, Ucrania y Sudán, y las crisis y la violencia en Venezuela y Haití, resulta muy preocupante la incapacidad de la comunidad internacional de cooperar para resolver estos problemas por las rivalidades geopolíticas enquistadas y las visiones del mundo contrapuestas.[9] Habrá que ver cuáles son las repercusiones de la COP30, pero el panorama se presenta complicado en un momento en el que los conflictos se imponen a la cooperación mundial. Las negociaciones tensas y destempladas y los resultados modestos de la COP29 de Azerbaiyán en noviembre de 2024 dejan patente la volatilidad del contexto para impulsar la acción por el clima. Un canal preocupante por el que la toxicidad de estos conflictos ha calado en las agendas de la transición climática y energética, e incluso algunas voces del sur global apuntan a la hipocresía de las naciones occidentales por su resistencia a aumentar la financiación para la lucha contra el cambio climático, mientras gastan miles de millones de dólares en armas para Ucrania o parecen dar carta blanca a Israel para atacar Gaza y el Líbano, al mismo tiempo que se rasgan las vestiduras por los ataques rusos a civiles en Ucrania. Y lo más probable es que la Administración Trump complique aún más las cosas. La UE puede ver la invasión rusa de Ucrania como una amenaza existencial. Sin embargo, para algunos países del sur global preocupados por la pobreza y las desigualdades asentadas y los problemas de alimentación y energía agravados por la guerra, existe una expectativa clara de que la UE mantendrá su compromiso con una economía mundial abierta basada en normas, sin decantarse por una mentalidad aislacionista. Por último, la UE debe recordar que no puede dar por sentada la relación con Colombia ni Chile, puesto que ambos países han optado por políticas exteriores más independientes. Con el presidente Petro, Colombia está estrechando lazos con China, ha roto relaciones diplomáticas con Israel por la cuestión de Gaza y se ha mostrado interesada en sumarse al bloque de los BRICS. Mientras, en Chile, el presidente Gabriel Boric opta por una política exterior basada en la “autonomía política”, lo que significa buscar oportunidades comerciales y diplomáticas de la mano de China, EEUU, la UE y otros países como la India.
4.3. Implementación de la agenda de descarbonización y competitividad de la UE e integración de los socios sin perder credibilidad a nivel interno
Una dificultad importante para la Comisión Europea y para los Estados miembros de la UE es conseguir poner en marcha el PVE y sus políticas conexas, evitar que se siga retrasando su aplicación e impedir que esas políticas queden diluidas. La UE debe demostrar que la descarbonización puede ir de la mano de la promoción del crecimiento y el nivel de vida sin dejar a nadie atrás. Tal y como defiende Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, lo que necesita Europa es combinar la descarbonización con la competitividad para garantizar la materialización de las oportunidades de crecimiento al tiempo que se cumplen los objetivos climáticos. Por ejemplo, es urgente llevar a cabo una reforma del mercado energético europeo para obtener energía más limpia y abaratar la factura del usuario final. Además, la UE debe explicar mejor la amplitud y el alcance de su agenda a los países de ALC, amén de ayudarlos a limitar las repercusiones del PVE y el Pacto Industrial Limpio en los países asociados. La resistencia procedente de los países de ALC y las alegaciones de neocolonialismo y proteccionismo son fenómenos que se deben abordar con cautela. La UE debe comunicar mejor su agenda y prestar más atención a las voces que afirman que estaría castigando a terceros países que tienen menos responsabilidad en la crisis climática y estaría usando el objetivo de la acción por el clima para blindar su economía frente a la amenaza creciente de China, lo que podría afectar negativamente a los países de ALC. Por ejemplo, la diplomacia de la UE se enfrenta al reto de presentar su Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) como una iniciativa de descarbonización para los países que deseen sumarse a un club del clima cuyos miembros aplican mecanismos de fijación de precios en función del carbono. Es decir, ese enfoque implica compensar las repercusiones negativas del CBAM, también en los países de ALC, de modo que se acallen en cierta medida las acusaciones de proteccionismo climático. La matriz energética relativamente limpia de ALC frente a otras regiones podría ser una baza en el contexto del CBAM. La UE tendrá que gestionar con destreza sus prioridades en materia de descarbonización, seguridad energética y competitividad, sobre todo en el contexto de su relación con China, pero también con otros países. Es probable que la UE siga sufriendo la presión de los países en desarrollo, quienes se oponen a sus “medidas comerciales unilaterales y restrictivas”, entre ellas la legislación sobre deforestación y el CBAM.
4.4. Dificultades para el despliegue de la estrategia de Global Gateway
Tras el aterrizaje algo abrupto de la Global Gateway en América Latina, que pilló a contrapié a algunos diplomáticos de la UE y de sus Estados miembros, hace falta superar esa cierta resistencia inicial y aprovechar al máximo los efectos de esta estrategia. Por ejemplo, en Colombia, la Global Gateway cuenta con una ventaja potencial, puesto que varias compañías europeas del ámbito de la energía (Enel, EDF y Engie) ya están presentes en el país. Resulta esencial que la aplicación sea satisfactoria para ayudar a Colombia y otros países de ALC a cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible y aumentar al mismo tiempo la visibilidad de la labor de la UE y transformarla en influencia sobre el tablero geopolítico. Hasta la fecha, esa visibilidad y esa influencia han brillado por su ausencia, y con relación a China y su Nueva Ruta de la Seda en particular, la UE está sintiendo la presión. También está la sensación de que las estrictas directrices de la UE para prestar apoyo podrían adecuarse poco a las necesidades de los países de ALC y de que no se llega a implicar suficientemente a la sociedad civil. También ha suscitado inquietud la falta de unos procedimientos institucionales claros para proponer, formular y ejecutar proyectos que acaben formando parte de la Global Gateway, lo que a su vez genera confusión sobre los mecanismos específicos para el despliegue de recursos.
4.5. Problemas de coordinación entre las instituciones de la UE, los Estados miembros, las empresas europeas y los países de ALC
Tal y como comentó un funcionario europeo al propio autor en Bogotá, la “cuestión de la coordinación es simplemente imposible” y “nosotros somos parte del problema”. En Colombia, al igual que en otros países de ALC, es destacable el número de actores que tratan de prestar apoyo a las administraciones nacionales y locales y a los agentes no estatales. A pesar de los intentos de mejorar la coordinación, sigue siendo un reto que estas iniciativas destinadas a armonizar las agendas y las medidas entre estos actores externos y el Gobierno sean eficaces, sobre todo por diferentes motivos como los intereses divergentes, la ausencia de incentivos y las distintas burocracias. En este caso, el Grupo de Cooperantes Internacionales en Colombia (GRUC) cuenta con distintos subgrupos; uno de ellos, sobre transición energética, tiene como objetivo reforzar la coordinación de la cooperación internacional. En el momento de redactar el presente artículo, este subgrupo lo copresiden Dinamarca y Alemania, con la secretaría a cargo del BID. Se están destinando esfuerzos a conseguir una coordinación eficaz, pero sigue habiendo escollos difíciles de sortear al tratarse de un grupo con 17 miembros (agentes bilaterales y organizaciones intergubernamentales). Además, también es patente la falta de coordinación entre los organismos de desarrollo de los Estados miembros de la UE y el sector privado europeo. Los Estados miembros promueven a sus propias empresas hasta cierto punto, pero los dirigentes de los organismos de desarrollo no siempre conocen bien a los integrantes del sector privado de sus países, lo que deriva en una falta de coherencia entre las metas de desarrollo y los intereses empresariales. El tiempo apremia sobre todo en Colombia, donde los europeos deben demostrar la eficacia de su apoyo ahora que al presidente Petro le quedan menos de dos años en el cargo. Esa circunstancia da poco margen al gobierno para sacar partido del apoyo existente y aprovechar las ayudas adicionales para impulsar su visión de futuro para la transición energética justa. Al mismo tiempo, los políticos de la oposición están promoviendo la facturación hidráulica, lo que deja entrever la posibilidad de que el plan actual de Colombia para una transición energética justa sufriría un grave retroceso.[10]
4.6. Límites para la influencia de la UE a raíz de las difíciles circunstancias internas
La UE, junto con otros agentes externos, se enfrenta a circunstancias internas complicadas para hacer avanzar su programa de acción por el clima y transición energética. El contexto colombiano refleja bien los límites de la influencia de la UE en esas cuestiones por tres motivos interrelacionados. En primer lugar, el número ingente de actores que tratan de apoyar al Gobierno colombiano ha generado inquietud acerca de que la Administración pueda carecer de capacidad para aceptar y aprovechar toda la ayuda ofrecida. Existe cierta frustración sobre que los distintos actores externos estén poniendo financiación climática a disposición del Gobierno sin que se estén utilizando esos fondos. Faltan infraestructuras adecuadas y existen escollos normativos asfixiantes que limitan la inversión extranjera.
En segundo lugar, la difícil relación del Gobierno de Petro con el sector minero-energético colombiano ha hecho mella en las iniciativas destinadas a generar consenso y forjar alianzas para impulsar la transición energética. Por último, varios políticos, periodistas, académicos y otras personalidades colombianas se han esforzado por desacreditar el programa de transición energética justa del Gobierno del país y defienden la fracturación hidráulica y la intensificación de la exploración y producción de combustibles fósiles, aparentemente sin tener en cuenta los riesgos derivados de los activos obsoletos, el estancamiento de las emisiones de carbono o el impresionante crecimiento del mercado mundial de las tecnologías de energía limpia.[11] Con los gobiernos europeos bajo presión por parte de grupos internos para justificar la ayuda exterior y la posibilidad de que la transición energética de Colombia se vea amenazada por los partidarios de los combustibles fósiles, se cuestionará muy seriamente cualquier justificación para seguir destinando recursos europeos al país sudamericano.
A pesar de estos retos, existen oportunidades de impulsar iniciativas que mejoren la cooperación de la UE con Colombia y con Chile en materia de acción por el clima y transición energética justa.
4.7. Creación de un diálogo para que la UE y ALC debatan sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles
El impresionante crecimiento de las tecnologías de bajas emisiones de carbono debería seguir adelante, pero resulta insuficiente para evitar una gran catástrofe climática. Además, el mundo tiene que recortar de manera considerable la quema de combustibles fósiles y dejar en el subsuelo la mayoría de las reservas aún no extraídas para cumplir con el presupuesto de carbono que brinda una oportunidad del 50 % de no superar el límite de 1,5°C de calentamiento. No puede haber excepciones: todas las naciones deben ir reduciendo su producción con rapidez y equidad porque en el presupuesto de carbono no pueden entrar nuevos proyectos de combustibles fósiles. Resulta alentador ver que varios países como Dinamarca, Costa Rica, Francia, Irlanda, Chile, Colombia y Ecuador están adoptando distintas medidas a través de las llamadas políticas climáticas de suministro para intentar limitar la producción de combustibles fósiles y garantizar que las reservas permanezcan en el subsuelo. Por ejemplo, en 2002, Costa Rica aplicó una moratoria a la prospección y extracción de petróleo; más recientemente, Ecuador celebró un referéndum nacional para decidir si explotar o no el yacimiento de petróleo encontrado bajo el Parque Nacional Yasuní, y el 60% de la población optó por proteger la zona. La creación de un diálogo UE-ALC con gobiernos, sociedad civil, industria, empresas y mundo académico sobre estas políticas y estas experiencias podría dar pie a ideas para que ambas regiones aprendan y se respalden mutuamente. Lo crucial es que todo diálogo birregional se base en un principio de equidad, ya que el ritmo necesario de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es distinto en ambas regiones. Una transición energética justa exigiría que las naciones productoras de combustibles fósiles más ricas de Europa y otras partes del mundo que cuentan con la mayor capacidad de acción eliminen por completo toda la producción de gas y petróleo para 2034, y que los países de renta media, entre ellos muchos de la región de ALC, consigan reducir la producción a cero en 2043 como muy tarde. Además, a los países de ALC les llevaría más tiempo reducir progresivamente la producción de combustibles fósiles, pero se verían afectados por la pérdida de ingresos y la inestabilidad social y económica asociada en las zonas productoras. En consecuencia, la UE tendrá que incrementar el apoyo financiero a estas y otras naciones para impulsar una transición energética justa, además de generar resiliencia ante el agravamiento de las repercusiones climáticas. Por último, hace falta un debate sincero sobre las conexiones del comercio y la inversión de ambas regiones con los combustibles fósiles para que se dejen de socavar las amplias iniciativas de cooperación en materia de cambio climático y esos vínculos se adapten al Acuerdo de París. Este diálogo podría inspirar iniciativas como la Beyond Oil and Gas Alliance y la Powering Past Coal Alliance, en las que participan algunos países europeos y de ALC.
4.8. Sacar partido de la Global Gateway y el Equipo Europa para respaldar las políticas climáticas y energéticas más emblemáticas de Colombia y Chile
La UE podría echar mano de la Global Gateway para ayudar a Colombia a llevar a la práctica su Hoja de Ruta de Transición Energética Justa y sacar partido de su portafolio de transición socio-ecológica, además de ayudar Chile a eliminar de manera progresiva las centrales eléctricas a carbón, prestar apoyo a los trabajadores y evitar que aumente su dependencia del gas fósil. En el caso de Colombia, la UE puede respaldar su portafolio de transición socio-ecológica para garantizar las inversiones. En vista del escaso entusiasmo generado por la primera ronda de asociaciones para una ATEJ en el sur global, la UE podría demostrar que se está esforzando por escuchar y responder a las demandas y necesidades de los países en desarrollo. La UE puede ayudar a Colombia a cumplir sus objetivos relativos a la transición energética mediante, entre otras iniciativas, apoyo a la transición económica de los departamentos colombianos productores de combustibles fósiles, formación en nuevas competencias y programas de emprendimiento para trabajadores del sector minero-energético, implantación de comunidades energéticas, ayuda para dejar atrás las centrales a carbón y gas y organización de conferencias de negocios para empresas colombianas y europeas que deseen invertir en tecnologías de bajas emisiones de carbono en Colombia. Esas medidas podrían reportar grandes beneficios mutuos, en particular la disminución de la contaminación y del coste de la electricidad y la prestación del apoyo necesario para que Colombia cumpla con los objetivos incluidos en su NDC y su estrategia a largo plazo.
4.9. Dar prioridad a mejorar la coordinación y aumentar las sinergias entre los agentes externos y las iniciativas vigentes
Con 2030 a la vuelta de la esquina y la inminencia de las elecciones presidenciales en Chile en 2025 y en Colombia en 2026, las instituciones y los Estados miembros de la UE y otros asociados como el Reino Unido y el BID deben dar prioridad a mejorar la coordinación e incrementar las sinergias. En ambos países sudamericanos existe la posibilidad de que suban al poder políticos de derechas que podrían poner en riesgo los compromisos relativos a la transición climática y energética. Por ese motivo, la UE y sus socios tienen que impulsar las iniciativas existentes para garantizar el máximo avance posible y proteger los ingentes recursos destinados a esos proyectos. Además, los países de la UE y ALC deben seguir reforzando su colaboración con el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario Internacional (FMI), amén de aplicar reformas para que el sistema financiero mundial responda mejor a los enormes desafíos planteados por el cambio climático, así como aprovechar las oportunidades que presentan la descarbonización y la creación de resiliencia.
4.10. Aprovechar las relaciones de trabajo positivas entre los principales actores
En la diplomacia climática mundial, contar con unas buenas relaciones de trabajo no tiene precio, así como garantizar que determinadas personas se reúnan en la misma sala en momentos decisivos. Esas relaciones hay que aprovecharlas para avanzar en pos de objetivos mutuos e intensificar las acciones. Por ejemplo, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, y Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, trabajaron codo con codo en la COP28 de Dubái en 2023 para intentar que se introdujese un lenguaje más contundente sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente de Chile, y Jennifer Morgan, secretaria de Estado y representante especial de Alemania para la Política Climática Internacional, también colaboraron estrechamente como co-facilitadoras del debate sobre pérdidas y años durante la COP27 en 2022. El exministro danés de Clima y Energía, Dan Jørgensen, actual comisario de Energía y Vivienda, también trabajó muy de cerca con sus homólogos de Colombia, Chile y Costa Rica al copresidir la iniciativa Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA).
4.11. Aprovechar al máximo los eventos más importantes
Pronto habrá varios eventos importantes que servirán para mejorar el diálogo, generar tracción política e impulsar alianzas. En 2025, se celebra la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (30 de junio a 3 de julio) en España, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano organizada por Costa Rica y Francia en Niza (junio), la cuarta Cumbre UE-CELAC en Colombia (fecha por confirmar), la COP30 en Brasil (10 a 21 de noviembre) y la reunión del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica) en noviembre, que girará en torno a la movilización de financiación climática y la ampliación del alivio de la deuda para los países en desarrollo. La Cumbre UE-CELAC en Colombia y los actos previos en los que se reunirán los ministros de exteriores, personalidades empresariales y otras partes interesadas suponen una magnífica ocasión para que los países de la UE y ALC dejen patente la armonización de sus alianzas con los objetivos del Acuerdo de París. Los ámbitos fundamentales para la Cumbre serán impulsar las iniciativas e inversiones de conectividad interregional para sacar partido de los recursos de energía renovable de ALC, las soluciones basadas en la naturaleza con fines de mitigación y adaptación, las asociaciones para una transición energética justa y el modo de desarrollar cadenas de suministro UE-ALC para materias primas críticas y tecnologías con bajas emisiones de carbono.[12] La COP30 es vital a distintos niveles. En primer lugar, los países presentarán sus nuevas NDC para 2035 adaptadas al límite de 1,5°C. En segundo lugar, los países de la UE y de ALC, que suelen decantarse por un orden internacional basado en normas sustentado por las Naciones Unidas y el multilateralismo, deben luchar para demostrar que el Acuerdo de París puede funcionar ante la intensificación de las tensiones geopolíticas. En tercer lugar, la UE y sus aliados de ALC tendrán que ser creativos para forjar nuevas colaboraciones y alianzas con otros países desarrollados y en desarrollo, entre ellos China y Sudáfrica, tanto antes de la COP30 como durante su celebración, para garantizar que el resultado sea lo más justo y ambicioso posible. En la reunión del G20 en Johannesburgo, la UE y los miembros europeos del G20 (Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido) pueden cooperar con Brasil, país organizador de la COP30, y con México para hacer avanzar la acción por el clima y la transición energética justa, lo que podría generar oportunidades para mejorar e impulsar los mercados verdes, el comercio y las inversiones.
Conclusiones
Los distintos desafíos, entre los que destacan las tensiones geopolíticas y la segunda presidencia de Trump, podrían desbaratar las iniciativas de la UE y ALC para hacer frente a la crisis climática y ecológica. La UE y ALC, que posiblemente conforman la alianza birregional más sólida en materia de acción por el clima, pueden partir de las iniciativas existentes para reforzar su cooperación. Esa asociación puede ser útil para cumplir unos objetivos de desarrollo sostenibles e inclusivos, pero también para poner de manifiesto que el Acuerdo de París y el multilateralismo pueden funcionar y generar confianza a nivel mundial para intensificar las acciones al respecto. En cualquier caso, para tener posibilidades de conseguir estos logros, la UE debe demostrar a los países de ALC que no le interesa estrechar lazos solamente para proteger sus propios intereses y valores, sino que también respeta los deseos soberanos de sus socios de la región. Además, la Unión tendrá que esforzarse más en apoyar a los países afectados por la transición energética mundial y por sus propias políticas, entre ellas el CBAM.
En un mundo cada vez más fragmentado, la UE puede optar por una estrategia que haga hincapié en la interdependencia con socios importantes de la región y de otras partes del planeta, en vez de decantarse por una autonomía y una desconexión con las que correría el riesgo de alejar a los demás. La UE puede hacer avanzar esa agenda junto a Colombia y Chile, dos socios ideales para impulsar estos objetivos en vista de la cooperación ya existente con la Unión y su voluntad de sacar adelante políticas ambiciosas en el ámbito climático.
Las oportunidades aquí descritas, entre ellas la creación de un diálogo UE-ALC sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, sacar el máximo partido de la Global Gateway y el Equipo Europa para respaldar las políticas más emblemáticas de Colombia y Chile, aumentar la coordinación y las sinergias entre los agentes externos y las iniciativas en curso, aprovechar las relaciones de trabajo positivas entre dirigentes importantes de la UE y ALC y exprimir al máximo las fechas más destacadas de 2025, podrían ayudar a hacer frente a estos escollos y garantizar los avances en pos de la consecución de economías prósperas con cero emisiones netas y resiliencia climática.
[1] Este análisis fue elaborado para una reunión conjunta de los grupos de trabajo del Real Instituto Elcano sobre energía y clima, por un lado, y América Latina, por el otro, que tuvo lugar el 17 de octubre de 2024. Se basa principalmente en una investigación documental y en varias entrevistas anónimas efectuadas por el autor en Colombia en 2024 como trabajo de campo para su investigación doctoral.
[2] El cambio climático aparece de manera prominente en las declaraciones y los planes de actuación derivados de la cumbre UE-CELAC, y en el apoyo financiero y la cooperación de la UE hacia sus socios de ALC. En 2010, echó a andar Euroclima+, como el programa insignia de la UE en materia de cambio climático junto a América Latina, para prestar apoyo a los países en el diseño y la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional y sus estrategias a largo plazo. Para la última fase del programa, que se prolongará hasta 2027, se incluye a las naciones del Caribe y se amplía el enfoque sectorial para tener en cuenta la biodiversidad y la economía circular. Para esta nueva fase, Euroclima+ ha recibido 70 millones de euros adicionales, más otros 35 millones para el Caribe.
[3] La geoeconomía explora la interacción de la economía y la geopolítica en el comercio, la tecnología, las finanzas, las infraestructuras, la energía y el acceso a materias primas críticas.
[4] La UE es el tercer socio comercial de Colombia y su segunda fuente de inversión extranjera directa. En el caso de Chile, la Unión también es el tercer socio comercial y su principal fuente de inversión extranjera directa.
[5] O bien plataformas nacionales, tal y como se llama a este tipo de instrumentos cuando incluyen iniciativas de transición ajenas al sector energético.
[6] Tres de las cuatro propietarias de estas instalaciones de generación a carbón son empresas extranjeras: Enel (Italia), AES Andes (EEUU) y Engie (Francia).
[7] Otros retos importantes que se deben tener en cuenta son la divulgación de información errónea o falseada, la violencia y las amenazas continuas hacia los defensores ambientales en la región de ALC, el incremento en el número de políticos de derechas en la UE que podría desvirtuar el PVE del bloque y presionar para que se introduzcan recortes en el gasto destinado a estos ámbitos en terceros países, el peligro de que los VE chinos más baratos penetren en el mercado de ALC a expensas de los fabricantes europeos de automóviles, el hecho de que las iniciativas destinadas a desarrollar el mercado del hidrógeno pudiesen estar subestimando los posibles costes elevados y, por último, el insuficiente debate sobre los riesgos derivados de los activos obsoletos y el estancamiento de las emisiones de carbono.
[8] En 2023, EEUU aportó 9.500 millones de dólares en financiación climática pública, mientras que, ese mismo año, la UE y sus 27 Estados miembros aportaron 28.600 millones de euros en financiación climática con fondos públicos y movilizaron una cantidad adicional de 7200 millones de euros de financiación privada.
[9] Notle (2023) señala que, mientras que la UE se esfuerza por consolidar su autonomía estratégica, los países de ALC se están reposicionando en el ámbito de la política internacional.
[10] Si un candidato conservador gana las elecciones presidenciales en 2026, es posible que intente insuflar vida a la producción de combustibles fósiles a través de una nueva ronda de licencias y la reanudación de dos proyectos piloto de fracturación hidráulica. Ya se está trabajando para recabar apoyo político y dar estos pasos. Por ejemplo, en estos momentos ya se ha presentado un proyecto de ley favorable a la fracturación hidráulica ante el Congreso Nacional colombiano.
[11] La Agencia Internacional de la Energía afirma que el valor del mercado mundial de las tecnologías de energía limpia, segmento que incluye la solar fotovoltaica, la eólica, los vehículos eléctricos, las baterías, los electrolizadores y las bombas de calor, pasará de 700.000 millones de dólares en 2023 a más de dos billones de aquí a 2035.
[12] Mauricio Cabrera Leal, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, escribió en diciembre de 2024, que Colombia ha pedido que en la COP30 se ponga encima de la mesa un acuerdo internacional vinculante para garantizar la trazabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas a lo largo de toda la cadena de valor de los minerales con el fin de mitigar la amenaza que supone la minería para la biodiversidad y los grupos de población vulnerables. Habida cuenta del interés de la UE en asegurarse el acceso a materias primas críticas y de su compromiso de explorar asociaciones que redunden en un beneficio mutuo, la Unión y Colombia podrían debatir esta propuesta en el marco de la Cumbre UE-CELAC y de cara a la COP30.
