Tsipras busca un margen de maniobra

Yanis Varoufakis y Alexis Tsipras. Foto: EFE
(Yanis Varoufakis, ministro de Finanzas, y Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia. Foto: EFE)
Yanis Varoufakis y Alexis Tsipras. Foto: EFE
(Yanis Varoufakis, ministro de Finanzas, y Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia.
Foto: EFE)

El gobierno de Alexis Tsipras ha descubierto pronto lo que significa compartir soberanía en la Eurozona, y más aún en un país sometido a rescate “de las instituciones” (ya no se dice Troika). Muchos comentarios, sobre todo fuera de Grecia (pero aún en los sectores más izquierdistas de Syriza) han considerado que los compromisos adoptados por el nuevo gobierno suponen la renuncia a muchas promesas electorales. Y así es. Pero a la vez han abierto un cierto margen de maniobra para el nuevo ejecutivo. Los griegos lo han entendido bien: a pesar de la marcha atrás y de algunas manifestaciones, una gran mayoría de los griegos (frente a un voto del 36,3% en las elecciones) apoya al nuevo gobierno, como también sigue siendo mayoritario el apoyo a la permanencia en el euro, pues, para ellos, si dentro llueve, fuera diluvia. Los que más han sufrido saben, que aunque sea poco, su situación mejorará algo, y que los anteriores grandes partidos (Pasok y Nueva Democracia, que han gobernado el país desde el fin de la dictadura) no sólo son en gran parte responsables de lo ocurrido, sino que no consiguieron atajar la corrupción ni que los más ricos –y en realidad, todos– pagasen impuestos como deben.

La negociación continúa, y va a seguir siendo dura y de incierto resultado. Tsipras ha cometido un gran error político al acusar a España y Portugal de conspiración contra él. ¿Dónde queda el Sur en Europa? La carta que envió el ministro Varoufakis al presidente del Eurogrupo contiene una lista de reformas a hacer y políticas a seguir, algunas muy genéricas y ninguna cuantificada. Es lo que se negociará en las próximas semanas: los números (y algunas cosas más). El gobierno, acuciado por una posible suspensión de pagos y buscando un nuevo respiro de solvencia (por cuatro meses), ha dado marcha atrás en cuestiones como parar o invertir privatizaciones que ya estaban en curso, o cumplir con los objetivos presupuestarios. Pero también introduce algunas líneas del llamado “Plan de Salónica” para luchar contra la crisis humanitaria: hacer frente a problemas de falta de comida, vivienda, acceso universal a la sanidad pública y provisión de energía básica para los que más sufren. Sin que tenga un efecto fiscal negativo, claro.

Aunque la recaudación fiscal griega está perdiendo 17.000 millones de euros, el gobierno buscará su margen de maniobra en la lucha contra el fraude y, a corto plazo, sobre todo en una revisión del superávit presupuestario primario (es decir, antes de contar el pago de intereses de la deuda) al que Grecia está comprometida –el 4,5% del PIB–, algo sumamente difícil y costoso de conseguir y mantener. El gobierno de Tsipras querría rebajarlo al 1,5%. Hay ahí un margen para la negociación, como bien ha entendido Paul Krugman. Como puede darle un respiro el 2,5% de crecimiento del PIB que prevé la Comisión para este año, a pesar del mal último trimestre. Y ese margen, si lo gana, podría aprovecharlo el gobierno de Tsipras para impulsar nuevas políticas. De hecho, en el Eurogrupo y en la Comisión Europea se han avenido a reconocer que un cambio de mayoría en unas elecciones lleva a una modulación de la política económica y social, siempre que no se toquen las reglas comunes, los parámetros macroeconómicos se preserven, no se ponga en duda el pago de la deuda y se hagan las reformas estructurales debidas. Es decir, que se le va a abrir un cierto margen a Grecia. Si el ejercicio de estas negociaciones ha producido un baño de realismo en el gobierno de Tsipras y el abandono de importantes elementos de su agenda de izquierda radical, no por ello supone volver al statu quo ante.

A la vez, muchos en el Eurogrupo sólo pueden esperar que, finalmente, sea el gobierno de Tsipras el que lleve a cabo las reformas básicas que necesita Grecia. Ésta carece de un sistema de recaudación de impuestos efectivo e incluso un catastro, entre otras insuficiencias, además de la corrupción, a pesar de lo cual se le permitió entrar en la Unión Monetaria. Syriza no está libre de caer en la corrupción. ¿Pero si ahora Tsipras no puede llevar a cabo las reformas, quién lo hará? Esto lo han entendido varios en el Eurogrupo: tras Syriza y Tsipras, en Grecia no hay alternativa. Pues los socialistas del Pasok han prácticamente desaparecido y los conservadores de Nueva Democracia tampoco fueron capaces. La solución tecnocrática fracasó en 2011. Y nunca debería permitirse que los neonazis de Amanecer Dorado, el tercer partido actualmente, llegaran a ser la alternativa.

Muchos están mirando a Grecia. La izquierda radical europea (en España, Podemos). También muchos socialdemócratas de la Eurozona para ver si se atisba una alternativa a la política de estricta austeridad que ellos no llegan a explicitar (pues el influyente SPD alemán, en coalición con Merkel, se resiste de momento). Y los conservadores para no deslegitimar su política de estos años. En realidad, la austeridad a ultranza lleva algún tiempo relajándose, y no por presión de Hollande o Renzi, sino por voluntad de Merkel (el acuerdo de aumento salarial con el sindicato del metal es un ejemplo), de Draghi desde el BCE con su programa de compra de bonos que ha empezado esta semana, de un FMI mucho más crítico con la política seguida, y de la propia Comisión Europea, ahora bajo la presidencia del socialcristiano Juncker, con el plan de inversión que lleva su nombre. La Comisión está ahora más interesada en que los Estados lleven a cabo reformas estructurales que cumplan estrictamente los objetivos de déficit y deuda, como refleja la lenidad con la que está tratando los incumplimientos de Francia, Italia y otros. En España se frenan los recortes. Aunque la austeridad está ya grabada con letras de fuego en diversas constituciones de los Estados del euro, en el Tratado de Estabilidad, también conocido como Pacto Fiscal, de marzo de 2012, y en subsiguientes leyes nacionales.