Europa / Unión Europea - Real Instituto Elcano Feeds Elcano Copyright (c), 2002-2018 Fundación Real Instituto Elcano Lotus Web Content Management <![CDATA[ Brexit: el fin del principio ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/powell-brexit-el-fin-del-principio 2020-01-31T12:07:29Z

Aunque todavía no sepamos cómo será la relación definitiva entre Londres y Bruselas, debemos preguntarnos por las consecuencias del Brexit para la Unión Europea.

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(*) Una versión anterior de este texto artículo fue publicada el 30/1/2020 en ABC.

Durante los últimos tres años y medio, siempre que se ha planteado la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el Real Instituto Elcano, nunca ha faltado alguien que apostillara: ‘si se produce…’ Pues bien, el Brexit se producirá por fin el 31 de enero, pero eso no significa que se vayan a disipar las incertidumbres que nos acompañan desde ese fatídico 23 de junio de 2016 en el que 17.4 millones de británicos votaron a favor de abandonar la UE, mientras otros 16.1 optaban por la permanencia.

Como diagnosticó Churchill tras la batalla de El Alamein, esto no es el fin, ni siquiera es el principio del fin, sino más bien el fin del principio. Se abre ahora una etapa transitoria decisiva, en la que se negociará la relación futura entre el Reino Unido y la UE, tarea que deberá completarse antes de finalizar el año, salvo que Boris Johnson solicite la prórroga que hasta ahora ha rechazado, en cuyo caso el proceso podría prolongarse hasta dos años más. De no alcanzarse un acuerdo, se produciría automáticamente el tan temido Brexit duro, ya que a diferencia del negociado por Teresa May (y rechazado por el Parlamento), el Acuerdo de Salida aprobado no contempla como salvaguarda la permanencia del Reino Unido en un mínimo nivel de integración con la UE (excepto para Irlanda del Norte). Y dado que muy pocos expertos creen posible la negociación de un acuerdo tan complejo en plazo tan breve, cabe vaticinar que el Brexit seguirá provocando muchos quebraderos de cabeza.

“Aunque todavía no sepamos cómo será la relación definitiva entre Londres y Bruselas, debemos preguntarnos por las consecuencias del Brexit para la UE”.

El Reino Unido se enfrenta hoy a su mayor reto colectivo desde la Segunda Guerra Mundial, ya que el Brexit afectará a su futuro económico, su modelo social, su cohesión territorial, y su papel en Europa y el mundo. Los más optimistas sueñan con un ‘global Britain’ (o incluso un ‘Singapore-on-Thames’), es decir, una economía de servicios altamente competitiva, que se librará por fin de la pesada carga de una UE esclerotizada por la burocracia y la sobrerregulación. Sin embargo, esta visión no parece tener en cuenta que el Reino Unido vende a la UE el 46% de sus exportaciones en bienes y servicios, ni que le compra el 54% de sus importaciones. Por otro lado, la esperanza de que un ambicioso acuerdo comercial con Washington pueda amortiguar las consecuencias del Brexit no parece muy realista, dadas las preferencias del actual inquilino de la Casa Blanca. La paradoja de fondo es que al Reino Unido le ha ido bastante bien en la UE, y no está claro que su salida vaya a tener consecuencias netamente positivas. Y menos aún, que el chovinismo (e incluso la xenofobia) que han acompañado en ocasiones el debate sobre el Brexit augure nada bueno para el conjunto de una sociedad tan abierta, multicultural y cosmopolita como la británica.

A corto y medio plazo, el Brexittambién generará serias tensiones territoriales. En Escocia, los nacionalistas utilizarán el deseo mayoritario de la población de permanecer en la UE para justificar el secesionismo. Y en Irlanda del Norte, donde los partidos nacionalistas superaron a los unionistas por vez primera en las recientes elecciones generales, la posibilidad de permanecer alineados con la UE durante cuatro años, que pudieran ser ocho, podría hacer muy atractiva una futura reunificación de Irlanda.

Aunque todavía no sepamos cómo será la relación definitiva entre Londres y Bruselas, debemos preguntarnos por las consecuencias del Brexit para la UE. Obviamente, el Reino Unido no es un estado miembro cualquiera: sus 65 millones de habitantes representan el 13% de la población de la Unión; su economía aporta el 15% de su PIB; y sus fuerzas armadas, el 22% de sus tropas desplegables en el exterior. Sin embargo, según una encuesta reciente de la Fundación Bertelsmann, solo uno de cada cuatro europeos teme que su salida afecte negativamente al conjunto de la UE, mientras que cuatro de cada diez predicen que el Reino Unido estará peor cuando se marche. Lejos de generar un ‘efecto llamada’, el Brexit parece haber vacunado a muchos ciudadanos del virus euroescéptico, actuando incluso de ‘federador externo’, como definía el General de Gaulle a Estados Unidos.

Aunque lamenten la marcha del Reino Unido, los partidarios del proyecto europeo seguramente no pueden dejar de ver el Brexit con cierto alivio. Por motivos geográficos, históricos y culturales conocidos, muchos británicos siempre vieron con reticencia esa ‘unión cada vez más estrecha’ que contemplan los tratados. La UE pierde a una de sus economías más dinámicas, pero ésta jamás se habría integrado en el euro, dificultando a medio y largo plazo la consolidación de la moneda única. En su día Londres fue un impulsor entusiasta del proyecto del mercado interior, pero sus dudas actuales sobre la libre circulación de personas empañan esa trayectoria. Sin el Reino Unido, la UE posiblemente desarrolle un perfil más ‘social’, que es precisamente lo que reclaman muchos de nuestros ciudadanos. Quienes sostienen que sin los británicos la UE será un actor global menos relevante deben preguntarse si sus armas nucleares y su puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU realmente contribuían a evitarlo. Y quienes temen por el futuro del vínculo transatlántico ya conocen el valor que otorga la administración estadounidense actual a su ‘relación especial’ con Londres. La UE del futuro posiblemente esté más supeditada al liderazgo franco-alemán, pero los británicos ya se resignaron a ello al autoexcluirse de su núcleo duro.

Es probable que la presencia del Reino Unido haya dificultado el desarrollo y la profundización del proyecto europeo, pero su marcha no garantiza el éxito de este. Seguiremos viviendo en una complejísima Unión de estados y ciudadanos, cuyo lema, ‘unida en la diversidad’, refleja más una aspiración que una realidad. Sin embargo, la UE nos ofrece la mejor –quizás la única– posibilidad que tenemos de enfrentarnos con éxito a los grandes retos globales de nuestro tiempo. Por su parte, el Reino Unido se marcha de la UE, pero no de Europa, y estará a nuestro lado en muchas de esas batallas, sobre todo si estuviesen en juego nuestra democracia y libertad.

Charles Powell
Director del Real Instituto Elcano | @CharlesTPowell

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<![CDATA[ El Brexit pasa a la segunda fase ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/feas-el-brexit-pasa-a-la-segunda-fase 2020-01-31T11:45:04Z

El Brexit no sólo no ha terminado, sino que lo complicado viene ahora.

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(*) Una versión anterior de este texto artículo fue publicada el 20/1/2020 en El País.

 

Después de un largo esfuerzo para lograr algo muy difícil, el ser humano tiene la tentación natural de relajarse, de celebrar, olvidando que, muchas veces, lo más complicado viene después. Eso es precisamente lo que ocurre con el Brexit. Cuando el Reino Unido decidió en junio de 2016 abandonar la Unión Europea, lo lógico era pensar que cerraría rápidamente un Acuerdo de Salida para poder concentrarse en la dura negociación de un Acuerdo de Relación Definitiva. Pero como el Acuerdo de Salida acabó convirtiéndose en una interminable pesadilla, su desenlace ha hecho olvidar a muchos –como los que quieren repicar las campanas del Big Ben– que el Brexit no sólo no ha terminado, sino que lo complicado viene ahora. Como en un campeonato de fútbol, simplemente hemos pasado a la siguiente fase. Y los partidos que quedan son especialmente duros.

“el Brexit no sólo no ha terminado, sino que lo complicado viene ahora”.

Como mucho, podemos decir que el Brexit se ha zanjado desde el punto de vista político, pero manteniendo intactos los riesgos económicos. O ni siquiera eso, pues, aunque se haya evitado el problema de una frontera física entre las dos Irlandas –crucial para la paz en la isla–, la segunda fase conlleva graves tensiones políticas internas para el Reino Unido. La primera es la demanda de un nuevo referéndum de independencia de Escocia, quien alega que el primero se celebró bajo la falsa promesa de un Reino Unido europeo. Boris Johnson ha salvado su primer asalto rechazando formalmente esta posibilidad (es su potestad constitucional), pero este tema revivirá, y de forma tanto más agresiva cuanto más brusca sea la salida económica en diciembre. La segunda es la amenaza de reunificación de Irlanda, una posibilidad aún remota, pero hoy más cercana que ayer, a la que contribuirán tres factores: el hecho de que, por primera vez, los diputados nacionalistas son más que los unionistas (recordemos que, en este caso, los Acuerdos de Viernes Santo obligan a la celebración de un referéndum cuando existan indicios suficientes de que podría haber una mayoría a favor de la reunificación); la dura realidad de ver a una Irlanda del Norte plenamente integrada en Europa frente a una Gran Bretaña aislada comercialmente; y la constatación de que Johnson mentía cuando decía que no habría controles aduaneros en el Mar de Irlanda para los productos destinados a Gran Bretaña (porque los habrá, no lo duden: son técnicamente consustanciales a la propia salvaguarda irlandesa).

El 1 de febrero el Reino Unido pasará formalmente a ser un país tercero respecto de la UE y perderá todos sus derechos políticos, pero en todo lo demás nada cambiará hasta que termine el período transitorio, en principio el 31 de diciembre de 2020. Once escasos meses para negociar un complejísimo acuerdo que defina las relaciones económicas futuras entre la UE y el Reino Unido. Boris Johnson, como en la primera fase, ha comenzado apostando fuerte y anunciando que en ningún caso solicitará una prórroga (que, conforme al Acuerdo de Salida, podría ser de uno o dos años y debería acordarse antes del 1 de julio). Claro que su credibilidad es ínfima después de la negociación del Acuerdo de Salida y, teniendo en cuenta que no está “muerto en una zanja”, sino disfrutando de la prórroga que jamás iba a pedir, no hay que descartar que en diciembre –en el tiempo de descuento– se trague de nuevo sus bravatas y, justo antes de que el árbitro pite el final, solicite una extensión.

Conviene recordar tres cosas importantes de cara a los próximos meses. La primera, que, a diferencia de lo que ocurría con el Acuerdo de May que nunca llegó a aprobarse, el Acuerdo de Salida actual no establece un nivel mínimo de integración con la UE en caso de ausencia de acuerdo con el final del período transitorio (el de May establecía una unión aduanera). En otras palabras, si no se cierra un acuerdo definitivo antes del 31 de diciembre, se producirá una salida caótica, un no-deal cuya única diferencia con el de la primera fase será que, en este caso, afectaría sólo a Gran Bretaña (Irlanda del Norte quedaría protegida por el paraguas del Acuerdo de Salida). Es decir, hemos evitado caer en el abismo, pero seguimos sentados al borde y con los pies colgando.

La segunda cuestión es que el acuerdo comercial básico que propone Johnson como relación definitiva –un acuerdo de libre comercio sin cuotas ni aranceles– no elimina ni de lejos las fricciones en frontera. Si May apostaba por una unión aduanera es porque sabía que una zona de libre comercio apenas supone diferencias con un no-deal en término de caos aduanero: hay que detener en frontera cada uno de los envíos, ya que, además de los impuestos indirectos y los requisitos técnicos y sanitarios, hay que comprobar el origen de las mercancías que da derecho a la exención arancelaria. Esto implica largos atascos y meses, quizás años, hasta que el tráfico aduanero se normalice, con gran perjuicio para sectores muy dependientes de los plazos, como los productos agroalimentarios perecederos o la producción de automóviles (ambos particularmente importantes para los intereses españoles).

La tercera cuestión es que, de tanto hablar de aranceles, parece que hemos olvidado que las economías modernas son economías de servicios, y que el comercio internacional de éstos es mucho más dinámico que el de bienes. Johnson anda presumiendo de que el nuevo Reino Unido será el adalid del libre comercio, pero, irónicamente, para lograrlo quiere antes cargarse el mejor acuerdo de servicios jamás alcanzado por el Reino Unido: la pertenencia al mercado único. Qué absurdo es que, pudiendo optar por un modelo de relación muy integrado, como el de Noruega, prefiera el de Corea o Canadá, más apropiado para países lejanos con los que el grado de integración productiva es mínimo.

“cuando hablamos de “recuperar el control”, no hay ninguna duda: el Brexit es y será siempre para el Reino Unido un gol en propia meta”.

La negociación va a ser muy dura, y habrá más discrepancias que antes entre Estados miembros. Además del comercio de bienes, la UE intentará abordar cuestiones de pesca, transporte, energía, servicios financieros y protección de datos. Y si la salvaguarda de Irlanda atascó el Acuerdo de Salida, aquí lo harán las cuestiones de competencia y convergencia regulatoria (level playing field). La UE no puede permitir, sin suicidarse comercialmente, que un país cercano e integrado productivamente juegue a una carrera fiscal o regulatoria a la baja. Y, como ha recordado la presidenta de la Comisión, cuanto mayor sea la capacidad de divergencia regulatoria del Reino Unido (incluso aunque no la utilice), más lejos quedará del acceso al mercado único. Quizás Johnson, cuando asuma que Trump sólo vela por sus propios intereses comerciales, termine aceptando un Brexit más blando, igual que terminó aceptando una salvaguarda muy similar a la de May. Si quiere acceso, tendrá que adoptar reglas en cuyo diseño no podrá participar.

Que cada uno interprete el Brexit como quiera en términos históricos o románticos, pero en la liga de la geopolítica, en el terreno de juego de la soberanía económica internacional, cuando hablamos de “recuperar el control”, no hay ninguna duda: el Brexit es y será siempre para el Reino Unido un gol en propia meta.

Enrique Feás
Técnico Comercial y Economista del Estado e Investigador asociado del Real Instituto Elcano
| @EnriqueFeas

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<![CDATA[ Un nuevo enroque en la política interior de Rusia ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-milosevichjuaristi-un-nuevo-enroque-en-la-politica-interior-de-rusia 2020-01-24T08:34:06Z

Lo que parecía el discurso rutinario del Estado de la Nación, se ha convertido en tema de especulación sobre el futuro del presidente Vladimir Putin y el destino de Rusia.

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El pasado 15 de enero el presidente Vladimir Putin se dirigió a los miembros de la Asamblea Federal de Rusia en su tradicional discurso del Estado de la Nación . Lo que parecía el discurso rutinario de cada comienzo de año (aunque llamaba la atención que lo pronunciara en enero y no en febrero, como es costumbre) se convirtió en tema de especulación sobre el futuro del presidente Putin y el destino de Rusia a causa de su propuesta de cambiar la Constitución de 1993, de la dimisión al completo del gobierno de Dmitri Medvedev, del nombramiento exprés de Mijaíl Mishustin, responsable del Servicio Federal de Impuestos, para sustituir a este, y de la promoción de Medvedev a vicepresidente del Consejo de Estado que preside Putin.

Según el presidente ruso, “las modificaciones de la Constitución suponen cambios muy serios en el sistema político” y los rusos tendrán la oportunidad de expresar su opinión sobre ello en un referéndum. Pero para comprender el alcance de los posibles cambios es necesario, en primer lugar, entender los principales aspectos de la Constitución de la Federación Rusa que el Kremlin pretende cambiar.

“Los cambios propuestos y el nombramiento de Mishustin son un paso más en la transición política en Rusia a raíz de la finalización del mandato presidencial de Vladimir Putin en 2024”.

La Constitución de 1993 fue avalada por los ciudadanos rusos en referéndum celebrado el 25 de abril del mismo año, cuando Boris Yeltsin intentaba construir un nuevo régimen político y crear un marco legal para la transición a la democracia. Está inspirada en la Constitución francesa y es el marco legal de un orden presidencialista, con poderes extraordinarios para el presidente (que tiene derecho de veto sobre cualquier decisión del Parlamento por decreto). La Constitución de 1993 fue fruto de la decisión de Yeltsin (enfrentado desde 1991 a una Duma fragmentada y muy poco colaborativa) de asumir poderes independientemente del parlamento para cumplir su agenda de reformas. Fue diseñada para limitar los poderes locales y de la Duma. Pero, como se ha demostrado, si bien aumentó el poder del presidente, no lo capacitó para crear un orden democrático estable.

Los cambios más importantes de la Constitución de 1993 que propone el presidente Putin son:

  • Permitir que el parlamento designe ministros del gobierno, incluido el primer ministro (actualmente son seleccionados por el presidente y aprobados por el parlamento).
  • Cambiar la Constitución para impedir que los presidentes sirvan más de dos mandatos en general, y no sólo dos mandatos consecutivos (él ha servido cuatro mandatos presidenciales y uno de primer ministro).
  • Otorgar más poder al Consejo de Estado, consagrando su papel en la Constitución.
  • Introducir restricciones adicionales sobre quién puede postularse para presidente, para evitar que lo haga quien que no haya vivido en Rusia durante los anteriores 25 años o que haya tenido un pasaporte extranjero o permiso de residencia.
  • Dar prioridad a la Constitución rusa sobre el Derecho Internacional.

Los cambios propuestos y el nombramiento de Mishustin son un paso más en la transición política en Rusia a raíz de la finalización del mandato presidencial de Vladimir Putin en 2024. La carrera para la sucesión del presidente ruso había empezado en 2018 (al comienzo de su cuarto mandato, el máximo que permite la Constitución), pero Putin nunca se comportó como un “pato cojo”, esto es, como un presidente con una fecha de caducidad que nadie tomaba en serio.

“Que Putin se garantice un futuro no es sorprendente, por lo que la cuestión más importante atañe al sentido de los cambios en la Constitución y el nombramiento de Mishustin”.

Putin está haciendo una rokirovka –un “enroque”, jugada en ajedrez que consiste en el cambio de la posición entre la torre y el rey, para proteger a éste último– con el objetivo de permanecer en el poder de una u otra forma después de 2024. Ya lo había hecho con Dmitri Medvedev en 2008, cuando la Constitución rusa no le permitía un tercer mandato consecutivo, de modo que entre 2008 y 2012 Medvedev fue el presidente y Putin el primer ministro. Yeltsin, a su vez, había hecho otra rokirovka con Putin en 1999, cuando lo nombró primer ministro, aunque su idea no era tanto mantenerse en el poder como proteger a la “Familia”, el pequeño circulo de sus familiares y de los oligarcas que le apoyaron en las elecciones de 1996, a fin de impedir que fueran perseguidos y juzgados por corrupción.

El hecho de que se otorgue más poder al Consejo del Estado, hasta ahora un órgano de carácter honorífico, sugiere que Putin podrá usar esta institución para conservar su poder y seguir manejando los hilos de la política interior y exterior rusa. El Consejo de Estado fue creado por Putin durante su primer mandato (2000-2004) con el objeto de centralizar el poder y ubicar los “miembros de oficio” de la Cámara Alta –dos representantes de cada una de las 89 regiones, que bloqueaban cualquier intento de restablecer el poder central en aquellas–. Con los cambios constitucionales, el Consejo de Estado ganará más atribuciones y Medvedev seguirá presente en la política rusa.

Que Putin se garantice un futuro no es sorprendente, por lo que la cuestión más importante atañe al sentido de los cambios en la Constitución y el nombramiento de Mishustin.

Las propuestas de cambios constitucionales reflejan la seguridad que tiene Putin en mantener el control –aun sin grandes poderes presidenciales (a diferencia de Yeltsin)– de las dos Cámaras, en las cuales los representantes de Rusia Unida conservan una mayoría absoluta. Las condiciones restrictivas a los candidatos a la presidencia están dirigidas a neutralizar a opositores populares como Aleksey Navalny (quien estudió en EEUU).

“Los cambios anunciados son más un golpe de efecto propio de la “democracia imitativa” (…) dirigido a una población cada vez más descontenta con el gobierno y la situación económica del país”.

La propuesta de dar prioridad a la Constitución rusa sobre el Derecho Internacional es otro paso en la “imitación de apariencias” que Rusia practica desde 2008 en su relación con Occidente. El Kremlin justificó su intervención militar en Georgia en 2008 , así como la anexión de Crimea en 2014 , como una necesaria “intervención humanitaria”, porque lo mismo hizo EEUU tras el bombardeo de la OTAN en Serbia en 1999 para blindar la proclamación de Kosovo como Estado independiente en contra de la Resolución 1244 de la ONU que garantizaba la integridad territorial serbia. Dar prioridad a la Constitución rusa sobre el Derecho Internacional no persigue directamente el desacato al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (pues hace tiempo que el Kremlin no respeta sus decisiones), sino confirmar la excepcionalidad rusa , siguiendo en ello el ejemplo de EEUU, que no reconoce ninguna institución jurídica superior a la de su propio Tribunal Supremo.

El nombramiento de Mijaíl Mishustin, jefe del Servicio Federal de Impuestos desde 2010 y descrito por analistas como un “tecnócrata anónimo ”, ha sorprendido a todos. Sin embargo, Putin era aún más desconocido para sus propios compatriotas cuando fue nombrado primer ministro por Boris Yeltsin. Sin duda, Mishustin es un hombre de confianza del presidente ruso. No sabemos si tendrá la misma experiencia que Putin –que se convirtió en presidente tras haber sido primer ministro entre 1999 y 2000– pero le será leal, como lo ha sido Medvedev. Mantendrán la tandemocracia y Mishustin le protegerá, como hizo el propio Putin con Yeltsin. Lo más interesante del nombramiento de Mishustin es el simbolismo del cargo que ahora abandona. Una señal clara del colapso del poder estatal en 1998 fue la incapacidad de recaudar impuestos, que equivalían a un 41% del PIB de Rusia entre 1989 y 1997.1 Fue un factor clave de la bancarrota virtual del gobierno de Yeltsin y uno de los mayores éxitos de la presidencia de Vladimir Putin, que cambió la Ley de Impuestos y, de esta manera, contribuyó decisivamente a la estabilidad económica. El nombramiento de Mishustin subraya dicho éxito y sugiere la garantía de que la fiscalidad estatal no se colapsará de nuevo.

Los cambios anunciados son más un golpe de efecto propio de la “democracia imitativa” (sistema político que imita los procedimientos democráticos de la democracia formal, pero cuyas reformas no llevan hacia una democracia sustancial) dirigido a una población cada vez más descontenta con el gobierno y la situación económica del país. Son los instrumentos de un nuevo enroque cuyo fin es proteger la autoridad y poder de Vladimir Putin tanto en la política interior como la exterior. El sistema político ruso es autocrático, por lo que el cambio de la Constitución no va a minar el putinismo. Los cambios de la Constitución de 1993 no conducirán a un sistema político democrático estable, como tampoco lo hizo el texto original.

Mira Milosevich-Juaristi
Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora asociada de Russia's Foreign Policy del Instituto de Empresa (IE University)  | @MiraMilosevich1


1 Mira Milosevich (2017), Breve historia de la Revolución Rusa, Galaxia Gutenberg, p. 254.
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<![CDATA[ El auge de China: ¿un tema para la OTAN? ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari121-2019-simon-martin-auge-de-china-un-tema-para-la-otan 2019-12-20T02:36:00Z

La OTAN ha iniciado un debate de alto nivel sobre cómo abordar los desafíos estratégicos relacionados con el auge de China, que ha llegado para quedarse.

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Tema

La OTAN ha iniciado un debate de alto nivel sobre cómo abordar los desafíos estratégicos relacionados con el auge de China, y es un debate que ha llegado para quedarse.

Resumen

En su reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Londres el 4 de diciembre de 2019, la OTAN puso a China en su punto de mira, afirmando que la “creciente influencia” del gigante asiático y “sus políticas internacionales presentan oportunidades y desafíos que deben abordarse conjuntamente”.1 Esta breve referencia ha sido el resultado de meses de debate interno y negociaciones entre los Estados miembros de la OTAN respecto a cómo abordar el desafío chino y, en última instancia, hasta qué punto le corresponde a la OTAN afrontar este tema.2 Este ARI describe dicho proceso y analiza algunos de los retos y oportunidades que el desafío chino plantea para la Alianza.

Análisis

El auge de China se ha convertido en uno de los principales vectores de cambio en las relaciones internacionales. Dicho auge está propiciando una reconfiguración de los equilibrios económicos, tecnológicos, políticos y estratégicos tanto a nivel global como en distintas regiones del mundo. En este contexto, la OTAN se ha inmerso en un proceso de reflexión sobre las posibles implicaciones estratégicas del auge de China, y de su creciente presencia en influencia en Europa y sus alrededores. En su conferencia de prensa previa a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Londres, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya avanzó que los líderes de la Alianza debatirían las implicaciones del auge de China. Stoltenberg hizo mención especial a la imponente modernización militar del país asiático, pero también resaltó su presencia creciente en el Ártico, los Balcanes y el ciber espacio y sus inversiones en infraestructuras europeas. Asimismo, Stoltenberg mencionó la importancia de las redes 5G y de acordar requisitos comunes para fortalecer la resiliencia de la Alianza frente a los retos cibernéticos.3

La reflexión de la OTAN sobre las implicaciones del auge sistémico chino ha sido en buena medida alentada por EEUU, y por una Administración Trump que define a China como competidor estratégico a largo plazo, y como la principal amenaza a EEUU y Occidente.4 El resto de países aliados parecen compartir la necesidad de reflexionar sobre el auge sistémico chino y sus posibles implicaciones estratégicas. Dicho esto, existen diversas opiniones respecto a la idoneidad de utilizar el marco de la OTAN como foro de debate sobre China. Algunos países como el Reino Unido parecen mostrarse más comprensivos al respecto y otros (como Francia y España) más reticentes. El argumento esgrimido por Francia es que la OTAN es una alianza de defensa colectiva, cuyo ámbito de acción geográfico debe girar en torno al continente europeo. Esta ha sido la posición tradicional de Francia, habitualmente reacia a que la Alianza vaya más allá del continente europeo o sobrepase el marco conceptual de la defensa colectiva.5 La insistencia de Francia y otros Estados Miembros en este sentido, parecen haber condicionado los parámetros del debate sobre China, en principio cerrando la puerta a cualquier tipo de implicación operacional por parte de la OTAN en el eje Indo-Pacifico. Por su parte, EEUU defiende que la OTAN no es sólo una alianza militar, sino que es también una comunidad política y, como tal, un importante foro de debate sobre cuestiones globales, incluido el auge de China.

La declaración de Londres supone un primer paso que abre oficialmente el debate político sobre China en el seno de la Alianza. Desde una perspectiva estadounidense, esto es ya un logro en sí mismo. EEUU percibe a la OTAN como una correa transmisora que le permite influir en el debate de China en Europa, e introducir un cariz determinado en el seno de dicho debate, resaltando el elemento competitivo y problemático del ascenso chino.6 Washington ve la apertura de un debate sobre China en el seno de la Alianza como una oportunidad para socializar a sus aliados europeos en una forma determinada de pensar y hablar sobre el gigante asiático. Por tanto, desde una perspectiva estadounidense, el simple hecho de tener una conversación en el marco OTAN sobre China y los retos que su auge constituye, es ya en sí mismo, un paso importante.

Pese a que algunos países de Europa Occidental se hayan mostrado inicialmente reticentes a abordar el auge de China en el ámbito de la OTAN, esto es seguramente un hecho inevitable. Por un lado, es China quien se acerca a la OTAN: la presencia e influencia de Pekín ha desbordado los límites geográficos de Asia, y se ha convertido en un fenómeno global con crecientes ramificaciones en Europa y sus alrededores. Por otro lado, la OTAN es una institución que acaba reflejando de una u otra forma las prioridades estratégicas de EEUU. Muchos aliados europeos entienden que ser útiles a EEUU es parte del “acuerdo transatlántico”, a través del cual EEUU garantiza la disuasión y la seguridad en Europa. Esta dinámica se pudo apreciar tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Tras dichos ataques, la Alianza mostró su solidaridad plena con EEUU, llegando incluso a activar el artículo V del Tratado de Washington y proporcionando aviones de vigilancia AWACS a EEUU. Sin embargo, países como Francia y Alemania insistieron en que, más allá de esos actos de solidaridad, la OTAN no tenía margen para jugar un papel más destacado en la “guerra contra el terrorismo” declarada por Washington. Ambos países insistieron en poner límites en su apoyo a la idea de una “OTAN global”.7

No obstante, la visión más expansiva defendida por EEUU acabo plasmándose en la cumbre de Praga en 2002, cuya declaración final respaldó una ampliación del ámbito geográfico de actuación OTAN8 y una transformación de sus capacidades militares y de tipos de misiones, destacando en particular la lucha contra el terrorismo.9 Al año siguiente de la cumbre de Praga, la OTAN se implicaría operacionalmente en Afganistán,10 donde llegaría a desplegar hasta 130.000 soldados en 2011 para la misión ISAF, en la que participaban más de 50 países miembros y socios OTAN.11 La OTAN continúa hoy en día con su implicación en Afganistán, dónde lleva 16 años involucrada. Si bien es cierto que en los últimos años la Alianza ha reducido su presencia en el país asiático, contando hoy en día con unos 17.000 efectivos de 39 países miembros y socios OTAN. Este repliegue se produjo gradualmente desde 2014, con el fin de la operación ISAF y el trasvase de competencias completas al mando afgano. Sin embargo, la OTAN va a seguir implicada en Afganistán, al menos por el momento. La declaración acordada por los jefes de Estado y de Gobierno en Londres a principios de diciembre, enfatiza el compromiso de la Alianza con la seguridad y estabilidad del país centro asiático en cuanto a entrenamiento y asistencia a las fuerzas afganas.12

Pese a las impresiones que estos datos puedan alimentar, los aliados europeos no siempre se ajustan a la línea propuesta por EEUU. Siguiendo con el ejemplo de Afganistán, si bien EEUU ha reconocido la contribución aliada a la seguridad de ese país durante más de una década, también ha matizado dicho reconocimiento alegando que la contribución europea era insuficiente y criticando sus restricciones en tareas de combate.13 Aun así, el ejemplo de Afganistán y la “guerra contra el terrorismo” sirven para ilustrar que las prioridades estratégicas de EEUU acaban reflejándose en la agenda de la OTAN, si bien nunca de la forma o al ritmo exacto que desearía Washington. Esa es la esencia de la dinámica de “tira y afloja” tan propia de la relación transatlántica, que parece también apreciarse en el debate recientemente iniciado sobre China. Dicho esto, el tema de China es susceptible de generar una mayor tirantez, ya que la percepción de amenaza que supone el país asiático no es compartida a ambos lados del Atlántico. Por otro lado, para muchos europeos China sigue siendo un socio atractivo que genera beneficios importantes de los que no quieren prescindir, por lo que seguirá habiendo resistencias al tipo de antagonismo que propone EEUU.

El epicentro de la competición estratégica entre EEUU y China (al menos tal y como ha sido definido por la Administración Trump) se centra ahora mismo en el nexo entre la tecnología, la política comercial e industrial.14 No parece claro que la OTAN tenga mucho margen de actuación en este sentido, si bien la UE goza de importantes competencias e influencia en todos estos ámbitos, lo cual resalta la importancia de la relación bilateral EEUU-UE.15 En esta línea, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha enfatizado que la relación transatlántica es un marco de referencia indispensable para ella.16 Sin embargo, el hecho de activar una conversación política sobre China en la OTAN, permite a EEUU influenciar indirectamente los términos del debate sobre China en la UE, debido en última instancia a que muchos de los Estados Miembros de la OTAN lo son también de la UE.

Conclusiones

La creciente presencia de China tanto a nivel global como en el vecindario europeo ha propiciado un debate estratégico en el seno de la Alianza Atlántica. Lanzar una conversación política en OTAN sobre los desafíos que plantea el auge sistémico de China cobra especial sentido para EEUU. Washington no entendería que una institución en la que invierte tanto capital político y militar desatendiese su principal preocupación actual: la competición estratégica con Pekín. Así mismo, abrir un debate sobre China es también especialmente importante para aquellos aliados europeos que sitúan a la relación transatlántica como piedra angular de su seguridad. Al fin y al cabo, la OTAN sólo es sostenible políticamente si es percibida como un instrumento útil tanto por los europeos como por los estadounidenses. Visto de este modo, la plataforma OTAN ofrece también a los aliados europeos una oportunidad de marcar su posición y establecer un diálogo estratégico con EEUU sobre China, especialmente en un momento en el que la política exterior estadounidense ha tomado un giro unilateralista. Si Washington utiliza activamente un foro multilateral para hacer valer sus posiciones, sus socios europeos podrán igualmente aprovechar la OTAN para reflejar su visión sobre China en el debate estadounidense. El debate sobre China en el seno de la Alianza no ha hecho por tanto más que comenzar.

Luis Simón
Director de la Oficina de Bruselas e investigador principal del Real Instituto Elcano | @LuisSimon

Natalia Martín
Gestora de proyectos y ayudante de investigación en la Oficina de Bruselas del Real Instituto Elcano | @nataliamartinm7


1 London Declaration, acordada por los jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la cumbre del Consejo del Atlántico Norte en Londres, 3-4/XII/2019.

2 J. Holslag (2019), “China, NATO, and the pitfall of empty engagement”, The Washington Quarterly, vol. 42, pp. 137-150.

3 Conferencia de prensa, Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN, 29/XI/2019.

5 A. Dumoulin (Dir.) (2006), “France-OTAN: vers un rapprochement doctrinal?: Au-delà du 40e anniversaire de la crise franco-atlantique”, Bruylant.

6 Sobre el debate europeo sobre China, véanse Mario Esteban y Miguel Otero Iglesias (2019), “La política europea frente al desafío Chino”, Comentario Elcano, nº 7/2019, 3/IV/2019; y Mario Esteban, “¿Deben limitarse las inversiones chinas en Europa?”, Comentario Elcano, nº 17/2018, 22/II/2018.

7 Henrik B.L. Larsen (2013), “NATO in Afghanistan: Democratization warfare, national narratives, and budgetary austerity”, Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs, p. 53.

9 Henrik B.L. Larsen (2013), op. cit., p.4.

10 P. Cornish (2006), “EU and NATO: Co-operation or competition?”, Directorate General for External Policies of the Union, European Parliament.

11NATO and Afghanistan”, página oficial de la OTAN (actualizada el 5/III/2019).

12 London Declaration, op. cit.

13 S. Johnston (2019), “NATO’s lessons”, Parameters: The US Army War College Quarterly, vol 49, nº 3, pp. 11-25.

14 “Congress and the Administration have responded to national security concerns about China’s industrial policies and role in technology supply chains”. Para más información, véase “US-China trade and Economic Relations: Overview”, Congressional Research Service, 19/XI/2019.

15 L. Simón (2019), “EU-NATO cooperation in an era of great-power competition”, Policy Brief, nº 28, German Marshall Fund of the United States.

16 Ursula von der Leyen, discurso inicial ante el Parlamento Europeo, 16/VII/2019. Véase también Hans von der Burchard (2019), “Von der Leyen praises NATO in contrast to Macron”,8/XI/2019.

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<![CDATA[ Brexit significa Brexit, pero ¿qué significa Brexit? ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-oteroiglesias-brexit-significa-brexit-pero-que-significa-brexit 2019-12-17T06:41:07Z

Brexit finalmente se convertirá en Brexit, aunque lo verdaderamente kafkiano de toda esta saga es que después de tres años y medio de debates, nadie realmente sabe en qué va a consistir el Brexit.

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La victoria de Boris Johnson es inapelable. Ha conseguido 365 escaños de 650 posibles, es decir, una mayoría absoluta con un colchón de 40 escaños, y ha logrado nada más y nada menos que 162 escaños más que el Partido Laborista, que se ha quedado en 202 diputados, algo que no se veía desde 1935. Johnson ha asegurado 47 asientos más en la Cámara de los Comunes que Theresa May en las elecciones de 2017, y su rival, Jeremy Corbyn, ha perdido 59. Los Tories han pintado el mapa de azul.

Pero donde se produjo realmente la rotura del dique laborista es en la llamada “muralla roja” de las Midlands y el norte que tradicionalmente siempre sospecharon de los Tories por ser el partido de las clases acomodadas de las urbes del sur y la campiña inglesa. El debate sobre el Brexit ha sido el que ha determinado el resultado. Desde el referéndum de 2016 en Inglaterra y Gales (Escocia e Irlanda del Norte son otra cosa) ha habido dos fuerzas contrapuestas en acción. La primera se centraba en revertir el Brexit por considerarlo un suicidio colectivo (representada por John Bercow, el carismático presidente de la Cámara de los Comunes, quien ha llegado a decir después de dejar el puesto que el Brexit es el mayor desastre desde la Segunda Guerra Mundial), y la otra consideraba que había que respetar la decisión del pueblo británico, aunque fuese un salto al vacío. Está claro que esta última ganó.

“Sería un error, sin embargo, pensar que la aplastante victoria de Johnson demuestra que la mayoría de los británicos quieren salir de la UE”.

Boris Johnson, y su asesor Dominic Cummings, han sabido leer la ira del norte del país y su Get Brexit Done (“logremos el Brexit”) ha sido igual de potente que el Take Back Control (“recuperemos el control”) del referéndum de 2016. Tres palabras para condensar el sentir de una gran parte de la población. El voto a favor del Brexit fue un grito del norte posindustrial y el campo del sur que se sienten abandonados por las elites cosmopolitas urbanas; y las piruetas del Parlamento de los últimos tres años y medio (y la ambivalencia de los laboristas) sólo han envalentonado ese sentimiento. En esencia, lo que esta victoria de Boris Johnson demuestra es que hay mucha gente muy enfadada con su situación material, y muy asustada con el multiculturalismo y la revolución tecnológica, que quiere que las cosas cambien (aunque no está segura hacia qué), y si eso significa que los de arriba (socioeconómicamente hablando) sufran por el Brexit, pues que así sea. Lo importante es que se escuche la voz de la ira.

Sería un error, sin embargo, pensar que la aplastante victoria de Johnson demuestra que la mayoría de los británicos quieren salir de la UE. El sistema electoral británico distorsiona el resultado final. Con esta amplia mayoría pareciera que el Reino Unido tiene ahora un Gobierno estable y que, después de años de grave división política y social, la segunda economía europea se presenta más cohesionada y sólida que Alemania, Francia, Italia y España, que tienen unas tensiones políticas encarnizadas en plena era de grandes transformaciones tecnológicas y reacciones populistas desestabilizadoras. Algunos en el Continente incluso pensarán que el sistema first-past-the-post (“el que tiene más votos se lleva el único escaño de la circunscripción”) es una fórmula mágica para evitar la fragmentación política que generan los sistemas parlamentarios más proporcionales.

Pero eso es un espejismo. Debajo del inmenso mar azul de los Tories que cubre hoy el Reino Unido hay una marea de fondo muy intensa. En realidad, Boris Johnson sólo ha logrado 1,2 puntos porcentuales más de votos que Theresa May, y si juntamos todos los votos de los dos partidos que tenían claramente en el manifiesto que querían salir de la UE (los Conservadores y el Partido del Brexit) la suma sólo nos lleva al 45,6% del electorado, y si además tenemos en cuenta que la participación fue relativamente baja para lo que estaba en juego, el 67,3%, llegamos a la conclusión que el apoyo al Brexit se limita al 30,6% de la población con derecho a voto. Es verdad que ha habido gente pro-Brexit que han votado a los laboristas, pero según la macroencuesta de Lord Ashcroft, por ejemplo, de aquellos que votaron Brexit en el referéndum y todavía están convencidos de su voto, sólo el 11% ha votado laborista, mientras que el 80% ha votado Tory. Corbyn ha sido un candidato débil y demasiado izquierdista para el votante medio inglés. Pero quizá tenía razón en algo: si se posicionaba claramente a favor de la revocación del Brexit, perdería el norte.

Las caídas profundas en el voto laborista se produjeron precisamente en las circunscripciones donde se había votado mayoritariamente a favor del Brexit en el referéndum de 2016 y esos lugares son en general sitios de clase obrera, blanca, con niveles de educación e ingresos más bajos que la media nacional. Hay un patrón claro en todas las encuestas que se han hecho antes y después de la votación. Los jóvenes han votado mucho más a los laboristas y los más formados con estudios superiores han votado sobre todo a los Liberales Demócratas, que están abiertamente en contra de la salida de la UE. Los resultados de los liberales –los segundos claros perdedores de las elecciones después de los laboristas– son llamativos. Han logrado 4,2 puntos porcentuales más de votos que en 2017, pero han perdido un diputado, pasando de 12 a 11. Incluso su líder, Jo Swinson, perdió su escaño, demostrando la dureza del sistema first-past-the-post.

Pero el sistema es el que es y la victoria del Brexit es rotunda y, por su puesto, legítima. Boris Johnson va a lograr lo que Theresa May no pudo conseguir. Brexit finalmente se convertirá en Brexit, aunque lo verdaderamente kafkiano de toda esta saga es que después de tres años y medio de debates, nadie realmente sabe en qué va a consistir el Brexit. Boris Johnson, cual Flautista de Hamelín, ha conseguido que un tercio de los británicos, sobre todo ingleses (los escoceses y gran parte de los norirlandeses los ha dejado atrás, o ellos lo han abandonado, más bien) le sigan en el camino hacia lo desconocido. Una aventura que la mayoría de economistas, incluso los del mismo Gobierno, pronostican como negativa, sobre todo si no se llega a un acuerdo hasta finales del año que viene y tenemos de nuevo el temerario juego del gallina de un Brexit sin acuerdo.

“Brexit finalmente se convertirá en Brexit, aunque lo verdaderamente kafkiano de toda esta saga es que después de tres años y medio de debates, nadie realmente sabe en qué va a consistir el Brexit”.

Pese a su capacidad de persuasión, para Johnson no será tan fácil buscar una estrategia coherente en sus negociaciones con la UE. Para empezar, tiene la amenaza de una Escocia independiente y una Irlanda del Norte más republicana y, por lo tanto, más cercana a la reunificación con Irlanda, y aunque tiene una amplia mayoría conservadora en Westminster, ésta se compone de diputados Tories conservadores nacionalistas que quieren un Brexit duro para recuperar su soberanía y librarse para siempre del Tribunal de Justicia de la UE, y aquellos, sobre todo los nuevos de las circunscripciones del norte que dependen mucho de las exportaciones al mercado único, que están a favor de uno blando y que temen la aventura de crear un “Singapur sobre el Támesis” comandado por la City de Londres. Es muy probable que Johnson destine inversión pública a estas regiones más pobres para aplacar la ira, pero lo más peligroso es que se sienta reforzado por su amplia mayoría y que vuelva a una estrategia de “tener la tarta y comérsela” (conocida como cakeism) en sus negociaciones con la UE.

Eso significaría que el Brexit no sería ni duro (el modelo Canadá) ni blando (el modelo de Noruega). Es decir, volveríamos al debate de crear un Brexit a medida para el Reino Unido que se parecería más al modelo suizo. O sea, acuerdos bilaterales en los ámbitos en los que las dos partes se encuentren cómodas. Esperemos que ni los líderes del Consejo Europeo ni el negociador para esta nueva fase, Michel Barnier, caigan en esta trampa. Porque si es ya difícil lidiar con los suizos, con los ingleses lo será todavía más.

Miguel Otero Iglesias
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del IE School of Global and Public Affairs | @miotei

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<![CDATA[ El debate sobre el arancel europeo al carbono en frontera (border carbon tax) ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-steinberg-debate-sobre-arancel-europeo-carbono-en-frontera-border-carbon-tax 2019-12-03T04:35:45Z

La presidenta de la Comisión Europea ha planteado la necesidad de que la UE introduzca un arancel sobre las importaciones de carbono que sea plenamente compatible con las reglas OMC.

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Una de las prioridades de la nueva Comisión es la lucha contra el cambio climático. De entre las diversas posibles políticas para abordarlo, y más allá del llamado Green Deal Europeo (que es esencialmente una política interna), la presidenta de la Comisión ha planteado la necesidad de que la UE introduzca un arancel sobre las importaciones de carbono que sea plenamente compatible con las reglas OMC.

Se trataría de establecer un arancel a los bienes importados que utilicen en su proceso productivo tecnologías muy intensivas en CO2. Este arancel, denominado Impuesto al Carbono en Frontera (Border Carbon Tax), trataría de evitar el dumping medioambiental ya que, la Unión pretende además establecer un impuesto a la generación de CO2 en la producción europea. La lógica, por tanto, es clara: la UE tendría una producción nacional más limpia, pero si otros países quisieran vender sus productos dentro de la Unión, deberán pagar un arancel (o, alternativamente, contaminar menos para que dicho arancel sea menor, lo que redundaría en beneficio de todos).

Tradicionalmente, ha existido cierto consenso, tanto entre economistas como en el seno de la OMC, acerca de que la política comercial no debía ser utilizada para lograr objetivos medioambientales. Así, los países emergentes y en desarrollo han acusado a la UE y a EEUU de querer utilizar tanto el medio ambiente como los derechos laborales como “excusas proteccionistas” y el GATT/OMC, en general, ha evitado ubicarse en favor de la sostenibilidad medioambiental cuando han surgido disputas comerciales que implicaban un trade-off entre liberalización comercial y sostenibilidad.

Sin embargo, ante la importancia del problema del cambio climático y las dificultades para hacerle frente a la velocidad necesaria, esto está empezando a cambiar. Más allá de que los países adquieran compromisos climáticos en el marco del Acuerdo del París y las COP, lo cierto es que la importancia del comercio internacional puede hacer que países y empresas modifiquen sus comportamientos (en términos de emisiones) para evitar ser sancionados y/o perder acceso a mercados de elevada renta como los europeos.

“el impuesto al carbono va a pasar a formar parte de la conversación en relación a los acuerdos comerciales de la Unión, tanto existentes como futuros”.

Por ello, el consenso sobre la utilidad de las herramientas comerciales para lograr objetivos climáticos está cambiando. Además, en el caso europeo, la opinión pública demanda que la política comercial permita “exportar” los valores europeos, entre los que se encuentra la sostenibilidad (véase, por ejemplo, el debate sobre la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur en relación al Amazonas).

Esto supone que es muy posible que la UE termine aplicando este tipo de aranceles. Ahora bien, en la práctica su aplicación es difícil y hacerlos compatibles con la legislación de la OMC, que además es una institución en crisis y que necesita una reforma, es complejo.

De hecho, lo ideal sería forjar un consenso internacional para una reforma de la OMC que introdujera estándares medioambientales en el comercio internacional como una de las múltiples reformas que la organización requiere, y que incluyen temas tan diversos como la reforma de su mecanismo de solución de diferencias, el tratamiento de subsidios o la regulación del comercio de servicios, entre otros. Sin embargo, en el actual contexto de guerra comercial entre China y EEUU dicha reforma es muy improbable, por lo que la UE se verá en la necesidad de actuar por su cuenta, aunque siempre dejando claro que prefiere la vía multilateral, a la que estará dispuesta a regresar si existe suficiente consenso.

Más allá de que desde un punto de vista técnico corresponde a los comisarios de Comercio y Economía diseñar este arancel de forma que se minimicen las distorsiones y se preste atención a los problemas redistributivos que pueda generar, esta medida tiene una dimensión de política exterior. La UE necesita –al igual que ya están haciendo China y EEUU– desplegar sus herramientas de política económica exterior para aumentar su peso geopolítico, y la política comercial es, a día de hoy, la más poderosa.

Por ello, el impuesto al carbono va a pasar a formar parte de la conversación en relación a los acuerdos comerciales de la Unión, tanto existentes como futuros. Ahora bien, más allá de tener un enfoque rígido o de no sentarse a negociar con países que, de entrada, no compartan plenamente el compromiso europeo por la sostenibilidad (como EEUU y muchos países emergentes), la UE debe estar dispuesta a ser flexible. El objetivo no debe ser amenazar con aranceles a quienes no cumplan con los estándares/condiciones europeas (eso sería más propio de Trump), sino ir logrando que, progresivamente, la huella de carbono de las exportaciones de otros países sea menor y se acerque más a la existente dentro de la UE.

“Esta herramienta, bien diseñada, permitiría a la UE ejercer su liderazgo político incentivando al mundo a cuidar el medioambiente”.

Esto supone que la UE esté dispuesta a aceptar reducciones progresivas de dichos aranceles para países que cambien sus políticas ambientales o períodos transitorios durante los cuales no se aplicarían siempre que los demás países vayan cambiando sus políticas.

De hecho, para que el arancel no sea percibido como una herramienta proteccionista, es necesario potenciar dos elementos clave para su credibilidad: el aspecto técnico (que requiere reforzar la parte estadística y analítica para estimar el contenido en CO2 de los bienes importados) y la coherencia interna (las exenciones tienen sentido a países muy pobres, pero no a sectores con capacidad de presión). Cuanto más selectivo, menos creíble.

Esta herramienta, bien diseñada, permitiría a la UE ejercer su liderazgo político incentivando al mundo a cuidar el medioambiente. Además, le permitiría seguir actuando como un poder normativo al tiempo que atiende una de las principales demandas de su ciudadanía.

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
| @steinbergf

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<![CDATA[ Se acerca la hora de la verdad en la negociación presupuestaria europea: el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari114-2019-kolling-se-acerca-hora-verdad-negociacion-presupuestaria-europea-marco-financiero-plurianual-2021-2027 2019-11-28T04:41:52Z

Durante los próximos meses se debe terminar de negociar el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. El acuerdo es importante para que la UE muestre capacidad de resolver sus desafíos más urgentes.

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Tema

Durante los próximos meses se debe terminar de negociar el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. El acuerdo es importante para que la UE muestre capacidad de resolver sus desafíos más urgentes.

Resumen

Las negociaciones presupuestarias de la UE son tradicionalmente largas y conflictivas pues su resultado no sólo supone ganancias y pérdidas para determinados sectores y Estados miembros, sino que marca las prioridades políticas para casi una década. En el caso del Marco Financiero Plurianual para el período 2021-2027 la negociación se desarrolla, además, en un contexto muy especial, repleto de desafíos y con el imperativo de que el acuerdo ayude a reforzar el proceso de la integración europea tras los años convulsos de crisis y Brexit. En el presente texto se pretenden analizar los temas claves que están en juego y realizar un análisis que exponga tanto las similitudes con anteriores negociaciones como las diferencias.

Análisis

Introducción

Las negociaciones de los Marcos Financieros Plurianuales de la UE (MFP) son tradicionalmente negociaciones donde cada actor tiene un papel muy definido y donde los conflictos surgen a través de líneas muy claras y previsibles. Los Estados miembros se agrupan conforme a las pérdidas y ganancias esperadas en las negociaciones y el Parlamento y la Comisión intentan defender un interés europeo común. Las negociaciones sobre los MFP son también siempre largas, complejas y conflictivas. Asimismo, cada negociación de un MFP se considera única y decisiva en un contexto especial del proceso de integración europea. El resultado de las negociaciones es siempre un paquete de acuerdos (package deal) poco transparente, que no sólo refleja las prioridades políticas para los siguientes años, sino también las preferencias específicas de cada Estado miembro en materias que no tienen que tener una relación directa con el presupuesto. En el presente texto se pretenden analizar los temas claves de las negociaciones del MFP 2021-2027, y realizar un análisis en cuanto a las similitudes con anteriores negociaciones y subrayar las diferencias.

¿La negociación del MFP – business as usual?

En términos generales parece que la negociación del MFP 2021-2027 sigue el esquema anteriormente expuesto. Poco después de que la Comisión Juncker presentara su propuesta sobre el MFP el 2 de mayo de 2018, las negociaciones giraron en torno a las prioridades políticas clásicas: los gastos específicos para la PAC y la Política de Cohesión y los balances netos de cada Estado miembro. Aunque la Comisión Juncker pretendía cerrar un acuerdo antes de las elecciones al Parlamento europeo en la primavera de 2019, en palabras de la Canciller Merkel, se sigue estando “lejos de llegar a un acuerdo” y se debería “trabajar muy rápido” para cerrarlo durante el primer semestre de 2020. Sin embargo, la mayoría de los observadores consideran que el acuerdo llegará durante la presidencia alemana en el segundo semestre de 2020.

El interminable debate sobre el Brexit, las elecciones al PE, la constitución de la nueva Comisión Europea y el cambio en la presidencia del Consejo Europeo, representan variables diferentes que no estuvieron presentes en las negociaciones sobre MFP anteriores y han retrasado las mismas. Pero, además de ello, se aprecian otros elementos novedosos. El MFP se ha convertido, sobre todo en el período actual, en un instrumento muy complejo que no se centra solamente en las políticas redistributivas clásicas, como es la Política de Cohesión o la PAC, sino que se ha convertido en un importante instrumento financiero para que la UE pueda conseguir sus objetivos, en este sentido ha contribuido, entre otro, a la Estrategia 2020 o al Plan de Inversiones para Europa (Plan Juncker). En ese marco, el resultado de la negociación actual marcará las prioridades políticas para la próxima década de la UE. Una planificación a largo plazo garantiza estabilidad, pero reduce también considerablemente las posibilidades de reaccionar ante situaciones imprevistas. Para esta próxima década, la UE se ha propuesto varios objetivos. Nuevas iniciativas políticas como las que contiene la Agenda Estratégica para 2019-2024 requieren que: “La UE debe dotarse de los medios para estar a la altura de sus ambiciones, alcanzar sus objetivos y llevar a cabo sus políticas”.1 Además, las orientaciones políticas de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen,2 por ejemplo, una Europa adaptada a la era digital, tienen una dimensión presupuestaria importante. Del mismo modo, se requieren recursos adicionales para construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, justa y social. Finalmente, en línea con la Declaración y hoja de ruta de Bratislava (2016) y la Declaración de Roma (2017), la UE se ha comprometido al establecimiento de una unión de defensa y una mayor protección de las fronteras exteriores de la UE. La propuesta de la Comisión Europea para el MFP 2021-2027 refleja ya estos objetivos.3 Sin embargo, ante la falta de compromisos para aumentar el presupuesto, estos nuevos objetivos entran lógicamente en conflicto con las tradicionales políticas redistributivas, ya que la UE sigue enfrentándose a grandes desigualdades sociales, económicas y territoriales, además de al desafío del cambio demográfico. También la gran mayoría de los agricultores europeos requieren la ayuda de la PAC para garantizar el cumplimiento de sus objetivos económicos y sociales establecidos en el artículo 39 del TFUE. Por otro lado, queda evidente el solapamiento entre los períodos de programación de las iniciativas, por ejemplo, el mandato de la nueva Comisión y el PE 2019-2024 o la estrategia del Consejo 2019-2024 con el período del MFP 2021-2027.

No cabe duda de que desde hace varios años el gasto de la UE se ha centrado en programas con un mayor valor añadido para la Unión, y la Comisión Europea ha reenfocado las políticas redistributivas tradicionales para incorporar algunos de los nuevos retos. No obstante, el análisis de la propuesta de la Comisión Europea es complejo. En primer lugar, la Comisión Europea propone una reponderación de las prioridades que se refleja en una nueva estructura del MFP. Los programas de gastos previamente separados se reorganizarán y se agruparán en nuevos programas. Además, el Fondo Europeo de Desarrollo, que anteriormente se gestionaba al margen del MFP, se incluirá en el MFP. De estas dificultades depende también cómo se calcula el volumen de los recortes en las diferentes políticas. Aunque la Comisión subraya que dichos ajustes son moderados en la política agrícola, de alrededor del 5%, y en la Política de Cohesión, alrededor del 7%, se puede llegar a cifras muy diferentes calculando con otras bases. El Parlamento ya había indicado en su análisis que la Comisión Europea utiliza como base para la comparación del gasto en el próximo MFP el año 2020, último año del MFP actual donde se espera especialmente altos gastos.4 Algunos miembros del Parlamento Europeo acusaron por ello a la Comisión de utilizar “trucos presupuestarios”.5 En la misma línea, el Tribunal de Cuentas europeo confirma que la propuesta de la Comisión no ofrece una visión clara de los cambios en el gasto.6

Figura 1. Programas cambiados entre las rúbricas del gasto entre el MFP 2014-2020 y el MFP 2021-2027 (a precios corrientes)
Figura 1. Programas cambiados entre las rúbricas del gasto entre el MFP 2014-2020 y el MFP 2021-2027 (a precios corrientes)

Los importantes recortes presupuestarios sin precedentes confirman la reponderación entre las tradicionales políticas redistributivas y otros programas que enfrentan a los Estados miembros más allá de la tradicional línea de conflicto entre contribuyentes y beneficiarios del presupuesto y refleja la pregunta: que tareas debería asumir la UE. El acuerdo sobre el presupuesto de la UE para el año 2020 ya indica esta tendencia con el crecimiento del gasto en las rúbricas de competitividad, la acción climática, la seguridad y la gestión de la migración.

Figura 2. Evolución de los principales ámbitos de actuación en el presupuesto de la UE
Figura 2. Evolución de los principales ámbitos de actuación en el presupuesto de la UE. Fuente: Comisión Europea

El segundo elemento diferenciador de las negociaciones actuales con las negociaciones anteriores es el Brexit. El impacto del Brexit para el presupuesto de la UE se ha analizado determinadamente,7 pero en el día de hoy se sigue desconociendo la futura relación financiera del Reino Unido con la UE. Hasta el final del actual MFP 2014-2020, el Reino Unido sigue financiando el presupuesto y continúan los programas de la UE en el país. También existe un acuerdo de que el Reino Unido debe pagar sus obligaciones que se generaron desde el momento de su adhesión a la UE, por ejemplo, en lo que se refiere a las pensiones de los funcionarios europeos. Además de estos pagos, se espera un acuerdo sobre contribuciones financieras en las negociaciones sobre la futura relación entre el Reino Unido y la UE. El Reino Unido siempre ha indicado su intención de participar en programas específicos (como en el ámbito de la I+D) tras el Brexit. Para ello, debe contribuir al presupuesto de la UE, como, por ejemplo, Noruega o Suiza, que contribuyen también al presupuesto (a rúbricas especificas) para tener acceso al mercado único. Al menos para el candidato de Labour, Jeremy Corbyn, no habría problemas con ello, preguntado en el debate televisivo del 17 de noviembre si estaría dispuesto a seguir pagando al presupuesto de la UE para garantizar el acceso al mercado único, respondió “claramente, si se quiere acceder a un mercado, hay costes”. Según el cálculo de la Cámara de los Lores,8 el Reino Unido debería contribuir unos 2.700 millones de euros al año por el acceso al mercado único si se utiliza el mismo criterio que para Noruega. Otro escenario existiría si el Reino Unido no entrará en el mercado único, un arancel del 2% sobre las exportaciones del Reino Unido a la UE aportaría unos 4.600 millones de euros netos al presupuesto de la UE.9 Sin embargo, estos cálculos sólo se pueden concretar una vez definidos los términos de la salida del Reino Unido de la UE y de las futuras relaciones. Para la negociación del MFP 2021-2027 se debe calcular con una reducción del presupuesto de entre 9.000 y 10.000 millones de euros anuales por el Brexit que sólo pueden ser compensados por una reducción del gasto o mayores contribuciones por parte de los Estados miembros o nuevos recursos propios de la UE. Solamente durante algunos meses se consideró el Brexit como una window of opportunity para lanzar una reforma profunda del sistema de recursos propios de la UE. Pero finalmente la reacción de los Estados miembros ante el impacto del Brexit para el MFP 2021-2027 no fue diferente a sus reacciones en otras negociaciones, rápidamente calcularon las consecuencias para el balance de cada Estado miembro con el presupuesto sin considerar una reforma de los recursos propios.10

El tercer gran debate es la propuesta de la Comisión Europea de crear un mecanismo dentro del MFP para la protección del Estado de Derecho. Mientras durante la negociación del MFP 2014-2020 se debatió sobre la condicionalidad macroeconómica de la Política de Cohesión, durante los últimos años se ha profundizado el debate sobre una mayor condicionalidad para la asignación de los fondos en otros ámbitos, por ejemplo, con la recepción de los refugiados.11 Varios Estados miembros exigen una mayor vinculación de las políticas redistributivas con el cumplimiento de objetivos políticos de la UE. También el PE pidió en marzo de 2018, a la Comisión Europea que proponga un mecanismo para que los Estados miembros que no respeten los valores consagrados en el artículo 2 del TUE puedan ser objeto de consecuencias financieras.12 En su propuesta para el MFP 2021-2027 la Comisión Europea argumenta que el potencial del presupuesto de la UE solo puede liberarse plenamente si el entorno económico, reglamentario y administrativo en los Estados miembros es propicio. El respeto efectivo del Estado de Derecho es por ello un requisito previo para generar confianza en cuanto a la adecuada protección del gasto de la UE en los Estados miembros.13 En contraste con las actuales condiciones ex ante incluidas en la Política de Cohesión, la nueva condicionalidad del Estado de Derecho podría ser aplicable en todo momento. Esto permitiría a la UE reaccionar ante cambios políticos en los Estados miembros. Conforme a la propuesta de la Comisión se permitiría, entre otros, suspender o corregir los pagos, prohibir que se contraigan nuevos compromisos jurídicos, reducir los compromisos o interrumpir los plazos de pago. Sin embargo, no se prevén sanciones a los beneficiarios finales, sino únicamente a los organismos gubernamentales de los Estados miembros de la UE. En cuanto al procedimiento, será la Comisión Europea quien considere que existe una deficiencia generalizada del Estado de Derecho, por ejemplo, cuando la independencia del poder judicial esté en peligro, o cuando no se impidan, corrijan ni sancionen comportamientos arbitrarios o ilegales de las autoridades públicas, entre otras. Tras la consideración de una deficiencia, según la propuesta de la Comisión Europea, la decisión sobre la aplicación del mecanismo se debería adoptar en el Consejo por mayoría cualificada.

A diferencia del procedimiento del artículo 7 del TUE, este nuevo procedimiento permitiría sancionar de una manera mucho más rápida, sencilla y eficaz. Sin embargo, el fundamento jurídico de la propuesta es muy controvertido. En un dictamen, el Servicio Jurídico del Consejo señala que la propuesta está muy próxima, en su objetivo funcional, a los objetivos del procedimiento del artículo 7 y no tan claramente orientada a la protección del presupuesto de la UE.14 Según la opinión del Servicio Jurídico, la propuesta no demuestra suficientemente hasta qué punto las deficiencias en el Estado de Derecho podían poner en peligro la buena gestión financiera y el presupuesto de la UE. También surge la pregunta sobre la interrelación entre los dos procedimientos, por ejemplo, si deberían desarrollarse de forma paralela. La mayoría de los Estados miembros apoyan esta nueva condicionalidad. Sin embargo, evidentemente, Polonia y Hungría están presionando para que se establezca un fundamento jurídico diferente que garantice una decisión unánime en el Consejo. Pero también otros Estados miembros cuestionan el papel reforzado de la Comisión, ya que la Comisión se convertiría en juez sobre supuestas deficiencias del Estado de Derecho en los Estados miembros. En este sentido, para la adopción de un reglamento, será fundamental, en primer lugar, precisar los criterios relativamente amplios, con respecto a los cuales se evaluarían para constatar una violación del Estado de Derecho y sus consecuencias para la buena gestión financiera.15

Un tercer debate intenso se desarrolla también en relación a los “cheques” nacionales. Alemania, los Países Bajos y Suecia temen un aumento desproporcional de sus contribuciones por la desaparición del “cheque británico”, porque se benefician de “descuentos” en su financiación. Según la Comisión Europea, la salida del Reino Unido debería poner fin automáticamente al complejo sistema de las correcciones. Por consiguiente, la Comisión ha propuesto la supresión gradual de los “cheques” nacionales en un período de cinco años. Esto es apropiado, sobre todo porque la lógica que se aplicó en Fontainebleau ya no es pertinente hoy en día. En 1984, el Reino Unido era un Estado miembro relativamente pobre y el presupuesto estaba dominado por las transferencias agrícolas que no beneficiaban al país. La situación es muy diferente ahora: los Estados miembros que se benefician de las rebajas se encuentran entre los más prósperos de la Unión y el gasto de la UE ha evolucionado significativamente y se ha diversificado.16 Por una parte, se considera que un sistema sin estos “cheques” aumentaría la transparencia, y además, una reforma del sistema de recursos propios podría reducir la importancia de dichos mecanismos. Por otro lado, se advierte que se debe mantener un sistema que evite contribuciones excesivas por parte de algunos Estados miembros.

El cuarto debate que se ha suavizado durante las últimas semanas se refiere al presupuesto para la zona euro y su interrelación con el MFP 2021-2027. Desde el comienzo de la crisis económica y financiera se han propuesto y debatido una multitud de modelos, formas y funciones diferentes para un instrumento de solidaridad y estabilización en la zona euro. El presidente francés Macron propuso, ya en 2017, un presupuesto para la zona euro controlado por un ministro de Finanzas dentro del Eurogrupo que debería ofrecer un efecto estabilizador ante futuras crisis europeas. La Comisión Europea y el Parlamento europeo defendieron instrumentos que se integren en el presupuesto de la UE bajo el marco normativo de la UE y del control democrático por parte del Parlamento Europeo. En esta línea, la Comisión Europea incluyó en su propuesta para el MFP dos iniciativas legislativas con el objetivo de estabilización de la inversión y un programa de ayuda a las reformas. Como compromisos en sus consultas gubernamentales bilaterales, Alemania y Francia acordaron en la Declaración de Meseberg en junio de 2018, la propuesta de “elaborar un presupuesto para la zona euro a partir de 2021 en el marco de la Unión Europea”. En noviembre de 2018 se subrayó que este nuevo instrumento debería limitarse a los miembros de la zona euro, pero debería formar parte del MFP. El acuerdo del Eurogrupo de octubre 2019 se basa en este compromiso. El futuro presupuesto para la zona euro estará dotado con la parte que corresponda a los 19 países de la zona euro del programa de apoyo a las reformas: unos 17.000 millones de euros en el MFP 2021-2027. Para optar a los fondos, cada país de la zona euro debe presentar unos planes concretos de reformas previstas que se examinarán en el contexto del Semestre Europeo. El 80%, 13.600 millones de euros, se repartirá entre los países que tendrán que cofinanciar hasta un 25% de cada proyecto aprobado. El resto del presupuesto (el 20% o 3.400 millones de euros) se activaría en el caso de una eventual crisis. El acuerdo está lejos del objetivo inicial del presidente Macron de un presupuesto equivalente a varios puntos porcentuales del PIB de la zona euro. No obstante, el acuerdo del octubre ha reducido mucho la conflictividad del tema, aunque todas las cifras acordadas dependen del acuerdo final sobre el MFP 2021-2027.

A pesar de la unidad con la que los Estados miembros se enfrentaron al Reino Unido para negociar el Brexit, se pueden detectar diferentes temas conflictivos donde existen grandes diferencias entre los Estados miembros, que no están sólo relacionadas con el MFP sino con materias centrales de las integraciones, por ejemplo, la política migratoria, las futuras ampliaciones y las relaciones con países terceros. Este delicado marco de negociación hace que el progreso en las mismas y la búsqueda de consenso sean más difíciles y los actores menos predecibles. La creciente complejidad de las negociaciones ha llevado también a nuevos grupos de Estados miembros que van más allá de las clásicas líneas de conflicto entre contribuyentes y beneficiarios de las políticas. Por ejemplo, en una primera aproximación España se posicionó, en febrero 2018, al lado de los contribuyentes netos y principales socios, Francia y Alemania, y el presidente del Gobierno confirmó que España estaría abierta a poner más recursos para avanzar hacia una mayor integración europea. En noviembre de 2019 España y otros 15 países, los llamados “Amigos de la Cohesión” (España, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía), se han posicionado para defender la Política de Cohesión de la UE. Sin embargo, en este grupo hay Estados miembros con una concepción muy diferente sobre el diseño de la Política de Cohesión, también hay Estados que rechazan al mismo tiempo los recortes de la PAC y, finalmente, hay Estados que forman parte de la zona euro y que tienen por ello un alto interés en los programas estabilizadores.

En una primera aproximación se podía percibir también una disposición positiva por parte del gobierno alemán. Los partidos mayoritarios en Alemania estaban determinados en revivir el proyecto europeo con reformas de las políticas redistributivas y más transferencias financieras. En este sentido, el tratado de coalición afirmaba la disposición de Alemania de aumentar sus contribuciones al presupuesto. En enero de 2018 el Gobierno alemán aprobó un documento en el que abogaba por la modernización del presupuesto de la UE y pedía a la Comisión que presentara una propuesta ambiciosa.17 Además, al contrario de lo que sucedió en negociaciones anteriores, los contribuyentes netos tampoco habían cuantificado y presentado un límite máximo para el MFP. Junto con Alemania también Francia, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia e Irlanda se pronunciaron a favor de la modernización de las políticas tradicionales de gasto y de los recursos propios. Solamente el grupo de contribuyentes netos formado por Suecia, Dinamarca, Austria y los Países Bajos difirió claramente en su posición de los modernizadores y demandó reducir el gasto en la PAC y los Fondos Estructurales. Sin embargo, ya en septiembre 2019 la posición de Alemania parece haber cambiado y junto con los Países Bajos, Suecia y Dinamarca, frenaron la propuesta de la Comisión Europea e insistieron en que el MFP no debería sobrepasar el 1% de la RNB. Esta posición se ratificó en octubre de 2019 durante el Consejo Europeo. Al mismo tiempo, todos los Estados miembros beneficiados de una reducción de sus contribuciones insistieron en el mantenimiento de sus “cheques”.

Conclusiones

Las negociaciones presupuestarias en el seno de la UE fueron siempre muy complejas, ya que el MFP es más que un presupuesto. El resultado de la negociación actual marcará las prioridades políticas para la próxima década de la UE. Como las anteriores negociaciones, también las negociaciones al MFP 2021-2027 son largas y conflictivas y se desarrollan en un contexto especial del proceso de integración europea.

El MFP debe mostrar que la UE es capaz de resolver sus problemas más urgentes. Esto se refiere también a los desafíos de la desintegración política pero también al refortalecimiento del proyecto de integración. Para ello las instituciones de la UE y los Estados miembros deberían reducir la creciente divergencia de intereses sobre las políticas internas y externas de la UE, y conseguir un posicionamiento estratégico y ambicioso de la Unión para la próxima década.

El MFP 2021-2027 debe crear también un instrumento ante las tendencias de desintegración en relación a los problemas de la cohesión económica, social y territorial. En este sentido, debe contener los recursos necesarios para cumplir con el objetivo de la UE plasmado en el art. 174 del TFUE, a fin de promover un desarrollo armonioso en el conjunto de la Unión y reforzar su cohesión económica, social y territorial, además de proporcionar recursos para los desafíos de la revolución digital, la globalización y el cambio demográfico. El Consejo Europeo también debería dar el impulso necesario a los trabajos en curso para identificar nuevas fuentes de financiación para el presupuesto de la UE. La introducción de nuevas fuentes de ingresos tiene un doble beneficio: ayudaría a forjar un vínculo más estrecho entre el presupuesto y las prioridades políticas, y a mitigar el aumento de las contribuciones nacionales.

Será la presidencia croata quien se ocupe de las negociaciones en el primer semestre de 2020, pero con mucha probabilidad acabará asumiendo esa negociación Alemania en el segundo semestre de 2020, cuando tendrá la presidencia rotatoria de la UE. Muchos países esperan que Alemania, con una economía fuerte y siendo el mayor contribuyente neto, proporcione recursos adicionales para facilitar un resultado satisfactorio de las negociaciones. Daría la casualidad de que la canciller Merkel, bajo la presidencia alemana en 2005, cerró en su primera negociación a nivel europeo el acuerdo sobre el MFP 2007-2013, y 2020 podría ser su última gran negociación; no obstante, ya se está trabajando para reducir unas expectativas demasiado ambiciosas.

Mario Kölling
Profesor de Ciencia Política, UNED


3 European Commission (2018), “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Establishing the European Defence Fund”, COM (2018) 476 final.

4 Peter Becker (2019), “A new budget for the EU negotiations on the Multiannual Financial Framework 2021-2027”, Research Paper, nº 11, German Institute for International and Security Affairs, Berlín.

5 European Parliament (2018), “Multiannual Financial Framework 2021-2027: Commission Proposal. Initial Comparison with the Current MFF”, Briefing.

6 European Court of Auditors (2018), “The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework Briefing Paper”.

7 Mario Kölling (2017), “El impacto del Brexit para el presupuesto de la UE”, ARI nº 53/2017, Real Instituto Elcano, 23/VI/2017

8 House of Lords (2017), “European Union Committee, Brexit and the EU Budget”, 15th Report of Session 2016–17, HL Paper no. 125.

9 Jorge Núñez Ferrer y David Rinaldi (2016), “The impact of Brexit on the EU budget: a non-catastrophic event”, CEPS Policy Brief, nº 347.

10 Margit Schratzenstalle (2019), “Brexit and the EU Budget”, en Ubaldo Villani-Lubelli y Luca Zamparini (ed.), Features and Challenges of the EU Budget: A Multidisciplinary Analysis, Edward Elgar, Cheltenham.

11 Mario Kölling (2017), “Policy conditionality – a new instrument in the EU budget post-2020?”, European Policy Analysis, nº 10, Swedish Institute for European Policy Studies.

12 European Parliament (2018), “The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020”.

13 Comisión Europea (2018), “Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros”.

14 European Court of Auditors (2018), “Opinion No 1/2018 concerning the proposal of 2 May 2018 for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of the Union’s in case of generalised deficiencies as regards the rule of law in the member states”, Official Journal of the European Union.

15/ Peter Becker (2019), “A New Budget for the EU Negotiations on the Multiannual Financial Framework 2021–2027”, Research Paper, nº 11, German Institute for International and Security Affairs.

17 Bundesregierung (2018), “Position zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU”, 25/I/2018.

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<![CDATA[ A morte de Franco e do franquismo nos relatórios diplomáticos da embaixada portuguesa em Madrid ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt14-2019-sardica-morte-de-franco-e-do-franquismo-nos-relatorios-diplomaticos-da-embaixada-portuguesa-em-madrid 2019-11-18T07:37:24Z

Este documento de trabajo analiza cómo la noticia de la muerte de Francisco Franco (y, en términos más generales, la de su régimen político en España) fueron recibida en Portugal, examinando los informes diplomáticos y los informes enviados a Lisboa desde la embajada portuguesa en Madrid en los últimos meses de 1975. (Texto en portugués).

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Resumo

Francisco Franco, o Generalíssimo e Caudilho que governara o regime ditatorial espanhol desde 1939, morreu em Madrid, a 20 de novembro de 1975, abrindo o caminho de Transición para a democracia, dentro de um processo político ibérico mais vasto, e já em curso, iniciado pelo golpe de Estado português de 25 de abril de 1974 e pela subsequente revolução lusa de 1974-1975.

Este texto tem por objetivo central analisar como a morte de Franco e, de forma mais alargada, o seu contorno político em Espanha foram recebidos em Portugal, explorando os relatórios e informes diplomáticos enviados para Lisboa pela embaixada portuguesa em Madrid, nos últimos meses de 1975. O estudo da narrativa do embaixador português revela dois grandes aspetos: primeiro, e desde logo, que o desaparecimento físico do Caudilho era, no final de 1975, uma inevitabilidade à espera de acontecer, dada a sua gravíssima condição de saúde, um facto que de alguma maneira transformou o óbito de Franco numa ocorrência pouco significativa em si mesma; segundo, e mais importante, que a morte do ditador espanhol foi apenas uma peça, ou um momento, de um processo político mais vasto – e esse sim, realmente decisivo para o futuro do país vizinho – que ligou a decadência política do franquismo, ainda em vida do Caudilho, à rápida erosão ideológica dos franquistas, após a sua morte, como ficou claro pelos primeiros passos da nova monarquia de D. Juan Carlos I.

Na sua conclusão, o texto sustenta que, no quadro das interdependências entre os dois países ibéricos, o desaparecimento de Franco parece ter tido pouca ou nenhuma influência direta na liquidação do radicalismo político português, obtida através da operação militar pró-moderada de 25 de novembro de 1975, em Lisboa, que permitiu encerrar o processo revolucionário em Portugal. Assim, mais do que a ocorrência quase simultânea dos dois factos, são as consequências convergentes de ambos para a democratização da Península o que a história e a política ibéricas mais devem recordar.

Summary

General Francisco Franco, the long-standing Caudillo who had governed the Spanish dictatorial regime since 1939, died in Madrid on 20 November 1975, paving the way for the Transición towards democracy, within a broader and unfolding Iberian political process which had been ignited earlier by the Portuguese anti-dictatorial coup d’état and ensuing revolutionary period (1974-1975).

The aim of this text is to analyze how Franco’s death and, broadly, its political contour in Spain, were received in neighbouring Portugal, by scrutinizing the content of diplomatic reports sent to Lisbon by the Portuguese embassy in Madrid in the last months of 1975. The analysis of the Portuguese ambassador’s narrative allows for a twofold argument. Firstly, that Franco’s death was, by late 1975, an inevitability waiting to happen, given his severe health condition, which somehow transformed that fact into an uneventful occurrence. Secondly, that Franco’s physical disappearance was but part and play of a larger process, connecting the political decay of Francoism and the ideological waning of the last francoists, as shown by the first steps of Juan Carlos I coming (democratic) monarchy.

In the conclusion, the text purports that, within the broader interdependences between the two Iberian countries, the death of Franco seems to have had little direct influence on the taming of Portuguese political radicalism, attained through the pro-moderate military operation of 25 November 1975 in Lisbon, despite the convergence that both events had in fostering the democratic path followed both by Madrid and Lisbon after the end of that year. Therefore, rather than the almost simultaneous occurrence of the two facts, it was the convergence consequences of them both for the democratization of the Peninsula that which Iberian history and politics should remember.

Índice

Resumo – 2
Palavras-chave – 3
1. Introdução – 3
2. As relações diplomáticas entre Lisboa e Madrid em 1974-1975 – 6
3. A decadência política do franquismo – 10
4. A morte do General Francisco Franco – 15
5. A erosão ideológica dos franquistas – 19
Conclusão – 22
Referências – 25
Fontes Primárias – 25
Bibliografia – 25

1. Introdução.

Francisco Franco y Bahamonde, Generalíssimo e Caudilho de Espanha, e António de Oliveira Salazar, presidente do Conselho de Ministros de Portugal, foram os dois mais longevos ditadores da história da Europa ocidental durante o século XX. Salazar chegou ao poder em 1932, antes de Franco, que apenas em 1939 conseguiu vencer a crudelíssima guerra civil que dividiu a Espanha durante quase três anos. Sobreviventes aos ventos democratizadores do pós-II Guerra Mundial, muito por causa do anticomunismo que partilhavam com as grandes potências ocidentais da Guerra Fria, envelheceram ambos no poder, emprestando às duas ditaduras um carácter politicamente anacrónico, num mundo em mudança, e numa Península Ibérica que também evoluiu e se transformou, nos planos social, económico, cultural e mental, ao longo das décadas de 1950 e de 19601.

Substituído na presidência do Conselho por Marcelo Caetano, em setembro de 1968, Salazar morreu em julho de 1970, com 81 anos. Franco, por seu turno, sobreviveu a Salazar e pôde, assim, observar o espetáculo pouco digno da reclusão final do estadista português na sua residência oficial, o Palácio de São Bento, já inválido, à espera da morte, por entre patéticas aparições públicas ou fotografias que apenas serviam para vincar a sua decadência física e mental. Porventura não desejando ter um fim semelhante, o ditador espanhol colheu lições do caso português, preparando, logo depois da ascensão de Marcelo Caetano ao poder em Lisboa, uma solução sucessória para o dia seguinte ao franquismo – um passo que Salazar recusou fazer porque, para lá da pretensão de “assegurar a perenidade do regime político por ele concebido e mantido durante 40 anos”, sempre receou que uma eventual restauração da monarquia em Portugal, após o seu desaparecimento, na pessoa de D. Duarte Nuno de Bragança, conduzisse, a breve trecho, à democratização do país (o que viria a acontecer em Espanha)2. Foi, assim, por expressa determinação do Caudilho que se assentou na futura restauração da monarquia espanhola, e que, nos termos da ley Orgánica del Estado, o Príncipe D. Juan Carlos de Borbón foi nomeado, em 1969, futuro sucessor de Franco, numa transição de poderes que este esperava ser de continuidade da sua obra3.

Apesar da ralentización da amizade ibérica, que vinha cavando um vivir de espaldas entre Madrid e Lisboa desde meados dos 19504, o desaparecimento político e físico de Salazar fez algumas – embora não muitas – manchetes em Espanha5, dado tratar-se do ditador vizinho de um regime que seguia sendo, também, uma ditadura, apesar do aperturismo tecnocrata das novas gerações, que emulava a “renovação na continuidade” lançada por Marcelo Caetano6. Em junho de 1973, enfraquecido e com evidentes sinais de progressão da doença de Parkinson, Franco aceitou finalmente entregar a chefia do governo, que ocupara durante 35 anos, ao almirante Luis Carrero Blanco, um fiel tradicionalista, retendo para si apenas a chefia do Estado7. Carrero Blanco seria, porém, assassinado pela ETA seis meses volvidos, para profundo desgosto e desânimo do Generalíssimo, para quem o desaparecimento do seu braço-direito e a própria brutalidade do atentado que o vitimou significaram o começo da “morte do franquismo em vida de Franco”8.

Em janeiro de 1974, o Caudilho empossou Carlos Arias Navarro como presidente de um executivo que nunca deixaria de ser – enquanto durou, até 1976 – um híbrido de imobilistas e de reformistas, oscilando entre a pressão dos ultras (o bunker ou a “camarilla de El Pardo”, como eram conhecidos na gíria política espanhola), e as oposições moderadas que encetaram a sua rota a caminho do poder9. Quando o golpe militar de 25 de abril de 1974 se deu em Lisboa, derrubando Marcelo Caetano e pondo fim a quase meio século de regime ditatorial, o governo de Arias Navarro já vivia acossado, num vaivém de abertura e retrocesso, entre os que o consideravam demasiado liberal e os que o consideravam demasiado conservador. E, na cúpula do Estado espanhol, com 81 anos, o velho Franco viveu os seus últimos meses de vida temendo acabar como Salazar, inutilizado e proscrito, e contemplando com surpresa, receio ou verdadeiro terror o processo revolucionário desenrolado em Portugal em 1974-1975.

A morte de Franco, ocorrida a 20 de novembro de 1975, coincidiu com os derradeiros estertores do PREC português (o “Período Revolucionário em Curso”), vencidos pelo contragolpe moderado de 25 de novembro, em Lisboa – o momento que abriu a porta à vitória do centro político sobre a extrema-esquerda e à normalização de uma democracia pluralista e pró-ocidental em Portugal, depois dos meses da radicalização esquerdista e do verão e outono quentes desse ano. Ao contrário da conjuntura de Madrid, em julho de 1970, aquando do óbito de Salazar, o momento político de novembro de 1975 em Lisboa dominava todas as atenções públicas, deixando pouco espaço para os ecos da morte do Caudilho espanhol. Dezanove meses volvidos sobre o golpe libertador de abril de 1974, ninguém, em Portugal, estimava a ditadura espanhola e ainda menos o seu (ainda) líder. Franco era uma abencerragem, um anacronismo, o último dos “fascistas”.

A atualidade portuguesa, pela sua novidade revolucionária ou democrática, era muito mais seguida em Espanha do que o inverso, provando o quanto o pioneirismo político luso teve uma influência determinante na preparação e primeiros tempos da transición política que se viria a operar no país vizinho. Em todo o caso, mesmo que pouco presente nas páginas da imprensa diária ou semanal portuguesa, o estertor da ditadura franquista não deixou de ter as suas testemunhas e analistas lusos, que deixaram para a posteridade uma leitura pessoal e coeva da atualidade política dessa Madrid aparentemente distante, permeada de apontamentos sobre a própria relação peninsular, numa conjuntura – a de 1975 – que foi de acesa dessintonia ibérica e, só no final do ano, de convergência e aproximação.

O objetivo deste texto é o de explorar a forma como os relatórios e as informações enviados pelo embaixador de Portugal em Espanha – João Eduardo de Meneses Rosa – noticiaram e comentaram a morte de Franco e, de maneira mais alargada, o seu contorno político, antes e depois desse desfecho. A análise dessas fontes e narrativa diplomáticas revela dois grandes aspetos: primeiro, e desde logo, que o desaparecimento físico do Caudilho era, no final de 1975, uma inevitabilidade à espera de acontecer, dada a sua gravíssima condição de saúde, um facto que de alguma maneira transformou o óbito de Franco numa ocorrência pouco significativa em si mesma; segundo, e mais importante, que a morte do ditador espanhol foi apenas uma peça, ou um momento, de um processo político mais vasto – e esse sim, realmente decisivo para o futuro do país vizinho – que ligou a decadência política do franquismo, ainda em vida do Caudilho, à rápida erosão ideológica dos franquistas, após a sua morte, como ficou claro pelos primeiros passos da nova monarquia de D. Juan Carlos I. Sem negar as interinfluências então vividas entre a revolução portuguesa e a transición espanhola, já em curso em 1975, a investigação mostra que era o futuro pós-franquista, e não tanto a morte de Franco, o que mais preocupava os espanhóis e o que mais ocupou os informes da embaixada expedidos de Madrid para Lisboa; e que – pelo menos nos corredores diplomáticos – foi mais o resultado político do “25 de novembro” português a ter ecos em Espanha do que o óbito do ditador espanhol a impactar no quotidiano da luta ideológica portuguesa, e no desfecho do PREC, então alcançado. 

José Miguel Sardica
Historian and Associate Professor, School of Human Sciences / Institute for Political Studies, Catholic University of Portugal


1 Para a relação entre Portugal e Espanha desde os primórdios das duas ditaduras ibéricas até à consolidação das duas democracias, v. Ferreira, 1989, Oliveira, 1995, Vicente, 2003 ou Sardica, 2013, bem como os artigos ou capítulos síntese de Torre Gómez, 1998, Gaspar, 2000, ou Queirós, 2009.

2 Amaral, 1995, pp. 83-84.

3 Preston, 2004, pp. 798-802.

4 V. Sardica, 2013, pp. 195 e ss, e, mais extensamente, Jiménez Redondo, 1996.

5 Os principais jornais madrilenos não dedicaram ao óbito do histórico ditador português mais do que algumas discretas referências. O Caudilho não compareceu na missa mandada rezar em Madrid por alma de Salazar – embora a ausência possa ter sido ditada por razões de saúde (Antunes, 2003, pp. 191 e 308).

6 Sardica, 2013, pp. 222-225.

7 González Cuevas, 2000, p. 418, e Preston, 2004, pp. 818-820.

8 Sánchez Cervelló, 1993, p. 334.

9 Preston, 2004, pp. 825-826. De acordo com o conhecido biógrafo do ditador espanhol, a escolha de Carlos Arias Navarro, alcalde de Madrid, ministro do Interior e um dos favoritos de D. Carmén Franco, para suceder a Luís Carrero Blanco foi “a última decisão política importante de Franco”; a partir desse momento, encetou-se “a transição para a democracia e ele seria um espectador das lutas políticas que se seguiram” (p. 825).

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<![CDATA[ Retos políticos de la OTAN en su 70º aniversario ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari108-2019-retos-politicos-de-otan-en-su-70-aniversario 2019-11-14T04:35:46Z

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al cumplirse 70 años de la creación de la Alianza Atlántica, debe encarar viejos y nuevos retos políticos para reforzar el atlantismo y así asegurar que la OTAN continuará siendo la alianza político-militar por excelencia en el área euro-atlántica.

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Tema

El secretario general de la OTAN, el ex primer ministro laborista noruego Jens Stoltenberg, al cumplirse 70 años de la creación de la Alianza Atlántica, debe encarar viejos y nuevos retos políticos para reforzar el atlantismo y así asegurar que la OTAN continuará siendo la alianza político-militar por excelencia en el área euro-atlántica.

Resumen

Ganar la paz en Afganistán; contribuir a revitalizar los procesos de desarme y control de armamentos; profundizar en una relación complementaria entre la OTAN y la UE, en especial en la perspectiva del Brexit; sentar las bases para una futura relación constructiva entre la OTAN y Rusia; y preservar la unidad y cohesión Aliada dedicando mayores esfuerzos a las amenazas del Sur, son otros tantos retos políticos para la OTAN que otorgan una significación y una relevancia especiales a la celebración este año del 70 aniversario del Tratado de Washington y a la próxima cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Londres los días 3-4 de diciembre de 2019. La resolución de estos retos políticos será esencial para preservar la doble dimensión política y militar de la Alianza Atlántica y definir el papel que podrá seguir jugando para contribuir al logro de mayor seguridad y estabilidad en toda el área euro-atlántica.

Análisis

Introducción

Desde la primera mitad de 2014 se percibió que el proceso de adaptación de la postura militar de disuasión y defensa de la OTAN para enfrentarse a un entorno estratégico cada vez más complejo resultaba imprescindible como consecuencia, en especial, de la invasión de Crimea por Rusia y el conflicto en el Donbás y el recrudecimiento del terrorismo internacional tras las victorias militares de Daesh en Siria e Irak. Se trataba de un punto de inflexión de gran transcendencia para la OTAN, que daba comienzo al que se debe considerar como tercer período esencial, el de la OTAN 3.0, en el desarrollo histórico de la Alianza Atlántica.

Sin tiempo ni verdadera voluntad política para elaborar un nuevo Concepto Estratégico que sustituyese al que está en vigor desde 2010, la OTAN comenzó a desarrollar una nueva postura de disuasión y defensa con un enfoque de 360 grados. A veces para desarrollar mecanismos defensivos frente a nuevos retos como la ciberdefensa y las amenazas híbridas, otras veces actualizando planes defensivos de contingencia que habían sido desarrollados en plena Guerra Fría ante un posible conflicto militar en Europa, y también desplegando unidades militares multinacionales con carácter persistente en países vecinos de Rusia.

Pero esta renovada postura de disuasión y defensa de la OTAN debe encontrar su complemento, como corresponde a una Alianza político-militar, en las necesarias adaptaciones y esfuerzos para recobrar el liderazgo político que ya en el pasado ejerció la OTAN, en especial para evitar que quede relegada a ser una mera caja de herramientas militares sin una comunidad de propósitos y valores compartidos por todos los países Aliados.

El conflicto de Afganistán

Los países de la OTAN dieron comienzo a su presencia militar en Afganistán en diciembre de 2001, al amparo de la Resolución 1386 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Por lo tanto, aunque su mandato y funciones han variado considerablemente, la OTAN está presente militarmente en el país desde hace ya 18 años. Ha llegado a tener 140.000 tropas desplegadas sobre el terreno. En la actualidad, en el marco de la Resolute Support Mission (RSM), hay en Afganistán unos 17.000 efectivos de la OTAN que aportan 27 Aliados (sólo Canadá y Francia han retirado completamente su participación militar en RSM) y otros 12 países socios. La RSM no es ya una misión de combate, siendo su función esencial asesorar y apoyar a las Fuerzas Nacionales de Seguridad Afganas.

Es indudable que se han logrado grandes éxitos en estos años para dotar de mayor seguridad al país, eliminando en especial la posibilidad de que grupos terroristas utilicen su territorio con fines de entrenamiento y planeamiento de acciones terroristas, como se puso de manifiesto en el alto nivel de participación en las elecciones legislativas afganas celebradas en octubre de 2018 y en las elecciones presidenciales de septiembre de 2019. Ya en la cumbre de la OTAN de Gales de septiembre de 2014 se quiso destacar que daba inicio una nueva etapa en la relación entre la OTAN y Afganistán, al establecer el mandato de la nueva RSM (Resolución 2189/2014 del CSNU) que serían las Fuerzas de Defensa y Seguridad Afganas las que liderarían desde entonces los esfuerzos para asegurar la seguridad en el país. Esa nueva etapa debía permitir una reducción gradual y sustancial de la presencia militar extranjera en Afganistán, facilitando así el cumplimiento del compromiso político que en este sentido había anunciado el presidente Obama en la perspectiva de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2016, y que en última instancia permitiría dejar una presencia militar extranjera residual, señalando así el fin del conflicto de Afganistán.

Pero, a pesar de esos avances, la realidad sobre el terreno era tozuda y los grupos armados talibán han sido todavía capaces de mantener un control de facto de diversos ámbitos territoriales del país y de hostigar al ejército afgano y a los efectivos de países de la OTAN que se vieron constreñidos a incrementar de nuevo su número a finales de 2017. El Gobierno afgano, con pleno apoyo de la OTAN, inicio un esfuerzo decidido para entablar un proceso de paz con los talibán en 2018 aunque éstos prefirieron buscar canales propios para comenzar unas negociaciones con EEUU que se esperaba permitiesen una reducción y posterior retirada total de las tropas de la OTAN en un plazo de tres a cinco años. Pero, a principios de septiembre de 2019 el presidente Trump canceló drásticamente estos contactos y la reunión ya prevista que se celebraría en Camp David, en reacción a un nuevo ataque de los talibán que causó la muerte de varios soldados afganos y de un soldado norteamericano, lo que elevaba a 16 la cifra de soldados norteamericanos muertos en Afganistán en 2019.

Aunque es EEUU, por tener el mayor número de efectivos y de capital político invertido en Afganistán, el país Aliado que impulsa estas conversaciones de paz, todos los países Aliados quieren poner término a estos 18 años de presencia militar en Afganistán. Pero en ningún caso puede la OTAN permitir que una retirada de sus efectivos conlleve un resurgimiento del control político y militar de los talibán en Afganistán, lo que llevaría a considerar que esos años de enormes esfuerzos militares y económicos de apoyo al nuevo Gobierno afgano y de pérdida de numerosas vidas humanas de países Aliados, habrán sido en vano. Este riesgo de fracaso político y militar de la OTAN en Afganistán tiene enorme trascendencia para la credibilidad de la Alianza Atlántica y en definitiva condiciona de forma determinante la capacidad de tomar nuevas decisiones sobre su presencia militar en el país. La OTAN, en especial tras el fiasco político de su operación en Libia en 2011 que evitó una crisis humanitaria al lograr detener los ataques del régimen de Gaddafi contra la población civil libia pero sumió al país hasta hoy en el caos, no puede permitirse haber ganado la guerra pero perder la paz en Afganistán.

Renovada relevancia de los procesos de desarme y control de armamentos

La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría a partir de 1989, que señalan el principio del segundo período esencial en el desarrollo de la OTAN (la denominada OTAN 2.0), habían abierto una fase muy fructífera de firma y puesta en práctica de acuerdos de desarme y control de armamentos en Europa, que se vio reflejada, muy especialmente, en el Acuerdo sobre Fuerzas Convencionales en Europa de noviembre de 1990; en la plena implementación del acuerdo del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) de 1987 que llevó a la eliminación de más de 2.500 misiles de EEUU y de la URSS, y luego Rusia, de alcance intermedio y con doble capacidad convencional y nuclear; y en la extensión indefinida del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en mayo de 1995.

Además, el compromiso anunciado por el presidente Obama en abril de 2009 de trabajar en favor de lograr un mundo libre de armas nucleares, que influiría en buena medida en la concesión del Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado en octubre de 2009, junto con la firma en abril de 2010 entre EEUU y Rusia del tratado New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) y el logro de un documento de consenso en la Conferencia de Revisión del TNP en mayo de 2010, que incluía la aceptación de algunos nuevos compromisos en favor de dicho desarme nuclear por los cinco miembros permanentes del CSNU, habían alentado la esperanza de poder continuar avanzando de forma decisiva en los procesos de desarme y control de armamentos, tanto en el ámbito convencional como en el nuclear.

Sin embargo, las acciones militares de Rusia en Crimea y en el este de Ucrania a comienzos de 2014 y las acusaciones por la Administración Obama de incumplimiento por Rusia de las disposiciones del INF que han llevado a la denuncia en febrero de 2019 de este Tratado por el presidente Trump, con el apoyo con mayor o menor entusiasmo de todos sus Aliados europeos, e inmediatamente después por el presidente Putin, han enfriado todas esas expectativas de poder prolongar y reforzar, con acuerdos vinculantes de desarme y control de armamentos, el amplio periodo de estabilidad y seguridad que había caracterizado en gran medida el escenario estratégico europeo desde 1989 hasta 2014. Igualmente, más allá del escenario europeo, no cabe albergar muchas esperanzas respecto a la nueva Conferencia de Revisión del TNP que tendrá lugar en mayo de 2020, ante la falta de avances sustanciales en el cumplimiento de los compromisos del TNP de 2010 respecto al desarme nuclear, ni respecto a la celebración de una conferencia para establecer una zona libre de armas nucleares en Oriente Medio, y como consecuencia de la nueva política de la Administración Trump respecto al acuerdo nuclear con Irán de 2015 al anunciar la retirada de EEUU de dicho acuerdo en mayo de 2018.

Estos retos que caracterizan al nuevo escenario estratégico para el desarme y control de armamentos en Europa son todavía más complejos, y más difíciles de reconducir con un enfoque positivo, debido al surgimiento en los últimos años de una China que ha demostrado estar decida a asumir un papel político y militar mucho más activo en Asia y en otras continentes y que con este fin ha incrementado de forma muy significativa sus presupuestos en defensa para dotarse de equipos y armamentos modernos, desarrollando e incorporando componentes de alta tecnología. Este proceso de empoderamiento por parte de China y la creciente dedicación de EEUU al futuro de Asia (pivot to Asia), que comenzó la Administración Obama y ha continuado la Administración Trump, han otorgado una nueva dimensión geográfica a cualquier propuesta sobre desarme y control de armamentos que hasta ahora tendían a tener a Europa como ámbito de aplicación geográfica único o predominante, haciendo mucho más difícil promover nuevos acuerdos de desarme y control de armamentos puesto que cualquier nuevo compromiso asumido para el teatro europeo es susceptible de imponer límites también a la capacidad de acción en el teatro asiático pero China por ahora rechaza cualquier propuesta para que se incorpore a un proceso negociador que la sitúe, en términos de nuevos compromisos y limitaciones, a un nivel similar a EEUU y Rusia.

Aunque la OTAN no es un actor principal y a menudo se le relega al papel de simple espectador interesado y concernido por estos equilibrios estratégicos entre EEUU, Rusia y China, los Aliados europeos y Canadá temen con razón que el deterioro de estos regímenes de desarme y control de armamentos suponga en primer lugar un incremento de la inestabilidad y de las percepciones de inseguridad en el teatro europeo, y muy especialmente en el flanco oriental de la OTAN.

En el pasado, la OTAN ha renunciado a reconocer públicamente la necesidad de prestar atención a las nuevas políticas militares de China, consciente sobre todo que haría resurgir los temores a ser considerada como el nuevo gendarme mundial o que se pensase que su concepto de “fuera de zona” se podía extender ad infinitum. Recientemente, sin embargo, su secretario general ha reconocido que la OTAN necesita comprender las consecuencias del resurgir de China a medida que busca ampliar su influencia y poder por todo el mundo, incluso en áreas que pueden suponer retos de seguridad por los Aliados, aunque precisó que “no se trata de que la OTAN vaya al Océano Pacífico sino de que China se está acercando a nosotros”.

Relación de la OTAN con la UE, en particular tras el Brexit

Los esfuerzos para intensificar la cooperación y coordinación entre la UE y la OTAN en el ámbito de la seguridad y defensa no son nuevos, pero la histórica tensión política, y a veces militar, entre Turquía y Grecia y entre Turquía y Chipre habían impedido culminarlos con éxito. Los pocos acuerdos alcanzados en el pasado no llegaban a ser implementados por las nuevas dificultades que poco después surgían, sobre todo como consecuencia de las quejas de Turquía por las trabas que ponían Grecia y Chipre a una involucración real de Turquía en las actividades de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE.

Una vez más, el nuevo escenario estratégico surgido tras los acontecimientos de 2014 otorgó una renovada urgencia al establecimiento de una mucha más estrecha cooperación entre la OTAN y la UE. Fueron el secretario general de la OTAN y los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, los que en esta ocasión lideraron las negociaciones que culminaron en la firma conjunta de una Declaración en los márgenes de la Cumbre de la OTAN de Varsovia el 8 de julio de 2016 para dar nuevo impulso y contenidos a la “asociación estratégica entre la OTAN y la UE”. Esta Declaración propuso siete áreas de cooperación (ciberseguridad y ciberdefensa, capacidades de defensa, amenazas híbridas, cooperación operacional, industria de defensa, ejercicios y resiliencia de los países socios) para las que unos pocos meses más tarde se aprobó una lista común de medidas prácticas para su puesta en práctica. Una nueva Declaración conjunta se aprobó en julio de 2018 ampliando también las áreas de cooperación y las medidas prácticas.

La perspectiva de que el Reino Unido abandone la UE tras el referéndum celebrado el 23 de junio de 2016 no debería modificar sustancialmente esta provechosa cooperación OTAN-UE, que parece ya asentada sobre unas bases firmes, especialmente tras confirmarse la voluntad política del Reino Unido de mantener en gran medida su implicación en las tareas de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) tras su salida de la UE, lo que ha sido bien acogido por los restantes Estados Miembros de la UE, y sin perjuicio de algunas desavenencias que han surgido entre EEUU y los países de la UE a raíz de las nuevas iniciativas europeas para reforzar las capacidades europeas de defensa, como la Cooperación Permanente Estructurada (PESCO) y el Fondo Europeo de Defensa (EDF).

Estos esfuerzos de la UE para dotarse de mejores capacidades de defensa deben valorarse positivamente, en la medida en que contribuyen a dotar de mayores medios y recursos a una dimensión de seguridad y defensa de la UE complementaria de la OTAN, aunque hay que ser conscientes de que todavía previsiblemente pasará bastante tiempo antes de que la UE pueda llegar a desarrollar autónomamente operaciones militares de envergadura sin el apoyo específico de EEUU, como se puso de manifiesto por ejemplo en la operación militar en Libia en 2011 y el apoyo al despliegue por parte de EEUU a la operación Barkhane que lidera Francia en el Sahel.

Frente a quienes han sostenido que se debe dar la bienvenida a la salida del Reino Unido de la UE, ya que eliminará algunos de los obstáculos políticos que Reino Unido solía oponer a la autonomía estratégica de la UE y permitirá así desarrollar una PESD más ambiciosa y más acorde a la capacidad de acción política y diplomática de la UE, parece más razonable pensar que ese Brexit traerá consigo sobre todo un mayor peso político y militar de la OTAN. No sólo la UE pierde un Estado Miembro cuyo presupuesto anual de defensa es el más elevado de todos los países de la UE y que en 2016 representó el 23,7% del total de gastos de defensa de todos los países de la UE, sino que además dispone de un despliegue militar a nivel mundial y de una considerable capacidad de acción diplomática tanto bilateralmente como en tanto que miembro permanente del CSNU. Por ello, siendo oportuno y políticamente conveniente seguir apoyando un refuerzo de la dimensión de seguridad y defensa de la UE, será imprescindible asegurar que su autonomía estratégica, que quedó expresada en la Estrategia Global para la política exterior y de seguridad de la UE de 2016, se desarrolle en plena complementariedad y estrecha cooperación con la OTAN.

Relación de la OTAN con Rusia

El 1 de abril de 2014 los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN decidieron suspender toda la cooperación civil y militar entre la OTAN y Rusia, pero manteniendo el diálogo político, aunque únicamente a nivel de Embajadores en el marco del Consejo OTAN-Rusia. Esta política sigue plenamente en vigor, a la vista en especial de los insuficientes avances en el denominado formato Normandía para alcanzar un acuerdo de consenso al conflicto en Ucrania. A los temores de algunos Aliados de repetir el error cometido tras la crisis de Georgia de 2008 al retomar los contactos con Rusia sin un compromiso claro para que devolviese a la soberanía de Georgia el 20% de su territorio que de facto controla en Abjasia y Osetia del Sur, se han añadido las tensiones creadas por el apoyo de Rusia al régimen de Bashar al-Assad durante la guerra civil en Siria y por los diferendos en materia de desarme y control de armamentos ya expuestos.

Sin embargo, pasados cinco años, puede percibirse que Rusia no muestra grandes ansias de restablecer un clima de cooperación con la OTAN como existía antes de 2014 ni tampoco de promover contactos para instaurar una nueva arquitectura de seguridad en Europa. El desarrollo de los conflictos en Ucrania y Siria en estos años le han otorgado a Rusia una renovada confianza en sus capacidades políticas y militares y en su imprescindible reconocimiento como un actor global geoestratégico y político, al tiempo que percibe que el statu quo en Ucrania, susceptible de convertirse en un nuevo “conflicto congelado” como en Moldova y Georgia, le permitiría esperar sin grandes inquietudes a que los nuevos dirigentes ucranianos admitan que deben renunciar a su exigencia de un retorno pleno al statu quo ante y que, en cambio, deberían encarar las negociaciones precisas para alcanzar un acuerdo de coexistencia pacífica con Rusia. Por otra parte, Rusia se ha habituado, con mejor o peor fortuna, a las sanciones impuestas por la UE y EEUU, y parece preferir esperar a que las tensiones y disensiones entre los Estados Miembros de la UEo quizá las a veces impredecibles decisiones del presidente Trump traigan vientos más favorables a sus intereses, antes que renunciar a sus posiciones de fuerza que al menos han restablecido un sentimiento de orgullo nacional entre la población rusa.

A su vez, la OTAN es consciente de que los proyectos de cooperación con Rusia existentes anteriormente estaban esencialmente destinados al fomento de la confianza mutua sin ser decisivos para la estabilidad y la seguridad en Europa. Además, en estos momentos prevalece el convencimiento entre los países Aliados de que las nuevas medidas de disuasión y defensa de la OTAN frente a las acciones militares agresivas de Rusia deberán continuar en pie, e incluso reforzarse, durante muchos años, y en consecuencia tampoco cabe tener muchas esperanzas de que el diálogo político entre la OTAN y Rusia conozca un impulso positivo en el futuro predecible, como se pone de manifiesto en las reuniones que ahora se celebran, con cierta regularidad pero con avances muy limitados, en el Consejo OTAN-Rusia. Existe un lógico temor entre algunos Aliados a que esta situación se degrade y retrotraiga a Europa al clima de tensión e inseguridad característico de la Guerra Fría. Si bien es cierto que no será la Guerra Fría que enfrentaba a dos sistemas políticos e ideológicos antitéticos, no cabe descartar que sea un nuevo tipo de Guerra Fría que sitúe frente a frente a dos potencias militares, la OTAN y Rusia, ambas con capacidades nucleares y fuerzas militares con acceso a notables avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, los sistemas autónomos o Big Data que, junto a las nuevas tácticas de guerra híbrida, están cambiando la naturaleza de los conflictos militares, con los notables riesgos que conllevaría para todo el continente europeo.

En todo caso, para retomar una senda constructiva en las relaciones entre Rusia y la OTAN, y también entre Rusia y la UE, será imprescindible previamente encauzar la búsqueda de un nuevo consenso sobre Ucrania, quizá como primer paso sobre la base de la denominada “fórmula Steinmeier” para la región del Donbás, a pesar de su impopularidad entre buena parte de la población ucraniana, y confiando en que más adelante sea posible alcanzar un nuevo entendimiento entre Rusia y Ucrania sobre Crimea. Pero, mientras tanto, la OTAN debe esforzarse por gestionar su relación con Rusia de forma más proactiva para al menos tratar de sentar unas bases que, cuando llegue el momento oportuno, permitan desarrollar conjuntamente las normas e instituciones de una nueva arquitectura de seguridad europea.

Retos y amenazas del Sur

Aunque la OTAN era consciente de la importancia que tenía asegurar la unidad y cohesión entre todos los Aliados en el nuevo escenario estratégico surgido en 2014, se mostró claramente mejor preparada y dispuesta, por su experiencia durante los 40 años de Guerra Fría, para hacer frente a los retos y amenazas de Rusia en el flanco oriental europeo que para aportar contribuciones eficaces ante la creciente inestabilidad e inseguridad en los países de Oriente Medio y Norte de África (MENA). El deterioro de la seguridad en esa región y los riesgos y consecuencias que suscitaba por su proximidad en tanto que flanco sur de la OTAN, en especial respecto a Turquía, Grecia, Italia y España, eran evidentes. La multiplicidad de retos y amenazas, transnacionales e interconectados, que caracterizaban a la región eran complejos, incluyendo desde conflictos militares convencionales, amenazas terroristas de una diversidad de grupos organizados, flujos masivos de migrantes, proliferación de armas, riesgos para la seguridad energética, inestabilidad política y Estados fallidos sin control efectivo de algunas zonas del país, etc. Se definía así un panorama de inseguridad en el flanco sur al que la OTAN hasta entonces había prestado escasa atención, más allá del denominado Diálogo Mediterráneo que se creó en 1994 a instancias de España, y para el que, en especial sus autoridades militares, no encontraban una estrategia clara más allá de proclamar que la nueva defensa y disuasión de la OTAN tendría un enfoque de 360 grados aunque ello no se tradujese en planes y acciones concretas como si ocurría respecto al flanco oriental.

Hubo que esperar a la cumbre de la OTAN de Julio de 2018 para que se aprobase un NATO Package on the South que, a falta de una verdadera estrategia frente a estos retos y amenazas, trataba de aportar un enfoque más estratégico y coherente detallando las líneas de esfuerzo y las medidas concretas, ya tomadas o que se tomarían, tanto en el ámbito militar como en el político. Se trataba de un esfuerzo voluntarioso de dar satisfacción a los Aliados que reclamaban mayor atención y acción frente a estos retos, a menudo mucho más presentes y acuciantes, incluso en las grandes capitales de los países Aliados, que los que se podían percibir en el flanco oriental.

Por ello, el Atlantic Council de EEUU, en un reciente informe sobre esta cuestión, ha afirmado que los programas de “proyección de estabilidad” hacia el Sur de la OTAN, mediante proyectos de asistencia y entrenamiento a las fuerzas armadas de los países de la región que se tratan de impulsar y coordinar desde el regional hub for the South del Cuartel General de la OTAN en Nápoles, no sólo son insuficientes sino que ponen en peligro la solidaridad y cohesión que son esenciales para la seguridad transatlántica, por lo que la región debe ser una prioridad para toda la Alianza.

Aunque las percepciones de riesgos son necesariamente distintas entre los Aliados en función de su situación geográfica y experiencia histórica, existe unanimidad en que la región MENA se caracteriza por una gran inestabilidad y debe enfrentarse a retos de seguridad que pueden provocar graves brotes de conflictos violentos en la vecindad inmediata de la OTAN por lo que resulta esencial poner en práctica nuevas políticas que contribuyan al logro de mayor seguridad y, en consecuencia, oportunidades para una mayor prosperidad, en esos países.

Conclusiones

El actual secretario general de la OTAN, cuyo mandato se ha ampliado hasta septiembre de 2022, ha demostrado saber estar a la altura de las nuevas circunstancias que se impusieron en el escenario estratégico europeo en 2014, liderando los esfuerzos para definir e implementar una nueva doctrina de disuasión y defensa de la OTAN. Ahora debe promover un mejor equilibrio en la doble dimensión política y militar de la OTAN que es esencial para que la Alianza contribuya a un refuerzo del atlantismo en estos momentos de inquietud e incertidumbre sobre la seguridad en Europa y sobre la relación transatlántica. Para ello, debe liderar nuevos esfuerzos para encarar los retos políticos de la OTAN que por distintos motivos no se han resuelto o a los que ha prestado hasta ahora insuficiente atención. La perspectiva de las próximas elecciones presidenciales en EEUU en noviembre de 2020 no debe ser una vez más la excusa para dejar todo pendiente del resultado de esas elecciones, máxime cuando, más allá del carácter imprevisible de algunas decisiones del presidente Trump, las principales doctrinas políticas de EEUU que inciden en la OTAN se diseñaron antes del comienzo de su Administración y muy probablemente perdurarán en mayor o menor medida cualquiera que sea la siguiente Administración.

Miguel Aguirre de Cárcer
Diplomático, exdirector general de Política Exterior para Norteamérica, Seguridad y Desarme (2000-2002) y embajador representante permanente de España en la OTAN (2013-2017) | @MAguirreCarcer

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<![CDATA[ La UE ya tiene una evaluación de los riesgos 5G (ahora falta tomar medidas) ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-arteaga-ue-ya-tiene-evaluacion-de-riesgos-5g 2019-11-12T09:45:49Z

La Comisión Europea ha consolidado las evaluaciones de riesgos sobre las redes 5G de los Estados miembros en un Informe previo a otro en el que recomendará las medidas a adoptar.

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La Comisión acaba de hacer público un informe con su análisis de riesgos de la ciberseguridad de las redes de quinta generación (5G), elaborado sobre las valoraciones de los Estados miembros y con la colaboración de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA, por sus siglas en inglés) 1>/sup . En 2016 presentó su plan de acción  para dotar a la UE de unas infraestructuras digitales de quinta generación (5G) cuyo diseño incidía en elementos claves para el despliegue, pero sin contemplar como punto central la seguridad. Sólo posteriormente, y en medio de la creciente controversia geopolítica sobre el despliegue de redes con componentes de Huawei, se ha reconocido la necesidad de evaluar los riesgos de seguridad de las nuevas infraestructuras. En su comunicación de marzo de 2019, se pedía a los Estados miembros que evaluaran la seguridad de las redes 5G para el 30 de junio de 2019 junto con los requisitos de seguridad y los métodos de análisis de riesgos que van a aplicar. La elaboración se realizó a petición del Consejo Europeo del mismo mes para que el Grupo de cooperación NIS pudiera definir a finales de año tanto las medidas necesarias para mitigar los riesgos, como los requisitos mínimos de seguridad exigibles.

“Las nuevas tecnologías 5G aumentan la superficie de exposición de las redes actuales, la sensibilidad y la vulnerabilidad de los componentes ante nuevas amenazas (actores) y riesgos (integridad, disponibilidad y confidencialidad)”.

Las evaluaciones nacionales debían identificar los principales activos, amenazas y actores de las redes 5G, así como la sensibilidad y vulnerabilidad de sus distintos componentes, incluidas las derivadas de las cadenas de suministro. Podían contar para ello con las valoraciones de los reguladores y, en su caso, de los operadores y proveedores asociados a las infraestructuras.

¿Qué es la tecnología 5G? Fuente: Comisión Europea

Las nuevas infraestructuras de red 5G utilizarán tecnologías virtualizadas, cuyos nodos físicos se sustituirán por una nueva arquitectura en la que los protocolos de red se establezcan y ejecuten mediante programas de software (virtualización de funciones de red o NFV) en servidores de carácter general (redes definidas por software o SDN). Este nuevo paradigma ofrece gran flexibilidad, escalabilidad y capacidad de especialización orientadas a proporcionar con agilidad servicios innovadores y especializados, además de mejoras en eficiencia en costes de operación (OPEX) y de inversión (CAPEX) con respecto a las tecnologías actuales. También facilita la actualización y el parcheo del software, pero, en contrapartida, aumenta la exposición de las funciones de red a ciberataques si los desarrolladores del software no integran la seguridad desde el diseño inicial. La virtualización permite segmentar los servicios de red (network slicing) a la medida de los dispositivos finales o las necesidades de los distintos verticales (p. ej. acceso a internet, industria 4.0, redes corporativas, etc.), pero a costa de aumentar la superficie de exposición al riesgo. La descentralización de la arquitectura de red móvil (mobile edge computing) permite reducir la latencia y dotar de inteligencia a una red de acceso 5G muy capilarizada para ofrecer cobertura y capacidad de procesamiento a miles de dispositivos conectados (IoT) a cambio de descentralizar y rebajar las exigencias de los controles de seguridad característicos del núcleo de una red actual.

No son riesgos insalvables, pero, como señala el informe, complican la seguridad porque alargan las cadenas de suministro al incorporar a muchos actores con distintas culturas en ciberseguridad (entre otros, operadores de redes móviles, proveedores de servicios, infraestructuras y contenidos, fabricantes de equipos IT, integradores, proveedores de software y servicios cloud, usuarios finales…). Las nuevas tecnologías 5G aumentan la superficie de exposición de las redes actuales, la sensibilidad y la vulnerabilidad de los componentes ante nuevas amenazas (actores) y riesgos (integridad, disponibilidad y confidencialidad).

En contra de lo que se podía esperar de un informe elaborado en medio de una creciente competencia geopolítica y del que se esperaban identificaciones concretas sobre la evaluación de los escenarios de riesgos y amenazas, resulta bastante genérico y la identificación de amenazas y actores, casi elemental. El informe reconoce que las valoraciones nacionales han identificado, como se les pedía, que “ciertos países fuera de la UE representan una ciberamenaza para sus intereses nacionales”, pero la consolidación de la Comisión adolece de corrección política y no revela cuáles son esos países. El informe identifica como riesgos principales la disrupción local o global de las redes 5G, el espionaje o desvío del tráfico que circula por ellas y la destrucción o alteración de infraestructuras asociadas a ellas, pero no puede evaluar ni la probabilidad ni el impacto de esos riesgos, porque dependen de numerosos factores que se limita a enunciar. Lo mismo ocurre con los actores, a los que se evalúa en función de sus recursos e intenciones, parámetros de difícil objetivación que conducen al lugar común de que los actores estatales o apoyados por los Estados son siempre los más peligrosos.

“los nuevos riesgos y las medidas que adoptar van a crear un modelo de ciberseguridad nuevo en las redes 5G del que se deberán revisar las políticas públicas de regulación, supervisión y atribución de responsabilidades en las cadenas de suministro privadas”.

La evaluación de la sensibilidad (sensitivity) de los componentes de las redes se ordena según su impacto –moderado, alto o crítico– en las funciones del núcleo de red (core network functions), en la gestión y coordinación de recursos de los servicios de red (management and network orchestration), en otros sistemas de gestión (management systems and supporting services), en la red de acceso radio (radio access network), en los puntos de intercambio de tráfico de internet (internetwork exchanges) o en las funciones de la red de transporte y transmisión (transport and transmission functions). En función de la sensibilidad de las categorías anteriores, el informe describe las vulnerabilidades previsibles de las redes 5G. Algunas son comunes a las redes de generaciones anteriores, como la falta de personal cualificado o la debilidad de los controles internos de seguridad, la monodependencia de suministradores y el mantenimiento o el incumplimiento de estándares, aunque añaden a esos viejos problemas un nivel superior de complejidad. 

Finalmente, el informe combina los cuatro elementos anteriores –riesgos, actores, sensibilidad y vulnerabilidad– e identifica los escenarios de riesgo a los que se enfrentan las redes 5G derivados de las cadenas de suministro, los tipos de ataques que afrontar, las medidas de ciberseguridad que adoptar y su interacción con otros sistemas e infraestructuras.

Se espera que el Grupo de cooperación NIS, con el apoyo de ENISA, Europol, BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) y el Centro de Situación e Inteligencia de la UE aprovechen las mejores prácticas nacionales para elaborar un inventario de riesgos y medidas de respuesta. Entre los primeros deben figurar riesgos que afecten a la cadena de suministro, al control de acceso, al software o a la exposición a problemas regulatorios en terceros países. Entre las medidas se apuntan pruebas de control o certificación de hardware y software y la identificación de suministradores, productos o servicios inseguros.

En conjunto, los nuevos riesgos y las medidas que adoptar van a crear un modelo de ciberseguridad nuevo en las redes 5G del que se deberán revisar las políticas públicas de regulación, supervisión y atribución de responsabilidades en las cadenas de suministro privadas. Dado el esfuerzo inversor que deben realizar los operadores de telecomunicaciones, es previsible que se acentúe la tensión entre la comercialización de la red y sus servicios, y la adecuación de los niveles de ciberseguridad que ya ha experimentado la implantación de las redes de generaciones anteriores. También incrementará la dificultad de armonizar las medidas de supervisión adoptadas en los Estados miembros de la UE para evitar que la red 5G cuente con eslabones vulnerables, especialmente si las cadenas de suministro desbordan sus fronteras, dentro y fuera de la UE. Las medidas a tomar se esperan antes de 2020, coincidiendo con el año en que se acaba la cuenta atrás para implantar las redes 5G en la UE.

Félix Arteaga
Investigador principal, Real Instituto Elcano


1 ENISA está elaborando un informe sobre algunos aspectos técnicos que complementará el informe actual.

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