La cuestión principal al abordar un tema como la inmigración se halla en su misma definición. Actualmente, para la UE parece ser más un problema de seguridad internacional y social que una verdadera crisis humanitaria, aunque existen diferentes factores que ralentizan el logro de una solución real.
Tras la tragedia de Lampedusa de 2013, Italia decidió actuar para evitar la inmigración irregular y –aún más importante– rescatar vidas humanas. A pesar de las críticas internas sobre el coste de la operación Mare Nostrum, sus resultados fueron destacables: 140.000 personas rescatadas. La operación consistía en cinco medios navales, 10 vehículos aéreos (helicópteros y drones) y 1.000 militares, con un coste total de más de 10 millones de euros mensuales. Un importe extremamente elevado para un solo país como Italia, pero que debía asumir por la posible penalización en virtud de la Convención de Dublín (el Estado miembro desde el cual un refugiado entra en la UE tiene la responsabilidad de acogerlo).
Una posterior solicitud italiana para una mayor implicación de Bruselas condujo a la ejecución de la actual operación Triton (puesta en marcha en 2014), que en sus inicios tenía como plan complementar a Mare Nostrum pero que acabo por reemplazarla del todo. Desde el punto de vista italiano, la intervención europea representaba un doble éxito: se aliviaba la carga presupuestaria, y al mismo tiempo, se diluía su propia responsabilidad en el área. Las numerosas críticas internas sobre el gasto público excesivo, según las cuales los rescates habrían representado un incentivo para los traficantes, han tenido sin duda cierto impacto en la decisión de suspender la operación.
El punto más controvertido de la operación Tritón ha sido su presupuesto: 2,9 millones de euros mensuales, con la proyección de un aumento gracias a la introducción del Fondo de Seguridad Interior. En principio, su objetivo es la vigilancia de las fronteras europeas meridionales para prevenir la amenaza de la inmigración irregular –aunque el anterior director ejecutivo de FRONTEX, Gil Arias Fernández, aseguró que rescatar vidas humanas debió seguir siendo la prioridad absoluta–, teniendo como límites de intervención dentro de 30 millas de las costas italianas (mientras que Mare Nostrum también se realizaba en aguas internacionales). Así, los objetivos de esta operación se han transformado en otros más “limitados” –tal y como el mismo presupuesto lo confirma (dos tercios menos que Mare Nostrum)–, con la diferencia que el número de participantes en este caso es más de uno, y todo esto sin buques adecuadamente equipados para operaciones de rescate.
Aunque sea cierto que el problema no es la ausencia de un verdadero mecanismo de prevención, lo que realmente está en juego es la falta de competencias a nivel europeo. La inmigración sigue siendo uno de los asuntos más controvertidos dentro de la UE, cuya principal motivación es la importancia que se le otorga como domaine reservé y como elemento clave en las políticas nacionales, especialmente durante las campañas electorales.
Es más, toda la maquinaria humanitaria de rescate también se traduce en un volumen económico rentable que atrae a los traficantes de seres humanos y a las mafias de ambos extremos de las rutas. La actual situación en Libia, con todos sus señores de la guerra y facciones extremistas, no puede ser más favorable para traficantes y mafias en la obtención de ingresos (una cifra estimada en 34 billones de dólares anuales) de la desesperación de personas provenientes de todo el continente africano. La mayoría de los barcos irregulares salen de los puertos controlados por las milicias islamistas, mientras los guardacostas libios denuncian la falta de medios para combatir esta actividad, añadiendo que sus peticiones de ayuda no han tenido respuesta alguna. El reciente escándalo llamado “Mafia capital” en Italia –donde una red de mafiosos y políticos corruptos gestionaban sus negocios manipulando contratos y obteniendo beneficios de la construcción de centros de acogida– es otro ejemplo de cómo una situación de emergencia puede ser explotada. Claramente, la UE no tiene ninguna certeza de que las ayudas no caigan en manos equivocadas.
Las preocupaciones por la seguridad han prevalecido sobre las necesidades humanitarias en la cumbre especial del Consejo Europeo. Aunque el presupuesto se ha triplicado y se disponen de más medios, las normas de intervención siguen siendo las mismas. Los Estados Miembros intentan mostrar algún interés comprometiéndose con más recursos, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre la redistribución y la acogida de refugiados. Esto es particularmente notorio en el Reino Unido, donde las próximas elecciones del 7 de mayo y la presencia de visiones extremistas sobre la inmigración, han llevado a David Cameron a afirmar que ningún refugiado será admitido al otro lado del Canal de la Mancha. El Consejo Europeo también ha destacado la intención de destruir los barcos utilizados por los traficantes, algo difícil de ejecutar en estos momentos porque requeriría tanto el apoyo internacional como la aprobación y cooperación del gobierno libio actualmente reconocido.
Esta crisis de refugiados ha puesto al descubierto uno de los principales fallos de la política europea común que debe ser corregido en el seno de una Unión basada en el respeto de la dignidad, la libertad, la igualdad y los derechos humanos. Rescatar vidas humanas sigue siendo la prioridad, pero es necesario actuar en la raíz misma de la cuestión: reforzar la cooperación con las autoridades locales de estados fallidos como Libia en un verdadero proceso de reconstrucción, y no simplemente paliar las situaciones de emergencia. Pero una vez más, la atención se centra en objetivos y efectos a corto plazo en vez de enfocarse en soluciones a largo plazo. La tragedia reciente en la que más de 800 personas han muerto es la prueba irrefutable de que los esfuerzos no han sido suficientes.
