En la economía mundial contemporánea, marcada por la digitalización acelerada, las tensiones tecnológicas entre grandes potencias y el resurgir de la política industrial, la política de competencia se ha convertido en un elemento central del análisis geoeconómico. Lejos de ser un ámbito técnico reservado a especialistas, el derecho de la competencia se ha convertido en un instrumento indispensable para analizar la dinámica de los mercados digitales, identificar riesgos derivados de posiciones de poder y, mediante su aplicación, prevenir conductas que podrían limitar la innovación o amplificar dependencias estratégicas. Comprender la dinámica de la competencia es, por tanto, imprescindible para interpretar adecuadamente los movimientos que están redefiniendo el poder económico internacional.
El examen de las plataformas digitales, la computación en la nube, las telecomunicaciones y los semiconductores muestra que la política de competencia se ha convertido en una herramienta analítica central para entender la geoeconomía contemporánea.
Para entender estas transformaciones es útil observar cómo la competencia opera en distintos niveles de la economía digital: las grandes plataformas, las infraestructuras de computación, las redes de telecomunicaciones y la industria de los semiconductores. Cada uno de estos ámbitos revela un tipo distinto de dependencia o cuellos de botella y, en conjunto, permiten comprender por qué un análisis estructural de los mercados –y no sólo de conductas aisladas– se ha vuelto esencial para la autonomía estratégica europea.
Big Tech: economías de escala dinámicas, redes y poder estructural
El ascenso de las grandes plataformas tecnológicas es uno de los fenómenos geoeconómicos más relevantes de las últimas dos décadas. Su consolidación no responde a factores coyunturales, sino a la combinación de tres mecanismos bien conocidos por la economía industrial: las economías de escala dinámicas derivadas de la acumulación de datos, los efectos de red y las economías de alcance.
En primer lugar, la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos genera un proceso de retroalimentación que refuerza la posición del operador dominante. Más datos permiten mejorar algoritmos y prestar servicios de mayor calidad, lo que atrae a nuevos usuarios y produce, a su vez, más datos. Este fenómeno dificulta la contestabilidad efectiva del mercado incluso cuando no existen barreras de entrada formales.
En segundo lugar, los efectos de red, tanto directos como indirectos, explican la tendencia a la concentración en mercados digitales. El valor de una plataforma crece a medida que aumenta su número de usuarios y la compatibilidad entre servicios complementarios refuerza aún más la posición de la empresa que logra alcanzar la masa crítica inicial.
Finalmente, las economías de alcance permiten a las plataformas desplegar sus capacidades tecnológicas en múltiples segmentos. Una base instalada amplia y una infraestructura común facilitan la entrada en mercados colindantes, desde la computación en la nube hasta los servicios financieros, aumentando la integración vertical y el alcance del ecosistema.
Estas características han dado lugar a actores económicos con capacidad directa para influir en la innovación, en la arquitectura del comercio internacional e incluso en la definición de estándares tecnológicos. De ahí que la política de competencia y, en particular, la regulación ex ante de mercados digitales como el Digital Markets Act (DMA), adquiera una dimensión estratégica.
Computación en la nube, competitividad y competencia
La adopción de la computación en la nube constituye hoy un factor decisivo para la competitividad de las empresas europeas. La nube permite escalar capacidades tecnológicas, reducir costes fijos, desplegar inteligencia artificial y acelerar la modernización de los procesos productivos. Sin embargo, pese a su relevancia estratégica, el grado de uso del cloud en la Unión Europea (UE) sigue siendo significativamente inferior al de otras economías avanzadas. Existe una notable heterogeneidad entre Estados miembros, pero, en promedio, las empresas europeas recurren menos a la nube que las estadounidenses; y España, en particular, se sitúa claramente por debajo de la media de la UE.
Este diferencial plantea un reto estratégico. Si la competitividad depende crecientemente de la capacidad para utilizar tecnologías transversales como el cloud, resulta esencial identificar y eliminar los factores que frenan su adopción. Entre ellos, junto a consideraciones relativas a la soberanía del dato o a la escasez de talento especializado, destacan una serie de obstáculos vinculados a la estructura del mercado y, en particular, a problemas de competencia.
Un elemento especialmente relevante es el vendor lock-in, entendido como la dificultad de una empresa para cambiar de proveedor de servicios en la nube sin incurrir en costes elevados o en riesgos operativos sustanciales. Este fenómeno no es accidental: responde a prácticas contractuales y técnicas que incrementan la dependencia de los clientes y reducen la contestabilidad efectiva del mercado.
El lock-in se genera a través de varios mecanismos. En primer lugar, las tarifas de egreso (egress fees) encarecen la transferencia de datos fuera del proveedor, desincentivando estrategias multicloud. En segundo lugar, los cloud credits, descuentos anticipados que favorecen la concentración del gasto, actúan como mecanismos de fidelización difíciles de rechazar para empresas con restricciones financieras. En tercer lugar, los acuerdos de gasto comprometidoobligan al cliente a concentrar un volumen mínimo de consumo en un único proveedor durante varios años. A ello se suman los problemas persistentes de interoperabilidad y portabilidad, que multiplican los costes de migración y complican el uso combinado de servicios de distintos proveedores.
Ante esta situación, la UE ha comenzado a desarrollar un marco regulatorio orientado a reducir estos costes de cambio y a abrir el ecosistema cloud. El Data Act constituye un paso significativo en esta dirección. Entre otras medidas, introduce obligaciones de portabilidad que obligan a los proveedores a facilitar la migración de datos y servicios, limita progresivamente las tarifas de cambio de proveedor y exige condiciones contractuales más transparentas. Todo ello tiene como objetivo reducir los costes de transición entre proveedores y fomentar la competencia en un mercado altamente concentrado.
No obstante, a medida que estas restricciones se despliegan, están surgiendo nuevas formas de prácticas potencialmente excluyentes. Una de las más relevantes es el software licensing, donde cambios en las condiciones de uso de ciertos programas pueden generar desventajas competitivas significativas para los proveedores rivales. La introducción de restricciones de licencia que encarecen o dificultan ejecutar determinados programas fuera de la nube del proveedor dominante puede neutralizar parte de los avances logrados con el Data Act y trasladar el lock-in desde la capa de datos a la capa de software.
En paralelo, el DMA introduce un conjunto de obligaciones ex ante para las empresas que actúan como “guardianes de acceso”. Las investigaciones de mercado lanzadas recientemente para evaluar si determinados proveedores de servicios en la nube deben considerarse gatekeepers, incluso sin cumplir estrictamente los umbrales cuantitativos, reflejan una preocupación creciente por la posibilidad de que ciertos actores ejerzan un control estructural sobre infraestructuras digitales críticas.
En conjunto, estas dinámicas muestran que la computación en la nube no es sólo una cuestión tecnológica. Es un componente central de la competitividad de las empresas europeas y un vector clave para la autonomía estratégica de la Unión. Su evolución dependerá tanto de la capacidad de las empresas para adoptar soluciones avanzadas como de la existencia de un entorno competitivo que limite dependencias excesivas, preserve la contestabilidad y favorezca un ecosistema digital abierto.
Infraestructuras de telecomunicaciones y debate sobre su concentración
Las infraestructuras de telecomunicaciones constituyen uno de los pilares esenciales de la autonomía estratégica digital. Alcanzar los objetivos de la Brújula Digital 2030 –como la cobertura gigabit en todos los hogares, el despliegue integral de 5G y la habilitación de servicios digitales de nueva generación– exige inversiones muy significativas. Sin embargo, el sector europeo de telecomunicaciones presenta actualmente una combinación de fragmentación del mercado, márgenes reducidos y una escala operativa inferior a la de sus competidores globales, lo que pone en cuestión su capacidad para asumir el esfuerzo necesario de despliegue.
Este escenario ha generado un debate creciente sobre si la estructura actual del mercado permite financiar adecuadamente las redes de muy alta capacidad. En particular, varios operadores y determinados Estados miembros han planteado que ciertas operaciones de concentración (por ejemplo, la fusión de cuatro en tres competidores en un país) podrían ayudar a generar la escala necesaria y reforzar la sostenibilidad del sector.
En este contexto, la Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre la revisión simultánea de las Horizontal Merger Guidelines y las Non-Horizontal Merger Guidelines. Esta consulta operó entre el 8 de mayo de 2025 y el 3 de septiembre de 2025. El objetivo es explorar cómo integrar un enfoque más dinámico en el análisis de fusiones, por ejemplo, teniendo en cuenta inversión, innovación, digitalización y resiliencia, en sectores intensivos en capital y con redes de alto valor económico.
La relevancia de esta revisión es especialmente alta para el sector de las telecomunicaciones. Tradicionalmente, el control de fusiones ha evaluado fundamentalmente los efectos inmediatos sobre precios y cuotas de mercado. Sin embargo, en un contexto de despliegue de redes de muy alta capacidad, este enfoque estático puede resultar insuficiente.
Esta revisión representa una oportunidad para incorporar de manera más sistemática el análisis de efectos dinámicos en el control de fusiones. Un enfoque que contemple explícitamente la capacidad de inversión en infraestructuras, la calidad del servicio y la resiliencia de las redes permitiría evaluar las operaciones de concentración de forma más completa, sin renunciar por ello al análisis riguroso de los riesgos competitivos. En sectores intensivos en capital como las telecomunicaciones, donde el despliegue de redes de muy alta capacidad exige compromisos de inversión a largo plazo, incorporar estos elementos en el análisis puede contribuir a que las decisiones de control de fusiones reflejen mejor el equilibrio entre escala operativa, capacidad inversora y mantenimiento de presión competitiva efectiva.
El resultado del debate definirá no sólo la estructura futura del mercado europeo de telecomunicaciones, sino también la capacidad de la UE para cumplir sus objetivos de conectividad, asegurar su autonomía tecnológica y competir en un entorno global dominado por redes de escala mundial.
Semiconductores: entre la política industrial y la disciplina de ayudas de Estado
La industria de los semiconductores constituye uno de los vectores más representativos de la competencia geoeconómica actual.
La respuesta europea se articula a través de varios instrumentos. El Chips Act y los dos proyectos transnacionales de gran escala mediante los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI) en microelectrónica.
No obstante, la política industrial en la UE no es una competencia exclusiva de las instituciones comunitarias. En el contexto actual, caracterizado por la intensificación global de subvenciones, varios Estados miembros han puesto en marcha paquetes de ayudas individuales para atraer inversiones en instalaciones de fabricación avanzada. Países con mayor capacidad fiscal, como Alemania, están anunciando apoyos significativos para determinados proyectos estratégicos.
Esta asimetría fiscal plantea un desafío estructural. Existe el riesgo de que la competencia entre Estados miembros por atraer inversiones genere distorsiones dentro del mercado interior. En este contexto, la disciplina de ayudas de Estado desempeña un papel central.
Conclusiones
El examen de las plataformas digitales, la computación en la nube, las telecomunicaciones y los semiconductores muestra que la política de competencia se ha convertido en una herramienta analítica central para entender la geoeconomía contemporánea. Aunque no determina por sí sola la trayectoria tecnológica o estratégica de la UE, sí proporciona el marco necesario para evaluar la estructura de los mercados digitales, identificar dependencias y prevenir prácticas que pueden limitar la innovación o generar cuellos de botella con implicaciones geoeconómicas.
En un entorno marcado por la rivalidad tecnológica global, la aplicación rigurosa del derecho de la competencia cumple tres funciones esenciales. En primer lugar, preserva la contestabilidad de los mercados, algo especialmente relevante en sectores caracterizados por efectos de red y economías de escala dinámicas. En segundo lugar, actúa como disciplina económica que garantiza la coherencia de las intervenciones públicas y evita distorsiones dentro del mercado interior. Por último, protege la integridad del mercado único, uno de los principales activos estructurales de la UE en un mundo donde la escala y la interoperabilidad son determinantes para la competencia global.
En un contexto internacional donde la tecnología, los datos y las infraestructuras condicionan la capacidad de influencia, una política de competencia bien diseñada y firmemente aplicada es un elemento indispensable para preservar la autonomía de decisión de Europa y su competitividad a largo plazo.
