Tema: La expulsión de gitanos rumanos y búlgaros desde Francia ha provocado condenas internacionales, al tiempo que es apoyada por buena parte de la opinión pública francesa.
Resumen: En el mes de agosto de 2010, la decisión del Gobierno francés de expulsar a gitanos rumanos de vuelta a Rumanía provocó una oleada de indignación a nivel internacional. No obstante, más que una nueva política (en Francia, la expulsión de romaníes a Bulgaria y Rumanía lleva practicándose muchos años sin que ello haya desencadenado grandes debates), se trata ante todo de un nuevo ciclo del debate político francés sobre la inmigración, la integración y la identidad nacional. El presente ARI propone analizar las paradojas de esta mediatización, exponiendo la estructura del debate público que se ha impuesto en Francia desde principios de esta década con respecto a estas materias.
Análisis: En pocas semanas, la decisión del Gobierno francés de expulsar a centenares de gitanos a Rumanía ha sido reprobada internacionalmente con una dureza que, sin duda, no tiene precedentes en la historia reciente de las políticas migratorias francesas.
Unos detrás de otros, sin distinción, desde el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial, hasta el Papa Benedicto XVI, la prensa internacional (en la que destacó el sonado titular del diario británico The Times que evocaba a la Gestapo),[1] el Parlamento Europeo y hasta Fidel Castro, denunciaron el rumbo racista y xenófobo de las medidas políticas francesas. Frente a estas críticas, el Gobierno francés respondió, por un lado, apelando a la soberanía de Francia y al imperativo del orden y de la seguridad públicos y, por otro, asegurando que Francia respetó el Derecho internacional y la legislación comunitaria al llevar a cabo dichas expulsiones.
Ha sido mucho lo que se ha dicho y escrito sobre el coste que supone esta decisión para los principios fundamentales del Derecho y de la democracia: los derechos humanos (aquí vulnerados por un enfoque supuestamente cargado de racismo y xenofobia), el Derecho internacional (especialmente en lo que respecta a la protección de menores) y la legislación europea (en concreto, la relativa a la libre circulación de los ciudadanos europeos). Pero todo esto no explica lo que ocurrió: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo, en menos de 15 días en plenas vacaciones estivales, se ha convertido Francia en el paradigma mundial de un “racismo” y de un “nacionalismo xenófobo de Estado” percibido como la contradicción violenta de los principios fundamentales de los “derechos del hombre y del ciudadano”, los cuales se supone, además, que se encuentran en las propias raíces de la identidad política de la República Francesa? ¿Y cómo ha podido esta política recibir el apoyo de una parte importante de la opinión pública francesa?[2]
Para responder a estos interrogantes, es necesario recordar lo que ocurrió a partir de julio de 2010 y reconstruir la cadena de acontecimientos que llevó al Gobierno francés a adoptar la decisión de destruir centenares de “campamentos de romaníes” y proceder a las expulsiones de ciudadanos rumanos. Pero esta cadena de acontecimientos es, por sí misma, curiosa y paradójica. Por consiguiente, para entenderla, también hay que “ampliar la imagen”, relacionando estos últimos episodios de la política francesa de inmigración con las políticas y los debates públicos entablados sobre inmigración, identidad nacional y ciudadanía desde el inicio de esta década.
Expulsión de los romaníes a Rumanía: una decisión paradójica de las autoridades francesas
La noche del 16 al 17 de julio de 2010, tras una persecución a la carrera cerca de Saint-Aignan, una pequeña localidad de 3.400 habitantes situada en el departamento de Loir-et-Cher (en el centro de Francia), un gendarme mató de un disparo a Luigi Duquenet, un joven de 22 años de edad, de nacionalidad francesa y perteneciente a una familia de “viajeros”. En represalia, el 18 de julio, el puesto de gendarmería de Saint-Aignan fue atacado por unas 50 personas. Según palabras del alcalde, “ha sido un ajuste de cuentas entre los ‘viajeros’ y la gendarmería”, “algunos iban cubiertos con pasamontañas y armados con hachas y barras de hierro”.[3] Esa misma noche, se envió al lugar de los hechos a 300 militares y dos helicópteros.
Lejos de allí, también durante la noche del 16 al 17 de julio, se desencadenaron “disturbios” en el barrio de La Villeneuve de Grenoble. También en este caso el detonante fue una persecución a la carrera que acabó mal: uno de los atracadores a mano armada del Casino d’Uriage, a unos kilómetros de Grenoble, murió a causa de un disparo de la policía cuando se había refugiado en este barrio popular de los “suburbios” de Grenoble, donde se concentra una parte importante de la población procedente de la inmigración poscolonial (lo que hoy en día designa el término “suburbios” en el debate público en Francia). Tras este fallecimiento, unos 50 “jóvenes del barrio” se enfrentaron a la policía en escenas de violencia difundidas por la prensa nacional. La policía fue el objetivo de tiros con balas reales. Los medios de comunicación y el Gobierno hablaron de “guerrilla urbana” y de “guerra”. También en este caso al lugar se enviaron helicópteros y centenares de agentes de la policía.
En respuesta al primer drama, el presidente de la República anunció el 21 de julio la organización de una reunión ministerial especial “sobre los viajeros” y, añadió, “sobre los romaníes”, ya que “los acontecimientos que tuvieron lugar en el departamento de Loir-et-Cher ponen de relieve los problemas que plantea el comportamiento de algunos viajeros y de los romaníes. (…) En esta reunión se determinará la posición de todos los departamentos y se tomará la decisión de expulsar a todos los habitantes de los campamentos en situación irregular”.[4] En la misma declaración, Nicolas Sarkozy estableció un vínculo con los enfrentamientos de Grenoble: “El Gobierno lucha de manera implacable contra la delincuencia. Es una verdadera guerra la que vamos a librar contra los traficantes y los delincuentes”.[5] La reunión sobre “las comunidades itinerantes y los romaníes” tuvo lugar el 28 de julio. En ella se decidió llevar a cabo el desmantelamiento de 300 campamentos “ilegales” en los tres meses siguientes.
El 30 de julio de 2010, Nicolas Sarkozy pronunció un discurso en Grenoble con ocasión de la entrada en funciones de un nuevo prefecto designado inmediatamente después de los actos violentos que tuvieron lugar en La Villeneuve. Éric Le Douaron, el nuevo prefecto, es un antiguo director de la Policía de Fronteras francesa (Police aux frontières). En su discurso, el presidente de la República le solicitó “restaurar la autoridad del Estado de manera estricta”. Repitió de nuevo que se trata “de una guerra que hemos decidido librar contra los traficantes y los delincuentes”. El discurso expuso que ya no existían diferencias entre la “delincuencia organizada” (es decir, el ataque contra el Casino d’Uriage) y la “pequeña delincuencia” (es decir, “en los suburbios”). Y Nicolas Sarkozy dedujo lo siguiente: “hay que reconocer, me veo obligado a decir, que sufrimos las consecuencias de 50 años de inmigración insuficientemente regulada”. Por consiguiente, “la norma general es clara: se debe devolver a los clandestinos a sus países de origen. Y es en este contexto, de hecho, en el que he pedido que se ponga fin a los establecimientos salvajes de campamentos de romaníes. Se trata de zonas sin ley que no podemos tolerar en Francia”.[6]
Aunque el Gobierno se haya defendido de llevar a cabo una política dirigida a un grupo nacional o étnico concreto, una circular del Ministerio del Interior francés del 5 de agosto de 2010 dirigida a los prefectos, recuerda los objetivos de “la evacuación de los campamentos ilegales (…), prioritariamente, los de los romaníes” y de “impedir la instalación de nuevos campamentos ilícitos de romaníes”. El documento añade: “las operaciones llevadas a cabo a partir del 28 de julio contra los campamentos ilícitos de romaníes sólo han dado lugar a un número demasiado limitado de repatriaciones”.[7] No sólo se constata que dicha prioridad se refiere a un grupo concreto de extranjeros (los emigrantes romaníes), sino que, además, el Ministerio del Interior pide a los prefectos que aumenten significativamente el número de expulsiones a Rumanía.[8] Una circular del 9 de agosto solicitó a los prefectos que comuniquen al Ministerio del Interior “cualquier operación de evacuación de envergadura, o susceptible de provocar un eco mediático”.[9]
Así pues, en menos de dos semanas, la estructura del problema público quedó considerablemente ampliada.
Desencadenado por un “suceso” aislado que enfrentó a las fuerzas del orden y los “itinerantes” franceses, el problema acabó refiriéndose a una “guerra contra los traficantes”, vinculada a un problema de “cincuenta años de inmigración” al territorio francés, a una “crisis” de la integración de los extranjeros, de la autoridad del Estado y de los principios de la República en su lucha contra “la inmigración ilegal”.
Esta ampliación del problema no es nada simple. Podríamos haber esperado razonablemente que el Gobierno francés combatiera la especificidad de los acontecimientos de Saint-Aignan, formulando un diagnóstico diferente del que exigieron los “disturbios” de Grenoble; que fuera el momento de entablar un debate público sobre el lugar ocupado por los “itinerantes” en la ciudadanía francesa; que fuera también el momento de luchar contra la confusión frecuente entre comunidades “itinerantes” y emigrantes romaníes, ya que el desconocimiento a este respecto es general entre el público; que la infracción por parte de Francia de la Carta comunitaria de los Derechos Sociales en lo que concierne a las condiciones de vida de los “itinerantes” fuera objeto de debate, y, eventualmente, que se idearan medidas para poner remedio a este problema; y que se evaluara la legislación existente y su aplicación real, particularmente en lo que respecta a la puesta a disposición de terrenos para campamentos de los grupos afectados.
Sin embargo, no ocurrió nada de esto. El debate se desarrolló en otro contexto, en un ámbito absolutamente distinto, el de las comunidades romaníes de Rumanía, la inmigración “ilegal” y la “crisis del modelo republicano”.
A partir de aquí, para entender el mecanismo y los motivos de esta discrepancia entre el problema inicial y la definición de otro problema público por el Gobierno francés, hay que “ampliar la imagen” y recordar ciertas características de los debates públicos sobre Francia, la inmigración, el multiculturalismo y la ciudadanía republicana que se han entablado en el país desde el año 2005.
Cinco contextos del debate francés para explicar las paradojas del verano 2010
Cinco “variables” importantes en estos debates pueden explicar la transformación del “problema” de Saint-Aignan en una nueva agenda en materia de inmigración y seguridad. Aunque es cierto que estas cinco “variables” no son nuevas en el debate francés, los discursos mediáticos y políticos sobre la inmigración y la ciudadanía reformularon en buena medida el consenso “republicano” en cada una de ellas, desde principios de esta década y, más concretamente, desde los “disturbios” de otoño de 2005. Dicho de otro modo, se trata de los cimientos de la estructura del debate actual. Esta estructura explica al mismo tiempo el encadenamiento paradójico entre los sucesos del verano de 2010 y el hecho de que las expulsiones de romaníes a Rumanía hayan recibido un apoyo relativamente importante entre la opinión pública francesa.
Primer contexto: el “modelo republicano de integración” y su “crisis”
Desde mediados de la década de 1980, cuando los inmigrantes poscoloniales llegados a Francia en las décadas de 1960 y 1970 se establecían permanentemente en Francia y renunciaban a “regresar” a sus países de origen, la cuestión del acceso de los extranjeros a la nacionalidad (y, por tanto, a la ciudadanía) francesa, se convirtió en un reto político. Para responder a esta incorporación de extranjeros a la ciudadanía francesa, surgió un consenso: la integración debía hacerse a partir del modelo histórico de la República Francesa. Este “modelo republicano de integración” utiliza una definición “política y universalista” de la integración política y cultural de los inmigrantes, en respeto de los valores de la República (“libertad, igualdad, fraternidad”), de la importancia de la neutralidad del espacio público y de la conservación de las identidades culturales o religiosas en el interior de los confines del terreno privado de las familias. La ciudadanía es una identidad pública que no conoce identidades privadas. Se basa en la fidelidad a los principios del universalismo republicano ideal, el compromiso cívico, la lealtad nacional (y, añadamos también, la igualdad).
Realmente, este relato no duró mucho tiempo. Sufrió numerosas transformaciones hasta principios de la década actual. Pero, a partir de 2005 y de los “disturbios en los suburbios”, tomó forma un nuevo consenso público: este “modelo republicano de integración” estaría ahora en crisis. Esta crisis no se debería a la dificultad de adaptar el “modelo” a la nueva realidad social de la Francia contemporánea, sino al rechazo del “modelo” por las comunidades procedentes de la inmigración. En lugar de mostrarse “indiferente ante la diferencia” (algo que nunca ha ocurrido realmente), el “modelo” queda reformulado a partir de temas cada vez más explícitos en cuanto a etnias, raza y religión (el islam). Prueba de ello es el diagnóstico público efectuado de los “disturbios” de 2005, totalmente transformado en el “problema de la identidad de los inmigrantes” (la poligamia, el islam, el rechazo del Estado francés y el rechazo de la identidad nacional como fidelidad). Sólo los investigadores que llevan mucho tiempo trabajando en estos temas y los servicios de inteligencia (¡el servicio de inteligencia de la policía francesa!) se oponen a este diagnóstico y muestran entonces las dinámicas sociales que están en marcha en estos acontecimientos, sin relacionarlas con las identidades religiosas o culturales.[10]
Todo el debate francés sobre la ciudadanía se adoptó en esta nueva lógica: el universalismo ya no funciona por motivo de la etnia de los “inmigrantes” (sin considerar además que dichos “inmigrantes” son franceses hace ya dos generaciones). Una de las primeras secuelas de esta nueva idea del “modelo en crisis”, una conclusión que se recordó en 2008 en la cumbre europea de Vichy, tuvo eco a partir de 2005, cuando el ministro del Interior de aquel momento (Sarkozy) prometió la expulsión de Francia de los “agitadores”, dejando entrever que eran todos extranjeros, cuando en realidad se trataba de jóvenes ciudadanos franceses, nacidos en Francia, socializados en la cultura francesa. Evidentemente, no se verificó ninguna expulsión.
Segundo contexto: el “problema de la integración” y sus consecuencias
La nueva idea de una “crisis del modelo francés” está vinculada a la evolución del discurso sobre los orígenes del “problema de la integración”. También en este caso, el diagnóstico público ha evolucionado mucho en 30 años. Pero durante el último período se ha consolidado una nueva evidencia: el “problema de la integración” no tiene nada que ver con las discriminaciones sentidas o vividas por los franceses procedentes de la inmigración (los temas del debate sobre la integración durante la década de 1990, especialmente en el momento de la firma del Tratado de Ámsterdam de 1997).
El “problema de la integración” no tiene dimensión social. Nicolas Sarkozy resumió esta idea en su discurso de Grenoble del pasado 30 de julio: “No se trata de un problema social: lo que ha ocurrido es en un problema de timadores, se trata de valores que están desapareciendo”.
Por consiguiente, en esta perspectiva, estos valores tienen que ver con la identidad nacional. De ahí la creación tras las elecciones presidenciales de 2007 de un Ministerio de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Codesarrollo (más adelante, Desarrollo Solidario). De ahí el lanzamiento de un “debate sobre la identidad nacional” bajo los auspicios de este mismo Ministerio durante el invierno de 2009-2010. De ahí también una serie de medidas que se propusieron tras los acontecimientos del verano de 2010, entre las que se incluían, por ejemplo, la posibilidad de despojar de su nacionalidad francesa a un ciudadano francés nacionalizado en los 10 años anteriores y que hubiera matado a un funcionario de policía o de la gendarmería.
Esto ilustra una transformación profunda de los guiones utilizados para definir el problema de la integración y de las consecuencias en materia de política pública: la lucha contra las discriminaciones ya no es una prioridad. La política de integración se basa en la “lucha contra la inmigración irregular”. Ello implica asimismo un rechazo hacia cualquier análisis de mayor componente sociológico sobre estos temas y hacia cualquier enfoque crítico sobre la política actual. Brice Hortefeux lo resumió claramente respondiendo a las críticas realizadas este verano frente a la política de expulsión de los romaníes: “Están ustedes cegados por el sentimiento dominante de los que dicen ser bienpensantes, quienes, recreándose en su pensamiento, renuncian a actuar”.[11]
Tercer contexto: los valores, la ley y el orden público
Cimentado como un problema de orden público y de seguridad nacional, la cuestión de la ciudadanía ha puesto el acento, tal y como acabamos de ver, en los valores. Estos valores han quedado singularmente cristalizados contra las supuestas identidades culturales o religiosas de los “inmigrantes” (es decir, de los franceses procedentes de la inmigración poscolonial). El propio islam se ha convertido en un desafío de orden público, tal y como ponen de manifiesto la ley tendente a la prohibición general del uso del niqab[12] en los espacios públicos o el proyecto de despojar de su nacionalidad a cualquier francés nacionalizado en los 10 años anteriores en caso de “poligamia de hecho” (una noción abandonada en septiembre de 2010, considerada imposible de aplicar).
Pero es también en la jurisprudencia reciente sobre el acceso a la nacionalidad francesa donde hallamos tales elementos, especialmente con respecto a la denegación de la nacionalidad a las mujeres “con velo” desde hace algunos años, basándose en que su práctica del islam se opone a los principios de la República. La igualdad entre hombre y mujer ha quedado así a menudo reivindicada para justificar este rechazo. Aquí llegamos a una paradoja: el discurso dominante acusa al islam de no respetar la igualdad entre el hombre y la mujer y en la República se alaba un potente principio de emancipación de las mujeres; pero como no se les considera suficientemente emancipadas, se les deniega la condición de ciudadanas francesas (aunque sean esposas o madres de franceses).
Todo ello tiene una consecuencia sobre la articulación entre la ley y los valores en el debate actual. El ejemplo de la prohibición generalizada del uso del velo integral islámico en los espacios públicos (un texto votado el 14 de septiembre de 2010) es muy ilustrador. Tras el “debate sobre la identidad nacional” y los trabajos de investigación de la Comisión Parlamentaria sobre el uso del velo integral islámico en Francia (dos debates celebrados en la misma época), las conclusiones fueron las siguientes: la identidad nacional francesa se basa en los principios de la República, entre los que destaca el laicismo; llevar el velo integral es incompatible con estos grandes principios; por lo tanto, hay que prohibir el uso del velo integral y reafirmar el sentido de nuestros valores y de nuestra identidad. Pero la transposición a derecho positivo de esta conclusión política ha resultado muy complicada. ¿Cómo encontrar los fundamentos jurídicos que respeten también los principios constitucionales de la libertad religiosa? El laicismo no ofrece ninguna solución jurídica, tal y como recordó el Consejo de Estado en un dictamen presentado al Gobierno en primavera de 2010, en el que consideraba que era complicado aplicar la prohibición general del uso del velo integral islámico desde el punto de vista del Derecho.[13]
El Gobierno decidió no obstante continuar con su proyecto. Para ello, se invocaron dos fundamentos jurídicos. El primero de ellos, sorprendente, fue avanzado por Eric Besson, ministro de Inmigración: se basó en la jurisprudencia francesa sobre el “lanzamiento de enanos” (profesionales del music-hall que sacan provecho de su estatura haciéndose lanzar desde cañones en espectáculos de discoteca). La idea es que la República rechaza que haya personas que alienen su dignidad, aunque sean ellas mismas las que lo consientan. Este argumento del “lanzamiento de enanos” no ha tenido mucha repercusión. El segundo, más clásico y definitivamente adoptado, es el del orden público y la seguridad: se trata de prohibir a toda persona llevar el rostro cubierto en los espacios públicos. Estamos muy alejados del contenido normativo asignado al laicismo y a la igualdad entre hombre y mujer.
En un contexto de intensa politización del discurso sobre el islam y la inmigración, los valores siguen prevaleciendo sobre el derecho, con los riesgos que imaginamos, pero también con la poca eficacia de las nuevas leyes así aprobadas: recordemos la famosa normativa sobre las pruebas de ADN, aprobada en 2007 para enmarcar la reagrupación familiar y luchar contra los “fraudes”. Los principios constitucionales la sometieron a tales exigencias, que nunca fue aplicada.[14]
Cuarto contexto: el Estado, la soberanía nacional y el control de las fronteras
En el otoño de 2010, el Parlamento francés votará su séptima ley sobre la inmigración desde el año 2003.[15] Desde 2005, la idea de una “inmigración escogida” se ha presentado como la nueva línea de la política francesa. Se trata de subrayar que una política “de inmigración cero” no funciona y que no responde a las necesidades de la economía francesa. “La inmigración escogida” descansa sobre la organización de la inmigración “legal” y la lucha contra “la inmigración ilegal”. Desde hace algunos años, especialmente desde que afloró la crisis financiera y económica de 2008, sólo la lucha contra la “inmigración ilegal” ha sido anunciada públicamente. Cada año se imponen al ministro de Inmigración unos objetivos calculados entre 25.000 y 30.000 expulsiones de “sin papeles”. Como todo “cupo”, dichos objetivos son complicados de alcanzar.
También hemos visto aparecer en las estadísticas sobre las expulsiones un grupo importante que no era aquel sobre el que versaban los debates públicos hasta entonces. En lugar de ver los grupos habitualmente contemplados por la política de lucha contra la inmigración irregular (los africanos subsaharianos o los magrebíes), los nacionales de nuevos países miembros de la UE, aún sometidos a restricciones de establecimiento y de acceso al mercado laboral, constituyeron el grueso del contingente de expulsados, antes y después de la adhesión de Bulgaria y de Rumanía a la UE. Los rumanos fueron así los primeros en ser expulsados –y, por consiguiente, los primeros que permitieron alcanzar los cupos anuales de expulsión (3.815 rumanos en 2005 y 5.041 en 2006)–. Desde la adhesión de Rumanía a la UE en 2007, estas cifras ya no aparecen en las estadísticas.[16] Sabemos que estas expulsiones a los nuevos países de la UE continúan integrando la parte esencial del contingente de expulsados (7.862 en 2008, 6.626 en 2009 y alrededor de 5.500 hasta el 25 de agosto de 2010).
Esto relativiza la “novedad” de la política francesa aplicada este verano. Más que una “nueva política”, es una “nueva concepción” política y pública la que se ha otorgado a este grupo. Los romaníes de Rumanía y de Bulgaria constituyen una población necesaria hoy en día para asentar la autoridad del Estado y demostrar su eficacia, ya que permiten demostrar a la opinión pública que es posible alcanzar las cifras anunciadas de la política de lucha contra la inmigración irregular.
Quinto contexto: Europa y Francia
Es inútil insistir aquí sobre las consecuencias del “no” francés en el referéndum sobre el Tratado de la Constitución Europea en 2005. Sólo recalcaremos un aspecto del lugar que ocupa Europa en las políticas y los discursos públicos sobre inmigración e integración en Francia: dicho lugar es prácticamente nulo. Ya se trate de discursos sobre la “crisis del modelo de integración” o sobre la lucha contra la inmigración irregular, el discurso es principalmente nacional y las soluciones están esencialmente vinculadas a la identidad y la soberanía de la nación. El esfuerzo por poner en común las políticas de emigración en la UE durante la Presidencia francesa de 2008 desembocó en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, cuya primera versión no pudo ser aceptada por los socios europeos de Francia (que veían en ella un programa demasiado francés vinculado a la concepción de París de “la inmigración escogida”). El resultado consistió en un texto más intergubernamental que europeo, en ocasiones muy alejado de las prioridades definidas por la Comisión Europea.
Esta ausencia de referencias a la UE en el discurso francés sobre inmigración y ciudadanía queda así muy bien ilustrada por la débil repercusión de los comentarios de la Comisión y del Parlamento europeos sobre las expulsiones de los romaníes llevadas a cabo este verano. El contexto político del debate francés no le otorga ninguna pertinencia institucional ni legitimidad política.
Conclusión: Estas cinco “estructuras” del debate francés sobre inmigración e integración explican en gran medida la extraña transformación del problema de Saint-Aignan (que afectaba a ciudadanos franceses) en un problema de inmigración (centrado en los romaníes de Rumanía) y la respuesta del Gobierno francés (la expulsión).
En resumen, la ecuación de trabajo del Gobierno francés se basa en:
- La idea de una crisis del “modelo” histórico e ideológico francés.
- La culturalización de las referencias “universalistas” de dicho “modelo”, ya que el problema provendría de la identidad de los inmigrantes (que, sin embargo, no son extranjeros).
- La intensa politización de estas cuestiones, que hace primar a los valores (y su popularidad entre el electorado) por encima de los principios del Derecho.
- La puesta en escena de un Estado fuerte, capaz de restaurar su autoridad en el territorio nacional a través de políticas de control de las fronteras y de la expulsión de los inmigrantes “ilegales”.
- El débil peso de cualquier referencia europea en estas discusiones.
Estos cinco pilares del debate público y político explican cómo los romaníes de Rumanía, ya presentes en las estadísticas de las expulsiones, pero aún poco presentes en la escena pública, se han convertido en un nuevo símbolo de las políticas francesas. Esta concepción pública es, sin duda, la “novedad” del verano de 2010.
Aunque dicha concepción estaba dirigida al electorado francés, tuvo un eco internacional que el Gobierno francés, sin duda, no había previsto (ya que la práctica de las expulsiones de romaníes a Rumanía constituye una práctica constante de las políticas francesas desde hace bastantes años). Por consiguiente, esta crítica internacional tiene, definitivamente, muy pocas posibilidades de parecer hoy en día legítima a los ojos de los poderes públicos y de gran parte de la opinión pública (aunque dicha opinión pública parece estar dividida).
Lo que está aquí en juego concierne, sin duda, a las premisas de la campaña presidencial de 2012. Al igual que en 2007, parece probable que las elecciones de 2012 saquen partido de estas grandes ficciones de la “crisis” de la nación francesa (sin permitir dar con los medios para superarla).
Christophe Bertossi
Investigador y director del programa “Migrations, Identités, Citoyenneté” del Institut français des relations internationales (Ifri), París
[1] “Sarkozy Expels Roma to Spark Memories of Gestapo”, The Times, 17/VIII/2010.
[2] Un sondeo realizado el 26 de agosto de 2010 indicaba que aunque el 42% de los encuestados se oponían a estas expulsiones, el 48% se mostraban favorables a ellas: “Les Français divisés sur l’expulsion des Roms”, Libération, 26/VIII/2010.
[3] Citado por www.liberoleans.fr, 18/VII/2010.
[4] “Déclaration de M. le Président de la République sur la sécurité, Conseil des ministres, Palais de l’Elysée, Mercredi 21 juillet 2010”, http://www.elysee.fr/president/les-actualites/declarations/2010/declaration-de-m-le-president-de-la-republique.9344.html?search=Roms. Los subrayadas son del autor.
[5] Ibid. Las asociaciones de apoyo a los viajeros condenan el anuncio de dicha reunión, considerada como “una declaración de guerra”, y recuerdan que el Comité Europeo de Derechos Sociales y el Comité de Ministros del Consejo de Europa notificó a Francia la violación de siete artículos de la Carta Social Europea, ratificada por Francia, por las condiciones de vida ofrecidas a estas comunidades (especialmente por la no aplicación de una ley relativa a la puesta a disposición de terrenos de las ciudades para acoger a los campamentos de dichas comunidades (ley Besson). El Colectivo de las asociaciones gitanas solicita “la derogación de todas las leyes discriminatorias y la actuación decidida al más alto nivel de Estado para luchar frente al racismo contra los gitanos” (“L’annonce d’une réunion à l’Élysée sur les gens du voyage déclenche la colère des associations”, Le Monde, 26/VII/2010).
[6] “Prise de fonction du nouveau préfetm, Discours de M. le Président de la Republique, Grenoble, Vendredi 30 juillet 2010”, http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2010/prise-de-fonction-du-nouveau-prefet.9399.html.
[7] Circular NOR: IOCK1017881J. Los subrayados son del autor.
[9] La Comisión consideró el 14 de septiembre que esta circular, divulgada por la prensa, era contraria a los principios fundamentales de la UE, y anunció su intención de denunciar a Francia ante los tribunales.
[9] Circular NOR: IOCK1021288J, http://ovh.softdom.com/Circulaire_du_9_ao%C3%BBt_2010.pdf, consulta 13/IX/2010.
[10] “Selon les RG, les émeutes en banlieues n’étaient pas le fait de bandes organisées”, Le Monde, 7/XII/2005.
[11] “Brice Hortefeux, les bien-pensants et la gauche milliardaire”, Le Monde, 21/VIII/2010.
[12] Se trata del “velo integral islámico” o niqab, llamado burka entre la opinión pública francesa, un atuendo que se lleva en Afganistán, incluso a pesar de que en Francia no hay mujeres que lleven el burka…
[13] En su dictamen al Gobierno de mayo de 2010, el Consejo de Estado consideraba que “una prohibición absoluta y general del uso del velo integral como tal” se encontraría “expuesta a grandes incertidumbres constitucionales y convencionales”: “Loi sur la burqa: avis défavorable du Conseil d’État”, Le Figaro, 14/V/2010.
[14] En septiembre de 2009, el ministro de Inmigración renunciaba a firmar los decretos de aplicación de esta medida prevista por la ley de 2007.
[15] Ya se han votado seis leyes, respectivamente sobre el asilo (10/XII/2003), la residencia y la nacionalidad (26/XI/2003), las expulsiones (26/VII/2004), la inmigración y la integración (24/VII/2006), los matrimonios de conveniencia (14/XI/2006) y, por último, la ley sobre el dominio de la inmigración, la integración y el asilo (23/X/2007).
[16] Secretaría General del Comité Interministerial de control de la inmigración, Rapport au gouvernement: les orientations de la politique de l’immigration, París, diciembre de 2007, p. 159.