Tráficos Ilícitos y Redes Criminales - Real Instituto Elcano Feeds Elcano Copyright (c), 2002-2018 Fundación Real Instituto Elcano Lotus Web Content Management <![CDATA[ La ’Ndrangheta calabresa: crimen global, COVID-19 y macrojuicio ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari23-2021-re-la-ndrangheta-calabresa-crimen-global-covid-19-y-macrojuicio 2021-02-22T03:58:02Z

A mediados de enero de este año 2021, en Italia empezó el macrojuicio a la mafia calabresa, la ’Ndrangheta. Pero ¿qué es la ’Ndrangheta? ¿Cómo ha ido adquiriendo el peso que tiene en el organigrama del crimen organizado global actual? ¿Cómo ha sabido explotar la crisis sanitaria del COVID-19?

]]>
Tema

A mediados de enero de este año 2021, en Italia empezó el macrojuicio a la mafia calabresa, la ’Ndrangheta. Pero ¿qué es la ’Ndrangheta? ¿Cómo ha ido adquiriendo el peso que tiene en el organigrama del crimen organizado global actual? ¿Cómo ha sabido explotar la crisis sanitaria del COVID-19?

Resumen

Este análisis repasa la evolución de la mafia italiana más peligrosa en la actualidad, la ’Ndrangheta, desde su fase más arcaica, allá por los 70 del siglo XX, hasta el actual proceso de modernización criminal que le ha llevado a ser una pieza clave del crimen organizado global. En estas páginas se observa cómo la ’Ndrangheta fue paulatinamente sustituyendo a la Cosa Nostra como organización criminal de más peso en Italia; se valoran las diferentes actitudes de esta mafia dentro y fuera de su país de origen; se sopesan sus infiltraciones en la política local y se describe la explotación de las nuevas oportunidades ocasionadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Por último, se traza un breve análisis del macrojuicio que acaba de empezar y que merece la pena seguir de cerca.

Análisis

Introducción

En la segunda semana de enero de 2021 se inauguró en Calabria, región en el extremo sur de Italia, un macrojuicio contra la ’Ndrangheta, la mafia italiana actualmente más activa y extendida dentro y fuera del país. Sus orígenes se remontan a antes de la unificación italiana y ha ido evolucionando hasta convertirse en una organización criminal de tipo global. Sin embargo, durante demasiados años sus actividades delictivas estuvieron asociadas exclusivamente a una tipología de crimen rural, arcaico, mísero y pedigüeño. Hoy, en cambio, la ’Ndrangheta domina el mercado de la venta de drogas a nivel internacional y se ha instalado en las altas finanzas, desarrollando actividades ilegales de “cuello blanco”, perpetradas por personas con un estatus socioeconómico y una formación académica consolidados, pertenecientes a la que se ha llegado a denominar burguesía mafiosa.1

Su capacidad de infiltración en el territorio es preocupante, ya que logra afianzarse allá donde la presencia del Estado es débil y la población se siente desamparada. De esta manera, parte de ella percibe a la ’Ndrangheta no como una amenaza sino como una oportunidad, en algunos casos la única que le queda para sustentarse.

Antes de valorar la situación actual, que pivota alrededor del juicio, merece la pena deslindar brevemente la evolución de esta mafia, todavía poco conocida, para comprender mejor cómo ha adaptado sus negocios a la economía global, cómo ha logrado sustituir a la Cosa Nostra siciliana en el vértice del organigrama criminal nacional, de qué manera ha ido constituyendo una especie de Estado paralelo evitando conformarse como anti-Estado y contaminando la política local infiltrándose en ella, de su presencia en Italia y fuera del país transalpino y, por último, de cómo podría explotar la nueva oportunidad de lucrarse que le brindó la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. La propagación del virus ha disparado el abanico de posibilidades de infiltración en la economía legal y los clanes han procurado lavar su imagen rescatando económicamente familias, comercios y empresas en dificultad, a la espera de que llegue a Italia el dinero del Plan de Recuperación predispuesto por la UE que, si es mal gestionado a nivel institucional, podría convertirse en una oportunidad única para las mafias italianas de acceder a enormes cantidades de dinero público.

Érase una vez una mafia primitiva

Fue a partir de los años 70 del pasado siglo cuando la ’Ndrangheta acaparó la atención de los italianos debido al auge de los secuestros, una actividad extremadamente lucrativa, favorecida por las características geográficas de Calabria, una región de aproximadamente dos millones de habitantes repartidos en un territorio de 15.000 kilómetros cuadrados, el doble de extenso, por ejemplo, que el País Vasco, y con una población poco inferior. Las montañas calabresas conforman una barrera orográfica casi infranqueable, lo cual explica la tradicional incomunicación de esa región con el resto del país y su abandono por parte de las instituciones. Esa especie de “Sierra Maestra” en pleno Mediterráneo conforma también una defensa natural que las familias de la mafia han aprovechado para escabullirse de la justicia y promover actividades delictivas lejos de ojos indiscretos. A eso hace falta añadir un cierto desinterés por parte de las fuerzas de seguridad del Estado hacia la mafia calabresa, más centradas, por lo menos hasta los años 90, en derrotar el terrorismo y la Cosa Nostra, la mafia siciliana.

Los secuestros aumentaron sobre todo en la década de los 70. Los mafiosos calabreses no eran los únicos que practicaban esa odiosa actividad criminal. Había también grupos de bandidos de Cerdeña, organizaciones terroristas y criminales comunes. Un dato será suficiente para comprender mejor la envergadura de este fenómeno criminal. De las 20 regiones italianas, en sólo cuatro no se llevó a cabo ningún secuestro. Entre 1972 y 1989 en Italia fueron raptadas 593 personas, 75 en 1977, el peor año en este sentido.2 Sólo a partir de 1991 acabaron los secuestros, tras la introducción de una ley3 que imponía la congelación de los bienes patrimoniales de las familias de los secuestrados.4

La brutalidad con la cual los “ndranguetistas” (los afiliados a la ’Ndrangheta) gestionaban los secuestros fomentó la imagen de personajes toscos, asilvestrados y despiadados, instalados en áreas rurales y dedicados a actividades criminales primitivas. A principios de los 90, sin embargo, la ’Ndrangheta impulsó su posicionamiento en el organigrama del crimen. Las drogas habían conquistado el mercado ilegal. Los calabreses no desperdiciaron la oportunidad de penetrar en ese lucrativo negocio. Se aprovecharon de sus buenas relaciones con los mayores productores de cocaína de Sudamérica (especialmente con las AUC colombianas), invirtieron en ese negocio parte de la enorme cantidad de dinero recaudado de los rescates y explotaron la comodidad de disponer de uno de los principales puertos del Mediterráneo, el de Gioia Tauro, en la costa oeste de Calabria, para meterse de pleno en el negocio del narcotráfico.5 Que, con el paso del tiempo, ese puerto se haya convertido en un punto de referencia del comercio de estupefacientes queda claro analizando los datos proporcionados por la policía italiana, que comparan las incautaciones de cocaína en los últimos 10 años en Gioia Tauro y en Génova, dos de los puertos situados en la parte occidental del país y, por lo tanto, los más utilizados para introducir mercancía ilegal.

Figura 1. Incautaciones de cocaína en los puertos de Génova y de Gioia Tauro entre 2010 y 2019 (kg)
Figura 1. Incautaciones de cocaína en los puertos de Génova y de Gioia Tauro entre 2010 y 2019 (kg)
Fuente: Direzione Centrale dei Servizi Antidroga della Polizia italiana.

Figura 2. Cocaína: incautaciones en el puerto de Gioia Tauro, 2010-2019 (kg)

Figura 2. Cocaína: incautaciones en el puerto de Gioia Tauro, 2010-2019 (kg)

Fuente: Direzione Centrale dei Servizi Antidroga della Polizia italiana.

En las Figuras 1 y 2 se puede apreciar que la cantidad de cocaína introducida en Italia por Calabria es mucho más elevada que la que llega a Génova, un puerto más grande a nivel comercial y sujeto a rígidos controles policiales. Sólo se registra una inversión de tendencia en 2019, que, por otra parte, es el año de mayor incautación de cocaína en Gioia Tauro.6

De la crisis de la Cosa Nostra al auge de la ’Ndrangheta

Algunas circunstancias allanaron el camino de los ndranguetistas hacia el nuevo mercado de la venta de drogas. Cuando, en la segunda mitad de los 80, se celebró en Palermo un macrojuicio contra la mafia siciliana,7 los mafiosos respondieron con plomo a la ristra de condenas recibidas. Los atentados mortales contra dos de los magistrados involucrados personalmente en el juicio, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino (en mayo y julio de 1992), y, el año siguiente, los atentados en Milán, Florencia y Roma, intensificaron la ofensiva de las fuerzas de seguridad. La Cosa Nostra llegaba a la culminación de una estrategia suicida inaugurada años antes. A partir de los 80, es decir, una vez consolidados en el poder los clanes de los corleoneses, liderados por el sanguinario Totò Riina, la mafia siciliana no rehuyó del asesinato de los hombres de las instituciones, proponiéndose como una especie de anti-Estado. Se trataba de una actitud poco habitual para las mafias italianas, que prefieren fusionarse con el Estado, entremezclando poder político y negocios criminales o, si acaso, proponerse como un Estado paralelo, llenando los espacios que el mal gobierno deja vacíos.8 En ese aspecto, reside quizá el principal éxito de las mafias. Isaia Sales lo destaca con claridad al recordar que “si las mafias siguen activas desde hace un par de siglos, eso significa que no representaron un poder alternativo y contrapuesto al oficial, sino un poder relacionado con él”.9

Eso explica por qué no es raro asistir a la defensa de los mafiosos por parte de determinados segmentos poblacionales. Como si de una ONG se tratara, y lejos de proponer una imagen de clanes que sólo se dedican a cometer fechorías, las mafias pretenden auxiliar al ciudadano en dificultades económicas, asesorarle y proporcionarle respuestas rápidas a sus problemas, allá donde el político choca contra los innumerables enredos burocráticos o contra sus propias limitaciones. Todas las iniciativas de asistencia social sirven para lavar la imagen de los clanes, para fomentar una aceptación social que no se puede basar únicamente en el miedo y en la amenaza constante.

De hecho, los ndranguetistas consolidan su poder y el control territorial generando consensos a su alrededor. Sólo controlando parte de la comunidad, creando vínculos de dependencia y proporcionando una imagen severa, pero al mismo tiempo benefactora, el mafioso logrará el respeto. Inspirar exclusivamente miedo puede llegar a ser incluso contraproducente. El magistrado Nicola Gratteri, uno de los máximos conocedores de la ’Ndrangheta y fiscal del juicio que comenzó en 2021, suele contar la siguiente anécdota: “en una escucha telefónica entre dos ndranguetistas uno le dice al otro: ‘Cuidado Antonio, que cuando quemas coches, disparas contra los escaparates de las tiendas [de las personas que estás extorsionando], estás perdiendo el apoyo de la población y eso, tarde o temprano, lo acabarás pagando’”.10 El mensaje que hay detrás de esta advertencia es claro: las amenazas y los castigos reiterados merman la moral de los ciudadanos, y el miedo constante no favorece una relación de sometimiento y fidelidad, sino que impulsa el rencor y la venganza. Por lo tanto, el día que el mafioso necesite esconderse (y tarde o temprano todo mafioso precisa de auxilio), una llamada anónima, a la Policía o al clan rival, lo traicionará. Por otra parte, el exceso de violencia y la explotación del miedo suelen ser también señales de debilidad y de pérdida de control sobre un determinado territorio.

Otra circunstancia que, allá por los 90, benefició a la ’Ndrangheta en detrimento de la Cosa Nostra, fue el aumento de los mafiosos que comenzaron a colaborar con la justicia. Con tal de aprovechar las reducciones de condena, no fueron pocos los “hombres de honor” que accedieron a delatar a sus antiguos compañeros. Algunos de ellos, piezas importantes del tablero mafioso, provocaron con sus delaciones el derrumbe de clanes enteros como si de castillos de naipes se tratara. En el mundo del hampa, la omertà, la ley del silencio, asume una importancia casi dogmática. Difícilmente unos criminales llegarían a formalizar acuerdos con alguien que podría traicionarlos. Fue así cómo los principales productores de drogas de América Latina desviaron su atención de los sicilianos a los calabreses. Los vínculos de parentesco, ampliados a través de la “práctica cada vez más extendida de los matrimonios internos en los grupos mafiosos”,11 conforman la base estructural de la mafia calabresa, lo que la hace menos vulnerable a las traiciones internas.12 Para un ndranguetista, denunciar a uno de los suyos significa delatar al padre, al hermano o al hijo, algo, por lo general, muy poco probable. De hecho, el número de mafiosos calabreses que han colaborado con la justicia es extremadamente reducido.

Las diferentes actitudes de la ’Ndrangheta dentro y fuera de Italia

Con el nuevo negocio de la venta de drogas (sobre todo de la cocaína) las arcas de los clanes de la ’Ndrangheta se han ido llenando de dinero que hay que blanquear. Eso se hace, pero no en la desolada Calabria, sino en el resto de Italia, con especial interés en las regiones industrializadas del norte, y en el extranjero, allá donde su presencia se ha ido consolidando.13 La ’Ndrangheta, lejos ya de ser una organización criminal local, se ha convertido en una pieza clave del crimen global. De hecho, cumple con las características que describen a una organización criminal de ese tipo. Por un lado, está presente en muchos países, incluso en varios continentes, siendo Canadá y Australia las áreas geográficas más densamente pobladas por ndranguetistas, después de Italia; por otro, lleva a cabo negocios en diferentes mercados; y, por último, su fama y su prestigio van más allá de las fronteras dentro de las cuales ha nacido, algo que le pasó, allá por los 80, al cártel de Medellín, sólo por poner otro ejemplo de organización cuyo nombre era bien conocido fuera de su país.14 La estructura de la mafia calabresa –se descubrió hace pocos años– es unitaria, ya que por encima de los diferentes clanes existe una cúpula, llamada Crimine, cuyos miembros son reelegidos cada año y cuya tarea principal es armonizar los negocios, procurando que no haya disputas internas.15

La ’Ndrangheta actúa de manera diferente dentro y fuera de Italia. En territorio italiano diversifica más sus actividades, es más visible e incluso agresiva. Está presente en varias regiones, con especial interés en las más ricas. El asentamiento de clanes en las áreas más prósperas se remonta a la segunda mitad del pasado siglo y se debe, en parte, a una desafortunada medida que, en lugar de contrarrestar el poder mafioso, tal y como se proponía, acabó favoreciendo su difusión allá donde no había mafia. Con el objetivo de alejar a los mafiosos de sus zonas de influencia, esperando así que eso truncara sus contactos con la organización y mermara la estructura criminal, se empezó a aplicar la medida cautelar n. 575 de 1965, que obligaba a los mafiosos más peligrosos a vivir temporalmente en otra localidad del país bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad del Estado. Cuanto más lejos de su residencia habitual, mejor. Comenzó así un traslado forzoso del sur al norte de delincuentes con un alarmante pedigrí criminal. Como consecuencia de ello, los clanes, en lugar de detener sus actividades delictivas, aprovecharon la oportunidad que se les brindaba para penetrar en las ricas provincias septentrionales, reconstruyendo allí, en un contexto diferente, los vínculos de tipo amistoso y familiar que conformaban la base del éxito mafioso.16

A partir de los 80 la ’Ndrangheta comenzó a participar en la política activa. Ya no se limitaba a un apoyo externo a un determinado candidato, como solía hacer en el pasado, sino que, en algunos casos, algunos de sus miembros empezaron a presentarse a las elecciones municipales (o regionales). De ser elegidos, podían manejar desde el interior del sistema político la asignación de las licitaciones públicas o, más en general, favorecer los negocios de los suyos. La infiltración en la administración pública fue creando una red clientelar consolidada difícil de desmantelar.

Con el paso del tiempo, la ’Ndrangheta ha ido diversificando sus actividades a lo largo y ancho del territorio italiano. Además de la venta de drogas y del blanqueo de dinero, se ha dedicado a la extorsión, a la especulación, a la corrupción y a la contaminación de las reglas del libre mercado, apoderándose de empresas y damnificando a otras. Las que perciben dinero de la ’Ndrangheta, o las que son directamente gestionadas por la mafia calabresa, beneficiándose de una liquidez indefinida, adquieren una competitividad imposible de alcanzar por parte de la competencia. De esa manera, cualquier nuevo empresario que quiera asomarse a sectores ya ocupados por empresas mafiosas es inexorablemente expulsado. Muchos de ellos son extorsionados. En algunos casos se les impone hasta con quién tienen que hacer negocios o se les obliga a contratar a personas afiliadas a los clanes. Eso se convierte en el primer paso de infiltración mafiosa dentro de una empresa. Como si de un virus se tratara, la presencia de un ndranguetista en la plantilla favorece el control mafioso de una compañía y la hace más frágil. Como consecuencia, la libertad de un empresario como hombre de negocios y como ciudadano se ve tremendamente mermada. Eso acarrea también que empresas del resto del país o extranjeras no se planteen invertir en Calabria, lo que aumenta el estado de abandono en el que se encuentra la región del sur de Italia.

En el extranjero, la mafia calabresa se dedica principalmente al blanqueo de capitales y adopta, por lo general, un perfil bajo, evitando agresiones y actitudes que atraigan la atención de las fuerzas de seguridad. Ese esfuerzo por pasar desapercibido se vio severamente mermado en 2007 cuando, en la ciudad alemana de Duisburgo,17 dos clanes rivales se liaron a tiros. Seis de sus miembros perdieron la vida. Los reflectores se encendieron improvisamente sobre la ’Ndrangheta. Los periódicos de medio mundo hablaron de lo ocurrido y las acciones policiales se intensificaron. Sin embargo, después de ese repentino interés, la mafia calabresa volvió paulatinamente a desaparecer del foco mediático, así como de los intereses investigativos de la policía alemana.

La presencia de la ’Ndrangheta en muchos países de la UE es difícilmente contrarrestable sin unas modificaciones radicales del ordenamiento jurídico del Eurogrupo. En 1982 en Italia se aprobó la ley 646 del Código Penal que, en su artículo 416.bis, regulaba el delito de pertenencia a asociación mafiosa, permitiendo condenar a un individuo sólo por el hecho de ser miembro de una organización mafiosa.18 Permitía también la confiscación de los bienes, muebles e inmuebles, como medida preventiva, incluso sin una condena en firme, si el acusado no podía explicar la procedencia lícita de dichos bienes. Sólo les serían devueltos después de una sentencia absolutoria. En Europa, semejantes medidas no encuentran una aceptación unánime. Son especialmente los países del norte los que más se oponen a ellas, al considerarlas lesivas de los derechos humanos. Solo en 2014 los países miembros aprobaron una directiva (2014/42/EU) que permitía “el decomiso, total o parcial, de los instrumentos y del producto del delito, o de bienes cuyo valor corresponda a dichos instrumentos o producto, previa resolución penal firme condenatoria”. En Italia (pero son de la misma opinión también Europol y Eurojust) se considera que esta medida es insuficiente, de complicada aplicación, y que difícilmente entorpecería los negocios del crimen organizado si hay que esperar a que haya una condena en firme del acusado para proceder al decomiso. Quienes trabajan en primera línea contra las mafias saben que lo que más daño hace a los clanes es que se ataque su entramado económico. Debilitándolos allí, se puede mermar todo el sistema criminal.

Las infiltraciones mafiosas en la política

Según las cifras de las que disponemos, desde 1991 el Estado italiano autorizó la disolución de 351 ayuntamientos (véase la Figura 3) infiltrados por una de las cuatro mafias italianas: ’Ndrangheta, Cosa Nostra (Sicilia), Camorra (Nápoles y Campania) y Sacra Corona Unita (Apulia).19 Esto fue posible gracias a la aprobación, ese mismo año, de una ley específica, la n. 221.

El proceso de disolución comienza con una investigación por parte de la policía que identifica la presencia de contactos entre políticos y crimen organizado. A menudo, las investigaciones comienzan por razones ajenas a la presencia de mafiosos en las administraciones locales. El siguiente paso, una vez individuadas las posibles conexiones entre mafia y política, es la creación de una comisión que en tres meses tiene que decidir si el ayuntamiento debe de ser disuelto. Para ello redactará un informe que será notificado al Ministerio de Asuntos Interiores el cual, a su vez, tendrá que decidir si, efectivamente, el ayuntamiento merece ser disuelto. Frente a una decisión positiva en ese sentido, será el presidente de la República quien deberá dictaminar dicha disolución.20

Figura 3. Número de ayuntamientos disueltos por infiltración mafiosa en Italia entre 1991 y 2020
Figura 3. Número de ayuntamientos disueltos por infiltración mafiosa en Italia entre 1991 y 2020
Fuente: Avviso pubblico.21

Calabria, con sus 123 ayuntamientos disueltos por infiltración mafiosa, es la región italiana donde más se aplicó esa medida.22 La mafia calabresa no centró su interés únicamente en los municipios, se infiltró también en algún centro de salud pública (véase la Figura 4).

Figura 4. Ayuntamientos y centros de salud pública disueltos por infiltración de la ’Ndrangheta en Calabria desde 1991 hasta 2020
Figura 4. Ayuntamientos y centros de salud pública disueltos por infiltración de la ’Ndrangheta en Calabria desde 1991 hasta 2020
Nota: en rojo los ayuntamientos y en amarillo los centros de salud pública infiltrados por la ’Ndrangheta.
Fuente: Avviso Pubblico.23

Después de Calabria, las regiones donde más se infiltraron las mafias en los ayuntamientos son Campania y Sicilia (véase la Figura 5). En el resto del país, especialmente en el norte, aun siendo un fenómeno todavía marginal, ha ido aumentando en los últimos años, siendo la ’Ndrangheta la organización criminal que más ha logrado infiltrarse en la política local fuera de su región de origen.

Figura 5. Ayuntamientos y centros de salud pública investigados por infiltración mafiosa en toda Italia entre 1991 y 2020
Figura 5. Ayuntamientos y centros de salud pública investigados por infiltración mafiosa en toda Italia entre 1991 y 2020
Nota: en rojo los ayuntamientos y en amarillo los centros de salud pública infiltrados por la ’Ndrangheta.
Fuente: Avviso Pubblico.24

A nivel social, analizando los datos proporcionados por el Ministerio del Interior de Italia, la reacción de la ciudadanía frente a la disolución de un ayuntamiento por infiltración mafiosa suele ser de “indiferencia, de desconfianza hacia las intervenciones estatales y, en muchos casos, de resignación”.25 Una tercera parte de la población, tal y como se puede apreciar en la Figura 6, se muestra indignada frente a esa evidencia de mala gestión política, actitud que repercute en una pérdida de credibilidad hacia el Estado. Por ello, las autoridades suelen acompañar la disolución de un ayuntamiento con acciones propedéuticas de concienciación ciudadana fomentando encuentros en las escuelas o en el mundo empresarial, e intensificando la colaboración con las asociaciones civiles presentes en el territorio, con las organizaciones sindicales y con las entidades religiosas.

Figura 6. Reacción por parte de la población a la noticia de la disolución de un ayuntamiento o de un centro de salud pública por infiltración mafiosa
Figura 6. Reacción por parte de la población a la noticia de la disolución de un ayuntamiento o de un centro de salud pública por infiltración mafiosa
Percibida como un complot político.
Percibida con indiferencia.
Percibida con miedo.
Percibida con resignación.
Percibida como una pérdida de tiempo.
Percibida con sorpresa, como un error por parte de las instituciones.
Percibida con indignación.
Fuente: Ministerio del Interior de Italia.

El COVID-19 y la explotación de nuevas oportunidades

La ’Ndrangheta se ha ido infiltrando paulatinamente en la economía legal, explotando sectores muy rentables como son el inmobiliario, las empresas de energía, las comunicaciones y las finanzas. Su presencia global cuenta con clanes en todos los continentes del mundo.26

Desde 2020, además, puede ampliar sus negocios aprovechándose de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.27 Las inversiones de empresas vinculadas con la mafia calabresa en el “ciclo de la sanidad” se centran en la producción de dispositivos médicos (mascarillas, respiradores, etc.), en la distribución de productos farmacéuticos, en la desinfección ambiental, en la gestión de la eliminación de residuos especiales (mascarillas, geles…) y en la infiltración en el negocio de las funerarias. Siguen las presiones ejercidas a nivel de sanidad pública y privada para imponer en el mercado esos productos y servicios, promoviendo así una competencia desleal con las empresas legales.

A nivel local, en una región como Calabria, con una tasa de desempleo del 21,2%28 (y mucho más elevada la del paro juvenil) y donde en algunos hogares no hay ninguna fuente de ingresos, la ’Ndrangheta –para agilizar el blanqueo de dinero, crear vínculos y, de paso, lavar su imagen– concede ayudas económicas a familias en dificultad. Esto activa una peligrosa relación de dependencia con parte de la colectividad que se podría convertir, con el tiempo, en votos útiles a los fines criminales de determinados clanes o en mano de obra para, por ejemplo, ocultar armas, transportar drogas o dar cobijo a algún afiliado.

Los clanes logran penetrar en el mundo empresarial de manera, si cabe, más sencilla. Aquellas empresas que por la pandemia necesitan una inmediata inyección de liquidez para solventar los pagos de sus trabajadores, hacer frente a las deudas o a los gastos de gestión o simplemente para pagar impuestos podrían acudir a la ’Ndrangheta. Los ndranguetistas conceden una financiación y se aprovechan de esa coyuntura para penetrar en empresas sanas, pero con dificultades. Las ayudas, a menudo materializadas a través de préstamos a interés, por lo general favorables, se convierten en la herramienta que permite a los mafiosos hacerse con la empresa si el empresario no consigue devolver el dinero prestado. Frente a esa imposibilidad, comienzan una serie de presiones orientadas a que el propietario ceda, a un precio muy competitivo, su negocio. Los clanes expropiarán así la actividad logrando entrar en el mercado legal y favoreciendo el blanqueo de dinero.

Pero esas dinámicas no funcionan exclusivamente con las empresas, pues también pesan sobre actividades comerciales como el sector de la restauración o del turismo, muy afectadas por la crisis económica derivada de la propagación del virus. Acceder al préstamo de dinero concedido por los clanes resulta ser la única opción para salvar, a corto plazo, el negocio. Sin embargo, a medio y largo plazo, esa medida suele convertirse en la manera más rápida de perderlo todo.

El COVID-19 ha disparado la brecha social. Las familias de la mafia se podrían aprovechar (todavía no lo han hecho, pero son proyecciones plausibles) del descontento generalizado para fomentar la rebelión y el desorden, instrumentalizando los desajustes económicos en áreas del país ya de por sí bastante vulnerables. Frente a ese malestar general, los ndranguetistas presentan su lado más auxiliador, proponiéndose como alternativa al Estado, ofreciendo diferentes tipos de asistencia, promocionando una imagen de personas respetables y logrando apoyos en algunas capas de la sociedad, no exclusivamente en las más desfavorecidas económicamente, sino también en aquella zona gris conformada por la ya citada burguesía mafiosa.

En los próximos meses se espera que Italia reciba 209.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, alrededor del 28% de los 750.000 millones de euros destinados a los Estados miembros.29 Esa enorme cantidad de dinero deberá ser gestionada con extremo control para que no acabe siendo aprovechada por sociedades pantalla o tapaderas de las mafias italianas. La experiencia nos enseña que en Italia cuando, en los 50 y para hacer frente a la pobreza endémica de las regiones meridionales, se instauró la Cassa del Mezzogiorno (un ente público que tenía que servir para realizar mejoras en las infraestructuras, ayudar a la agricultura de aquellas áreas e incentivar la inversión industrial), al margen de algunos logros, se convirtió en un despilfarro de dinero público que acabó engrosando las arcas del crimen organizado local.

Un claro ejemplo de esa malversación de fondos estatales fue la construcción del tramo final de la autopista entre Salerno (en Campania) y Reggio Calabria. Las empresas a las que se adjudicó la licitación accedieron a sellar compromisos con las familias de la ’Ndrangheta, contrataron a miembros de los clanes, pagaron sobornos y adquirieron material de las empresas gestionadas por la mafia. El resultado más evidente de todo eso fue un aumento del 15% del precio del producto final; otro, menos inmediato, fue el uso de materiales de baja calidad, lo que conllevó a un peligro para la colectividad.30

El macrojuicio a la ’Ndrangheta

Nicola Gratteri es el fiscal jefe que preside el juicio a la ’Ndrangheta, inaugurado a principios de 2021. Los más de 300 imputados, que en su mayoría fueron arrestados en diciembre de 2019 en una macrooperación contra el crimen organizado, deberán responder a cargos como homicidio, tráfico de drogas, extorsión, blanqueo de dinero, corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y corrupción. Entre ellos también hay funcionarios y políticos, además de nombres ilustres de la alta sociedad calabresa.

El juicio se celebra en Calabria, en el corazón de la ’Ndrangheta.31 Se calcula que sólo en Reggio Calabria, la ciudad más poblada de la región, habría alrededor de 10.000 afiliados a los clanes, y que, en las demás provincias, serían decenas las familias que se reparten los territorios. La decisión de celebrar el juicio allí es una clara señal de desafío por parte del Estado y una señal necesaria para que la sociedad calabresa vea que las instituciones no la han abandonado. En este sentido, la reafirmación de la legalidad es fundamental allá donde a menudo se sufren vacíos legales y de poder.

El proceso está inspirado en el que se celebró en Palermo en los años 80. En esa ocasión se juzgó a medio millar de miembros de la Cosa Nostra, siendo el mayor juicio a la mafia celebrado en Italia hasta la fecha. Por seguridad, fue necesario construir un búnker con muros de hormigón reforzado capaz de soportar la explosión de bombas y los ataques de armas aire-tierra. En su interior contaba con celdas desde donde los mafiosos podían presenciar las sesiones y cristales antibalas para proteger a los testigos y a los colaboradores con la justicia. El tribunal de Lamezia Terme, donde se celebrará el juicio, también se ha construido para juzgar a centenares de mafiosos y cuenta con numerosas medidas de seguridad.

El juicio de Palermo concluyó con 360 condenas, incluyendo cadenas perpetuas para 19 jefes mafiosos, entre los cuales se encontraba Totò Riina, en ese momento todavía fugado de la justicia. La sentencia definitiva, después de varias apelaciones, llegó en 1992, confirmando casi todas las sentencias condenatorias. La mafia siciliana, duramente mermada, pero al mismo tiempo enfurecida por los duros castigos recibidos, se vengó matando a dos de los magistrados que más habían trabajado en la realización de ese proceso: los ya mencionados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino.

El magistrado Gratteri es consciente del peligro que corre, pero es un hombre extremadamente pertinaz en su oficio. También calabrés, como la casi totalidad de los acusados, tiene la complicada tarea de lavar el nombre de Calabria. No va a ser una tarea sencilla, ya que, además de enfrentarse a un entramado mafioso altamente conflictivo y peligroso, tendrá que lidiar también con parte de la clase media que se solidariza más con los acusados que con la Justicia.32

Conclusiones

La ’Ndrangheta, organización criminal situada en la actualidad en el centro del tablero del crimen organizado global, mantiene sus pautas bien ancladas en una tradición fundada en el código de honor y en las dinámicas internas de vínculos parentales y del arraigo al territorio, pero al mismo tiempo se ha ido asomando a la modernidad rápidamente. Su capacidad de diversificar sus actividades la hace tambalearse entre algunos negocios claramente ilegales y otros semilegales o incluso legales, implicándose, en estos últimos años, en formas delincuenciales cada vez más complejas y refinadas, de difícil detección.

Atenta a la imagen que puede proyectar sobre la ciudadanía, se dedica a contribuir a un determinado bienestar en las zonas que controla, no por una dedicación caritativa, sino para imponerse más fácilmente en el territorio. Hace décadas que su presencia no se limita a la región de Calabria, sino que se ha extendido al resto de la península italiana y a países europeos y extraeuropeos, logrando desenvolverse perfectamente en los mecanismos de un mundo cada vez más globalizado.

Los jóvenes cachorros de la ’Ndrangheta hoy se marchan de su pueblo para formarse en las mejores universidades nacionales o internacionales, adquiriendo así las nociones para poder manejarse con una economía que requiere competencias profesionales cada vez más complejas.

En la actual situación sanitaria, y teniendo en cuenta el debilitamiento estructural que van a sufrir las economías, se perfilan dos posibles escenarios. Uno, a medio plazo, prevé una consolidación de la mafia calabresa en el territorio, donde presumiblemente aumentará su apoyo a través de una labor asistencial que, en un futuro, capitalizará de la manera que considere más oportuna (votos, favores…). El préstamo de dinero a empresas o a pequeños comercios podría convertirse en un arma cómoda y sencilla para hacerse con actividades legales que, una vez adquiridas, servirían para el blanqueo de dinero o serían revendidas, aumentando así el poder adquisitivo de los clanes.

Otro escenario se dibuja más bien a medio y largo plazo. La ’Ndrangheta podría lograr un posicionamiento cada vez mejor dentro del crimen global (donde ya está bastante bien posicionada). Su intervención en la economía internacional, necesitada de liquidez inmediata, podría chocar directamente con los mercados. La inyección de dinero de la mafia en el mundo empresarial acabaría falseando las dinámicas comerciales y de competitividad entre diferentes empresas, alterando el principio de la libre competencia. Las empresas más débiles serán fagocitadas por las grandes y el mercado sufrirá unos desajustes donde empresarios sin escrúpulos se aprovecharán de los apoyos que les brindan los clanes para colocar mejor sus productos.

Como medida para contrarrestar el poder de la ’Ndrangheta, al margen de las operaciones policiales, hace falta fomentar una sensibilización social que cuestione la opinión, demasiado extendida, de una ’Ndrangheta buena y un Estado malo. Sin embargo, para lograr esa labor propedéutica, es necesario que el Estado funcione y que no sea percibido como una presencia dañina, depredadora e inútil. En este sentido no ayudó lo ocurrido durante el confinamiento por el COVID-19. El 21 de marzo de 2020 (coincidiendo con algunas revueltas en un puñado de cárceles del país) se puso bajo arresto domiciliario a alrededor de 500 detenidos, algunos de ellos mafiosos. Hizo falta modificar urgentemente una ley para rectificar la aplicación de esas medidas alternativas a la detención. El daño ya estaba hecho. Entre la población más afectada en su territorio por la presencia de la mafia cuajó, una vez más, la idea de un Estado débil e ineficiente, cuyo poder es efímero comparado con el del crimen organizado.

Ahora, el Estado italiano tiene la oportunidad de lanzar un mensaje firme al crimen organizado. Hace falta seguir con mucha atención el desarrollo del primer macrojuicio a la ’Ndrangheta, ya que probablemente marque la historia futura de Italia.

Matteo Re
Universidad Rey Juan Carlos | @matteore23 


1 Vincenzo Scalia (2016), Le filiere mafiose, Ediesse, Roma, p. 81; Stefano D’Alfonso, Aldo De Chiara y Gaetano Manfredi (2018), Mafie e libere professioni, Donzelli, Roma, p. 11 y ss.

2 Giovanni Maria Bellu (1989), “In diciassette anni 600 sequestri”, La Repubblica, 17/VI/1989.

3 Se trata de la ley n. 82 aprobada el 15 de marzo de 1991. Para mejor entender la importancia de esta medida, será suficiente leer la parte inicial de dicho decreto: “Considerando la extraordinaria necesidad y urgencia de emanar, debido al grave fenómeno de los secuestros de persona, nuevas disposiciones para prevenir y reprimir semejantes hechos criminosos, se emana…”.

4 Esa medida, que podría resultar muy radical, al imposibilitar el pago del rescate, acabó teniendo éxito. Véase Enzo Ciconte (1998), “Un delitto italiano: il sequestro di persona”, en Luciano Violante, Storia d’Italia, Annali criminalità, Einaudi, Turín.

5 En el puerto de Gioia Tauro cada año se incautan entre tres y cuatro mil kilos de cocaína, lo que representa tan solo el 10 % de la cantidad de cocaína que llega a Europa.

7 Matteo Re (2016), No quieren cambiar. Códigos, lenguaje e historia de la mafia, Dykinson, Madrid, pp. 115-128.

8 La mafia siciliana adelantó, a escala mucho más reducida, lo que hoy ocurre en México, donde, desde el nuevo siglo, los carteles chocan frontalmente contra el Estado. Véase Thomas Aureliani (2017), “Messico, narcotraffico, attori criminali e resistenze civil”, en Nando Dalla Chiesa, Mafia globale, Laurana Editore, Milán, pp. 214-215.

9 Isaia Sales (2015), Storia dell’Italia mafiosa. Perché le mafie hanno avuto successo, Soveria Mannelli, Rubbettino, p. 14.

10 Ahora en Nicola Gratteri y Antonio Nicaso (2009), Hermanos de sangre, Debate, Barcelona, p. 72.

11 Ibid., p. 70.

12 Francesco Forgione (2009), ’Ndrangheta. La mafia menos conocida y más peligrosa del planeta, Ediciones Destino, Barcelona, pp. 48-49.

13 Varese, Federico, Mafie in movimento. Come il crimine organizzato conquista nuovi territori, Torino, Einaudi, 2011; Ilaria Meli (2016), “Le forme di insediamento territoriale della ’ndrangheta nelle regioni del Nord”, en Nando Dalla Chiesa (ed.), Passaggio a Nord, Edizioni Gruppo Abele, pp. 197-215.

14 Sobre la conceptualización de organizaciones criminales globales véase Dalla Chiesa, Mafia globale…, pp. 13-17.

15 Commissione parlamentare di inchiesta sul fenome delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere (2018), Relación conclusiva, 7/II/2018, p. 49.

16 Monica Massari (1998), “Gli insediamenti mafiosi nelle aree ‘non tradizionali’”, Quaderni di sociologia, 18, pp. 5-27.

17 Martina Bedetti y Nicolò Dalponte (2017), “La ’ndrangheta globale: il caso tedesco”, en Dalla Chiesa, op. cit., p. 60.

18 Sobre el artículo 416.bis véase el capítulo 5 del libro de Yolanda Pardo González (2019), “El delito de pertenencia a asociación mafiosa”, en Las mafias italianas, Dykinson, Madrid, p. 127 y ss.

19 La cifra de 351 medidas de disolución se obtiene cruzando los datos presentes en Parlamento Italiano y en Avviso Pubblico.

20 Diego Forestieri (2016), “La rappresentazione dell’infiltrazione mafiosa, dallo stupore alla disaffezione dalla política”, Osservatorio sulla Legalità, año XXVII, julio/septiembre, p. 53.

25 Relazione del Ministro dell’Interno (2019), “Ministero dell’Interno sull’attività della Commissione per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso”, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, p. 82.

26 Rocco Sciarrone y Luca Storti (2019), Le mafie nell’economia legale, Il Mulino, Bolonia.

27 Sobre ’Ndrangheta y COVID-19 véase la relación del ministro del Interior en el Parlamento basada en el informe de la Dirección Investigativa Antimafia (DIA) de 2019. A pesar de tener fecha 2019, a ese informe se le añadió un apartado sobre el COVID-19 y las nuevas tácticas mafiosas para lucrarse en período de pandemia, pp. 12-27. Véase también United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2020), The impact of COVID-19 on organized crime.

28 Véanse los datos sobre la situación económica de Calabria en el informe anual de la Banca d’Italia (2020), n. 40, noviembre, pp. 13-16.

29 Libera Associazioni (2020), La tempesta perfetta. Le mani della criminalità organizzata sulla pandemia, 30/XI/2020, p. 17.

30 Enzo Ciconte (2017), Mafie del mio stivale, Manni, San Cesareo di Lecce, pp. 105-106.

31 Según datos oficiales de 2011, pero que probablemente se mantienen en esa misma proporción en la actualidad, Calabria es la región italiana con el mayor porcentaje de densidad mafiosa (27%), por delante de Campania (12%), Sicilia (10%) y Apulia (2%). Véase Enzo Ciconte (2011), ’Ndrangheta, Soveria Mannelli, Rubbettino, p. 169.

32 “Ndrangheta, Gratteri: ‘Mi rattrista solidarietà ceto medio agli indagati’”, Gazzetta del Sud, 28/I/2021.

]]>
<![CDATA[ Estrategia Nacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT) en países Latinoamericanos: ¿desafío de política pública pendiente? ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari20-2021-sancho-estrategia-nacional-contra-delincuencia-organizada-transnacional-dot-en-paises-latinoamericanos 2021-02-11T12:36:21Z

Emerge como desafío la formulación de una política pública que contemple la elaboración de Estrategias Nacionales contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT), para dar mayor eficacia y legitimidad a la prevención, persecución y sanción del crimen organizado (CO). Se proponen aquí elementos mínimos a considerar en la elaboración de estas estrategias.

]]>
Tema1

La Delincuencia Organizada Transnacional (DOT) es un problema mundial que se ha incrementado en los países Latinoamericanos y ha traído aparejado crecientes niveles de violencia que ponen a prueba la gobernabilidad política y la calidad de la democracia. En este contexto emerge como desafío la formulación de una política pública que contemple la elaboración de Estrategias Nacionales contra la DOT, para dar mayor eficacia y legitimidad a la prevención, persecución y sanción del crimen organizado (CO). Se proponen aquí elementos mínimos a considerar en la elaboración de estas estrategias.

Resumen

Este análisis aborda el tema de la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT) como fenómeno internacional de alcance planetario que está afectando la seguridad de las personas en los países latinoamericanos, al visibilizarse un sustantivo aumento de la violencia con la que opera. Constituye un imperativo su abordaje o revisión bajo un enfoque de política pública, haciendo especial referencia a los principales desafíos a enfrentar.

Se plantea la importancia de contar con Estrategias Nacionales contra el Crimen Organizado transnacional (COT), que sistematicen los principales ilícitos vinculados a este tema en cada país y el modo en que serán abordados. A modo de orientación, son propuestos elementos mínimos que deben estar contenidos en ella. De esta manera, se contribuye a explicitar con claridad la respuesta, desde el Estado, bajo un enfoque de política pública. Con este enfoque es posible proporcionar un panorama integrado de la actividad delictual existente, así como facilitar una mejor gestión de los recursos y capacidades disponibles para ello. Para impulsar su desarrollo, es condición necesaria, más no suficiente, reconocer los beneficios que ofrece la elaboración de Estrategias contra el COT. Además, es clave la voluntad y compromiso de las autoridades políticas responsables en el tema. Ambos asuntos constituyen una tarea inconclusa en países latinoamericanos.

Análisis

Este análisis se estructura en base a tres ejes. El primero contempla una aproximación al fenómeno de la DOT y su contextualización en países latinoamericanos. Posteriormente, explica la necesidad de profundizar el debate sobre la política contra la DOT. Se considera necesario superar la dicotomía política de gobierno versus política de Estado, enfatizando un enfoque de política pública y haciendo especial referencia a las diferentes etapas de elaboración que pueden visibilizarse en el marco de una Estrategia contra la DOT. Finalmente, se sugieren los elementos mínimos a considerar en dicha estrategia para contar con un instrumento de política pública que permita de forma coherente y consistente afrontar la criminalidad organizada bajo criterios de eficacia y legitimidad.

(1) DOT: aproximación contemporánea al fenómeno

El CO es un fenómeno de larga data en los países del mundo y de alcance mundial. Sin embargo, son escasos los consensos alcanzados entre los Estados para abordarlo. En efecto, la coordinación internacional ha sido lenta ante la dificultad de establecer posturas compartidas, entre todos los países, frente a este tema. Sólo en el año 2000, desde las Naciones Unidas (ONU) fue alcanzado un acuerdo de mínimos comunes, aunque sustantivo mediante la Convención de Palermo. Con ello, se aportó un insumo valioso para orientar a los países en su abordaje, desde sus respectivos Estados. De esta forma, los compromisos multilaterales facilitaron acciones tendientes a su monitorización, prevención, detección, persecución y sanción desde cada país, teniendo en cuenta estándares internacionales y estimulando respuestas nacionales.

Los países latinoamericanos también han reconocido este fenómeno en declaraciones regionales multilaterales, como la Declaración de Seguridad de las Américas de México en el año 2003. A través del tiempo, algunos de los ilícitos que configuran el CO se han potenciado ante la debilidad del Estado y erráticas formas de afrontarlos. Como ejemplo de ello puede observarse en zonas geográficas donde ante la ausencia del Estado se favorece que organizaciones del crimen organizado obtengan el control de la población y el territorio en lugares determinados, como ocurre en México y Colombia. Incluso, desde hace algunos años, por su magnitud e impacto, la DOT ha empezado a problematizarse como un problema de seguridad internacional (Berdal y Serrano, 2005).

La idea de fortaleza o debilidad del Estado no se reduce a la valoración de su presencia o no, en todo el territorio del país, aunque es un asunto relevante. Otro elemento clave es la calidad de su institucionalidad, que puede reflejarse, por ejemplo, en los niveles de corrupción que presenta. Este asunto es particularmente importante en materia del COT, toda vez que para quienes lo desarrollan la existencia de una estructura estatal funcional y complaciente a sus intereses es el ambiente propicio para delinquir. De esta manera, una institucionalidad fácil de corromper constituye el entorno ideal para ellos, mucho más que una institucionalidad ausente en diversos espacios nacionales.

La crisis sanitaria causada por el COVID-19, por motivos de salud pública, ha obligado a los gobiernos a ejercer un mayor control territorial. Sin embargo, ello no ha impedido que la DOT mantenga su presencia, por medio de diversos ilícitos como el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico y trata de personas, la minería ilegal y los ciberdelitos, entre otros. No obstante, en algunos casos se han constatado algunas mutaciones en su práctica. Por ejemplo, en el caso del narcotráfico, ante la dificultad de una transacción directa de drogas, se ha sustituido por la venta a través de Internet, desafiando a las policías a un mayor monitoreo del ciberespacio y las diversas opciones que ofrece: páginas web, redes sociales, chats privados y Dark Web, entre otros.

Finalmente, cabe destacar que algunas tendencias, como las manifestaciones violentas del COT en Latinoamérica, adquieren cada vez más visibilidad, al punto de producirse el descuartizamiento de rivales. Cabe también destacar el aumento en el uso de armas y su calibre no sólo para proteger la mercancía, sino también para marcar territorios y ganarse el respeto de la comunidad cercana y de otras bandas. Todo ello no es posible sin corromper a funcionarios del Estado, logrando transitar, según la clasificación de Lupsha (1997), desde una etapa predatoria a una parasitaria, o bien, desde la parasitaria a una simbiótica y, en algunos casos, a fortalecer esta última fase en algunos países de la región al tratar de financiar las campañas electorales de influyentes candidatos a cargos públicos.

(2) Política pública para enfrentar la DOT: más allá de la dicotomía política de Estado o de gobierno

El debate sobre la naturaleza de la política que exige enfrentar la DOT, en tanto política de Estado o de gobierno, ha relegado aspectos más importantes de la política pública que se formula. De esta forma se da supremacía en el discurso a la proyección de la política, sobre el modo de elaboración, ejecución, evaluación y participación. Se genera así un dañino reduccionismo en el tratamiento del tema.

Podemos afirmar que tanto las denominadas “políticas de Estado” (PE), como las “políticas de gobierno” (PG) son políticas públicas y hacia futuro es más pertinente entenderlas en el último sentido que reducirlas al primer o segundo término, pues ello limita sustantivamente la calidad del debate y elaboración de la política pública. Resulta importante tener presente que es difícil, en una perspectiva de futuro, saber si actualmente una política pública será de PE o PG, es decir, si continuará o no cuando el gobierno cambie. Por ello parece estéril esta discusión, cuando lo realmente importante es la perspectiva de política pública y los elementos de análisis que involucra, siendo mucho más confiable hacer valoraciones asociadas a PE o PG, si observamos lo ocurrido en el pasado, pues se podrá apreciar con mayor certeza si una política pública trascendió el gobierno de turno o no.

De esta manera, un enfoque en términos de política de Estado o de gobierno conlleva a un análisis que se aleja de la esencia de lo relevante, que es cómo, desde el Estado, se responde a un problema público creciente que afecta uno de los principales componentes de la gobernabilidad de un sistema democrático, como es la seguridad. Por otro lado, para la oposición de turno, se trataría de justificar una participación limitada de la que se resta, con la idea de que sería necesario modificarla tan sólo si cambia la coalición de gobierno, insinuando la discontinuidad de lo trazado, en vez de aportar y comprometerse en el logro de objetivos necesarios a alcanzar, independientemente de quién esté en el poder. Toda vez que los ilícitos correspondientes a la DOT no pueden ser debilitados o eliminados en democracias por sólo un período de gobierno, por largo que sea, debido a la complejidad que poseen.

Los elementos relevantes para la formulación de una política pública son tener claridad con relación a: ¿cuál es el problema público al que se espera dar respuesta?, ¿cómo puede ser afrontado considerando atribuciones, competencias y capacidades existentes?, ¿cuáles son los objetivos a alcanzar y cómo pueden ser operacionalizados para valorar efectividad de las acciones realizadas?, ¿es necesario hacer ajustes a lo establecido inicialmente?, y ¿son detectados cambios en el escenario desde donde el COT efectúa ilícitos?. De este modo, se contribuye a una rigurosa problematización aun cuando sea en un contexto reactivo. Además, promueve un debate experto, colaborativo y abierto, con la finalidad de responder de la mejor forma a las preguntas formuladas y dar legitimidad a la acción pública para alcanzar las metas establecidas. También, contribuye al fortalecimiento democrático, al generar procesos de participación, transparencia e integración de diversas perspectivas de análisis, evitando la peligrosa reducción a la exclusiva visión del problema desde el Estado, según sus organismos vinculados a la materia.

La incorporación en la agenda pública de ilícitos con características de DOT, que implican la formulación de una política nacional sobre el tema, puede fomentar la calidad de la democracia, si el enfoque de esta acción pública se orienta a identificar los diferentes elementos de la política pública y las diversas categorías de actores involucrados que requieren participación en todo el proceso de formulación y puesta en práctica de una política pública, es decir: problematización, formulación o elaboración, implementación, evaluación y retroalimentación. Aun cuando las políticas en materia de DOT puedan incluso contemplar limitaciones a derechos como la privacidad de las comunicaciones, para perseguir el tráfico de drogas o sustancias ilícitas, el derecho de propiedad, ante bienes adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico, el derecho de libre desplazamiento entre países, al constatarse el tránsito ilícito de drogas o dinero, el secreto bancario ante sospechas fundadas de lavado de activos e incluso el financiamiento al terrorismo, entre otros.

Los países latinoamericanos, en forma incremental, desarrollan políticas públicas específicas para abordar diferentes ilícitos relacionados con la DOT. Aunque las políticas contra el narcotráfico son las que tienen mayor visibilidad, crecientemente se han incorporado fenómenos como es el tráfico de armas, tráfico y trata de personas, minería ilegal, delitos contra la propiedad intelectual y ciberdelitos, entre otros. Sin embargo, políticas específicas para ilícitos que califican como DOT, son una condición necesaria pero no suficiente para afrontarlos desde el Estado en forma eficaz.

Las políticas especializadas pueden presentar falta de conexión y coordinación, con otras afines que presentan elementos de intersección en su comisión, investigación o persecución, produciendo al menos dos problemas desde la acción del Estado: por un lado, no detectar todos los ilícitos que un mismo grupo está realizando; y, por otro, la superposición en equipos investigativos de diferentes ilícitos, generando conflictos de competencia entre ellos e incluso anulando alguna de las investigaciones, por ejemplo, al terminar enfrentados en el seguimiento o detención de ellos.

En este contexto, abordar los ilícitos desde una Estrategia Nacional contra la DOT favorece un tratamiento integral al crimen organizado, pues las bandas más poderosas realizan varios de ellos simultáneamente. Por ejemplo, una banda que se dedica al tráfico de drogas y lavado de activos, por la habilidad que desarrolla, puede añadir el tráfico y trata de personas como, asimismo, el tráfico de armas y la corrupción a funcionarios públicos.

(3) Estrategia nacional contra el DOT: una perspectiva integrada de ilícitos

La noción de estrategia puede ser ambigua, toda vez que se asocia a diferentes ideas (Mintzberg, 1993). En efecto, “una estrategia, es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente de acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de oponentes inteligentes” (Quinn, 1993, p. 5).

Aplicado al tema de la DOT, se trata de un enfoque que permita conectar diversos ilícitos que ocurren en el país y sus conexiones transnacionales, contribuyendo a dimensionar la magnitud del fenómeno, conocer el modo en que se manifiesta y, en consecuencia, valorar las capacidades requeridas para abordarlo. Además, facilita la colaboración internacional, al proporcionar más claridad sobre la detección de interacciones, desde diferentes países, evitando la duplicidad de pedidos desde diversas agencias nacionales. Entre las principales ventajas de abordar la DOT desde una perspectiva de política pública a través de Estrategias Nacionales contra el CO, se encuentran: (1) favorecer una visión integrada frente a la DOT en una perspectiva nacional; (2) fortalecer la coordinación interagencial; y (3) potenciar la inteligencia criminal.

Contar con una Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado que explicite un diagnóstico integrado, abordando los diferentes ilícitos detectados en un país, las prioridades que cada gobierno establece y los objetivos a alcanzar, actualmente se observa en países con mayor tradición en política pública sobre estos asuntos, como por ejemplo el Reino Unido, EEUU y España, entre otros.

En este sentido, recordemos que por política pública se entiende la “intervención del Estado, expresada en una decisión o conjunto de decisiones de una autoridad pública, que considera un análisis técnico-racional para un tema determinado y una finalidad específica, que sigue un procedimiento formal, todo lo cual se da en el contexto de un intenso proceso político de confrontación y articulación de intereses” (Olavarría, 2007). Al relacionar política pública sobre COT y Estrategia Nacional en la materia, nuestro planteamiento busca enfatizar la existencia de un déficit latinoamericano con respecto a la promoción de elaboración de estas últimas, como parte de la política sobre el tema.

La coordinación interagencial entre diferentes instituciones de la administración pública no es una tarea sencilla, tal como explica Metcalfe: “resulta siempre precaria porque, la división organizacional del trabajo, reforzada por la especialización profesional y el autointerés burocrático, engendra tendencias centrífugas. En su grado mínimo, la coordinación implica que al trabajar, en conjunto, los elementos integrantes de un sistema no impiden, frustran o niegan las actividades que ellos mismo llevan a cabo. Puede afirmarse que la coordinación permite al todo desempeñarse mejor que a la suma de las partes o, por lo menos impedir la desintegración y la fragmentación” (1996, pp. 242-243). Ello adquiere relevancia debido a la diversidad de entidades de la administración pública en asuntos relacionados con el COT, tanto los diferentes ilícitos, como en las diversas fases de su seguimiento. De esta manera, la coordinación interagencial facilita la sinergia organizacional.

La inteligencia criminal puede potenciar una estrategia nacional contra la DOT, debido a que puede contribuir a su dimensionamiento y anticipación. Sin embargo, ello obliga a ir más allá de la inteligencia policial, pues se trata de tener una perspectiva integrada de diferentes ilícitos, para lo cual se requiere la información proveniente de otras entidades públicas como, por ejemplo: una unidad de análisis o inteligencia financiera; instituciones penitenciarias; instituciones aduaneras; y las entidades recaudadoras nacionales de impuestos, con diferente denominación según el país que se trate. De acuerdo con Sergi, “la inteligencia criminal permite identificar la naturaleza, las actividades, las características y los hábitos de los grupos criminales que operan en un área determinada y ofrece los conocimientos necesarios para evaluar las tendencias delictivas actuales y las amenazas percibidas” (2018, p. 610).

Este asunto se encuentra débilmente desarrollado en los países latinoamericanos, detectándose la privación del uso de un instrumento de gestión útil para tender a anticiparse a las acciones desarrolladas desde el CO. Frecuentemente se confunde con la inteligencia policial, reduciéndolo a la inteligencia que las policías pueden producir en materia de DOT, restando el aporte de otras entidades del ejecutivo vinculadas al tema, que acceden a datos e información privilegiados y que son críticos para caracterizar y anticipar el comportamiento de la criminalidad organizada. Desarrollar o fortalecer la inteligencia criminal requiere tanto un eficaz trabajo colaborativo entre instituciones del Estado como, también, una coordinación con otros países si el objetivo es debilitar las actividades provenientes de una DOT con alta capacidad de mutar cuando han sido detectados y de regenerarse cuando han sido debilitados.

(3.1) Elaboración de una Estrategia contra la DOT: elementos mínimos a considerar

A efectos de esta parte del trabajo, entendemos que una estrategia contra la DOT es consecuencia de la incorporación del tema en la agenda pública. Contempla una declaración estructurada y explícita de la autoridad competente sobre la forma en que, desde el Estado, busca alcanzar uno o varios objetivos sobre un asunto en particular, constituyéndose en un compromiso del más alto nivel. Para estos efectos, describe cómo se entiende y aborda un problema específico de política pública de relevancia para el gobierno, estableciendo y priorizando objetivos que son operacionalizados y evaluados en su grado de cumplimiento. En sistemas políticos democráticos se manifiesta a través de un documento público y en su proceso de elaboración contempla instancias de participación para diversas instituciones del Estado, organizaciones privadas, el sector académico y la sociedad civil.

Una Estrategia contra el Crimen Organizado corresponderá entonces a una declaración sobre la manera en que los ilícitos considerados en esta categoría son prevenidos, perseguidos y sancionados por medio del establecimiento de objetivos basados en un diagnóstico de la situación en el país y las capacidades disponibles para afrontarlo.

Contar con una Estrategia contra el COT en países latinoamericanos puede ser provechoso por lo menos tres motivos. El primero, porque su formulación participativa otorga mayor legitimidad a los cursos de acción tendentes a la reducción de la criminalidad organizada, fortaleciendo la calidad de la democracia. El segundo, debido a que es útil a la eficacia y eficiencia de la gestión estatal, toda vez que el conocimiento público de la estrategia adoptada favorece procesos de rendición de cuentas sobre las metas establecidas, los recursos utilizados y los resultados alcanzados, fortaleciendo la transparencia de la administración pública. El tercero, porque es ventajoso bajo una óptica internacional, al poner a disposición información confiable sobre el estado del tema en el país, los compromisos que asume para abordarlo y las necesidades de cooperación requeridas. De esta manera, desde la comunidad internacional puede identificarse la ayuda o colaboración requerida en la certeza del buen uso que tendría.

Parte del éxito de una Estrategia contra el COT depende de una formulación adecuada. En efecto, es necesario que cumpla con criterios de consistencia según los objetivos establecidos y de coherencia entre los diferentes tópicos contemplados que dan sustento a las metas propuestas. En este sentido, es posible identificar elementos mínimos que requieren contemplar la estrategia, que corresponden a:

(a) La finalidad: se espera responder a la pregunta, ¿cuál es el fin último de la elaboración de la estrategia contra el COT? Contestarla implica relacionar el documento con los fines últimos de la democracia y la gobernabilidad, es decir, la vida de las personas y la estabilidad institucional, entre otros.

(b) Los principios orientadores: se refiere a aquellos valores que se han tenido presentes al elaborar la estrategia contra el COT y se busca promover en su desarrollo. Por ejemplo: participación, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos, entre otros.

(c) La conceptualización mínima y bases institucionales: describir lo que se entiende en el país por COT y los ilícitos que ello contempla. Explicar sus bases legales, compromisos internacionales en torno al tema y vinculación con otros documentos relacionados como, por ejemplo, una Estrategia Nacional de Seguridad o Estrategia de Seguridad del país, en caso de existir.

(d) El diagnóstico de la situación: corresponde a una síntesis de los principales informes, estadísticas, indicadores y situaciones que contextualizan la situación del COT y sus ilícitos a nivel internacional y nacional. Ello da un sustento relevante para entender el problema de política pública que se enfrenta y las medidas (objetivos, metas o acciones) a desarrollar para abordarlo. Hace posible una visión realista de la capacidad del Estado para afrontar el tema.

(e) La arquitectura del sistema nacional contra el COT: el conjunto de instituciones, organismos y entidades vinculadas con la monitorización, prevención, detección, persecución y sanción del COT. Puede considerar diferentes niveles de actuación, por ejemplo: internacional, nacional, regional y local.

(f) El establecimiento y priorización de objetivos principales (o generales) e identificación de objetivos específicos:

   (1) Un objetivo principal corresponde a una declaración de lo que se pretende conseguir para afrontar el problema definido previamente (diagnóstico), a través de acciones específicas. Se formula por medio de un verbo infinitivo. Su explicitación debe estar ordenada según la importancia que tiene el objetivo, para facilitar la comprensión de los énfasis que la autoridad dará a las diferentes aristas del tema.

   (2) Un objetivo específico corresponde a las actividades que permiten dar cumplimiento a un objetivo principal (o general). Aplicado al tema del COT, de acuerdo a lo indicado, puede plantearse, por ejemplo:

    a. Reducir las muertes vinculadas al COT:

       1. Incrementar el decomiso de armas ilegales en la población.

       2. Ampliar las penas por muerte de ciudadanos inocentes en incidentes relacionados con el COT.

    b. Incrementar la desarticulación de entidades dedicadas al COT:

       1. Fortalecer la coordinación interagencial entre entidades que investigan bandas sospechosas de COT.

       2. Aumentar la detección de lavado de dinero asociada al COT.

(g) Identificación de meta(s) y sus indicador(es): una meta es una estimación del logro que se espera conseguir a partir de una acción específica. Un indicador es una cuantificación de la meta (puede ser o dicotómico) y permite valorar el nivel de cumplimiento de lo que se busca alcanzar en plazos determinados (anual, semestral u otro). En ocasiones esto no se encuentra en las estrategias por la dificultad de cuantificar o el problema político que puede producirse al evidenciar fracasos en algunas metas propuestas. No obstante, en la medida que sea posible, se recomienda incorporar los plazos, pues favorece un fidedigno dimensionamiento de la magnitud del problema que se afronta en el país. De acuerdo con lo indicado, en el ejemplo anterior, puede plantearse lo que se muestra en la Figura 1:

Figura 1. Objetivos, metas e indicadores para Estrategia Nacional de COT
Objetivo principal Objetivos específicos Metas Indicadores
(a) Reducir las muertes vinculadas al COT Incrementar el decomiso de armas ilegales en la población Aumentar en un 50% el decomiso de armas ilegales, respecto al período anterior

Decomiso de armas ilegales período actual
Decomiso de armas ilegales período anterior

Ampliar el período de sanción en la cárcel por muerte de ciudadanos inocentes en incidentes relacionados con el COT Aumentar en dos grados las penas que actualmente corresponde Logrado o no logrado
(b) Incrementar la desarticulación de entidades dedicadas al COT Fortalecer la coordinación interagencial entre entidades que investigan bandas sospechosas de COT Crear instancia interagencial que identifique y soluciones al menos el 60% de problemas en la coordinación

Problemas resueltos
Problemas detectados

Aumentar la detección de lavado de activos asociada al COT Aumentar en un 50% la detección de lavado de activos, respecto al período anterior

Detección lavado de activos período actual
Detección lavado de activos período anterior

Fuente: elaboración propia, 2021.

(h) Explicitar los responsables e involucrados en el cumplimiento de metas: resulta conveniente especificar los actores vinculados con el cumplimiento de cada meta (u objetivo específico), evitando situaciones de ambigüedad que los involucrados en el tema puedan desconocer su responsabilidad, o bien, que otro actor, sin atribuciones, intervenga. Para facilitar el trabajo de los diferentes actores convocados, provenientes de diversas organizaciones, es recomendable establecer un responsable que coordine el trabajo de todos, cuando ello sea posible.

(i) Período de tiempo que contempla: la formulación de una estrategia siempre contempla un período determinado. Generalmente coincide con el período del gobierno de turno, favoreciendo su revisión y ajuste cuando es asumido un nuevo mandato presidencial. En ellas es posible visualizar las acciones orientadas al corto y mediano plazo, representado por la integración de las metas, sus indicadores y responsables, lo que frecuentemente se denomina plan de acción. El largo plazo se visualiza a través de los objetivos generales a alcanzar y la finalidad que se busca con ellos.

(j) Políticas relacionadas: en el marco de una Estrategia contra el COT, frente a la existencia generalizada de diferentes políticas especializadas, éstas además han de estar relacionadas entre sí, potenciándose en aquellos aspectos donde se intersecan. De esta manera será posible identificar convergencias de ilícitos, con la finalidad de promover una mayor sinergia, desde el Estado, en su detección, prevención y persecución. Se favorece así una visión integrada de los diversos ilícitos asociados al COT, el modo en que se refuerzan y la forma en que puede ser debilitado o eliminado. Asimismo, se fortalece la coordinación interagencial al evidenciar la concurrencia de un mismo ilícito por parte de distintas agencias estatales, donde sólo una acción concertada puede evitar que la superposición de entidades preventivas o persecutorias termine beneficiando a quienes delinquen.

Finalmente, con relación a la duración de una estrategia, frecuentemente se tiene presente en su elaboración su vigencia para el período de mandato presidencial del gobierno de turno. Sin embargo, ello no siempre es así, las estrategias pueden cambiar al menos por tres motivos: (1) cambios sustantivos en el entorno nacional y/o internacional a partir del cual se reformula la estrategia; (2) el cumplimiento de los objetivos y/o metas establecidos en la estrategia, siendo necesario elaborar un documento nuevo que aborde los nuevos desafíos en el tema, en la convicción que una primera etapa ha sido cumplida; y (3) modificaciones relevantes en la problematización del fenómeno y modo de abordarlo, situación que puede ocurrir por un cambio en la orientación política del gobierno de turno y su modo de afrontar una política pública. Por ejemplo, ocurrió en el caso del narcotráfico, con el presidente Felipe Calderón (2006-2012) quien, al iniciar su mandato, anunció un cambio en la política hacia las drogas, declarando la guerra a su tráfico, aunque este cambio generó una escalada de violencia que aún 14 años después y tras varios presidentes electos no logra ser detenida.

La otra parte del éxito de una estrategia con la DOT depende de la voluntad política. Se requiere un compromiso permanente y visible de las máximas autoridades nacionales para que se considere como un documento vigente y relevante, que obligue a los involucrados a dar cumplimiento con lo consignado, pues se trata de la ruta establecida para abordar un tema que no sólo tiene implicancias nacionales sino también internacionales. Ante esto, el único camino posible para el éxito es la unidad de acción entre todos los afectados.

Conclusiones

La DOT es un fenómeno de alcance mundial que en forma creciente afecta a los países latinoamericanos. Abordar el tema desde una perspectiva de política pública orientada a la elaboración de Estrategias Nacionales contra la DOT puede contribuir a una acción más eficaz contra la criminalidad organizada. Además, favorecería la calidad de la democracia, al facilitar la participación en las diversas etapas de esta política pública, la eficacia de la gestión pública, al facilitar la rendición de cuentas sobre sus capacidades, recursos y objetivos alcanzados, y la cooperación internacional, al permitir establecer el tipo de colaboración necesaria como resultado de la explicitación estructurada y oficial del estado del tema en el país y los compromisos adquiridos para enfrentar la criminalidad organizada.

No hay una única forma de elaborar una Estrategia Nacional contra la DOT, encontrándose diversos ejemplos de ellas. Sin embargo, es posible identificar elementos mínimos en su formulación que otorgan coherencia y consistencia a sus planteamientos. Esto es particularmente necesario para los países latinoamericanos, pues un documento del tipo Estrategia Nacional contra el COT está ausente en sus políticas públicas sobre el tema.

Carolina Sancho Hirane
Doctora en Conflictos, Seguridad y Solidaridad, Universidad de Zaragoza España y Magister en Ciencia Política, Universidad de Chile.

Bibliografía

Berdal, M., y M. Serrano (comp.) (2005), Crimen transnacional organizado y seguridad internacional, Fondo de Cultura Económica, México.

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (2000), Italia.

Declaración de Seguridad de las Américas de la OEA (2003), México.

Lupsha, Peter (1997), “El crimen organizado transnacional versus la Nación-Estado”, Revista Occidental, vol. 14, nº 81, Instituto de Investigaciones Culturales Latinoamericanas, pp. 15-48.

Metcalfe, Less (1994), “Coordinación de políticas internacionales y reforma de la administración pública, en Bernardo Kliksberg (comp.), El Rediseño del Estado. Una perspectiva internacional, FCE, INAP, México.

Mintzberg, Henry (1993), “Las cinco Ps de la estrategia”, en Henry Mintzberg y James Quinn, El Proceso Estratégico, Prentice Hall, México.

Olavarría, Mauricio (2007), "Conceptos básicos en el análisis de Políticas Públicas", Departamento de Gobierno y gestión pública, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, Chile.

Quinn, James (1993), “Estrategias para el cambio”, en Henry Mintzberg y James Quinn, El Proceso Estratégico, Prentice Hall, México.

Sergi, Anna (2018), “Las agencias de inteligencia criminal”, en Mariano Tenca y Emiliano Méndez (comp.), Manual de prevención del delito y seguridad ciudadana, Ediciones Didot, Argentina.


1 A efectos de este artículo se usará como sinónimo Delincuencia Organizada Transnacional (DOT), Crimen Organizado (CO) y Crimen Organizado Transnacional (COT), siguiendo para ello lo indicado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.

]]>
<![CDATA[ “Ni siquiera los traficantes de drogas pueden esconderse del coronavirus”: lecciones para la lucha contra el crimen organizado en América Latina ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari87-2020-alda-lecciones-para-lucha-contra-crimen-organizado-en-america-latina 2020-06-16T11:43:26Z

El crimen organizado se ha erigido en América Latina como un gendarme implacable en los territorios que controla para asegurar el confinamiento de la población y de esta forma contener el contagio por COVID-19.

]]>
Tema1

El crimen organizado se ha erigido en América Latina como un gendarme implacable en los territorios que controla para asegurar el confinamiento de la población y de esta forma contener el contagio, haciendo cumplir estrictamente con los decretos adoptados por los gobiernos de la región.

Resumen

Hasta hace muy poco costaba trabajo imaginar a guerrilleros, exguerrilleros, paramilitares y bandas criminales organizadas colombianas seguir las directivas del gobierno colombiano. Y no sólo ellos: con el mismo empeño y bajo la misma intención, las bandas criminales brasileñas, las maras centroamericanas y los cárteles mexicanos han procedido de la misma manera. En los territorios que controlan, donde proporcionan servicios a la población y establecen sus propias leyes y justicia, también han impuesto toques de queda para que la población se mantenga en sus casas, si bien sus campañas son mucho más expeditivas que las gubernamentales. Como no podía ser de otra manera, de acuerdo con su naturaleza criminal, sus mensajes se basan en la coacción y en la amenaza. Todas las organizaciones de la región coinciden en un mensaje, muy similar a este: “te quedas en casa o mueres”.

El objetivo de este análisis es poner de manifiesto que esta reacción del crimen organizado ante la pandemia revela una característica esencial para entender su desarrollo y posibilidades de fortalecimiento: su dependencia del Estado, de la sociedad y del orden formal y legal, en general. Tanto es así que, si estos actores se paran, tal y como ocurre en estos momentos, el crimen organizado también lo hace, como está ocurriendo ahora.

Por eso, sólo aparentemente resulta contradictorio que las bandas criminales estén empeñadas en el riguroso cumplimiento de los decretos de aislamiento y confinamiento decretados por los gobiernos de la región. Esta reacción del mundo criminal ante la pandemia ha de ser una lección aprendida que convendría incorporar al diseño de las políticas públicas contra el crimen organizado. Las políticas predominantes centran su actuación en la persecución de los criminales, pero considerando la dependencia hacia la sociedad y el Estado –como ha evidenciado esta pandemia– además convendría lograr que ni los representantes estatales, ni determinados sectores de la sociedad acabaran siendo cómplices de los criminales. En la medida en que la corrupción es la herramienta más eficiente del mundo criminal para lograr el apoyo estatal y social, las políticas anticorrupción y la cultura legal podrían ser potentes instrumentos para, cuanto menos, controlar el desarrollo de estas bandas criminales, ya que se restringirían las posibilidades de presencia y complicidad de los actores legales.

Análisis

Introducción

Además de la tragedia humana, económica y social que significa esta pandemia, al mismo tiempo es un laboratorio que nunca se había dado para cualquier ciencia y disciplina. Cabe desear que no se repita, pero también que aprendamos todo lo que esta coyuntura está revelando en una situación tan anormal como la actual. Pensar en un mundo global parado era algo inimaginable, pero, por excepcional que sea, nos permite contemplar debilidades sistémicas tanto globales como nacionales. El mundo criminal no es una excepción, pues también esta crisis permite caracterizarlo mejor, lo que ayudara también a luchar contra la amenaza de manera más eficaz.

El objeto de esta reflexión es caracterizar la amenaza del crimen organizado a través de la crisis del COVID-19. Las reacciones similares que está teniendo este actor en América Latina ponen de manifiesto su dependencia de Estados, los ciudadanos, el sector público y el privado, así como del mundo legal y formal. De hecho, sus posibilidades de desarrollo dependen de su grado de inserción y presencia social, pues esto permite ampliar sus márgenes de maniobra y en consecuencia su desarrollo. En otras palabras, el pulso del crimen organizado depende del pulso de la sociedad y, en este momento, el mundo global y el nacional se encuentran parados, en buena lógica de igual manera. Estas redes criminales tienen una gran capacidad de adaptación y diversificación, pero mientras el tránsito comercial esté paralizado y los ciudadanos encerrados, de acuerdo con la dependencia afirmada, sus opciones son prácticamente nulas.

Pese a su capacidad de diversificación, no parecen muy viables otras opciones de negocios si no hay demanda. Si para las empresas legales no hay negocio sin sociedad, lo mismo ocurre para las ilegales, como el crimen organizado. Sin embargo, la naturaleza ilícita de sus actividades les hace más dependientes de la protección estatal y el apoyo social.

Para lograr esta complicidad, la corrupción y la tolerancia son las herramientas más eficaces. A mayores niveles de corrupción estatal y mayor tolerancia social hacia ésta, mayores son las posibilidades de protección e impunidad, elementos imprescindibles cuando las actividades son ilegales.

Toque de queda y amenazas de muerte para asegurar el estricto cumplimiento del aislamiento social

Teniendo presente esta dependencia es posible entender el esfuerzo de estas bandas por imponer el confinamiento de la sociedad. Su reacción en relación con el celoso cumplimiento de estos decretos indica que son plenamente conscientes de la necesidad de superar esta coyuntura. La superación de la pandemia significa tener asegurado el mercado nacional e internacional, la apertura de fronteras, de servicios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de los sistemas financieros, de la estabilidad y el orden que proporcionan las fuerzas de seguridad, de la libre circulación de personas y mercancías y, en definitiva, del funcionamiento de la sociedad.

Por todo ello, es posible detectar una reacción muy similar en las diferentes organizaciones latinoamericanas, pese a la diferencia de contexto, estructuras, formas de organización o tamaño… Todos estos factores tendrán una incidencia en el impacto que genere el coronavirus, pero al margen de su particular configuración o actividades, todas han mostrado un empeño en asegurar el confinamiento de la población. Así lo expresan los panfletos que circulan por multitud de pueblos o barrios colombianos, centroamericanos, mexicanos o brasileños.

En Colombia todas las organizaciones guerrilleras y criminales, implicadas en actividades de tráficos ilícitos, han mostrado esa preocupación y han recurrido a todos los medios posibles de comunicación para transmitir el mismo mensaje. El panfleto que se muestra en la Figura 1 es muy ilustrativo:

Figura 1. Ejemplo de aviso de una organización guerrillera o criminal, Colombia
Figura 1. Ejemplo de aviso de una organización guerrillera o criminal, Colombia

En este caso es un folleto de las llamadas Guerrillas Unidas del Pacífico, localizadas en el Departamento de Nariño, uno de los departamentos con más hectáreas cultivadas de coca y fronteriza con Ecuador. Como se aprecia en la Figura 1, al igual que en la mayoría de los casos, junto a las recomendaciones siempre figura la amenaza: “A todo hijo de puta que habrá (sic) negocios de bebidas, billares, discoteca, juegos de naipe, domino, parque y bingo se atengan a las consecuencias. ¿No estamos jugando”.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido igualmente explícito y repite la amenaza de muerte, en pintadas en las paredes de casas:

Figura 2. Pintada del ELN
Figura 2. Pintada del ELN
Fuente: Infobae, 12/IV/2020.

Pero estos son sólo un par de ejemplos. A lo largo de todo el país, excombatientes, guerrillas, paramilitares y bandas criminales, como el Clan del Golfo, han emitido y patrullado con mensajes muy similares a los citados.2

Las principales organizaciones salvadoreñas han consensuado contribuir a las medidas de confinamiento. Los miembros de cada organización han recibido el mensaje de intentar transmitir el mensaje de buenas maneras, pero no dudan en recurrir a la amenaza; según un líder: “Lo que se les ha dicho a los palabreros (líderes locales) es que concientizaran a su gente de buena manera primeramente y, si no entienden por las buenas, hay que ponerles la foto. El salvadoreño se caracteriza por entender a las malas. Cada clica sabe que primero se les dice a las buenas y luego ya no van a ser palabras las que se van a usar”.3

Los cárteles mexicanos advierten que el toque de queda impuesto no es un juego. En Sinaloa, “Los Chapitos”, los hijos del Chapo Guzmán, han ordenado patrullajes para asegurar que se respete. En caso contrario son detenidos, reciben castigos físicos y han de pagar una multa.4

En Brasil las medidas de confinamiento se transmiten de igual manera a iniciativa de las bandas criminales, bajo la advertencia, primero, y la amenaza después, como ocurre en Rio de Janeiro. En Ciudad de Dios, una de las favelas más grandes de la ciudad, a través de megafonía se transmite a la población el siguiente mensaje: “Estamos imponiendo un toque de queda, porque nadie se lo está tomando en serio… quien quiera que este en la calle recibirá un correctivo y servirá de ejemplo”.5

Estos testimonios pretenden poner de manifiesto la importancia que tiene, también para el crimen organizado, el final de esta pandemia, hasta el punto de erigirse en “guardianes” del confinamiento impuesto por los gobiernos, a través incluso de toques de queda que ellos mismos han impuesto.

No hay alternativas para el crimen organizado sin el Estado y la sociedad

Al igual que para el mundo legal, para el ilegal la solución pasa por reanudar el funcionamiento de la sociedad. Esta convicción, más allá del intento de buscar formas alternativas para seguir lucrándose en esta situación tan anómala, es lo que explica la imposición en “sus” territorios de las restricciones de movimiento impuestas por los gobiernos de la región.

El principal negocio de las redes criminales son los tráficos ilícitos, pero si no hay transporte, se han cerrado las fronteras y la población está confinada en sus casas, es mucho más difícil llegar hasta el consumidor. Todos los expertos coinciden en señalar la capacidad, más que demostrada, de adaptación y de diversificación de actividades de la que es capaz el crimen organizado, pero en la medida que continúan dependiendo de la demanda y del funcionamiento del mercado, tampoco están garantizadas las mismas ganancias y de manera sostenible.

Los especialistas advierten de la búsqueda de otros mercados por parte de estas redes para compensar las importantes pérdidas que están teniendo. Sin embargo, mientras sea preciso transporte para la distribución y acceder al consumidor todo queda frustrado o, en el mejor de los casos, reducido de manera drástica. Algunas fuentes insisten en la minería ilegal o en las redes de prostitución como mercados alternativos, pero de nuevo son mercancías o servicios que exigen llegar al mercado. También se ha apuntado a las potenciales ganancias de comercializar productos asociados a la protección ante el contagio del virus o a su supuesta curación, como mascarillas, test o medicamentos.6 Así lo ha denunciado Interpol y se han realizado robos de estas mercancías en México, Brasil, Centroamérica y Perú. Sin embargo, no parece muy prometedor y rentable este nicho de mercado cuando la demanda mundial se está realizando en el mercado legal, abastecido fundamentalmente por China y adquirido por las autoridades de los países demandantes, que en muchos casos se encargan de transportarlas hasta sus respectivos Estados. Si a eso se suma que cada vez va llegando más material, aunque sea lentamente, a todos los sitios y que además los gobiernos están tasando los precios de estas mercancías para evitar la especulación, los márgenes de ganancias serán aún menores. Otra opción son las ventas desde la Dark Web, pero la desconfianza de potenciales clientes, por varios motivos, inhiben a muchos a realizar dichas compras.

Sin duda, como se ha dicho, la capacidad de adaptación del mundo criminal está más que probada, pero la paralización y bloqueo que experimenta en este momento nos permite comprobar de manera más evidente sus debilidades. Esta debilidad no depende tanto de la mayor o menor presencia de las fuerzas policiales y militares en la calle, sino de su dependencia del Estado y de la sociedad. Sin embargo, las políticas contra el crimen organizado no contemplan medidas que reduzcan la tolerancia a la corrupción para cerrar la vía fundamental de esta interacción entre el crimen organizado y el Estado y la sociedad.

Conclusiones

Las reflexiones expresadas no pretenden afirmar la desaparición con la pandemia del crimen organizado, ni tampoco que no tenga actividad ni que haya dejado de ser una amenaza. Muy al contrario, considerando sus relaciones con determinados ámbitos de las administraciones estatales, su participación en la economía tanto legal como ilegal y su apoyo social sin duda ha de ser calificado como un poderoso actor en la región. De ahí que sea imprescindible caracterizar esta amenaza para poder formular respuestas estatales más certeras.

Este momento de crisis inédita nos permite comprobar su importante nivel de dependencia con la sociedad y por ello también dónde radica su fortaleza o, en este momento, su debilidad. En esta relación se encuentra la clave, de ahí que lo determinante no sea si hay más o menos policías y militares en la calle, lo que explica el descenso generalizado de la criminalidad en la región. El problema es más complejo.

En efecto, el inédito marcado descenso en los homicidios en todos los países de la región no es porque estén patrullando las ciudades latinoamericanas muchos más policías y militares y tampoco porque haya más control en las fronteras, sino porque la sociedad y el comercio se han parado. Otros autores han hecho el planteamiento contrario, consideran que los esfuerzos del Estado están concentrados en el control de la pandemia y, en consecuencia, que este es el mejor momento para operar ya que la persecución del crimen organizado ha pasado a un segundo plano. Sin embargo, el poder del crimen organizado y sus márgenes de actuación no dependen de si hay mucha o poca vigilancia o más o menos presión del Estado. En realidad, dependen de su interacción con el Estado, de acuerdo con los niveles de corrupción existentes, y del funcionamiento estable, ordenado y normalizado de las sociedades y del mundo global.

La importancia otorgada al apoyo social por el crimen organizado desde el inicio de la pandemia se manifiesta en las decisiones adoptadas, como la suspensión de las extorsiones a los pequeños comercios y al transporte o el reparto de bolsas de comida a la población. La prueba de este apoyo son las declaraciones del presidente mexicano, Andrés López Obrador, quien con la intención de deslegitimar estas actuaciones ha manifestado que los cárteles “no ayudan repartiendo comidas…, mejor bájenle”, en referencia a la violencia.7 Esta declaración no deja de ser una muestra de preocupación por la “suplantación” del Estado por el crimen organizado, como ya ocurre en muchas áreas del país.

Estas actuaciones no son nuevas y hay una permanente búsqueda de apoyo que demuestra la importancia otorgada a la relación con la sociedad. Las bandas criminales llegan a ser consideradas como una figura benefactora para muchos ciudadanos, ya que inyectan dinero en sus economías e incluso apoyan sus aficiones, al financiar, por ejemplo, el club de futbol de su ciudad,8 como en el caso del Triángulo Norte. En última instancia, proporcionan a la población servicios que el Estado, por su ineficiencia, no es capaz de lograr.

Esta ineficacia se explica en buena parte por los niveles de corrupción existentes y precisamente por la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado. Es preciso tener presente que, en ocasiones, no es posible establecer una clara diferencia entre crimen organizado y determinadas agencias o grupos de funcionarios. La corrupción les proporciona protección e impunidad para realizar sus actividades, de ahí que cuanto mayor el grado de corrupción mayores serán las posibilidades de desarrollar estas actividades ilegales. El mejor escenario posible es establecer relación con un Estado que sea suficientemente fuerte para poder realizar sus negocios, lo que exige orden, estabilidad, infraestructuras y sistemas financieros pero que sea, al mismo tiempo, lo suficientemente débil y corruptible para que estas redes puedan contar con su complicidad y en consecuencia actuar con impunidad, lo que abre muchas posibilidades de desarrollarse. Este es el perfil de Estado dominante en la región, pese a las diferencias existentes, y lo que explicaría el poder logrado por dichas redes.

En otras palabras, que este sea un momento de gran debilidad para el crimen organizado, como se plantea en estas páginas, no significa bajar la guardia cuando se supere la crisis, pues recuperarán su poderío y alcance global. Se trata de aprender de esta coyuntura. La principal lección es su dependencia de la sociedad y del Estado y, en consecuencia, convendría replantearse las políticas contra el crimen organizado que focalizan sus esfuerzos fundamentalmente en la persecución y en la represión. Este es un componente necesario, pero mientras haya espacios para corromper a los funcionarios del Estado y para que los ciudadanos sean tolerantes con la corrupción tendrán apoyo social y, por tanto, será posible su recomposición y crecimiento. De ahí que todo indica que es preciso incorporar, como componentes esenciales de estas políticas, la lucha contra la corrupción en el Estado y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad ciudadana. Parece mucho más eficiente combatir la corrupción y lograr el rechazo de la sociedad a actuaciones ilegales, ya que mediante estas medidas es posible reducir el espacio de interacción que es la principal fuerza que alimenta al crimen organizado.

Sonia Alda Mejías
Investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales, Real Instituto Elcano| @soniaaldamejias


1 La frase “Ni siquiera los traficantes de drogas pueden esconderse del coronavirus” está referenciada en el artículo “El coronavirus asesta un duro golpe al narco, “Los capos de los cárteles se están viniendo abajo”, El Blog del Narco, 21/IV/2020.

3 Carlos Martínez, Óscar Martínez y Efren Lemus (2020), “Pandillas amenazan a quien incumpla la cuarentena”, El Faro, 31/III/2020.

6 Maria Alejandra Navarrete (2020), “Robo de implementos médicos crece en Latinoamérica por coronavirus”, InSight Crime, 22/IV/2020.

8 Steven Dudley (2014), “Cómo un buen equipo de fútbol da a los criminales el espacio para operar”, InSight Crime, 15/V/2014.

]]>
<![CDATA[ La(s) geografía(s) de la violencia guerrillera en Colombia 2012-2020 ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt11-2020-rios-geografias-de-la-violencia-guerrillera-en-colombia-2012-2020 2020-06-12T01:35:07Z

La geografía de la violencia producida por el conflicto armado interno colombiano ofrece importantes herramientas de análisis y comprensión.

]]>
Índice

Resumen – 2
1. Introducción – 3
2. La geografía y el estudio de la violencia – 5
3. Una violencia en proceso de “periferialización”: el conflicto armado antes del diálogo de paz con las FARC-EP – 9
4. Poniendo en valor la tesis de la narcotización del activismo guerrillero: la violencia guerrillera durante el Acuerdo de Paz con las FARC-EP – 14
5. La violencia en Colombia tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP – 25
5.1. La expansión de los grupos post-paramilitares – 27
5.2. El ELN se recompone tras la desaparición de las FARC-EP – 29
5.3. El EPL consigue salir de la región del Catatumbo – 30
5.4. Disidencias y nuevas estructuras herederas de las FARC-EP – 31
Conclusiones – 33
Referencias bibliográficas – 35

Resumen 1

El siguiente trabajo describe las dinámicas de la violencia guerrillera en Colombia por parte de las FARC-EP y el ELN antes, durante y después del Acuerdo de Paz suscrito con la primera de las guerrillas en 2016. De este modo, se trata de poner en valor cómo la presencia territorial de ambos grupos armados se redefinió bajo una fuerte impronta periférica y una mayor dependencia cocalera, características que responden a un paulatino proceso de debilitamiento acontecido, sobre todo, entre 2002 y 2012. Asimismo, se muestra la resignificación y la intensificación de la violencia en la actualidad, resultado de un proceso de implementación del Acuerdo de Paz con muchas dificultades, en donde los nuevos protagonistas en el fondo responden a las mismas lógicas tradicionales, operando en los mismos territorios que cuando existían las FARC-EP. Cabe afirmar que en todo este proceso es extensible a terceros grupos armados que siguen evidenciando cómo la “periferialización” de la violencia y la dependencia del negocio cocalero siguen vigentes. Por ello, resulta imprescindible que el Estado colombiano encuentre los instrumentos necesarios para una orientación distinta de sus políticas públicas y de su particular agenda de seguridad; de lo contrario no es posible controlar este escenario de violencia y disfrutar de los beneficios de la paz, ya que los condicionantes directos, estructurales y simbólicos que los provocaron, continúan irresolutos.

1. Introducción2

El siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar la(s) geografía(s) de las diferentes violencias guerrilleras acontecidas en Colombia entre el año 2012 y 2020. Se pretende mostrar cómo antes, durante y después del Acuerdo de Paz, suscrito en noviembre de 2016 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), las dinámicas de la violencia y los enclaves territoriales presentan importantes visos de continuidad. Así sucede en el departamento de Antioquia, en el nororiente del país –especialmente en Arauca y Norte de Santander– y en Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo –en el suroccidente colombiano–.

Además, el vacío de poder dejado por las FARC-EP tras su desmovilización en 2017 ha abierto una ventana de oportunidad que, lejos de traducirse en un control territorial por parte del Estado, ha sido aprovechada por diferentes actores armados. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y diferentes grupos disidentes de las FARC-EP, así como estructuras post-paramilitares, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (llamadas por el gobierno Clan del Golfo), han experimentado dinámicas de expansión territorial que alimentan un nuevo mapa de actores, bajo una geografía de la violencia no tan nueva (Fundación Ideas para la Paz, 2019).

El actuar de todos estos grupos, en el escenario de violencia en Colombia permite entender de qué manera, las dificultades del Estado para controlar todo su territorio y, asimismo, la importancia de los réditos del negocio cocalero, son variables centrales para comprender por qué, una vez firmado el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, los remanentes de violencia, lejos de reducirse, se han intensificado (Nussio, 2020). Expresado de otro modo, y como se podrá ver en estas páginas, llevar la institucionalidad al conjunto del territorio y, asimismo, reducir el impacto de la droga sobre la violencia, son prioridades aún irresolutas hoy para el Estado colombiano.

El trabajo se estructura en tres partes claramente diferenciadas. En primer lugar, se presenta un marco teórico relacionado con la lectura que la geografía política propone para escenarios de conflictos armados como el colombiano. Y es que una afirmación de partida que subyace en este trabajo es la de reconocer que el Estado, generalmente, ha adolecido de más territorio que soberanía, en tanto que su capacidad institucional se ha desarrollado, a lo largo de las décadas, de una forma tan deficitaria como irregular (Oquist, 1978; Sánchez, 1987; Ramírez, 1990; Acemoglu y Robinson, 2012). Esta razón, desde los años 80, ha permitido a los grupos guerrilleros y paramilitares consolidar distintas fuentes de poder social y estrategias de legitimación con las que erigirse como actores hegemónicos en clave local y “responsables” de la organización económica, política y militar del territorio (Arjona et al., 2015; Arjona, 2016). Con base en lo anterior es esta inaccesibilidad de ciertos escenarios de Colombia, sobre todo desde finales de la primera década de los 2000, coincidente con la preeminencia de enclaves cocaleros, selváticos, montañosos y fronterizos que fueron subterfugio idóneo para proseguir con la “lucha armada”.

Una vez presentados algunos de los conceptos y aspectos teóricos más relevantes, y revisada la literatura reciente que atiende a la mirada espacial y territorial de la violencia en Colombia, se aborda la geografía de ésta, observando tres momentos diferentes pero relacionados entre sí de la historia reciente del conflicto armado. Esto, con el objetivo de mostrar cuál ha sido el significado y el alcance de la violencia de las FARC-EP y del ELN durante los último ocho años.

Se inicia observando el período previo al Acuerdo de Paz para dar cuenta cómo, una vez que éste comienza, se aprecia una desescalada notable de la violencia, especialmente visible en 2015. Sin embargo, resulta igualmente llamativo cómo, con la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, se agudizan nuevamente los niveles de confrontación. Una confrontación que, en cualquier caso, viene determinada por su acuciante desarrollo en escenario periféricos, fronterizos y cocaleros, en donde las FARC-EP, y ahora sus disidencias, y también el ELN, han experimentado una importante capacidad de arraigo.

Lo anterior, en tanto que las cifras de la violencia especialmente entre 2018 y 2020 evidenciarían un deterioro del orden público, haría valer la hipótesis que Johan Galtung proponía en su trabajo clásico, publicado en 1969 y de referencia en la investigación para la paz y la resolución de conflictos. La paz no llega cuando se termina la violencia sino, todo lo contrario, cuando son superados los condicionantes estructurales, culturales y simbólicos que abonaron esa violencia (Galtung, 1969). He aquí la deuda pendiente de Colombia.

Este trabajo cerraría con unas conclusiones que sirven como corolario del argumentario planteado, ahondando en la vigencia de un objeto de estudio que aún hoy ofrece inconmensurables posibilidades de análisis e interpretación. Queda añadir que, metodológicamente, éste es un trabajo exploratorio y descriptivo, pues su objetivo es el presentar la correspondencia y la continuidad de las geografías de la violencia antes, durante y después del Acuerdo de Paz. Lo anterior, con especial énfasis en las FARC-EP y en el ELN, pero extensible a otros grupos armados, y con la intención de hacer evidente cómo estas dos guerrillas han experimentado un proceso constante de “periferialización”de la violencia y de dependencia del negocio cocalero. Así, esto conectaría a su vez con una de las principales hipótesis de un trabajo académico desarrollado ampliamente en los últimos cinco años (Ríos, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

Otros aspectos como el arraigo paramilitar, la minería ilícita y la debilidad institucional, intencionadamente, han sido dejados de lado y aparecen tangencialmente, si bien deben ser necesariamente atendidos en una mirada integral del fenómeno. Por otra parte, la gran mayoría de las cifras y buena parte de los mapas que aquí se presentan fueron facilitados exprofeso por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH) que hasta 2014 estaba adscrito a la vicepresidencia de la República. Este ODHDIH se nutrió durante años de los boletines diarios que reportaban el Departamento Administrativo de Seguridad (1998-2010) y el Comando General de las Fuerzas Militares (2011-2015). En la actualidad se trata de una fuente de altísimo valor para entender la intensidad de la violencia en Colombia, aunque su acceso es restringido y está sometido a derechos de petición no siempre resueltos favorablemente.

Jerónimo Ríos Sierra
Investigador postdoctoral “Atracción de Talento CAM 2018”, Universidad Complutense de Madrid | @Jeronimo_Rios_


1 Este trabajo es resultado del proyecto 2018-T2/SOC-10508, cofinanciado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid.

2 Se agradecen los comentarios enriquecedores que, a la primera revisión, realizó la profesora Sonia Alda Mejías.

]]>
<![CDATA[ Cárteles mexicanos en el mercado europeo de drogas sintéticas: alcances y lecciones desde la pandemia de SARS-CoV2 ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari84-2020-quiros-carteles-mexicanos-mercado-europeo-drogas-sinteticas-alcances-lecciones-pandemia-sars-cov2 2020-06-11T02:46:40Z

La pandemia del COVID-19 podría estar ayudando a los cárteles mexicanos en Europa mediante una “curva de aprendizaje”, ayudándolos a incrementar su eficiencia y peligrosidad.

]]>
Tema

La pandemia del COVID-19 podría estar ayudando a los cárteles mexicanos en Europa mediante una “curva de aprendizaje”, identificando dónde fracasan y por qué, ayudándolos a incrementar su eficiencia y peligrosidad.

Resumen

En los últimos dos años, distintos informes de Europol han venido advirtiendo sobre una mayor presencia de cárteles mexicanos en territorio europeo, muchos de los cuales además de traficar cocaína y heroína son reconocidos por su expertise en la elaboración de anfetaminas, metanfetaminas y fentanilo. A su vez, los mismos informes han puesto énfasis en el papel cada vez más pronunciado que distintos países de Europa están teniendo en la elaboración y distribución de drogas sintéticas. Considerando estos elementos, este análisis intentará refutar la sobrevaloración de la presencia mexicana en Europa en relación a la metanfetamina (no así del tráfico de cocaína) y responder a los siguientes interrogantes: ¿por qué las organizaciones criminales mexicanas han intensificado su presencia en el territorio europeo?; y ¿qué papel podría cumplir el Cártel de Sinaloa en la supuesta emergencia de Europa como el principal abastecedor de drogas sintéticas a nivel mundial? Ante estas posibilidades, no puede quedar al margen la influencia que la actual pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19) está teniendo sobre el mercado ilegal de metanfetaminas y fentanilo en México.

El impacto de la pandemia puede ser decisivo para desvelar los interrogantes planteados. A partir de esta nueva situación se contemplan cuatro hipótesis preliminares: (1) que la actual contingencia podría conducir a los cárteles mexicanos a alternar los precursores químicos y/o las sustancias, tal como vienen haciendo países de la UE; (2) que la dependencia de terceros (bien sea de precursores y/o de materia prima) podría generar estancamiento y perdidas en las economías ilícitas en tiempos de excepcionalidad; (3) que la actual caída del tráfico de drogas sintéticas podría dar lugar al desarrollo de una industria química entre las organizaciones del crimen organizado mexicano; y (4) que la post-pandemia podría impulsar la ruta europea de precursores químicos para abastecer a los cárteles mexicanos, incrementando a su vez la presencia de estos en territorio europeo.

Análisis

¿Por qué la presencia mexicana es todavía residual en el mercado europeo de drogas sintéticas?

Desde 2013 distintos informes de Europol1 han estado advirtiendo sobre la amenaza que los cárteles mexicanos de la droga podrían representar para la seguridad de la UE. Sin ir más lejos, el más reciente EU Drug Markets Report de 2019 –un informe elaborado en base a información de inteligencia y monitorización de la actividad global del tráfico de drogas– afirmó de forma categórica que grupos del crimen organizado que previamente habían estado involucrados de manera marginal en el territorio de la UE –tales como los cárteles mexicanos– habían logrado intensificar su cooperación con otros grupos criminales locales, con el objetivo de orquestar el tráfico de cocaína dentro de la UE.

En esta misma línea, el informe aludió a la creciente expansión del mercado europeo de anfetaminas, éxtasis y metanfetaminas, asociándolo con el preocupante papel que los cárteles mexicanos podrían estar teniendo en la producción de este tipo de drogas. Para ejemplificar ese temor, el informe aludió al desmantelamiento en 2019 de tres grandes narco-laboratorios en Bélgica y los Países Bajos, donde ciudadanos mexicanos habían estado involucrados con grupos criminales locales en la elaboración de metanfetamina cristal. Según Europol, esta asociaciónpodría estar sugiriendo la emergencia de Europa como un abastecedor global de drogas sintéticas y una reorientación de su mercado de consumo hacia los pujantes países asiáticos.

Pero si bien la presencia de metanfetamina mexicana se viene incrementando como mínimo desde 2014, esto no significa que la presencia de narcotraficantes mexicanos operando en el territorio europeo se incremente por igual. Lo que queremos decir con esto es que la vinculación entre narcos mexicanos con bandas europeas dedicadas a la elaboración de drogas sintéticas es bastante residual. Dicho de otra forma, el bajo número de casos de conocimiento público que han confirmado un nexo entre narcos mexicanos en Europa trabajando directamente en el negocio de las metanfetaminas (Bélgica, los Países Bajos y, en mucha menor medida, España) son escasos y en consecuencia impiden cualquier generalización en este sentido. Esto obliga a tomar con cautela las declaraciones hechas por Europol en 2013, cuando sostuvo que los grupos criminales mexicanos ya se habían constituido en “coordinadores” de la producción y distribución de drogas sintéticas en el mercado europeo.

Vinculados principalmente con el tráfico de cocaína que previamente había sido dominado por los colombianos, el ingreso de los cárteles mexicanos a Europa se hizo posible gracias al establecimiento de una serie de alianzas criminales con bandas, pandillas y mafias locales. Esto dio lugar a un variado entramado criminal que le permitió a los diferentes cárteles mexicanos como Sinaloa, Tijuana, Juárez, Los Zetas, Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leyva, abastecer a una amplia geografía europea con tráfico de cocaína y heroína sudamericana. Así, en 2013 Europol ya consideraba a los grupos criminales mexicanos como “coordinadores” del tráfico global de cocaína y de la producción y tráfico de drogas sintéticas para el mercado europeo, asiático y estadounidense. Si bien la penetración territorial dio lugar a una diversificación de actividades (por ejemplo, se reportó que Los Zetas estaban involucrados en el tráfico de personas desde el noreste de Europa hacia México y que distintos grupos criminales mexicanos traficaban armas de fuego desde el sudeste de Europa para armar a organizaciones del crimen organizado centroamericano), lo cierto es que el tráfico de cocaína siguió siendo el principal vehículo para fijar bases territoriales y plazas de distribución en buena parte del continente europeo.

Del puerto inglés de Liverpool a España pasando por Italia, Portugal, los Países Bajos y Bélgica y de allí a varios países de Europa del Este y los Balcanes, los cárteles mexicanos fueron adaptando y cambiando sus rutas al calor de sus necesidades. Actualmente, el Reino Unido es una de las plazas de mayor interés del Cártel de Sinaloa para establecer allí un centro de distribución, tráfico directo y punto de lavado, reduciendo así la triangulación con las pandillas rumanas que han estado sirviendo como  nexo para ubicar la cocaína sudamericana en el mercado británico. Pero este no es el único ejemplo. En febrero de 2020 una inusual incursión del Cártel de Sinaloa con un cargamento de cocaína para ser distribuida en Italia dio lugar a una multiplicidad de especulaciones. Entre ellas, a una posible (pero poco probable hasta el momento) asociación entre los narcos de Sinaloa con la mafia siciliana de la Cosa Nostra. Que Italia ha sido muy importante en la configuración de las redes de narcotráfico a nivel global no es nuevo. De hecho, se encuentra buena evidencia en algunas investigaciones especializadas que sostienen que el puerto italiano de Palermo ha sido clave para que las organizaciones mexicanas y las mafias locales de la Cosa Nostra, la Camorra y la ‘Ndrangheta movieran las embarcaciones de droga a través del Atlántico. Otra literatura menos difundida, pero bastante informada, apunta al Cártel de Sinaloa, el del Golfo y el de Los Zetas como socios de la ‘Ndrangheta, en la Cuenca del Caribe, para consolidar esta ruta marítima y unirla con el puerto italiano de Gioia Tauro en Reggio Calabria. En 2009 el poderoso Cártel del Golfo utilizaba la ciudad norteamericana de Dallas, en el estado de Texas, como nodo intermedio para canalizar la cocaína en manos de la ‘Ndrangheta. Un año después, en 2010, distintas fuentes cubrían un supuesto pacto criminal entre esta última con Los Zetas para distribuir la droga desde Italia al resto de Europa.

En Portugal, la “Operación Octopus”, de 2007, sacó a la luz los tentáculos de los cárteles mexicanos en Europa, evidenciando cómo el Cártel de Sinaloa había establecido una base de transbordo de cocaína en la ciudad lusitana de Oporto para distribuir la droga en Europa del Norte y Central y entre traficantes rusos, portugueses y brasileños.

Como bien mencionamos anteriormente, si bien la ruta de la cocaína ha sido –y continúa siendo– la principal puerta de entrada de los cárteles mexicanos a Europa, lo cierto es que de 2014 a esta parte la ruta de las drogas sintéticas comenzó a trazar una curva en alza. En los primeros meses de 2020 España fue noticia por incautar el mayor envío de metanfetamina (750 kg) en bloques de mármol. En 2019 diarios mexicanos se hacían eco del incremento de tráfico de metanfetamina mexicana a Europa y Asia y en 2014 otra incautación récord en España llevó a la pista mexicana. Estos y otros casos podrían confirmar que, más que la presencia física de los cárteles mexicanos operando en territorio europeo, lo que estamos presenciando es un aumento importante en el tráfico de metanfetamina mexicana directamente desde México hacia Europa.

En esta línea, será útil seguir la investigación que la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica (RFAI) está llevando adelante desde hace algunos meses y que podría echar más luz sobre nuestra presunción de la presencia residual (al menos hasta ahora) que están teniendo los mexicanos en el mercado europeo de metanfetaminas y otras drogas sintéticas. De acuerdo con RFAI, hay indicios sobre casos en los que se envía droga sintética desde distintos países de la UE hacia América Latina a cambio de cocaína sudamericana. Esto es lo que la investigación sostiene como un intercambio de drogas entre narcos europeos y latinoamericanos, los cuales no se estarían llevando a cabo con los cárteles mexicanos, sino con bandas sudamericanas. De aquí emergen varios interrogantes: ¿por qué si los carteles mexicanos dominan buena parte de las tierras colombianas cultivadas con coca, son los grupos criminales de América del Sur (brasileños, colombianos, etc.) los que estarían detrás de los nexos con los europeos, según la investigación? ¿Están las bandas sudamericanas (específicamente las colombianas) retomando su lugar en el transporte de cocaína a Europa en detrimento de los mexicanos? ¿Hay narcos mexicanos en esas operaciones de intercambio desde Europa a América Latina? ¿Cómo es de grande el mercado de metanfetaminas latinoamericano para que la droga europea sea necesaria para abastecerlo?

¿Qué papel podría ejercer el Cártel de Sinaloa en el mercado europeo de drogas sintéticas?

Hubo un tiempo en que los cárteles mexicanos y los colombianos se repartieron el narcotráfico global entre dos grandes polos. Mientras los actores criminales mexicanos fueron amos y señores de buena parte del demandante mercado estadounidense, los narcotraficantes colombianos dominaban las redes de tráfico de cocaína hacia Europa, el nuevo “El Dorado” al que cualquier organización dedicada al narcotráfico aspiraba a llegar por la pujanza de su mercado y su posición geoestratégica. Sin embargo, el declive de las organizaciones colombianas derivó en una reconfiguración de las redes globales de la droga que posicionó a los cárteles mexicanos en el lugar donde previamente habían reinado los colombianos, convirtiéndolos en los principales coordinadores del tráfico de droga sudamericana del mundo.

A pesar de ello, la penetración territorial de los cárteles mexicanos en Europa no sólo fue gradual, sino que también se caracterizó por ser bastante heterogénea. Mientras algunas organizaciones como Los Zetas y el Cártel del Golfo alcanzaron una base física de forma mucho más temprana, el poderoso Cártel de Sinaloa no sólo tuvo hasta hace poco una presencia marginal –representada por algunos miembros del cártel trabajando en operaciones de narcotráfico de metanfetaminas y/o cocaína– o incluso testimonial –confirmada a través de incautaciones de droga que certificaban el origen del emisor–, sino también tardía. La respuesta a la pregunta de por qué el cártel más poderoso de México y de América Latina ha retrasado su proceso de internacionalización podría encontrarse, entre otros factores, en su priorización del mercado estadounidense. En este sentido, la cooptación del Cártel de Sinaloa de la plaza norteamericana dejó a otros competidores (cárteles) mexicanos sin muchas posibilidades para disputar el mercado. Esto obligó a los “excluidos” a buscar alternativas, encontrando en Europa una buena opción.

El posterior declive de algunas organizaciones criminales mexicanas rivales jugó un papel clave en la internacionalización del Cártel de Sinaloa en años recientes.2 Como consecuencia, los vínculos transnacionales de la organización para abastecer con cocaína las plazas europeas comenzaron a expandirse acompañadas de una incipiente diversificación, si bien esporádica y muy aislada hacia el tráfico de metanfetaminas. De acuerdo con el más reciente Reporte Mundial de Drogas, de 2019, de la ONU, el auge de las drogas sintéticas llevó a los cárteles mexicanos en general y al de Sinaloa en particular a multiplicar los laboratorios clandestinos en territorio mexicano destinados a la elaboración de metanfetaminas y fentanilo y a exportar pequeñas cantidades a subregiones de América del Sur, Asia Oriental, el Sudeste Asiático y la UE.

Ahora bien, ¿qué papel podría jugar el Cartel de Sinaloa en la emergencia de Europa como un productor y distribuidor global de drogas sintéticas?, ¿está exportando un know-how hacia Europa? ¿Hay más migración criminal desde México hacia Europa?

Cierta evidencia sugiere que el involucramiento de mexicanos de Sinaloa en locaciones europeas destinadas a la elaboración de metanfetamina podría ser un claro indicio de que los cárteles han comenzado a producir la droga in situ, posiblemente para la comercialización en el mercado local. De ahí que algunas fuentes suelan aludir –sin mucha precisión– al nexo “mexicano-neerlandés”, para explicar una supuesta transmisión de know-how en la producción y distribución de metanfetaminas de parte de los cárteles mexicanos a los grupos criminales holandeses. Si bien no podemos descartar ni comprobar la existencia de una colusión entre ambas estructuras del crimen organizado transnacional, lo que podría estar resultando más plausible es una posible exportación del know-how mexicano de metanfetamina cristal, una variante mucho más potente que hasta el momento sólo los cárteles mexicanos han logrado fabricar y que está teniendo récords de ventas en EEUU, país diezmado por la epidemia de opiáceos. En este sentido, la vinculación con los Países Bajos podría estar asociada con haberse convertido en los últimos años en un sitio seguro para ingresar y/o trabajar la metanfetamina mexicana que luego será distribuida por el resto de Europa y traficada hacia los mercados de Asia y Oceanía.

Así, en relación al incremento de la presencia mexicana en Europa, nuestro relevamiento de información efectuado sobre datos del Observatorio Europeo de Drogas, fuentes periodísticas y la AIRCOP,3 nos hace concluir que la misma estaría más relacionada con un aumento del tráfico de metanfetamina desde México hacia Europa que con la migración criminal mexicana per se a los centros de producción europeos de drogas sintéticas. En este sentido, la concentración de unos pocos casos aislados en Bélgica, los Países Bajos y, en menor medida España, de miembros de cárteles mexicanos trabajando en la elaboración in situ de metanfetaminas, estaría desestimando a priori la hipótesis de que los narcos mexicanos están detrás de la gestión de los laboratorios de drogas sintéticas en Europa, tal cual se desprende del Reporte Mundial de Drogas de 2019. Esto quiere decir que unos pocos casos aislados (al menos, casos públicos) no pueden llevar a realizar una generalización. No obstante, el creciente tráfico de metanfetamina mexicana podría derivar en un tiempo próximo a una mayor migración criminal desde México hacia Europa y viceversa.

Crimen organizado y pandemia: ¿cómo afecta el SARS-CoV2 a los mercados de metanfetaminas?; hipótesis preliminares

En las últimas semanas se ha estado debatiendo mucho sobre los efectos que la pandemia de SARS-CoV2 está teniendo o podría tener sobre el crimen organizado en todas sus variadas formas. En la mayoría de esos debates, la idea de adaptabilidad de las organizaciones criminales y de una parte de las actividades ilícitas originadas por ellas se repite de manera constante. En el caso mexicano, por su idiosincrasia y grado de heterogeneidad, discernir un diagnóstico suele convertirse en una tarea difícil. Sin embargo, en este apartado intentaremos esbozar algunas hipótesis preliminares.

¿Cómo reaccionó la violencia urbana y el crimen organizado a la pandemia en México? Hasta el momento no tenemos ideas acabadas, sólo una sucesión de acontecimientos que deben ser tomados con cautela por el ambiente cambiante que estamos analizando.4 En principio, sabemos que la pandemia de SARS-CoV2 está afectando de manera diferente a la violencia y al crimen organizado en América Latina. En el caso de México, la aplicación de una cuarentena tardía y un toque de queda parcial no pareció hasta el momento frenar la tasa de homicidios violentos que alcanzó en el mes de marzo un nuevo récord, con 2.585 muertes, y tampoco estaría reduciendo las disputas entre los cárteles por el control territorial, especialmente en el estado de Guanajuato. Como en el resto de la región, la violencia en México podría agravarse aún más como consecuencia del coronavirus y los factores desencadenantes son múltiples. El grado de penetración estatal e impunidad del narco en las instituciones del país y el papel de las Fuerzas Armadas en el control de la calle durante la pandemia podrían incrementar la violencia criminal. En este sentido, hay una importante literatura que aborda cómo la violencia del crimen organizado tiende a subir cuando hay más políticas de “mano dura” implementadas. Es una demostración de fuerza, pero también de poder por parte de las organizaciones criminales.

Otra de las consecuencias que está trayendo aparejada la pandemia del COVID-19 apunta directamente a las economías ilegales. Si bien no representa la totalidad de sus ganancias, la baja de la demanda, la interrupción del tráfico de metanfetaminas y fentanilo a causa del cierre de fronteras y la consecuente paralización de envíos de precursores químicos desde la ciudad china de Wuhan para producirlas afectó gravemente la economía de algunos cárteles, como por ejemplo el de Sinaloa.

En los últimos años, la especialización del Cártel de Sinaloa en drogas sintéticas –con preponderancia del fentanilo y la metanfetamina por sus bajos costes de producción comparados con los de la heroína– obligó a la organización a importar precursores químicos desde China, donde a pesar de las presiones de EEUU para prohibirlos definitivamente, su venta sigue siendo legal en China. Sin embargo, la irrupción del SARS-CoV2 impuso un cierre total que paralizó las exportaciones, obligando a duplicar el precio de los stocks de reserva de metanfetaminas circulante de forma estrepitosa. Sumado a esto, la imposibilidad de mover a través de las fronteras la hoja de coca desde los países productores andinos hacia México complicó aún más la economía del cártel, volviendo más factible la violencia narco. ¿Cómo podría responder el Cártel de Sinaloa frente a este escenario? ¿Qué lecciones les está dando la pandemia de coronavirus a los actores criminales? Considerando estos y otros interrogantes, hemos elaborado cuatro hipótesis preliminares y tentativas. En este sentido, partimos de que la adaptación post-pandemia del Cártel de Sinaloa podría albergar algunas de estas opciones:

  1. La actual contingencia podría conducir a los cárteles mexicanos a alternar los precursores químicos y/o a las sustancias, tal como vienen haciendo países de la UE. De acuerdo con estimaciones del European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDD) sobre el desarrollo de precursores químicos en el bloque europeo,5 los productores de drogas sintéticas ilícitas han estado introduciendo químicos alternativos –normalmente importados y que no están contemplados en las regulaciones– para luego transformarlos en precursores químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas. La utilidad de esto es doble: por un lado, el abaratamiento de los costes, dado que son químicos no controlados, y en segundo lugar el bajo riesgo de interdicción o penalidad por su comercialización. Los cárteles mexicanos podrían “aprender” de ello y convertir sus propios químicos.
  2.  Que la dependencia de terceros (bien sea de precursores y/o de materia prima) podría generar estancamiento en tiempos de excepcionalidad. Desde hace algún tiempo se viene sosteniendo que la orientación hacia las drogas sintéticas podría estar relacionada con la búsqueda de independencia de la cocaína sudamericana. Si bien es difícil que el Cártel de Sinaloa se decante sólo por las metanfetaminas, la menor dependencia es un factor clave.
  3.  Que la actual caída del tráfico de drogas sintéticas podría dar lugar al desarrollo de una industria química entre las organizaciones del crimen organizado mexicano. Si bien hay algunas voces que mencionan una ya incipiente industria de precursores, lo cierto es que la actual contingencia podría impulsar aún más la necesidad de introducir grupos de expertos para la estructuración de una industria más compleja.
  4. Que la post-pandemia podría impulsar la ruta europea de precursores químicos para abastecer a los cárteles mexicanos, incrementando a su vez la presencia de estos en territorio europeo. ¿Podría el Cártel de Sinaloa establecer más puentes con los Países Bajos, la Republica Checa y Alemania para obtener precursores químicos? A pesar de que los costes difieren, seria plausible que el narco de Sinaloa incremente su presencia en estos países para volver más eficaz su industria de drogas sintéticas en México.

Conclusiones

La post-pandemia: ¿vuelven mejores?

Hemos analizado cómo el crecimiento y la expansión del mercado europeo de drogas sintéticas es ya un hecho comprobado, pero hemos sostenido que a pesar del incremento de la presencia del narcotráfico mexicano en algunos países de la UE su papel en la emergencia de Europa como abastecedor global de este tipo de drogas es todavía residual, aunque se estima que podría crecer en los años por venir. A su vez, hemos hecho referencia a cómo la pandemia está perjudicando la economía del Cártel de Sinaloa aludiendo a cuatro hipótesis tentativas sobre las posibles consecuencias post-pandemia en la organización.

Finalizando este análisis, sería útil remarcar que la actual pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19) no debería ser analizada sólo a través de las ventajas y desventajas que podría dar al crimen organizado en relación a su capacidad o no de adaptarse al medio. Lo que este documento propone es analizar los efectos de la pandemia a partir de cómo la misma hace visible las falencias que afrontan los actores criminales y explorar cuál será el camino que estos grupos podrían tomar para subsanar sus fallas en la era post-pandemia. Lo que sostenemos, entonces, es que la pandemia podría estar ayudando a los grupos criminales a saber cuáles son sus fallas, dónde fracasaron y por qué, generando una suerte de “curva de aprendizaje”. El peligro que viene es que una vez que sepan dónde fracasaron, exploren y adopten mejoras que, en definitiva, tenderán a incrementar su eficiencia y su peligrosidad en términos de seguridad estatal.

Ludmila Quirós
Investigadora, Centro de Estudios sobre el Crimen Organizado Transnacional de la Universidad Nacional de La Plata | @ludmilaaq


1 Diferentes informes de agencias especializadas de la UE vienen desde 2013 a esta parte haciendo alusión a la mayor presencia del narcotráfico en territorio europeo. Europol en 2013 emitió un comunicado de prensa donde afirmaba que los poderosos sindicatos de la droga mexicanos estaban intentando hacer sus negocios en Europa. El último EU Drug Markets Report, de 2019, afirmó que los mexicanos utilizan Europa como puente hacia África y Oceanía para enviar drogas sintéticas. También aludió a la creciente presencia física de mexicanos en países europeos. Para mayor información, se recomienda leer el informe completo en EU Drug Markets Report.

2 Véase P. Cardoso (2019), “The Cartel’s colour”, Small Wars Journal, 9/VI/2019.

3 Se ha hecho un relevamiento de información desde periódicos europeos desde 2018 a la fecha. También se ha consultado el Observatorio de Drogas Europeo y el AIRCOP-UNDOC.

4 La pandemia está obligando a ser cautelosos a la hora de hacer estimaciones sobre las consecuencias que puede tener sobre el crimen organizado y/o la violencia criminal en América Latina. Un ejemplo reciente vale para ejemplificar. En El Salvador, hasta hace dos semanas se creía que las políticas del presidente Bukele sobre seguridad y re-territorialización de espacios cooptados por las Maras, sumado a las medidas de distanciamiento social y cuarentena, habían reducido los homicidios en el país. Sin embargo, el reciente rebrote de muertes intencionadas emitidos por el Ministerio de Seguridad de aquel país está refutando la relación entre pandemia y reducción de la violencia.

5 Para mayor información, consúltese la página de European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

]]>
<![CDATA[ Efectos del COVID-19 frente al incremento de los delitos en el caribe mexicano ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari77-2020-barrachina-efectos-del-covid-19-frente-incremento-delitos-en-caribe-mexicano 2020-05-26T11:39:39Z

La pandemia del COVID-19 y sus efectos se presentan como un nuevo factor a considerar en la ecuación de la inseguridad en el caribe mexicano.

]]>
Tema

En el caribe mexicano se encuentran importantes centros turísticos internacionales y diferentes grupos del crimen organizado se están disputando las plazas, generando una violencia sin precedentes. La pandemia del COVID-19 y sus efectos se presentan como un nuevo factor a considerar en la ecuación de la inseguridad local.

Resumen

La seguridad en el estado mexicano de Quintana Roo se ha ido deteriorando en los últimos años. Las autoridades del estado caribeño han tratado de maquillar la información relacionada con el número de homicidios, para que ello no afecte la imagen de los diversos destinos turísticos y repercuta tanto en las inversiones como en el flujo del turismo internacional. Diferentes grupos del crimen organizado se disputan el control de las plazas turísticas y la ruta de tránsito de las drogas y mercancías que atraviesan Quintana Roo hacia el resto de México. El gobierno estatal no ha invertido de forma adecuada en una policía profesional, como tampoco ha tenido una estrategia consistente; por ello no ha podido responder al reto que le plantean los diferentes grupos del crimen organizado. La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 generará desempleo, aumentará la inseguridad y no detendrá al crimen organizado, que va a seguir operando en un campo abonado ante la situación de crisis generada por la pandemia.

Análisis

En el estado de Quintana Roo, que es el único estado mexicano que colinda con el mar Caribe, y en el que se encuentran los destinos turísticos de Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Holbox, Mahahual y Bacalar, se ha experimentado en los últimos años un fuerte incremento en el número de homicidios, así como de otro tipo de actividades delictivas relacionadas en buena medida con el crimen organizado. En el año 2016 murieron 278 personas de forma violenta, en 2017 497, en 2018 872 y en 2019 1.504.1

¿Va a tener la pandemia del COVID-19 algún efecto en esta dinámica? Hasta el momento, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que miden desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2020, indican una continuidad ligeramente al alza respecto al año 2019. El año pasado en estos tres primeros meses se contabilizaron 381 homicidios y en 2020 397.2 Esta dinámica es consecuente con la nacional. En 2019 entre los meses de enero y marzo se contabilizaron en México 11.064 homicidios, y en 2020 10.962.3 Con base en el recuento diario del gobierno federal, el día más violento del año hasta el momento ha sido el domingo 19 de abril, a pesar de que México se encuentra en pleno proceso de combate a la pandemia. Según analistas como Alejandro Hope y Pablo Hiriart, el crimen organizado va a intensificar sus operaciones durante el período que dure la epidemia y la evolución de los homicidios probablemente continúe al alza.

La manipulación y el maquillaje de información es algo muy frecuente en diversos giros de la administración pública mexicana. En el caso de los homicidios se puede observar una deficiencia clara en la información presentada por nueve entidades federativas: en un grado más severo, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Guanajuato; y, en uno más discreto, Michoacán y Guerrero. Esta circunstancia, derivada bien de la manipulación política, bien de la falta de capacitación de las fiscalías, hace que para establecer una comparación acertada del número real de homicidios en el país se tenga que recurrir a una cifra aproximada al número total de homicidios por cada entidad y no a la que habitualmente se toma en cuenta, que es la de homicidios dolosos.4

El caribe mexicano se ha convertido en uno de los territorios más violentos de México. Si se consideran los homicidios en general como un elemento de comparación entre las entidades federativas mexicanas, midiendo en tasas por 100.000 habitantes, en 2019 Colima fue el estado más violento del país, seguido muy de cerca por Quintana Roo y después por Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Morelos y Guerrero.

En el caso de las ciudades mejor conocidas de México, las tasas más elevadas de homicidios se sitúan en este orden: Tulum y Playa del Carmen (Quintana Roo), Salamanca y Silao (Guanajuato), Ciudad Obregón (Sonora), Tijuana (Baja California), Cancún (Quintana Roo), Irapuato (Guanajuato), Ciudad Juárez (Chihuahua), Acapulco (Guerrero), Celaya (Guanajuato), Culiacán (Sinaloa), Reynosa y Ciudad Victoria (Tamaulipas), y León (Guanajuato).

Figura 1. Homicidios en entidades federativas y municipios con altas tasas por 100.000 habitantes, 2019
Figura 1. Homicidios en entidades federativas y municipios con altas tasas por 100.000 habitantes, 2019
Mapa elaborado por Claudia Elena Arias Aguilar. En el mapa se identifican las delimitaciones territoriales estatales y los municipios mexicanos que se seleccionan por sus altas tasas de violencia. El número indica el orden de mayor a menor de los municipios en relación a la tasa por 100.000 habitantes. Los colores de las entidades federativas reflejan el grado de violencia de los mismos: “bajo/moderado”, “alto” o “muy alto”. Se destaca el estado de Quintana Roo y la localización del mar Caribe por ser el objeto de este trabajo.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de incidencia delictiva del SESNSP.

La estrategia de seguridad en el caribe mexicano

México ha iniciado una nueva espiral de violencia que tiene que ver con la guerra de los diferentes grupos del crimen organizado por las plazas y por las rutas de tránsito de las drogas. Quintana Roo es una zona importante de consumo, especialmente por los polos turísticos, pero también forma parte de la ruta tradicional del tránsito de las drogas hacia EEUU. Con la irrupción en el estado de nuevos grupos del crimen organizado a partir de 2016 se abrió una lucha entre ellos, con el consiguiente aumento en el número de homicidios.

Para los destinos turísticos, la imagen y la seguridad son elementos básicos tanto para atraer inversión como para asegurar la llegada de visitantes extranjeros y nacionales. La reacción ante el incremento de la violencia de la administración del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González (2016-2022), ha sido la de restar importancia mediática al fenómeno e implantar diferentes estrategias de gestión de la seguridad.

Se ha intentado de todo, y nada ha dado resultado: que la dirección de la policía estatal estuviera encargada a policías de carrera, a militares o a un político con experiencia en seguridad pública, como es el actual secretario Jesús Alberto Capella Ibarra; se pidió auxilio a la policía militar primero y a la guardia nacional, después; se implantó la estrategia de unificar las policías municipales bajo un mando único; y se aumentó la capacidad tecnológica a través de una costosa inversión en cámaras de videovigilancia.

Tanto la policía del estado como las corporaciones municipales presentan serias deficiencias de profesionalidad e infraestructura, a pesar de haberse invertido una gran cantidad de recursos en las mismas. Ello, sumado a la inexistencia de una estrategia clara, que se refleja en la implantación en muy poco tiempo de las diferentes líneas de gestión señaladas, ha llevado a una falta de respuesta eficiente.

El mando único policial impulsado en 2019 ha fracasado por diferentes razones, estando entre las más importantes: el grado de penetración del crimen organizado; el lamentable estado de profesionalidad y de condiciones para trabajar de las policías; y el estilo de liderazgo del secretario de seguridad pública.5

Quintana Roo tiene 11 municipios. En lo que se considera el norte del estado se encuentra el principal corredor turístico, integrado por Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad (Playa del Carmen), Cozumel y Tulum. En el centro se localiza el área rural de origen maya que se conforma por los municipios de Lázaro Cárdenas –en donde está la isla de Holbox–, Carrillo Puerto y José María Morelos. En el sur se ubican Bacalar y Othón P. Blanco (OPB), con su cabecera municipal, que es también la capital política del estado, la ciudad de Chetumal. En OPB está el puerto de cruceros y la playa de Mahahual. El sur tiene frontera con Belice y Guatemala y es una importante ruta de acceso del crimen organizado hacia México tanto por vía terrestre como aérea y marítima.

Como se aprecia en la Figura 2, el 86,5% de los homicidios en 2019 y el 87.6% en 2018 tuvieron lugar en municipios del norte del estado, especialmente en Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, que es en dónde se concentra, por otra parte, el mayor número de población, tanto permanente como flotante.

Figura 2. Total de homicidios en Quintana Roo por municipios, 2016-2019
Figura 2. Total de homicidios en Quintana Roo por municipios, 2016-2019
Tabla y gráfico elaborados por Claudia Elena Arias Aguilar.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de incidencia delictiva del SESNSP.

Lo mismo sucede con otro tipo de delitos que también se cometen, especialmente en el norte del estado, y que al igual que los homicidios se han incrementado en los últimos años. Destacan el número de carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Estatal de Justicia para investigar lesiones dolosas, denuncias por delitos de violencia familiar o sexual y delitos que atentan en contra del patrimonio, que en muchas ocasiones también se relacionan con el crimen organizado.

Se puede notar en detalle en la Figura 3 la evolución de los delitos de diferentes tipos de robo en el municipio de Benito Juárez-Cancún. La estadística de lesionados dolosos, de violencia familiar o sexual y de robos no es tan determinante en la afectación de la imagen de un destino turístico. Sin embargo, en un país en el que se denuncia poco, porque no se confía en las autoridades, su aumento muestra una fotografía complementaria de la evolución del delito. No se aprecia en este caso ni la intención de maquillar la información, ni la falta de pericia de los agentes de la fiscalía, en identificar el tipo de delitos que se están integrando tras la denuncia ciudadana, lo que ayuda a corroborar que las cifras de homicidios dolosos y culposos que presentan las autoridades se encuentran alteradas a propósito.

Figura 3. Delitos relacionados con el patrimonio en Benito Juárez-Cancún, 2015-2019
Figura 3. Delitos relacionados con el patrimonio en Benito Juárez-Cancún, 2015-2019
Tabla y gráfico elaborados por Claudia Elena Arias Aguilar.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de incidencia delictiva del SESNSP.

El COVID-19 y la inseguridad en Quintana Roo

Quintana Roo es una de las entidades federativas que en la etapa inicial de la pandemia tiene una de las afectaciones per cápita más grande de México, tanto en contagiados como en fallecidos. Con una economía eminentemente turística, la casi totalidad de los hoteles y de los negocios relacionados con el sector de restauración han tenido que cerrar y sus trabajadores han sido despedidos. Esto ha generado desempleo y un proceso de retorno a las comunidades de origen de muchos de ellos, así como miedo en el interior de los lugares de origen por el desconocimiento sobre si estos trabajadores retornados están o no infectados por el virus.

Es también uno de los estados en los que se han tomado medidas más severas y autoritarias en relación con la población. Se han establecido filtros de entrada y salida en las ciudades para permitir o impedir que sólo accedan los que demuestren su residencia en las localidades. Se ha decretado toque de queda y prohibido que circulen automóviles matriculados en otros estados. En algunos casos se ha limitado la venta de alcohol, se han cerrado calles y negocios para impedir la actividad comercial y no se ha informado de forma adecuada sobre las condiciones de un sistema hospitalario muy débil.

El líder del senado, Ricardo Monreal, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, han alertado y desaconsejado sobre la tentación de muchos gobernadores y presidentes municipales, de aplicar medidas que restrinjan arbitrariamente las libertades individuales de una forma caprichosa, autoritaria e innecesaria. Sin embargo, así están actuando muchos gobernadores que no pertenecen al partido del presidente del gobierno federal, como es el caso de Quintana Roo.

La falta de trabajo y de ingresos para la alimentación básica en México dificulta el que la gente se quede en su casa y el aislamiento social. En condiciones de mucho calor y humedad esto se torna aún más complicado. Sin embargo, la presión que está impulsando el gobierno, el miedo y el colapso del sistema hospitalario van a lograr que un gran porcentaje de la población se quede en su casa durante un tiempo indeterminado. La tensión social en este contexto es probable que agudice los problemas que ya existen de violencia familiar y sexual, así como los robos y la violencia en las diferentes comunidades de Quintana Roo.

Pablo Hiriart, columnista de El Financiero, señaló el 22 de abril que , ante una situación de desempleo, quiebra de la economía y falta de estrategia gubernamental, sería muy atractivo a muchas personas enrolarse en las filas del crimen organizado. Además, en muchas zonas del país los líderes de las organizaciones criminales han tenido más reflejos que el Estado y han repartido despensas y desarrollado activismo social. Coincide Alejandro Hope , columnista de El Universal, en el mismo día, al afirmar que los homicidios y el crimen organizado no se van a detener en México por la pandemia. Por una parte, señala, las medidas de confinamiento son poco estrictas y múltiples sectores no esenciales siguen funcionando; por otra, en México el homicidio se ensaña en personas jóvenes, pobres y con bajo nivel de instrucción formal y éstos no pueden teletrabajar y tienen que salir a la calle a ganarse el sustento. En su opinión esta situación, unida a la impunidad, provocará que la inseguridad se incremente en un contexto de una terrible crisis económica.

El presidente Donald Trump afirmó a finales de marzo que tenía informes de inteligencia que señalaban que la actividad del crimen organizado no sólo no se iba a detener, sino que se iba a incrementar en los próximos meses. Por esa razón redobló los esfuerzos militares en el Caribe, y amenazó a Nicolás Maduro con la detención por tener relaciones con grupos de narcotráfico.

Los diferentes grupos del crimen organizado no van a cesar en sus actividades. Se van a encontrar con un Estado desbordado y débil, tratando de sobrellevar la situación con medidas autoritarias, y a muchos ciudadanos desempleados, con necesidad de proveer recursos y alimentos para llevar a sus hogares. La corrupción y mal gobierno que se han cebado en los últimos años, especialmente en los sectores de seguridad y salud en México en general, y en Quintana Roo en particular, van a allanar el terreno a la informalidad y la inseguridad, generando el caldo de cultivo ideal para el fortalecimiento del crimen organizado.

Conclusiones

La pandemia del COVID-19 va a debilitar al Estado y va a facilitar que el crimen organizado opere con mayor libertad de acción. El caribe mexicano es un polo turístico muy importante y por ello es un gran mercado de distribución para los grupos del narcotráfico que se disputan las diferentes plazas. En ese sentido, la profunda crisis en la que va a entrar el sector turístico en los próximos meses va a afectar también el negocio de los narcotraficantes. Sin embargo, Quintana Roo también es una ruta muy importante de tránsito de drogas y otras mercancías hacia EEUU. Esta actividad va a seguir haciendo atractivo para el crimen organizado el control de sus territorios. La debilidad del Estado dejará un vacío de poder y presencia que será asumida por estos actores criminales.

La falta de trabajo y de recursos económicos va a generar inestabilidad en los próximos meses. El vandalismo que se presentó en Cancún, tras el huracán Wilma en 2005, cuando se asaltaron un buen número de centros comerciales, no invita a ser optimista sobre cuál será la reacción de la población más vulnerable en esta crisis.

Carlos Barrachina Lisón
Universidad Anáhuac-México


1 En México en la estadística de los homicidios se incluyen los que perdieron la vida en accidentes de tráfico: 95 en 2016, 134 en 2017, 139 en 2018 y 177 en 2019, 177. Es importante mencionar este número para tener una visión más precisa de la violencia homicida en el país.

2 En 2019, 56 fallecieron en accidentes de tráfico y 49 en el actual

3 En 2019, 2.809 fallecieron en accidentes de tráfico y en 2020, 2.848.

4 Sobre la manipulación de los datos de homicidios en Quintana Roo, el autor ha publicado diferentes artículos en el periódico regional Por Esto!: “¿A qué le tiene miedo Capella?, 22/II/2019; “¿Por qué hay simulación política en la seguridad pública?”, 13/III/2019; “El mando policial y los pactos políticos en Quintana Roo?, 8/V/2019; y “La manipulación de los datos de homicidios en Quintana Roo”, 17/II/2020. Fusión Q Revista publicó “La violencia homicida” el 9/III/2019.

5 Éste de forma sistemática ha amenazado y ha faltado al respeto a los integrantes de las corporaciones, y ha abusado de los focos mediáticos.

]]>
<![CDATA[ El exitoso descenso de los homicidios en Honduras y el alcance de sus efectos en términos de seguridad ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt10-alda-exitoso-descenso-homicidios-en-honduras-alcance-de-efectos-en-seguridad 2020-05-22T06:07:14Z

¿Cómo se ha logrado el descenso del 50% de los homicidios en Honduras? ¿En qué aspectos de la realidad se ha incidido para lograr estos resultados? ¿Puede convertirse en un modelo de referencia para Centroamérica, considerada la región más violenta del mundo?

]]>
Resumen

Ante el espectacular descenso del 50% de los homicidios experimentado por Honduras, hasta no hace mucho el país más violento del mundo, este documento se pregunta: ¿cómo se han logrado cifras tan positivas?; ¿en qué aspectos de la realidad se ha incidido para lograr estos resultados?; y ¿puede convertirse en un modelo de referencia para el resto de la región, considerada la más violenta del mundo?

Mediante estas preguntas se trata de plantear si se ha atacado únicamente el síntoma, expresado en los altos niveles de violencia, o también se ha incidido en las causas que generan esta situación de extrema violencia, donde el crimen organizado ha acumulado importantes cuotas de poder. Para analizar este aspecto se prestará particular atención a la fortaleza o debilidad del Estado de derecho, pues se contempla, como punto de partida, como un instrumento trascendental para proporcionar seguridad.

El examen de las políticas aplicadas permitirá comprobar hasta qué punto sus resultados son sostenibles y qué dimensión tiene realmente los positivos cambios alcanzados.

Índice

Resumen – 2
Introducción – 3
Descenso espectacular de la tasa de homicidios – 3
Análisis de posibles indicadores que expliquen el descenso de los homicidios – 4
Evolución de los indicadores del buen gobierno del Banco Mundial – 6
El imperio de la ley – 6
Índice de control de la corrupción – 7
Efectividad gubernamental – 8
Calidad regulatoria – 8
Voz y rendición de cuentas – 9
Otros indicadores de diferente naturaleza, bajo una visión multidimensional – 10
El índice de calidad democrática – 10
Evolución del Índice de Desarrollo Humano (IDH) – 11
Políticas y medidas de seguridad gubernamentales – 12
Claves de la política de seguridad – 13
Conclusión ¿resultados sostenibles? – 17
Referencias bibliográficas – 18

Introducción1

Honduras es un país olvidado e invisible. Sus menciones se reducen a pobreza, desigualdad e inestabilidad política. Su ubicación en los índices latinoamericanos e internacionales se encuentra invariablemente en los últimos puestos. También en los índices de homicidios, ya que ha llegado a ser el país más violento del mundo, en 2011 y 2012. De hecho, mientras que Honduras, por las características mencionadas, no figura como actor internacional en los mapas convencionales de las relaciones internacionales, sin embargo, es un punto neurálgico y trascendental en los mapas de las rutas de las organizaciones del crimen organizado transnacional, como lugar de paso, para transportar mercancías ilegales con dirección a EEUU, como la cocaína. A esta violencia se agrega la de las maras o bandas juveniles a las que la línea de separación con el crimen organizado es en ocasiones muy difusa.

En esta ocasión, la mención del país es por un motivo diferente. Se trata de poner de manifiesto el llamativo y espectacular descenso, al 50%, de los índices de homicidios en los últimos años. Después de ser el más violento, en este momento no hay un país en el mundo que haya logrado reducir la tasa de homicidios como lo ha hecho Honduras. Su evolución ha sido muy positiva mientras que en el resto de la región latinoamericana, a excepción de sus vecinos del Triángulo Norte, los homicidios han seguido creciendo.

Sin embargo, no es suficiente con dejar constancia de este hecho. Las preguntas obligadas son: ¿cómo se han logrado cifras tan positivas?; ¿en qué aspectos de la realidad se ha incidido para lograr estos resultados?; y ¿puede convertirse en un modelo de referencia para el resto de la región?

Mediante estas preguntas se trata de plantear si se ha atacado únicamente el síntoma, expresado en los altos niveles de homicidios, o también se ha incidido en las causas que generan esta situación de extrema violencia. Para analizar este aspecto se prestará particular atención al fortalecimiento que se haya logrado, o no, del Estado de derecho, pues es un instrumento trascendental para proporcionar seguridad. Esto nos permitirá comprobar hasta qué punto los resultados de la política aplicada son sostenibles y qué dimensión tiene realmente los positivos cambios alcanzados.

Descenso espectacular de la tasa de homicidios

En efecto, Honduras logró cerrar el año 2017 con una tasa de 42,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que implica un descenso del 17% con relación a 2016. Si bien los índices de violencia en el país siguen siendo altos, la cifra de homicidios bajó de 5.150 en 2016 a 3.866 en 2017. Los datos resultan aún más esclarecedores cuando se observa la evolución cronológica de la mencionada tasa de homicidios desde el año 2012 (Figura 1).

En ese año, el país había despuntado en el escenario mundial como el país más violento del mundo, con una tasa de criminalidad de 85,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año anterior, en 2011, la tasa era incluso un punto mayor, alcanzando los 86,5.

Figura 1. Honduras: tasa de homicidios, 2006-2017 (por cada 100.000 habitantes)
Figura 1. Honduras: tasa de homicidios, 2006-2017 (por cada 100.000 habitantes)

Desde 2012 la tasa ha mostrado una tendencia descendente continuada y paulatina, de tal manera que Honduras ha logrado hoy reducir su índice de violencia en un 52%. Esto no significa que el problema este resuelto. Naciones Unidas considera que 20 homicidios por cada 100.000 habitantes es ya epidémico y el país está aún lejos de situarse por debajo de este índice, pese a los avances tan destacables alcanzados. Las dos ciudades más importantes de Honduras han experimentado descensos espectaculares. En el caso de Tegucigalpa, entre 2012 y 2018 el descenso de homicidios ha sido del 58%, al caer de 102 a 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Tegucigalpa la disminución es aún mayor, alcanzando el 75%, al pasar entre 2013 y 2018 de 178 a 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.2 Hay que tener presente que dicha ciudad fue la más violenta del mundo durante varios años, de ahí que sean tan destacables estos datos, pese a seguir duplicando la cantidad de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Análisis de posibles indicadores que expliquen el descenso de los homicidios

La constatación de esta mejora obliga a analizar los factores que han favorecido la implantación de actores criminales y el ejercicio de la violencia, con el fin de comprobar la incidencia que estas políticas han tenido sobre los mismos.

Para ello, el punto partida es emplear una explicación multidimensional, si bien esta perspectiva no significa que no pueda darse particular relevancia a determinados factores. En concreto, la fortaleza del Estado de derecho es trascendental, pues dependiendo de esta variable será mayor o menor el espacio de corrupción y en consecuencia de impunidad, proporcionando un espacio de actuación a estas redes criminales muy ventajoso, ya que de esta manera logran la complicidad y la protección de representantes corruptos del Estado (Alda, 2014 y 2015).

En este sentido, si bien el Estado de derecho es un valor por sí mismo, indisoluble al de la democracia, en este caso se trata de contemplar su valor instrumental como medio imprescindible para garantizar la seguridad. Bajo esta visión, su importancia radica en contemplar la eficiencia y eficacia que proporciona la fortaleza del Estado de derecho y, en consecuencia, del imperio de la ley. En efecto, a mayor fortaleza, significa que la ley se aplica, sin excepciones, a todos los ciudadanos y en todo el territorio por igual, lo que implica la reducción de la impunidad y en consecuencia las posibilidades de actuar al margen de la ley, pues la impunidad es reducida. Lo cierto es que el crimen organizado existe en todo el planeta: ningún Estado, aún el más consolidado, ha impedido la acción criminal de estas redes. Sin embargo, sus espacios de actuación son menores ya que los niveles de corrupción, y en consecuencia de impunidad, son menores.

Ciertamente tampoco hay ningún Estado donde la corrupción sea cero. Pero cuanto menor sea, también serán menores las posibilidades de sobornar funcionarios para evitar que persigan e impidan su actuación criminal. Las posibilidades de controlar el desarrollo limitan necesariamente sus actividades, su dimensión y el poder que acumulan. Sus negocios se realizan bajo la presión y la persecución del Estado.

Sin embargo, si existe corrupción, hay la posibilidad de evadir el cumplimiento de la ley. De esta manera es posible que los funcionarios corruptos no persigan a estas redes sino que sean sus cómplices. En este contexto, las posibilidades de penetrar el Estado son mucho mayores y, por tanto, las de fortalecer el desarrollo y dimensión de estas actividades. En consecuencia, queda garantizada la impunidad y debilitado, en un círculo vicioso, el imperio de la ley.

Cabe señalar que la relación entre la fortaleza del Estado de derecho y la corrupción e impunidad es inversamente proporcional. Cuando la corrupción es alta significa que una parte de los representantes del Estado no aplican leyes y políticas de manera universal, sin excepciones y con total imparcialidad. Muy al contrario, utilizan su poder de manera discrecional, y no universal, tomando como criterio consideraciones subjetivas y no objetivas y universales para aplicar la ley. En consecuencia, el imperio de la ley es necesariamente débil. Este es el campo abonado para que las redes criminales puedan implantarse en la sociedad y contar incluso con la protección y la complicidad activa del Estado para la realización de sus negocios. Con esta opción es posible no sólo realizar actividades ilegales sino aumentar su número y dimensión y los ámbitos donde llevarlas a cabo (Alda, 2016 y 2017).

Sonia Alda Mejías
Investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales, Real Instituto Elcano| @soniaaldamejias


1 Los datos recopilados y los gráficos han sido elaborados por Ignacio Martínez Sánchez, ayudante de investigación en prácticas del Real Instituto Elcano (2020).

]]>
<![CDATA[ Paraguay: centro neurálgico de producción y distribución del narcotráfico transnacional ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari64-2020-alda-paraguay-centro-neuralgico-de-produccion-distribucion-narcotrafico-transnacional 2020-05-08T11:58:10Z

Se analizan los factores que explicarían la dimensión del poder alcanzado por las bandas criminales brasileñas en Paraguay.

]]>
Tema

Hace unos meses tenía lugar en Paraguay una fuga de 75 presos, adscritos a una banda criminal brasileña. Adoptando como ejemplo este hecho, se analizan los factores que explicarían la dimensión del poder alcanzado por las bandas criminales brasileñas en Paraguay, centro neurálgico de redistribución de cocaína y primer productor de marihuana. Hoy, con la pandemia del coronavirus, estos mercados se encuentran prácticamente bloqueados, pero no las estructuras de poder criminal que los sostienen y que permanecen durante la crisis.

Resumen

Hace unos meses tuvo lugar una fuga de 75 presos a través de un túnel del penal de Pedro Juan Caballero, capital de la provincia de Amambay en la frontera seca de Paraguay con Brasil. Todos los fugados pertenecían a uno de los mayores grupos criminales de América del Sur, el brasileño Primer Comando Capital . ¿Cómo han logrado, desde Pedro Juan Caballero, el control territorial y el poder que exige la gestión de un comercio transnacional de esta magnitud? La respuesta también explicaría la exitosa organización de la fuga masiva que ha liberado a miembros de sus organizaciones de una cárcel en Paraguay.

Pero para dar respuesta a estos interrogantes la propuesta es centrar el análisis en los factores que explican el poder alcanzado por dichas redes criminales. Entre los argumentos más usuales se encuentra la pobreza y, en este caso, Paraguay ciertamente es uno de los países más pobres de la región. Junto a este factor, también se alude a la falta de Estado o a la combinación de ambos. La propuesta aquí es contemplar otros elementos que son ineludibles para entender, no tanto por qué existe el crimen organizado, sino por qué puede adquirir un nivel de presencia social, económico e institucional tan extraordinario, como en el caso de Paraguay y de otros países de la región.

Análisis

El Observatorio de Tráficos ilícitos y redes criminales del Real Instituto Elcano tiene como aspiración dibujar el mapa del crimen organizado transnacional en América Latina y Europa. El objetivo es conocer los puntos geográficos neurálgicos a partir de los cuales se articulan las redes de los mercados ilícitos transnacionales. En el caso que nos ocupa, se trata del narcotráfico, donde América Latina es un área fundamental de dicho mercado transnacional, en particular en la producción, distribución y comercialización de coca y cocaína. Los principales enclaves del mercado dibujan un mapa muy diferente al relacionado con las grandes potencias políticas o económicas. Honduras1 y Bolivia son países sin protagonismo ninguno en las decisiones del tablero internacional, pero trascendentales para la toma de decisiones y organización del crimen organizado transnacional. Estos países son centros neurálgicos de producción y/o distribución y se han constituido como un eslabón esencial para la reproducción de este mercado y del poder del crimen organizado.

En este sentido, conviene llamar la atención sobre Paraguay, donde el ejemplo de la fuga mencionada ilustra el poder y margen de actuación de estas redes para lograr con éxito la fuga de 75 personas de una penal. En este caso, los fugados eran miembros del Comando de la Capital, pero también hay miembros del Comando Vermelho, las dos principales bandas de Brasil y ambas instaladas en Pedro Juan Caballero. El enfrentamiento entre bandas criminales es uno de los principales motivos de la alta tasa de mortalidad de Amambay y su capital. De hecho, alcanzan una de las tasas de homicidios más altas de toda la región (Figura 1):

Figura 1. Paraguay: víctimas de homicidio doloso por departamento
Figura 1. Paraguay: víctimas de homicidio doloso por departamento. Extracto de Estadística de asesinatos en 2017. Fuente: ABC, 16/II/2018, elaborado con datos del Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Paraguay

Estas bandas gestionan la distribución de marihuana en Paraguay y en los países vecinos, ya que su país es el mayor productor de dicho cultivo en la región. A ello se suma la distribución de la coca o cocaína, ya que, por su situación estratégica, es un centro de redistribución esencial. La coca y/o cocaína sale de Bolivia, tanto la producida en el país como la procedente de Colombia y Perú, y, desde ese país hacia Paraguay, donde tiene lugar la redistribución para los mercados de Brasil y Europa, a través también de Uruguay.

Figura 2. El tránsito de la cocaína en Paraguay
Figura 2. El tránsito de la cocaína en Paraguay. E’a, 26/VI/2016. Infografía de Jorge Acosta
E’a, 26/VI/2016. Infografía de Jorge Acosta.

La pregunta es: ¿cómo es posible que se produzcan toneladas de marihuana y que se logre redistribuir, junto con la cocaína, por todo el Cono Sur, Brasil y Europa? ¿Cómo se explica que puedan gestionar, desde esta ciudad, todo este gran mercado transnacional? ¿Y cómo organizar fugas masivas de los miembros de sus organizaciones de una cárcel, como es el caso que se ha contemplado?

Es preciso tener presente la logística necesaria para todas las tareas que exige este tráfico transnacional ya que implica producción, almacenamiento, procesamiento –a través de laboratorios clandestinos– y transporte nacional e internacional. Son estas exigencias organizativas, por su variedad y dimensión, las que obligan a tener poder y colaboración del Estado y la sociedad.

La respuesta no se centra en los factores que explican que exista crimen organizado, de hecho, existe en todo el mundo, sino qué favorece que alcancen niveles de poder y dimensión para poder asegurar este tráfico. Las explicaciones más usuales, particularmente para países como Paraguay, es que el poder del crimen organizado responde a la pobreza o a la falta de Estado, o ambas cosas, como principales argumentos.

Con relación a la situación económica, Paraguay se encuentra posicionado entre los países de la región con mayor pobreza y desigualdad, un factor que podría explicar la dimensión adquirida por el crimen organizado. No obstante, en la actualidad es uno de los países de la región que posee una de las tasas de crecimiento más altas y entre sus logros se encuentra el haber reducido sus niveles de pobreza: de 2003 a 2017, respecto a la pobreza total, se ha reducido del 58,72% al 15,24%. En ese mismo período, la pobreza extrema también ha descendido de manera considerable, del 15,64% al 3,28% (Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos [DGEEC], 2003, 2004, 2015, 2016 y 2017).

Más allá de estos datos, si contemplamos el número de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, podemos comprobar que es de los más bajos de la región. Si además relacionamos estos datos de homicidios con los del Índice de Desarrollo Humano (IDH), se confirma que la relación entre criminalidad, crimen organizado y pobreza y desigualdad no es mecánica, ni siempre tiene lugar.2 Así se pone de manifiesto en la Figura 3 en el caso paraguayo.

Figura 3. GINI y homicidios por cada 100.000 habitantes en Paraguay
Figura 3. GINI y homicidios por cada 100.000 habitantes en Paraguay

Sorprende comprobar los datos de homicidios en el departamento de Amambay. Este departamento es el más violento, con gran diferencia, del resto de Paraguay. Sin embargo, pese a esta violencia y la presencia del crimen organizado, Amambay no es el departamento ni más pobre, ni más desigual, pues se encuentra dentro de la media nacional. Como se puede comprobar, hay otros departamentos con similares indices de desarrollo humano e incluso algo inferiores y, sin embargo, sus niveles de homicidios son muy bajos. En 2017 registró 69,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras equiparables a las de los países más violentos de la región, como Venezuela. Le siguen dos departamentos, también implicados directamente en la distribución de cocaína y marihuana, como Concepción y Canindeyú. En estos casos, el número de homicidios sí es un indicador de la dimensión del crimen organizado, ya que este número de homicidios esta provocado por las rivalidades y enfrentamientos existentes entre organizaciones brasileñas y locales y entre bandas brasileñas. Desde hace tiempo hay una “guerra de narcos” latente que estalla de manera intermitente.

Ausencia del Estado y falta de medios

Además de la desigualdad, el otro argumento más empleado para explicar la implantación del crimen organizado, es la ausencia del estado en extensas áreas del territorio nacional. Es esta una situación considerada ideal para realizar actividades ilegales sin traba alguna. Sin embargo, en los departamentos noroccidentales, donde se concentra la producción de marihuana y se organiza la distribución de la cocaína, la presencia estatal no es suficiente, aunque tampoco inexistente.

Si se toma como referencia la presencia estatal del sistema de seguridad, autoridades policiales y judiciales, el número de policías por cada 100.000 habitantes, no alcanza el promedio de 300 agentes según recomienda la Oficina para la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, pues la media nacional es de 253. No obstante, cabe mencionar que en Brasil hay 251 policías por cada 100.000 habitantes y que hay otros países que se encuentran por debajo de esta media, como Guatemala y Honduras (Índice Global de Impunidad, [IGI], 2017). En cuanto al número de jueces, la tasa paraguaya es de 11,74, por cada 100,000 habitantes, superior a la de Chile, con 10,4 jueces. Chile se distingue de sus vecinos por una criminalidad inferior y por una institucionalidad considerablemente mayor (IGI, 2017).

La propuesta es que además de tener en cuenta la presencia cuantitativa de funcionarios, sin duda tan importante o más es cuán corruptibles son. Dependiendo de los grados de corrupción, los funcionarios existentes, al margen de su número, pueden acabar colaborando e incluso protegiendo a estas bandas criminales. La corrupción sería el principal factor que explicaría el establecimiento y los amplios márgenes de actuación del crimen organizado y no tanto la ausencia del Estado. Este es el problema más característico de la región, la existencia de áreas “privatizadas” por representantes estatales, que gracias a éstos son gestionadas y controladas por redes criminales de acuerdo con sus propias normas y criterios, tal y como ocurre en Pedro Juan Caballero.

Se repite insistentemente por parte de los responsables gubernamentales la falta de personal, de equipamiento y de recursos en general. De esta manera, se acaba asociando el problema a la falta de inversión en este campo. Sin embargo, hay que tener presente algunos datos. La comparación del gasto entre Honduras y Paraguay, con Chile, Uruguay y Costa Rica (países con los mejores índices de seguridad y buen gobierno) pone de manifiesto que los dos países que más gastan en seguridad, en relación con su PIB, son Honduras y Paraguay.

Sin duda los recursos son imprescindibles, pero en qué y cómo se invierten también es igualmente relevante. No siempre los recursos llegan donde han sido destinados o no llegan donde más hace falta, debido en muchos casos a la corrupción. En Paraguay es imprescindible comenzar a invertir recursos y esfuerzos para resolver los altos niveles de corrupción y, en consecuencia, de impunidad que tiene el país. Sin avanzar en este problema, los recursos destinados a seguridad no tendrán resultados.

En resumen, no hay una correlación mecánica entre violencia criminal y pobreza y desigualdad, como se ha podido comprobar en Paraguay. Con respecto a la ausencia estatal, puede representar un inconveniente, pero no puede considerarse que el Estado esté ausente del territorio nacional, pese a que existan áreas marginales y sin presencia institucional. No obstante, como se ha podido comprobar, en Amambay y su capital Pedro Juan Caballero, punto neurálgico de estas redes, no es inexistente. La fuga de los 75 presos es un buen ejemplo para demostrar que la ventaja no es tanto que el Estado este ausente sino que, mediante la corrupción, se logre que sus representantes sean cómplices. Esta complicidad es lo único que puede explicar la fuga masiva de una cárcel, un recinto custodiado y vigilado por autoridades estatales.

Corrupción

Después de haber relativizado los principales argumentos que se aducen para explicar el crimen organizado, en Paraguay la propuesta es contemplar la corrupción como el factor facilitador decisivo para crear las condiciones “idóneas” que expliquen no tanto la existencia como el grado de implantación de estas redes.

Es un error pensar que el mundo ilegal vive al margen del legal. Muy al contrario, necesita de su complicidad para su reproducción y fortalecimiento. En otras palabras, de sus posibilidades de crear una trama de relaciones con el mundo privado y público, ilegal y legal, dependerá el alcance de sus negocios y la principal herramienta para acceder a todos estos ámbitos es la corrupción. En este sentido, Paraguay es un escenario idóneo, ya que su alto índice de corrupción proporciona la vía perfecta para penetrar el Estado y la sociedad. Así lo indica el índice de percepción de corrupción, que lo sitúa en el lugar 135 de 180, siendo este último el más corrupto (Figura 4).

Figura 4. Índice de corrupción de Transparencia Internacional, 2018
Figura 4. Índice de corrupción de Transparencia Internacional, 2018. Fuente: The World Bank, Governance Indicator, Rule of Law (2018); EOM, 17/VII/2018

La corrupción hace posible negociar, de manera particular, el cumplimiento de la norma con el fin de evadir su cumplimiento. La consecuencia directa es la impunidad y con ella se pretende evitar por parte de estas redes, una detención, un juicio o ir a la cárcel, o si sus miembros están encarcelados lograr una fuga masiva. El dato de impunidad de Paraguay es directamente proporcional a los altos niveles de corrupción, siendo el sexto país de América Latina más impune y el 11º del mundo (IGI, 2017, p. 37). De hecho, la impunidad debe entenderse como una consecuencia de la existencia de una corrupción sistémica. Ambas cuestiones son las que pueden explicar, en general, el poder que puede llegar a alcanzar una organización criminal hasta el punto de liberar de una cárcel a 75 presos de la cárcel. Un hecho que no puede ser explicado, de otra manera, tal y como afirmó la ministra de Justicia para explicar la fuga, “hay una categórica connivencia de funcionarios de la prisión”.3

Conclusiones

El ejemplo de la fuga de la cárcel paraguaya pone en evidencia no sólo la dimensión del poder de las redes criminales sino la trascendencia de la corrupción para entender dicho poder. La interacción del crimen organizado, a través de la corrupción, con la sociedad es lo que explica su desarrollo y su penetración. Por tanto, no es tanto la ausencia del Estado como su complicidad lo que realmente necesita el crimen organizado. Esta complicidad puede ser pasiva, dejando que los presos salgan –mirando hacia otro lado– o activa, protegiendo y colaborando directamente en su huida. Pero en un caso u otro, dicha fuga, como la mayoría de la actividad del crimen organizado, involucra el Estado.

Paraguay es un campo abonado para el establecimiento de redes criminales. Su posición estratégica es un factor determinante y una condición fundamental para ser elegido por el crimen organizado como punto neurálgico. También los factores económicos, aunque la pobreza no convierte necesariamente a los ciudadanos en criminales, como la marginalidad, puede ser un semillero para reclutar “trabajadores del crimen”. No obstante, este factor puede explicar sólo en parte el particular desarrollo de estas redes. Su dimensión depende fundamentalmente del nivel de aceptación y de tolerancia de la corrupción, tanto por parte del Estado como de la sociedad. Paraguay posee, en este sentido, las condiciones idóneas para el desarrollo de estas redes, por sus altos niveles de corrupción estatal y por su tolerancia social a dicha corrupción.

Sonia Alda Mejías
Investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales, Real Instituto Elcano| @soniaaldamejias


1 Véase Sonia Alda Mejías (2020), “El descenso de los homicidios en Honduras y el alcance de sus efectos en términos de seguridad”, Documento de Trabajo, Real Instituto Elcano.

2 Con todas las precauciones que tiene adoptar el número de homicidios para dimensionar la criminalidad, ya que no todas las actividades ilegales, ni la violencia, acaban en homicidio.

]]>
<![CDATA[ Estado y crimen: el mercado ilegal de la efedrina en Argentina (2003-2018) ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari122-2019-estado-y-crimen-mercado-ilegal-efedrina-en-argentina-2003-2018 2019-12-23T04:40:58Z

El contrabando de efedrina en Argentina entre 2003 y 2008 ilustra como pocos el amparo y complicidad estatal que requieren las organizaciones criminales complejas vinculadas a la comercialización de drogas ilegales u otras sustancias fuertemente reguladas.

]]>
Tema

El caso del contrabando de efedrina en Argentina entre 2003 y 2008 ilustra como pocos el amparo y complicidad estatal que requieren las organizaciones criminales complejas vinculadas a la comercialización de drogas ilegales u otras sustancias fuertemente reguladas.

Resumen

Entre los años 2003 y 2008 la industria farmacéutica argentina importó cantidades exorbitantes de efedrina, en volúmenes que excedían, miles de veces, las necesidades sanitarias de ese fármaco como descongestivo. En realidad, fue sólo un puñado de droguerías y laboratorios que se las amañó para importar esa droga con otro propósito comercial: su exportación clandestina a México como insumo para la fabricación de metanfetaminas, éxtasis y otras sustancias. Esta triangulación de efedrina importada “legalmente” de China y la India y su posterior contrabando a México involucró un negocio ilícito calculado entre los 300 y 500 millones de dólares.

En este negocio ilegal estuvieron involucrados laboratorios formales y clandestinos, empresarios e importadores y cárteles de droga mexicanos en uno de los mayores casos conocidos de narcotráfico en Argentina. En todas las esferas y niveles de este negocio es posible observar la activa participación de policías, agentes de inteligencia y funcionarios judiciales y políticos de todos los niveles.

La singularidad de tratarse de un mercado ilegal de una sustancia regulada que luego era desviada, como insumo, para la fabricación de drogas ilícitas permite examinar y ponderar algo que no suele ser nada sencillo en los estudios de mercados negros y organizaciones criminales: el volumen del mercado ilícito y la multiplicidad de sus actores. Es la historia de un negocio ilícito que no hubieran podido explotar organizaciones criminales complejas sin la regulación estatal –formal e informal– del negocio.

Análisis

(1) Génesis

(1.1) El triple crimen de General Rodríguez

El 13 de agosto de 2008 aparecían en un zanjón cercano a la ruta 24 del partido de General Rodríguez (provincia de Buenos Aires) los cuerpos de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón. Los tres “empresarios” vinculados a la industria farmacéutica murieron de rodillas por el impacto de varios disparos efectuados a su tórax y cabeza a corta distancia. Habían sido ejecutados . Lo que inicialmente podría haber sido configurado como un delito más en la “zona caliente” del conurbano bonaerense, progresivamente derivaría hacia una cuestión mucho más compleja en la medida que se iban conociendo detalles del triple homicidio y los móviles detrás del mismo. Se trataba indudablemente de un crimen de características mafiosas perpetrado por una organización criminal compleja. ¿Cuál era el móvil y quiénes los ejecutores materiales e intelectuales del asesinato?

(1.2) Los autores materiales e intelectuales del triple crimen

La investigación criminal y judicial de este crimen derivaría en un juicio por el que serían encontrados culpables los hermanos Víctor y Marcelo Schillacci, y Cristián y Martín Lanatta. Los cuatro serían condenados a cadena perpetua por “privación de la libertad agravada en concurso real con homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por la participación de más de dos personas”. Martín Lanatta habría sido quién citó a las tres víctimas a una reunión en el centro comercial de Avellaneda, donde sólo habrían estado unos pocos minutos, trasladándose todo el grupo mediante engaño o amenaza al domicilio del propio Lanatta en Quilmes. En un descampado serían ulteriormente hostigados, torturados y ejecutados de una forma más propia de cárteles mexicanos que respecto a lo que suele observarse en los criminales vernáculos.

El Tribunal Oral en lo Criminal nº 2 del Departamento Judicial de Mercedes, que condenó a los Lanatta y a los Schillacci, consideró que el autor intelectual del triple homicidio fue Esteban Ibar Pérez Corradi , quién “se vio tan perturbado porque le estaban quitando el negocio, que anunció a los cuatro vientos que mandaría a matar a Forza, con quien además estaba enemistado porque éste no le había pagado lo que le debía, como consecuencia de la financiación que le hizo a su droguería… En este caso se ha corporizado en el deseo de desplazar de modo absoluto y definitivo a quienes se perfilaban, cada vez con más fuerza y mejor organización: Forza, Ferrón y Bina, como precipuos competidores en el negocio ilegal de importación, exportación, compra y venta de efedrina”. De acuerdo al tribunal, los tres empresarios asesinados habían procurado un contacto directo con el mexicano Jesús Martínez Espinosa, para venderle efedrina que éste precisaba para un laboratorio de drogas sintéticas que había montado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, pudiendo prescindir de la intermediación de Pérez Corradi. Así también lo reconoció el propio Martínez Espinosa, quien manifestó que Forza le ofreció hacer negocios con una droguería que estaba bajo su control.

A partir de este crimen y sus inéditas circunstancias, lenta y progresivamente comenzarían a desentrañarse las características, derivaciones y alcance de un enorme negocio ilícito.

(2) El negocio de la efedrina

(2.1) La efedrina y la pseudoefedrina como insumos de drogas de síntesis

La efedrina es un alcaloide natural presente en varias especies vegetales. Tiene propiedades estimulantes del sistema nervioso central y destaca particularmente sus capacidades broncodilatadoras, siendo muy eficaz en el tratamiento de los síntomas de congestión asociados a la gripe o el resfriado. Por ello, se registra un uso milenario de este compuesto en la medicina tradicional de Oriente, particularmente en China , donde se la conoce como Ma Huang.

A partir de este alcaloide, modificando ligeramente su estructura molecular es posible obtener metanfetaminas y otras drogas de síntesis muy populares en sectores urbanos y de alta demanda, particularmente en fiestas electrónicas. Una vez obtenido el insumo clave –efedrina o pseudo efedrina– incluso un neófito o improvisado químico puede valerse de instrucciones presentes en sitios de Internet para “cocinar” algunas drogas de diseño .

La síntesis de efedrina o pseudoefedrina, por el contrario, no es materia sencilla. De manera que el proceso de producción de metanfetaminas, éxtasis y otras drogas requiere la provisión y derivación de este insumo clave producido en el circuito legal y regulado de la industria farmacéutica. Debe ser importado por circuitos aduaneros y comerciales formales y ulteriormente derivado ilegalmente por droguerías y laboratorios que, en vez de utilizarlo para fabricar medicamentos contra el resfriado o la gripe, lo empleen para fabricar drogas ilícitas o lo reexporten a organizaciones criminales que fabrican esas sustancias.

(2.2) Las particularidades del negocio

A partir de lo descrito en el punto anterior surge una singularidad de este negocio ilegal. El comercio de otras drogas ilícitas involucra una verticalidad ilegal en toda la cadena productiva. En el caso de la marihuana, la cocaína o la heroína se comienza en la producción agrícola ilegal de las plantas que producen las sustancias narcotizantes, y en el caso de las dos últimas la obtención y aislamiento de esos alcaloides presentes en las plantas de coca y amapola en complejos laboratorios clandestinos.

El contrabando de efedrina implica la derivación y comercialización ilegal de un insumo de la industria farmacéutica legal para su uso como insumo, ya no de descongestivos sino de drogas recreativas de diseño que –por supuesto– se venderán en un circuito ilegal. Si bien la comercialización de drogas ilegales en Argentina, América Latina y buena parte del mundo implica diferentes niveles de complicidad y “regulación” estatal, el caso de la efedrina requiere una relación más directa con los organismos regulatorios y de control y la explotación de vacíos jurídicos y/o la promoción de funcionarios “distraídos” y negligentes. En este caso se observa patentemente lo que Marcelo Sain describe como un “pacto de doble vía”: “por un lado, un pacto político-policial, que implicó la delegación del gobierno de la seguridad pública, por parte de sucesivas autoridades gubernamentales, a las cúpulas policiales. Por otro lado, un pacto policial-criminal concretado en el control de los delitos –en especial los de criminalidad compleja– que queda en manos de la policía, en cuanto regula y, a menudo, participa en la trama. Todo esto ha dado lugar a una institucionalidad estatal ilegal que ha adquirido un papel relevante en cierto control (irregular) del crimen y en la apropiación de una porción de los fondos generados por la actividad delictiva manipulada policialmente”.1 Como observaremos a continuación, incluso podríamos decir que en el caso del mercado ilegal de efedrina el componente “político” se encuentra hipertrofiado.

En efecto, el caso argentino que estamos examinando resulta paradigmático. Y algunas cifras resultan muy elocuentes . En 2003 Argentina importó 1.500 kg de efedrina, 2.599 kg en 2004, 3.925 kg en 2005, 6.100 kg en 2007 y 20.405 kg en 2008 (no hay ningún error en esta última cifra). Para ilustrar el volumen de la comercialización ilegal de este producto observemos –invertidamente– su utilización en el mercado de medicamentos: “entre 2000 y 2010, un famoso laboratorio utilizó sólo 423 kilos del precursor para producir unas 600.000 unidades de jarabe para la tos y en base a la declaración de varios testigos se llegó a la conclusión de que con un kilo de efedrina se pueden fabricar 20.000 pastillas de 50 miligramos”. Los volúmenes de importación reseñados implicaban según un estudio de la International Narcotics Control Board de las Naciones Unidas que Argentina declaraba necesitar para la elaboración de medicamentos 88 veces más efedrina o pseudoefedrina que Italia, 30 más que Chile, 7 más que Brasil y 5 más que EEUU.

Según el fallo que condenó a los Schillaci y los Lanatta la diferencia de rentabilidad de comercializar efedrina legal para resfríos o ilegal para fiestas electrónicas sería la siguiente: “utilizada legalmente para fabricar descongestivos o broncodilatadores, y cuyo valor en el mercado local oscilaba entre los 90 y 120 dólares. Sin embargo, en el mercado ilegal, donde el principal comprador era México, dicho precursor químico se utilizaba para la fabricación de drogas de diseño o sintéticas, como el éxtasis; los cárteles mexicanos, ya con el producto manufacturado lo destinaban esencialmente a los nacionales de su vecino país, EEUU, llegando a pagar hasta U$S10.000 el kilo, por lo que resultaba para sus tenedores un extraordinario negocio”. Ciento veinte dólares su valor en el mercado de medicamentos, 10.000 en el circuito ilegal. Un diferencial inconcebible. Si juntamos los volúmenes y rentabilidad examinados en los dos últimos párrafos, suponiendo que el 80% de la efedrina importada “caía” en el circuito ilegal estamos hablando entre 2003 y 2008 de un negocio de aproximadamente 300 millones de dólares. Tal vez esto explique por qué los funcionarios de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), que debían observar y autorizar la importación de precursores químicos, fueran tan descuidados en no darse cuenta que los volúmenes de efedrina importada resultaban injustificables. O tal vez haya que pensar que fueron solícitos y diligentes por ese mismo motivo.

(3) Estado y narcotráfico

A esta altura quizá algún lector podrá suponer que todo el negocio ilícito descrito surgió de un hábil ardid de un grupo de contrabandistas, que descubrió un “agujero” reglamentario que les permitió importar una exorbitante cantidad de una sustancia médica controlada (efedrina), para después reexportarla clandestinamente a cárteles narcos mexicanos. No es así, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) tenía la responsabilidad –precisamente– de controlar la importación de precursores químicos. En efecto, en 1989, la Ley 23.737 estableció en su artículo 44 que: “Las personas físicas o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor o menor, almacenen, importen, exporten, transporten, transborden o realicen cualquier otro tipo de transacción, tanto nacional como internacional, con sustancias o productos químicos incluidos en el listado al que se refiere el párrafo anterior, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos”. A su vez, el Decreto 2300 del año 2002 delegó esa facultad y ese Registro en la SEDRONAR y como responsable fue designado Gabriel Abboud. Entre el año 2004 y el año 2008, cuando el control de las importaciones estuvo controlado por la SEDRONAR y al frente de la misma estaba José Granero, se importaron 47,6 toneladas de efedrina, de las cuales 41 fueron desviadas por personas procesadas o condenadas por maniobras de narcotráfico internacional. Análogamente, el primer año que la responsabilidad de control sobre la importación de efedrina fuera asignada a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ésta se redujo a solamente 24 kg.

En 2014 el ex secretario de Lucha contra el Narcotráfico, José Granero, el ex subsecretario técnico de Control de la SEDRONAR, Gabriel Yuseff Abboud y el director del Registro Nacional de Precursores Químicos, Julio De Orue, fueron procesados por la jueza Federal María Servini de Cubría por el “delito de haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación correcta ante la aduana y alterando posteriormente su destino de uso”. Según la jueza, el accionar de los funcionarios “no fue casual, ni un descuido. La real y única problemática es una operación de narcotráfico internacional”, en el marco de un negocio ilegal que según la magistrada “rondaría entre los 123.916.000 y los 491.666.000 dólares estadounidenses”.

El juicio y eventual condena a los funcionarios sospechados se dilató enormemente en relación a otros expedientes vinculados con este caso. Múltiples recursos y la excusación de la jueza Servini de Cubría, quién se consideró hostigada por uno de los acusados (véase el apartado 2.5), demoraron la elevación del expediente a juicio oral. La causa recayó en manos del juez Sergio Torres quien, rechazando múltiples pedidos de nulidad, la elevaría a juicio oral en junio de 2017. Sin embargo, como es habitual, los recursos continuaron presentándose en los estamentos judiciales superiores y demorando la elevación a juicio oral de la causa. Finalmente, en octubre de 2018, el máximo tribunal de alzada en materia penal, la Cámara de Casación, confirmó el envío a juicio oral del expediente, el cuál debería efectivizarse en algún momento de 2019 o 2020.

Puede apreciarse a simple vista el inmenso negocio ilegal que se montó a partir del uso dual de un descongestivo como precursor de drogas de síntesis. Hemos revisado las singularidades de este mercado ilegal, todos los estamentos de la cadena productiva y de comercialización del mismo y algunos aspectos característicos de este tipo de mercados. Particular mención merece en este sentido el llamado “triple crimen”, forma típica de resolución de disputas comerciales en aquellos mercados que no pueden acceder al sistema de resolución de pleitos establecido por el Código Civil y Comercial. Pero si el episodio es típico por qué hablar entonces de particular mención. La causa es la trascendencia mediática de este triple homicidio –poco usual todavía en Argentina, afortunadamente– que empezó a desarmar la madeja del contrabando ilegal de efedrina en Argentina entre los años 2003 y 2008, abriéndose, a partir de ahí, más de tres decenas de causas conexas.

Sin embargo, el presente trabajo pretende encender alarmas sobre uno de los aspectos más deletéreos del narcotráfico: la degradación institucional a través de la cooptación de funcionarios de diversa índole cuando no, directamente, agencias públicas enteras. En este sentido el caso es paradigmático en relación al nivel de penetración y de capacidad de degradación de este tipo de organizaciones, o para ponerlo en términos más generales, del mercado negro de drogas ilícitas.

Los nexos de los autores materiales e intelectuales del triple crimen son múltiples con policías provinciales, federales, agentes penitenciarios, servicios de inteligencia; y políticos municipales, provinciales y nacionales; jueces y fiscales. El caso efedrina corta transversalmente todos los estamentos de estatalidad. En todos ellos hubo fallos, pero sobre todo, complicidad.

Conclusiones

Se puede decir que el triple crimen de General Rodríguez derivó en decenas de causas asociadas todas ellas al contrabando de efedrina para la fabricación de metanfetaminas. Conforme fueron avanzando las investigaciones de este caso se fue comprobando que otras causas que se sucedieron tenían vinculación con este negocio. Curiosamente la línea cronológica no sólo va hacia delante, sino que casos anteriores al triple crimen como el del laboratorio en Ingeniero Maschwitz o el doble crimen de Unicenter,2 ulteriormente se comprobaría que tendrían vinculación con toda esta madeja. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de algo tan vasto y que tiene varias e importantes facetas aun en pleno desarrollo?

En primer lugar, la comprobación de la transnacionalización de la elaboración y comercialización de drogas ilegales a nivel planetario, la sofisticación de las empresas criminales vinculadas y el particular papel de la República Argentina en esta trama. Tradicionalmente Argentina ha sido ubicada por informes de organismos multilaterales y de otros Estados (UNDOC y el Departamento de Estado de EEUU , entre otros) como un mercado de consumo de marginal importancia (dado el escaso tamaño del mercado de consumo argentino en general); como un país de escasa producción de drogas; y un relativamente importante hub de distribución de sustancias psicoactivas hacia el resto del mundo. Principalmente cocaína a nivel planetario y, en menor medida, marihuana y otras sustancias hacia otros países de la región. Mención particular, claro está, merece el papel de Argentina en la división internacional de la producción de drogas de síntesis en el marco de la transnacionalización de la cadena logística y productiva.

El caso de la efedrina desnuda una fenomenología más compleja de la que estábamos acostumbrados. En primer lugar, a diferencia de lo que vemos, por caso, en el mercado de la cocaína o la marihuana, donde hay países productores, otros países de tránsito y finalmente mercados de consumo; la elaboración y comercialización de drogas de síntesis muestra una mecánica similar a la que operan empresas transnacionales en mercados legales. Concretamente, como ocurre, por citar un conocido ejemplo, con la empresa Apple en la elaboración de teléfonos celulares, observamos en el negocio de la efedrina una “oficina central” en una ubicación determinada desde donde se toman las decisiones estratégicas (producción, logística y marketing) y diversas localizaciones donde se obtienen insumos necesarios para la producción de la mercancía y diversos canales logísticos para su distribución y comercialización en los grandes centros de consumo. No encuentro ejemplo más elocuente que semeje la operación de una empresa criminal ocupada en el mercado de drogas ilícitas al de empresas transnacionales que operan en mercados legales como en el de las drogas de síntesis, y en particular, el de la efedrina.

Las crónicas periodísticas y judiciales referenciadas en el trabajo mencionan a dos grandes cárteles mexicanos vinculados con este negocio y con esta historia: Sinaloa y del Golfo. Desde allí partirían los lineamientos corporativos en relación con la comercialización de un producto, en este caso metanfetaminas. La pregunta de ¿cómo entra Argentina en esta historia si se considera la lejanía con el centro principal de decisiones y distribución (México) y respecto al principal mercado de consumo (EEUU) luce completamente atinada? La triangulación vía Argentina no parece tener ninguna racionalidad logística. Difícilmente se pueda encontrar país más austral y alejado en el planeta Tierra para el circuito de elaboración, distribución y venta de estas sustancias. Por lo tanto, sí, el primer gran interrogante es por qué Argentina.

Observamos dos grandes razones. La primera de ellas más bien de carácter estructural, vinculada al nivel de desarrollo industrial y particularmente de la industria farmacéutica en la República Argentina. Un informe de 2017 del Ministerio de Hacienda de la Nación señalaba en este sentido: “En 2017 esta industria representó el 3,8% del VAB industrial, el 1,7% de las exportaciones totales y concentró el 3,4% del empleo industrial registrado en el sector privado. El mercado farmacéutico argentino es abastecido por 230 laboratorios (se estima que los laboratorios activos en forma regular y permanente son aproximadamente 210 compañías). El sector de fabricación de medicamentos cuenta con aproximadamente 190 plantas industriales instaladas en el país, de las cuales 160 son empresas de capitales nacionales. Existen alrededor de 40 laboratorios púbicos que producen medicamentos. En el año 2016 se estimaron alrededor de 449 empresas activas del sector privado en la industria farmacéutica (OEDE, 2018). Cerca del 40% de los locales de empresas del sector (incluyendo sucursales) están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Gran Buenos Aires (GBA), siguiendo en importancia, con una participación menor, resto de Buenos Aires (9,0%), Santa Fe (7,9%) y Córdoba (7,2%)”. No resulta sorprendente que las organizaciones criminales encontraran allí la estructura productiva y logística –y los vacíos legales– que posibilitara importar esta sustancia regulada desde los grandes mercados productores (China y la India), y “esconderla” en los vericuetos o subterfugios del mercado legal o regulado de estas drogas a través de una miríada de droguerías y farmacias. Finalmente, su contrabando y trasiego a los grandes centros de producción corría por los canales y metodologías usuales para otro tipo de narcóticos: camuflada de las más diversas formas.

En segundo término, no hay estructura normativa o productiva que pudiera pasar por alto distraídamente los exorbitantes volúmenes de efedrina que estaban siendo importados y que excedían miles de veces las necesidades de los resfríos anuales del país (principal utilización medicinal de la efedrina). Es decir, las organizaciones criminales encontraron en Argentina una estructura estatal y paraestatal que fue cómplice de esta actividad delictiva, convirtiendo, como hemos visto, a funcionarios policiales, judiciales, de inteligencia y políticos en verdaderos socios y colaboradores de estas actividades.

De modo que, probablemente, la combinación de estos dos factores transformó a la Argentina en un lugar elegible y apropiado en el mercado transnacional de drogas de síntesis a pesar de su lejanía tanto con el principal centro de producción (México), como de consumo (EEUU).

Sin la complicidad del Estado este negocio no hubiera podido prosperar en el lustro que funcionó, y durante el cual grandes organizaciones criminales hicieron ingentes ganancias. ¿Se hubiera podido evitar? La penetración del crimen organizado en la estructura estatal parece ser la norma y no la excepción, y cuanto más grande es el volumen del negocio y más grande la organización criminal, mayores son sus capacidades de cooptar complicidades en diversos organismos públicos. Aquí se ve patentemente la penetración en las organizaciones policiales, en los servicios de inteligencia y en los organismos políticos de aplicación. Es cierto que ha sido el Poder Judicial el que ha investigado y condenado las actividades ilícitas descritas en este trabajo. Con demoras, de manera desarticulada (decenas de causas por separado) y ciertamente sin contar con el contrafactual respecto a si lo que se ha descubierto y conjurado es realmente la estructura central del negocio, o si por el contrario sólo la punta del iceberg. Pero hay que decir que a priori el accionar judicial, con todas las faltas y defectos señalados, puede funcionar al menos, parcialmente quizá, como un anticuerpo o disuasivo de cara a futuros emprendimientos criminales de similares características.

Es importante resaltar que no fue el accionar policial o judicial el que en última instancia terminó con el negocio ilegal de efedrina examinado en este trabajo. Esto sucedió a partir de una serie de modificaciones normativas que mejoraron los controles y dificultaron enormemente las formas de triangulación ilegal o “paralegal” que se observaron en este mercado. Una vez más, como demuestran dos casos muy emblemáticos como los del alcohol y el tabaco (nicotina), no ha sido la guerra, la persecución y el prohibicionismo las que procuraron soluciones o minimizaron daños, sino la “regulación modulada” de las sustancias. Esto es, formas de regulación pública de los mercados de diferentes sustancias que permitan minimizar los daños que genera la producción, distribución y comercialización de estas en los mercados ilegales. Este encuadre paradigmático permite atender, en un marco estratégico y estructural, los efectos más deletéreos del narcotráfico, principalmente la violencia y la corrupción de agencias estatales, a la vez que se tiene más información y control para diseñar políticas públicas que atiendan la situación de aquellos que pueden tener un comportamiento problemático con esas sustancias. Como señalara el histórico militar y estratega chino Sun Tzu, “el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar”.

Dr. Juan Estanislao López Chorne
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)


1 Marcelo Sain (2017), Por qué preferimos no ver la inseguridad (aunque digamos lo contrario), Siglo XXI Editora Iberoamericana.

2 En julio de 2008 tres ciudadanos colombianos fueron atacados en el estacionamiento del centro comercial Unicenter por una persona que descargó 11 balas de calibre 40, matando a dos ellos y pudiendo escapar ileso el tercero. Entrecruzamientos telefónicos y otra evidencia sugiere un fuerte vínculo entre este episodio y el contrabando de efedrina. Véase https://www.clarin.com/policiales/triple-crimen-vinculos-ataque-unicenter_0_BkVgY5FATtg.html.

]]>
<![CDATA[ El papel de Bolivia dentro de los esquemas del tráfico de cocaína ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari102-2019-bartolome-ventura-papel-de-bolivia-dentro-de-esquemas-del-trafico-de-cocaina 2019-11-08T12:51:30Z

La ubicación geográfica de Bolivia y su permeabilidad fronteriza, más que su producción, son los factores con mayor incidencia en su papel dentro de los esquemas internacionales del tráfico de cocaína.

]]>
Tema

La ubicación geográfica de Bolivia y su permeabilidad fronteriza, más que su producción, son los factores con mayor incidencia en su papel dentro de los esquemas internacionales del tráfico de cocaína.

Resumen

Bolivia integra, junto con Colombia y Perú, el reducido grupo de países en los cuales se produce la cocaína que se consume en todo el planeta. La elaboración local de ese estupefaciente se sustenta básicamente en las plantaciones de coca situadas en las regiones de los Yungas y el Chapare, aunque también se nutre de hojas y pasta base de origen peruano.

Sin embargo, la clave de la importancia boliviana en esta actividad criminal radica más en la ubicación del país y las crecientes dificultades para controlar de manera efectiva las fronteras, que exhiben un alto grado de porosidad. Estos elementos interactúan para constituir al país en una pieza clave en el trasiego de cocaína a las naciones vecinas, sea para abastecer a la demanda doméstica o para su reenvío a mercados de consumo en ultramar. Las modalidades de tráfico son múltiples y complejas, e involucran a organizaciones criminales exógenas que interactúan con grupos autóctonos.

Análisis

Desde que comenzó a elaborarse cocaína hace casi un siglo, Bolivia ocupa un lugar de preponderancia en materia de producción y tráfico ilícitos de ese estupefaciente. Junto a Perú y Colombia, la nación altiplánica completa la troika de productores de cocaína a partir del procesamiento de materia prima procedente, en este caso, no sólo de plantaciones locales, sino también de cultivos peruanos. Por otro lado, desde la perspectiva de una “geopolítica de las drogas”, de acuerdo al académico francés Alain Labrousse, constituye una pieza fundamental en las redes transnacionales de tráfico que llevan ese producto a mercados de consumo situados tanto en el continente como en ultramar, a partir de la conjunción de dos factores: por un lado, su posición geográfica; y, por otro, la porosidad de sus fronteras.

En este sentido, conviene recordar que Bolivia tiene una extensión fronteriza de 6.834 km lineales con Brasil, Argentina, Perú, Paraguay y Chile. En su mayor parte la frontera exhibe un alto grado de vulnerabilidad, con más de una treintena de puntos particularmente críticos por su empleo constante por parte de los flujos criminales transfronterizos, según admitió el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el marco de una reunión de países del Cono Sur sobre Seguridad de Fronteras, celebrada en Brasilia en noviembre de 2016. Esa notoria vulnerabilidad ha motivado al Poder Ejecutivo a utilizar las instituciones militares para atenuar la capitalización de la porosidad fronterizo por parte de organizaciones ilegales. Esas tareas de control, junto con el empleo en labores de erradicación manual, sintetizan el papel actual de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico.1

La cocaína que Bolivia trafica hacia el exterior procede tanto del procesamiento de la coca oriunda de las plantaciones locales situadas en su mayoría en Yungas y el Chapare, como de envíos provenientes de Perú (desde donde puede haber venido como clorhidrato, o en la forma de pasta base para su posterior refinamiento), y en mucho menor medida desde Colombia. En materia de procesamiento, estudios indican que más del 80% de los productores bolivianos tienen hasta dos pozas de maceración, con capacidad de producción de hasta 4kg semanales de PBC.

El presidente de la República, Evo Morales, es precisamente un dirigente cocalero de la región del Chapare. Su particular postura sobre la cuestión de la coca, ampliando los límites de la superficie cultivable tolerada, hasta 22.000 hectáreas de acuerdo a la ley vigente, es objeto de grandes controversias. Desde el Poder Ejecutivo se defiende un modelo de erradicación consensuada de cultivos excedentarios, susceptibles de ser empleados en la elaboración de cocaína, basado en el diálogo con los sectores agrícolas, alegando que de esta forma se evita la violencia y se preserva la paz social.

Diferentes sectores opositores, en cambio, insisten en que la postura del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) fomenta la producción de cocaína desde el momento en que la demanda legal doméstica de coca podría satisfacerse plenamente con aproximadamente 14.000 hectáreas cultivadas. En esta línea, se ha alegado con cierta frecuencia que el Gobierno se encuentra permeado por la criminalidad, e incluso que ésta lo maneja a su antojo. Un ejemplo de estos embates tuvo lugar en octubre del año 2017 a raíz de la detención en Brasil del traficante boliviano Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo, hijo de una importante dirigente del MAS de la región de Beni, con media tonelada de cocaína en su poder. En esos momentos, un pronunciamiento de la fuerza opositora Unión Nacional (UN) sostenía que “el gobierno de Evo Morales resulta a esta altura de la historia prisionero del narcotráfico”, agregando que “la fuerza de los cocaleros del Chapare, proveedores principales del narcotráfico, ha logrado digitar el horizonte estratégico del gobierno”.2

En suelo boliviano se registra una importante presencia de organizaciones extranjeras dotadas de cuantiosos recursos económicos que controlan prácticamente en su totalidad el negocio del tráfico de cocaína hacia el exterior. Estas organizaciones criminales toman decisiones de nivel estratégico en sus lugares de origen mientras que en Bolivia únicamente se deciden cuestiones de tipo táctico. Además, su capacidad económica les ha permitido en el país altiplánico penetrar y cooptar diversas entidades de la sociedad civil que han contribuido a su legitimación. La presencia de organizaciones foráneas se constata en el hecho de que, solamente entre mayo de 2018 y los primeros días de julio de 2019, fueron detenidos en el país más de una decena de capos criminales extranjeros, el último de ellos el italiano Paolo Lumia, de la mafia siciliana.

Teniendo en cuenta diferentes trabajos, un listado de esas organizaciones incluye a las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho; la Federación de Sinaloa y los Zetas, de México; el peruano Sendero Luminoso; e incluso mafias rusas. También se indica una fuerte presencia de actores subestatales colombianos como el Cártel del Norte del Valle; diversos grupos paramilitares devenidos en Bandas Criminales (BACRIM), entre ellos las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), Los Rastrojos y Los Urabeños; y, finalmente, elementos residuales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del país homónimo. De todo este conjunto de actores, cada vez con mayor nitidez se destaca el PCC, que ha dejado de comprar cocaína al por mayor y distribuirla dentro de su país, para negociar en forma directa con los productores de cocaína bolivianos (y también peruanos), integrándose a la cadena de suministro de ese estupefaciente.

Por su parte, los grupos criminales domésticos parecen estar relegados a un segundo orden, manteniendo una relación de subordinación a las organizaciones foráneas. Es cierto que en los últimos tiempos se han detenido a importantes narcotraficantes locales, cuyas operaciones se articulaban con redes internacionales de tráfico y que se valían de importantes vinculaciones en el mundo de la política y el poder judicial. Sin duda, los casos más resonantes de los últimos tiempos son los de Pedro Montenegro Paz y Mayerling Castedo (miembro del clan familiar Candia-Castedo), capturados en mayo y junio de 2019 respectivamente. Aun así, desde la desarticulación del cártel de William Rosales Suárez, el “Rey de la Cocaína”, a comienzos de la presente década, no se destaca con nitidez ninguna organización o cártel autóctono de primera línea.

En buena medida, los grupos locales responderían a la estructura de clanes familiares, con un alto grado de organización. Los principales activos de estos clanes son la confianza y la lealtad que proporcionan los lazos de sangre entre sus miembros, cimentando una unidad que es fundamental frente a un entorno que se presenta peligroso, sea por organizaciones rivales o por las instituciones estatales.

Operando de manera articulada, junto a los clanes locales subordinados, las organizaciones criminales foráneas trasiegan cocaína local, o procedente de Perú, hacia las naciones limítrofes. Los destinos externos prioritarios son Brasil, Argentina y Paraguay, aunque en los últimos años Chile aumentó su importancia. Las modalidades del tráfico desde y hacia el exterior son heterogéneas e incluyen medios aéreos, terrestres y lacustres.

El despliegue en el territorio de Bolivia de las entidades criminales, tanto extranjeras como autóctonas, se orienta hacia los territorios orientales del país, especialmente el departamento de Santa Cruz. Esa unidad política constituye el epicentro del tráfico ilícito de drogas en Bolivia, albergando dentro de sus límites instalaciones de refinamiento, acopio y comercialización. Incluso, siempre se sostuvo que en suelo cruceño se concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos para la producción de ese estupefaciente, fuera de Colombia, aunque en los últimos tiempos el departamento de Cochabamba cobró una gran importancia en este sentido. Santa Cruz además alberga más de una decena de escuelas de aviación donde se forman los pilotos de los aviones que se emplean para el trasiego de drogas a través de los llamados “narcovuelos”. El coste total de esos cursos rondaría los 25.000 dólares, cifra que puede saldarse con la ganancia que producen unos pocos vuelos ilegales.

El principal motivo que subyace a la alta concentración en suelo cruceño de laboratorios de procesamiento, sitios de acopio y distribución e incluso academias de aviación, es la proximidad geográfica con Brasil, con quien comparte una extensa frontera, difícil de controlar. El gigante sudamericano también constituye una importante pieza en los esquemas de las drogas ilegales en América del Sur: por un lado, es el segundo mercado nacional de cocaína a nivel mundial, con un consumo estimado de casi 100 toneladas anuales por más de 2 millones de personas; por otra parte, a través de su vasto territorio se trafica cocaína que suele tener a Europa como destino final, y que es enviada por vía marítima o aérea, siendo usuales las rutas hacia la región de África Occidental y, en particular, Angola y Guinea.

En lo referente a rutas de tráfico, el ingreso de droga desde Perú para su posterior reexportación estaría controlado por una veintena de clanes familiares peruanos, también llamados “cárteles criollos”. Hace ya dos años se hizo público que en Bolivia habían instalado sus cuarteles generales al menos seis narcotraficantes peruanos de alta jerarquía, entre ellos Clever Bernardo Ambrosio (alias “Chila”) y Reyna Gozme La Fuente (alias “Reyna”); hasta el momento de la redacción de este análisis, ninguno de ellos habría sido detenido.

Cerca del 35% de la producción peruana total de cocaína ingresa a Bolivia totalmente elaborada, o como pasta base, para transformarse en clorhidrato en laboratorios locales. Ese volumen representa más de la mitad de la cocaína producida en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la región más productiva de Perú en este rubro ilegal, con cerca del 60% del total nacional.

La droga peruana ingresa a Bolivia por vías terrestre y aérea. En el primer caso las rutas se orientan a las localidades de Desaguadero, Copacabana, Puerto Acosta y Pelechuco en el departamento de La Paz, y Cobija, Filadelfia y Puerto Gonzalo Moreno en el departamento de Pando. Específicamente a través de esta última unidad política ingresa la mayor cantidad de cocaína con destino a Brasil.

Respecto a la vía aérea, Bolivia recibiría aproximadamente el 95% de los “narcovuelos” que despegan desde Perú, empleándose aeronaves que suelen estar matriculadas en Bolivia y transportan, en cada viaje, un promedio de 300 a 350 kg de cocaína, aunque esa carga puede llegar a los 500 kg. La mayoría de estos vuelos aterrizan en pistas clandestinas del departamento de Beni, donde la presencia criminal sería por lo demás intensa, particularmente en las localidades de Magdalena, San Ramón, San Joaquín, San Borja, Trinidad, Santa Ana del Yacuma y Guayaramerín. Esas pistas suelen ser denominadas “puntos intermedios” o “medias”, pues allí los aviones se aprovisionan de combustible antes de seguir camino a su destino final, muchas veces en países limítrofes.

Figura 1. Puntos de llegada de cocaína a Bolivia desde Perú
Figura 1. Puntos de llegada de cocaína a Bolivia desde Perú. Fuente: elaboración propia (Mapa elaborado por Ignacio Martínez García, estudiante de la UAM y ayudante de investigación en prácticas del Real Instituto Elcano, 2019)
Fuente: elaboración propia3.

La exportación de droga desde Bolivia revela, como ya se anticipó, diferentes modalidades. Por vía aérea se emplean vuelos comerciales internacionales en los cuales el estupefaciente viaja disimulado en envíos de correo, equipaje e incluso en el cuerpo de los pasajeros, sea adherida externamente o en su interior. También se recurre a aeronaves particulares legales, que se desvían de sus vuelos aprobados por la autoridad pertinente para cometer ilícitos, y a los ya mencionados “narcovuelos”.

El tráfico de droga por vía aérea incluye la modalidad conocida como “lluvia de cocaína”, “lluvia blanca” o “bombardeo de drogas”, consistente en el lanzamiento de los cargamentos desde el aire por aeronaves que se desplazan a escasa velocidad y a una altura no superior a los 15 metros. Los paquetes son arrojados en regiones inhóspitas y poco transitadas, o zonas de cultivo situadas en fincas privadas, siendo habitual el empleo de dispositivos de localización que permiten su rápida recuperación por parte de miembros de la red, que se desplazan por tierra.

A modo de ejemplo, para dimensionar de mejor manera el volumen del tráfico a través de “narcovuelos”, conviene consignar que una reciente investigación periodística determinó que solamente desde pistas ubicadas en el departamento de Beni despegan cotidianamente un promedio de 30 aviones hacia las naciones limítrofes, transportando cada uno de ellos hasta media tonelada de cocaína.4

El trasiego por vía fluvial apela a la cuenca del lago Titicaca y su red de afluentes que se extienden hasta las áreas fronterizas del país, utilizando lanchas y barcazas. Finalmente, el tráfico terrestre se vale de camiones de carga, autobuses internacionales y vehículos particulares, en muchos casos dotados de compartimientos ocultos donde se esconde la droga. La red vial empleada prioriza los caminos secundarios y sendas, poco usados por el tránsito usual.

Analizando el tráfico por aire, en lo que hace a Brasil, los “narcovuelos” parten desde los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y La Paz, todos ellos ya mencionados. En el caso del Beni, las localidades involucradas son las identificadas en un párrafo anterior, mientras en La Paz se destacarían algunos núcleos urbanos septentrionales: Apolo, Ixiamas y Rumenabaque, entre otras. Respecto al caso cruceño, existen referencias a la importancia de algunos puntos ubicados en la provincia de Ichilo, entre ellos San Germán, Kilómetro 7, Buenavista y Santa Fe de Yapacaní.

En el caso de Paraguay el espacio aéreo es vulnerado en la zona noroccidental del Chaco por pequeñas avionetas procedentes de los departamentos de Beni y Tarija, difíciles de detectar debido a la carencia de radares. Se han detectado pistas clandestinas incluso en el Parque Nacional Paso Bravo y reservas ecológicas paraguayas, donde se registran vastas extensiones de tierra despobladas. Desde allí, la cocaína se traslada hacia el oriente paraguayo, por vía aérea, o a través de la carretera Transchaco. Respecto a Argentina, en sus territorios septentrionales, hasta el norte de la provincia de Santiago del Estero, se encuentra ubicada la gran mayoría de las aproximadamente 1.500 pistas de aterrizaje irregulares (un millar declaradas ante la Administración Nacional de Aviación Civil pero no habilitadas para operar, más 500 clandestinas), que utilizan los “narcovuelos” procedentes del vecino país.

El tráfico de drogas por tierra a Brasil se efectúa desde los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni. Existen nueve pasos fronterizos particularmente vulnerables a esa actividad criminal: Bolpebra, Cobija, Puerto Evo y Villa Bella, en Pando; Guayaramerín y Bella Vista, en Beni; y San Matías, Arroyo-Concepción y Puerto Quijarro, en Santa Cruz. Estos puntos se complementan con decenas de pasos ilegales, donde el control es virtualmente nulo. En cuanto a Paraguay, hay trasiego carretero a través del paso fronterizo de Villa Montes, siendo un dato de interés el carácter bidireccional del tráfico: por la misma vía, ingresa a Bolivia marihuana paraguaya.

En lo que hace al tráfico por vía terrestre hacia Argentina, son empleados los pasos fronterizos oficiales Villazón-La Quiaca, Bermejo-Aguas Blancas y Yacuiba/Pocitos-Salvador Mazza. El primero colinda con la provincia argentina de Jujuy mientras los dos restantes lo hacen con la provincia de Salta. Al mismo tiempo se registran decenas de pasos ilegales que son empleados de manera intensiva por los traficantes, cuya vigilancia y control son extremadamente difíciles por parte de las autoridades gubernamentales. A modo de ejemplo, el eje Yacuiba/Pocitos-Salvador Mazza se encuentra rodeado de cerros cubiertos de una espesa vegetación subtropical, con gran cantidad de arroyos y cañadas que atraviesan el límite binacional.

En estos casos, además del empleo de vehículos de carga, particulares o de transporte de pasajeros, se observa un uso intensivo de las llamadas “mulas” (o “capsuleros”): personas que pueden llegar a ingerir hasta un kg de cocaína, distribuido en un centenar de cápsulas. En el reclutamiento de las “mulas” incide el conocimiento previo (personal o a través de vínculos familiares) y la falta de antecedentes penales, así como desfavorables situaciones socioeconómicas y laborales. También se subcontrata a “bagayeros”, ciudadanos de la zona de bajos recursos económicos dedicados habitualmente al contrabando en las ciudades de frontera, en función de sus ventajas comparativas y competitivas frente a otras organizaciones delictivas foráneas.

De acuerdo con las autoridades judiciales argentinas, solamente en la zona fronteriza cercana a la ciudad salteña de Orán, aproximadamente 5.000 habitantes argentinos y bolivianos ejercen funciones de “bagayeros”, mientras un 30% de la población local vive del negocio del contrabando de diferentes bienes, incluidas personas. Precisamente en esta localidad se pudo constatar, hace un lustro, el enorme poder corrosivo que estaban ejerciendo las drogas procedentes de Bolivia sobre las instituciones republicanas, cuando fue detenido el juez federal con sede en el lugar, acusado de dejar libre a narcotraficantes a cambio de coimas.

Cerrando la descripción de los tráficos terrestres desde Bolivia, aunque parte de la droga procedente de esa nación ingresa a Chile a través del territorio argentino, también lo hace de manera directa valiéndose de la existencia de más de un centenar de pasos fronterizos clandestinos. Es necesario recordar en este punto que desde Chile procede aproximadamente el 70% de la mercadería que ingresa de contrabando a Bolivia, a través de pasos ilegales que, en sentido inverso, pueden emplearse para trasegar droga. Buena parte de esos pasos ilegales se concentran alrededor de Pisiga, Tambo Quemado, Sabaya, Todos Santos, Huachacalla y el Salar de Uyuni. Se ha indicado que la principal ruta utilizada para el tráfico de cocaína desde Bolivia a Chile discurre desde Santa Cruz a Oruro y de allí a Colchane, ciudad altiplánica donde se enlaza con la red de carreteras locales.

En términos comparativos con los modos terrestre y aéreo, el tráfico de drogas desde Bolivia hacia sus países limítrofes por vía fluvial tiene una menor importancia. No obstante, existen casos relevantes, por ejemplo, el del río Bermejo, que opera de límite natural entre la ciudad boliviana del mismo nombre y Aguas Blancas en Argentina. Su control presenta una extrema dificultad, pues permanentemente es atravesado por gran cantidad de barcazas denominadas “chalanas” que vinculan ambos márgenes sin pasar por la autoridad fronteriza. La dificultad del control aumenta en épocas en que disminuye su caudal el río Bermejo, pues puede ser atravesado a pie, permitiendo portar mercaderías de diferentes volúmenes. También se destaca el rol papel que desempeñan Puerto Quijarro y Puerto Suárez, localidades bolivianas ribereñas del río Paraguay; de ambos puntos parten embarcaciones que transportan hacia el sur la cocaína que cruza la frontera y es descargada en puntos clandestinos o los puertos fluviales Bahía Negra, Vallemí, Concepción, Antequera y Puerto Rosario, ya en cercanías de la frontera con Argentina.

Conclusiones

A modo de reflexión, puede concluirse que cada vez es más notorio que la clave de la importancia de Bolivia dentro de los esquemas contemporáneos del tráfico de drogas ilegales radica menos en su papel de productor que en su papel como distribuidor. In extenso, más allá de constituir actualmente el tercer productor de cocaína a nivel mundial, a partir de coca de procedencia local y de pasta base del VRAEM peruano, Bolivia capitaliza su posición geográfica y la permeabilidad de sus fronteras, que no ha sido subsanada a pesar del empleo del instrumento militar en esa tarea. Así, el país se consolida como un nodo clave desde donde fluyen grandes cantidades de ese estupefaciente hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Aunque estas cuatro naciones constituyen importantes eslabones en las cadenas de tráfico a destinos de ultramar, las dos primeras –y en especial Brasil– cuentan además con vastos y lucrativos mercados de consumo domésticos.

La constitución del país en una pieza fundamental dentro de los esquemas de distribución de drogas por medios primordialmente aéreos y terrestres, y subsidiariamente por vías fluviales, es a la vez causa y consecuencia de la presencia del PCC –que se encamina a consolidarse como la organización criminal más importante de América del Sur– y otras organizaciones foráneas en el territorio nacional, que articulan con clanes familiares locales estructurados en base a lazos de sangre. Todas las características referidas confirman la naturaleza singular del caso boliviano dentro del universo de la criminalidad regional y, consecuentemente, la conveniencia de su seguimiento permanente.

Mariano Bartolomé
Graduado y doctor en Relaciones Internacionales, docente e investigador universitario en niveles de grado y posgrado, y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador (USAL), Argentina

Vicente Ventura Barreiro
Abogado, máster en Administración y Derecho de la Seguridad Pública, y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (USAL), Argentina

[Actualizado: 13/11/2019]


1 Hemos analizado en detalle el papel del sector castrense boliviano en el combate al narcotráfico en M. Bartolomé (2019), “Militares involucrados en la lucha contra las drogas: los casos de Bolivia y Venezuela”, en C. Sampó y S. Alda (comps.), La transformación de las Fuerzas Armadas en América Latina ante el crimen organizado, Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú y Real Instituto Elcano, Lima, pp. 227-256.

2 J. Alanoca (2017), “Para UN, el Gobierno de Evo es ‘prisionero del narco’”, El Deber, 19/X/2017.

3 Mapa elaborado por Ignacio Martínez García, estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid y ayudante de investigación en prácticas del Real Instituto Elcano (2019).

4 D. Romero (2019), “Cada día salen de Beni 30 avionetas cargadas con hasta 500 kg de cocaína”, Página Siete, 9/VI/2019.

]]>