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Los jefes de Estado y de Gobierno, en la reunión extraordinaria del Consejo de la UE entre el 17 y 20 de Julio, llegaron a un acuerdo político sobre el plan europeo de la recuperación Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

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Tema

Los jefes de Estado y de Gobierno, en la reunión extraordinaria del Consejo de la UE que tuvo lugar entre los días 17 y 20 de Julio, llegaron a un acuerdo político sobre el plan europeo de la recuperación Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

Resumen

En la reunión extraordinaria del Consejo de la UE, que tuvo lugar entre los días 17 y 20 de Julio, los jefes de Estado y de Gobierno llegaron a un acuerdo político sobre el plan europeo de la recuperación Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Ambos mecanismos prevén enormes inversiones públicas y privadas a escala europea durante los próximos años. Al contrario de todos los que frecuentemente ven el proyecto europeo al borde del abismo, la UE ha demostrado durante los últimos meses una capacidad de actuar que ha superado la imaginación de muchos. A pesar de la euforia inicial, se debe resaltar que a corto plazo el Parlamento Europeo debe dar su consentimiento. También los parlamentos nacionales deben ratificar la decisión sobre los recursos propios, e incluso en los Países Bajos se reclama un referéndum sobre el acuerdo. Además de las luces, se han visto también algunas sombras, el MFP 2021-2027 se ha convertido en moneda de cambio en las negociaciones del plan Next Generation EU, y las conclusiones del Consejo diluyen la condicionalidad de las inversiones con el cumplimiento del Estado de derecho propuesto por la Comisión en 2018. Estos hechos no son buenas noticias para los que abogan por inversiones en políticas públicas con valor añadido europeo.

Análisis

Introducción

Ante todo, cabe subrayar que el acuerdo alcanzado en la reunión extraordinaria del Consejo de la UE, que tuvo lugar entre los días 17 y 20 de julio, es un acuerdo histórico. El plan europeo para la recuperación Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual (MFP 2021-2027) prevén enormes inversiones públicas y privadas a escala europea durante los próximos años. El atributo histórico no sólo se refiere al volumen total de los recursos financieros del acuerdo, sino también al hecho de que por primera vez la Comisión Europea, en nombre de la Unión, podrá acudir a los mercados financieros para emitir deuda con el objeto de financiar parte de las políticas, y, por primera vez, pasará los recursos como subvenciones a fondo perdido (390.000 millones) o créditos a los Estados miembros. Se espera que la Comisión Europea pueda emitir 750.000 millones de euros durante los años 2021, 2022 y 2023, a lo que se deben añadir los 100.000 millones de euros del programa SURE para el apoyo a los ERTE. Con ello la UE se convertirá en una nueva referencia en el mercado de los bonos.

Histórico es también el compromiso de financiar parte de esta deuda colectiva con nuevos recursos propios de la UE. Con ello puede terminar el eterno debate sobre la introducción de nuevos recursos propios surgido hace décadas, y se cambia el paradigma de la política presupuestaria actual, que se basa en el hecho de que los Estados miembros financian el presupuesto de la UE en gran medida mediante contribuciones nacionales basadas en el PIB nacional. Esta forma de financiación reforzaba el conflicto entre contribuyentes y beneficiarios netos según la lógica del juste retour. En concreto, en las conclusiones del Consejo se hace referencia a una tasa sobre plásticos no reciclados1 que entraría en vigor el 1 de enero de 2021 (esta tasa fue ya aprobada en el Consejo del Febrero), un mecanismo tributario sobre las emisiones de carbono2 que se debe concretar en los próximos meses. Dicho mecanismo consiste en gravámenes a las importaciones de productos que requieren grandes cantidades de energía, como el cemento o el aluminio, y que procedan de países cuyas políticas contra la emergencia climática sean menos exigentes que la europea. Y (de nuevo) una tasa digital europea, que se introduciría como muy tarde el 1 de enero de 2023. También se prevé reactivar la idea de la tasa europea sobre las transacciones financieras.

El Consejo Europeo extraordinario del 17 al 20 de julio de 2020

A pesar de la euforia inicial, se debe resaltar que a corto plazo el Parlamento Europeo (PE) debe dar su consentimiento. Aunque la presión al PE es alta por el hecho de tener que dar su consentimiento cuanto antes, ya ha demostrado que no va a dejar pasar la oportunidad de demandar mejoras en algunos apartados claves del acuerdo. También los parlamentos nacionales deben ratificar la decisión sobre los recursos propios, e incluso en los Países Bajos se reclama un referéndum sobre el acuerdo.

A medio y largo plazo, los acuerdos deben concretarse y validarse en la práctica. En el medio plazo, durante los próximos tres años, los gobiernos de los Estados miembros deben presentar proyectos que, para garantizar la correcta gestión de estos, irán sujetos a ciertos condicionantes técnicos, pero también a requisitos de reformas políticas. Sólo hasta el 31 de diciembre de 2023 se podrían firmar compromisos jurídicos para programas dentro de Next Generation EU. La capacidad de absorber los fondos será un desafío para muchos Estados miembros. Se prevé que haya menos problemas para que la Comisión Europea se convierta en emisora de bonos pues la UE está calificada por las agencias de calificación muy positivamente: Aaa por Moody’s, AAA por Fitch y AA por Standard & Poor’s. Además, en tiempos de alta volatilidad en los mercados financieros, la deuda europea representará un puerto seguro. A largo plazo y de forma especialmente relevante, se debe comprobar la suficiencia de los nuevos recursos propios previstos para financiar la deuda emitida. Si los recursos no generaran la liquidez necesaria, la Comisión podría, de manera provisional, solicitar más recursos a los Estados miembros en última instancia. Además, para confirmar el cambio de paradigma, está por ver si los mecanismos nuevos se convierten en instrumentos permanentes o si las innovaciones presupuestarias desparecerán en un futuro muy próximo, mientras que la deuda será perpetua (hasta el 31 de diciembre de 2058).

Como era previsible ante la emergencia de la situación sanitaria y económica, la negociación se centró en el plan de la Comisión Europea Next Generation EU, y especialmente en el Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR). Como resultado, se reajustó el balance entre subsidios y créditos, y se eliminaron algunos instrumentos propuestos por la Comisión Europea, centrando aún más el enfoque del plan en el fondo de recuperación. Pero también se modificó la fórmula para la distribución del fondo, las condiciones para su redistribución y los mecanismos de supervisión. El 70% de las subvenciones del FRR se comprometerán en los años 2021 y 2022. El 30% restante se comprometerá en 2023, para lo cual “el criterio de desempleo de 2015-2019 se sustituye, en igual proporción, por la pérdida de PIB real observada en 2020 y por la pérdida acumulada de PIB real observada en el período 2020-2021”.

Sin embargo, cabe subrayar que el resultado de la negociación se ha conseguido a costa del tradicional instrumento de solidaridad de la UE, el Marco Financiero Plurianual (MFP). El volumen del MFP 2021-2027 (1,0743 billones de euros –incluido el Fondo Europeo de Desarrollo–) es algo inferior a la propuesta debatida en el Consejo de febrero y “debe entenderse en el contexto del ambicioso esfuerzo europeo de recuperación expuesto en la primera parte del presente documento”. Como ya se puso de manifiesto en el Consejo de febrero, la propuesta sigue orientándose hacia la marca del 1% del PIB de la UE y no el 1,3% del PIB exigido por el Parlamento Europeo. En este sentido, el análisis del acuerdo del Consejo no revela sólo una reducción adicional de los recursos disponibles entre 2021-2027, sino también recortes en los programas más relevantes y orientados hacia el futuro. Se han recortado inversiones también para la protección de las fronteras exteriores, la migración o los programas de intercambio de estudiantes. Aunque la Comisión había tratado de incluir en el MFP 2021-2027 programas para reaccionar ante la crisis de la COVID-19, el compromiso –en favor del Fondo para la recuperación– reduce estos, en algunos casos de manera sustancial. En otras palabras, las reducciones afectan las medidas para cumplir los objetivos del pacto verde, como los fondos para financiar una transición justa o los que apoyan un desarrollo rural y una agricultura más sostenibles.

Sin embargo, el fondo de reconstrucción no recompensa estos recortes, no tiene la misma naturaleza, no cuenta con los mismos mecanismos de gestión, ni tiene la misma dimensión temporal. A pesar de la lenta evolución del MFP durante los últimos años hacia un presupuesto más orientado hacia objetivos y desafíos comunes de la UE, el MFP 2021-2027 recupera el fuerte enfoque en las políticas tradicionales, como la política de cohesión y la PAC, que cuentan con un ligero aumento aunque sin recuperar los recortes ya previstos por el Brexit.

En esta línea, el MFP 2021-2027 se convirtió en moneda de cambio en las negociaciones del plan Next Generation EU y este hecho no es una buena noticia para los que abogan por inversiones en políticas públicas con valor añadido europeo. También el mantenimiento e incluso el aumento de los cheques para algunos Estados miembros –una reducción bruta de su contribución anual basada en la RNB– se financiará con recortes al MFP. En conjunto, los cheques alcanzan los 7.603 millones de euros.

El MFP –a pesar de la crítica sobre su falta de flexibilidad y suficiencia– es un instrumento de la UE con base en el tratado de Lisboa y que, desde 1988, da seguridad y continuidad a la financiación de los programas de la UE. En contraposición, el FRR es un instrumento ad hoc sin base jurídica en los tratados y orientado hacia inversiones muy concretas en un plazo de tres años.

Las negociaciones apresuradas del Plan de recuperación y del MFP 2021-2027 han tenido otra víctima colateral. Aunque las conclusiones del Consejo mantienen una referencia a la condicionalidad del cumplimiento del Estado de derecho propuesto por la Comisión en 2018, los jefes de Estado y de Gobierno lo diluyeron considerablemente durante la cumbre. Con la recesión económica a la vista, la presión de llegar a un acuerdo lo más rápido posible creció. En este sentido, con cada día de la cumbre, la perspectiva del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, de poder contar con la reducción de la condicionalidad creció. Ya antes de la cumbre, desde algunas capitales se pedía que no se insistiera demasiado. Merkel y Macron también demostraron desde el principio de la cumbre cierta flexibilidad en el tema para conseguir el acuerdo. Finalmente, en un primer borrador, el acuerdo final incluía el parágrafo según el cual la condicionalidad debe abordar “las deficiencias manifiestas generalizadas” en la gobernanza de los Estados miembros respecto al Estado de derecho. El documento final dice: “El Consejo Europeo destaca la importancia de respetar el Estado de derecho”. El texto añade: “Habida cuenta de lo anterior, se establecerá un régimen de condicionalidad para proteger el presupuesto y Next Generation EU. En este contexto, la Comisión propondrá, en caso de incumplimiento, medidas que adoptará el Consejo por mayoría cualificada” y “[…] el Consejo Europeo volverá a tratar el asunto sin demora”. A pesar de que Orbán podía interpretar este acuerdo ante la prensa húngara como su victoria y se puede considerar que ante la amenaza de veto en la cumbre los líderes han abandonado los objetivos, el presidente del Consejo, Charles Michel, celebra el compromiso como un éxito para la UE: por primera vez en la historia se ha establecido un “vínculo”. Sin embargo, el Parlamento Europeo, en su sesión del 23 de julio, criticó con vigor el pacto alcanzado por no vincular el desembolso de fondos presupuestarios al respeto del Estado de derecho.

Conclusiones

Al contrario de todos los que frecuentemente ven el proyecto europeo al borde del abismo, la UE ha demostrado durante los últimos meses una capacidad de actuar que ha superado la imaginación de muchos. Los acuerdos antes resaltados, el volumen del paquete, el endeudamiento colectivo y los nuevos recursos propios, eran impensables para la mayoría de los gobiernos (y los parlamentos) de los Estados miembros hasta hace muy pocos meses.

El resultado de la negociación no refleja una solidaridad altruista, sino una solidaridad que sale de la convicción de que sólo unidos los Estados miembros de la UE pueden afrontar los desafíos del futuro y el problema de un Estado miembro puede convertirse pronto en el del otro. En este sentido, tampoco es un signo de debilidad o falta de solidaridad que diferentes grupos de Estados apostara por soluciones e instrumentos diferentes. Sin duda las negociaciones han abierto grietas –hecho muy habitual en este tipo de negociaciones– y ningún parlamento nacional hubiera aceptado un resultado de una negociación con tantas consecuencias. Pero, como en otras ocasiones, todos los jefes de Estado y de Gobierno salieron del Consejo como ganadores, lo que quiere decir que se ha procurado integrar las preferencias de todos los gobiernos.

Sin embargo, las negociaciones en el reciente Consejo han reflejado un movimiento tectónico en el balance entre las mayorías de los Estados miembros tras el Brexit. Mientras que con el Reino Unido en la UE los “frugales” (y Alemania) podían esconderse detrás de los británicos, tras el Brexit estos países de corte liberal y fiscalmente moderados deben posicionarse. Por ello, la posición de los frugales representa también su temor de que el centro de gravedad de la Unión se desplace hacia el sur por la nueva vitalidad del eje franco-alemán y su inclinación a favor de intervenciones estatales. Esta línea de conflicto ya se había visto en el debate sobre la presidencia del Eurogrupo, donde no prevaleció la candidata respaldada por los Estados miembros grandes. Cabe subrayar que los llamados “frugales” no exigieron una reducción del plan de reconstrucción, sino un balance diferente entre subsidios y créditos, consecuencia de su filosofía económica tradicional y también debido a las mayorías existentes a nivel doméstico.

A pesar de todo, en todas las negociaciones se han postulado grupos de Estados miembros. En las primeras negociaciones sobre los MFP dominaba la dicotomía entre contribuyentes y beneficiarios netos. Con las sucesivas ampliaciones de la UE las preferencias presupuestarias de los Estados aumentaron y con ello surgieron nuevos grupos de Estados miembros. Lo importante tras cada negociación fue que estos grupos no se consolidaran como permanentes, lo que dificultaría el método de las mayorías variables, característico de las negociaciones en la UE.

Mario Kölling
Profesor de Ciencia Política, UNED, y Fundación Manuel Giménez Abad


1 Proporción de los ingresos obtenidos mediante una contribución nacional calculada según el peso de los residuos de envases de plástico que no se reciclan, con un tipo de referencia de 0,80 euros/kg, junto con un mecanismo destinado a evitar un efecto excesivamente regresivo en las contribuciones nacionales.

2 “Mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono” o Border Carbon Tax.

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<![CDATA[ La presencia de las empresas latinoamericanas en España: evolución y principales características ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari99-2020-blanco-presencia-de-empresas-latinoamericanas-en-espana-evolucion-y-principales-caracteristicas 2020-07-28T01:12:31Z

Se analiza la expansión internacional de las empresas latinoamericanas en todo el mundo, con particular foco en la evolución, motivaciones y características de su desembarco en España.

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Tema

Este documento analiza la expansión internacional de las empresas latinoamericanas en todo el mundo, con particular foco en la evolución, motivaciones y características de su desembarco en España.

Resumen

La inversión latinoamericana en el mundo es un fenómeno económico consolidado y de creciente relevancia que ha multiplicado la presencia de empresas de ese origen en todo el mundo. Se trata de una inversión liderada por compañías mexicanas, brasileñas y chilenas, con una marcada diversificación sectorial y una creciente sofisticación en lo que se refiere a la tipología inversora. En este contexto, España se ha convertido en uno de los principales destinos para el capital latino, una oleada inversora que se ha producido fundamentalmente en los últimos años y que ha llevado a la región a convertirse en el cuarto mayor inversor extranjero en nuestro país. Actualmente las empresas latinoamericanas forman parte destacada del tejido empresarial español y sus motivaciones de inversión, sus estrategias de internacionalización y vehículos utilizados son cada vez más complejos.

Análisis

El despegue de la inversión latinoamericana en el mundo, no sólo multilatinas

Una de las grandes transformaciones experimentadas por la economía mundial a lo largo de las últimas décadas ha sido el protagonismo ganado por las economías emergentes y en desarrollo. Una de las principales derivadas de este fenómeno, que ha dado lugar a una nueva geografía económica, es el aumento de la presencia global de compañías con origen en estos países. La Inversión Extranjera Directa (IED) procedente de regiones emergentes pasó de representar el 9,3% en el año 2000 a un 22,8% en 2019. Esta oleada inversora está claramente liderada por China, que se ha convertido en el segundo mayor inversor mundial, pero otras regiones, como América Latina, también han ganado protagonismo. Así, la IED latinoamericana alcanzó el pasado año en términos acumulados la cifra récord de 762.929 millones de dólares (el 2,2% del total mundial), un 84% más que a principios de la década, y 13 veces más que en 2000. Este hecho evidencia un despegue de la internacionalización de las empresas latinoamericanas en el todo el mundo y su consolidación como fenómeno económico desde principios de siglo. Pese al rápido avance reciente, el volumen inversor está en todo caso muy por debajo de los 2,26 billones de dólares de IED recibidos por la región, lo que resulta razonable dado su grado de desarrollo económico y empresarial.

Aunque encontramos las primeras operaciones internacionales de grandes empresas latinoamericanas (a menudo llamadas multilatinas o translatinas) desde la década de 1980, fue en los últimos años cuando se consolidó la IED latina, con un volumen anual entre los 35.000 y los 40.000 millones de dólares. Además, este fenómeno crecientemente complejo se ha ampliado a nuevos países emisores de inversión, a un mayor número de compañías de distintos tamaños, que abarcan un creciente número de sectores y, en definitiva, ha pasado a constituir una de las características de mayor interés del tejido empresarial regional. Los factores que explican la salida al exterior las empresas latinas pueden analizarse bajo el marco de la teoría de la IED desarrollada por el economista británico John Dunning, que data de los años 70. Así, las empresas latinas invierten en el exterior por búsqueda de mercados/clientes (como la operadora mexicana América Móvil, que se ha expandido con fuerza por toda la región accediendo a nuevas bolsas de consumidores), búsqueda de activos estratégicos como marca y tecnología (como la adquisición de la brasileña Natura sobre la británica The Body Shop), búsqueda de recursos naturales (la papelera chilena CMPC, que tiene el 36% de los bosques explotados fuera de Chile) y búsqueda de eficiencia, habitualmente asociado a ventajas laborales (la dominicana Grupo M. cuenta con el 65% de su mano de obra en Haití).

Pero además encontramos factores específicos de la región, entre los que destacan fundamentalmente cinco: (1) el fuerte crecimiento alcanzado en el mercado interno por grandes grupos familiares y empresas de commodities, que permitió ganar escala y dar lugar al nacimiento de compañías preparadas para dar el salto internacional; (2) el compromiso con una mayor apertura económica a nivel político e institucional, lo que se evidencia claramente en el caso de México y el Tratado Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los años 90, que impulsó el desembarco de firmas mexicanas en EEUU; (3) el apoyo público y financiero a la salida de compañías, como evidencian los préstamos del Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) brasileño, que facilitaron el acceso a financiación para operaciones expansivas; (4) la apertura de los mercados internacionales a la deuda corporativa latinoamericana, facilitada a medida que los países se acercaban al “grado de inversión”; y (5) y la necesidad de diversificar mercados que compensen los movimientos y volatilidad cambiaria del ciclo económico local. Además, la ola inversora latina en el exterior se produjo en un contexto marcado por la corriente globalizadora, que multiplicó por cinco el volumen de las operaciones de inversión trasnacionales en todo el mundo desde 2000.

Por lo que respecta a la distribución geográfica de las inversiones, como es esperable las principales economías de la región son aquellas con mayor volumen de inversión en el exterior. México cuenta con 230.362 millones de dólares de inversión exterior (el 30% del total latinoamericano), seguido de Brasil con 223.947 millones (29%) y Chile con 131.754 millones (17%). Las tres economías concentran tres de cada cuatro dólares de lo que América Latina invierte fuera. Sin duda, esta elevada concentración se debe a la abundancia de grandes compañías con origen en estos países, que son aquellos que cuentan con un tejido empresarial más sofisticado, con un mercado interno que ha posibilitado su crecimiento y mayor acceso a talento y a financiación. Hoy, 38 de las 50 mayores multilatinas son mexicanas, brasileñas o chilenas, auténticos grupos empresariales globales, como Mexichem, con un 90% de las ventas fuera de México, la minera brasileña Vale, con 29.000 empleados fuera de Brasil, y la firma de logística chilena Saam, con más del 70% de su facturación procedente del exterior. En todo caso, es además destacable que, si bien todas las economías han registrado desde 2000 un aumento significativo en la inversión exterior, mientras México, Chile, Colombia y Perú han ganado peso, Brasil, Argentina y Venezuela lo han perdido (véase la Figura 1).

Figura 1. Principales economías inversoras en el exterior, 2010 y 2019
  Encabezado1 Encabezado2 Encabezado2 Encabezado2
México 230.362 230.362 30,2 28,3
Brasil 223.947 149.333 29,4 36,1
Chile 131.574 61.126 17,2 14,8
Colombia 63.847 23.717 8,4 5,7
Argentina 43.527 30.328 5,7 7,3
Venezuela 27.847 19.171 3,7 4,6
Perú 9.353 4.265 1,2 1,0
Resto 32.472 8.621 4,3 2,0
Fuente: elaboración propia a partir de World Investment Report 2019 (WIR), UNCTAD.

Por lo que se refiere al destino exterior de la inversión latina en su conjunto, las cifras oficiales de las balanzas de pagos de los países latinoamericanos no ofrecen un nivel de desagregación suficiente que permita identificar los principales destinos de inversión de forma consolidada. Esto sí es posible, sin embargo, atendiendo tanto a operaciones de fusión y adquisición (M&A por sus siglas en inglés) como a los proyectos greenfield (inversión nueva) anunciados. Respecto de los primeros, tanto en 2018 como en 2019 las principales operaciones se realizaron en la misma región, principalmente con destino en Brasil, Colombia, y en menor medida México, seguidos de EEUU, España y Canadá. Respecto de las segundas, el principal destino fue Perú, EEUU, México, Colombia, Brasil, España, Chile y Alemania. En todo caso, es evidente que el principal destino de la IED latina es la propia región, seguida de EEUU y la UE, con una muy escasa exposición a otros mercados, destacando la limitada penetración en Asia en general y China en particular.

América Latina se convierte en el cuarto mayor inversor en España

La expansión internacional del capital latinoamericano ha propiciado un importante desembarco de sus empresas en España. Como es bien conocido, ambas partes mantienen una relación privilegiada, fundamentada en profundos y sólidos vínculos históricos y culturales, evidenciados en la intensidad de las relaciones económicas y empresariales. En el ámbito de las inversiones, España se ha convertido en el segundo inversor directo en América Latina, después de EEUU, con una posición acumulada de 131.586 millones de euros. La expansión de la empresa española en la región es un fenómeno ampliamente analizado, iniciado en los años 90, a partir de la desregulación y apertura al capital extranjero en el marco del Consenso de Washington. Así, se construyeron unas relaciones empresariales unidireccionales, en la cual destacaron grandes empresas de energía, banca y telecomunicaciones, a las que seguirían un nutrido grupo de pymes. Se establecieron en México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Perú, y fueron ganando presencia. En algunos casos, el mercado latinoamericano se constituyó en la principal fuente de ingresos de algunas compañías.

En los últimos años, sin embargo, las relaciones han evolucionado hacia un patrón más equilibrado y bidireccional, debido al desembarco del capital latino en España, convertida en una puerta de entrada clave para las empresas latinoamericanas. Aunque existe inversión latinoamericana en todas las grandes economías europeas, ninguna como España ha recibido inversión de forma tan regular ni cuenta con un perfil inversor tan rico y diversificado. La inversión latinoamericana en España, aunque dista del volumen e importancia alcanzada por la inversión española en América Latina, ha alcanzado los 42.660 millones de euros, un 9,1% de toda la inversión extranjera recibida por España, según datos oficiales. América Latina ya es el cuarto mayor inversor extranjero en España, después de EEUU, el Reino Unido y Francia, y por delante de economías fuertemente inversoras como China. Si atendemos a bases de datos privadas, desde 2003 se han realizado 202 proyectos greenfield de inversión por empresas latinoamericanas, y se han materializado más de 140 tomas de participación empresarial (equity), en su mayoría para tomas de posición minoritaria.

Las primeras operaciones de inversión latina en España se produjeron en los años 80 y principios de los 90 (con la entrada de la petrolera estatal mexicana Pemex en Repsol y la adquisición de dos cementeras valencianas por la también mexicana Cemex), pero es en el siglo XXI cuando se aprecia un crecimiento gradual en el desembarco del capital latino en España, acelerado en los últimos años (véase la Figura 2). La mayor parte de la inversión latinoamericana en España no se ha produjo cuando tuvo lugar una inversión récord latina en el mundo ni un periodo de bonanza en la región. Más bien, el grueso de la inversión coincidió con la recesión económica española motivada por la crisis de la Eurozona (2008-2012) que deprimió el precio de los activos. En el período 2003-2007, cuando América Latina avanzó un 5% anual, la inversión en España se situó en 1.500 millones de euros, notablemente inferior a la del período 2008-2012, cuando la región moderó su crecimiento, pero la economía española se hundió y las inversiones latinas llegaron a 4.400 millones de euros. Este hecho evidencia el carácter contracíclico observado en la inversión directa de forma habitual (en contraposición a la inversión de cartera), así como su naturaleza de largo plazo.

Por lo que a la vía de entrada se refiere, nos encontramos tanto con operaciones de crecimiento orgánico, como la adquisición de compañías (el grupo colombiano Colombina sobre la empresa de golosinas Fiesta), la toma de participaciones minoritarias (la familia mexicana Alcántara en el Grupo Prisa), las operaciones de compra (en solitario o de forma sindicada) por fondos de capital privado o la apertura de fábricas y plantas (como el fabricante de tortillas de maíz Gruma). Asimismo, es interesante señalar el elevado interés de los inversores latinos por el régimen español de holding (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros o ETVE). Mientras que la inversión latina supone un 9,1% del total de la inversión extranjera en España, si se contabilizan sólo las inversiones en holdings, la ratio se eleva al 41,6%. Entre los cinco primeros países en utilizar esta figura en España, tres son latinoamericanos: Colombia, Brasil y Uruguay. Este hecho muestra las ventajas de España para operar en distintos países debido a su red de convenios de doble imposición, así como el atraso en la región en el diseño de estructuras fiscales ventajosas para la operativa de empresas multinacionales.

Figura 2. Evolución de la inversión acumulada de América Latina en España, 2003-2018
Figura 2. Evolución de la inversión acumulada de América Latina en España, 2003-2018
Fuente: Registro de Inversiones.

Por lo que respecta a los motivos que explican la llegada de inversión latinoamericana a España, se puede hablar de factores push y pull. Entre los primeros destacan dos de las cuatro motivaciones principales de las operaciones de inversión anteriormente señaladas: búsqueda de mercados (como la mexicana Bimbo y la colombiana Totto), activos estratégicos asociados a marca (la mexicana Alsea sobre Grupo Vips) y a I+D (la farmacéutica argentina Insud Pharma). En menor medida, también encontramos algunas operaciones puntuales motivadas por el acceso a recursos naturales (la brasileña Votorantim sobre los activos españoles de la portuguesa Cimpor), así como por eficiencia, si bien asociados al aprovechamiento del régimen de holding español.

Los factores pull serían de dos tipos. Por un lado, los mencionados vínculos histórico-culturales, incluyendo la lengua (algunos trabajos indican que compartir idioma puede multiplicar la inversión bilateral por siete). Este factor también se evidencia en la relación de otros países, como Brasil y Portugal, como pone de manifiesto la entrada al mercado europeo del Banco Itaú por Lisboa o la adquisición por la brasileña Oi de PT Portugal. Por otro lado, encontramos las ventajas asociadas a la inversión en un país avanzado, esto es, bajo riesgo regulatorio y elevada estabilidad macroeconómica. Este último no es un tema menor, habida cuenta de la volatilidad cambiaria o de los episodios inflacionarios en distintos países de la región y que perjudican la cuenta de resultados de las compañías. Además, en el período post crisis de la Eurozona, España ha contado a su favor con una combinación de ser el país con mayor crecimiento de la Eurozona con un precio muy atractivo de activos, en particular compañías e inmuebles.

México lidera las inversiones, con un patrón sectorial muy diversificado

México concentra la mayor parte de las inversiones latinoamericanas en España, que alcanza ocho de cada 10 euros recibidos desde la región. De hecho, México, por sí solo, es el quinto mayor inversor en España solamente por detrás de EEUU y las cuatro grandes economías europeas (el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia). La confluencia de estos dos factores explica por qué se encuentra muy por delante del resto de la región en su desembarco en España: la de un tejido empresarial sofisticado y con capacidad para internacionalizarse, y un mayor peso de los vínculos históricos y culturales que en otros países latinoamericanos. Además, viene apoyado por iniciativas concretas como la llegada a España de Techba, programa creado en 2004 por la Secretaría de Economía y la Fundación México-EEUU para la Ciencia (FUMEC) con el fin de impulsar a las pymes tecnológicas en México que buscan expandir sus operaciones internacionalmente.

La inversión mexicana en España se remonta a los años 80, con las mencionadas operaciones en el sector de materias primas por Pemex y Cemex. A partir de ahí se han producido numerosas inversiones en un gran número de sectores económicos. En alimentación Bimbo, con larga presencia en España, inauguró en 2016 su fábrica más avanzada en Europa, y Sigma adquirió Campofrío tras comprar su paquete accionarial al grupo chino WH Group; en construcción, Carlos Slim ha entrado en el capital de la constructora FCC, de la inmobiliaria Realia y de la promotora Quabit; en el sector financiero destacan las participaciones minoritarias del empresario David Martínez en Banco Sabadell, Carlos Slim en Caixabank y Davinci Capital en Liberbank; en transportes, la adquisición de ADO sobre el Grupo Avanza ha dado acceso al grupo mexicano a una flota de más de 6.000 autobuses; en entretenimiento, la segunda cadena de cines española, Cines Yelmo, pasó a manos de la mexicana Cinépolis; y, en restauración, el grupo Vips fue adquirido por el grupo Alsea.

Brasil cuenta asimismo con una importante inversión en España. Cabe destacar en el sector primario la toma de control por el gigante Votorantim de la portuguesa Cimpor, que dio la propiedad de los activos de esta última en España al grupo brasileño, y la entrada reciente del grupo constructor Queiroz Gavao, uno de los mayores del país, en España, junto con Camargo Correa, otro gigante del sector, que es el máximo accionista de la firma textil Tavex. Entidades financieras como el Banco do Brasil e Itaú tienen oficinas de representación en Madrid. También destaca la firma de tecnología Stefanini y la empresa de moda Alpargatas (que fabrica la marca Havaianas), que tiene en España su sede europea, concentrando las actividades de mayor valor de la firma.

Argentina tiene una importante presencia inversora en España, destacando compañías como la empresa de alimentación Arcor y la biocosmética Exel, ambas con sede europea en Barcelona, o el grupo Insud Pharma, con oficinas y centros de I+D en Madrid. En los últimos años se han establecido numerosas startups argentinas, como Brandtrack (SaaS aplicado al retail) e Hibox (B2B de soluciones empresariales), entre otras. Colombia también cuenta con una presencia destacada, con empresas como Colombina, que adquirió la compañía española de golosinas Fiesta, la textil Totto, la química Dixan y el Grupo Sura, uno de los mayores holdings inversores latinoamericanos con una cartera altamente diversificada. La presencia empresarial de Chile es quizá inferior a su importancia como inversor en el exterior, si bien cuenta con compañías como las navieras Agunsa y Compañía Sudamericana de Vapores, y la celulosa Arauco, que adquirió en 2016 una firma española dedicada a la realización de tableros de fibra. Otros países con presencia inversora son Venezuela, destacando la compra en 2013 de la antigua Caixagalicia, entonces intervenida por parte de Banesco, el mayor banco privado venezolano, o la entrada del grupo inmobiliario Sambil en el sector residencial del lujo en Madrid. Perú está presente en España a través de la firma de cosméticos Yanbal, la agrícola Camposol y la multinacional de embotellamiento AJE. Ecuador, por su parte, tiene en el Banco Pichincha su empresa más destacada, que llegó a España en la pasada década para atender a la masiva emigración ecuatoriana.

La presencia de empresas latinoamericanas en España está altamente diversificada a nivel sectorial, pudiendo afirmarse que no existe un sector en la economía española en el que no encontremos capital de origen latinoamericano. A nivel estadístico, las inversiones en los sectores de materias primas, comercial y financiero concentran el grueso de la inversión debido a su elevado volumen inversor en las cifras oficiales, pero las bases de datos privadas nos indican numerosas operaciones en los sectores de tecnología, servicios empresariales, alimentación y textil.

Conclusiones

España, ¿un destino para nuevos inversores latinoamericanos?

A medida que la tipología inversora latinoamericana se ha hecho más compleja el perfil del inversor interesado en la economía española ha variado. En las décadas de 1990 y 2000 fueron desembarcando grandes grupos del sector de materias primas, en ocasiones de propiedad estatal, y grupos empresariales con intereses diversificados, controlados por grupos familiares. Posteriormente, y de forma gradual, se produjo la entrada de las empresas mencionadas, muchas de ellas de gran tamaño, sin llegar a ser necesariamente multinacionales, así como pymes con distintas actividades. Resulta particularmente interesante que en los últimos años se viene produciendo la mayor llegada e interés por invertir en España de una nueva tipología inversora, que podrían clasificarse en tres grupos. En primer lugar, las family offices de los grandes patrimonios latinoamericanos están invirtiendo a través de distintos vehículos en activos de todo tipo en España, pero fundamentalmente en vivienda residencial de lujo en grandes ciudades y en tomas de participación minoritaria en grandes grupos empresariales. Se trata de inversores fundamentalmente venezolanos y mexicanos, que estarían protegiendo el patrimonio en destinos que puedan actuar como refugio frente a la incertidumbre regulatoria y macroeconómica en sus países de origen, así como complementando carteras de inversión con activos de poca rentabilidad, pero de muy bajo riesgo en suelo europeo.

En segundo lugar, se han producido las primeras operaciones por fondos de capital privado de distinta naturaleza, movimiento protagonizado casi en exclusividad por fondos de origen mexicano. Este sería el caso del fondo Nexxus Iberia, cuyo interés es la participación en el segmento mid-market para capitalizar pymes españolas y posteriormente facilitar su llegada a México, de la cotizada RLH Properties especializada en activos turísticos de lujo, que adquirió el Hotel Villamagna en Madrid, o de los fondos de venture capital mexicanos Dila Capital y Toro Ventures, que han realizado operaciones de compra sobre compañías tecnológicas españolas. Estas operaciones se enmarcan en la fuerte expansión del private equity y venture capital en España en los últimos ejercicios, alcanzando los 8.500 millones de euros en 2019, siendo el 80,7% procedente de inversores internacionales.

En tercer y último lugar, la madurez de los ecosistemas de emprendimiento latinoamericanos, y el mayor acceso a capital de las compañías, han generado un creciente número de startups latinas con capacidad para dar el salto internacional. España, cuyo ecosistema emprendedor ha despegado en los últimos años, superando la barrera de 1.000 millones de euros de inversión por primera vez en 2018, ha sido el destino de un creciente número de estas compañías. Entre ellas destacan Auravant (agrotech), Platzi (edtech), VUSecurity (ciberseguridad) e Iturismo (turismo). Al respecto, cabe destacar el efecto arrastre de la importante presencia de Wayra, la aceleradora del Grupo Telefónica, en América Latina, como los estudiantes latinoamericanos de postgrados en distintas escuelas de negocio españolas, que deciden emprender en España algún proyecto empresarial a la finalización de sus estudios.

Adrián Blanco Estévez
Doctor en Economía por la Universidad de Santiago y máster en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown| @adrianblanco78

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<![CDATA[ La adicción de la UE a los falsos dilemas en el Mediterráneo ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-amirah-adiccion-de-ue-a-falsos-dilemas-en-el-mediterraneo 2020-07-24T01:16:29Z

¿Qué ha impedido a la Unión Europea tener más éxito a la hora de transformar el Mediterráneo?

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(*) Este comentario fue publicado originalmente en inglés en el dossier A Geopolitical Sea: The New Scramble for the Mediterranean, editado por Giuseppe Dentice y Valeria Talbot, y publicado por ISPI el 17/VII/2020.

Hay algo profundamente viciado en las relaciones de la UE con su vecindario mediterráneo. Después de más de 50 años de cooperación, acuerdos, declaraciones y planes europeos con el sur del Mediterráneo y los países árabes, tan sólo ha surgido un nuevo Estado democrático (Túnez). Un observador benévolo diría que ese proceso de democratización no se inició precisamente gracias al apoyo decidido que la UE brindó a una población que pedía liberarse de un régimen autoritario. Un observador más franco concluiría, por el contrario, que la sociedad tunecina logró derrocar a su antiguo autócrata a pesar del apoyo que éste recibió de ciertos poderes europeos hasta el último minuto. Ese es el resumen de décadas de retórica pro-democracia por parte europea.

“El Mediterráneo es una de las zonas en las que la UE ha hecho más esfuerzos (…) para replantearse los marcos de cooperación. Sin embargo, ha fracasado en el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos anunciados en la Declaración de Barcelona de 1995”.

El Mediterráneo es una de las zonas en las que la UE ha hecho más esfuerzos y a las que ha dedicado más creatividad e imaginación para replantearse los marcos de cooperación. Sin embargo, la UE ha fracasado en el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos anunciados en la Declaración de Barcelona de 1995. Veinticinco años después, el Mediterráneo está hoy lejos de ser “un espacio común de paz, estabilidad y prosperidad compartida”. La “zona de libre comercio euromediterránea”, anunciada para 2010, ni existe ni se espera que exista en un futuro cercano. La “consolidación de la democracia y el respeto de los derechos humanos” pertenece al terreno de la ficción. La “colaboración euromediterránea para una mayor comprensión y acercamiento entre los pueblos” deja mucho que desear. En resumen, el fracaso es innegable y la frustración generada, profunda. Ni la Política Europea de Vecindad (PEV) ni la Unión para el Mediterráneo (UpM) han cambiado esas realidades para mejor.

Entonces, ¿qué ha impedido a la UE tener más éxito a la hora de transformar el Mediterráneo? Una de las principales razones que explican las inconsistencias y la falta de coherencia entre los discursos de la UE y el resultado de sus políticas se encuentra en una idea excesivamente simplificadora y muy extendida. Durante decenios, la UE ha estado atrapada en lo que percibe como un “dilema entre valores e intereses”: si quería ser fiel a sus valores, tendría que presionar para lograr una auténtica reforma democrática, pero si trataba de defender sus intereses inmediatos, tendría que mantener relaciones amistosas con las autocracias.

El problema de este percibido “dilema entre valores e intereses” radica en la definición de los intereses. Los valores parecen ser más fáciles de identificar y de ubicar en un marco temporal. Sin embargo, la forma en que se definen los intereses depende de factores tales como: (1) quién define esos intereses; (2) el período de tiempo para evaluar si se han logrado con éxito o no; y (3) quién evalúa los costes y beneficios de anteponer esos intereses a los valores. Desde hace muchos años, el problema de la definición de los intereses ha generado una falsa dicotomía entre la seguridad y la democratización en la vecindad mediterránea de Europa. Huelga decir que los regímenes no democráticos se sienten cómodos con esa dicotomía y la promueven activamente.

Se puede argumentar que los intereses a corto plazo son más fáciles de identificar que los intereses a más largo plazo. Este cortoplacismo ha guiado las políticas y acciones europeas durante años, mientras que las condiciones regionales se han ido deteriorando. En la última década, el mundo ha sido testigo del surgimiento de fenómenos alarmantes generados en la región árabe. Entre ellos figuran guerras civiles, conflictos bélicos regionales, guerras por delegación, carreras armamentísticas, crisis migratorias, oleadas de refugiados, el uso de armas de destrucción masiva, el aumento del sectarismo y del extremismo religioso, la aparición de proyectos totalitarios como el autoproclamado Estado islámico, el reforzamiento del autoritarismo represivo y el deterioro de las relaciones entre los Estados y las sociedades en varios países. El número de Estados fallidos o en proceso de quiebra en el sur y el este del Mediterráneo no ha hecho más que aumentar, y no hay motivos para creer que esa tendencia haya tocado techo.

“Al definir sus intereses, la UE ha sido incapaz de medir los efectos secundarios de contemporizar con regímenes cuya naturaleza va en contra del buen gobierno y el Estado de derecho”.

Al definir sus intereses, la UE ha sido incapaz de medir los efectos secundarios de contemporizar con regímenes cuya naturaleza va en contra del buen gobierno y el Estado de derecho. Al apoyar la estabilidad a corto plazo a cualquier precio, la UE se ha dedicado de hecho a preservar el statu quo mediante el apoyo a “autocracias iliberales”. Esos regímenes practican el capitalismo de amiguetes, se apoyan en la corrupción y el nepotismo, producen una distribución muy desigual del poder y la riqueza y, en última instancia, generan frustración y resentimiento entre sus poblaciones. Es hora de que la UE evalúe si esos efectos secundarios comprometen sus intereses, el bienestar y la seguridad de los Estados y las sociedades europeas a más largo plazo.

Debido a su adicción a los falsos dilemas y a las dicotomías engañosas (“seguridad frente a democratización”, “cooperación con los gobiernos o con las sociedades”), la UE ha perdido muchas oportunidades y se ha hecho menos relevante como impulsora de una transformación positiva en su vecindad inmediata al sur. Es evidente que ni la UE ni sus Estados miembros pueden por sí solos democratizar esos países; sin embargo, tienen suficiente influencia para desempeñar un papel crucial en el avance del buen gobierno y la democracia, algo que no están utilizando.

Algunas de las consecuencias de la adicción de la UE a los falsos dilemas es que se apoderan de su voluntad política para defender sus valores, la hacen incurrir en prácticas que tienen efectos adversos a largo plazo y le impiden desarrollar una visión clara sobre cómo proteger sus intereses futuros.

“(...) la pandemia del COVID-19 puede ser un factor agravante de los problemas y un multiplicador de los conflictos que existen en torno al Mediterráneo”.

En el nuevo contexto internacional marcado por una emergencia mundial, la pandemia del COVID-19 puede ser un factor agravante de los problemas y un multiplicador de los conflictos que existen en torno al Mediterráneo. Los países del sur y el este ya estaban sometidos a una gran presión debido a la debilidad de los sistemas de protección social y a la elevada tasa de desempleo juvenil, incluso antes de que fueran golpeados por el coronavirus. Es muy probable que las consecuencias económicas y de seguridad de la pandemia causen una mayor desestabilización en esa región tan volátil. Este debería ser el momento de claridad para que la UE se desintoxique de su adicción a los falsos dilemas y comience una corrección de rumbo, largamente esperada, en sus relaciones con el Mediterráneo. El riesgo de no hacerlo es que podría tener que lidiar pronto con un vecindario más fracturado, conflictivo e inestable.

Sea cierto o no que Albert Einstein definió la locura como “hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”, no se requiere de un genio para darse cuenta de que actuar constantemente sobre la base de falsos dilemas y dicotomías engañosas termina por producir resultados indeseados y contraproducentes.

Haizam Amirah Fernández
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor asociado del Instituto Empresa (IE) | @HaizamAmirah

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<![CDATA[ España ante el acuerdo del Consejo Europeo de julio de 2020: ¿oportunidad para el cambio o indigestión de fondos europeos? ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari98-2020-martin-espana-ante-acuerdo-consejo-europeo-julio-2020-oportunidad-para-cambio-o-indigestion-fondos-europeos 2020-07-23T01:08:28Z

España debe saber aprovechar el acuerdo alcanzado en el marco del Consejo Europeo de julio de 2020.

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Tema1

España debe saber aprovechar el acuerdo alcanzado en el marco del Consejo Europeo de julio de 2020.

Resumen

El acuerdo alcanzado en el marco del Consejo Europeo de julio de 2020 no implica únicamente una serie de instrumentos financieros, sino que ratifica una estrategia de recuperación y de crecimiento coherente con los objetivos de la UE a largo plazo. España debe aprovechar la oportunidad que brindan los nuevos instrumentos para contribuir a su propia transformación económica , por un lado, incidiendo en el círculo virtuoso que puede impulsar un marco inteligente de planificación y gestión de las inversiones y, por otro, en la necesaria puesta en marcha de un programa reformista a la altura de los retos existentes y dirigido a modernizar nuestra economía.

Análisis

Introducción

El acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de julio de 2020 ha supuesto un hito en la historia de la construcción europea: por primera vez en su historia, y aunque de manera extraordinaria debido a la crisis del coronavirus , la UE va a canalizar una mutualización de los riesgos entre los Estados miembros, y los nuevos instrumentos financieros, tanto aquellos estructurados en torno al Next Generation EU como a las perspectivas financieras 2021-2027, van a ejercer una tarea de estabilización frente a una crisis asimétrica como la del coronavirus, circunstancia esta que era de muy difícil consideración hace apenas unos meses. Se sienta así un precedente para avanzar en el pilar de la estabilización fiscal que, junto con la unión bancaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad como prestamista de último recurso, completarían la arquitectura para una eurozona más robusta.

España se encuentra ante una oportunidad única para poner en marcha un programa de inversiones y de reformas lo suficientemente ambicioso como para cumplir con sus objetivos de largo plazo, esto es, consolidar un crecimiento económico robusto, más sostenible e incluyente, en la dirección marcada por la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los compromisos adquiridos en materia de cambio climático para el año 2050. El acuerdo alcanzado en el Consejo no sólo ratifica una serie de instrumentos, sino que da el visto bueno a una estrategia de recuperación en la que España debe situarse en el medio y largo plazo.

Una auténtica estrategia de recuperación y crecimiento a largo plazo

Tras unos comienzos titubeantes, en los que las primeras medidas tomadas tenían un carácter de emergencia, tales como la iniciativa SURE de apoyo a los seguros de desempleo, la ampliación de la potencia de fuego del Banco Europeo de Inversiones, y la iniciativa de inversiones para la crisis del coronavirus (una suerte de reforma express para acelerar la absorción de fondos estructurales disponibles) la Comisión Europea presentó en mayo de 2020 su plan de reactivación para la crisis post-COVID . Este plan suponía instrumentalizar y completar el Marco Financiero Plurianual como instrumento de recuperación, reafirmando al mismo tiempo la vigencia de las prioridades políticas presentadas en septiembre de 2019 y, muy particularmente, el Pacto Verde Europeo como marco de referencia a largo plazo.

Partiendo de la evaluación de los impactos de la crisis, que se estimaban en unas necesidades de inversión de más de 1,4 billones de euros para toda la UE, la Comisión propuso un modelo de reactivación basado en el crecimiento verde, en la aceleración de la transición digital, el mantenimiento del mercado único y el fomento de la cohesión social. Se trata, sin duda, de un plan ambicioso que se presentó acompañado de una serie de instrumentos financieros y legales para apoyar su ejecución, descansando en gran medida en la gobernanza económica europea, que se sitúa en el centro del proceso de recuperación económica.

De esta manera, y en materia de transición ecológica, la Comisión Europea reiteró la vigencia del Pacto Verde Europeo como estrategia a largo plazo, incorporando sus intervenciones en el marco de los planes nacionales de reforma y en los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC), así como en los denominados planes de transición justa. La Comisión reafirma sus objetivos de incrementar la ambición en materia de cambio climático , incorporando a sus estrategias la puesta en marcha de una iniciativa sobre finanzas sostenibles y sobre gobernanza empresarial sostenible. Se propone que el Pacto Verde Europeo se convierta en un motor de creación de empleo, para lo que se incrementa la capacidad de inversión del programa Invest-EU, se acelera la inversión en tecnologías y cadenas de valor limpias y se apuesta por la transición del transporte hacia vehículos y buques sostenibles.

La dimensión ambiental del plan de reactivación incluye también la activación de la estrategia de biodiversidad y el incremento del apoyo al desarrollo rural sostenible, a través de una mayor dotación tanto para las políticas agrícolas como para las políticas de desarrollo rural.

En materia de transformación digital , la Comisión reconoce que la crisis del coronavirus ha generado una aceleración en los procesos de transformación digital, de manera que la profundización en el mercado único digital supone una importante prioridad a corto plazo. Para ello, establece como prioridades el incremento de la conectividad digital, la extensión de las redes 5G, la potenciación de la industria tecnológica y el incremento de las capacidades y aptitudes digitales, el fomento de la economía de datos como motor de la innovación y la creación de empleo, y la mejora del entorno empresarial, favoreciendo la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas.

Ambas transiciones, la climática y la digital, necesitan fortalecer el pilar social para no dejar a nadie atrás en el proceso de transformación. Para ello, la Comisión sitúa como prioridad el mantenimiento de los empleos tanto a corto como a largo plazo, el apoyo a la solvencia de las empresas, y el fomento de la igualdad y la solidaridad entre sexos y generaciones, con especial referencia a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y al fomento del empleo juvenil. Se propone adicionalmente la instauración de una garantía infantil, un sistema de protección social para los trabajadores de plataformas y un marco fiscal que luche contra el fraude fiscal y armonice aspectos como el impuesto de sociedades, para evitar los procesos de elusión y planificación fiscal agresiva.

En materia de protección del mercado único , la Comisión reitera la interdependencia existente entre las economías de la UE y el riesgo de que la crisis desequilibre el terreno de juego del mercado único. Propone un refuerzo en materia de protección de la competencia y de recuperación de las libertades de funcionamiento del mercado único –libertad de movimientos de personas, mercancías y capitales– reforzando las cadenas de valor europeas y su autonomía estratégica, en la que enmarca el plan de acción de economía circular, un Plan de Acción sobre Materias Primas Críticas y una estrategia farmacéutica.

Por último, y en materia de salud pública , la Comisión propone el refuerzo de la coordinación a través de la Agencia Europea de Medicamento, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, El Espacio Europeo de Datos Sanitarios y la mejora de la coordinación en materia de investigación e innovación.

Cabría señalar, por lo tanto, que el plan de reactivación no supone únicamente el establecimiento de una serie de instrumentos financieros, sino que constituye de esta manera una auténtica estrategia para la reconstrucción económica y social, apuntalando los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo, y poniendo en marcha una serie de medidas inmediatas de reactivación económica sobre los pilares de la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y el empleo.

Los instrumentos de la reactivación

El Consejo Europeo ha aprobado, acompañando a esta estrategia, un rediseño de los instrumentos propios para hacer frente a la recuperación. Tras una larga negociación, en la que cabía tanto un acuerdo ambicioso como un fracaso sin paliativos, las conclusiones del Consejo recogen un acuerdo tanto para la recuperación a corto plazo como para las perspectivas financieras hasta 2027.

En primer lugar, cabe destacar la iniciativa Next Generation EU, dotada con 750.000 millones de euros, donde destacan el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la ampliación de la financiación destinada a otros programas comunitarios –como el programa Horizonte 2020 y el incremento de los fondos destinados a desarrollo rural– y la creación de un nuevo programa denominado REACT-EU.

Next Generation EU está dotado con 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones corresponden a transferencias y 360.000 millones a préstamos, todo ello dirigido a financiar inversiones en el marco de la recuperación post-COVID, intensificando su apoyo en los años 2021 y 2022. Se trata de la mayor movilización de recursos a corto plazo de la historia de la UE, en un horizonte de actuación de apenas 24 meses. La estructura del programa Next Generation EU se basa en la puesta en marcha de una iniciativa de financiación con los siguientes instrumentos vinculados: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el programa REACT-EU.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (672.000 millones de euros) supone la gran novedad en el escenario. Se trata de un instrumento de préstamos y subvenciones destinado a financiar inversiones y reformas contenidas en los planes nacionales e integrada en el semestre europeo, incluyendo aquellas coherentes con las estrategias a largo plazo de la Unión, en particular el Pacto Verde Europeo y la transición digital. El nuevo mecanismo consta de una financiación de 312.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y un total de 360.000 millones de euros en préstamos en condiciones concesionales. Para su ejecución, los países miembros deberán presentar un plan de recuperación y resiliencia en el que se incluyan tanto las inversiones como las reformas que se proponen, y que será monitorizado por la Comisión y el Consejo, que debe aprobarlos por mayoría cualificada. Estos planes deben ser coherentes con las estrategias de crecimiento verde y digitalización de la UE.

El programa REACT-EU es un instrumento que se configura como un mecanismo de apoyo a la política de cohesión, dirigiéndose a las regiones y territorios con mayor impacto económico y social por la crisis del coronavirus. El mecanismo está dirigido a proporcionar financiación adicional a los sectores más afectados por la crisis, incluyendo el apoyo a la reactivación de los mercados laborales, el apoyo de los sectores turísticos y culturales, y el apoyo a las personas más vulnerables. REACT-EU proporcionará financiación adicional en el marco de los actuales programas operativos regionales, con una vigencia que se inicia en 2020 hasta 2022, con una ampliación de 47.500 millones de euros a distribuir en esos ejercicios presupuestarios. Se buscará una simplificación de las disposiciones de programación, ejecución y cofinanciación para garantizar la adecuada absorción de los fondos.

El paquete financiero es completado con ampliaciones de los programas de I+D (Horizon Europe, 5.000 millones de euros adicionales), InvestEU (5.600 millones), Desarrollo Rural (7.500 millones), el Fondo de Transición Justa (10.000 millones) y el programa de protección rescEU (1.900 millones) que seguirán las reglas establecidas en sus correspondientes propuestas de reglamentos.

Figura 1. Distribución de los Fondos de la Iniciativa Next Generation EU
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 360.000 millones de euros en préstamos.
312.000 millones de euros en transferencias.
ReactEU 47.500 millones de euros en transferencias.
Horizon Europe 5.000 millones adicionales.
InvestEU 5.600 millones adicionales.
Desarrollo Rural 7.500 millones adicionales.
Fondo de Transición Justa 10.000 millones adicionales.
RescEU 1.900 millones adicionales.
Fuente: elaboración propia.

A largo plazo, el Consejo ha aprobado también las perspectivas financieras “ordinarias” de la Unión, para el período 2021-2027, con un techo total de compromisos de 1,074 billones de euros, una cifra inferior al marco negociador que se estableció en febrero. En otras palabras, se sacrifica el presupuesto a largo plazo para lograr un acuerdo en el paquete financiero inmediato. De entre sus múltiples partidas, cabe destacarse las que están más directamente relacionadas con la transformación económica y estructural.

En primer lugar, destaca InvestEU, la iniciativa de inversiones de la UE, que se construye sobre la base del Plan Juncker aprobado en 2014 y que cuenta con una dotación de una garantía presupuestaria capaz de movilizar hasta 400.000 millones de euros a través de proyectos de inversión garantizados por el presupuesto de la UE. El nuevo acuerdo dota al plan con 2.800 millones de euros, a los cuales se sumarían los 10.000 millones provenientes de Next Generation EU y los remanentes y reembolsos del plan anterior. Teniendo en cuenta que la propuesta inicial era de 15.600 millones de euros, cabe esperarse una menor potencia de fuego del instrumento, al menos mientras no se completa su dotación con los retornos producidos del anterior plan Juncker. La Iniciativa InvestEU articula un marco de apoyo a las inversiones estratégicas con las siguientes ventanas de financiación:

  • Infraestructuras sostenibles.
  • Digitalización.
  • Apoyo a pequeñas y medianas empresas.
  • Inversión social y en infraestructuras sociales.

El cuarto pilar de recuperación económica son los fondos estructurales y de inversión, tales como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo + y, fuera ya del marco de los fondos estructurales pero integrado en la Política Agraria Común, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). La dotación para los fondos estructurales alcanzará, en el período 2021-2027, más de 500.000 millones de euros, de los cuales 322.000 millones se destinarán al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 82.000 millones al Fondo Social Europeo, y 100.000 millones al Fondo de Cohesión. Los Fondos Estructurales 2021-2027 van a centrar su intervención en contribuir a los objetivos políticos de la UE, tal y como vienen recogidos en el marco del Reglamento de Disposiciones Comunes, a través de los siguientes objetivos políticos y estratégicos:

  • Una Europa más inteligente (transformación económica innovadora e inteligente).
  • Una Europa más verde y descarbonizada (transición energética, economía circular, adaptación al cambio climático y gestión de riesgos).
  • Una Europa más conectada (movilidad y conectividad TIC).
  • Una Europa más social (el pilar europeo de derechos sociales).
  • Una Europa más cercana a los ciudadanos (desarrollo sostenible de áreas urbanas, rurales y costeras e iniciativas locales).

Estos objetivos articulan las diferentes prioridades de la UE, permitiendo además simplificar procedimientos para el establecimiento de instrumentos financieros, la combinación de fondos estructurales con financiación del InvestEU, permitiendo acciones más sofisticadas –como el blending entre inversiones y donaciones– y promoviendo el uso de planes de desarrollo local, acciones integradas territoriales y la combinación de diferentes fondos –incluyendo el FEADER–. La contrapartida es la caída en las tasas de cofinanciación, ya que aunque se mantiene el 75% de cofinanciación para las regiones menos adelantadas, la cofinanciación comunitaria cae hasta el 40% en las regiones más desarrolladas, lo cual disminuye en gran medida el incentivo para su adecuada planificación y utilización.

Por último, cabe señalarle el Fondo de Transición Justa, un mecanismo que financiará estrategias de transición en aquellas zonas más afectadas por la transición ecológica, como son las cuencas mineras en proceso de cierre. El instrumento movilizará 10.000 millones de euros provenientes de Next Generation EU, así como otros 10.000 millones provenientes del presupuesto comunitario. Para algunas regiones, como Asturias o las cuencas mineras de León, su uso puede ser determinante.

Aprovechar el momento para un impulso modernizador en España

Aunque lejos de las pretensiones iniciales, el acuerdo logrado es bueno para España, uno de los países más beneficiados: según las primeras estimaciones, dispondremos de un total de 170.000 millones de euros entre el programa Next Generation EU (140.000 millones) y las aportaciones de los Fondos Estructurales (30.000 millones). Esto supone una capacidad de movilización de fondos cercana al 12% del PIB español pre-crisis, con una inversión inicial de hasta un 6% en dos años. En el anterior marco presupuestario, España recibió alrededor de 56.000 millones de euros entre la política de cohesión y los programas de desarrollo rural, a los que habría que añadir los 12.000 millones movilizados a través del Plan Juncker. En otras palabras, España prácticamente va a triplicar los fondos provenientes de la UE contando la totalidad del apoyo recibido.

Esta ingente cantidad de dinero supone un importante reto en materia no sólo de una correcta planificación de los fondos, sino de una adecuada ejecución. La experiencia española de los años 90 y primeros 2000, cuando se logró un importante grado de ejecución e impacto, debido al uso de los fondos en grandes infraestructuras, ha dejado paso a un nivel de ejecución menor y con un menor impacto socioeconómico. En el actual período 2014-2020, y con datos cerrados a diciembre de 2019, España mantiene todavía un bajo nivel de ejecución de los fondos, con un 30% ejecutado –10 puntos por debajo de la media de la UE– y con algunos aspectos en materia de gestión y ejecución que deben ser resueltos con rapidez para preparar adecuadamente a nuestra economía para absorber adecuadamente los fondos.

La crisis fiscal que vivió España durante la primera mitad de la anterior década dificultó en mucho la capacidad de las Comunidades Autónomas para ejecutar los fondos estructurales, pues no se disponía de la cofinanciación nacional necesaria. Esta situación de subejecución se ha arrastrado hasta la actualidad, de manera que, en los próximos dos años, España se enfrenta a la complicada situación de tener que terminar de ejecutar los fondos 2014-2020 (cuya ejecución se extiende hasta el año 2023), planificar y ejecutar las inversiones vinculadas al Next Generation EU y arrancar la programación de los fondos 2021-2027, cuyas reglas de extensión en el tiempo son más estrictas que en el pasado. Corremos, efectivamente, el riesgo de someter a la administración pública a una indigestión de los fondos europeos.

Tres son las dimensiones del reto que tenemos por delante: la programación y planificación de las inversiones; la gestión y certificación de los mismos; y su vinculación a una estrategia nacional de reformas económicas y sociales.

En materia de programación, España debe realizar un verdadero proceso de priorización de inversiones, evitando planificar los fondos como un reparto burocrático de dinero entre direcciones generales o consejerías autonómicas. Las inversiones deben ser coherentes con los planes de recuperación y transformación a largo plazo, que deben presentarse ante la Comisión y el Consejo para su examen. Dado que la absorción de fondos va a ser un verdadero reto, se debe analizar adecuadamente qué organismos públicos han logrado mejores resultados y mejor capacidad de absorción, realizar evaluaciones ex ante de los proyectos de inversión y concentrar los recursos en los proyectos más prometedores, evitando el “café para todos” que distribuye fondos sin una orientación precisa, y que camufla la dispersión moviendo actividades de una prioridad de inversión a otra. Se debe, además, evitar la canibalización de unos instrumentos por otros: si la facilidad de recuperación y resiliencia tiene un régimen de inversiones más favorable que los fondos estructurales, podemos encontrarnos con una subejecución en estos últimos, con la consiguiente pérdida de financiación.

En cualquier caso, la evidencia acumulada muestra que los mejores desempeños se alcanzan en aquellos planes que tienden a concentrar los recursos en pocos proyectos transformadores y con mayor alcance, más que en una suerte de lluvia fina que reparta fondos sin lograr un efecto real. Entre las prioridades, se sitúan en la transición a una economía baja en carbono, la digitalización y la cualificación y reinserción socioprofesional, objetivos temáticos todos ellos ya señalados y coherentes con la estrategia europea de recuperación.

En materia de gestión, y con el fin de ganar capacidad de absorción, se deben priorizar las intervenciones integradas entre los diferentes fondos a nivel local y urbano, incorporando al Fondo Europeo de Desarrollo Rural en las zonas rurales y menos pobladas. En el apoyo a las pymes se debe promover el uso intensivo de instrumentos financieros más ágiles y eficaces, evitando las demoras en la puesta en marcha y maximizando su efecto multiplicador. Existen ya buenas experiencias en numerosas Comunidades Autónomas en este sentido: la ventaja del uso de instrumentos financieros se amplifica, pues los fondos quedan a disposición permanente de los organismos gestores, multiplicando de esta manera su efecto en el medio y largo plazo.

Una buena idea sería que España instaurara un servicio de preparación de proyectos con suficientes recursos materiales y humanos, que permitiese consolidar un pipeline de proyectos de inversión con la suficiente calidad, al estilo de las delivering units que se pusieron en marcha en el Reino Unido durante el mandato de Tony Blair. Este servicio puede realizarse de manera centralizada o atendiendo a una modalidad de provisión de asistencia técnica certificada –donde el Ministerio de Administraciones Públicas ofrece una financiación para que los ayuntamientos o Comunidades Autónomas establezcan sus propios equipos de preparación de proyectos–.

La experiencia acumulada con las iniciativas descentralizadas demuestra que, sobre todo en los municipios más pequeños, no siempre se tienen las capacidades mínimas de preparación adecuada de proyectos de inversión, incluyendo no sólo el análisis, sino también la instrumentación y la ejecución de los mismos. Se podría, además, instrumentar con el ICO un sistema para adelantar la cofinanciación nacional, o facilitar el uso de los remanentes de los ayuntamientos como prefinanciación de los fondos estructurales.

Por último, pero no menos importante, debe fortalecerse la relación entre los planes de inversiones y las reformas políticas. Esta cuestión no es sólo un requisito imprescindible para el acceso a los fondos –no sólo por lo señalado en el acuerdo del Consejo Europeo, sino también en las anteriores propuestas de la Comisión–. España debe ser más diligente en la preparación y movilización de reformas estructurales. El tiempo de trasposición de las directivas del mercado único en la legislación española es casi un 50% más que el promedio de la UE y de todas las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea entre 2011 y 2019, España sólo ha implementado plenamente el 12% de las mismas. No es una cifra menor si se compara con la neerlandesa, por ejemplo, que se sitúa en el 11%. Pero con una condicionalidad reforzada, no va a quedar más remedio que agilizar los procesos de reforma. Con el parlamento tan fragmentado con el que contamos en la actualidad, las iniciativas legislativas van a suponer un auténtico reto, situación que mejoraría notablemente si fuéramos capaces de lograr un gran pacto para la recuperación en el que las grandes mayorías políticas pudieran asegurar, tanto en el Parlamento Nacional como en las Comunidades Autónomas, el nivel de acuerdo suficiente para ejecutar este gran programa de transformación económica y social.

Conclusiones

No es sólo dinero

El acuerdo alcanzado en materia de financiación y la ratificación de la estrategia europea de recuperación y crecimiento no supone únicamente la puesta a disposición de una ingente cantidad de fondos europeos, sino sobre todo la oportunidad para producir un cambio sustantivo en nuestra economía. La alineación de los fondos con las estrategias de Crecimiento Verde y digitalización, así como con los mecanismos de gobernanza de la UE, señalan el camino por el que España debe transitar para obtener el máximo beneficio de los medios con los que va a contar.

Hacerlo adecuadamente requerirá de cambios: desde los propios mecanismos de planificación e instrumentación de la financiación, hasta la determinación de las reformas económicas que deben acompañar el programa de inversiones. Este reto requerirá de una nueva aproximación tanto desde las Administraciones Públicas, como desde los actores políticos que deben dar cobertura a la nueva realidad. De no realizar los cambios necesarios, corremos el riesgo de no aprovechar el impacto de este esfuerzo presupuestario, lo cual dañaría gravemente nuestra credibilidad y agotaría el impulso reformista que parece abrirse con esta ventana de oportunidad.

José Moisés Martín Carretero
Economista por la Universidad Autónoma de Madrid, director de Red2Red consultores, profesor de Economía en la Universidad Camilo José Cela y miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital | @jmoisesmartin


1 Las opiniones vertidas en este ARI son estrictamente personales.

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<![CDATA[ ¿Actor regional o global? El perfil internacional de la UE ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-actor-regional-o-global-perfil-internacional-de-la-ue 2020-07-22T12:01:44Z

Haciendo uso del Índice Elcano de Presencia Global, este policy paper describe el perfil internacional de la UE. Se observa hasta qué punto los contenidos de la estrategia global de la UE están alineados con el volumen, naturaleza y distribución geográfica de la proyección exterior de la Unión.

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Versión original en inglés: Regional or global player? The EU’s international profile.

Contenidos

Resumen – 7

Introducción – 7

  1. Presencia, no poder – 11
  2. No sólo presencia blanda – 15
  3. Hacia la tecnología y la seguridad – 19
  4. La diversidad de la UE – 23
  5. Un Atlántico más cercano – 27
  6. Nuestros vecinos – 33
  7. Ampliación – 35
  8. América Latina: el espacio atlántico amplio – 37
  9. Conexión con Asia – 39
  10. Conclusiones – 41

Anexo metodológico – 43

Referencias – 47

Resumen

La nueva “Comisión geopolítica” tiene la labor de repensar el rol internacional de la UE, así como su papel global. Esta reflexión debe construirse, necesariamente, sobre la base de la actual estrategia global de la UE, publicada en 2016, que insiste en la necesidad de incrementar sus capacidades militares y de centrarse en su vecindad próxima y extendida.

Haciendo uso del Índice Elcano de Presencia Global, este policy paper describe el perfil internacional de la UE. Se observa hasta qué punto los contenidos de la estrategia global de la UE están alineados con el volumen, naturaleza y distribución geográfica de la proyección exterior de la Unión.

Tal y como se afirma en la estrategia global, hay una brecha considerable entre la presencia de la UE y su influencia internacional. En esta misma línea, y a diferencia de otros grandes actores globales, su perfil blando destaca frente a unas comparativamente débiles capacidades militares. Sin embargo, y a pesar de lo que asevera el documento estratégico, la proyección exterior de la UE está fuertemente concentrada en algunas facetas específicas de las relaciones internacionales y Estados miembros. Esto también se vincula a su asignación geográfica, con una importancia decreciente de la vecindad próxima y extendida (incluidos los países candidatos) con respecto a Europa Occidental no comunitaria, América del Norte y, en menor medida, América Latina. Por otra parte, las consecuencias exactas del Brexit y de la actual pandemia del COVID-19 en la presencia global de la UE son aún inciertas.

Introducción1

La UE renovó su documento estratégico para la política exterior y de seguridad en 2016. La literatura académica ha analizado la actual estrategia (Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte. Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea – a partir de ahora EGUE) (CE, 2016) desde distintas perspectivas. Dichos análisis resultan particularmente útiles dado que la Comisión geopolítica tiene la misión de reevaluar la política exterior de la Unión y su papel estratégico (Biscop, 2019).

Algunos autores se han centrado en la relevancia y puesta en práctica de sus principios clave como, por ejemplo, la resiliencia (Wagner y Anholt, 2016; Tocci, 2019), politización (Barbé y Morillas, 2019) y diferenciación, co-apropiación y flexibilidad de la UE en relación a sus vecinos del Este (Rodríguez Prieto, 2018). Aunque, según distintos trabajos, la estrategia es una guía realista para la política exterior y de seguridad de la UE en el corto plazo (Davis Cross, 2016; Grevi, 2016; Juncos, 2017; Smith, 2017), también se ve seriamente cuestionada por el reto que supone el proceso del Brexit (Biscop, 2016; Sidiropoulos, 2016; Smith, 2017) y la pandemia global del COVID-19. También se ha cuestionado hasta qué punto este documento reconoce el actual orden transicional (Howorth, 2016; Newman, 2018).

Desde una perspectiva geográfica, la estrategia se centra en las fronteras de la UE y su vecindad extendida, adoptando una aproximación más regional que global (Dijkstra, 2016; Grevi, 2016; Juncos, 2017; Winn, 2019).2 En este sentido, países vecinos como los que se incluyen en el Instrumento Europeo de Vecindad (Johansson-Nogués, 2018), la región del Norte de África y Oriente Medio (Harders et al., 2017) y Rusia (Korosteleva, 2019) se describen ahora como una fuente de retos, lo que también se refleja en la aproximación del documento a algunas políticas como la migratoria (Ceccorulli y Lucarelli, 2017) o la de seguridad (Legrand, 2016).

Este policy paper tiene la finalidad de contribuir a este debate mediante el análisis de la EGUE –tanto sus afirmaciones sobre la naturaleza de la proyección exterior de la UE como sus objetivos para la acción exterior– desde la perspectiva del Índice Elcano de Presencia Global. En primer lugar, se detalla la brecha entre la presencia global de la UE y su poder internacional. En segundo lugar, analizamos la naturaleza de su presencia (blanda, dura, tecnológica…). En tercer lugar, nos centramos en la construcción interna de la proyección de la Unión para, en último lugar, analizar su composición geográfica por destinos.

En lo que se refiere a la construcción interna de la presencia global de la UE, la Unión se define aquí incluyendo al Reino Unido, que es el modo en que está considerada en la EGUE y teniendo en cuenta que, aunque el Brexit ha sido ya aprobado, el período de transición continuará aún, al menos, hasta finales de 2020. Además, como se detalla más abajo, el impacto preciso del Brexit en la proyección exterior de la Unión es aún incierto.

La finalidad del Índice Elcano de Presencia Global es la de reflejar el volumen y la naturaleza de la proyección de países o grupos de países fuera de sus fronteras y sobre la base de tres dimensiones –económica, militar y blanda– que a su vez se componen de 16 variables –desde los bienes primarios hasta las capacidades militares o la cooperación al desarrollo–. El objetivo del Índice es doble. Por una parte, pretende contribuir al debate sobre la conceptualización y medición del proceso de globalización. Por otra, permite analizar la política exterior de los países incluidos en el cálculo, por ejemplo, comparando esfuerzos y medios con el nivel efectivo de presencia internacional, definiendo los perfiles de presencia por sectores o valorando la relación entre presencia e influencia. Por tanto, su segundo objetivo es el de proveer de una herramienta para el diseño de la política exterior (Figura 1).

Figura 1. Índice Elcano de Presencia Global
Figura 1. Índice Elcano de Presencia Global
Fuente: Real Instituto Elcano, Índice Elcano de Presencia Global.

Desde su primera publicación en 2011 (Olivié et al., 2011), el Índice ha ido sumando países a su cálculo de proyección exterior (hasta los 120 que incluye actualmente). En la edición de 2012 se incluyó el cálculo de la presencia de la UE en el resto del mundo. La construcción de la presencia global de la UE se calcula agregando la de todos sus Estados miembros y restando los intercambios intra-europeos.3 Esto permite calibrar a la UE como actor global, a la vez que permite observar las distintas contribuciones de los 28 Estados miembros en distintas dimensiones (esto es, la económica, militar y blanda) y variables (desde el despliegue de tropas hasta la ayuda internacional) (Olivié y Gracia, 2018b).

Aunque estos datos y análisis han resultado útiles para comprender distintos aspectos del papel internacional de la UE, no resuelven las dudas acerca de algunos aspectos relevantes que, además, son tratados en la EGUE. Éstos se refieren a la distribución geográfica de la presencia global de la UE tales como, por ejemplo, la magnitud de sus vínculos trasatlánticos, o con su vecindad próxima y ampliada (que es, como se menciona arriba, uno de los conceptos geográficos clave de la EGUE). Resolver estas dudas plantea un reto metodológico importante puesto que exige re-conceptualizar ciertos indicadores para poder desagregarlos geográficamente (como la capacidad militar o la ciencia) y complementar la base de datos del Índice con fuentes oficiales adicionales y/o fuentes de datos europeas.4 El resultado, sin embargo, ofrece una base adecuada para el análisis del patrón geográfico de las relaciones externas que se dibuja en la EGUE.

Iliana Olivié
Investigadora principal y coordinadora del Proyecto Índice Elcano de Presencia Global
| @iolivie

Manuel Gracia
Investigador del proyecto Índice Elcano de Presencia Global
| @mgraciasn


1 Los autores agradecen a Davide Rognini su inestimable labor de ayuda de investigación.

2 Sobre esto, M.E. Smith (2016) argumenta que, muy al contrario, la aproximación geográfica de la EGUE sigue siendo excesivamente amplia y no se concentra suficientemente en la vecindad europea.

3 Para más detalles sobre esta metodología, véase Olivié, Gracia, Sidiropoulos y Gruzd (2018).

4 Se llevó a cabo una desagregación similar para el caso piloto de un Estado miembro, España. Los detalles de la metodología y los resultados están disponibles en Olivié, Gracia y Gomariz (2017).

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<![CDATA[ Las provincias españolas ganadoras y perdedoras de capital humano: análisis de los balances migratorios internos e internacionales por nivel educativo ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari97-2020-gonzalez-provincias-espanolas-ganadoras-y-perdedoras-de-capital-humano 2020-07-21T02:06:30Z

A raíz de la crisis de 2008 España empieza a prestar atención a la salida de jóvenes cualificados hacia el exterior. Sin embargo, se trata de un fenómeno minoritario en comparación con las migraciones internas.

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Tema

A raíz de la crisis de 2008 España empieza a prestar atención a la salida de jóvenes cualificados hacia el exterior. Sin embargo, se trata de un fenómeno minoritario en comparación con las migraciones internas, cuyo análisis por nivel educativo muestra procesos importantes de descapitalización educativa en los territorios despoblados del interior de España y dinámicas de acumulación en las provincias donde se localizan las ciudades españolas más importantes.

Resumen

Los estudios comparativos internacionales muestran que la población española tiene una baja tendencia a la migración. No obstante, las cifras agregadas de movilidad esconden una heterogeneidad geográfica compleja, pues la intensidad migratoria difiere según el territorio y el nivel educativo de los individuos. Los balances interprovinciales de población española poco cualificada son relativamente equilibrados, exceptuando las lógicas espaciales de desconcentración, pero la dinámica migratoria de los jóvenes con educación universitaria genera procesos importantes de descapitalización en las provincias despobladas y acumulación en los territorios con mayores densidades demográficas. A pesar de la importancia que se ha dado a la emigración de españoles hacia el extranjero durante los últimos años, se trata de un fenómeno poco significativo si se compara con las migraciones internas. La inmigración extranjera ha contribuido a acrecentar los procesos de concentración, pues los foráneos que llegaron a las provincias despobladas presentan un nivel educativo medio o bajo, mientras que los más cualificados se concentraron en las mismas áreas receptoras del talento local.

Análisis1

Durante los primeros años del siglo XXI, España fue uno de los países que recibió más inmigración,2 pero los flujos de entrada desde el exterior se redujeron a partir de la crisis económica,3 mientras que aumentaba la emigración de españoles hacia otros países.4 Aunque han pasado más desapercibidas, las migraciones internas de la población española también han estado aumentando, principalmente por la fuga del talento local desde las regiones despobladas hacia las áreas metropolitanas españolas más pujantes.5

Los estudios comparativos muestran que la población española presenta una baja movilidad geográfica, tanto en el caso de las migraciones internas6 como en los desplazamientos internacionales.7 No obstante, si se tienen en cuenta el territorio y el nivel educativo de la población, los niveles de movilidad no son tan bajos para ciertos colectivos de personas naturales de determinadas regiones, como sucede en la emigración de titulados universitarios desde Castilla y León hacia Madrid.8 Puesto que el territorio y el nivel de estudios se identifican como variables muy influyentes, se analizan aquí los balances migratorios de las provincias españolas por movilidad interprovincial de la población nacida en España y en el extranjero, emigración de españoles hacia el exterior e inmigración internacional de población alóctona según el logro educativo, diferenciando entre titulados universitarios y personas sin formación universitaria.

Para el análisis se emplean los microdatos de dos fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE): el Censo de 2011, el último disponible, y el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) de este mismo año, seleccionando a la población de 25 a 34 años, el rango de edad que presenta una mayor movilidad. Se emplearán tres indicadores: índice de emigración, índice de atracción e índice de atracción neta. El índice de emigración es la relación entre el número de emigrantes nacidos en una provincia y la población total oriunda en esa provincia. 9 El índice de atracción es la ratio entre las personas llegadas de otros territorios y la población nacida en la provincia que aún reside en ella, excluyendo por tanto a los emigrantes autóctonos del denominador. El índice de atracción neta tiene el mismo denominador que el índice de atracción, pero el numerador es la diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes, es decir, el saldo migratorio.

Los tres indicadores se expresarán en tantos por 100. El primero muestra el porcentaje de emigrantes respecto a la población de origen y los otros dos son ratios de atracción y atracción neta en relación con la población autóctona que reside en la provincia de nacimiento.

El índice de atracción neta tiene el mismo denominador que el índice de atracción, pero el numerador es la diferencia entre los inmigrantes y los emigrantes, es decir, el saldo migratorio.

El índice de atracción neta

Migraciones interprovinciales, emigración de españoles hacia el exterior e inmigración extranjera

Al analizar la dinámica migratorios de los jóvenes de entre 25 y 34 años nacidos en España, 32 de las 50 provincias españolas registraron un balance migratorio negativo según el stock poblacional del año 2011 (Tabla 1). Guadalajara y Toledo fueron los territorios que presentaron los saldos más favorables, con un índice de atracción neta de 96 y 39 individuos por cada 100 autóctonos residentes, respectivamente. En ambos casos se debe al proceso de desconcentración de Madrid hacia el norte de la región manchega, que expulsa población por el elevado coste de vida en la ciudad central, principalmente por el precio de la vivienda. Girona, Tarragona, Castellón, Alicante, Baleares, el archipiélago canario, Madrid, Almería y Málaga también tuvieron ganancias netas significativas. La pérdida de jóvenes nacionales alcanzó una entidad muy importante en las provincias castellanas y leonesas de Zamora, Salamanca, Palencia, León, Soria y Ávila, otras del norte de España y del interior peninsular, con índices de atracción neta negativos de entre -32 y -16/100 residentes autóctonos. Al comparar los balances migratorios de los jóvenes españoles por movilidad interprovincial y la emigración de estos hacia el exterior, los datos reflejan que el segundo fenómeno tiene una entidad mucho menor. En 2011, había 42.000 nativos de 25 a 34 años en otros países, frente a los 914.000 que residían en una provincia diferente a la de nacimiento dentro del territorio español. No obstante, hay que considerar que el sub-registro del PERE alcanza una entidad considerable.10

Al incluir el stock de población nacida en el extranjero y residente en España, sólo 11 provincias tuvieron un saldo negativo y las pérdidas se redujeron considerablemente en todas ellas. Sin embargo, el déficit migratorio continuó siendo palpable en Zamora, Salamanca, Jaén y Palencia. De igual modo que sucedía respecto a la población española, el asentamiento de inmigración extranjeros en los territorios septentrionales de Castilla-La Mancha fue muy importante. También en Madrid, la Comunidad Valenciana, Cataluña y los archipiélagos. En las provincias con una dinámica poblacional recesiva ayudó a paliar la salida de efectivos nacionales, pero la afluencia fue mucho más reducida (véase el Anexo).

Los balances migratorios de las provincias españolas según el nivel de instrucción: descapitalización educativa en las regiones despobladas

Al analizar los balances migratorios de los jóvenes por nivel educativo, se observa que la movilidad del capital humano más cualificado tiene una lógica diferente a la de aquellos con un logro educativo inferior. En adelante, se excluye del análisis la emigración de españoles hacia el exterior, por la escasa entidad del stock y por la ausencia de cifras sobre el volumen de universitarios entre ellos. Es necesario remarcar que la mayor parte de los nativos residentes en el exterior tienen el máximo nivel formativo que recoge el PERE –bachillerato o superior–, aunque este flujo de salida ha quedado más que compensado con la inmigración extranjera, tanto para la población en general como para los individuos con un nivel educativo elevado.

En cuanto a la movilidad interprovincial de los jóvenes nacidos en España (Figura 1), destaca que la emigración es mucho más intensa entre los titulados universitarios oriundos del interior y del norte de España. En las provincias de Castilla y León, como media, 35 de cada 100 jóvenes autóctonos y con titulación universitaria habían emigrado hacia otras partes de España, de igual modo que en Ourense, Cáceres, Cuenca, Huesca, Teruel y Jaén. En Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora la proporción fue superior al 45%. Los territorios circundantes a Madrid y Barcelona muestran intensidades de atracción altas hacia los jóvenes sin estudios universitarios, principalmente por la expulsión de individuos pertenecientes a estratos socioeducativos bajos desde las dos ciudades globales españolas y sus áreas metropolitanas. Estas provincias limítrofes también captan titulados universitarios desde las dos grandes ciudades, aunque en menor medida. El índice de atracción neta para los no universitarios fue muy elevado en las provincias septentrionales de Castilla-La Mancha, 110 jóvenes por cada 100 autóctonos residentes, debido a la dinámica centrífuga de Madrid que, como se ha dicho, se debe, entre otras razones, al elevado coste de la vivienda. También en Girona y Tarragona se produce un fenómeno similar en relación con Barcelona, aunque tiene una entidad mucho menor. En el resto del territorio, las pérdidas o ganancias de no universitarios no fueron muy significativas y las salidas quedaron prácticamente compensadas con las entradas.

El balance migratorio de la población con estudios universitarios, sin embargo, fue mucho más desigual. Todas las provincias de Castilla y León registraron saldos negativos importantes, especialmente intensos en Zamora, Salamanca, Ávila, Soria, Palencia y León. A pesar de que Valladolid, Salamanca y Segovia recibieron titulados universitarios de otras partes de la región, las salidas fueron mucho más cuantiosas. Otras provincias de la mitad sur, el norte y el interior nororiental también se vieron afectadas por la pérdida de titulados universitarios. Madrid y Baleares, junto con Guadalajara, en este caso por desconcentración, registraron los índices netos de captación más altos. Barcelona, en comparación, no atrajo muchos jóvenes con estudios universitarios procedentes del resto de España, aunque fue la provincia que menos autóctonos con estas mismas características envió hacia otras partes del país.

Figura 1. Índices de emigración, atracción y atracción neta interprovincial para la población autóctona de 25 a 34 años (+ valores absolutos de emigrantes, inmigrantes y el balance de ambos colectivos), por nivel educativo, 2011
Figura 1. Índices de emigración, atracción y atracción neta interprovincial para la población autóctona de 25 a 34 años (+ valores absolutos de emigrantes, inmigrantes y el balance de ambos colectivos), por nivel educativo, 2011
Fuente: elaboración propia a partir del Censos de 2011(INE).

La Figura 2 representa la dinámica migratoria de los jóvenes nacidos en el extranjero y residentes en el territorio español. El asentamiento territorial de la población extranjera se ha dado, principalmente, por inmigración directa desde el exterior de personas sin estudios universitarios, canalizado hacia el litoral mediterráneo, Madrid y sus provincias limítrofes, los archipiélagos y la mitad nororiental de la península, con índices de atracción superiores al 25/100. La llegada de inmigrantes con titulación universitaria desde el extranjero ha sido más importante en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Baleares, Las Palmas, Málaga, Girona y Tarragona. En el caso de los archipiélagos y el sur de España, el efecto denominador, por un menor nivel de instrucción de la población local, hace que los índices sean más elevados. En Madrid sucede lo contrario, pues el logro educativo de los jóvenes locales es el más alto de todo el Estado. En números absolutos, Barcelona y Madrid captaron el mayor contingente de foráneos universitarios, en torno a 60.000 en ambos casos, aunque la atracción relativa de Barcelona fue más elevada, 25 extranjeros con titulación universitarias por cada 100 residentes autóctonos de este mismo estrato educativo, frente a los 20 de Madrid.

Respecto a la movilidad entre provincias de la población extranjera, la mayor ganancia de alóctonos sin estudios universitarios se dio en las provincias limítrofes con Madrid y Barcelona y responde a la lógica de expulsión desde los lugares centrales, donde el coste de vida es elevado, hacia territorios periféricos más económicos. Las dos provincias globales actúan, en un primer momento, como puerta de entrada para los inmigrantes llegados directamente desde el exterior y, posteriormente, algunos de ellos se mueven hacia territorios colindantes. La captación de extranjeros con titulación universitaria desde otras provincias apenas tiene peso en la dinámica migratoria. Los foráneos sin estudios universitarios presentan una mayor movilidad interprovincial respecto a los autóctonos del mismo estrato educativo. Sin embargo, los inmigrantes extranjeros con titulación universitaria presentan patrones migratorios internos semejantes a los de la población española más cualificada. Por tanto, una buena parte del escaso contingente de foráneos con educación universitaria que arribó a las provincias secularmente expulsoras, se ha marchado hacia otras partes de España siguiendo las pautas migratorias de la población local. También algunos de los que llegaron a España a edades tempranas y se han educado en esos territorios. El grueso de los extranjeros más cualificados llegó directamente desde el exterior a las provincias más pujantes y no se ha redistribuido por el territorio español.

Figura 2. Índices de atracción exterior, atracción interna y emigración interna para la población alóctona entre 25 y 34 años (+ valores absolutos de emigrantes, inmigrantes y el balance de ambos colectivos), por nivel educativo, 2011
Figura 2. Índices de atracción exterior, atracción interna y emigración interna para la población alóctona entre 25 y 34 años (+ valores absolutos de emigrantes, inmigrantes y el balance de ambos colectivos), por nivel educativo, 2011
Fuente: elaboración propia a partir del Censos de 2011(INE).

En la Figura 3 se representa el índice de atracción neta total para la población nacida en España y en el extranjero de manera conjunta. El balance total de personas sin estudios universitarios muestra ganancias netas en casi todo el Estado, salvo en Zamora, Córdoba y Jaén, donde el saldo negativo fue poco significativo. Madrid y las provincias que la rodean, la mitad nororiental de la península, el litoral mediterráneo y los archipiélagos fueron los sectores más beneficiados, con un índice de atracción neta superior al 30/100 de residentes autóctonos. La inmigración exterior que llegó a España durante la etapa expansiva de la inmigración extranjera estaba compuesta mayoritariamente por personas sin estudios universitarios y ha sido el tipo de movilidad dominante en la dinámica migratoria de este estrato educativo, pues los saldos interprovinciales de españoles no universitarios no denotan pérdidas o ganancias netas significativas, a excepción de los procesos de desconcentración referidos.

En cuanto al balance total de jóvenes con estudios universitarios, el índice neto de captación es positivo en Madrid, Barcelona y sus provincias circundantes, con índices de atracción neta superiores al 30/100. También en la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, Málaga y Almería. El noroeste peninsular, Extremadura, Aragón y la mitad sur de Castilla-La Mancha registraron un saldo negativo de titulados universitarios bastante importante. El índice de captación neta de Castilla y León esboza un déficit migratorio muy destacado de jóvenes con estudios universitarios en casi todo el territorio. Dicho indicador alcanza un valor negativo de -76 en Soria, -60 en Zamora y -51/100 en Ávila. Las migraciones internas de los titulados universitarios autóctonos constituyen el factor dominante en la distribución territorial del capital humano altamente cualificado. También, aunque en menor medida, la llegada directa de expats desde el exterior hacia las provincias más dinámicas.

Figura 3. Índice de captación neta total (autóctonos + alóctonos) para la población de 25 a 34 años (+ balance absoluto de nativos y foráneos por migración), por nivel educativo, 2011
Figura 3. Índice de captación neta total (autóctonos + alóctonos) para la población de 25 a 34 años (+ balance absoluto de nativos y foráneos por migración), por nivel educativo, 2011
Fuente: elaboración propia a partir del Censos de 2011(INE).

Conclusiones

La movilidad del capital humano como reflejo de los desequilibrios territoriales

A pesar de la importancia que se ha dado a la emigración de españoles hacia el extranjero, el 95% de los jóvenes nacionales que abandonaron su provincia de nacimiento antes de 2011 se marcharon a otros territorios dentro de España, y tan sólo un 5% salió al exterior. En un contexto global, España es un Estado de baja movilidad interna, Sin embargo, si se tienen en cuenta las diferencias territoriales, se observan pérdidas y ganancias de jóvenes autóctonos por migración nada desdeñables en algunas provincias. En líneas generales, la inmigración exterior supuso una revitalización demográfica para el conjunto del país, aunque su llegada y redistribución en el territorio fueron muy desiguales. En las provincias con una dinámica poblacional recesiva ayudó a paliar la salida de efectivos nacionales, pero, al mismo tiempo, contribuyó a alimentar los procesos de acumulación en las principales áreas receptoras de población española.

Al introducir el nivel educativo en el análisis, los balances migratorios son aún más desequilibrados. Se observan intensos procesos de descapitalización educativa en las provincias despobladas del interior de España, siendo el territorio castellano y leonés el que sale peor parado. También se han detectado dinámicas de acumulación del capital humano cualificado en las provincias donde se localizan las ciudades españolas más dinámicas. Aunque el aporte de población extranjera ha paliado la pérdida de nativos por emigración interna en la mayor parte de los territorios secularmente emisores, no ha compensado la salida del capital humano altamente cualificado hacia las áreas económicamente más pujantes. Los flujos exteriores que llegaron a las provincias despobladas estaban compuestos por individuos con un nivel educativo inferior al de la población local residente y mucho más bajo que el de los migrantes internos españoles, mientras que los foráneos más instruidos se asentaron directamente desde el exterior en los territorios más dinámicos.

La movilidad del capital humano en España se configura por dos corrientes migratorias dominantes: la inmigración de extranjeros sin titulación universitaria directamente desde el exterior para el mercado de trabajo de baja cualificación; y las migraciones internas de la población española con un nivel de instrucción elevado para el tejido productivo que requiere personal cualificado. A estos dos tipos se añaden la llegada de expats hacia las ciudades globales españolas, y los procesos de expulsión que tienen lugar en estos mismos territorios por el elevado coste de vida, que afectan tanto a la población nacional como extranjera de estratos socioeducativos bajos, y que se canalizan principalmente hacia las provincias limítrofes.

Miguel González-Leonardo
Investigador pre-doctoral en el Centre d’Estudis Demogràfics (CED) y doctorando en el CED y el Departamento de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona | @MiguelGLeonardo

Anexo

Figura 4. Stocks de emigrantes e inmigrantes, balances migratorios e índices de emigración, atracción y atracción neta de las provincias españolas para la población de 25 a 34 años, por lugar de nacimiento y tipo de movilidad, 2011
Figura 4. Stocks de emigrantes e inmigrantes, balances migratorios e índices de emigración, atracción y atracción neta de las provincias españolas para la población de 25 a 34 años, por lugar de nacimiento y tipo de movilidad, 2011
Fuente: elaboración propia a partir del Censos de 2011 y el PERE (INE).

1 Para profundizar más en este tema véase M. González-Leonardo (2020, en prensa), “Migraciones internas, inmigración exterior y emigración de españoles hacia el extranjero: un balance por nivel educativo ¿Es España un país de baja movilidad?”, Documents d’Anàlisi Geogràfica; y M. González-Leonardo, J. Recaño y A. López-Gay (2020), “Selectividad migratoria y acumulación regional del capital humano cualificado en España”, Investigaciones Regionales, nº 47, pp. 113-133.

2 J. Arango (2015), “España: una experiencia inmigratoria singular”, en C. Torres (ed.), España 2015. Situación social, CIS, Madrid, pp. 268-275.

3 V. Prieto-Rosas, J. Recaño y D.C. Quintero-Lesmes (2018), “Migration responses of immigrants in Spain during the Great Recession”, Demographic Research, vol. 38, nº 61, pp. 1885-1932.

4 A. González-Ferrer (2013), “La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no”, Zoom Político, nº 18.

6 M. Bell, E. Charles-Edwards, P. Ueffing, J. Stillwell, M. Kupiszewski y D. Kupiszewska (2015), “Internal migration and development: comparing migration intensities around the world”, Population and Development Review, vol. 41, nº 1, pp. 33-58.

7 C. González-Enríquez, y J.P. Martínez-Romera (2017), “La emigración española cualificada tras la crisis. Una comparación con la italiana, griega y portuguesa”, Migraciones, nº 43, pp. 117-145.

8 M. González-Leonardo, y A. López-Gay (2019b), “Emigración y fuga de talento en Castilla y León”, Boletín de la Asociación Española de Geografía, vol. 80, nº 2612, pp. 1-31.

9 En el caso de los nacidos en el extranjero, el índice de emigración se calculará para las migraciones internas, usando la provincia de residencia anterior para estimar la proporción de extranjeros que vive en una provincia diferente a la de recepción directamente desde el exterior.

10 J.M. Romero-Valiente y A.L. Hidalgo-Capitán (2014), “El subregistro consular: magnitudes y efectos en las estadísticas de emigración española”, OBETS. Revista de Ciencias Sociales, nº 9, pp. 377-407.

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<![CDATA[ La presencia de España en la prensa internacional durante 2019 ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt15-2020-gonzalez-martinez-sanchez-presencia-de-espana-en-prensa-internacional-2019 2020-07-20T11:13:09Z

La atención dedicada a España por la prensa internacional a lo largo de 2019 se mantiene en cifras semejantes a las de los años anteriores, lo que supone, en comparación con los demás países europeos, una presencia en los medios equivalente al peso económico y demográfico español.

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Índice

Resumen – 2
Introducción – 3
(1) Las cifras de la presencia de España en la prensa mundial – 4
(1.1) La presencia de España por dimensiones y temas – 7
(2) Los asuntos más destacados sobre España en la prensa mundial – 14
(2.1) Elecciones generales y gobernabilidad de España –14
(2.2) Cambio climático y la COP25 – 16
(3) España en la prensa líder de referencia internacional – 18
(4) Conclusiones – 30

Resumen

La atención dedicada a España por la prensa internacional a lo largo de 2019 se mantiene en cifras semejantes a las de los años anteriores, lo que supone, en comparación con los demás países europeos, una presencia en los medios equivalente al peso económico y demográfico español. España continúa generando titulares destacados en la prensa mundial y en la prensa de referencia europea y latinoamericana, que a su vez genera tendencia informativa en sus respectivas zonas de influencia.

Durante 2019 el principal foco de interés de los periódicos extranjeros estuvo puesto en la política nacional española, las elecciones y los repetidos intentos de formar gobierno, mientras que a lo largo de los dos últimos meses del año la presencia internacional de España en la prensa se vio reforzada por la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Madrid.

Introducción

Cuando se trata de acceder a noticias internacionales e información global, pocas bases de datos son tan eficaces como Factiva,1 de Dow Jones. Para los fines de este trabajo, hemos utilizado la base de datos de Factiva.com que, a pesar de sus limitaciones, especialmente de las fuentes disponibles para el tipo de suscripción que suelen hacer las instituciones académicas o científicas, constituye una base de información completa que ofrece acceso a cientos de miles de contenidos de prensa con un importante archivo histórico.

El objeto de este estudio es analizar la presencia de España en la prensa escrita mundial, tanto en formato de papel como en digital, a partir del universo formado por la prensa indexada en Factiva. El análisis abarca todos los artículos de periódicos de 200 países publicados en 24 idiomas desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Los datos se descargaron el 20 de febrero de 2020 (sometiéndose a una posterior revisión el 12 de mayo), incluyéndose todas las noticias sobre España y lo español a excepción de las noticias de agenda, previsiones de agencias, horóscopos, informes rutinarios de tráfico y meteorológicos, noticias que incluyen sólo titulares y, en general, elementos publicitarios o con escaso nivel informativo.

Las comparaciones entre diferentes datos anuales para observar su evolución se realizan a partir de la descarga de los datos anuales de Factiva en el presente, puesto que la base de datos de Dow Jones genera diferencias de hasta un 15% en términos absolutos de un año para otro utilizando la misma ecuación de búsqueda.2 Por ello, dichas comparaciones con otros años no se realizan con los datos publicados en estudios anteriores, sino con datos descargados el 20 de febrero de 2020.

La presente investigación pertenece a una serie de estudios realizados anualmente en el marco del Observatorio de la Imagen de España del Real Instituto Elcano, sobre la naturaleza de las noticias sobre España y lo español en el mundo. Las preguntas que busca responder son: ¿de qué se habla cuando se habla de España? y ¿qué es lo que interesa y sobre qué se escribe en relación con España?

La pregunta es relevante porque las agendas informativas que se generan en los medios y que tienen más o menos difusión en los diferentes mercados de información de todo el mundo gracias a la influencia de la prensa de referencia, son el principal instrumento de transformación de la imagen internacional de los países y pueden fijar imágenes a medio y largo plazo.

El informe consta de tres partes. En la primera se exponen las magnitudes globales a partir de un análisis cuantitativo de las informaciones publicadas en el extranjero acerca de España y lo español, en la segunda se profundiza en dos de los principales asuntos tratados sobre España, y en la tercera se exponen ejemplos de lo publicado por la prensa considerada de referencia internacional.

Carmen González Enríquez
Directora del Observatorio de la Imagen de España, Real Instituto Elcano

José Pablo Martínez Romera
Observatorio de la Imagen de España
| @jpmromera

Juan Antonio Sánchez Giménez
Servicio de Información y Documentación, Real Instituto Elcano
| @Elcano_Juan


1 Dow Jones (2020), Factiva Global News Database.

2 Rajiv Johal (2009), “Factiva: gateway to business information”, Journal of Business & Finance Librarianship, vol. 15, nº 1, pp. 60-64, DOI: 10.1080/08963560903372879.

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<![CDATA[ ¿Ha sido un fracaso la gestión española del COVID-19? Errores, lecciones y recomendaciones ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt14-2020-otero-molina-martinez-ha-sido-un-fracaso-gestion-espanola-del-covid-19 2020-07-17T12:33:24Z

España ha sido uno de los países del mundo que ha registrado un mayor impacto del COVID-19. Teniendo en cuenta la información ya disponible, pueden plantearse algunas hipótesis sobre los motivos por los que la propagación ha sido tan severa en nuestro país.

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Versión en inglés: Has Spain’s management of COVID-19 been a failure? Errors, lessons and recommendations.

Resumen1

España ha sido uno de los países del mundo que ha registrado un mayor impacto del COVID-19, tanto en número de contagios como de muertes, durante la primera mitad de 2020. El limitado conocimiento sobre la naturaleza del virus, la falta de una contabilidad homogénea y veraz en los diferentes países, y los distintos ritmos de evolución de la enfermedad dificultan la comparación y no permiten establecer certezas. Aun con estas cautelas, pero teniendo en cuenta la información ya disponible, pueden plantearse algunas hipótesis sobre los motivos por los que la propagación ha sido tan severa en España.

Los posibles factores explicativos, que son múltiples y complejos, apuntan a la geografía humana (alta densidad de población e intensidad de las conexiones exteriores y de la movilidad interna, sobre todo por lo que respecta a Madrid y Barcelona), a la demografía (envejecimiento) y a hábitos culturales (sociabilidad o convivencia intergeneracional), pero también a fallos del sistema de salud pública. Entre estos destacan la falta de preparación y experiencia ante pandemias en la atención primaria, las carencias hospitalarias, la mala praxis en muchas residencias de mayores, la mejorable coordinación entre administraciones y los retrasos en la adopción de medidas de distanciamiento.

Este análisis también incluye importantes aspectos positivos de la respuesta española (resiliencia social, aplicación comparativamente estricta de las medidas de distanciamiento una vez decretada, y buen desempeño del sistema sanitario fuera de las dos grandes ciudades), que acabó demostrando su efectividad para aplanar la curva de contagios en la segunda mitad de la primavera. Las conclusiones provisionales pretenden ayudar a gestionar la desescalada y prepararse para posibles segundos brotes de coronavirus o infecciones diferentes en el futuro

Índice

Resumen – 2
(1) ¿Cuántos casos, cuántas muertes? – 3
(2) Los factores clave – 5
(3) Debilidades y fortalezas de la respuesta española – 10
(4) Qué hacer a partir de ahora – 14
Conclusiones – 16

(1) ¿Cuántos casos, cuántas muertes?

Han pasado cinco meses desde la declaración de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todavía se desconocen muchos aspectos sobre el COVID-19. Su incidencia y letalidad son tan dispares y heterogéneas en cuanto a intensidad y geografía que, por ahora, no existen respuestas concluyentes y eso dificulta cualquier intento riguroso de analizar la gestión realizada por los diferentes países. Sin embargo, aunque haya tantos interrogantes abiertos sobre la naturaleza y evolución de la pandemia y sean evidentes los problemas en la contabilización comparativa de los contagios, que enseguida se comentan, ya se tienen suficientes elementos para comenzar a indagar en los posibles motivos por los que España ha sufrido tantos casos y muertes.

Según la información reportada por los propios países, España (que es el 30º país del mundo en población) se sitúa a principio de julio de 2020 en octavo lugar por número absoluto de casos, tras EEUU, Brasil, Rusia, la India, Perú, Chile y el Reino Unido.2 No obstante, teniendo en cuenta los vertiginosos desarrollos recientes del coronavirus en varios países no europeos, es muy probable que en el próximo mes descienda varias posiciones (y sea superada también por México, Pakistán, Sudáfrica, Irán, Arabia Saudí y posiblemente Bangladesh o Turquía). Si la medición de la incidencia de los casos oficialmente reconocidos se hace en términos relativos a la población, entonces España ronda al comienzo del verano el 15º lugar mundial, por detrás de varios países del Golfo Pérsico y América Latina o de EEUU, aunque siempre a la cabeza de Europa (donde sólo le superarían Luxemburgo y Suecia).

Los datos anteriores son, como se ha dicho, los oficialmente reconocidos y es imperativo tomarlos con sumo cuidado, bien por la poca transparencia demostrada en algunos países, bien por las dificultades contables objetivas que presenta una enfermedad en la que buena parte de sus contagiados presentan pocos síntomas o son asintomáticos. Además, existen enormes diferencias en la capacidad de los sistemas nacionales de salud para detectar y cuantificar los casos. Algunos (como Corea del Sur, Alemania y Dinamarca) han mostrado una mayor eficacia a la hora de identificar infectados en las fases iniciales de la epidemia, otros (como EEUU, Rusia, el Reino Unido o la misma España) han multiplicado la realización de tests a medida que se veían muy afectados, y por fin están aquellos muchos que no han podido medir ni de lejos la verdadera extensión de la pandemia. Como quiera que sea, y por muchas cautelas que se pongan en la consideración de los datos por ese desbordamiento generalizado de capacidades, no parece haber muchas dudas de que España está a la cabeza de incidencia del COVID-19 en, al menos, Europa y así lo demuestran también los primeros estudios de seroprevalencia donde, en teoría, se evitan los problemas de inframedición.3

Las dudas y falta de homogeneidad de la información oficial se producen también cuando se atiende al número de fallecimientos, un indicador que lógicamente se ha tendido a considerar como más relevante para analizar el impacto real de la enfermedad.4 Ahí, y de acuerdo siempre a los registros oficiales, España aparecía a principios de julio en séptimo lugar del mundo por número absoluto de muertes (debajo de seis países más poblados, como son EEUU, Brasil, el Reino Unido, Italia, Francia y México). Cuando la contabilización se realiza en términos relativos a la población, y una vez descontados los micro Estados, entonces quedaría sólo por detrás de Bélgica y el Reino Unido. De nuevo aquí, como pasa con el número de casos, las dificultades para recabar la información quitan fiabilidad a la comparativa internacional de letalidad. Una medición alternativa a la de los registros oficiales consiste en tomar como indicador proxy la diferencia entre los fallecimientos totales producidos y los esperados en base a las tendencias históricas en el mismo período. Esos contrastes muestran la escasa fiabilidad de la información oficial reportada en algunos países asiáticos o latinoamericanos (en ciertos casos, apenas se recoge el 15% del exceso de muertes realmente producidas). En otros, como podría ser China, el problema no es tanto de baja capacidad para gestionar los registros sino de opacidad.

En los países occidentales la veracidad de los datos es mayor. En algunos de ellos, como Bélgica y Alemania, se contabilizan incluso los casos sospechosos, por lo que sus datos oficiales y el exceso de fallecimientos con respecto a la media histórica se acercan mucho. En otros donde sólo se consideran afectados por COVID-19 las personas que han dado positivo en un test PCR o similar, como España, Italia y el Reino Unido, el número reportado de muertes por la enfermedad se queda en el entorno del 60% del aumento total de mortalidad. Así, por lo que respecta a España, en el período marzo-junio de 2020 se certificaron algo más de 28.000 muertes por coronavirus, mientras que el sistema de monitorización del Instituto de Salud Carlos III (véase Figura 1) registró un exceso de 43.000, que el Instituto Nacional de Estadística eleva hasta 48.000.

Figura 1. Diferencia en España entre defunciones esperadas y registradas, enero-junio de 2020
Figura 1. Diferencia en España entre defunciones esperadas y registradas, enero-junio de 2020
Fuente: Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (EuroMoMo), Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia e Innovación (datos extraídos el 3 de julio de 2020).

Estos intentos para controlar la infracontabilidad son todavía provisionales y variarán conforme se actualicen registros y siga evolucionando la enfermedad, sobre todo fuera de los Estados occidentales. En las mediciones actualmente disponibles ya hay varios países latinoamericanos (Perú y Ecuador) claramente por encima de España pero, si se restringe la comparación a los casos en Europa, entonces España y el Reino Unido encabezan el exceso de mortalidad real per cápita, seguidos, por este orden, de Italia, Bélgica, los Países Bajos, Suecia, Suiza y Francia.5 En suma, todos los datos disponibles apuntan a que España ha sido uno de los países de Europa, y a comienzo del verano también del mundo, con mayor incidencia. ¿Cuáles son los motivos que le llevan a situarse tan arriba en los ránkings de casos y fallecimientos por el virus?

Miguel Otero-Iglesias, Ignacio Molina y José Pablo Martínez
Real Instituto Elcano | @miotei, @_ignaciomolina y @jpmromera


1 Parte de este texto, que ahora se ha ampliado y actualizado, se publicó en las primeras secciones del documento colectivo de Charles Powell, Ignacio Molina y José Pablo Martínez (coords.), España y la crisis del coronavirus: una reflexión estratégica en contexto europeo e internacional, Real Instituto Elcano, Madrid, junio. Los autores agradecen en particular las aportaciones de Carmen González Enríquez que se reflejan en varios pasajes de este análisis.

2 En este análisis se usa como fuente de los datos oficiales los ofrecidos por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), que es una agencia de la UE.

3 Véase el trabajo comparativo, desarrollado por científicos del Imperial College de Londres, que calcula los porcentajes reales de población contagiada en una muestra de países europeos: España, con un 5,5% de población contagiada queda sólo por detrás de Bélgica (8%), y por delante del Reino Unido (5,1%), Italia (4,6%), Suecia (3,7%), Francia (3,4%) y Alemania (0,9%). El estudio oficial español de seroprevalencia, realizado a partir de una amplia muestra, arroja un resultado final del 5% de inmunidad (véase el artículo en The Lancet). Estos datos implican que se habrían infectado unos 2,5 millones de personas en España, cuando los casos oficialmente detectados rondan sólo los 300.000.

4 El dato de fallecimientos es más relevante que el de contagios no sólo por el drama humano que supone sino porque permite valorar algo mejor la gestión de la pandemia. Al fin y al cabo, una gran cantidad de infectados, cuyo tratamiento pudiera ser digerido por el sistema nacional de salud, ayudaría a alcanzar gradualmente la llamada ‘inmunidad de rebaño’. Ningún país ha asumido tal estrategia, pero, aun así, muchos casos y pocas muertes sería un indicador de eficacia sanitaria. No hay, en cambio, posibles dimensiones positivas de una mortalidad elevada.

5 Medios como el New York Times, el Financial Times y El País realizan un seguimiento comparado de qué países recogen con más o menos precisión la realidad. Para Europa, destaca la información proporcionada por la red EuroMoMo (European Mortality Monitoring) que es un sistema que trata de detectar excesos de mortalidad diaria en colaboración con los gobiernos de 24 Estados, el ECDC y la OMS.

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<![CDATA[ La construcción de la autonomía estratégica de la UE ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-steinberg-construccion-de-autonomia-estrategica-de-ue 2020-07-15T02:06:39Z

Tras la pandemia del COVID-19, el cambio de orientación de la política exterior europea se ha vuelto imprescindible.

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Una versión de este texto fue publicada el 9/7/2020 en Expansión.

La pandemia del COVID-19 ha acelerado una serie de tendencias internacionales en marcha, desde la digitalización y la desigualdad hasta la rivalidad entre China y EEUU y la crisis del multilateralismo. Aunque se abre una puerta para aumentar la cooperación en materia sanitaria (y tal vez climática), lo cierto es que el mundo camina hacia un nuevo (des)orden internacional, con un EEUU más aislacionista, una China más asertiva, una Rusia que seguirá golpeando por encima de su peso y unas instituciones económicas internacionales más débiles. Esto supone un cambio profundo en el sistema internacional, que deja a la UE, que estaba cómoda en un mundo de reglas y cooperación, descolocada.

“(…) la Unión tiene que repensar sus herramientas de política exterior para avanzar hacia una autonomía estratégica que le permita actuar de forma independiente y promover sus valores e intereses sin someterse a las presiones de EEUU o China”.

Por lo tanto, la Unión tiene que repensar sus herramientas de política exterior para avanzar hacia una autonomía estratégica que le permita actuar de forma independiente y promover sus valores e intereses sin someterse a las presiones de EEUU o China. Tiene palancas económicas, tecnológicas y políticas a su disposición, pero debe atreverse a utilizarlas de forma más asertiva, asumiendo que esto puede generar roces y conflictos con los demás.

Este cambio ya era necesario antes de la pandemia, cuando era evidente que EEUU estaba dispuesto a explotar la dependencia europea en materia de seguridad para lograr objetivos comerciales, que Rusia iba a utilizar la energía como arma geopolítica, que Turquía haría lo mismo con la inmigración o que China usaría su creciente poder económico e inversor para obtener ventajas políticas y dividir a los europeos. Una vez que las principales potencias han dejado de confiar en la cooperación y las instituciones, la UE jugará con desventaja si no cambia de estrategia y se sigue comportando como una potencia “herbívora” (y blanda) en un mundo de potencias cada vez más “carnívoras” (y duras). Aquel diagnóstico impulsó hace unos meses la retórica sobre una “Comisión Europea Geopolítica” y la necesidad de que la UE, en palabras de su alto representante Josep Borrell, comenzara a utilizar “el lenguaje del poder”.

Pero tras la pandemia, el cambio de orientación de la política exterior europea se ha vuelto imprescindible. Si no logra cambiar de estrategia, la Unión corre el riesgo de ser parte del menú internacional en vez de ser uno de los comensales.

Autonomía estratégica

La autonomía estratégica tiene varias caras, y todas ellas conducen a reducir la vulnerabilidad y la dependencia, poder actuar sin someterse a los dictados de otros y aumentar la soberanía y la capacidad de ejercer el poder en el sistema internacional. Suele vincularse a la defensa, pero va mucho más allá, porque en un mundo en el que el recurso al poder duro (militar) es cada vez menos frecuente, las capacidades económicas y tecnológicas son cada vez más relevantes. En todo caso, a nadie escapa que la Unión necesita crear ciertas capacidades en materia de seguridad y defensa, aunque también es verdad que esto es lo más difícil de conseguir dadas las diferentes “culturas estratégicas” de sus Estados miembros y la dificultad en la definición de objetivos comunes, que son necesarios mientras no se modifique la regla de la unanimidad para la política exterior y de seguridad.

En materia económica es donde la UE tiene sus mayores fortalezas. La principal es el mercado interior, con casi 450 consumidores (post Brexit), que aparece como un enorme activo sobre el que proyectar poder e influencia porque todos los países están dispuestos a dar algo para acceder a él. Pero aunque en el ámbito económico la estrategia europea esté mejor dibujada, es necesario refinar sus instrumentos, sobre todo ahora que la pandemia llevará a la redefinición del concepto de sector (y reservas) estratégico(as), revertirá parcialmente las cadenas de suministro globales, hará más difícil el mantenimiento de la competencia y del campo de juego equilibrado debido a las ayudas de Estado, acelerará la digitalización y la carrera por el control del 5G y podría derivar en un recrudecimiento de los conflictos comerciales y de divisas.

“(…) la UE tiene la difícil tarea de reposicionarse en el mundo y consolidar una posición propia, autónoma e independiente”.

En este contexto, la UE necesita acelerar la vinculación entre la política comercial y otras patas de la política exterior. Así, la política comercial ya no puede pensarse de forma aislada. Como instrumento de política económica exterior, tiene que estar íntimamente vinculada con la de defensa, la industrial y de innovación tecnológica, la de internacionalización del euro e incluso la climática. En paralelo, la UE necesita reforzar sus instrumentos económicos defensivos, desde el control (y eventual bloqueo) de inversiones extranjeras hasta la aplicación de su normativa de ayudas de Estado para empresas no europeas (en particular chinas), el arancel sobre las importaciones de bienes producidos con estándares medioambientales bajos –que es una pata esencial del Pacto Verde Europeo– o el desarrollo (y exportación) de las innovaciones de empresas tecnológicas europeas, en particular en lo relativo al 5G o las baterías eléctricas.

En los últimos años se han aprobado iniciativas en estos campos, pero es de esperar que, como consecuencia del coronavirus, habrá nuevos avances. En particular, el Fondo de Recuperación europeo, que se financiará con enormes emisiones de eurobonos, podría ser una de las palancas tanto para la internacionalización del euro, como para la creación de “campeones europeos”, en particular en el campo tecnológico, aunque estas iniciativas no deben poner en peligro el campo de juego equilibrado dentro del mercado interior. Todas estas medidas crearán animadversión y resistencias en terceros países, y supondrán una actitud menos acomodaticia y cooperativa de la UE en el panorama económico internacional (se nos percibirá como menos amables), pero son esenciales para que las grandes potencias comiencen a ver a la Unión como un bloque que realmente entiende el lenguaje del poder.

En definitiva, la UE tiene la difícil tarea de reposicionarse en el mundo y consolidar una posición propia, autónoma e independiente. Debe trabajar para impulsar un renacer del multilateralismo que permita a la globalización no sufrir una súbita reversión y a la comunidad internacional enfrentar retos que sólo se pueden abordar mediante una actuación concertada, como la lucha contra las pandemias, el cambio climático o los paraísos fiscales. Pero también tiene que estar preparada para navegar en un mundo más anárquico y menos cooperativo, enseñando los dientes cuando sea necesario sobre la base de la cohesión interna.

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la UAM | @steinbergf

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<![CDATA[ Ciberlecciones aprendidas del COVID-19 ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt13-2020-lecuit-ciberlecciones-aprendidas-del-covid-19 2020-07-14T11:55:12Z

Se analizan los impactos de la pandemia sobre el ciberespacio y las valoraciones de responsables de la ciberseguridad sobre la gestión de la crisis.

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Índice

Introducción – 3
Impacto sistémico – 3
Impactos sectoriales esperables – 5
Impactos novedosos – 8
Impactos tangibles – 12
Gestión de la crisis – 16
Conclusiones y recomendaciones – 19
   Resiliencia – 19
   Infraestructuras – 20
   El teletrabajo – 21
   Gestión de la crisis – 21
   Regulación – 22

(1) Introducción1

El COVID-19, entre muchos otros efectos principales analizados por el Real Instituto Elcano, ha puesto a prueba la resiliencia de las infraestructuras críticas y los redes y sistemas de comunicación del ciberespacio. Sus efectos han sido distintos de los incidentes y ataques para los que se preparan los responsables de la ciberseguridad; de ahí la utilidad de su análisis. Para ello, y contando con los colaboradores de los sectores público y privado de nuestro Grupo de Trabajo sobre Ciberpolítica, hemos llevado a cabo la reflexión colectiva que se presenta en este documento.

A partir de una primera valoración general, hemos agrupado las reflexiones en los apartados que se reflejan en el índice para diferenciar los impactos sistémicos, los previsibles, los novedosos y los intangibles, así como experiencias vividas durante la gestión de la crisis y recomendaciones para crisis similares en el futuro.

(2) Impacto sistémico

La primera preocupación era la de evaluar si el COVID-19 había causado o había estado a punto de causar el colapso del ciberespacio, si bien según la información disponible en fuentes abiertas ni internet ni las redes y sistemas de información habían dejado de funcionar, aunque hayan experimentado problemas puntuales. Los colaboradores comparten esa misma percepción sobre la resiliencia global del sistema de TIC, pero muchos de ellos consideran sistémico el impacto que afecta al funcionamiento total de sus departamentos o a la continuidad de negocio de las empresas para las que trabajan. En cierta forma, la pandemia ha puesto a prueba los planes de contingencia y la gestión de crisis no por su impacto sobre la ciberseguridad, sino por su efecto sobre factores como la interrupción de suministros o la imposibilidad de acceso, por lo que “la crisis ha mostrado la necesidad de contar con un modelo de seguridad que integre seguridad física, ciberseguridad, inteligencia y resiliencia, en el marco de la continuidad del negocio y del servicio” 2.

Las empresas han activado en tiempo récord los procesos de continuidad de negocio, entre ellos el teletrabajo, junto con mecanismos de comunicación internos dirigidos a los empleados y externos dirigidos a clientes, entre otros, si bien es necesario reconocer que la activación ha funcionado mejor en empresas que habían simulado procesos de transición que en aquellas otras que han tenido que improvisar sobre la marcha. Por el contrario, la implantación de procedimientos de continuidad de negocio o resiliencia en pymes está poco extendida, por lo que muchas de ellas han tenido que reinventarse sobre la marcha sin planes claros para actuar. De cara a afrontar futuras pandemias y dada la gran afectación para el tejido empresarial, sería necesario fomentar estrategias de continuidad de negocio basadas en buenas prácticas, como normas UNE e ISO o CEN, y en organismos y asociaciones de apoyo. Dado que las pymes forman la mayoría del tejido industrial y de las cadenas de suministro, los poderes públicos no solo deberían preocuparse por la continuidad en la prestación de los servicios esenciales y sus operadores designados, sino también por fomentar la planificación de su resiliencia ante escenarios de tipo disruptivo y no solo de futuras pandemias.

También han seguido funcionando las infraestructuras industriales sin que la pandemia haya provocado problemas especiales en el personal de operaciones y mantenimiento. Allí donde el teletrabajo no ha sido posible, y en previsión de contagios, se ha duplicado o triplicado el número de centros críticos de operaciones o establecido turnos de 15 días en condiciones de confinamiento de circunstancias (por ejemplo, en caravanas) del limitado personal de planta que realiza funciones críticas para evitar contagios. En los casos en que la infraestructura no estaba preparada para realizar el trabajo OT en remoto, se ha tenido que adaptar la infraestructura de red interna. El confinamiento por orden gubernativa no ha afectado al personal de operación y al mantenimiento de los servicios esenciales, que ha podido recibir salvoconductos de las autoridades de ciberseguridad (CNPIC3 ); de ahí que estas funciones hayan podido prestarse casi con normalidad.

Siguiendo con la continuidad de negocio, los expertos consultados resaltan que únicamente las grandes corporaciones que cuentan con una consolidada presencia internacional disponen de planes de continuidad plenamente operativos, es decir, establecidos, conocidos por la organización, auditados, ejercitados y actualizados. Al contrario, la gran mayoría de las pymes y de instalaciones de la Administración, como algunos hospitales, carecen habitualmente de planes de continuidad probados. Confían en la ciberprotección del Esquema de Seguridad Nacional o de los servicios de ciberseguridad con los que cuentan, pero, al carecer de planes de continuidad, corren el riesgo de colapsar y de provocar el colapso de otros sistemas4 .

A pesar de lo anterior, los responsables de empresas de ámbito multinacional dudan de que se puedan controlar en esos planes los incidentes de naturaleza global y disruptiva tales como la actual pandemia o plantear situaciones poco previsibles como, por ejemplo, la restricción internacional de movimiento de mercancías o el cierre de fronteras, entre otros. No obstante, si la empresa dispone de un plan de mínimos y determinada madurez en su implantación, es viable recuperar un cierto nivel de productividad. El tamaño de la empresa es determinante al menos en el proceso de implantación; las auditorías, pruebas y actualizaciones, además de necesarias, generan gran confianza en la alta dirección.

Han contribuido a asegurar la resiliencia del sistema de TIC:

  • el despliegue y capilaridad de la red de comunicaciones de banda ancha de acceso fijo por fibra e inalámbrica 4G con la que cuenta España;
  • la previsión y gestión de las infraestructuras críticas en sus 12 sectores (regulaciones PIC y NIS, planes, medidas y consultas);
  • el Esquema Nacional de Seguridad y las buenas prácticas de seguridad y de continuidad adoptadas con una visión integral por la mayoría de las grandes empresas y corporaciones públicas y privadas;
  • disponer de planes de contingencia, continuidad y respuesta a emergencias, en ámbitos del sector público y privado, y
  • las capacidades de protección al teletrabajo movilizadas por los medios públicos (como Incibe, CCN o CNPIC para la Administración) o los privados.

En resumen, a pesar de la resiliencia demostrada por el sistema global de TIC en esta pandemia o la confianza que se muestra en su redundancia de las redes de comunicación, no se debe descartar absolutamente la posibilidad de que se produzca un fallo sistémico de alcance global en internet o en las redes y sistemas de información5 . Y no tanto por el lado de la ciberseguridad como por el lado de la seguridad física de sus responsables si el brote pandémico hubiera tenido mayor incidencia en el segmento del personal que atiende la operación de los sistemas o determinados servicios esenciales.

Javier Alonso Lecuit
Investigador senior asociado, Real Instituto Elcano


1 El autor quiere expresar su agradecimiento a todos los miembros del Grupo de Trabajo sobre Ciberpolítica que han participado en la elaboración de esta reflexión colectiva.

2 Conclusiones del seminario virtual sobre “El papel de la seguridad (security) en la continuidad de negocio”, Fundación ESYS, 25/VI/2020, p. 12.

3 El CNPIC ha emitido 269.737 acreditaciones a personal de operadores críticos y servicios esenciales durante el estado de alarma sanitaria. Datos proporcionados por su director, Fernando Sánchez, en el 12.º Encuentro Digital de Seguridad Integral, Seguritecnia, 23/VI/2020.

4 A pesar de la preocupación por que se utilizaran contra hospitales españoles virus usados en otros países, como el NetWalker, no se ha podido confirmar su empleo, por lo que resulta difícil inferir si la continuidad de su servicio obedece a su capacidad de resiliencia o al azar de no ser atacados. Rodrigo Alonso, “Los cibercriminales utilizan el coronavirus para atacar a hospitales, gobiernos y usuarios”, ABC, 3/IV/2020.

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<![CDATA[ Por una pausa temporal vinculada al COVID-19 en la automatización ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari92-2020-ortega-steinberg-por-una-pausa-temporal-vinculada-al-covid-19-en-la-automatizacion 2020-07-13T02:31:14Z

La crisis económica desatada por el COVID-19 ha llevado a nuevos récords de desempleo en el mundo. La tentación de automatizar tareas puede contribuir a aumentarlo. Se propone una pausa en la automatización, que se ha de utilizar en la formación de trabajadores en las nuevas tecnologías, financiada con los fondos para la recuperación

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Tema1

La crisis económica desatada por el COVID-19 ha llevado a nuevos récords de desempleo en el mundo. La tentación de automatizar tareas puede contribuir a aumentarlo. Se propone una pausa en esta automatización, que se ha de utilizar en la formación de trabajadores en las nuevas tecnologías, financiada con los fondos para la recuperación.

Resumen

La forma de hacer frente a la pandemia ha dado lugar a una crisis económica y social general, profunda y repentina. Es necesario avanzar en la digitalización y la Inteligencia Artificial (IA), más aún después de la crisis actual que ha demostrado la necesidad de los procesos digitalizados y conectados para mantener la economía en funcionamiento durante una calamidad. Pero ante el alza del desempleo y la desglobalización y las crecientes voluntades de una repatriación de actividades que perjudica a los más débiles, sería conveniente ralentizar la introducción de tecnologías que sustituyan a tareas desempeñadas por humanos, a través de la automatización, pero no a las que las mejoran. Esto debería hacerse a través de acuerdos a nivel nacional e internacional (como en la Organización Internacional del Trabajo –OIT–). Esta pausa podría utilizarse para fomentar programas de capacitación y formación tecnológica, financiados a través de los paquetes de estímulo fiscal necesarios.

Análisis

La crisis actual ha demostrado la utilidad de la tecnología, especialmente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación(TIC) y la Inteligencia Artificial (IA), para mantener la vida personal, social y profesional en situaciones de confinamiento y distanciamiento social y para luchar contra la pandemia. Por ello, se deben redoblar los esfuerzos para impulsar la tecnología, incluida la digitalización. La forma de combatir el coronavirus con políticas de confinamiento y la congelación de partes importantes de la economía está causando una repentina, general y profunda recesión y altas tasas de desempleo en todo el mundo. La recuperación trae consigo la tentación de una nueva ola de automatización de tareas humanas en las industrias y los servicios, lo que puede perjudicar a los sectores sociales y las economías más vulnerables, aumentar temporalmente el desempleo y acelerar la desigualdad de los ingresos, aunque para ello se necesiten nuevas inversiones en tiempos difíciles (McKinsey, 2020). Proponemos una pausa temporal, utilizable, en el proceso de la automatización que reemplaza las tareas o el trabajo realizado por los humanos, pero no en las tecnologías que mejoran el trabajo humano, o van más allá de la capacidad humana. No se trata de imponer nada, sino de llegar a acuerdos entre los interlocutores sociales (gobiernos, patronales y sindicatos), a nivel nacional en los marcos de diálogo previstos, y a nivel internacional en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el respaldo del G20 y en coordinación con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta pausa podría ser utilizada para lanzar programas de capacitación y re-capacitación en nuevas tecnologías en la población laboral existente. Estos programas podrían financiarse con los generosos paquetes de estímulo que los países aplicarán para asegurar una rápida recuperación y cuyo contenido y especificaciones se están debatiendo actualmente, pero que el caso europeo tendrá la digitalización como una de sus líneas básicas. Esta iniciativa también podría ser una forma de frenar la relocalización de algunas industrias supuestamente para generar empleos locales, para no perjudicar excesivamente a los países en desarrollo y a las economías desarrolladas más débiles, también vulnerables, y, por tanto, para gestionar mejor el proceso de desglobalización que la crisis del COVID-19 está acelerando, aunque haya comenzado antes.

En las próximas páginas desarrollamos estas ideas.

Coronavirus, recesión, digitalización y empleo

La Gran Recesión o, en algunos casos la salida de la misma, coincidió con una importante introducción de la automatización de tareas en la industria o en los servicios. La economía mundial ha estado experimentando una explosión en la robotización. De 2018 a 2020 el número de robots industriales y servicios instalados por año creció en un asombroso 20% (Federación Internacional de Robots, 2019; Financial Times, 2020a y 2020b). Casi tres cuartas partes de este aumento se produjeron en sólo cinco países (China, Japón, EEUU, República de Corea y Alemania), la mitad en la producción vinculada al automóvil y el resto en computadoras y electrónica, incluida la impresión en 3D, fábricas inteligentes o servicios conexos (programas informáticos e IA). Este proceso desencadenó intensos debates sobre el futuro del trabajo, la necesidad y las dificultades de gravar fiscalmente a las empresas de la Big Tech y las consecuencias políticas de estas nuevas relaciones industriales, que estaban vinculadas al aumento de la desigualdad de los ingresos.

Figura 1. Instalación anual de robots industriales, 2013-2018 y previsiones 2019-2022 (miles de unidades)
Figura 1. Instalación anual de robots industriales, 2013-2018 y previsiones 2019-2022 (miles de unidades)
Fuente: World Robotics, 2019.

 

Figura 2. Robots en servicios profesionales: principales aplicaciones, 2017 (revisado), 2018 y 2019-2022 (previsión) (miles de millones de US$)
Figura 2. Robots en servicios profesionales: principales aplicaciones, 2017 (revisado), 2018 y 2019-2022 (previsión) (miles de millones de US$)
Fuente: World Robotics, 2019.

En las actuales circunstancias, la tentación de sustituir la mano de obra por máquinas puede ser aún más perturbadora que en las anteriores condiciones de normalidad. Como afirma la Premio Nobel de Economía Esther Duflo (2020), “con la posibilidad de que la gente se enferme... los gerentes y los accionistas apostarán por la automatización de manera negativa para los trabajadores”. Incluso hay un nuevo elemento a considerar en el comportamiento del consumidor. Como dice Frey (2020): “Hoy en día, los consumidores pueden preferir durante algún tiempo los servicios automatizados a las interacciones cara a cara”. Baldwin (2020) incluso argumenta que “empujados por la COVID-19, las empresas y los trabajadores han invertido, digamos, diez años de transformación digital en sólo unos meses”. Esto significa que, en ausencia de algún tipo de intervención estatal, las fuerzas del mercado tenderían a acelerar el proceso de automatización, lo que podría dar lugar a una más lenta creación de empleo y a profundas cicatrices sociales y económicas, especialmente en los países avanzados en detrimento de los menos avanzados, lo que podrían desencadenar descontento social y alimentar el populismo.

Aunque hay que reconocer que no siempre es posible, se debe diferenciar entre las tecnologías de ahorro de mano de obra y de sustitución humana, y las que mejoran el trabajo humano, colaboran con los humanos o permiten llegar a donde los humanos no pueden llegar. Esto significa que algunas innovaciones son claramente complementarias a la mano de obra (especialmente a la mano de obra altamente calificada) mientras que otras la sustituyen. En este período limitado a unos dos años, hasta la recuperación del nivel económico anterior, no se trata de adoptar políticas lúdicas que eliminen por completo las tecnologías de ahorro de mano de obra o frenar el cambio tecnológico basado en las habilidades, sino de continuar la Cuarta Revolución Industrial de forma controlada para evitar agravar las situaciones de desempleo masivo que ha surgido en casi todo el mundo. Se trata de frenar el primero y promover el segundo. Se pueden encontrar ejemplos de tecnología que sustituye a los humanos en muchos sectores, desde los textiles hasta la banca. De las segundas, en muchas aplicaciones. Aunque a largo plazo coincidimos con el presidente francés Emmanuel Macron cuando dijo que ante la Cuarta Revolución Industrial se trata de salvar a las personas antes que los puestos de trabajo, en la recesión provocada por el gran confinamiento debemos proteger a los más vulnerables, y evitar que tengan que enfrentarse a la elección entre el desempleo o trabajos de menor calidad y peor remunerados. Esto significa centrarse principalmente en reducir el ritmo de la automatización en las áreas en las que los trabajadores poco cualificados están más expuestos a la competencia de los robots.

El impacto de la automatización en el empleo, ya sea en puestos de trabajo o en tareas, es objeto de debate. Por ejemplo, antes de la crisis del COVID-19, el Foro Económico Mundial predijo una pérdida neta de 6,1 millones de puestos de trabajo en 15 mercados desarrollados y emergentes entre 2020 y 2021 debido a este factor (WEF, 2016a, 2016b). Otros expertos (como Acemoglu y otros, 2020), confirman esa tendencia. Incluso si el número total de empleos aumenta (Autor y Salomons, 2018), las personas más afectadas por la automatización no están en condiciones de conseguir los nuevos empleos tecnológicos, teniendo que elegir entre salarios más bajos y menos elevados o el desempleo (Blanchflower, 2019). En la crisis actual, la tentación de los inversores y la administración de renovar el impulso de automatización, que ya era alta, sigue siendo mayor y podría ser aún más perturbadora, frustrando en parte los esfuerzos de recuperación del empleo, lo que podría socavar la situación de los más vulnerables. Este efecto de sustitución (de trabajadores por máquinas) también podría tener implicaciones políticas. En particular, como ocurrió después de la crisis financiera mundial de 2008, la creciente desigualdad y la pérdida de puestos de trabajo podrían fortalecer el populismo. Algunos estudios han demostrado que, tanto en América como en Europa, el atractivo del populismo ha sido mayor donde los empleos se han expuesto más a la automatización (Frey 2019), antes del COVID-19, y podría serlo aún más en la crisis actual.

Las políticas públicas destinadas a reducir la dependencia de las cadenas globales de suministro también podrían acelerar esta tendencia (Seric y Winkler, 2020). El renacimiento de la política industrial para volver a acercar la producción estratégica a los países, tendencia que se espera que se acelere debido al COVID-19 y se materialice en el acortamiento de las cadenas de suministro, la nacionalización de ciertas industrias y la repatriación o reorientación de algunas de las actividades a las economías avanzadas, garantizan más producción local pero no necesariamente más empleos. De hecho, si el proceso va acompañado de un alto grado de automatización, como ha ocurrido en el pasado incluso antes del COVID-19 en EEUU, no crea un gran número de puestos de trabajo y también contribuye a la destrucción de empleo en los países emergentes y en desarrollo de los que se transfiere la producción (Petersen 2019). Así, la idea de que empresas repatriaran empleos a EEUU, sólo había reportado hace un año, tras dos años de Trump en la Casa Blanca, unos 145.000 puestos de trabajo.

Pero la tentación de relocalizar está creciendo por parte de países con gobiernos tan diferentes como el de EEUU: véase el ejemplo del Representante de Comercio de EEUU (Lighthizer, 2020) o del ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, que condiciona la ayuda pública al sector automovilístico al cese de las deslocalizaciones. Más allá está la idea de que la seguridad de la producción es cada vez más importante que la eficiencia (Jung, 2020), y también la necesidad de fomentar la reindustrialización para reducir las vulnerabilidades estratégicas. Este proceso se puede ver facilitado por la automatización y la impresión en 3D, pero podría desencadenar un proceso de desglobalización acelerado (Jung, 2020; Ortega, 2020) que podría perjudicar especialmente a los países emergentes y en desarrollo.

Hacia una ralentización temporal de partes de la digitalización

Para evitar las consecuencias perjudiciales de este proceso, es necesario coordinar las políticas a nivel nacional, regional y mundial, mediante acuerdos entre los interlocutores sociales (empleadores y sindicatos, con los sistemas de gobierno de cada nivel). A nivel mundial, el marco apropiado sería la OIT, que reúne este tipo de interlocución tripartita en acuerdos de diálogo social que también podrían ser promovidos por el G20 y vinculados a la reforma de la OMC.

Por último, es importante destacar que una pausa de este tipo no suspende el progreso tecnológico, pero debe utilizarse para avanzar decididamente en los programas de capacitación de la fuerza de trabajo para esta Cuarta Revolución Industrial, en la calificación y recalificación de los sectores sociales amenazados o de aquellos profesionales especializados de los que hay déficit de oferta. El G-20 (2019) ha reconocido que “las nuevas formas de trabajo que están surgiendo, en particular las impulsadas por la innovación tecnológica, pueden ser una fuente de oportunidades de empleo, pero también pueden plantear problemas para los sistemas de trabajo decente y la protección social”. Incluso antes de la crisis del COVID-19, el Foro Económico Mundial (2019) estimó que para 2022 el 54% de todos los trabajadores tendrán que volver a capacitarse o mejorar sus habilidades, y todos tendrán que dedicar 101 días al año a aprender y estudiar. La capacitación y la reconversión serán fundamentales y dependerán más que nunca de la cooperación entre los sectores público y privado, ya que ni uno ni otro sector tendrán suficiente poder de financiación o capacidad técnica para cubrir las necesidades. El uso de la tecnología en la educación (Edtech) en todos los niveles (primario, secundario, terciario y la recalificación en el trabajo) puede ser clave para facilitar el acceso a algunos de los mejores sistemas educativos a través de cursos masivos abiertos en línea (MOOC). (Ortega, Otero, Steinberg y Andrés, 2019; Lyons, Zucchetti, Kass-Hanna, y Cobo, 2019). Además, como se espera que todos los gobiernos lancen ambiciosos paquetes de estímulo para asegurar una rápida recuperación en 2021, existe la oportunidad de utilizar parte de estos fondos para financiar este tipo de programas que claramente darían sus frutos en el futuro. Por lo tanto, este desafío podría traer nuevas oportunidades.

Conclusiones

Este trabajo ha planteado que dado al alto nivel de desempleo provocado por el impacto económico de la crisis del coronavirus, sería conveniente buscar una pausa temporal en el proceso de automatización de la economía tanto en la industria como en los servicios. El objetivo sería evitar una aceleración innecesaria en la destrucción de empleo, tanto en los países avanzados como en los emergentes y en vías de desarrollo.

En todo caso, esta pausa debería dirigirse a las tecnologías que sustituyen a la mano de obra, pero no a las que mejoran las tareas desempeñadas por humanos. El objetivo no es retrasar la digitalización, sino evitar que se produzca una destrucción de empleo evitable que pudiera dejar cicatrices permanentes en la economía y la sociedad.

Además, esta iniciativa, podría utilizarse para gestionar mejor el proceso de desglobalización en curso y hacer menos atractiva la repatriación de actividades.

La pausa debe también utilizarse para fomentar programas urgentes de capacitación y recalificación, financiados por los paquetes de estímulo fiscal necesarios para asegurar una rápida recuperación económica. En el caso de España, esto pasa por una buena utilización de los fondos del Plan de Recuperación de la UE, que tendrá “lo digital” como uno de sus hilos conductores.

Es importante que esta pausa sea acordada, no impuesta, a todos los niveles –nacional, regional y mundial– a través de diálogos sociales tripartitos. A nivel global, el marco apropiado es la OIT, que debe trabajar conjuntamente con el G20 y con la OMC.

Andrés Ortega
Investigador senior asociado de transformaciones tecnológicas del Real Instituto Elcano | @andresortegak

Federico Steinberg
Investigador principal sobre economía del Real Instituto Elcano y Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @SteinbergF

Referencias

Acemoglu, Daron, Claire LeLarge y Pascual Restrepo (2020), “Competing with robots: firm-level evidence from France”, Working Paper, nº 26738, NBER, febrero.

Autor, David, y Anna Salomons (2018), “Is automation labor-displacing? Productivity growth, employment, and the labor share?”, Brookings

Baldwin, Richard (2020), “Covid, hysteresis, and the future of work”, Vox.eu, 29/V/2020.

Blanchflower, David G. (2019), Not Working: Where Have All the Good Jobs Gone?, Princeton University Press.

Duflo, Esther (2020), “Entrevista”, El País, 24/V/2020.

Financial Times (2020a), “Covid-19 will only increase automation anxiety”, Financial Times, 21/IV/2020.

Financial Times (2020b), “The role of robots in a post-pandemic world”, Financial Times, 21/V/2020.

Frey, Carl Benedikt (2019), The Technology Trap. Capital, Labor, and Power in the Age of Automation, Princeton University Press.

G20 (2019), “Osaka Leaders Declaration”, https://www.mofa.go.jp/policy/economy/g20_summit/osaka19/en/documents/final_g20_osaka_leaders_declaration.html.

International Labour Organisation (2019), “Global commission on the future of work: work for a brighter future”, https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_662410/lang--en/index.htm.

International Robot Federation (2019), “WR 2019 industrial robots. Executive summary”, y “WR 2019 service robots. Executive summary”.

Jung, Alexander (2020), “The beginning of de-globalizaton”, Der Spiegel, 5/V/2020.

Lighthizer, Robert E. (2020), “The era of offshoring US jobs is over”, The New York Times, 11/V/2020.

Lyons, Angela C., Alessia Zucchetti, Josephine Kass-Hanna y Cristóbal Cobo (2019), “Bridging the gap between digital skills and employability for vulnerable populations”, T20 Japan Policy Brief.

McKinsey (2020), “Beyond COVID-19: rapid steps that can help machinery and industrial automation companies recover”, 26/V/2020.

Ortega, Andrés, Miguel Otero, Federico Steinberg y Francisco Andrés (2019), “Technology can help to right technology’s social wrongs: elements for a new social compact for digitalisation”, T20 Japan Policy Brief.

Ortega, Andrés (2020), “The deglobalization virus”, Elcano Blog, 17/III/2020, Elcano Royal Institute.

Petersen, Thiess (2019), “What is the impact of reshoring?”, Bertelsmann Stiftung.

Seric, Adan, y Deborah Winkler (2020), “Managing COVID-19: could the coronavirus spur automation and reverse globalization?”, Industrial Analytics Platform (UNIDO), abril.

World Economic Forum (WEF) (2016a), “Five million jobs by 2020: the real challenge of the fourth industrial revolution”.

World Economic Forum (WEF) (2016b), “The future of jobs: employments, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution”.

World Economic Forum (2019), “Towards a reskilling revolution industry-led action for the future of work”.


1 Una versión de este análisis se elaboró para el Global Think Tank Hall 3, organizado el 30 de junio de 2020 por el Lauder Institute de la Universidad de Pensilvania.

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<![CDATA[ La carrera entre EEUU y China y el futuro de las relaciones transatlánticas ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt12-2020-ortega-la-carrera-entre-eeuu-china-y-el-futuro-de-relaciones-transatlanticas 2020-07-08T04:49:47Z

La superioridad tecnológica es una dimensión crucial en la competición entre EEUU y China. Este documento analiza la narrativa y la realidad a partir del nexo entre las nuevas tecnologías, la defensa de valores compartidos, su reglamentación y las varias dimensiones geopolíticas.

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Índice

Resumen ejecutivo – 2
1. Tecnología, valores y competición – 3
1.1. Introducción – 3
1.2. Valores en la tecnología – 5
1.3. La carrera por la superioridad tecnológica – 8
1.4. Tres áreas para la competición – 11
1.4.1. Tecnología 5G – 11
1.4.2. IA y semiconductores – 13
1.4.3. Servicios basados en la red – 15
1.5. Reglamentación: poder, disputa e interoperabilidad – 16
2. Integrando visiones geopolíticas divergentes – 20
2.1. Introducción – 20
2.2. Valores y orden global – 22
2.3. Economía y geopolítica – 25
2.4. Autonomía estratégica europea – 29
2.5. China como asunto de la OTAN – 31
3. Conclusiones: una agenda transatlántica para los desafíos de China – 33
Agradecimientos – 36

Resumen ejecutivo1

La superioridad tecnológica es una dimensión crucial en la competición entre EEUU y China, la cual añade presión sobre unas ya de por sí tensas relaciones transatlánticas. Este documento analiza narrativa y realidad a partir del nexo entre las nuevas tecnologías, la defensa de valores compartidos, su reglamentación y las varias dimensiones geopolíticas. Los valores vienen captando una atención creciente en el debate transatlántico en torno a la tecnología, especialmente a raíz de la proliferación de sistemas de vigilancia basados en la inteligencia artificial (IA) y de otros aspectos exportables de tecno-autoritarismo, aunque también en términos de ideología y geopolítica. Tanto EEUU como Europa deben actualizar sus perspectivas de derechos humanos para la era digital y definir unos valores claros de cara a las nuevas tecnologías.

La nueva Comisión Europea en Bruselas, así como algunos Estados miembros de la UE, ven una prioridad estratégica en la competición entre potencias y una vía hacia la “soberanía tecnológica”. Identifican el punto de encuentro entre las agendas industrial y digital por un lado, y reglamentación por otro, como clave en este sentido. De esta manera, surgen tres áreas de competición y cooperación ente EEUU y Europa, todas ellas relacionadas con el potencial chino: la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G), la IA y los servicios web. Las diferencias en la legislación serán un escollo recurrente en las relaciones transatlánticas, si bien no es necesaria una perfecta armonización entre EEUU y la UE. Dicho esto, ambas partes deben impulsar la introducción de normas globales en ámbitos como la ética en torno a la IA, la ciberseguridad y la gobernanza de Internet, y así evitar que China u otros se anticipen en llenar el vacío. Este documento ofrece varias ideas relativas a China para la agenda transatlántica en tecnología. La segunda parte versa sobre otras cuestiones geopolíticas más allá del apartado tecnológico, vinculadas al impacto de la competición chino-estadounidense sobre las relaciones transatlánticas y la unidad europea.

La competición entre EEUU y China trasciende sobradamente la tecnología y la economía. Podríamos incluso decir que algunos aspectos concernientes a la pandemia del COVID-19 son una dimensión diferente y novedosa en el enfrentamiento entre China y EEUU. Además, ¿qué implicaciones tiene la pandemia para la UE y la relación transatlántica? Este análisis identifica y explora varias áreas donde la UE y EEUU pueden y deben encontrar terreno común, más allá de lo estrictamente tecnológico. En cualquier caso, el punto de partida ha de ser el reconocimiento de la necesidad de defender los valores occidentales, la inauguración de un extenso diálogo transatlántico sobre comercio y sobre las inversiones chinas, desarrollar un entendimiento conjunto acerca de los desafíos militares y de seguridad planteados por China y, finalmente, trabajar en aras de un cambio de comportamiento por parte de China hacia los intereses transatlánticos. A día de hoy, China plantea una serie de desafíos para EEUU y UE en áreas geográficas –así como en ámbitos funcionales e institucionales– de las que se encontraba ausente hasta hace relativamente poco. En tales cuestiones, numerosos factores posicionan a la UE mucho más cerca de EEUU que de China. Ulteriores disputas bilaterales entre Washington y sus socios y aliados europeos deben evitarse, mientras que un enfoque común hacia China debe abrirse camino.

Andrés Ortega Klein ha sido investigador visitante en el Programa Europeo del Center for Strategic and International Studies (CSIS) en Washington DC. Es investigador senior asociado para asuntos globales y transformaciones tecnológicas del Real Instituto Elcano en Madrid | @ortegak


1 La versión original en inglés puede encontrarse en: “The US-China race and the fate of transatlantic relations. Part I: tech, values, and competition”, 13/I/2020, y “The US-China race and the fate of transatlantic relations. Part II: bridging differing geopolitical views”, 23/IV/2020. El Real Instituto Elcano agradece a CSIS la posibilidad de publicar esta versión de las dos partes en una sola en castellano, con traducción de Javier Bordón Osorio.
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<![CDATA[ Movilizar el talento español en ecosistemas globales de conocimiento: guías para la acción ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari91-2020-muniz-alonso-movilizar-talento-espanol-en-ecosistemas-globales-de-conocimiento-guias-para-la-accion 2020-07-06T12:14:08Z

Este análisis incide en la necesidad de conectar más y mejor el talento español expatriado que desarrolla su labor profesional en organizaciones internacionales y otros ecosistemas globales de conocimiento (empresas, centros de investigación, medios o think tanks).

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Tema

Este análisis incide en la necesidad de conectar más y mejor el talento español expatriado que desarrolla su labor profesional en organizaciones internacionales y otros ecosistemas globales de conocimiento (empresas, centros de investigación, medios o think tanks).

Resumen

España tiene un creciente talento en el exterior, que participa de modo activo y destacado en muy distintos ecosistemas globales de conocimiento, ya sean de tipo institucional o en otros ámbitos como, por ejemplo, multinacionales, mundo académico internacional o prensa extranjera. Son profesionales que tienen una rica experiencia, especialización e influencia. Se trata de un activo en gran medida infrautilizado, que puede ser de mucha utilidad no sólo para la acción exterior española, sino también para afrontar nuestros propios retos domésticos. Movilizar este talento es una asignatura pendiente, en la que podemos aprender mucho de otros países, pero también de buenas prácticas e iniciativas que ya se están implementando aquí. Construir una relación sólida entre España y sus expatriados es un ejercicio que supone beneficios mutuos y que incluso puede redundar en interés de las instituciones donde trabajan estos profesionales, por el potencial de alianzas que encontrarán con un Estado de la relevancia y vocación internacional que tiene el nuestro. En este análisis se hace una aproximación a la realidad actual y se plantean posibles ejes de actuación futura. Pasar del fomento de la presencia a la consolidación de redes de influencia, complementar el tradicional enfoque en las elites con una aproximación más amplia y centrada en la ciudadanía española global, y favorecer una acción más estratégica frente al tacticismo habitual pueden contribuir a aprovechar mejor la enorme oportunidad que ofrece este talento español global.

Análisis

El desafío de la movilización del talento español en el exterior

España dispone de un enorme talento en ecosistemas de conocimiento fuera de sus fronteras. En la actualidad, más de 2,6 millones de españoles residen en el extranjero, con una clara concentración en América y en Europa. Muchos de ellos son ciudadanos que desarrollan su actividad en instituciones públicas y privadas con gran peso en la definición de políticas globales. Otros son profesionales que han acumulado una experiencia y conocimientos cuya especialización y singularidad escasean en nuestro país. Algunos son jóvenes profesionales. Otros ocupan cargos directivos avalados por una dilatada experiencia. Hay nombres reputados en sus respectivos sectores profesionales, pero también hay muchos españoles anónimos que desarrollan una labor e influencia menos conocidas, pero no por ello menos relevantes.

Figura 1. Españoles en el exterior, 2020
Figura 1. Españoles en el exterior, 2020

Destaca en este universo el caso especial de los organismos internacionales, instituciones de gran influencia en el debate y la formulación de políticas, y frecuentemente a la vanguardia de los grandes temas globales marcados por una creciente interdependencia. La presencia de españoles en estas instituciones es un activo que nuestro país debe explorar y capitalizar mejor. Cabe subrayar, por su singularidad e importancia para nuestro país, las instituciones europeas, en las que trabajan en la actualidad más de 4.000 españoles.1

En cualquier caso, los ecosistemas de conocimiento son mucho más amplios, y se extienden a think tanks y centros de pensamiento, universidades, institutos de investigación, medios de comunicación y, en ocasiones, a los propios gobiernos de otros países en los que también trabajan españoles y personas con estrechos vínculos profesionales y afectivos con nuestro país. Y, por supuesto, al sector privado, con destacados profesionales con enorme experiencia trabajando tanto en compañías españolas internacionalizadas, multinacionales y no, como en empresas extranjeras punteras y con presencia en los más diversos mercados.

El talento español no se agota en esta amplia nómina de instituciones y entes, y adquiere muy diversas formas y matices. De hecho, tampoco hay que olvidar a los españoles que retornan a nuestro país tras una rica experiencia internacional. Con independencia de que su actividad presente guarde o no relación directa con ello, muchos atesoran un conocimiento sobre temas, regiones y países de interés para España sobre los que a veces existe poca expertise nacional. Del mismo modo, también habría que englobar en esta categoría a muchos extranjeros residentes en nuestro país, que han vivido en él o que simplemente tienen fuertes vínculos afectivos con España, pese a no tener la nacionalidad.

El reto, en cualquier caso, estriba en primer lugar en identificar a todas estas personas. Pero va mucho más allá: el verdadero desafío consiste en activar a estos colectivos y conectarlos con nuestro país, además de hacerlo entre ellos. Carecemos de una estrategia que enlace con ellos y que explore todas las oportunidades que pueden derivarse de un diálogo y colaboración más estrechas. Hay que aprovechar más y mejor su enorme potencial como activo de la acción exterior española y como fuente de información y conocimiento experto sobre los temas que afectan y preocupan a nuestro país.

Realidad y ficción sobre nuestra conexión con el talento español global

Existe la percepción generalizada de que España no capitaliza adecuadamente este enorme capital humano. Es muy probable que ello sea cierto, ya que el propio hecho de que no se pueda responder con datos y evidencia factual a esta afirmación indica de partida una deficiencia en términos de análisis del estado de la cuestión. Calibrar si nuestro país y sus instituciones conectan bien con su talento global no es ciertamente una tarea fácil, pues no existe una metodología al respecto ni un claro benchmarking internacional. Cuando nos comparamos con otros países en este terreno, lo hacemos principalmente a partir de un cotejo poco sistematizado y más basado en lo anecdótico y superficial que en lo empírico y profundo.

La primera cuestión que se plantea, por lo tanto, es la verificación de la realidad percibida y confirmar si, efectivamente, España está tan retrasada como pensamos en la movilización de su talento exterior en ecosistemas globales de conocimiento. Para hacerlo, hay que trascender las habituales métricas sobre presencia, y ahondar tanto en el análisis cualitativo como en el nexo causal: no es lo mismo tener presencia e influencia internacional debido a la acción exterior española planificada y estratégica que como consecuencia del azar o de la propia iniciativa de los individuos, sin apoyo institucional. Pero hay que ir más allá: habría que establecer criterios objetivos y marcadores que nos permitan valorar si el Gobierno y la Administración, así como el resto de las instituciones y actores del ecosistema nacional, están conectando y enriqueciéndose mutuamente con ese capital de conocimiento exterior, de manera eficiente y efectiva.

Ante este déficit analítico y ausencia de referencias objetivas, que habría que corregir, disponemos de dos indicadores básicos. El primero es la constatación del enorme capital humano español especializado y altamente formado que reside en el exterior. Si atendemos a los flujos absolutos de movilidad intraeuropea, España se sitúa junto a Italia a la cabeza de la UE en términos de la mal llamada “fuga de cerebros” durante la última década, en buena parte como consecuencia de la crisis económica. Según el Centre for European Policy Studies, entre 2007 y 2017 unos 87.000 trabajadores españoles de alta calificación (título universitario o grado superior) se fueron a otros países de la UE (véase la Figura 2).2 Casi la mitad de los trabajadores cualificados españoles, más propensos a la movilidad, salieron de nuestro país durante este período.

Si nos referimos a la fuga de cerebros como “mal llamado”, es porque el hecho de que este talento resida fuera de nuestras fronteras no implica que España no pueda aprovecharlo, si conecta de forma inteligente con él. Los “cerebros” no tienen por qué residir en España para contribuir al avance y progreso de nuestro país. Es más, a menudo se nutren de materia gris gracias a la exposición con otras realidades y culturas foráneas, participando de la investigación y el pensamiento puntero que tienen lugar en otros rincones del mundo. Es esa residencia en el exterior la que les da un especial valor añadido.

Figura 2. Fuga de cerebros en países europeos, 2007-2017 (de población altamente educada vs. % de ciudadanos móviles)
Figura 2. Fuga de cerebros en países europeos, 2007-2017 (de población altamente educada vs. % de ciudadanos móviles)
Fuente: Alcidi y Gros (2019).

El segundo elemento básico de información del que disponemos es la constatación objetiva de que no existe hasta el momento una estrategia claramente definida para enlazar con este talento en el exterior. Hay varias iniciativas en curso, algunas muy prometedoras, que están intentando conectar más y mejor con los profesionales en el extranjero. Destacan, por ejemplo, Conexión España, impulsada por el Foro de Marcas Renombradas Españolas y la Cámara de España para establecer una red de directivos; también la Spanish Global Professionals Network de la Fundación Rafael del Pino, orientada a profesionales de los organismos internacionales. Pero son proyectos que apuntan a colectivos específicos. Desde la Administración, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación lleva también desde hace años operando una Unidad de Funcionarios Internacionales que informa y asesora sobre oportunidades profesionales en organismos internacionales. Realiza una gran labor de promoción, pero su actividad se ciñe a aumentar la presencia de españoles en los organismos, no tanto a conectarla con las prioridades políticas de nuestro país.

Adolecemos, pues, de un marco omnicomprensivo de conexión articulada con nuestros nacionales en centros de pensamiento e instituciones. Profesionales que, con frecuencia, están a la vanguardia de los temas que marcan el presente de nuestras economías y sociedades, y definirán su futuro. Existen redes de españoles en el exterior, pero son por lo general o amplias y heterogéneas (como las comunidades españolas residentes en un país determinado), o específicas y limitadas a un determinado organismo o sector (como la Asociación de Españoles en Instituciones Europeas, AECIFE). Algunas están más formalizadas, como por ejemplo la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos (ECUSA). Otras, por el contrario, tienen un carácter más informal. Lo que es cierto es que no están conectadas entre sí, y en muchas ocasiones tampoco con España, más allá de una interlocución puntual con la Embajada o REPER de turno, o con contactos esporádicos y circunstanciales con instituciones en nuestro país.

¿Qué podemos aprender de otros países?

Ante la falta de indicadores objetivos y de parámetro de evaluación, el principal referente que tenemos sobre cómo conectar más y mejor a nivel de país con el talento nacional en ecosistemas globales de conocimiento lo proporciona la experiencia de otros países. ¿Es cierta esa percepción de que movilizan mejor a su talento en el exterior? Si es así, ¿qué hacen ellos que no hagamos nosotros? ¿Qué hacen mejor? En definitiva: ¿qué podemos aprender de ellos?

Ningún país tiene una varita mágica ni recetas claramente definidas en este terreno. Existen, de hecho, más análisis de mejores prácticas en la movilización de la diáspora de los países en desarrollo que la de los países desarrollados, muy probablemente como consecuencia del mayor impacto económico directo que éstas tienen en sus países de origen vía remesas y efecto retorno.3 No obstante, hay países con una realidad más próxima a la nuestra que sí han desarrollado entidades e iniciativas concretas en este ámbito. Es el caso de Advance Global en Australia y de Chile Global. Destacan también los casos de Irlanda y Nueva Zelanda, muy conectados con sus diásporas profesionales a través de la red de Ireland Funds y de Kea New Zealand.4 Francia, por ejemplo, lleva operando desde 1927 la Union des Français de l’Etranger (UFE), con más de 170 representaciones en todo el mundo para conectar a franceses, francófonos y francófilos.Todas son experiencias de las que podemos aprender mucho.

Aunque de manera más bien anecdótica, los funcionarios españoles de organismos internacionales suelen aludir también al mayor grado de organización de sus pares franceses, alemanes, británicos o estadounidenses en sus respectivas organizaciones. Mención aparte merecen países como Japón o Corea, con una cultura de conexión más estrecha con sus nacionales en posiciones directivas, y de apoyo mutuo.

Pero no hay que salir no hay que salir del ámbito español para encontrar ejemplos de buenas prácticas. Tenemos Embajadas y Representaciones Permanentes que hacen una excelente labor de conexión con el talento español de los lugares donde operan, funcionando como catalizadores de su actividad y facilitadores de la familiaridad con los intereses de nuestra acción exterior. Destaca, por ejemplo, la REPER en Bruselas, conectando a los españoles que trabajan en las instituciones comunitarias, así como el propio proyecto del Real Instituto Elcano sobre Ecosistema y Cultura de Influencia Española Europea. Algunas comunidades autónomas también han lanzado iniciativas innovadoras de conexión con su talento exterior de las que se pueden extraer lecciones útiles.

Existe, pues, una amplia gama de experiencias que pueden servir de referente para movilizar más y mejor nuestro talento en ecosistemas globales de conocimiento. Algunas de carácter nacional. Otras de naturaleza más localizada y doméstica. Todas aportan ideas y ofrecen un excelente punto de partida. El desafío estriba en diseñar, impulsar e implementar una estrategia bien articulada y omnicomprensiva, que conecte las iniciativas ya existentes, las complemente en los aspectos, ámbitos y lugares donde sea necesario, y permita una verdadera conexión de nuestro talento global con las prioridades estratégicas de España.

Guías para la acción

A partir de una primera aproximación al reto de aprovechar el enorme capital humano de España en el exterior, hemos identificado tres grandes ejes de acción: (1) incidir no sólo en la presencia, sino más en la influencia; (2) avanzar hacia un concepto amplio del talento, más centrado en la ciudadanía; y (3) pasar del tacticismo a un enfoque más estratégico. Esto ejes se derivan una delimitación más efectiva del objetivo perseguido, lo cual no siempre está del todo claro: reforzar y mejorar la relación de este talento con España, aumentando su conocimiento y sensibilización hacia las prioridades de nuestro país, de tal suerte que se aprovechen todas las oportunidades que pueda haber para un beneficio y enriquecimiento mutuos.

De la presencia a la influencia

Hasta la fecha, la prioridad de nuestra acción exterior en relación al talento español en ecosistemas globales de conocimiento se ha centrado principalmente en aumentar su presencia, tanto cuantitativa como cualitativamente. Incluso en este aspecto, y pese a importantes logros y no pocos esfuerzos, las actuaciones tienden a centrarse más en oportunidades concretas que en una verdadera estrategia global, continuada y duradera. No cabe duda de que la influencia pasa por la presencia y, como tal, será importante impulsar de manera más integral el avance de profesionales españoles en instituciones y centros de conocimiento globales. Es importante hacerlo a todos los niveles y sobre todas las temáticas, si bien incidiendo especialmente en puestos senior y en cuestiones de relevancia para nuestro país.

Pero la influencia no se agota en la presencia. Requiere hilar más fino, conectando y activando. Para hacerlo, habrá que articular verdaderas redes que vertebren la interacción y permitan compartir información, conocimiento y objetivos. Habrá que crear comunidad, y eso implica tiempo y recursos. Habrá que ser proactivos, no sólo reactivos, anticipando tendencias y contribuyendo a definirlas. Y habrá, además, que participar a lo largo de toda la cadena de reflexión y acción que tiene lugar en esos centros globales de conocimiento y toma de decisiones, desde las etapas más primigenias de conceptualización a las finales de comunicación y evaluación.

La influencia pasa también por amplificar el alcance de la acción en términos de actores: hay que entender los ecosistemas globales de conocimiento en sentido amplio, no limitándolos a organismos internacionales o al ámbito estrictamente institucional, sino (como ya se ha apuntado antes) reconociendo que el pensamiento y la política la configuran diversas entidades y agentes –universidades, centros de investigación, think tanks, ONG, medios de comunicación–, donde muchos españoles realizan una impresionante labor en el exterior. Del mismo modo, pese al papel central de la conectividad con el Gobierno y la Administración General del Estado, el enfoque de la conexión con actores nacionales también tiene que ser más amplio, incluyendo al resto de Poderes del Estado, las administraciones y entes autonómicos y locales y, por supuesto, al amplio ecosistema profesional de nuestro país: empresas, agentes sociales (patronal, sindicatos), sociedad civil (organizaciones de consumidores, ONG, grupos de interés), universidades, think tanks, medios de comunicación… Hay que fomentar una mayor colaboración público-privada en este terreno, involucrando a todos los actores pertinentes.

Por último, para pasar de la mera presencia a la influencia será necesario fomentar una conectividad y complicidad con nuestro talento en el exterior que sólo es posible si de dota a la relación de un propósito y sentido, que deben ser simbióticos. Para España, como hemos señalado, es muy valioso tener acceso a este conocimiento experto, con frecuencia versado en el análisis de la comparativa internacional y la identificación de mejores prácticas, así como con acceso a decisores internacionales de gran peso. Pero el interés debe ser mutuo, de tal suerte que una mayor conexión de estos profesionales con nuestro país les aporte también a ellos conocimiento e información, influencia adicional y conexiones útiles en el ejercicio de sus funciones, además de contactos que puedan ser atractivos para su propio futuro profesional, incluida la perspectiva de un eventual retorno a España que nunca es fácil cuando se desarrolla una carrera fuera de nuestras fronteras.

Del elitismo a la ciudadanía

El segundo eje de acción que proponemos es favorecer una aproximación más cercana y humana al talento español global, centrada en el concepto de ciudadanía. El propio término “talento” lleva asociada una connotación elitista que con frecuencia limita el reconocimiento de las múltiples y diversas formas que dicho talento adopta en la realidad, no necesariamente aparejado al éxito o la visibilidad. Son muchos los españoles que hacen una labor extraordinaria en las sociedades en las que residen, contribuyendo a la mejora de las mismas. Es una labor callada pero efectiva, alejada de los focos pero con gran impacto en la vida de muchas personas.

Una mayor y mejor conexión con todos estos españoles anónimos es fundamental. Pasa por el reconocimiento amplio de su actividad, dándole la visibilidad de la que actualmente carece. Ello implica conocerlos y familiarizarnos con lo que hacen, y a partir de ahí explorar conjuntamente las múltiples sinergias y el valor mutuo de una relación más estrecha. Ciertos colectivos requieren una atención especial: jóvenes que están iniciando sus carreras profesionales, doctorandos realizando investigaciones específicas, voluntarios y cooperantes que van acumulando una experiencia única en determinados sectores y países… Tampoco hay que olvidarse de esa amplia clase media de profesionales y expertos que, sin estar en labores directivas, atesoran un amplio conocimiento que puede ser de gran interés para España. Conectar con ellos, apoyándoles precisamente cuando más lo necesitan y construyendo esa relación de confianza y soporte mutuo, es la mejor inversión que nuestro país puede hacer de cara a futuro.

La reciente creación de la figura del embajador en Misión Especial para la Ciudadanía Española Global, adscrito a la Secretaría de Estado de la España Global, aspira precisamente a hacer avanzar la conexión con este colectivo más amplio, reconociendo la riqueza de nuestra diáspora y la diversidad de formas en las que los españoles en el extranjero representan los valores de talante abierto, solidario y cosmopolita que caracterizan a nuestro país.

Del tacticismo a la estrategia

El tercer y último gran eje de acción que queremos destacar es la necesidad de pasar del tacticismo a un enfoque más estratégico y estructurado. Como se ha señalado, tenemos buenos ejemplos de acciones y proyectos que funcionan, pero suelen limitarse a la iniciativa concreta de determinados actores (por ejemplo, Embajadas que se toman más en serio conectar con los españoles presentes en su ámbito territorio) o a momentos muy puntuales (como la acción coordinada que tuvo lugar en 2019 con ocasión de la renovación de las instituciones europeas y los respectivos gabinetes).

En el ámbito estratégico se plantea la disyuntiva de optar por una estrategia más global y omnicomprensiva o, por el contrario, más granular y fragmentada, a modo de estrategias diferenciadas para cada institución o ecosistema. Muy probablemente, la realidad exija una combinación de ambas, capitalizando en los buenos ejemplos ya existentes (como el modelo de la REPER ante la UE y el intento de consolidar un ecosistema de influencia española en Bruselas) pero no limitándonos a la extrapolación de su modelo y herramientas a otros contextos, sino conectando todas estas iniciativas y facilitando una fertilización mutua entre ellas. Por un lado, se perfila la necesidad de una cierta especialización tanto geográfica e institucional (por país, por institución) como temática y sectorial (por área de conocimiento, por actividad profesional). Por otra parte, el éxito radicará en articular y federar adecuadamente todas estas comunidades de conocimiento, en un proyecto común que enlace con nuestras prioridades como país.

La magnitud de este desafío aconseja hacer un balance serio de todos los mecanismos institucionales e iniciativas ya existentes, explorando las posibles sinergias entre las mismas y rellenando huecos allí donde fuera necesario, especialmente donde se identifiquen oportunidades concretas y se constaten carencias, ya sean de índole más estructural o coyuntural. A partir de ahí, se podrían ir destilando acciones concretas. Algunas serán más básicas y relativas a la mera identificación y mapeo del talento donde haga falta. Otras estarán más centradas en su activación y dinamización. Jugará un papel fundamental a este respecto la creación de plataformas digitales, que refuercen la conectividad, dinamicen los ecosistemas y permitan funcionar en redes cada vez más transnacionales.

Una última dimensión que no podemos dejar de lado en la transición del tacticismo a la estrategia es la conveniencia de abordar la escasa “cultura de la influencia” en España. A diferencia de otros países, tenemos un cierto y secular prejuicio a capitalizar en dicho talento, ya sea por limitada tradición y falta de práctica o por una cierta connotación negativa de lo que puede considerarse como lobbying. A veces, son los propios profesionales quienes pueden ser reacios a este tipo de dinámicas, por considerar erróneamente comprometida la independencia de su función por una mayor proximidad a su país de origen. Cabría analizar si esto es exactamente así y si es diferente en otros países, así como los mecanismos para superar esta posible barrera cultural.

Entre otras acciones, habría que incidir en explicar mejor el beneficio que una mayor y mejor conexión con nuestro país puede tener para la propia institución en la que trabaja el profesional. Por ejemplo, a los organismos internacionales les interesa que sus trabajadores conozcan bien las prioridades de su país de origen y la realidad socioeconómica y política del momento, para enriquecer su análisis y conectarlo mejor con las preocupaciones de las instituciones y la ciudadanía; también que desarrollen redes y conexiones interpersonales de utilidad para avanzar la influencia de la propia institución en nuestro país. Lo mismo cabe decirse del resto de sectores: expertos que ayuden a conectar comunidades epistémicas, científicos que pongan en contacto a grupos de investigación, analistas que identifiquen oportunidades de inversión en uno y otro sentido…

Conclusiones

Hacia una política estratégica, integrada y omnicomprensiva

Movilizar el talento español en ecosistema de conocimiento globales no es tarea fácil. Hay que superar prejuicios e inercias, lo que llevará tiempo, recursos y energías. Pero hay que ser conscientes de que la inversión merece la pena, en especial en una época de hiperconectividad e interdependencia en la que la complejidad de nuestras economías y sociedades demanda cada vez más experiencias y conocimientos curtidos en la diversidad. La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de contar con un conocimiento y know-how que España muchas veces tiene fuera de sus fronteras, en instituciones a la vanguardia de la investigación; también en lugares donde se toman decisiones con gran efecto para nuestro país.

España haría bien en conocer y activar a sus españoles en el exterior, muchos de los cuales desarrollan su labor profesional en centros punteros de conocimiento o instituciones con gran influencia en la gobernanza global. Son un enorme activo que debemos aprovechar más y mejor. Aunque queda mucho por hacer para entender mejor a este colectivo y las acciones que pueden ayudar a conectar mejor con él, una primera orientación práctica aconseja pasar de la presencia a la influencia, favorecer un enfoque amplio de ciudadanía y menos centrado en el elitismo, e incidir en la estrategia de largo plazo frente al tacticismo del corto.

Se trata, en el fondo, de instaurar una nueva cultura de la colaboración, que promueva una aproximación más estructural, integrada y organizada al talento español en los ecosistemas globales de conocimiento, conectándolo entre sí y con las preocupaciones de nuestro país. Si lo hacemos bien, España puede convertirse en un referente internacional en este ámbito.

Manuel Muñiz Villa
Secretario de Estado de la España Global | @manuelmunizv

Ángel Alonso Arroba
Embajador en Misión Especial para la Ciudadanía Española Global


2 C. Alcidi y D. Gros (2019), “EU mobile workers: a challenge to public finances?”, contribución a ECOFIN, Bucarest, 5-6/IV/2019, CEPS.

3 Por ejemplo, el manual elaborado en 2012 por la Organización Internacional para la Migraciones y el International Migration Institute (Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development: A Handbook for Policymakers and Practitioners in Home and Host Countries). La OCDE ha desarrollado también una serie de estudios llamada Talent Abroad, que ha analizado los casos de Alemania, Marruecos y Rumanía.

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<![CDATA[ Elecciones presidenciales dominicanas: fin de época (¿y hegemonía?) en la República Dominicana ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari90-2020-malamud-nunez-elecciones-presidenciales-dominicanas-fin-de-epoca-y-hegemonia-en-republica-dominicana 2020-07-02T11:01:45Z

La República Dominicana vota el domingo 5 de julio para elegir presidente (2020-2024), siendo los primeros comicios latinoamericanos celebrados en plena pandemia. Por primera vez en más de 15 años peligra la hegemonía política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

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Tema

La República Dominicana vota el domingo 5 de julio para elegir presidente para el período 2020-2024. Por primera vez en más de 15 años peligra la hegemonía política del actual partido en el poder: el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Son los primeros comicios latinoamericanos celebrados en plena pandemia.

Resumen

Las divisiones y fracturas internas en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se perfilan como la principal causa que puede acabar con su largo dominio político en República Dominicana (2004-2020). La campaña para los comicios del 5 de julio ha estado marcada por la pelea entre caudillos (Danilo Medina y Leonel Fernández), que ha partido en dos al PLD. La hegemonía peledista está en cuestión ante el ascenso de fuerzas emergentes –comenzando por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de Luis Abinader– y por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia que ha alterado el cronograma electoral (las elecciones estaban previstas para mayo pasado).

Análisis

Las elecciones dominicanas han estado condicionadas por la pandemia del COVID-19 y por la división en el partido oficialista, que ha pagado un alto coste político traducido en una disminución en intención de voto. Esto último ha extendido la sensación de que el país se acerca a un final de época. En el mejor de los casos el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) podría verse obligado a disputar una segunda vuelta, lo que no sucede desde 1996, pero incluso alguna encuesta lo sitúa fuera del posible balotaje.

(1) Elecciones en medio de la pandemia

Las elecciones dominicanas se enmarcan dentro de un intenso año electoral en el Caribe, con comicios bajo el signo de la pandemia. Las primeras citas del año (a gobernador en Cuba, enero, y parlamentarias en Guyana, marzo) se celebraron antes de la llegada del COVID-19. Este no fue el caso de Surinam (mayo), celebradas en plena expansión del SARS-CoV-2, y que al igual que las de Guyana tuvieron serios problemas en la verificación de los resultados. La escasa incidencia de la enfermedad en estos países (en Surinam se llegó a 300 casos en el momento de la convocatoria), explican que se completaran los procesos electorales. Este también ocurrió en San Cristóbal y Nieves, que votó el 5 de junio con sólo 15 casos. Para los próximos meses están previstas elecciones legislativas en Belice (1 de noviembre), generales en Puerto Rico (3 de noviembre) y en San Vicente y Granadinas (diciembre).

Sin embargo, la expansión del COVID-19 en República Dominicana provocó la postergación de los comicios, previstos para el 17 de mayo, al 5 de julio. El 13 de abril, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) las retrasó por motivos de fuerza mayor debido a la emergencia sanitaria. Esto incluye a la potencial segunda vuelta, ya que si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos válidos emitidos, esta se celebrará el 26 de julio.

Esta ha sido una campaña atípica marcada por los toques de queda y las cuarentenas, que han impedido el desarrollo normal de la actividad partidista (el país tuvo, al menos toque de queda hasta el 27 de junio y estado de emergencia hasta el 30). El año, electoralmente hablando, también fue muy raro: no sólo se aplazaron las presidenciales, sino también hubo que repetir las municipales. Estas habían sido previstas para el 16 de febrero, pero se suspendieron por problemas con el voto automatizado. Cuatro horas después de abrirse los colegios se detectaron graves fallos en unas máquinas de votación utilizadas por primera vez. Según reconoció el presidente de la JCE, las “boletas” de los candidatos se estaban “subiendo incompletas”. Finalmente, las municipales se celebraron el 15 de marzo.

La ineficacia en la conducción del proceso electoral supuso un fuerte desgaste para el gobierno de Medina, golpeado por duras peleas internas desde 2019. La creciente preocupación por la situación económica y social producto de la pandemia sólo agravó las cosas.

El virus forzó el aplazamiento de las elecciones presidenciales y cambió la tradición, ya que desde 1970 los presidentes dominicanos se eligen en mayo. También se prohibieron los mítines. La pandemia trastocó todas las estrategias de campaña de los partidos. Los votantes deberán usar mascarilla en los centros de votación y guardar dos metros de distancia entre sí, aunque se prevé que, para el día de las elecciones, el país acabe de entrar en la cuarta y última fase de la desescalada. Sin embargo, a unos días antes de las elecciones, la pandemia todavía está lejos de ser controlada, con nuevos récords diarios de contagios a un ritmo creciente desde que comenzó el plan de reapertura de la economía a mediados de mayo. Así, se retrasó el pase a la fase 3, previsto para el 17 de junio.

El 5 de julio competirán seis candidatos, pero hay tres destacados, los respaldados por grandes coaliciones. Esta fórmula, que de una forma u otra se ha repetido desde los años 90, permite que organizaciones menores, de alcance local, participen en mejores condiciones. Sus votos son canalizados por alianzas y coaliciones hacia formaciones más grandes que logran un caudal de sufragios clave para evitar segundas vueltas mientras que los pequeños ganan en cuotas de influencia y clientelismo, así como acceso a fuentes de financiación y recursos.

El candidato del oficialista PLD es Gonzalo Castillo, respaldado por ocho organizaciones: el PLD, el Partido Demócrata Popular (PDP), el Movimiento Democrático Alternativo (Moda), el Partido Cívico Renovador (PCR), la Unión Demócrata Cristiana (UDC), el Partido Acción Liberal (PAL), el Partido Revolucionario Independiente (PRI) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Según todas las encuestas, el favorito es Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que nuclea una amplia alianza (la Coalición Democrática por el Cambio) en la que se encuentran Dominicanos por el Cambio, Humanista Dominicano, Alianza por la Democracia, Revolucionario Social Demócrata, Frente Amplio, la Coalición Democrática y el Partido Liberal Reformista (PLR).

Leonel Fernández es candidato por seis partidos y compite por un cuarto período. En esa alianza también se encuentra el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que lideró Joaquín Balaguer (presidente entre 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996). Fernández fue proclamado candidato por el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD, ahora Fuerza del Pueblo), el Partido de Unidad Nacional (PUN), el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Fuerza Nacional Progresista (FNP). Fernández competirá contra la candidatura del PLD, donde figura su mujer, Margarita Cedeño, como candidata a vicepresidenta. Ella ocupa este cargo desde 2012, tras el pacto entre Fernández y Medina. Otros candidatos son Guillermo Moreno de Alianza País, Juan Cohen del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) e Ismael Reyes del Partido Demócrata Institucional (PDI).

El virus ha modificado significativamente los mensajes, ahora menos centrados en la inseguridad y la corrupción (aunque han seguido muy presentes). Las propuestas han girado sobre las consecuencias económicas y sociales de la crisis. El candidato favorito, Luis Abinader, dio positivo y debió permanecer en cuarentena al final de la campaña, aunque pudo mantener su actividad virtual gracias a la levedad del contagio. El tres veces presidente y ahora opositor, Fernández, ha resaltado su amplia experiencia, a utilizar en la futura reconstrucción, como principal reclamo para atraer el voto. Su lema de campaña (“no es tiempo de improvisaciones”) es una clara referencia al favorito, el también opositor Luis Abinader. El oficialista Gonzalo Castillo ha incidido en la capacidad de su partido, en el gobierno desde 2004, para movilizar recursos para esta crisis, algo que le valió acusaciones de utilización del aparato del Estado a favor de su candidatura dando inicio así a una guerra sucia que desembocó en acusaciones mutuas de vinculación con el narcotráfico.

(2) El fin de una época

La mayoría de las encuestas muestran que las próximas elecciones tendrán características de fin de época, ya que pueden acabar con 16 años de gobiernos ininterrumpidos del PLD, bajo las presidencias de Fernández (2004-2012) y Medina (2012-2020). Casi todos los sondeos, numerosos pero de fiabilidad no siempre equiparable, dan como candidato más votado a Abinader. Para muchos sería el triunfador en caso de disputarse una segunda vuelta (frente a Castillo), pero, para la mayoría, ganaría en la primera. En muy pocos casos Fernández pasaría a la segunda vuelta. Tampoco ocurre, en ningún supuesto, que el voto histórico del PLD, ahora dividido, se unifique nuevamente para el balotaje. El divorcio y la fractura entre los seguidores de Danilo Medina (danilismo) y Leonel Fernández (leonelistas) es tan fuerte que la reconciliación es imposible. Ambas partes ven a Abinader como rival y a sus ex compañeros como el enemigo.

Figura 1. Principales sondeos realizados desde enero
Encuesta Resultado 1ª vuelta
(5 de julio)
Resultado 2ª vuelta
(26 de julio)
Gallup-HOY (enero) Luis Abinader, 42%
Gonzalo Castillo, 31%
Leonel Fernández, 16%

Luis Abinader, 58%
Gonzalo Castillo, 36%

Greenberg-Diario Libre (marzo)

Luis Abinader, 52%
Gonzalo Castillo, 24%
Leonel Fernández, 17%

No habría 2ª vuelta
La encuesta Penn (mayo)

Luis Abinader, 39%
Gonzalo Castillo, 37%
Leonel Fernández, 10%

Luis Abinader, 46%
Gonzalo Castillo, 42%

Mercado y Cuantificaciones (junio)

Luis Abinader, 52%
Gonzalo Castillo, 33%
Leonel Fernández, 11,2%

No habría 2ª vuelta
APD CONSULTING (junio)

Luis Abinader ,51,6%
Gonzalo Castillo, 34,4%
Leonel Fernández, 11,6%

No habría 2ª vuelta
Grupo de Investigaciones y Desarrollo Lerebour (junio)

Luis Abinader, 40,7%
Leonel Fernández, 33,4%
Gonzalo Castillo, 21,5%

Luis Abinader 47,2%
Leonel Fernández 45,8%

Mercado & Cuantificaciones (junio)

Luis Abinader, 52,1%
Gonzalo Castillo, 34,5%
Leonel Fernández, 8,2%

No habría 2ª vuelta
Cygnal (junio)

Luis Abinader, 55%
Gonzalo Castillo, 28%
Leonel Fernández, 10%

No habría 2ª vuelta
Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuestas (Idéame) (junio)

Luis Abinader, 52,5%
Gonzalo Castillo, 34,4%
Leonel Fernández, 10,9%

No habría 2ª vuelta
New Partners (junio)

Luis Abinader, 50,65%
Gonzalo Castillo, 29,51%
Leonel Fernández, 11,38%

No habría 2ª vuelta
Politics Research Dominicana – PoliRD (junio)

Gonzalo Castillo, 45,1%
Luis Abinader, 41,7%
Leonel Fernández, 9,8%

Habría 2ª vuelta
Gallup (junio)

Luis Abinader, 53,7%
Gonzalo Castillo, 35,5%
Leonel Fernández, 8,6%

No habría 2ª vuelta
Fuente: elaboración propia.

El PLD ha sido hegemónico política y electoralmente, salvo entre 2000 y 2004. Su posible declive electoral, que muestran las encuestas, responde a factores internos, aunque enlaza con un fenómeno regional: el voto de castigo al oficialismo, que en América Latina se ha acentuado desde 2017-2019.

(3) Los factores internos: el elevado coste de la división del oficialismo

El elemento interno que explica la decadencia del PLD es la fractura del oficialismo. Históricamente, en la República Dominicana, cuando un partido gobernante se ha fracturado ha perdido el poder. Ocurrió en 1986 cuando las divisiones en el PRD devolvieron al poder al PRSC, en 1996, ya que los problemas en el PRSC permitieron el triunfo del PLD, y en 2004 cuando la crisis económica y las ansias reeleccionistas de Hipólito Mejía (PRD) rompieron el partido, lo que facilitó la victoria de Fernández y el regreso del PLD al poder, prolongado hasta hoy. En 2019-2020, la pugna entre el actual presidente Medina y su antecesor y rival interno Fernández ha llevado a la ruptura del PLD y ha puesto en cuestión su dominio, que le ha permitido gobernar durante 20 de los últimos 24 años.

Figura 2. Período de hegemonía política del PLD, 1996-2020
Presidente Partido Período
Leonel Fernández PLD

1996-2000

Hipólito Mejía

PRD

2000-2004
Leonel Fernández

PLD

2004-2012

Danilo Medina

PLD

2012-2020
Fuente: elaboración propia.

Desde octubre el PLD ha vivido un profundo desgarramiento entre los sectores que lidera Medina y los que siguen a Fernández, que ha acabado con los últimos fuera del partido. En 2019 se desencadenó una “guerra civil” entre caudillos, que ha conducido a que el invencible PLD (ganador en los comicios de 2004, 2008, 2012 y 2016) se vea en una situación que desconocía desde hace dos décadas.

Fernández y Medina han marcado la historia de la República Dominicana del último cuarto de siglo XX. El PLD ha gobernado apoyado en (o, en realidad, apoyando a) dos líderes (caudillos) que se han sucedido en el poder: Fernández primero y Medina después. En 1996 Fernández llevó al PLD a la presidencia por primera vez en su historia. Lo hizo en medio de un relevo generacional que puso fin al liderazgo de los viejos caudillos: Juan Bosch, Juan Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer. Fernández, que lideró el viaje al centro político de un PLD muy escorado a la izquierda bajo el mando de Bosch, regresó al poder en 2004 manteniendo su hegemonía hasta 2012. Ese año le sucedió su compañero de partido –y rival interno– Danilo Medina, quien ha ejercido la presidencia desde ese año hasta 2020, momento en el que deberá entregar la banda presidencial.

El predominio del PLD en las urnas ha sido avasallador desde 2004, pues se ha impuesto a sus rivales en primera vuelta (sin necesidad del balotaje) y por amplias diferencias, salvo en 2012. Fernández superó a los perredistas Hipólito Mejía en 2004 y Miguel Vargas en 2008, por más de 10 puntos y Medina, que derrotó ajustadamente a Mejía en 2012, se impuso ampliamente a Abinader (PRM) en 2016.

Entre Fernández y Medina la relación ha tenido altibajos: se han sucedido alianzas y duros enfrentamientos desde hace dos décadas, aunque hasta ahora no habían mermado el control político del PLD. En 2007 Medina quedó frustrado cuando aspiraba a suceder a Fernández, pero este último le cerró el paso al imponerse en las primarias del partido. El entonces precandidato presidencial Medina (que había sido derrotado en las presidenciales de 2000 por Mejía) reconoció su desventaja en la disputa interna. En una alocución ante sus seguidores dijo, en velada referencia a su adversario y compañero de partido, que “el Estado se impuso: reconozcamos que numéricamente el Estado ganó y que la reelección tiene un espacio dentro del PLD”. Sin embargo, en 2012, Fernández permitió el paso a Medina, que conquistó la presidencia, aunque con un pacto mediante. No sólo la esposa de Fernández, Margarita Cedeño, iba como vicepresidenta de Medina, sino que se respetaron ciertas cuotas de poder e influencia para el leonelismo. Sin embargo, Fernández no pudo evitar que el danilismo impulsara una reforma constitucional que cerraba su regreso al poder y que permitía a Medina optar a la reelección en 2016.

El partido fundado en 1973 por el histórico caudillo antitrujillista, Juan Bosch, se convirtió con Fernández en una engrasada maquinaria política. El PLD fue imbatible tanto con Fernández (1996, 2004 y 2008) como con Medina (2012 y 2016). Sólo en 2000, Mejía, entonces en el PRD, pudo derrotar al PLD, la fuerza política hegemónica, de forma democrática en un país acostumbrado a otras hegemonías autoritarias y caudillistas: la “dictadura sultanística” de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) y los dos períodos de gobierno autoritario (“bonapartista”) de Joaquín Balaguer (1966-1978 y 1986-1996).

Desde 1996, y sobre todo desde 2004, se fue construyendo otra hegemonía, la del partido morado (PLD), asentada en tres pilares, que al estar ahora en cuestión explican la merma de sus apoyos.

(3.1) Existencia de fuertes liderazgos, epicentro de una tupida red clientelar

Fernández, primero, y Medina, después, construyeron sus liderazgos apoyados en un férreo control sobre la administración y el partido, repartiendo ayudas y subvenciones de forma patriarcal. Si bien ninguno es semejante a los caudillos decimonónicos de los siglos XIX y XX dominicano, en parte recogen esta tradición. La popularidad de Medina, y antes la de Fernández, fue elevada en un país en el que el presidente sigue siendo visto como el epicentro de las dádivas y cohesionador de una amplia y tupida red clientelar de caciques locales que abarca todo el territorio nacional.

En la actual situación de hartazgo con el partido hegemónico, Abinader aconseja admitir con una mano los regalos y votar con la otra en sentido contrario: “Cojan lo que les den, pero a la hora de ir a votar… háganlo por dignidad, conscientes de que un grupo de sinvergüenzas no se puede pasar cuatro años engañando y burlándose del pueblo para luego aparecerse con limosnas por unos días que mantendrán a la gente en la miseria de siempre”. Una forma muy dominicana de entender la política, que busca conciliar los comportamientos caciquiles, escasamente vinculados con la ciudadanía republicana, y el voto de castigo contra el poder.

(3.2) Un partido cohesionado frente a una oposición desunida

El PRD es el principal partido opositor, aunque siempre ha estado inmerso en peleas. De sus divisiones internas surgieron el PLD en 1973 y el PRM en 2014. El PLD evitó fraccionarse, ya que danilistas y leonelistas, pese a su rivalidad, mantuvieron la unidad hasta 2019. Como explica Ana Belén Benito Sánchez, las facciones partidarias se unen no por ideología sino por oportunismo electoral: “Entre jefes y dirigentes medios prima la lealtad instrumental típica de las relaciones patrón-cliente, en la que se intercambian bienes particularizados y selectivos a cambio de apoyo. Las bicefalias carismáticas y lealtades instrumentales dominan las relaciones de conflicto entre compañeros de partido. La legitimidad clientelar del sistema político dominicano se reproduce dentro de las fuerzas partidistas y los políticos enfrentan las mismas decisiones estratégicas que los electores”. En estas décadas, el PLD ha sido capaz de ir vaciando el campo opositor e ir atrayendo a partidos que en su día fueron sus principales rivales. El PRSC y el PRD acabaron en 2016 yendo en coalición con Danilo Medina para no desaparecer del escenario político ante el ascenso de una fuerza recién nacida como el PRM.

(3.3) Una coyuntura favorable

Fernández y Medina han liderado administraciones modernizadoras, favorecidas por la buena coyuntura económica internacional, que ellos han sabido gestionar. Finalmente, Medina, como antes Fernández, se ha convertido en el garante del progreso, desarrollo y modernización. De hecho, la República Dominicana lleva varios años creciendo por encima del 4%, gracias al fuerte impulso de los bajos precios del petróleo, la recuperación de EEUU y la demanda interna. En plena pandemia, será el único país de América Latina que no va a decrecer (rondará el 0%). De este modo, el país se ha consolidado como una de las economías regionales más dinámicas, incluso desde 2013, cuando el continente ha registrado crecimientos negativos o muy bajos. Este crecimiento ha permitido la expansión de una clase media, en su mayor parte vulnerable, hasta rondar el 30%, mientras la pobreza ha caído, según la CEPAL del 40% al 25%. Sin embargo, la mayoría de la población (44%) está en la vulnerabilidad y en la informalidad (54,8%).

Los tres pilares que sostenían la hegemonía del PLD se derrumbaron el último año. Todo empezó con los deseos continuistas de Medina, que rompieron al partido. A lo largo de 2019 el presidente se mostró muy reservado y ambiguo sobre su deseo de optar a la reelección y si bien no desvelaba el misterio, sus seguidores y aliados se movilizaban para conseguir que el Congreso aprobara una reforma constitucional que permitía una nueva candidatura. La mayor resistencia a esta posibilidad no partió de la oposición sino de dentro del partido oficialista. La encabezó Fernández, quien en mayo de 2019 reiteró su rechazo a una reforma constitucional que permitiera a Medina optar a un tercer mandato consecutivo.

A comienzos de agosto Fernández movilizó a sus partidarios y encabezó un multitudinario acto en el Estadio Olímpico de Santo Domingo para impedir “reformar una Constitución cada cuatro años con el único propósito de permitir la reelección del presidente de la República. No lo puedo apoyar”. Fernández consiguió su objetivo de bloquear las aspiraciones de Medina, quien renunció a la reforma constitucional, aunque denunció las “campañas de descrédito [para] minar el apoyo popular” a su gobierno. Esa pugna derrumbó el primer pilar del edificio peledista: dejó herida de muerte la posibilidad de reconstruir un liderazgo unificado dentro del partido. Los dos grandes caudillos habían tensado tanto la cuerda y la pugna que ya no eran capaces de reunificar fuerzas tras un único liderazgo y rediseñar el equilibrio interno con los tradicionales pactos y transacciones.

A la quiebra del liderazgo se unió la fractura del PLD en octubre de 2019. Fernández, presidente del partido, abandonó la organización junto a miles de seguidores que denun­ciaron fraude en la convención interna para elegir candidato presidencial. Entonces, el presidente Medina logró la victoria de su candidato, su exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Gonzalo Castillo, frente al propio Fernández. La aspiración de volver a ser candidato por su partido desapareció y el control que tenía Medina del aparato permitió el triunfo de un danilista como Castillo, quien no ocultó sus raíces: “Soy el garante de la continuidad de los logros del presidente Medina”. Desde entonces Fernández trabajó por crear su propia alternativa: la Fuerza del Pueblo, nacida sobre la base de una pequeña organización, el PTD.

El resultado más inmediato de esta situación, con el liderazgo debilitado y el partido desunido, fue la derrota del oficialismo en los comicios municipales de marzo de 2020. En ellas, el oficialismo perdió en el Distrito Nacional y en la mayoría de las principales ciudades del país, que cayeron en manos del PRM. Carolina Mejía (PRM) acabó con 14 años de dominio peledista en Santo Domingo y se convirtió en la primera alcaldesa de la capital. Fue una importante victoria local ya que el PRM conquistó la capital con más del 57% de los votos, frente al 31,34% del PLD. Y fue un triunfo a escala nacional porque el PRM obtuvo 1.727.553 votos (el 40,76%, 16 puntos más que en 2016) y se hizo con 81 alcaldías (frente a 30 en 2016) mientras que el PLD (1.426.398 votos y el 33,66%) alcanzó 65 alcaldías (10 menos).

Figura 3. Comparativa de las elecciones municipales, 2016 y 2020
Año Resultados
2016

PLD 35,7%
PRM 24,48%
PRD 7,84%
PRSC 12,17%

2020

PRM 40,76%
PLD 33,66%
PRSC 3,73%
La Fuerza del Pueblo 3,42%

Fuente: elaboración propia.

La decadencia del PLD no ha pasado inadvertida para la red de caudillos locales en los que se apoyan los liderazgos nacionales. Son caudillos regionales que encabezan minúsculas organizaciones que históricamente han apoyado al PLD o al PRD, y que en las elecciones manejan un volumen de votos pequeño pero decisivo, capaz de inclinar la balanza hacia el candidato que respaldan. En 2004, con Fernández como candidato, el PLD tuvo 49,02% votos y evitó el balotaje gracias al voto de sus aliados con los que alcanzó el 57,11%. En 2008, sin las alianzas, Fernández obtuvo sólo el 44,94% de los votos. Con el sufragio de los partidos “pequeños”, ganó con el 53,83%. En 2012 el PLD fue votado solamente por el 37,73%. Los aliados aportaron al triunfo de Medina un 13,46% más. Sólo en 2016 el PLD superó por sí mismo el 50%.

No contar con el respaldo de esos caciques puede tener consecuencias muy graves, como disputar una segunda vuelta o perder apoyos. Así, un “zorro de la vieja política”, el senador Amable Aristy Castro, un caudillo local, con fino olfato para ver por dónde sopla el viento, anunció en mayo que abandonaba al PLD para unirse a la candidatura de Abinader. El ‘Cacique higueyano’ (de la provincia de Higüey), que lidera el pequeño pero decisivo PLR, renunció oficialmente a su candidatura y a los acuerdos con el PLD.

(4) Un nuevo ejemplo de voto de castigo al oficialismo

Desde una perspectiva latinoamericana las elecciones dominicanas pueden ser contempladas como un nuevo capítulo de un fenómeno regional. Si el PLD fuera derrotado sería una nueva muestra de una tendencia político-electoral presente desde 2015, y con mayor fuerza desde 2017. La mayoría de los comicios se convierte en un voto de castigo al oficialismo, con victorias de candidatos opositores, bien partidos históricos, bien fuerzas emergentes. En el caso dominicano, el voto de castigo podría imponerse incluso a un aparato con tradición, experiencia y recursos.

Aquí se podría repetir lo de México, donde una nueva formación (MORENA, creada en 2014) desplazó a las tres que dominaban el tablero político desde los años 90. En Colombia ganó el uribismo y, en Brasil, las formaciones dominantes desde 1995 (Partido de los Trabajadores –PT– y Partido de la Social Democracia Brasileña –PSDB–) fueron superadas por el Partido Social Liberal (PSL), liderado por un candidato proveniente de la periferia del sistema político, Jair Bolsonaro. En las dos elecciones de la primera mitad de 2019 se prolongó el voto de castigo: vencieron fuerzas opositoras, alguna con raíces históricas (Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático –PRD–, en Panamá) o sin una larga tradición, como la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), de Nayib Bukele en El Salvador. En la segunda mitad de 2019 la oposición triunfó en las elecciones presidenciales de Guatemala (Alejandro Giammattei), en Argentina con el regreso del kirchnerismo y en Uruguay, acabando 15 años de hegemonía del Frente Amplio.

Durante el período 2017-2019 el electorado ha votado más contra los gobiernos que por determinadas opciones ideológicas. En las 14 elecciones celebradas entre 2017 y 2019 hubo cinco triunfos oficialistas y nueve victorias opositoras: Chile, Colombia, México, Brasil, El Salvador, Panamá, Guatemala, Argentina y Uruguay. No hubo un color uniforme, pues los triunfadores fueron las diferentes izquierdas (México, Panamá y Argentina) y las disímiles derechas (Chile, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Uruguay). En los últimos nueve comicios –entre junio de 2018 y noviembre de 2019– hubo ocho triunfos opositores (la única victoria oficialista fue en las elecciones anuladas de Bolivia) y los gobiernos fueron duramente castigados (en El Salvador, el FMLN pasó de ganar en 2014 a ser el tercero; en Panamá terminó cuarto con el 10% del voto; y en México, el PRI quedó a 30 puntos del vencedor) o no lograron acceder a la segunda vuelta (Colombia y Guatemala).

Figura 4. Triunfos opositores en América Latina, 2017-2019
País Año Candidato victorioso
Chile 2017

Sebastián Piñera

Colombia

2018

Iván Duque
México

2018

A.M. López Obrador

Brasil

2018

Jair Bolsonaro
El Salvador

2019

Nayib Bukele
Panamá

2019

Laurentino Cortizo

Guatemala

2019

Alejandro Giammattei
Argenitna

2019

Alberto Fernández
Ururguay

2019

Luis Lacalle Pou
Fuente: elaboración propia.

Luis Abinader y su PRM (creado en 2014) se sitúa en esta línea de nuevas fuerzas emergentes, críticas con las hegemonías tradicionales. Eso no le impide apelar al cambio que dice representar: “Por demasiado tiempo en República Dominicana hemos tenido dos países, un país para unos pocos y otro país para la mayoría de los ciudadanos”. En este esquema, tanto Fernández como Castillo encarnan a la elite política que ha gobernado el país desde los años 90, pactando en muchos casos con la anterior clase política.

Se busca canalizar el hartazgo de la población respecto a una administración signada por la corrupción (Odebrecht), tras 16 años de gobiernos peledistas y ocho de Medina. Este buscaría alargar su influencia a través de Castillo. Contra esto, Abinader articula un mensaje transversal: “De este lado están los que creen que no hay diferencias entre el gobierno y sus intereses personales, los que han pisoteado la democracia y la institucionalidad de la República y quieren continuar como un partido único. Mientras, del otro lado está la esperanza y el cambio a ese modelo de corrupción”. Y se dirige a grupos concretos, desde los sectores femeninos (“Mujer, no es que mereces el cambio, tú eres el cambio”) a los negros (“es hora de levantar un país con igualdad de oportunidades para todos”), sin despertar temor en el sector empresarial.

Conclusiones

Estos comicios serán unas elecciones de fin de época, más allá de si pierde el PLD y terminan 16 años de hegemonía política. Lo son porque, por primera vez desde 2004, no estarán en el palacio presidencial ni Fernández (si no pasa a la segunda vuelta) ni Medina. Y también habrá muerto definitivamente el viejo sistema bipartidista (PLD vs PRD) imperfecto –con un tercer invitado, el PRSC–. Ese modelo va a ser sustituido por otro bipartidismo (PLD vs PRM) también imperfecto, con otro actor en juego (la Fuerza del Pueblo), cuya capacidad de supervivencia dependerá de la vida política que tenga Fernández. La victoria del PRM pondría fin a un período histórico (1996-2020). En los años 90 acabó el tiempo de los caudillos históricos, con la muerte de Peña Gómez y Bosch y el eclipse de Joaquín Balaguer, y en 2020 puede terminar el tiempo de Fernández y Medina como caudillos dominantes.

Las elecciones dominicanas van a mostrar una imagen repetida en las últimas citas regionales: un partido nuevo (el PRM aspira a repetir la historia de MORENA en México o del uribismo en Colombia) desplaza a partidos opositores históricos (el PRD en el caso dominicano y mexicano), plantea un reto a las fuerzas hegemónicas (el PRI y el PAN mexicanos o el Frente Farabundo Martí –FMLN– y la Alianza Republicana Nacionalista –ARENA– en El Salvador) y sitúa a un candidato emergente (no nuevo, ni outsider) y crítico con el establishment a las puertas del poder (como Bukele en El Salvador).

Estos comicios, celebrados en plena pandemia, no sólo van a estar marcados por el COVID-19 sino que el futuro gobierno va a ver su agenda alterada por el reto que esto supone para sectores como el turismo, tan importantes para República Dominicana. Un gobierno que, además, tendrá que responder a las demandas de los sectores ascendentes, urbanos, que de forma clara parecen optar por el cambio y por dejar atrás el período 1996-2020.

Carlos Malamud
Investigador principal, Real instituto Elcano
| @CarlosMalamud

Rogelio Núñez Investigador senior asociado del Real Instituto Elcano y profesor colaborador del IELAT, Universidad de Alcalá de Henares | @RNCASTELLANO

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<![CDATA[ Un llamamiento a la presidencia alemana: invierta con valentía e inteligencia en el futuro de Europa ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-pirozzi-tekin-toygur-un-llamamiento-a-la-presidencia-alemana 2020-06-30T02:07:51Z

Hay muchas expectativas y esperanzas de que la próxima presidencia alemana del Consejo de la UE muestre liderazgo y dé contenido a la declaración “Juntos por la recuperación de Europa”.

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Original en inglés: A plea for the German Presidency: invest boldly and smartly in the future of Europe.

Versión en italiano en Euractive Italia y en alemán en Euractive Alemania.

La presidencia alemana del Consejo de la UE comienza oficialmente el 1 de julio de 2020.1 Hay muchas expectativas y esperanzas de que esta presidencia muestre liderazgo, y que la presidencia dé contenido a la declaración “Juntos por la recuperación de Europa”. Alemania tiene ante sí la nada envidiable tarea no sólo de guiar a la Unión en el camino de la salida de las crisis generadas por la pandemia del COVID-19, sino también de alentar el diseño de una estrategia creíble para una reforma a largo plazo. De hecho, la emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto las numerosas grietas que tiene el proyecto europeo y que afectan a su capacidad de responder a las necesidades de los ciudadanos, lo que plantea dudas sobre la supervivencia de la UE. En este sentido, la pandemia ha servido de voz de alarma, recordando a los europeos que no hay más opciones que cambiar o desintegrase.

“Llevar a cabo reformas valientes no es fácil y exige la suma de varios elementos: voluntad política por parte de los líderes, acción valerosa de las instituciones y apoyo de los ciudadanos”.

La larga lista de la agenda estratégica requiere un cuidadoso manejo de las expectativas de lo que la presidencia alemana será capaz de lograr. Llevar a cabo reformas valientes no es fácil y exige la suma de varios elementos: voluntad política por parte de los líderes, acción valerosa de las instituciones y apoyo de los ciudadanos. El gobierno alemán ya ha dado una muestra de su impulso político con la iniciativa franco-alemana para la recuperación europea, que allanó el camino para una propuesta sin precedentes de la Comisión Europea. No obstante, el motor franco-alemán es una condición necesaria pero no suficiente para un resultado exitoso. Una tarea fundamental para la presidencia alemana es tender puentes entre los Estados miembros.

Por ello, la presidencia alemana debería empezar por convencer a los Estados miembros, en particular a los “cuatro frugales”, de que apoyen el plan de recuperación de la Comisión Europea denominado Próxima Generación UE, así como un ambicioso Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2021-2027, incluyendo también el instrumento presupuestario de convergencia y competitividad (BICC), una herramienta permanente que sigue siendo un importante mecanismo para la durabilidad del euro. También son importantes las posibles reformas a largo plazo sobre la gobernanza económica de la UE, empezando por la conversación tanto tiempo evitada sobre el mandato y la rendición de cuentas del Banco Central Europeo. Nos jugamos no sólo los distintivos simbólicos de la integración de la UE, en concreto la moneda común y la Eurozona, sino, sobre todo, el bienestar de los ciudadanos europeos. La cohesión social debería estar en el centro de este plan.

“La presidencia alemana también necesita fortalecer el papel de la UE en el mundo post-pandemia”.

La recuperación del COVID-19 brinda un espacio de oportunidad para reforzar la sostenibilidad del modelo de desarrollo de la UE. Ello significa que la acción contra el cambio climático tiene que ser un objetivo central de los planes de recuperación y que la UE no debe desviarse de las aspiraciones del Pacto Verde y debe ser consciente y transparente sobre las desventajas potenciales inherentes en términos de aceptación económica. La presidencia alemana necesita activar todo el potencial de la diplomacia climática de la UE para restablecer los planes globales enfocados a incrementar los compromisos de contribución nacionales bajo el Acuerdo de París.

Una rápida transición digital también tendría que ocupar una buena parte de la agenda de la presidencia –así como en el plan de recuperación– como inversión fundamental para el futuro. Esta transición está directamente relacionada con el concepto más amplio de autonomía estratégica. La soberanía digital y tecnológica deberían ser asuntos claves de la agenda.

Si la UE desea reforzar su capacidad de resistencia y de adaptación en tiempos de crisis tendrá que reforzar su resiliencia. Esto consistiría principalmente en mantener los valores esenciales europeos: la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la libertad y la igualdad. Por encima de todo, es esencial la búsqueda de consensos básicos sobre el Estado de derecho que sean compartidos por todos los Estados miembros como condición previa para el futuro de Europa. Mucho antes de la pandemia del COVID-19, la UE inició la tramitación del Artículo 7 contra Polonia y Hungría. La pandemia ha intensificado los desafíos a los valores comunes de la UE. La presidencia alemana necesita romper el silencio sobre este asunto. Por otro lado, la condicionalidad en materia del Estado de derecho debe convertirse en una característica básica no sólo del MFP sino también del plan de recuperación. Si los valores comunes están en peligro, el futuro de la UE lo estará también.

Ha habido informaciones de violaciones de derechos humanos en las fronteras exteriores de la UE antes y después de la pandemia. Junto con la apertura de las fronteras interiores y exteriores de la zona Schengen, el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) necesita urgentemente una reforma en aras de la solidaridad compartida.

La presidencia alemana también necesita fortalecer el papel de la UE en el mundo post-pandemia. Tanto las elecciones de EEUU en noviembre como la evolución de las rivalidades chino-estadounidenses deberían ser objeto de atención. A la vez que mira más lejos, la UE debe diseñar una estrategia más eficaz para su propio entorno: desde los Balcanes occidentales a Turquía, desde la zona mediterránea a África hay varios asuntos en la agenda. El Brexit es otra cuestión inaplazable de esta lista. La presidencia alemana tendrá que abordar este problema, ya que el gobierno del Reino Unido no está dispuesto a prolongar el período de transición.

La respuesta fragmentada y tardía europea tras el estallido de la pandemia, sumada a las profundas consecuencias económicas y sociales, podría minar la confianza de los ciudadanos respecto a las instituciones europeas, reavivando el euroescepticismo. Recuperar los corazones y las mentes de los ciudadanos europeos, requerirá una iniciativa simbólica potente para hacer que la UE sea más visible en sus vidas cotidianas. Una Conferencia sobre el Futuro de Europa revisada, con unos plazos más cortos, objetivos claros, y un sistema de movilización creíble podría preparar el terreno para una vacuna metafórica para la UE.

Las decisiones que se tomen en la segunda mitad de 2020 están destinadas a tener un impacto duradero en Europa y sus ciudadanos: la presidencia alemana tiene que elegir con cuidado sus prioridades para poder invertir con valentía e inteligencia en el futuro de la UE.

Nicoletta Pirozzi
Istituto Affari Internazionali
| @NicolePirozzi

Funda Tekin
Institut für Europäische Politik
| @FundaTekin17

Ilke Toygür
Real Instituto Elcano
| @ilketoygur


1 Una versión de este texto en castellano fue publicada el 30/6/2020 en EURO EFE Euraactiv. Una versión anterior en inglés fue publicada como parte de la publicación de la Trans European Policy Studies Association (TEPSA) “Recommendations from the members of the TEPSA network to the incoming German Presidency”. Los autores desean agradecer sus aportaciones a Michele Chang, del College of Europe, Gaby Umbach, del European University Institute, y Saila Heinikoski y Niklas Helwig, del Finnish Institute for International Affairs.

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