Mensajes clave
- Irán acabó 2025 y ha empezado 2026 haciendo frente a otra oleada importante de protestas populares, motivadas principalmente por el grave deterioro económico y el nuevo desplome de la moneda nacional. Al igual que en ciclos anteriores, las manifestaciones exigieron mejoras socioeconómicas al principio y, poco a poco, fueron incorporando eslóganes políticos que cuestionaban la actuación y la legitimidad de la élite gobernante.
- Si bien las protestas de 2025 y 2026 se han contado entre las más multitudinarias desde el movimiento tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, su intensidad, su coherencia organizativa y su articulación política siguen siendo dispares. A pesar de su magnitud, las protestas aún no han generado las condiciones necesarias para la transformación del sistema que tanto esperan y desean algunos agentes exteriores y la oposición iraní en el exilio.
- La respuesta del Estado iraní ha consistido en una mezcla de represión selectiva, gestos económicos y contención política, en aplicación de las enseñanzas extraídas de ciclos anteriores de protestas. Como en episodios anteriores, y a pesar del incremento de la presión estructural, lo cierto es que la resiliencia y la capacidad de adaptación de las instituciones de la República Islámica dejan entrever una continuidad a corto y medio plazo.
Análisis
Contexto histórico de las protestas en Irán
Las protestas populares han sido una característica recurrente de la vida política iraní tanto antes como después de la Revolución Islámica de 1979. Desde la revuelta del tabaco de 1890 y la Revolución Constitucional de 1905 a 1911 hasta la movilización nacionalista de principios de la década de 1950 y el alzamiento revolucionario de 1978-1979, la política de la calle ha servido una y otra vez de mecanismo para que la sociedad cuestionase la autoridad estatal. El establecimiento de la República Islámica bajo la batuta del ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979 no eliminó esta dinámica, sino que institucionalizó un orden político que ha sido cuestionado de forma periódica recurriendo a manifestaciones, huelgas y disturbios. Desde entonces, los momentos más importantes de protesta han sido las manifestaciones de estudiantes de 1999, el Movimiento Verde de 2009 y toda una serie de revueltas socioeconómicas desde 2017 hasta el presente. Estos episodios ponen de manifiesto un patrón en el que convergen las reivindicaciones económicas, la exclusión política y las distintas percepciones de injusticia, mientras que el Estado responde con una mezcla de represión, concesiones selectivas y reconfiguración de las élites. La perdurabilidad del sistema ha dependido menos de la ausencia de discrepancias que de su capacidad para gestionarlas y fragmentarlas.
Los dos primeros movimientos de protesta mencionados, en 1999 y 2009, fueron impulsados, sobre todo, aunque no exclusivamente, por grupos de población urbanos de clase media con formación académica, en particular estudiantes, profesionales y votantes deseosos de reformas, en vez de por las clases populares o más desfavorecidas económicamente que sí tendrían más visibilidad en los ciclos de protesta posteriores. En 1999, la movilización se produjo tras el cierre del diario reformista Salam y se centró en los campus universitarios, donde los estudiantes protestaron contra las restricciones a la libertad de prensa y a favor de la reforma política, antes de que las fuerzas de seguridad suprimieran el alzamiento con violencia. En 2009, el llamado Movimiento Verde surgió en respuesta a la controvertida reelección de Mahmud Ahmadineyad, con manifestaciones masivas –sobre todo, en Teherán– que exigían responsabilidades electorales bajo el lema “¿Dónde está mi voto?”.
Las protestas de diciembre de 2017 y enero de 2018 marcaron un punto de inflexión al expandirse con rapidez desde la pequeña ciudad de Nishapur (provincia de Mashhad) hasta Teherán y otros grandes núcleos urbanos, así como por utilizar lemas que criticaban a las élites políticas en su conjunto. Pese a estar motivadas por las penurias económicas, estas manifestaciones pusieron de relieve la pérdida de confianza en las facciones reformistas y pragmáticas que ocupaban la presidencia por aquel entonces. Dos años después, las protestas de noviembre de 2019, desencadenadas por un incremento previsto pero repentino en el precio del combustible, fueron el episodio de disturbios más violento desde 1979, lo que provocó una respuesta sin precedentes por parte de las fuerzas de seguridad, con cientos de muertos y cortes generalizados de internet.
Ambos ciclos pusieron de manifiesto que las perturbaciones económicas podían transformarse con rapidez en crisis políticas, así como que el Estado se mostraría dispuesto a echar mano de métodos de coerción enérgicos cuando percibiese una amenaza existencial. A pesar del reconocimiento por parte del presidente pragmático Hasán Rohaní (2013-2021) de la legitimidad de las reivindicaciones económicas que dieron pie a las protestas y del derecho de la ciudadanía a manifestarse públicamente en las calles, ambas protestas fueron reprimidas con fuerza para restaurar momentáneamente el orden, lo que acentuó la desconfianza social y amplió la distancia entre el Estado y la sociedad.
Las protestas que estallaron tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022 fueron diferentes de los ciclos anteriores tanto por su simbolismo como por su duración. Giraron en torno a la autonomía corporal, los derechos civiles y la oposición al control social coercitivo, además de movilizar a mujeres y grupos de jóvenes de núcleos urbanos a una escala nunca vista. Pese a que fueron sofocadas en última instancia, las protestas de 2022 dejaron una huella indeleble en la sociedad iraní al normalizar un cuestionamiento más explícito de los cimientos ideológicos del sistema y seguir erosionando la credibilidad de los relatos oficiales.
No obstante, es importante señalar que el movimiento de 2022 no logró crear ni un liderazgo unificado dentro de Irán, ni un programa político coherente ni una división interna en las élites que pudiese generar un cambio institucional a partir de la protesta. La oposición en el exilio –en especial, el príncipe heredero Reza Pahlaví– tampoco consiguió sacar partido de las protestas por su falta de unidad y legitimidad dentro del país. Estas limitaciones volverían a aflorar en las movilizaciones subsiguientes.
Protestas de 2025-2026: causas y dinámicas
La oleada actual de protestas empezó a finales de diciembre de 2025 en un contexto de fuerte depreciación del rial, inflación galopante y caída del poder adquisitivo. El valor de la moneda iraní se desplomó y pasó de 1,07 millones de riales por cada dólar estadounidense a principios de noviembre a 1,4 millones el 28 de diciembre. En las manifestaciones iniciales, la voz cantante la llevaron los comerciantes de los bazares, los propietarios de los pequeños negocios y los trabajadores asalariados, en especial en los centros urbanos. A medida que las protestas se fueron expandiendo por el territorio, se sumaron los estudiantes y la clase media urbana, conforme a los mismos patrones observados en protestas económicas anteriores.
Aunque han seguido girando en torno a reivindicaciones económicas, poco a poco han ido apareciendo eslóganes políticos como “muerte al dictador” o “viva el sah”, criticando la corrupción, la mala gestión y la concentración de poder. Aun así, el movimiento sigue sin contar con un marco ideológico unificado, un liderazgo estructurado o unos objetivos claros. A diferencia de 2022, las reivindicaciones basadas en la identidad y centradas en los derechos son menos prominentes; en comparación con 2019, el nivel de violencia se ha mantenido relativamente controlado, a pesar de las alarmantes cifras recientes que apuntan a un incremento en el número de bajas tanto entre los manifestantes como entre las fuerzas de seguridad. Por el momento, cabe afirmar con seguridad que las protestas ocupan una posición a medio camino entre los ciclos anteriores, con una mezcla de urgencia socioeconómica y manifestación política cautelosa.
Una manera productiva de entender la oleada actual de protestas de 2025 y 2026 es no verlas como un episodio aislado comparable por escala o simbolismo a 2019 o 2022, sino como una prueba recurrente de resistencia aplicada a la capacidad de gobierno de la República Islámica. Desde 2017, cada nuevo ciclo de protestas ha funcionado a modo de diagnóstico para dejar al descubierto los distintos puntos vulnerables del sistema: el reparto económico fallido en 2017-2019, la gobernanza moral coercitiva en 2022 y el agotamiento macroeconómico mezclado con el desgaste por las sanciones en 2025-2026. Lo que distingue a las protestas actuales de las demás no es su carácter novedoso, sino su naturaleza acumulativa: se dan en un contexto en el que ni la sociedad ni el Estado esperan que se produzca una resolución definitiva.
A diferencia de las experiencias revolucionarias, que se caracterizan por una intensificación de las expectativas y una convergencia de las demandas, las protestas actuales revelan una ausencia destacable de teleología. Los manifestantes articulan sus reivindicaciones sin proyectar una situación final compartida, mientras que el Estado responde sin plantear un horizonte reformista. Esa ausencia mutua de un relato orientado hacia el futuro refuerza el estancamiento político en vez de la ruptura.
El contexto económico de las protestas de 2025-2026 no refleja una mera crisis cíclica, sino una degradación estructural. La inflación, el colapso monetario y la caída del poder adquisitivo han pasado a ser aspectos normalizados en la vida cotidiana que no sólo hacen mella en el bienestar material, sino también en las expectativas temporales. En este contexto, la protesta no es tanto una expresión de esperanza en un cambio inmediato, sino una manifestación de agotamiento.
Mientras que las protestas económicas anteriores se debieron a adversidades repentinas –el precio del combustible en 2019 o el impago de los salarios en 2017–, el malestar actual hunde sus raíces en la percepción de que el declive es permanente y no cabe vislumbrar mejoras en el horizonte por las restricciones estructurales existentes, las nuevas sanciones y la percepción de que Irán se encuentra en una posición muy defensiva y delicada frente a sus enemigos. Las implicaciones políticas de una crisis permanente son distintas a las de una perturbación grave: favorecen la movilización esporádica, una baja densidad organizativa y una rápida desmovilización una vez que se produce la represión o se consiguen concesiones parciales.
Aprendizaje estatal e institucionalización de la contención
La respuesta de la República Islámica a las protestas de 2025 y 2026 apunta de momento a una mayor institucionalización de lo que cabría llamar “gobernanza de la contención”. En vez de fluctuar entre la complacencia reformista y la represión contundente, el Estado confía cada vez más en un abanico de herramientas bien calibradas: la coerción selectiva, la reorganización tecnocrática, un encuadre narrativo controlado y una dispersión temporal de las protestas a través del agotamiento. Las amenazas de pena de muerte proferidas por Alí Jamenei y el fiscal general a los manifestantes y las palabras conciliadoras pronunciadas por el presidente Pezeshkian instando al diálogo reafirman el planteamiento mixto que refleja lo aprendido durante las protestas de 2019 y 2022. La represión de mano dura de 2019 logró restaurar el orden, pero a costa de la reputación y la legitimidad tanto a nivel interno como internacional. La prolongada campaña coercitiva de 2022 contuvo la disidencia, pero normalizó el cuestionamiento. En cambio, la estrategia actual busca evitar por completo la escalada al mantener la intensidad de la protesta por debajo de un umbral decisivo.
Una característica definitoria de las protestas de 2025 y 2026 es la persistencia de la fragmentación social. Los mercaderes de los bazares, los estudiantes, los trabajadores asalariados y los grupos urbanos periféricos participan de manera intermitente, sin que sus exigencias queden plasmadas en el seno de una plataforma política compartida. Esta fragmentación refleja cambios estructurales a largo plazo en la sociedad iraní, entre ellos la irregularidad laboral, la segmentación generacional y la erosión de las instituciones intermediarias.
Por lo tanto, no debe interpretarse la debilidad del liderazgo de las protestas como un mero resultado de la represión. También es consecuencia de una sociedad en la que la acción colectiva ha dejado de ser programática para convertirse en un fenómeno episódico y transaccional. Las protestas hacen las veces de mecanismo de expresión, no de organización. Se ha hablado largo y tendido de la normalización de las protestas desde 2017 como mecanismo de disidencia, en vez de como un impulso revolucionario que permita presagiar un cambio de régimen.
A pesar de que las protestas de 2025 y 2026 han suscitado cierta reacción internacional, sobre todo por parte de EEUU, su efecto en la dinámica nacional interna ha sido escaso. El apoyo retórico externo no se ha transformado en una influencia política interna y en algunos casos ha reforzado el enfoque de seguridad aplicado por el Estado frente a la disidencia. El silencio relativo de interlocutores como China y la toma de postura cautelosa de la UE hacen hincapié en una tendencia más amplia: los protagonistas de la esfera internacional están empezando a considerar en mayor medida que las protestas iraníes constituyen fenómenos endógenos que probablemente no acaben dando pie a una transformación a corto plazo.
La perdurabilidad de la República Islámica en este marco de protestas recurrentes no debe confundirse con la renovación de su legitimidad. La estabilidad se ha mantenido a través del control, la fragmentación y la adaptación, no mediante el consenso. Las protestas de 2025 y 2026 refuerzan esa distinción. El sistema no persiste porque los agravios se resuelvan, sino porque se manejan y controlan.
Implicaciones políticas para la UE
Desde el punto de vista de la UE, las protestas de 2025-2026 en Irán refuerzan varias lecciones políticas relevantes ya aprendidas tras el movimiento de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini. En primer lugar, los ciclos recurrentes de protesta ponen de relieve que el malestar social en Irán es estructural y no episódico. Las sanciones económicas, pese a que tengan por objeto alterar el comportamiento del Estado, siguen interactuando con la mala gestión a nivel nacional hasta afectar de manera desproporcionada a la sociedad iraní y alimentar la inestabilidad.
En segundo lugar, la respuesta calibrada de las autoridades iraníes en 2025 y 2026 –evitando la magnitud de la represión observada en 2019, pero conteniendo la movilización– indica que el sistema ha interiorizado el coste de la coerción excesiva. Por lo tanto, la diplomacia de derechos humanos de la UE se enfrenta a un dilema similar: la condena y las sanciones simbólicas pueden satisfacer los compromisos normativos, pero su repercusión es más bien limitada para cambiar el comportamiento del régimen en ausencia de una influencia geopolítica más amplia.
En tercer lugar, las protestas sirven para recalcar la ausencia de intermediarios políticos internos que generen confianza y puedan canalizar el descontento social hacia el cambio institucional. Para la UE, la interacción continuada con la sociedad civil iraní, las redes académicas y los intercambios entre personas –siempre que aún sean posibles– siguen siendo uno de los pocos instrumentos útiles para mitigar el aislamiento de la sociedad a largo plazo. Por lo tanto, cabe moderar las expectativas de rápida transformación política.
Por otra parte, las amenazas reiteradas de intervención militar por parte del presidente Donald Trump no sólo ponen en peligro a la misma población iraní a la que se pretende defender, sino que también hacen mella en la posibilidad de coordinar un planteamiento transatlántico con la UE con vistas a preservar la estabilidad y, sobre todo, proteger a la población civil.
Conclusiones
Las protestas de 2025 y 2026 en Irán son más una continuación que una ruptura del ciclo de contención en el país. Comparten características fundamentales con movimientos anteriores –desencadenantes económicos, difusión rápida, liderazgo limitado y contención final–, al tiempo que reflejan los agravios acumulados de una sociedad sometida a una presión prolongada. A pesar de su magnitud, las protestas aún no han generado las condiciones necesarias para la transformación del sistema que tanto esperan y desean algunos agentes exteriores y la oposición iraní en el exilio.
La resiliencia de la República Islámica depende menos de la ausencia de discrepancia que de su capacidad para gestionarla. A menos que las próximas movilizaciones coincidan con una fragmentación sostenida de las élites o un desplome económico profundo, el sistema político tiene visos de perdurar, adaptándose una vez más a un desafío que ya le resulta familiar.
