Comentarios Elcano - Real Instituto Elcano Feeds Elcano Copyright (c), 2002-2018 Fundación Real Instituto Elcano Lotus Web Content Management <![CDATA[ Serbia y el bazar geopolítico de la vacuna ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-milosevich-serbia-y-el-bazar-geopolitico-de-la-vacuna 2021-02-09T10:14:11Z

La clave del éxito de Serbia en su campaña de vacunación no está en pagar precios más altos, sino en el ejercicio pleno de su soberanía en la compra de vacunas y en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en su distribución.

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Según Our World in Data, que diariamente actualiza los datos sobre la vacunación contra el COVID-19 en el mundo, Serbia ocupa el segundo lugar entre los países europeos, con un 7,9% de porcentaje de administración de la primera dosis a sus ciudadanos, sólo por detrás del Reino Unido (que ha vacunado a un 16,9%). Serbia no ha participado en la carrera de investigación y desarrollo de la vacuna, en la que no podía competir con EEUU, el Reino Unido, China o Rusia, pero está ganando esta otra batalla y dando ejemplo con su sistema de vacunación. La clave de su éxito no está en pagar precios más altos que los países de la UE (como han hecho Israel y los Emiratos Árabes), sino en el ejercicio pleno de su soberanía en la compra de vacunas y en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en su distribución. El ejemplo de Serbia revela –además de las ventajas de un mercado libre en el que, sin prejuicio ideológico alguno, compiten las vacunas occidentales (Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca) con las de China (Sinopharm) y Rusia (Sputnik V)– las ventajas del respeto a la libertad de elección de sus ciudadanos.

“El ejemplo de Serbia revela (…) las ventajas del respeto a la libertad de elección de sus ciudadanos”.

Según Vukašin Grozdić , asesor del Primer Ministro, La campaña de vacunación en Serbia se planeó y preparó cuidadosamente, con anticipación, incluso antes de que recibiéramos el primer envío en diciembre de 2020. Dado que la cadencia de la inmunización era crítica, decidimos rediseñar todo el proceso y depender en gran medida de la tecnología. El software que desarrollamos permite acelerar cada fase del proceso tres veces, teniendo en cuenta al mismo tiempo las preferencias de nuestros ciudadanos”. Sin duda, la opción de dejar a la ciudadanía elegir la vacuna ha sido un acierto , porque ha aumentado la confianza espontánea en la vacunación y ha acelerado la inmunización colectiva.

En un país donde la digitalización de las empresas e instituciones, incluidas las estatales, ha progresado lentamente en los últimos años, la vacunación serbia ha usado una plataforma digital que atiende eficazmente a ciudadanos y operadores de centros de llamadas (interés de registro, sistemas de notificación y gestión de consultas), al personal médico y voluntarios de asistencia (registro de inmunizaciones y emisión de certificados de vacunación), y a trabajadores de la cadena de suministro y almacén (adquisición y distribución de vacunas), así como a la gestión de centros de vacunación y personal médico, seguimiento y notificación.

Además de la digitalización, la centralización de datos es otro elemento a tener en cuenta. Cientos de centros de atención primaria de salud, puntos de vacunación masiva en la Feria de Belgrado, el Instituto Nacional de Salud Pública y sus sucursales regionales, varias agencias gubernamentales, el Portal Nacional de Gobernanza Electrónica y varios centros de llamadas han facilitado el intercambio de información, la interoperabilidad y la gestión. Los ciudadanos completan un sencillo formulario electrónico disponible en el Portal Nacional de Gobernanza Electrónica, o contactan a los call centres para que los operadores registren su interés en el software. Un complejo algoritmo de IA programa automáticamente las citas con días de anticipación, para que cada ciudadano en particular verifique el tipo de vacuna deseado, de acuerdo con la elegibilidad por edad, profesión (grupos prioritarios), condiciones de salud y franjas horarias disponibles en los sitios de vacunación. Todo este proceso dura como máximo 48 horas.

Serbia es un país de algo menos de 7 millones de habitantes que ocupa el puesto 88 por PIB nominal . Su deuda pública en 2019 fue de 27.160 millones de dólares (con una relación deuda-PIB de un 52,84%) y su deuda per cápita es de 3.921 dólares por habitante. Sin embargo, ya se ha asegurado al menos 6,5 millones de dosis de Pfizer, Sputnik-V, Sinopharm, Moderna y AstraZeneca. Además, Serbia es miembro de COVAX en la Organización Mundial de la Salud, de la que también recibirá vacunas.

“(…) el éxito de Serbia se cifra en ofrecer a su población un bazar de vacunas.”

Tal éxito ha sido presentado por el presidente populista Aleksandar Vučić como el de la gestión de su gobierno. En realidad, y al margen de la eficaz actuación de la primera ministra, Ana Brnabić, quien ha supervisado personalmente la creación del software para la vacunación, el éxito de Serbia se cifra en ofrecer a su población un bazar de vacunas. Este bazar, como casi todo lo demás en los Balcanes, se atiene a la dinámica de oferta y demanda, refleja la rivalidad geopolítica entre las grandes potencias, y pone de relieve la desconfianza del gobierno serbio en la UE y su capacidad de abastecer a Serbia con las necesarias dosis de la vacuna.

Mientras la UE tiene dificultades de producción y distribución de las vacunas producidas en Europa para los países miembros de la Unión, en los Balcanes, China y Rusia han sustituido la “diplomacia de las mascarillas” (la que practicaron al comienzo de la pandemia, cuando “regalaban” material sanitario a los países occidentales) por una “diplomacia de vacunas”.

El informe de la prestigiosa revista The Lancet, que afirma que la vacuna Sputnik-V (su nombre, el del primer satélite artificial lanzado al espacio en 1957, evoca la rivalidad entre EEUU y la Unión Soviética durante la Guerra Fría) en un primer ensayo tiene una eficacia de casi un 92% , no solamente sitúa a Rusia entre los países ganadores de la lucha científica contra el virus , sino entre los que pueden usar su vacuna para reforzar su poder blando. En esta carrera, como lo demuestran los casos de Serbia, Hungría y varios países de América Latina, Rusia está ganando por más de una cabeza a la UE. Esto no quiere decir que las autocracias sean más eficaces que las democracias en la gestión general de la pandemia (un debate que se abrió al comienzo de la crisis), sino que la soberanía de los países que permiten a sus ciudadanos elegir la vacuna y aplican la IA a la planificación de la vacunación son de mayor eficacia que la pesada burocracia de otros.

“El miedo al virus y la necesidad de vacunar a la población para reavivar la economía, tendrá mayor influencia en nuestras decisiones que los principios morales en relación con la política exterior rusa.”

Si la Agencia del Medicamento europea aprueba la vacuna Sputnik-V, como ha solicitado Moscú, de poco servirán nuestras críticas humanitarias y democráticas contra el encarcelamiento de Navalny , la anexión de Crimea y otras violaciones rusas del Derecho Internacional, a la hora de conseguir la distribución de esta vacuna en los países de la UE. El miedo al virus y la necesidad de vacunar a la población para reavivar la economía, tendrá mayor influencia en nuestras decisiones que los principios morales en relación con la política exterior rusa.

Durante la Guerra Fría, el ajedrez y el deporte fueron los principales instrumentos del poder blando de la entonces Unión Soviética. En el siglo XXI, el de Rusia es el Sputnik-V, aunque no tenga que ver salvo en el nombre con la carrera espacial.

Mira Milosevich-Juaristi
Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora asociada de Russia's Foreign Policy del Instituto de Empresa (IE University) | @MiraMilosevich1

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<![CDATA[ El Acuerdo de Inversiones UE-China: un paso en la dirección correcta ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-esteban-otero-acuerdo-de-inversiones-ue-china-un-paso-en-direccion-correcta 2021-01-19T06:55:23Z

El anuncio de un acuerdo de inversiones entre la UE y China (CAI, por sus siglas en inglés) el pasado 30 de diciembre ha levantado una enorme controversia.

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Versión en inglés: The EU-China investment agreement: a step in the right direction.

El anuncio de un acuerdo de inversiones entre la UE y China (CAI, por sus siglas en inglés) el pasado 30 de diciembre ha levantado una enorme controversia. Aunque aún es prematuro realizar una valoración concluyente de dicho acuerdo, entre otras cosas porque el texto todavía no se ha hecho público, se han vertido numerosísimas y vehementes críticas contra la diplomacia europea por firmarlo, incluso desde dentro de las propias instituciones comunitarias. Como este acuerdo aún debe ser ratificado, nos parece importante intentar contribuir a sosegar el debate en torno a él, poniendo en valor algunos de los logros que parecen haberse alcanzado desde la óptica de los intereses y valores de la UE y matizando algunos de los argumentos que se han presentado de manera recurrente en su contra.

“(…) se puede afirmar con rotundidad que este es el acuerdo más ambicioso, en cuanto a la apertura de su economía, que ha firmado China con un tercer Estado o grupo de Estados”.

Empezando por los logros, y basándonos por ahora sólo en las notas explicativas que ha difundido la Comisión Europea, se puede afirmar con rotundidad que este es el acuerdo más ambicioso, en cuanto a la apertura de su economía, que ha firmado China con un tercer Estado o grupo de Estados. Por lo tanto, los avances para los intereses económicos europeos no son nada despreciables. Según la propia Comisión, el acuerdo introduce: (1) reglas en contra de la transferencia de tecnología; (2) nuevas obligaciones para el modus operandi de las empresas públicas chinas; (3) mayor transparencia en los subsidios públicos; (4) compromisos inéditos de Pekín en desarrollo sostenible (a nivel medioambiental y laboral); (5) blindaje de la apertura actual de la economía china para evitar una posible marcha atrás; (6) un mecanismo de resolución de conflictos Estado-Estado; y (7) eliminación o reducción de las restricciones cuantitativas, los límites de control de accionariado y las joint ventures en una serie de sectores.

En el sector de las manufacturas, la Comisión llega a decir que “el nivel de ambición de apertura iguala al de la UE”, lo que nos acercaría a la tan perseguida reciprocidad, y en el sector de los servicios China concede mayor libertad de acceso en los siguientes campos: finanzas, salud, investigación biológica, telecomunicaciones y nubes digitales, informática, transporte marítimo internacional, transporte aéreo, negocios varios (como servicios inmobiliarios, estudios de mercado, consultoría y traducción), servicios relacionados con el medioambiente, construcción, y contratación de personal ejecutivo o especializado (véanse los detalles en este documento de la Comisión, el más informativo de los publicados hasta ahora). En todos ellos se abren oportunidades de negocios para las empresas españolas.

Pasemos ahora a analizar los argumentos articulados en contra del CAI. Se ha cuestionado la premura con la que se ha cerrado el acuerdo en el último mes y el protagonismo alemán, presentados como pruebas irrefutables de que es un acuerdo contario a los intereses estratégicos y los valores europeos, teóricamente sacrificados por una agenda económica eminentemente germana.

Es cierto que a principios de diciembre parecía imposible alcanzar el objetivo fijado en la 21ª Cumbre UE-China de abril de 2019 de cerrar el acuerdo en 2020, pues la Comisión consideraba que los compromisos asumidos por China eran claramente insuficientes. Asimismo, aunque ha sido la rápida y repentina modificación de la posición de las autoridades chinas lo que ha facilitado el acuerdo, resulta difícil entender que, sin haber detrás un plazo duro y después de más de siete años y 35 rondas de negociaciones, la Comisión apenas diera 48 horas a los Estados miembros para pronunciarse sobre el acuerdo. Es más, fuentes conocedoras del tema de primera mano apuntan que los factores clave para explicar estos plazos tan reducidos han sido el interés de Alemania por cerrar el acuerdo antes de que finalizara su presidencia de turno de la Unión y de la Comisión por firmarlo antes de que el cambio de Administración en Washington pudiera demorarlo sustancialmente. La presencia de Macron en la reunión anterior a la firma también ha generado malestar en numerosas capitales. Sin embargo, argumentar sobre esa base que el CAI es un error estratégico de una UE miope, secuestrada, sobre todo, por los intereses económicos alemanes, pero también franceses, que imposibilita una mayor cooperación transatlántica tras la toma de posesión de Biden y blanquea internacionalmente a un régimen que comete violaciones masivas de derechos humanos, es un salto conceptual difícilmente justificable.

“La profundización de los vínculos entre Europa y China viene condicionada a su desarrollo bajo marcos normativos que respeten los valores e intereses europeos”.

El CAI es un reflejo de la estrategia europea hacia China, que identifica a Pekín como un socio, un competidor y un rival, pero no como un enemigo. Como se ha demostrado en un trabajo colectivo de la red ETNC publicado el año pasado, atraídos fundamentalmente por el tamaño y dinamismo de su economía y su peso específico en varios de los grandes temas de la agenda global como la lucha contra el cambio climático y la proliferación nuclear, la UE y sus Estados miembros (todos, no sólo Alemania y Francia) están abiertos a seguir aumentado sus vínculos con China. Pero no a cualquier precio. La profundización de los vínculos entre Europa y China viene condicionada a su desarrollo bajo marcos normativos que respeten los valores e intereses europeos. Este no es un acuerdo en el que las partes se hayan encontrado a medio camino tras un largo proceso negociador y se comprometan a realizar ajustes normativos más o menos equivalentes, sino que es China quien tiene que realizar las modificaciones.

Además, aunque el CAI puede interpretarse como un reflejo de la ambición de autonomía estratégica europea (es mejor tener un acuerdo conjunto con China y no 27 acuerdos de inversión bilaterales para evitar el “divide y vencerás”, y la UE ha decidido no esperar a Washington para firmar este acuerdo), no supone un portazo a una mayor cooperación transatlántica. Se ratifique o no el CAI, la coordinación de las políticas de EEUU y la UE hacia China, que no debe entenderse como fin en sí mismo, sino como medio de la defensa de nuestros intereses y valores, sólo dependerá de la voluntad de cooperación a ambos lados del Atlántico, no de las preferencias de Pekín. Es más, el CAI no tiene ningún punto que sea dañino para los intereses nacionales estadounidenses, no impide que siga habiendo multitud de temas en los que la coordinación será beneficiosa para Washington y Bruselas (recogidos en un reciente papel de la Comisión A new EU-US agenda for global change), e incluso incorpora elementos que también están en la agenda de Biden (derechos humanos, sostenibilidad, más transparencia de China, etc.).

Igualmente, no hay ningún indicio de que este acuerdo suponga la renuncia de la Unión a seguir intentando mejorar la situación de los derechos humanos en China o a aplicar medidas defensivas contra las prácticas económicas de China que considere abusivas. Al contrario, se han tomado iniciativas en los últimos meses que apuntan hacia una posición más dura y estratégica, como la adopción de un régimen de sanciones para poder castigar a los responsables de violaciones contra los derechos humanos en cualquier lugar del planeta, la entrada en funcionamiento de un mecanismo de supervisión de inversiones extranjeras que puedan afectar la seguridad y el orden público europeos, la publicación de indicaciones para garantizar la seguridad de las redes 5G y la elaboración de un libro blanco sobre subsidios extranjeros.

“(…) es un acuerdo que, a pesar de sus limitaciones, vuelve a demostrar al mundo que la fortaleza normativa de la UE es mayor de lo que muchos presuponen”.

En conclusión, aunque el CAI no recoja todas las demandas europeas y siga habiendo una profunda brecha normativa entre las dos partes (China continuará teniendo un régimen político autoritario y un capitalismo de Estado) parece un paso en la dirección correcta al ofrecer un marco normativo que defiende mejor los intereses y valores europeos en sus relaciones con China. Es más, es un acuerdo que potencialmente tiene implicaciones multilaterales positivas, pues su implementación debería hacer de China un país menos opaco, más abierto y con unos estándares medioambientales y laborales más altos. Es cierto que esto dependería de cómo se implementase el acuerdo en caso de ratificarse. No sería la primera vez que China nos decepciona por su forma de materializar sus compromisos internacionales. De ahí que también haya que valorar positivamente la introducción de mecanismos de aplicación, por ejemplo, en los apartados sobre desarrollo sostenible, que el alcance final del acuerdo venga determinado por el nivel de implementación de las partes, y que la parte europea no haya hecho ninguna concesión geoestratégica ni normativa. Al contrario, es un acuerdo que, a pesar de sus limitaciones, vuelve a demostrar al mundo que la fortaleza normativa de la UE es mayor de lo que muchos presuponen.

Mario Esteban
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @wizma9

Miguel Otero
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la IE School of Global and Public Affairs | @miotei

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<![CDATA[ Año Nuevo, nuevo “paquete” de ciberseguridad de la Comisión para 2021 ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-arteaga-nuevo-paquete-de-ciberseguridad-de-comision-para-2021 2021-01-14T12:59:29Z

La Comisión Europea completó sus objetivos de ciberseguridad para los próximos años con un nuevo “paquete” de medidas.

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La Comisión Europea cerró 2020 con un paquete de medidas destinadas a adaptar la ciberseguridad europea a la transformación producida por el proceso de digitalización de los últimos años acelerado por el COVID-19. CIBER elcano y el Grupo de Trabajo de Ciberpolítica del Real Instituto Elcano irán analizando su impacto en España a lo largo de los próximos meses, pero, en conjunto, el paquete refleja la creciente europeización de la ciberseguridad en la UE para apoyar la transformación digital.

La Comisión Europea amplía y profundiza su influencia en todos los aspectos de la ciberseguridad mediante sus agendas para 2020 y para los años posteriores a 2021, que se resumen en el cuadro siguiente:

Agenda 2020
Estrategia para la Unión de Seguridad 2020-2025
Inclusión de la ciberseguridad en los fondos Repair and Prepare for the Next Generation
Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital
Propuesta para la actualización de la Directiva NIS
Propuesta para una Directiva sobre la resiliencia de entidades críticas
Agenda 2021 y siguientes
Implementación de medidas relativas a la ciberseguridad de redes 5G (EU Toolkit Box)
Creación de la Joint Cyber Unit para la coordinación operativa de los Estados miembros
Definición de esquemas de certificación  EU Cybersecurity Act
Regular el acceso a comunicaciones cifradas para compatibilizar la privacidad y la interceptación legal de comunicaciones
Revisión de Directiva ePrivacy, sobre privacidad y confidencialidad de las comunicaciones electrónicas
Inversiones 2021-2027: Digital Europe Programme, Horizon Europe y Recovery Plan for Europe

La agenda saliente

Las agendas aspiran a consolidar una transformación digital cibersegura en la UE. En febrero de 2020, la Comisión reivindicó que el futuro de la UE pasaba por configurar su futuro digital, para lo que a lo largo del año se han ido dando pasos hacia la soberanía digital. La Estrategia de diciembre aspira a reforzar la resiliencia de las cuatro cibercomunidades de la UE (el mercado, la diplomacia, la seguridad y la defensa) frente a las tensiones geopolíticas y los ciberataques contra las infraestructuras y los servicios que prestan. Para remediarlo, la Comisión confía en la regulación, la inversión y las políticas de cooperación con quienes compartan los principios e intereses europeos.

“No existe autonomía sin dinero y la Comisión no se ha olvidado de invertir en el desarrollo de investigación, desarrollo e innovación de capacidades de ciberseguridad”

La profunda transformación del contexto digital ha obligado a la Comisión a revisar dos de sus directivas estrella: la de protección de las infraestructuras críticas (PIC) y la de seguridad de las redes y sistemas de servicios de información (NIS), que se han quedado desfasadas. Con la primera propuesta busca ampliar el concepto de “infraestructuras” que prestan servicios esenciales a la sociedad al más amplio de “entidades” en función del impacto que su interrupción cause en la economía o en la vida diaria de los ciudadanos, tanto de cada Estado como en el resto de la UE. Lo significativo de la propuesta es que obliga a los Estados miembros a identificar esas entidades críticas mediante estrategias y análisis de riesgos, que la Comisión se reserva el derecho de supervisar las entidades que afecten a otros Estados y que se ofrece a colaborar en la aplicación de las medidas necesarias para mejorar la resiliencia de estas entidades.

La segunda propuesta (NIS 2.0) amplía la regulación a nuevos sectores, como los postales, de alimentación, las Administraciones Públicas, las plataformas, los centros de datos, el espacio y los relacionados con la salud –una inclusión incentivada por la experiencia reciente de la pandemia–. También elimina la controvertida distinción entre los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales y la reemplaza por una segmentación en función de su trascendencia para el funcionamiento de la sociedad y economía digitales. Del mismo modo, reemplaza los criterios nacionales para designar los sujetos obligados al cumplimiento de la norma por una diferenciación establecida en función de su tamaño: afectará a todos los actores grandes y medianos e incluso a los pequeños si se demuestra su necesidad de inclusión. En definitiva, amplía y profundiza las medidas de la versión vigente de la NIS: de incentivar la adopción de medidas razonables de ciberseguridad a imponer el cumplimiento de las medidas, la declaración de incidentes y la cobertura de las cadenas de suministro completas; de apelar a la colaboración ante incidentes de importancia a centralizar la coordinación con estructuras y procedimientos vinculantes.

No existe autonomía sin dinero y la Comisión no se ha olvidado de invertir en el desarrollo de investigación, desarrollo e innovación de capacidades de ciberseguridad , tanto en los fondos comunes del Marco Financiero Plurianual ordinario como en los programas extraordinarios para la recuperación tras el impacto económico de la pandemia. Son inversiones estratégicas en la medida en que tratan de potenciar la base industrial y tecnológica de la ciberseguridad europea y articular ecosistemas europeos que integren la ciberseguridad en la implantación de las nuevas tecnologías asociadas a la economía digital.

La agenda entrante

En 2021 se comenzarán a negociar o ejecutar las propuestas y medidas aprobadas por la Comisión en un escenario abierto a la colaboración interestatal y público-privada en los ámbitos de diálogo y trasparencia establecidos en los últimos años. Las medidas desbordan el anterior marco gubernamental de la seguridad para entrar en el más amplio de la seguridad económica, que incluye a más actores, no sólo en su condición de afectados por las nuevas medidas, sino también por el creciente papel protagonista de las asociaciones empresariales, profesionales o sociales europeas. 

“Si se unen los puntos anteriores, aparece claramente –creemos– una creciente europeización de la ciberseguridad”

También se comenzará a aprobar la distribución de los fondos de inversión en capacidades de ciberseguridad, unos fondos que complementan, pero no sustituyen, a los fondos nacionales y que precisan una planificación individualizada para su inclusión entre los diversos programas. La selección depende de la Comisión, pero la presentación corresponde a los Estados miembros, que pueden coordinarla con sus ecosistemas industriales y de investigación o arriesgarse a ver como éstos se integran en candidaturas europeas con mayores posibilidades.

Siguen pendientes de resolución problemas como la aplicación de criterios comunes en relación con la seguridad de las redes 5G (léase la presencia o no de elementos y tecnologías chinas en ellas); la actualización de las medidas contra la desinformación y las amenazas híbridas; la adecuación de las herramientas policiales y judiciales para perseguir los delitos en la red, o el dilema entre privacidad y seguridad que plantea el cifrado, entre otros.

Si se unen los puntos anteriores, aparece claramente –creemos– una creciente europeización de la ciberseguridad (mayor protagonismo de la Comisión, ENISA y los órganos de gestión de crisis y coordinación operativa, así como de los fondos comunes, que implican una mayor participación del Parlamento Europeo). Una europeización en la que los actores no gubernamentales (asociaciones, foros, clústeres, ecosistemas, hubs, centros tecnológicos, aceleradoras, universidades…) asumen mayor protagonismo en el desarrollo de la soberanía digital frente a los Estados miembros. Esto no quiere decir que estos hayan perdido su liderazgo en los procesos de decisión y de regulación, sino que deben tener en cuenta los cambios de agenda y de tendencias para adaptar sus políticas de ciberseguridad. La creación del Foro Nacional de Ciberseguridad en España es un ejemplo de anticipación estratégica, tanto para desarrollar la agenda nacional como la agenda europea, en un contexto de cambio acelerado en el que aparecen nuevos retos mientras aún no se han resuelto los anteriores.

Félix Arteaga
Investigador principal, Real Instituto Elcano

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<![CDATA[ ¿De verdad la “primavera árabe” ha sido un fracaso? ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-amirah-de-verdad-primavera-arabe-ha-sido-un-fracaso 2021-01-12T11:27:50Z

En 2018 muchos habían dado por muerta la “primavera árabe”, pero en 2019 millones de ciudadanos volvieron a salir a las calles de países árabes para manifestarse pacíficamente y pedir cambios en sus sistemas de gobierno antidemocráticos.

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Este comentario fue publicado en el diario El Mundo (17/12/2020), coincidiendo con el 10º aniversario del inicio en Túnez de las revueltas árabes.

Si alguien cree que se pueden desmontar regímenes autoritarios que poseen muchos recursos y grandes apoyos externos en pocos años y sin fuertes sacudidas, entonces es normal que vea en la llamada “primavera árabe” un estrepitoso fracaso. Si, por el contrario, se entiende que las revueltas árabes que comenzaron en Túnez a finales de 2010 fueron el inicio de un proceso largo, complejo y con muchos altibajos, entonces se concluirá que una década es poco tiempo para juzgar el éxito o fracaso de un proceso transformador de dimensiones históricas.

“En 2019 millones de ciudadanos volvieron a salir a las calles de países árabes para manifestarse pacíficamente y pedir cambios en sus sistemas de gobierno antidemocráticos (…)”

Tras la euforia inicial que provocó la caída de los autócratas de Túnez y Egipto en 2011, a manos de millones de manifestantes pacíficos armados con pancartas y teléfonos móviles, el estado de ánimo pasó a ser de inquietud y preocupación. La violencia extrema empleada por algunos regímenes como el de Siria, las injerencias externas de todo tipo y la radicalización de algunas revueltas generaron frustración y rechazo hacia la idea de una “primavera árabe” (una denominación equivocada desde el primer momento, por imprecisa y predisponente de un resultado exitoso).

Ya en 2018 muchos habían dado por muerta esa “primavera árabe”, ahogada en sangre, destrucción y caos. Sin embargo, en 2019 millones de ciudadanos volvieron a salir a las calles de países árabes para manifestarse pacíficamente y pedir cambios en sus sistemas de gobierno antidemocráticos, dominados por militares (Argelia y Sudán) y por repartos de cuotas sectarias de poder (Líbano e Irak). Las movilizaciones tuvieron en común la ausencia de una ideología dominante y un alto grado de civismo y de madurez política por parte de los manifestantes, que evitaron chocar frontalmente con las fuerzas de seguridad. Para muchos occidentales, esas movilizaciones prodemocracia pasaron desapercibidas.

“Como respuesta a las muestras de malestar social y a las peticiones de reforma acentuadas durante la última década, algunos dirigentes árabes están intentando imponer una versión más cruda de la “estabilidad autoritaria”.

En distintos puntos de Oriente Próximo y el Magreb existen amplias muestras de los fracasos acumulados por los viejos regímenes que se aferran al poder por todas las vías. Los antiguos contratos sociales se están incumpliendo por parte de los propios regímenes que los impusieron décadas atrás. La corrupción rampante, el rápido crecimiento demográfico, el agotamiento del modelo rentista basado sobre todo en los hidrocarburos, la falta de reformas sustanciales y las sacudidas geopolíticas están provocando la creciente erosión de la seguridad económica y el deterioro de los sistemas de protección en las sociedades árabes.

Como respuesta a las muestras de malestar social y a las peticiones de reforma acentuadas durante la última década, algunos dirigentes árabes están intentando imponer una versión más cruda de la “estabilidad autoritaria”. Para ello, están recurriendo a una mayor represión y a la asfixia de las libertades, como hace el régimen de Abdelfatah al-Sisi en Egipto. Cuentan con el apoyo explícito o tácito de aliados internacionales que favorecen cualquier tipo de estabilidad a corto plazo frente a inciertas transiciones hacia nuevos sistemas políticos. Ese apoyo externo se manifiesta de distintas formas, incluido el fomento de carreras armamentísticas en esa parte del mundo.

Existe una fuerte tentación de retratar la mal llamada “primavera árabe” con la imagen de un bombardeo, de un atentado terrorista o de una caravana de refugiados. Esas imágenes son reales, pero incompletas. Reflejan síntomas de los males de fondo que aquejan a los países árabes, pero no suelen referirse a las causas de raíz de esos males. Tampoco recogen la lucha de millones de ciudadanos árabes por tener una vida más digna y por vivir en Estados funcionales que ofrezcan seguridad, servicios sociales y oportunidades económicas.

Asociar las luchas por la dignidad de la ciudadanía árabe con el fracaso es algo que conviene a los regímenes antidemocráticos que aspiran a perpetuarse en el poder, a pesar de que son ellos mismos quienes crean las condiciones para una mayor frustración social. Hay pocas dudas de que las movilizaciones en países de Oriente Próximo y el Magreb –que se han visto reducidas drásticamente debido a las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19– retornarán en un plazo no lejano. La duda es si, en un contexto de mayor desigualdad y de crisis agravadas por las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia, los regímenes árabes escucharán más las demandas de sus ciudadanos.

Haizam Amirah Fernández
Investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano y profesor de Relaciones Internacionales en IE University | @HaizamAmirah

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<![CDATA[ La Unión Europea pasa la página del Brexit ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-steinberg-la-union-europea-pasa-la-pagina-del-brexit 2021-01-08T01:03:16Z

Aunque muchos soñemos con que en el futuro los británicos rectifiquen y vuelvan a la Unión, esto no va a pasar en los próximos años, por lo que es mejor centrarnos en lo que hay: un acuerdo de mínimos que evita el caos a corto plazo.

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“Por fin podemos dejar el Brexit atrás y la Unión Europea puede seguir avanzando”, fueron las palabras de la presidenta de la Comisión Europea tras anunciar el acuerdo de relación definitiva entre el Reino Unido y la UE en Nochebuena. En realidad, más allá de que el Brexit es una pequeña tragedia, poder mirar al futuro es lo más importante. Tras cuatro años y medio en los que la Unión ha estado enfangada en una complicadísima negociación (primero por el acuerdo de salida, el Brexit político, y después por el de relación futura, el Brexit económico), puede por fin dedicarse a lo importante: buscar su lugar en un mundo de gigantes.

“Lo que empezaremos a vivir en 2021 es un Brexit duro, un acuerdo de libre comercio raquítico que prácticamente no cubre los servicios, restringe la movilidad de personas y que tiene importantes flecos abiertos (…)”.

Poco sentido tiene repetir lo que ya sabemos. Que el Brexit es un error; que seguramente la mayoría de los británicos –sobre todo los jóvenes– se van a arrepentir (de hecho, según un reciente estudio del Pew Research Center, el apoyo a la UE entre los británicos es hoy del 60%, el mayor de la historia, y el rechazo del 37%); que sus costes económicos serán significativos y se sentirán sobre todo a largo plazo; que los sufrirá más el Reino Unido por ser más pequeño; que como consecuencia del Brexit no está claro si Irlanda del Norte y/o Escocia seguirán formando parte del Reino Unido dentro de unos años; y que el día a día de los británicos y comunitarios que hasta ahora pasaban de un lado al otro del Canal de la Mancha casi sin darse cuenta se va a convertir en un quebradero de cabeza, sobre todo si lo hacen para algo más que para pasar unos días de vacaciones.

Aunque muchos soñemos con que en el futuro los británicos rectifiquen y vuelvan a la Unión, esto no va a pasar en los próximos años, por lo que es mejor centrarnos en lo que hay. Y lo que hay es un acuerdo de mínimos que evita el caos a corto plazo. Además, permite mantener la confianza sobre la que construir una relación económica más intensa en el futuro, al tiempo que facilita sostener la cooperación en seguridad y defensa, algo esencial habida cuenta que en los grandes temas geopolíticos los valores e intereses del Reino Unido van a seguir coincidiendo con los de la UE. Pero no nos engañemos. Lo que empezaremos a vivir en 2021 es un Brexit duro, un acuerdo de libre comercio raquítico que prácticamente no cubre los servicios, restringe la movilidad de personas y que tiene importantes flecos abiertos que no permiten eliminar la incertidumbre, por ejemplo, en lo que respecta a qué rutas podrá hacer Iberia. Pero como la geografía marca el destino, la UE y el Reino Unido están condenados a entenderse, por lo que haber evitado el divorcio a las bravas (algo que parecía muy difícil hace unas semanas) puede considerarse un éxito. Con la negociación fuera de los focos y la nueva relación asentándose, seguramente se podrá avanzar hacia un mayor nivel de integración en temas en los que es fácil encontrar ganancias mutuas, por ejemplo, la vuelta de algunas universidades británicas al programa Erasmus.

“Si el Brexit ha tenido algo bueno, es que ha hecho posible la aprobación del plan de recuperación europeo, que es un ejercicio de solidaridad sin precedentes que a buen seguro los británicos habrían vetado”.

Echando la vista atrás, la Unión puede estar orgullosa de varias cosas. Primero, de que el Brexit haya sido más una vacuna que una pandemia. No ha habido contagio a otros países de la Unión, y es poco probable que lo haya a partir de ahora, cuando los ciudadanos europeos, aún los más nacionalistas y escépticos de la integración, vean los daños que supone desengancharse de la Unión en aras de una quimérica recuperación de la soberanía, que además no se va a producir a menos que uno opte por convertirse en Corea del Norte. Segundo, de que se ha mantenido unida a lo largo de toda la negociación, y que de esa unión ha emanado una fortaleza que le ha permitido obtener casi todo lo que pretendía, tanto en el acuerdo de salida como en la relación futura. Así, a lo largo de las negociaciones, los británicos han aceptado prácticamente todo lo que quería la Unión en relación a la competencia leal, la pesca y la gobernanza de futuros conflictos. La integridad del mercado interior ha quedado salvaguardada, como también lo ha hecho, como pretendía el Reino Unido, la soberanía regulatoria británica (habrá que ver cuánto daño económico le hace esto al Reino Unido). Y es que la Unión, con su enorme mercado interior, su capacidad y experiencia negociadora, su solidez técnica y su complejo sistema legal, puede llegar a ser una apisonadora en cualquier negociación. Por último, si el Brexit ha tenido algo bueno, es que ha hecho posible la aprobación del plan de recuperación europeo, que es un ejercicio de solidaridad sin precedentes que a buen seguro los británicos habrían vetado.

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @Steinbergf

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<![CDATA[ Gobernanza climática y multilateralismo: escenarios, actores y papel de España ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-escribano-lazaro-moreno-gobernanza-climatica-y+multilateralismo-escenarios-actores-y-papel-de-espana 2021-01-07T05:49:21Z

El futuro de la agenda de descarbonización global tras la pandemia dependerá de la combinación adoptada de multilateralismo y políticas climáticas, y del papel de los actores implicados.

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La crisis del coronavirus ha puesto de relieve, una vez más, las bondades y deficiencias del multilateralismo1 de cara a diseñar las sendas de recuperación económica. Las decisiones políticas y económicas sobre cooperación multilateral y clima serán decisivas para dar forma al mundo post-COVID. El futuro de la agenda de descarbonización global tras la pandemia dependerá de la combinación adoptada de multilateralismo y políticas climáticas, y del papel de los actores implicados, entre los que cabe destacar el de España.

Escenarios

“El futuro de la agenda de descarbonización global tras la pandemia dependerá de la combinación adoptada de multilateralismo y políticas climáticas, y del papel de los actores implicados”.

Tal vez la forma más directa de evaluar las carencias y virtudes del multilateralismo y la gobernanza climática sea abordar escenarios alternativos y sus posibles consecuencias. En primer lugar, un escenario unilateral que obvie el cambio climático y priorice una recuperación basada en el statu quo. Este escenario podría conducir a corto plazo a una recuperación económica rápida a expensas de una transformación sustancial del modelo económico y de la cooperación internacional, pudiendo acabar implicando a medio plazo una mayor inestabilidad económica. El segundo escenario sería un mundo multilateral que posterga abordar el riesgo climático y en el que la cooperación internacional se centra en una recuperación rápida, como ocurrió en la crisis de 2008, cuando apenas el 16% de los estímulos económicos se destinaron a inversiones verdes, lo que puede revelarse igualmente insostenible a medio y largo plazo.

Un tercer escenario de unilateralismo climático obviaría la necesaria cooperación internacional para alcanzar una transición justa entre países. En él se impondrían ajustes de carbono en frontera sin contemplar alternativas, las pulsiones proteccionistas se disfrazarían de valores ambientales y la relocalización de las cadenas de valor sólo atendería a razones nacionales. Se asentaría una narrativa, heredada del régimen fósil, de independencia energética basada en las energías renovables que sustituiría la dependencia del gas y el petróleo por la del acceso a recursos renovables, minerales estratégicos, tecnologías y/o infraestructuras. En este tercer escenario, se securitizarían las respuestas ante el cambio climático y se perderían los beneficios de la interdependencia que sustentan la idea de una paz liberal.

El cuarto escenario contempla un mundo de pactos verdes interdependientes, en vez de una colección unilateral y desarticulada de pactos verdes individuales: el Pacto Verde de la UE, el Green New Deal por el que apuesta la Administración de Biden y Harris para EEUU, o el nuevo plan de infraestructuras de China. En este escenario surgirían nuevas oportunidades derivadas de una concienciación por parte de la comunidad internacional de los riesgos que entrañan crisis globales como la del coronavirus, al menos entre sus principales actores. Si el senado estadounidense permitiera al presidente Biden aplicar su programa y sumarse a los objetivos de descarbonización anunciados por la UE, Japón o Corea del Sur, entre otros, más de tres cuartas partes de la economía mundial estaría apostando por la neutralidad del carbono entre 2050 y 2060. Bajo este cuarto escenario, dicho conjunto de esfuerzos se basaría en un multilateralismo climático articulado en un “Pacto de Pactos Verdes”, sobre el cual podría coordinarse una agenda global para afrontar la adaptación y mitigación del cambio climático promoviendo el desarrollo sostenible, la protección de la biodiversidad, el despliegue internacional de las inversiones verdes y la descarbonización del sistema energético global. Ese “Pacto de Pactos” podría, por ejemplo, crear mecanismos de mercado interconectados de carbono para evitar la imposición unilateral de ajustes de carbono en frontera, o aumentar la financiación climática para cumplir con los compromisos en materia de descarbonización.

Actores

“En materia de clima, todos somos actores en nuestro comportamiento cotidiano (…). Los ciudadanos revelamos nuestras preferencias de maneras diversas: votando, a través de nuestros patrones de consumo, ocio y transporte”.

En materia de clima, todos somos actores en nuestro comportamiento cotidiano. La gobernanza climática es en esencia policéntrica, ofreciendo un espacio de actuación muy proclive al comportamiento individual y a los movimientos de base y asociativos. Los ciudadanos revelamos nuestras preferencias de maneras diversas: votando, a través de nuestros patrones de consumo, ocio y transporte. Encuestas recientes muestran la fuerte concienciación ecológica de los ciudadanos españoles, similar a la de los países que nos rodean y una mayor preocupación por el cambio climático. Sin embargo, preguntados por sus acciones, éstas se revelan insuficientes en la lucha contra el cambio climático. Aunque reciclamos y nos preocupa la eficiencia, no queremos pagar impuestos ambientales altos ni asumir cambios drásticos en nuestro comportamiento; y ni pensamos en preguntar por los riesgos climáticos de nuestros ahorros e inversiones. Parece faltar una narrativa más atractiva, respaldada por una mayor participación ciudadana y contrastada por el conocimiento científico. Hay mecanismos para ello, como las asambleas ciudadanas sobre cambio climático del Reino Unido, Irlanda, Francia o Suecia; o el comité científico del Reino Unido para el cambio climático. Ambos están contemplados en la declaración de emergencia climática de España y en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética respectivamente, y podrían ayudar a reducir la politización del debate sobre la transición energética y el riesgo de polarización consiguiente en un tema clave en que la sociedad española muestra un amplio consenso.

Las empresas son, tras los consumidores, el actor clave a través de sus estrategias empresariales, y muchas de ellas ya están apostando por la sostenibilidad, la economía circular y la neutralidad en carbono. Grandes inversores institucionales también empiezan a valorar el riesgo financiero de origen climático y reducen su exposición a sectores afectados por el cambio climático o por las políticas para remediarlo. Las grandes compañías energéticas europeas ya han iniciado su tránsito hacia modelos descarbonizados y basados en la electrificación y el hidrógeno verde. Las redes empresariales son fundamentales para que el aprovechamiento de las oportunidades de la transición y la compensación por sus costes (que los hay) no queden limitadas a las grandes empresas y puedan llegar al conjunto del tejido productivo.

Las ciudades y las políticas que aplican son otro actor esencial. En Europa ya hay muchas ciudades con restricciones a la circulación y varias de ellas ya han anunciado la prohibición de los motores de combustión interna: Oslo la primera en 2024, y Roma, París o Ámsterdam para 2030. Hasta los Ángeles, meca del automóvil, tiene la intención de restringir el tráfico de vehículos de combustión interna al 80% en 2035 y en 2030 habrá zonas libres de combustibles fósiles, mientras que San Francisco va a prohibir el uso residencial del gas natural y el conjunto de California anuncia medidas drásticas. Así, por encima de las ciudades, completan el escalón nacional las regiones y los gobiernos centrales, a los que en la UE se superponen las políticas europeas.

Todos estos actores están conectados, de una manera u otra y en menor o mayor medida, por redes globales. Para ello cuentan con el entramado policéntrico de actores públicos y privados que conforma el complejo régimen internacional de energía y clima. Por un lado, los organismos multilaterales directa o indirectamente involucrados en coordinar las políticas energéticas, climáticas y ambientales en Naciones Unidas (como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –UNFCCC o el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC), la Agencia Internacional de la Energía de la OCDE o la Agencia Internacional de Energías Renovables –IRENA. En el ámbito privado el sector energético cuenta con el Consejo Mundial de la Energía –WEC y una tupida red global de asociaciones industriales y profesionales, y lo mismo ocurre con las redes de la sociedad civil mediante ONG, circuitos académicos y otras asociaciones supranacionales. También hay que considerar esquemas de multi-actores (multi-stakeholders), como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas dedicada a mejorar la gobernanza de los recursos naturales. Y una serie de estándares supranacionales y procedimientos que reducen los costes de transacción en muchos ámbitos de la operativa empresarial, política y profesional: ambientales, legales, contables, industriales, administrativas etc…

El papel de España

Una política climática ambiciosa y una transición energética exitosa son dos vectores de proyección de poder blando claros para España, permitiendo alinear valores e intereses y cuadrar el círculo del realismo liberal. Valores como el compromiso en la lucha contra el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, el desarrollo y la seguridad humanos, o el apego al multilateralismo. De hecho, España está presente en todos los niveles del entramado policéntrico mencionado, en algunos casos como fundador (caso de IRENA), en otros como actor importante (por ejemplo, en las negociaciones climáticas con la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, o aportando científicos al IPCC) y en las negociaciones climáticas internacionales en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ofreciéndose a ser anfitrión de la COP 25 tras la imposibilidad de celebrar la cumbre anual del clima en Chile en 2019. También lo están las empresas energéticas españolas, muchas de ellas ocupando posiciones de liderazgo en sus respectivos sectores, y con ambiciosos planes de neutralidad carbónica como muestran decisiones recientes de empresas como Repsol, Cepsa o Naturgy, precedidas por un movimiento exitoso de otras como Iberdrola, Endesa y Acciona. Finalmente, hay que valorar las ventajas comparativas naturales que España ofrece para el desarrollo de las energías renovables o del hidrógeno.

“Una política climática ambiciosa y una transición energética exitosa son dos vectores de proyección de poder blando claros para España, permitiendo alinear valores e intereses y cuadrar el círculo del realismo liberal”.

El papel de España debiera consistir en impulsar de manera múltiple la lucha contra el cambio climático y una transición energética justa: convenciendo a sus ciudadanos y liderando con el ejemplo a través de la UE. España acaba de presentar un plan de recuperación, transformación y resiliencia que bien desarrollado y ejecutado podría acelerar su contribución a los objetivos de neutralidad climática de la UE, mientras se promueve la recuperación económica. España puede facilitar también alianzas con grandes emisores como China y EEUU, así como en el plano regional y bilateral. España tiene ventajas comparativas regionales tanto en el Mediterráneo como en América Latina, bilateralmente y a través de su presencia en la Unión para el Mediterráneo –UpM o en instituciones iberoamericanas como la RIOCC. En suma, permeando todos los resortes de la acción exterior, desde la cooperación al desarrollo a la política exterior, y de la actividad científica a la empresarial. Pero el compromiso, para ser consistente, debe culminar en el plano multilateral.

Gonzalo Escribano
Director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano y profesor titular de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
| @g_escribano

Lara Lázaro
Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora de Teoría Económica en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid)
| @lazarotouza

Naomi Moreno
Ayudante de investigación en prácticas del Real Instituto Elcano.


1 Presentación en la mesa redonda “La ayuda y el sistema multilateral en la era post-COVID-19”, del seminario “Una nueva narrativa para la ayuda al desarrollo”, coordinado por Iliana Olivié y coorganizado por la Fundación Ramón Areces y el Real Instituto Elcano, 30/XI/2020-1/XII/2020.
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<![CDATA[ La Presidencia portuguesa: encontrando el equilibrio entre atender asuntos pendientes y dejar su propia huella ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-toygur-pirozzi-tekin-presidencia-portuguesa-encontrando-equilibrio-entre-atender-asuntos-pendientes-y-dejar-propia-huella 2021-01-04T12:33:27Z

Portugal ha tomado el relevo de Alemania para asumir la Presidencia del Consejo de la UE el 1 de enero de 2021.

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Una versión en español de este texto fue publicada el 4/1/2021 en Euroactiv, versión en italiano en Euractive Italia y en alemán en Euractive Alemania.

Versión en inglés: The Portuguese Presidency: striking the balance between unfinished business and leaving its own mark.

Portugal ha tomado el relevo de Alemania para asumir la Presidencia del Consejo de la UE el 1 de enero de 20211. Así, el gobierno portugués liderará la tercera Presidencia que se enfrenta al desafío de la pandemia del COVID-19, si bien, con una vacuna a la vista y con las reformas impulsadas durante la Presidencia alemana, comienza a dibujarse un sendero más prometedor hacia una recuperación post COVID-19. Es esta coyuntura la que hace que sea un momento propicio para concentrar esfuerzos tanto en problemas inmediatos como en visión a largo plazo.

“(...) el gobierno portugués liderará la tercera Presidencia que se enfrenta al desafío de la pandemia del COVID-19”.

Dicho esto, la Presidencia portuguesa tendrá que lidiar con un número de desafíos internos y externos. Internamente, la división entre los Estados miembros –y especialmente, el desacuerdo en torno a los valores constitucionales de la UE sobre democracia y Estado de derecho– ha empezado a mermar la capacidad de actuación de la Unión. Externamente, el vecindario de la UE viene experimentando una creciente inestabilidad a lo largo de los últimos meses, con protestas ininterrumpidas en pos de derechos democráticos en Bielorrusia y una multiplicidad de crisis en el Mediterráneo oriental, sin contar con el reciente conflicto militar en el Alto Karabaj. En el escenario global, la elección de Joe Biden y Kamala Harris a la Presidencia de EEUU ha sido motivo de alivio en Bruselas. Con todo, se espera que la UE defina cómo será su contribución a la reparación de las relaciones transatlánticas y la reforma del multilateralismo.

Cada Presidencia ha de elegir juiciosamente los objetivos que puede alcanzar, teniendo en cuenta las realidades presentes y el ajustado marco temporal de seis meses del que dispone. A la luz de las circunstancias actuales, la Presidencia portuguesa debería centrarse en lograr tres cuestiones: (1) resolver asuntos pendientes, donde se incluiría la toma de medidas a partir de las decisiones introducidas durante la Presidencia alemana; (2) dejar su propia marca distintiva al trabajar hacia una Europa resiliente, social y verde; y (3) emprender un inicio exitoso de las relaciones con la Administración Biden, lo que comenzaría por restaurar la fe en la relación transatlántica.

“La primera prioridad será la implementación del paquete de 1,8 billones de euros que abarca el marco financiero plurianual (MFP) de la UE, el plan de recuperación y Nueva Generación UE”.

En lo referente a cuestiones inacabadas, Portugal se encuentra ante una larga lista. La primera prioridad será la implementación del paquete de 1,8 billones de euros que abarca el marco financiero plurianual (MFP) de la UE, el plan de recuperación y Nueva Generación UE. Incluso si finalmente se produce un acuerdo, Portugal tendrá que enmendar las profundas fisuras que han generado, en primer lugar, las negociaciones en relación a la distribución de recursos financieros y el principio de solidaridad entre los países mediterráneos y los llamados frugal four, y después, el rechazo persistente por parte de Hungría y Polonia, seguidos de Eslovenia, a la hora de aceptar la condicionalidad sobre el Estado de derecho. El esfuerzo por reparar estas escisiones será igualmente necesario de cara a sellar el consenso que hace falta para lanzar los planes nacionales de recuperación y resiliencia, y permitir así el desembolso de fondos a tiempo para manejar eficazmente las consecuencias de la pandemia.

Otra promesa que requiere de atención es el lanzamiento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa: ha transcurrido un año desde que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo anunciaran el evento, y cinco meses desde que el Consejo de la UE acordara su posición al respecto, pero no se han tomado pasos concretos que transformen el proyecto en realidad. Recae entonces, en la Presidencia portuguesa, avanzar en la dirección adecuada mediante la búsqueda de un compromiso sobre quién presidirá, así como definir el calendario, el método de trabajo y –por encima de todo– los objetivos y la naturaleza de la Conferencia, los cuales no han quedado claros todavía. ¿Se trata de una antesala hacia una reforma institucional genuina de la UE, o se constituirá meramente como un foro de consulta ciudadana? Todos nos merecemos saber hacia dónde nos lleva este ejercicio en gestación.

Con acuerdo o sin él, a la espera desde que las partes decidieran proseguir con las negociaciones, el Brexit va a mantener ocupada a la Presidencia portuguesa. Ambos escenarios necesitarán de un delicado equilibrio de las relaciones entre los Estados miembros y el Reino Unido, junto con la gestión de las implicaciones derivadas del Brexit. De forma inevitable, Irlanda del Norte y Escocia intentarán involucrar a la UE en las disputas en torno a la definición de sus estatutos en el Reino Unido post Brexit, procurando obtener apoyo político para sus reclamaciones.

“Irlanda del Norte y Escocia intentarán involucrar a la UE en las disputas en torno a la definición de sus estatutos en el Reino Unido post Brexit, procurando obtener apoyo político para sus reclamaciones”.

Más allá de abordar todos estos asuntos pendientes, Lisboa debería trabajar en el afán de dejar su propia huella. Portugal pone el foco de su Presidencia sobre la Europa social y, en este sentido, es un avance bien recibido desde que la pandemia pusiera de relieve, una vez más, las desigualdades existentes en la Unión –entre Estados miembros y dentro de sus sociedades–, que ahora adquieren carices aún más intensos. Por consiguiente, estamos, a todas luces, en el momento propicio para invertir en una Europa social y resiliente. Durante la Presidencia portuguesa, se ha planificado la celebración de una Cumbre Social, y se deben de introducir garantías para la implementación del pilar europeo de derechos sociales. Además, la Presidencia portuguesa debe velar por que la UE no se desvíe del camino hacia una Europa Verde. No debe mostrarse dubitativa a la hora de asumir un papel de liderazgo en el asunto migratorio, a través de la coordinación hacia un nuevo pacto entre los Estados miembros y la comunicación eficaz de los beneficios del acuerdo a la ciudadanía europea.

“Durante la Presidencia portuguesa, se ha planificado la celebración de una Cumbre Social, y se deben de introducir garantías para la implementación del pilar europeo de derechos sociales”.

En cuanto a digitalización, promover un compromiso compartido y reproducir un sentimiento de prioridad hacia la digitalización entre los Estados miembros podría ser uno de los logros más importantes de la Presidencia portuguesa. Sin cesar en tal empeño, las cuestiones de igualdad de acceso y democracia digitales no deben de descuidarse.

Por último, Lisboa debe de prestar particular atención a la resiliencia de la UE, pues su preservación exige de una acción continuada en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de la Unión, el Estado de derecho y una economía abierta, defendiendo la solidaridad entre los Estados miembros a la par que evita verse arrastrada a los juegos de poder entre EE.UU. y China.

La Presidencia portuguesa no debe de perder de vista lo que ocurre al otro lado del Atlántico. La tan esperada llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se materializa en enero de 2021. Esto quiere decir que la Presidencia portuguesa encabezará las primeras tomas de contacto con la nueva Administración. Aunque revitalizar las relaciones transatlánticas necesitará de una estrategia a largo plazo, el primer contacto será importante para sentar las pautas. Los europeos son conscientes de que la época dorada de las relaciones transatlánticas, cuando prácticamente podían delegar su seguridad a EEUU, ha llegado a su fin. La relación debería reconstruirse en mayor pie de igualdad.

“Los europeos son conscientes de que la época dorada de las relaciones transatlánticas (...) ha llegado a su fin. La relación debería reconstruirse en mayor pie de igualdad”.

El episodio de Donald Trump al frente de EEUU puso a prueba la resiliencia de las instituciones democráticas. A su vez, todas las crisis por las que han transitado los Estados miembros de la UE –no debemos olvidar que el presente siglo se inauguró con una crisis constitucional y siguió con una crisis financiera global y de la Eurozona, a lo que habría que sumar la crisis política causada por la muchedumbre que busca asilo en Europa, el Brexit y el COVID-19– han planteado desafíos de gran envergadura. En aquellas cuestiones comunes de política doméstica –el refuerzo de las instituciones democráticas, la lucha contra la desigualdad y la polarización en las sociedades occidentales–, puede la UE encontrar el punto de partida para su política exterior. La Presidencia portuguesa sería el equipo ideal para comenzar a explorar posibles formas de colaboración por esta vía, al fin y al cabo, crear una Europa social basada en derechos y libertades es también su lema.

Nicoletta Pirozzi
Istituto Affari Internazionali en Roma
| @NicolePirozzi

Funda Tekin
Institut für Europäische Politik en Berlín
| @FundaTekin17

Ilke Toygür
Real Instituto Elcano en Madrid
| @ilketoygur


1 Una versión anterior de este texto fue publicada como parte de las Recomendaciones para la Presidencia Portuguesa (Recommendations for the Portuguese Presidency) de TEPSA (Trans European Policy Studies Association; Asociación de Estudios Políticos Transeuropeos), que incluye recomendaciones minuciosas por parte de Anna Krasteva (New Bulgarian University, Sofía), Andrea Membretti (EURAC Research, Bolzano), Piret Kuusik (Estonian Foreign Policy Institute, Tallin), Bernardo Venturi (Istituto Affari Internazionali, Roma) y Carlos Malamud (Real Instituto Elcano, Madrid)
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<![CDATA[ El balance sobre igualdad de género “Pekín +25”: la ayuda influye ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-perez-balance-sobre-igualdad-de-genero-pekin-25-la-ayuda-influye 2020-12-28T04:34:47Z

¿Cómo influye la ayuda al desarrollo mundial en materia de igualdad de género?

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Con la colaboración de 

En un seminario organizado recientemente por el Real Instituto Elcano en colaboración con varios think-tanks y universidades de Senegal, se analizaron los éxitos y fracasos del país en la reducción de las desigualdades de género.1 Entre los éxitos destacaba la paridad en el acceso a la educación primaria y secundaria, incluso con más niñas que acaban la secundaria que niños, y la reducción de la mortalidad materna en un 39%. Entre los fracasos, la persistencia de las desigualdades en la economía, con un 73% de directivos hombres, y en la política, con sólo un 25% de parlamentarias.

“Entre los éxitos destacaba la paridad en el acceso a la educación primaria y secundaria (…) y la reducción de la mortalidad materna en un 39%. Entre los fracasos, la persistencia de las desigualdades en la economía con un 73% de directivos hombres y en la política”.

A la hora de valorar las alternativas estratégicas de la cooperación al desarrollo para mejorar este balance, se debatieron dos alternativas. La primera sería el apoyo a la reducción de la desigualdad en todos los ámbitos de la vida social, económica y política y en todos sus niveles de decisión, incluidos los más altos. La segunda, sugerida por algunos participantes senegaleses, sería mucho menos ambiciosa y consistiría en concentrarse en la mejora de la autonomía económica de las mujeres, como un primer paso en un proceso de reducción de las desigualdades más largo, pero menos conflictivo. El seminario concluyó que, independientemente de su mayor o menor éxito, la mayoría de las agencias se decantarían por la primera estrategia por cuestión de principios.

La promoción de principios democráticos en el mundo es uno de los usos políticos de la ayuda por parte de las instituciones de cooperación al desarrollo. Las agencias y bancos de desarrollo, de carácter bilateral y multilateral, introducen con su financiación ideas que se incorporan al ideario y normativa de las instituciones financiadas y aspiran a moldear sus políticas. Esta difusión de ideas a menudo se presenta como un ejercicio planificado por parte de un concierto de democracias liberales, pero también puede entenderse como la difusión de normas globales. Este sería el caso del principio de igualdad de género, con cuya difusión están comprometidos los principales donantes y agentes de la cooperación al desarrollo desde la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en 1995.

El balance “Pekín + 25”

“Los mayores éxitos en materia de igualdad de género han tenido lugar en el ámbito de la educación y la salud gracias a los progresos realizados por los países en desarrollo con respecto a su situación de partida de hace 25 años”.

Al igual que Senegal, todos los países han medido su progreso en relación con la Declaración y la Plataforma de Acción surgidas de la Conferencia de Pekín con una amplia batería de indicadores y los han revisado y comparado en foros regionales coordinados por instituciones de Naciones Unidas como CEPAL, UNECA, UNESCA y UNECE, y consolidados en un informe global emitido por ONU Mujeres. El balance final mundial de ONU Mujeres arroja resultados muy distintos por sectores, similares a los de Senegal.

Los mayores éxitos en materia de igualdad de género han tenido lugar en el ámbito de la educación y la salud gracias a los progresos realizados por los países en desarrollo con respecto a su situación de partida de hace 25 años. En el ámbito de la enseñanza, se ha alcanzado la paridad en valores medios mundiales tanto en la educación primaria como en la secundaria. En el ámbito de la salud, el principal éxito ha sido la reducción de las tasas de mortalidad materna en un 38%.

Mientras las cifras de acceso a algunos servicios básicos tienden a igualarse, las desigualdades persisten en el acceso al poder económico y político a escala global. La brecha de género en el mercado laboral mundial es del 31% en términos de empleos y del 13% en términos salariales. Sólo un 25% de los directivos de empresa son mujeres y, a pesar de que el 39% de las mujeres trabajadoras están en la agricultura, sólo un 14% de los propietarios de tierras son mujeres. En el ámbito de la política, la realidad es similar: sólo un 25% de los parlamentarios son mujeres y sólo 14 gobiernos del mundo tienen una composición paritaria como el de España.

La influencia de la ayuda

“(…) la ayuda al desarrollo mundial influye, pero todavía no ha empleado toda su capacidad de influencia en materia de igualdad de género”.

Detrás de estos valores medios mundiales se dan importantes diferencias entre países, las cuales han sido analizadas estadísticamente para identificar qué factores influyen en la reducción de las desigualdades. Un estudio realizado 20 años después de la conferencia de Pekín y 15 después de la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio demostró que los avances concretos en el ámbito de la educación y la salud han estado significativamente influidos por el volumen de ayuda dedicado a cada uno de estos sectores, independientemente de la situación inicial del país. Tales avances fueron precisamente la reducción de la mortalidad materna y las diferencias de género en la alfabetización juvenil. En otras palabras, la ayuda al desarrollo ha influido de manera significativa en los aspectos más positivos del balance de “Pekín + 25”.

A estos hallazgos de la literatura académica, cabe añadir que precisamente en los sectores de la salud y la educación es donde las agencias de cooperación han cumplido mejor con el mandato de Pekín de transversalizar la igualdad de género en todos sus proyectos, independientemente de su sector u objetivo. Tal y como se muestra en la Figura 1, basada en datos de la OCDE, la transversalización del género no llega ni al 20% de la ayuda al desarrollo en otros sectores de gran importancia como los servicios e infraestructuras económicos, los sectores productivos o el apoyo presupuestario directo y las operaciones de deuda pública. Se trata de espacios muy indicados para la incidencia en determinados indicadores de igualdad relacionados con el empleo, los salarios y el acceso a puestos directivos, a activos económicos o a la función pública.

Figura 1. La transversalización del género por sectores de la ayuda
Figura 1. La transversalización del género por sectores de la ayuda
Fuente: ayuda sensible al género (marcadores 1 y 2) con respecto al total de la ayuda oficial al desarrollo analizada con perspectiva de género (marcadores 0, 1 y 2) disponible en la base de datos de ayuda CRS. Años 2009-2018. OCDE.

Las diferencias en la transversalización de la ayuda entre países donantes son también importantes. Así como Islandia, Suecia o Nueva Zelanda consiguen transversalizar el género en el 80%, el 71% y el 60% de su ayuda respectivamente, hay donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE por debajo del 10%. España, con una transversalización del 25%, está por debajo de la media y puede también aumentar y mejorar su influencia. Algunas comunidades, como Castilla La-Mancha, el País Vasco, Navarra y Andalucía, han superado a los donantes nórdicos con un 90% de transversalización del género, pero en la AECID, el Ministerio de Educación y el de Sanidad la transversalización ronda el 50%. En el Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo presupuesto de ayuda es especialmente importante, la transversalización del género es casi inexistente según los datos de la OCDE.

En otras palabras, la ayuda al desarrollo mundial influye, pero todavía no ha empleado toda su capacidad de influencia en materia de igualdad de género. La ayuda española, tampoco.

Aitor Pérez
Investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano y consultor en cooperación al desarrollo
| @aitor_ecoper


1 Este seminario fue realizado en octubre de 2020 con la financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en colaboración con la Embajada de España en Dakar y el think-tank de África Occidental WATHI. En su mesa sobre igualdad de género participaron además el Observatorio Nacional de la Paridad y el Laboratorio de Análisis de las Sociedades y los Poderes, de la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis.
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<![CDATA[ El pulso mundial por el dominio de los semiconductores ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-ortega-el-pulso-mundial-por-el-dominio-de-los-semiconductores 2020-12-09T11:05:26Z

Los semiconductores están en el centro de la nueva geopolítica y Estados Unidos libra una guerra contra China por el control de las tecnologías digitales.

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Son elementos minúsculos basados en silicio o germanio. Están ya en casi todas partes de los desarrollos económicos y tecnológicos y, por tanto, de la seguridad. Hay una carrera mundial, sobre todo entre Estados Unidos y China, para el control de los más avanzados. Los semiconductores están en el centro de la nueva geopolítica y son esenciales para mantener la ventaja en el terreno de la defensa. Son lo que se llama una “tecnología fundacional”, estratégica. Actualmente, EEUU le saca a China dos o tres generaciones y entre cinco y diez años de ventaja, pero Pekín, ante las restricciones que le ha impuesto a este respecto la Administración Trump, se ha lanzado a una carrera por ser autosuficiente en materia de chips cuanto antes y llegar a ser un líder mundial en 2030, con cuantiosas inversiones públicas para colmar la brecha.

“Los semiconductores están en el centro de la nueva geopolítica y son esenciales para mantener la ventaja en el terreno de la defensa”.

Aunque sus empresas a veces los fabrican fuera, EEUU vende un 47% de los semiconductores del mundo; Corea del Sur, un 19%; Japón, un 10%, como Europa; Taiwán, un 6%, y China, solo el 5%, según los datos para 2019 de un informe de los servicios de investigación del Congreso de EEUU. China, como es sabido, es el mayor importador de semiconductores del mundo (un 60%), en los que gasta más que en importaciones de petróleo, aunque hay que tener en cuenta que en este país se concentra una parte importante de la fabricación mundial de productos electrónicos. Se espera que en 2020 las importaciones de chips de China se mantengan por encima de los 300.000 millones de dólares por tercer año consecutivo, según la Asociación de la Industria de Semiconductores de China. Dos tercios suelen venir de plantas estadounidenses.

Por su parte, el Pentágono, a través de su programa Trusted Foundry, depende de una sola fábrica con sede en EEUU para sus semiconductores más avanzados para defensa, aunque cada vez más voces se elevan para abrirse a las capacidades de industrias comerciales. Apple se ha puesto a fabricar sus propios chips para algunos de sus aparatos para depender menos de Intel y a diseñar sus semiconductores a la medida de las necesidades de cada uno de sus productos. Un paso más en la verticalidad, frente a la horizontalidad, de las empresas.

China depende de semiconductores estadounidenses avanzados que son críticos para ciertas industrias, como quedó patente en el levantamiento parcial de las sanciones impuestas por el Gobierno de Trump sobre ZTE para evitar el asfixio de la empresa, y para sus aspiraciones al liderazgo en inteligencia artificial. Las importaciones desde EEUU sólo podrían verse sustituidas por otras de origen taiwanés, surcoreano y, en menor medida, europeo, todos bajo presión de EEUU. Y en esto China no puede simplemente copiar. La “ingeniería inversa” –aprender a construir desde una pieza o prototipo– no siempre funciona sin el acceso al know-how. No todo puede ser copiado. Ante un embargo por parte de EEUU, China intenta conseguir ser más autónoma o autosuficiente tecnológicamente, aunque el éxito no está garantizado. Pero es un esfuerzo enorme que continuará a pesar del cambio de Administración en EEUU. El régimen de Pekín ya no se fía.

China está invirtiendo en plantas de fabricación de semiconductores (conocidas como fabs), que, como indica James Lewis, del CSIS de Washington, son muy caras: casi como un portaviones nuevo y con más utilidad. Está contratando ingenieros de empresas como la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. El Gobierno central está invirtiendo 58.000 millones de dólares en este esfuerzo, a lo que hay que sumar otros 60.000 millones de fondos de Gobiernos locales, además de importantes exenciones fiscales para estos fabricantes. China, además, intenta que fabricantes extranjeros de chips se instalen en el país. Pero no todo es una historia de éxito. Al menos seis proyectos de fábricas de chips, de varios miles de millones cada uno, han fracasado en los últimos años, según un informe semioficial en China, justamente por esa falta de control del dinero aportado por los Gobiernos locales. Hay otros intentos, como el de Huawei –sin experiencia en este ámbito– de montar una fábrica de chips y dejar de depender de EEUU, aunque al principio serán semiconductores de baja gama para sus móviles, pero con la intención de llegar a unos avanzados en unos años.

“Habrá que esperar a ver qué actitud adopta la Administración Biden ante las restricciones a las exportaciones de chips avanzados a China”.

Frente a este esfuerzo chino, desde el fin de la Guerra Fría EEUU ha recortado las inversiones públicas en tecnología, según recuerda Lewis. Aunque la Ley de Autorización de la Defensa Nacional incorpora ahora la antigua “Ley para crear incentivos útiles para producir semiconductores”, el Congreso, pese a sus buenas palabras, ha limitado su financiación, aunque la está revisando. Lewis critica que EEUU haya gastado 330.000 millones de dólares anuales en los últimos 18 años en las guerras de Irak y Afganistán mientras China invierte en reforzar su base tecnológica.

Ya antes de Trump, EEUU contaba con limitaciones y control de las exportaciones de chips y de equipo para manufacturarlos (otros chips, materiales, software y datos técnicos), aunque se solían conceder casi todas caso por caso. Según un estudio del Center for Security and Emerging Technologies de la Universidad de Georgetown, las exportaciones de EEUU a China de semiconductores y equipamiento para fabricarlos se doblaron entre 2014 y 2019.

En principio, parte de estas exportaciones están reguladas por el Acuerdo de Wassenaar, asociación voluntaria de 42 países (Rusia incluida) sobre comercio de tecnología de uso dual y municiones que recoge una lista de más de 150 semiconductores y 20 tipos de equipamiento para ellos. Además de China, el único país importante que fabrica semiconductores y no está incluido es Taiwán debido a su estatus internacional, pero suele seguir lo que pide Washington. Europa tiene poco peso en esta carrera y medidas, aunque sí en algunos aspectos específicos. Europa, a través de lo que llama un “interés común europeo” pretende desarrollar su capacidad para desarrollar semiconductores propios, y cubrir en unos años un 20% del mercado mundial.

Habrá que esperar a ver qué actitud adopta la Administración Biden ante las restricciones a las exportaciones de chips avanzados a China. Y, aunque Europa carezca de peso, esta es una cuestión que va a pasar a formar parte de la nueva agenda transatlántica, en ciernes ante la llegada de una nueva Administración más normal a Washington, pero que se va a definir en buena parte por el tipo de relaciones que plantee mantener con China y también en materia de esos cada vez más diminutos, potentes e importantes chips.

Andrés Ortega
Investigador sénior asociado, Real Instituto Elcano
| @andresortegak

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<![CDATA[ La liberalización comercial avanza en Asia-Pacífico ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-esteban-steinberg-la-liberalizacion-comercial-avanza-en-asia-pacifico 2020-11-17T06:53:30Z

El apetito por la liberalización comercial en Asia sigue siendo intenso más allá de la pandemia del COVID-19 y de las críticas a la globalización.

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Mientras los europeos sueñan con que el presidente electo de EEUU Joe Biden ponga fin a las guerras comerciales, desbloqueé la Organización Mundial del Comercio (OMC) y revitalice la relación transatlántica, la intensificación de la globalización comercial en Asia-Pacífico sigue avanzando. El pasado 15 de noviembre se firmó el acuerdo que inaugura la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, en sus siglas en inglés), un acuerdo de libre comercio que engloba a 2.100 millones de consumidores y el 29% del PIB mundial, y en el que participan China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los 10 países de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN: Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y Brunéi).

“(…) el RCEP constituye un acuerdo de libre comercio tradicional y poco profundo (…) que reforzará la ya intensa integración económica asiática pero no implicará un punto de inflexión significativo en la globalización”.

Aunque los números del acuerdo son apabullantes, su alcance final está por debajo de las expectativas iniciales: la India decidió retirarse de las negociaciones en noviembre de 2019 y el texto aprobado se limita a la reducción arancelaria, sin entrar en la agenda de armonización regulatoria, estándares, protección de inversiones o temas medioambientales y laborales, que son propios de los acuerdos de liberalización comercial de nueva generación en los que últimamente se ha volcado la UE (por ejemplo, los firmados con Japón , Corea del Sur, Vietnam, Singapur, Canadá o Mercosur ). Aun así, el acuerdo incorpora normativa sobre propiedad intelectual y un mecanismo para la resolución de conflictos entre sus miembros, pero no va más allá de lo existente en la OMC, de la que también son miembros todos los integrantes del RCEP.

Por lo tanto, cómo bien ha sintetizado Rodrik, “RCEP no es un bloque comercial y no supone un reto para Estados Unidos” (y tampoco, podríamos añadir, para la UE). Es cierto que EEUU, que con la victoria de Trump optó por no participar en el otro gran acuerdo de liberalización comercial regional, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), queda todavía más descolocado por un RCEP que supone una victoria simbólica para China. También que la UE, al no formar parte del mismo, podría ver como sus exportaciones se ven desplazadas de algunos de estos mercados (aunque con muchos de ellos tiene también acuerdos de liberalización comercial). Pero lejos de afianzar un bloque comercial en torno a China, el acuerdo supone otro ejercicio de liberalización comercial preferencial/regional que contribuirá a la maraña de este tipo de pactos y que demuestran que en el mundo existe un gran apetito por la liberalización comercial más allá de la guerra comercial entre China y EEUU .

En el ámbito diplomático, este acuerdo es un éxito sin paliativos para China. A pesar de que Xi Jinping ha implementado una política exterior más asertiva , e incluso agresiva en ocasiones, que sus predecesores, la inseguridad que esto genera en sus vecinos no es suficiente como para que se lancen a una estrategia de contrapeso y contención de China. Si las reglas del juego son las correctas, los países de Asia Oriental siguen queriendo estrechar sus vínculos con Pekín. Además, el anuncio del acuerdo se produce en una coyuntura especialmente propicia para China, que buscará restañar las heridas de su maltrecha relación bilateral con EEUU, una vez que cambie el inquilino de la Casa Blanca.

Sin embargo, aunque el acuerdo evidencia que el mercado chino sigue siendo enormemente suculento para las exportaciones de los demás países, el gigante asiático podría no ser el principal beneficiado del mismo. Japón, Corea o los países de ASEAN podrían utilizarlo para reconfigurar sus cadenas de suministro al aumentar sus flujos de inversión directa cruzados, reduciendo así su dependencia de China.

“(…) el apetito por la liberalización comercial en Asia sigue siendo intenso más allá de la pandemia del COVID-19 y de las críticas a la globalización”.

Desde la óptica europea, no cabe otra alternativa que continuar con la estrategia comercial de los últimos años. Por una parte, intentar reformar la OMC para revitalizar el sistema multilateral, objetivo que ahora es más viable con la llegada de Biden . Por otra, avanzar en los acuerdos preferenciales con los países de Asia-Pacífico, insistiendo en la necesidad de incorporar en los mismos cláusulas laborales y medioambientales para proyectar sus valores. En este sentido, las negociaciones con Australia y Nueva Zelanda serán muy probablemente las siguientes en dar fruto.

En definitiva, el RCEP constituye un acuerdo de libre comercio tradicional y poco profundo (centrado básicamente en la reducción de aranceles), que reforzará la ya intensa integración económica asiática pero no implicará un punto de inflexión significativo en la globalización. De hecho, no contribuye a forjar un bloque comercial cerrado liderado por China que se contraponga al bloque transatlántico/occidental. También demuestra que el apetito por la liberalización comercial en Asia sigue siendo intenso más allá de la pandemia del COVID-19 y de las críticas a la globalización. Desde una perspectiva geopolítica, este acuerdo también ilustra que China no es vista como una amenaza existencial por sus vecinos, que intentan incrementar su acceso a su mercado a pesar de las múltiples tensiones que puedan tener con Pekín. Este acuerdo y el resultado de las pasadas elecciones estadounidenses hacen que la sombra de una nueva guerra en Asia Oriental esté más lejos de materializarse.

Mario Esteban
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @wizma9

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @steinbergf

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