Demografía y Migraciones Internacionales - Real Instituto Elcano Feeds Elcano Copyright (c), 2002-2018 Fundación Real Instituto Elcano Lotus Web Content Management <![CDATA[ Inmigración en España: una nueva fase de llegadas ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari28-2019-gonzalezenriquez-inmigracion-espana-nueva-fase-llegadas 2019-03-05T12:30:21Z

Tras unos años de frenada por la crisis económica, la inmigración hacia España vuelve a adquirir una notable intensidad.

]]>
Tema

Tras unos años de frenada por la crisis económica, la inmigración hacia España vuelve a adquirir una notable intensidad.

Resumen

Los inmigrantes representan ya un 14% de la población española y la quinta parte de la población de entre 25 y 49 años. Su aumento reciente se debe a la recuperación del mercado de trabajo pese a que el paro sigue siendo mayor entre los inmigrantes. Sólo una pequeña parte de ese aumento se debe a la inmigración que llega a través de pateras o del cruce irregular en Ceuta y Melilla.

Análisis

Tras un período de intenso crecimiento de la migración hacia España, en el que el país recibió un saldo neto de más de 6 millones de migrantes, la crisis económica produjo, con retraso de varios años, un descenso en las llegadas de inmigrantes y un aumento de su retorno a los países de origen o su traslado a terceros países, a la vez que provocaba un aumento de la salida de jóvenes autóctonos españoles. En conjunto, en comparación con el movimiento previo de entrada, este período en que el país experimentó un saldo migratorio negativo fue pequeño tanto en volumen como en duración, aunque existen dudas fundadas sobre su reflejo en los actos administrativos (registro padronal) que nutren las estadísticas migratorias nacionales.1 El descenso afectó a menos del 10% de los inmigrantes residentes en España y su duración se limitó a los años 2012 a 2016. Desde 2017, España recuperó saldos migratorios positivos (inmigraron más personas que las que emigraron), en un proceso que está indudablemente unido a la recuperación de la creación de empleo.

Esta evolución positiva del mercado de trabajo explica también la reducción de la emigración de españoles. En continuación de la tendencia detectada en los años anteriores, el saldo pasó a ser en 2018 casi neutro, en concreto de -1.700 personas en el primer semestre de 2018. Buena parte de los que emigran desde España con nacionalidad española son inmigrantes nacionalizados, muchos de ellos acompañados por sus hijos nacidos ya en España que han obtenido la nacionalidad española.

Figura 1. Evolución del número de inmigrantes residentes en España, 1998-2018
Evolución del número de inmigrantes residentes en España

Los datos tienen fecha del 1 de enero de cada año y, por tanto, reflejan lo ocurrido durante el año anterior. Se considera inmigrante al nacido fuera de España, al margen de cuál sea su nacionalidad de origen o actual.

Fuente: Estadística del Padrón continuo, INE.

Los datos más recientes, los provisionales del INE con fecha 1 de julio de 2018, muestran un saldo migratorio positivo en el primer semestre de 2018 que multiplica por 2,3 el del mismo período del año anterior, en concreto, un saldo de 122.000 frente a los 53.000 del primer semestre de 2017. Suponiendo que el segundo semestre haya tenido un comportamiento semejante al primero –los datos definitivos no están aún publicados–, esto implicaría un saldo positivo total en 2018 de 244.000 personas migrantes (de nacionalidad extranjera). El cambio es el resultado de un aumento de las entradas (un 23% más) y una disminución de las salidas (un 16% menos), y supone un retorno a la fase de intensa recepción de inmigrantes. En conjunto, los inmigrantes (definidos por su origen y no por su acceso a la nacionalidad española) representan ya un 14% de la población total, la quinta parte (el 21%) de la población de entre 16 y 44 años y casi la cuarta parte (el 24%) en el grupo de edad de 30 a 34 años.

Figura 2. Inmigrantes en la población española total, 2018
Enero de 2018 Total 0-15 años 16-44 años 45-64 años 65 años y más

Población española total

46.722.980 7.392.864 17.167.078 13.254.887 8.908.151

Inmigrantes

6.386.904 413.141 3.617.664 1.866.690 489.409

% Inmigrantes

14 6 21 14 5
Fuente: Estadística del Padrón continuo, INE.
Figura 3. Porcentaje de población inmigrante en los grupos centrales de actividad laboral, enero de 2018 (%)
Edad 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

%

20 22 24 23 20 18 15
Fuente: Estadística del Padrón continuo. INE.

Por orígenes, destaca el aumento en los últimos años de la población marroquí, que antes de la crisis tenía un tamaño semejante al de la rumana, pero que ahora la supera claramente.

Figura 4. Principales orígenes de los inmigrantes en España, 1 de enero de 2018 (grupos con más de 100.000 habitantes)
País Nº de inmigrantes

Marruecos

825.674

Rumanía

593.532

Ecuador

404.414

Colombia

394.431

Argentina

256.071

Venezuela

255.071

Reino Unido

248.824

Francia

203.556 (1)

Perú

201.993

China

195.345

Bolivia

171.399

Alemania

167.901

Cuba

141.348

Brasil

131.072

Italia

125.297

Bulgaria

115.456

Ucrania

106.109

(1) Aproximadamente la mitad de los nacidos en Francia son hijos de migrantes españoles.

Fuente: Estadística del Padrón continuo, INE.

No está claro a través de qué mecanismos legales se produce la entrada de esta nueva ola de inmigración. La inmigración irregular detectada en frontera (de la que se habla más adelante) supone sólo una parte pequeña de ese aumento de las llegadas, mientras que, por otro lado, no se han abierto nuevos canales de inmigración legal. En concreto, el Catálogo de Puestos de Difícil Cobertura que, en teoría, debería ser la principal vía legal para la llegada de inmigración regular, tiene, desde la crisis, un listado muy estrecho de profesiones para las que estaría justificada la llegada de nuevos inmigrantes. Supuestamente los nuevos migrantes laborales deberían llegar sólo a esas actividades. En la actualidad, en el Catálogo constan únicamente oficios relacionados con la marina, el deporte profesional y muy poco más, lo que muestra que no está cumpliendo el papel que se le asignó en su creación en 2004. Pero si la nueva migración no utiliza la vía del Catálogo,2 ¿cuál es la vía de entrada? En el caso de la inmigración comunitaria, que representa un 28% del total de la población inmigrante, el derecho a la libertad de movimiento y residencia facilita esa migración, aunque existen restricciones administrativas destinadas a asegurar que los inmigrantes comunitarios cuenten con medios de vida en el país.

La vía de la reagrupación familiar puede explicar una parte del aumento en el número total de inmigrantes. Durante el año 2017 se concedieron un total de 65.000 nuevos permisos de residencia a inmigrantes no comunitarios y la mitad de ellos (33.000) corresponden a reagrupaciones familiares. Mucho más numerosa es la entrada por la vía de la reagrupación familiar con ciudadanos comunitarios (en su mayoría anteriores migrantes ya nacionalizados), que afectó a casi 100.000 personas en 2017. Pero, junto a esto, puede estar repitiéndose la situación vivida antes de la regulación extraordinaria de 2005, es decir, un flujo importante de entradas por vías irregulares, sobre todo como turistas que sobrepasan el período de estancia máxima (tres meses). De hecho, la comparación entre los datos del Padrón (extranjeros empadronados no comunitarios) y los del Ministerio de Interior (permisos de residencia en el Régimen General, el que se aplica a los no comunitarios) muestran un desfase de más de 600.000 personas.

Figura 5. Comparación entre empadronados y permisos, 2018
Empadronados extranjeros de países extracomunitarios (a 1 de enero de 2018) 2.750.911

Permisos de residencia en el Régimen General (a 31 de diciembre de 2017)

2.113.120

Diferencia entre empadronados y permisos (total y % sobre empadronados)

637.791 (23%)
Fuente: elaboración propia.

Esto no implica necesariamente que, como se deduciría de estos datos, casi uno de cada cuatro inmigrantes no comunitarios se encuentre en España de forma irregular. Es posible que el número de inmigrantes empadronados sobrestime su cifra real: hay evidencia de este tipo en lo que respecta al mayor grupo, el formado por los inmigrantes marroquíes. En este caso, por ejemplo, el número de niños y adolescentes de nacionalidad marroquí cursando estudios obligatorios (Primaria y ESO) es la mitad que el número de niños entre cinco y 14 años de esa nacionalidad empadronados en España. Puesto que no hay ningún indicio de inasistencia escolar masiva de niños marroquíes en esas edades, este desajuste sólo puede significar que su registro padronal no corresponde con su estancia real en España. Algo semejante puede estar ocurriendo con otros grupos de inmigrantes, que podrían estar esforzándose por mantener su registro padronal (renovándolo cada dos años) pese a no vivir en España, con el objetivo de mantener su derecho a una regularización futura. En cualquier caso, esta diferencia de 600.000 personas resulta preocupante y exige mayor investigación.

Respecto a los migrantes de origen comunitario, el número de permisos de residencia en vigor (3.124.950) es mucho mayor que el de extranjeros nacionales de la UE empadronados en la misma fecha (1.983.780),3 lo que implica que más de un millón de ciudadanos comunitarios han obtenido un permiso de residencia en España que ya no usan, quizá porque la situación económica en sus países ha mejorado o quizá porque, como ocurre con los británicos, el temor al Brexit y la pérdida de su capacidad adquisitiva por la devaluación de la libra impulsa a algunos a volver a su país. En este desajuste destacan los rumanos: el número de permisos (1.030.000) casi duplica el de empadronados (585.000).

Un elemento que añade confusión al paisaje de las cifras es la decisión tomada en julio del 2018 de no exigir el empadronamiento a los inmigrantes para acceder a la sanidad pública. Sin este incentivo (el acceso a la sanidad), es probable que muchos inmigrantes no den el paso de acudir al registro municipal (empadronarse es un trámite gratuito) o no se molesten en renovar su inscripción padronal, lo que disminuye la verosimilitud de las estadísticas de población. Esto no sólo afecta al Padrón sino a otras fuentes de gran importancia que se basan en él, como la Encuesta de Población Activa.

La inmigración extracomunitaria que ha llegado a España en las últimas dos décadas es básicamente económica y de primera generación, formada por adultos jóvenes en busca de un empleo, pero en este período se ha formado ya una segunda generación de hijos de migrantes (nacidos en España o a su vez inmigrados en su infancia o adolescencia) cuyo éxito profesional será la clave de su integración social. Resulta imposible evaluar con precisión el tamaño de esta segunda generación de migrantes: los nacidos en España, especialmente los latinoamericanos, adquieren muy pronto la nacionalidad española y su volumen resulta indetectable en las estadísticas de población. Tampoco las estadísticas educativas permiten estimar su tamaño, salvo en el caso de los niños o adolescentes que mantienen la nacionalidad de origen propia o de sus padres.

Respecto a sus resultados educativos, el informe PISA, que evalúa en los países de la OCDE los niveles de conocimiento y destrezas de los adolescentes de 15 años, en España no diferencia resultados en función del origen de los padres, de modo que los hijos de británicos, franceses, senegaleses o ecuatorianos aparecen en un solo grupo, y eso hace imposible detectar dificultades específicas y afinar el diagnóstico. A pesar de esto, existen indicios que hacen temer por la futura integración laboral de las segundas generaciones de inmigrantes: algunos estudios muestran que su tasa de abandono escolar es mucho más alta que la de los españoles autóctonos y que sus aspiraciones formativas son más bajas. En concreto, el abandono escolar es el doble entre los adolescentes nacidos fuera de España (33%) que entre los nacidos en España (16%). El abandono es intenso especialmente entre los adolescentes masculinos extranjeros:4 un 41,5% dejó sus estudios sin completar la ESO o sin seguir después de ella en Formación Profesional o Bachillerato.5 Estos datos resultan preocupantes porque todas las evidencias muestran que el paro en España, como en Europa en general, se concentra en los varones de menor cualificación, un grupo al que se verían abocados estos migrantes de segunda generación que han abandonado los estudios. Por otro lado, la experiencia de los países europeos con historias migratorias más antiguas que la española señalan que la integración de las segundas y siguientes generaciones es más compleja que la integración de la primera porque las expectativas de sus miembros son diferentes y porque el tipo de empleo que permitió la ocupación de la primera generación puede haber desaparecido cuando la segunda llega a la edad activa. Desde que España se convirtió en un país de inmigración (aproximadamente desde finales del siglo pasado), el paro ha sido mayor entre los inmigrantes que entre los autóctonos por diversas razones (su formación, sus redes sociales, la preferencia de las empresas en igualdad de condiciones…), pero los resultados educativos actuales indican un peligro de que esta desigualdad se acentúe en el corto y medio plazo, lo que a su vez podría alimentar el rechazo social hacia la población inmigrante.

Pese al aumento sustancial de la migración que llega por vías regulares –como la que entra con un visado de turista, aunque parte de ella se convierta después en irregular– el foco de los medios de comunicación está puesto en el flujo mucho menor de inmigrantes que llegan de forma irregular a través del Mediterráneo o saltando las vallas de Ceuta y Melilla, un flujo que ha tenido importantes consecuencias en la opinión pública y en la política interna. La llamada “ruta occidental” del Mediterráneo, la que se dirige a España, se ha convertido en el principal canal de entrada a la UE de migración irregular detectada en frontera. Las cifras de 2018 (65.000 llegados por mar o a través de Ceuta y Melilla) son las mayores en la historia contemporánea de España, muy superiores a las que causaron el anterior pico en el volumen de entrada irregular en 2005 y 2006 (llegadas a Canarias y a Ceuta y Melilla). En términos europeos esta llegada de 65.000 personas en un año es una cifra pequeña cuando se compara con los flujos de entrada irregular en Grecia o Italia en años anteriores (2015 a 2017), pero eso no disminuye la alarma que provoca tanto en España como en la UE.

En contra de lo que podría pensarse, el aumento de las llegadas a España no es consecuencia del cierre de la vía libia hacia Italia: los orígenes nacionales de los inmigrantes son diferentes, con predominio en el caso español de los provenientes del Magreb y especialmente de Marruecos. La causa de este aumento de llegadas desde Marruecos parece ser el resultado de varios elementos: el anuncio reciente de la reimplantación del servicio militar obligatorio, la fuerte sequía de 2017, la represión de las protestas en la zona del Rif y la creciente frustración de las expectativas de la juventud. Por otra parte, el hecho de que gran parte de la inmigración irregular llegada por mar proceda de Marruecos y Argelia facilita la gestión de España gracias a los acuerdos de devolución con ambos países (aunque no siempre funcionen perfectamente). No ocurre lo mismo con los que proceden de países subsaharianos (el grueso de los que llegan por Ceuta y Melilla y parte de los llegados por mar), ante los cuales España se encuentra con el mismo problema que frena el control de los flujos migratorios en toda Europa, la escasez de acuerdos de readmisión con sus países de origen.

Especialmente difícil resulta la gestión en relación con los menores inmigrantes no acompañados (MENA), que no pueden ser devueltos salvo en condiciones de máximas garantías respecto a su acogida en origen. España atendía a finales del 2018 a unos 11.000 MENA, el 70% de ellos marroquíes, y su atención ha causado la saturación de los centros dedicados a su atención y problemas de gestión política en la relación entre las diferentes administraciones (local, autonómica y central). Por otra parte, los servicios españoles implicados en este proceso de recepción de los MENA son muy conscientes de que buena parte de este flujo de llegada de menores de edad no acompañados es consecuencia de decisiones tomadas por familias magrebíes que optan por enviar a sus hijos adolescentes a España, con los que se mantienen en contacto.6 No se trata, por tanto, en estos casos de menores abandonados sino de una migración económica que responde a estrategias familiares.

En cuanto al asilo o refugio, ésta ha sido siempre en España una vía de muy poco peso en el conjunto de las entradas de inmigrantes, al contrario de lo que ocurría en algunos otros países europeos, como Suecia, donde el asilo era la principal puerta de llegada. Tradicionalmente, España ha recibido pocas solicitudes de asilo, por varios motivos: en primer lugar porque durante años era más fácil entrar como inmigrante irregular y esperar a la regularización posterior; en el segundo, porque España hacía muy difícil la presentación de solicitudes y tenía una tasa muy baja de aceptación de las que lograban presentarse; y, en tercer lugar, porque estas prácticas han impedido la formación en España de grupos de refugiados de los países principales emisores, que a su vez actúan como foco de atracción de nuevos refugiados. A esto se añade la alta tasa de desempleo entre los inmigrantes en España, otro factor que contribuye a hacer poco atractivo el país como destino para los refugiados.

Esta situación ha cambiado en algunos de sus rasgos en los últimos años: durante el año 2018, España recibió 54.000 solicitudes de asilo (es el quinto país de Europa por la cifra de solicitudes, por debajo de Alemania, Francia, Grecia e Italia) mientras que carece por ahora de los recursos humanos y administrativos necesarios para gestionar este volumen de solicitudes. Entre los demandantes de asilo destacan los venezolanos (un 35% del total), cuya huida del país se ha dirigido sobre todo a Colombia, Perú, EEUU y España. Sus solicitudes de asilo en España están siendo rechazadas en la mayoría de los casos, aunque a muchos de ellos se les está concediendo un permiso de residencia temporal por razones humanitarias. Por otra parte, buena parte de los venezolanos que han inmigrado durante 2018 no necesitan pedir asilo ni permiso de residencia porque proceden de familias españolas que emigraron a Venezuela en el pasado y han mantenido la nacionalidad española.

El proceso de la solicitud y concesión de asilo en España es extraordinariamente lento por la escasez de funcionarios dedicados a ello, hasta el punto de que el solicitante debe esperar muchos meses –hasta más de un año– para presentar su solicitud y después un par de años más para recibir una respuesta. En esa espera muchos demandantes agotan el período de percepción de ayudas públicas. Por otra parte, esa dilatación permite la estancia legal en España a muchos inmigrantes económicos que optan por solicitar el asilo sabiendo que no reúnen las condiciones para conseguirlo. Para evitar estos retrasos, que a finales de 2018 habían causado ya una acumulación de 78.000 expedientes sin resolver, el Ministerio del Interior anunció a finales de 2018 un plan para dotar muchas más plazas de empleados públicos dedicados a este proceso, un plan que se propone triplicar la capacidad de gestión del asilo.

Conclusiones

España ha entrado en una nueva fase de crecimiento de la inmigración, tras un breve período de saldos migratorios negativos, que se debe en parte a la recuperación del empleo y en parte a la reagrupación familiar de los que inmigraron antes. Pese a esta recuperación del empleo, el paro entre los extranjeros (21%) sigue siendo notablemente más alto que entre los españoles (14%). Como ocurrió ya en los primeros años 2000, la atención mediática se centra en la inmigración que llega de forma irregular y se detecta en frontera (65.000 personas en 2018), pero el gran crecimiento de la inmigración se produce mediante cruces legales de frontera, aunque parte de ella se convierta después en irregular. Resulta cada vez más dudosa la fiabilidad de los datos de población inmigrante: en el caso de la inmigración procedente de países comunitarios, el número de permisos de residencia es muy superior al de empadronados. En el de la inmigración extracomunitaria ocurre lo contrario, lo que podría indicar volúmenes relevantes de inmigrantes en situación irregular. La supresión de la exigencia de empadronamiento para el acceso a la sanidad pública añade confusión al panorama estadístico. En conjunto, los inmigrantes (definidos como nacidos fuera de España, es decir, al margen de si han accedido o no a la nacionalidad española) son ya una séptima parte de la población total, y un 22% de la población en los grupos centrales de actividad laboral (entre 25 y 49 años). La muy alta tasa de abandono escolar temprano de los adolescentes inmigrantes es un dato preocupante en un contexto de paulatina disminución de los puestos de trabajo que exigen poca o ninguna cualificación.

Carmen González Enríquez
Investigadora principal, Real Instituto Elcano
| @rielcano


1 Hay amplia evidencia de un sub-registro de las salidas, especialmente de aquellos inmigrantes que ya habían accedido al estatus de permiso permanente o a la nacionalidad española, lo que les exime del requisito de renovar su inscripción padronal cada dos años. También la emigración de españoles autóctonos está infra-registrada; probablemente la cifra real exige multiplicar por tres la recogida en las estadísticas. Ver “Debilidades de la emigración española”.

2 Existe otra vía de migración laboral regular, la gestionada a través del llamado Contingente. Este se destina básicamente a trabajos temporales en la agricultura, y los migrantes que entran por esta vía no suelen registrarse en el Padrón porque su estancia es más breve que la necesaria para el empadronamiento. En 2019 se prevé la entrada de 17.000 inmigrantes contratados para las tareas agrícolas relacionadas con la fresa y otras frutas.

3 Los datos del Padrón se oficializan al 1 de enero de cada año, mientras que los de Permisos lo hacen al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, la fecha de referencia es el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018, es decir, a efectos estadísticos se trata de la misma fecha.

4 Los hijos de inmigrantes latinoamericanos acceden a la nacionalidad española muy rápidamente, de modo que pocos de ellos están en este grupo de adolescentes de nacionalidad extranjera.

5 S. Carrasco, J. Pamiés y L. Narciso (2018), “Abandono escolar prematuro y alumnado de origen extranjero en España. ¿Un problema invisible?”, Anuario CIDOB de la Inmigración. En el mismo Anuario, Arcarons y Muñoz analizan el “Paro y temporalidad de los inmigrantes que llegaron a España durante la infancia”.

6 El informe más reciente de Frontex hace referencia a estos menores enviados por sus familias.

]]>
<![CDATA[ El Consejo Europeo y las migraciones: ¿se ha avanzado algo? ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari85-2018-gonzalezenriquez-consejo-europeo-migraciones-se-ha-avanzado-algo 2018-07-05T12:00:27Z

El Consejo Europeo ha producido un acuerdo impreciso, pero ha evitado una crisis política y ha hecho más visible la gravedad del desafío migratorio en la UE.

]]>
Ver también versión en inglés: The European Council and migration: any progress?

Tema

El Consejo Europeo ha producido un acuerdo impreciso, pero ha evitado una crisis política y ha hecho más visible la gravedad del desafío migratorio en la UE.

Resumen

Los resultados del Consejo Europeo del 28 de junio en lo relativo a las migraciones han sido pobres por imprecisos, pero han logrado evitar la ruptura con Italia y han puesto sobre la mesa de un modo mucho más claro cuáles son los elementos del conflicto. Se esperaba que aprobase la reforma del sistema europeo de asilo, pero la migración económica irregular que llega a través del Mediterráneo y la decisión del gobierno italiano de no aceptar en su suelo el desembarco de los migrantes rescatados por ONG extranjeras dieron un vuelco al programa.

Análisis

“No había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo que satisficiera a todos”

El Consejo Europeo del 28 de junio se enfrentaba a un difícil encaje de bolillos que hacía prever pocos resultados: lograr el acuerdo entre tres partes de Europa enfrentadas en el tema y dos grandes corrientes de opinión que apuestan por políticas contradictorias. Por un lado, la Europa del Este, en su gran parte nacionalista e islamófoba, contraria a cualquier imposición de aceptar refugiados, especialmente de países árabes; por otro, la Europa del Sur, en primera línea de llegada de una inmigración básicamente económica, muy afectada por su propia crisis económica, de la que Italia aún no está saliendo, y ahora convertida en puerto de acogida de inmigrantes difícilmente encajables en sus mercados de trabajo; y, por último, los países del Centro y Norte, a los que llegan los “movimientos secundarios”, generosos con el refugio en el pasado pero ahora en fase restrictiva por el cambio en sus opiniones públicas. Y a esta división geográfica se añade otra más difusa y transversal, pero no menos influyente, la que enfrenta a los que perciben estos movimientos migratorios desde la perspectiva de los derechos humanos y la solidaridad con el mundo en desarrollo o en guerra, y los que priman una perspectiva centrada en la defensa del modo de vida, el Estado del Bienestar y el mercado de trabajo europeos. No había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo que satisficiera a todos.

Vayamos por partes. En este Consejo Europeo se enfrentaban dos aspiraciones políticas no sólo diferentes sino antitéticas. Alemania planeaba lograr en la reunión una reforma del sistema de asilo europeo que, entre otras cosas, disminuyese el goteo continuo de llegadas a su territorio de peticionarios de asilo que han entrado en la UE a través de otro país y que, lo hayan obtenido o no en ese primer país, se trasladan después a otro. Alemania es el principal destino de estos llamados “movimientos secundarios” por diversas razones, sobre todo porque los migrantes prefieren vivir donde ya existen comunidades de su mismo origen. De esta forma, su gran generosidad con el asilo en el pasado convierte ahora a Alemania en un polo de atracción de estos movimientos secundarios. Alrededor de 70.000 personas llegaron a Alemania en 2017 de esta forma, a través de la frontera austriaca, es decir, desde el Sur y el Este. Las normas de asilo europeo (el Reglamento de Dublín) ya prevén que esas personas sean devueltas al primer país en que fueron registradas y para ello existe una base de datos de huellas dactilares, EURODAC, que permite identificar ese país. Sin embargo, los procedimientos son largos y complejos, y el resultado es que Alemania sólo consigue devolver al año a aproximadamente el 15% de esos inmigrantes-asilados que no deberían estar en su suelo. Lo que Alemania ha conseguido al hilo del Consejo Europeo es el acuerdo político bilateral con varios países para agilizar el proceso de devoluciones de estos migrantes “secundarios”. España y Grecia han formalizado ya esos acuerdos con Alemania, pero no Italia, que es el principal país de origen y del que proceden alrededor del 35% de los movimientos secundarios que llegan a Alemania. En cualquier caso, este no es un logro del Consejo Europeo sino de la política exterior alemana: lo único que las Conclusiones del Consejo Europeo dicen al respecto es que los Estados deben hacer lo posible para frenar esos movimientos, algo que supuestamente ya tendrían que estar haciendo en aplicación del Reglamento de Dublín.

Esta necesidad alemana de frenar los movimientos secundarios es el resultado del avance electoral del partido xenófobo Alianza por Alemania (AfD), que amenaza la cómoda mayoría de la Unión Social Cristiana (CSU) de Baviera en las próximas elecciones de octubre en ese estado. Baviera es el principal Land de entrada a Alemania de los migrantes desde el Sur y el líder de la CSU, Horst Seehofer, ha amenazado con devolver en la frontera con Austria a los peticionarios de asilo que entren por allí. En respuesta a esto, el canciller austríaco, Sebastian Kurz, ha afirmado que su país reintroduciría los controles fronterizos en el Brenner, el principal paso de camiones entre Italia y Austria en los Alpes, que crea una ruta comercial intensa entre ambos países y Alemania. El impacto económico que tendría esta medida, ralentizando el flujo del transporte de mercancías en el centro de Europa, es mayor que el de cualquiera de los otros casos en que se han reintroducido controles fronterizos en el área Schengen.

También para Francia es importante esta evitación de los movimientos secundarios. Ya en 2011 se produjeron los primeros conflictos entre Francia e Italia por la salida hacia suelo francés de inmigrantes irregulares llegados desde África a Italia. En la actualidad existe una continua tensión entre ambos países por este motivo, que estalló políticamente por el caso del Aquarius. Mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, acusaba a Italia de cínica por negar el desembarco en sus costas a los rescatados en ese buque, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, recordaba a Macron que el gobierno francés hace todo lo posible para evitar que lleguen a su suelo los que han sido rescatados en el Mediterráneo y recogidos en Italia. De hecho, ante la vigilancia francesa de los medios de transporte públicos habituales que llegan desde Italia, sobre todo de los trenes, muchos inmigrantes optan por una travesía peligrosa andando a través de los Alpes para llegar a Francia.

Si frenar esos movimientos secundarios era la principal aspiración alemana para este Consejo Europeo, la italiana era, en cierta forma, la contraria. Conseguir de los socios europeos mayor “solidaridad” en el reparto de los inmigrantes y asilados y, por tanto, medidas para evitar que los que desembarcan en Italia, en su gran mayoría migrantes económicos, se queden allí.

No existen normas europeas para regular la gestión interna de la migración irregular de motivación económica. No ha habido ningún intento de “comunitarizar” la atención a los inmigrantes económicos irregulares que los Estados no pueden devolver a sus países de origen por carecer de acuerdos de readmisión con ellos. En conjunto, la UE sólo logra devolver al 38% de los que reciben una orden de expulsión, es decir, más de un 60% de los que llegan de forma irregular y no reciben asilo acaban quedándose en el territorio europeo. No hay nada parecido al sistema de asilo para ellos. En definitiva, se espera que cada Estado receptor se ocupe como pueda de este tipo de migrantes una vez que han llegado a su suelo. Eso sí, las normas que regulan el espacio de libre circulación de Schengen prevén que un Estado pueda reintroducir controles fronterizos con otro si comprueba que desde éste se produce una llegada importante de inmigrantes irregulares. La UE, por su parte, es cada vez más activa en la política exterior migratoria, cuyo objetivo final es obtener el apoyo de los Estados de origen y de paso (básicamente africanos) para combatir las redes de tráfico de personas y para facilitar la devolución y readmisión de los inmigrantes irregulares que llegaron a suelo europeo. Hasta ahora, en este esfuerzo han tenido más éxito los acuerdos bilaterales: el muy criticado de Italia con Libia, que consiguió rebajar a menos de la mitad las llegadas a Italia, o los acuerdos españoles con Marruecos, Senegal, Mauritania y otros países costeros de África occidental.

Pese a saber que la devolución es el gran problema que impide un control de los flujos migratorios económicos, las Conclusiones del Consejo Europeo ignoran este hecho y proponen la creación de centros cerrados de clasificación en suelo europeo donde se procedería a la separación entre potenciales receptores de protección (asilo, refugio) e inmigrantes económicos, que deberían ser devueltos. Pero ¿quién va a ofrecerse a acoger uno de esos centros sabiendo que más de la mitad de los inmigrantes económicos van a quedar libres en su suelo con una orden de expulsión inejecutable bajo el brazo? No es de extrañar que hasta ahora ningún país se haya ofrecido. Por otra parte, ¿cúal es la diferencia entre esos centros propuestos y los centros de internamiento de extranjeros que funcionan en España y en los demás países europeos y dónde los inmigrantes permanecen como máximo unos meses en aplicación de la normativa europea? ¿Está pensando alguien en la UE en cambiar esas normas para alargar el período máximo de estancia en esos centros?

El Consejo Europeo tampoco ha producido ninguna novedad respecto a la posibilidad de avanzar en el reparto de los que sí reciban asilo. Aquella decisión de la Comisión de imponer cuotas, ampliamente desobedecida y, por otra parte, de gestión casi imposible por la debilidad de los llamados hot spots y por las carencias de las normas europeas de asilo, ya no se menciona en estas Conclusiones. La palabra cuota ha desaparecido de ellas. Ahora se habla de reparto voluntario, lo que da satisfacción a las exigencias de los europeos del este, pero no aclara nada respecto a los mecanismos de reparto. Las Conclusiones hacen referencia a avances en la reforma del asilo, sin precisar, que se someterán al próximo Consejo Europeo a celebrar en octubre.

“Schengen no se puede mantener si un Estado, en aplicación de las normas de asilo, se ve abocado a conservar en su suelo a muchos más inmigrantes de los que su población está dispuesta a aceptar”

Por otra parte, el Consejo Europeo plantea algo que ya la Comisión había sugerido en el pasado: la creación fuera de suelo europeo de centros de desembarco donde se procedería a esa diferenciación entre personas con derecho a recibir asilo y personas sin ese derecho. Previamente a la celebración del Consejo Europeo, dos Estados, Austria y Dinamarca, habían anunciado su colaboración con un tercer país en Europa Oriental para proceder a instalar allí un centro semejante, una propuesta al parecer ya desechada. Este modelo tiene una ventaja desde la perspectiva de la UE: los que no reciban derecho a asilo ni puedan ser devueltos no estarán en suelo europeo, sino en Egipto, Túnez o Marruecos… lo que, se supone, disminuirá enormemente el incentivo de migrar irregularmente. En el pasado se planteó incluso la posibilidad de abrir un centro de este tipo en un gran barco de pasajeros que estaría siempre en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción europea. Australia lleva años haciendo algo semejante muy criticado desde la perspectiva de los derechos humanos, pero al parecer acorde con las normas internacionales: los solicitantes de asilo que llegan por vía marítima irregular son desviados hacia la isla de Nauru o hacia Papúa Nueva Guinea donde pueden pasar años recluidos mientras se procesan sus solicitudes.

Las Conclusiones del Consejo Europeo mencionan esa posibilidad, pero no precisan nada al respecto: ¿en qué país o países se instalarían esas “plataformas regionales de desembarco”? Todos los norteafricanos, más Albania, han declarado ya que no están disponibles. Si alguno lo estuviera más adelante, en función de lo que la UE pudiera ofrecerle, ¿bajo qué normas y con qué personal operarían esos centros? Y, lo más importante desde la perspectiva de los países norteafricanos, ¿cómo se garantizaría que los inmigrantes económicos –los que vieran denegada su solicitud de asilo en Europa– fueran devueltos a su país de origen o de paso? ¿No se encontrarían ellos con los mismos problemas legales que tienen ahora los Estados europeos para devolver a los irregulares?

La mecha política que ha convertido este Consejo Europeo en un encuentro convulso, que ha necesitado 16 horas de negociaciones para llegar a estas conclusiones, ha sido la decisión política del nuevo gobierno italiano de no aceptar el desembarco en sus costas de los barcos de las ONG dedicados al rescate de inmigrantes cerca de las aguas territoriales libias. Ninguno de estos barcos es de bandera italiana. Esa decisión, ejecutada por primera vez con el Aquarius, ha planteado en toda su crudeza el dilema europeo: el espacio de libre circulación de personas de Schengen no se puede mantener si un Estado, en aplicación de las normas europeas de asilo, se ve abocado a conservar en su suelo a muchos más inmigrantes de los que su población está dispuesta a aceptar. Habrá que modificar alguno de los elementos de la ecuación, ya sea actuando sobre los mecanismos de entrada, sobre los de reparto o sobre las normas generales que regulan el destino de los rescatados en el mar.

Para empezar, el Consejo Europeo ha dado su apoyo explícito al gobierno italiano al declarar que “Todos los navíos que operen en el Mediterráneo deben respetar las leyes aplicables y no obstaculizar las operaciones de los guardacostas libios”. Dicho de otra forma, los barcos de las ONG deben permitir que sean los libios los que procedan al rescate, al margen de cuál sea el futuro de esos rescatados una vez que vuelvan a Libia. El resultado va a ser un descenso claro del número de llegadas a Italia, que está reforzando con más patrulleras al gobierno libio para que pueda controlar mejor la extensión de sus aguas territoriales. A su vez, la UE, a través de dos organizaciones de la ONU, la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), está intentando organizar la repatriación voluntaria de los inmigrantes que se encuentran en Libia hacia sus países de origen, en una reacción ante las noticias sobre el maltrato y la violencia sistemáticos al que muchos de ellos son sometidos.

Conclusiones

Lo que el Consejo Europeo ha producido es un acuerdo impreciso, más declarativo o retórico que ejecutivo, pero con dos virtudes: ha evitado una crisis política muy preocupante, la amenaza del gobierno italiano de vetar todos los acuerdos, y ha puesto sobre el papel de modo mucho más claro que nunca antes la gravedad del desafío migratorio y de su impacto en la existencia de la UE. El Consejo Europeo ha logrado esto sin avanzar sustancialmente en nada, pero emitiendo mensajes que han permitido al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, declarar que “Italia ya no está sola” ante la inmigración irregular por vía marítima. Si se avanza o no a partir de aquí dependerá de los Estados miembros, porque, si la reforma pendiente del sistema de asilo es responsabilidad de la Comisión y del Parlamento, todo lo relacionado con la inmigración económica irregular –una vez que ya ha llegado a Europa– sigue en la práctica en manos de los Estados. Sin embargo, ni el Consejo Europeo ni los acuerdos logrados a su hilo por la canciller alemana han conseguido convencer a la CSU de que los movimientos secundarios se van a ver sustancialmente reducidos.

La continua confusión entre inmigración económica y asilo en el debate público y en los medios de comunicación hace aún más difícil avanzar hacia soluciones europeas. Pero esta diferenciación es imprescindible para mantener un mínimo de orden en la gestión migratoria de los Estados y de la UE, y para pensar a largo plazo en este tema. Lo que hace difícil la diferenciación es el hecho de que los que migran por razones económicas pueden pedir asilo, y si su solicitud es admitida a trámite, asegurarse un tiempo de residencia legal. Por otra parte, todos los que solicitan asilo pasan a ser objeto de las normas de Dublín, razón por la que muchos no quieren pedirlo en Italia, por ejemplo, si su destino deseado es Suecia o Alemania, por seguir con el ejemplo.

Si el número de refugiados en el mundo se mantiene en niveles más o menos constantes y no hay razones para prever un aumento sustancial, el de jóvenes africanos necesitados de oportunidades vitales crece continuamente y continuará haciéndolo hasta finales de este siglo por razones demográficas. Está claro que Europa no tiene la capacidad de acabar con todos los motivos que causan ni el refugio ni la pobreza en África, pero las poblaciones europeas y sus elites intelectuales y políticas son cada vez más conscientes de que Europa va a verse afectada por las consecuencias de lo que ocurre en África, un continente que durante décadas desde el final de la descolonización parecía lejano y ajeno a los europeos. Las Conclusiones de este Consejo Europeo reflejan en su punto 8º la necesidad de estar mucho más presentes en África, de influir mucho más eficazmente en su crecimiento económico y de intensificar los contactos en todos los ámbitos. Ahora hay que esperar a comprobar que esta conclusión se traduzca en compromisos financieros y políticos.

Carmen González Enríquez
Investigadora principal, Real Instituto Elcano
| @rielcano

]]>
<![CDATA[ La protección a los refugiados en el mundo ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari95-2017-gonzalezenriquez-proteccion-refugiados-mundo 2017-11-27T03:43:16Z

La inmensa mayoría de los refugiados, el 90%, vive en países en desarrollo. Solo una minoría se beneficia de la calidad de vida y la protección de los países más ricos. Es necesario reformar el sistema para hacerlo más justo y más sostenible.

]]>
Tema

La llamada crisis de los refugiados se ha frenado en Europa pero sigue viva en África y Asia.

Resumen

La inmensa mayoría de los refugiados, el 90%, vive en países en desarrollo y buena parte de ellos pasa su vida en campamentos, donde permanecen una media de 20 años. Sólo una minoría se beneficia de la calidad de vida y la protección de los países más ricos, pero esta protección provoca problemas políticos internos. Es necesario reformar el sistema para hacerlo más justo y más sostenible. Invertir en la creación de empleo en los países que acogen a los refugiados en Asia y África es prioritario.

Análisis

Un breve resumen de lo sucedido en los dos últimos años

En el año 2015 los países de la UE recibieron 1.400.000 peticiones de asilo, más del doble que el año anterior y muy por encima de la media de solicitudes que llegaban a Europa antes de que comenzar la guerra en Siria, alrededor de un cuarto de millón de personas al año. Fue esta guerra la principal responsable del aumento de las cifras, pero no la única. Sólo una tercera parte de los llegados en 2015 al suelo de la UE eran sirios.

La canciller alemana pronunció el 31 de agosto del 2015 una frase que se hizo célebre, wir schaffen das (“podemos hacerlo”), seis días después de que la Oficina de Inmigración alemana anunciara vía twitter que dejaría de aplicar la norma de Dublín, según la cual debería devolver a los peticionarios de asilo al país por el que entraron en suelo europeo. Con ello se invitó de hecho a las autoridades húngaras a abrir sus fronteras a la salida hacia Alemania de los que se acumulaban en sus estaciones de tren y se negaban a ser registrados como peticionarios de asilo en ese país. El mismo 31 de agosto las autoridades húngaras permitieron la salida hacia Alemania. En respuesta a la generosa oferta alemana, no sólo Hungría sino todos los países intermedios entre Alemania y Grecia abrieron sus fronteras al paso de personas que llegaban a Grecia desde Turquía. Caminando o en autobuses fletados por las autoridades de cada uno de los países de paso, se les facilitó el tránsito a través de Macedonia y Serbia. Más adelante, cuando Hungría decidió impedir ese tránsito por su territorio, se abrió otra vía hacia Austria desde Serbia a través de Croacia y Eslovenia. Por estas vías entraron en el Espacio Schengen varios miles de personas a diario durante varias semanas.

Tras recibir a 60.000 personas en dos semanas, el gobierno alemán dio marcha atrás, anunció oficialmente que volvería a cumplir con la norma de Dublín y el 13 de septiembre impuso controles en su frontera con Austria para frenar las entradas. En las semanas y meses siguientes, tanto en Alemania como en Austria y Suecia, que constituyen los tres principales receptores de asilados en Europa y en el mundo entero, los gobiernos centrales y locales aseguraron que su capacidad de absorción se había sobrepasado. A la vez, el clima de apoyo entusiasta en Alemania a la recepción de refugiados se debilitó y las voces de los que se oponían a este proceso se hicieron oír con fuerza a través de Alternative für Deutschland (AFD) y de los ataques frecuentes a los centros de refugiados.

La llegada de refugiados procedentes en su mayoría de países musulmanes tuvo un impacto notable aunque muy desigual geográficamente en la opinión pública europea, cuya actitud hacia la recepción de estos refugiados se vio afectada por la oleada de atentados terroristas islamistas que se han sucedido con especial frecuencia desde 2015 y por los sucesos de la Nochevieja de Colonia de ese mismo año. En las encuestas la inmigración se convirtió en el segundo motivo principal de preocupación de los europeos, casi al mismo nivel que el paro. Y la mitad de los europeos relacionan el refugio con el riesgo terrorista, otros riesgos de seguridad y problemas económicos.

Figura 1. Principales desafíos de la UE

Figura 2. Las preocupaciones de los europeos

A partir del otoño de 2015 comenzó un proceso de imposición de controles fronterizos, que todavía se mantiene, y que ha puesto en riesgo la libertad de movimientos en el espacio de Schengen. Suecia impuso controles en su frontera con Dinamarca, Dinamarca con Alemania, Alemania con Austria, Austria con Eslovenia y así sucesivamente hasta que la ruta de los Balcanes se cerró y los llegados a Grecia se quedaron estancados allí sin poder entrar en Macedonia. Conviene recordar que Grecia no tiene frontera terrestre con ningún otro país del espacio Schengen.

La crisis mostró que la UE no estaba preparada para una llegada masiva de refugiados y que carecía de los mecanismos políticos y legales para gestionarla. Puso además de manifiesto la fragilidad de los compromisos de solidaridad entre los Estados miembros y dejó al descubierto la escasa autoridad de la Comisión cuando sus propuestas de reparto de refugiados fueron ignoradas o explícitamente rechazadas por varios países, provocando una ruptura interna de la UE en tres grupos: los dos países de llegada (Grecia e Italia), los antiguos países comunistas del Este, que no aceptan acoger inmigrantes o refugiados musulmanes, y los demás, más o menos involucrados en el proceso y que, al menos oficialmente, aceptan las soluciones propuestas por la Comisión.

Figura 3. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación?: “su país debería ayudar a los refugiados” (otoño de 2015)

Por otra parte, en la esfera política interna de los Estados miembros la crisis tuvo un impacto visible en el aumento del voto a los partidos xenófobos y antieuropeos, y un peso notable en el resultado del referéndum del Brexit, lo que implica a su vez un elemento de estrés añadido a la UE.

La crisis se cerró en marzo de 2016 con dos soluciones provisionales impulsadas por la Comisión: la clausura definitiva de la ruta de los Balcanes (Macedonia oficialmente cerró su frontera con Grecia ese mes, aunque ya imponía controles desde noviembre de 2015) y la firma de un acuerdo con Turquía que, con casi tres millones de refugiado sirios, era el país de paso de los refugiados e inmigrantes económicos hacia Grecia.

Desde marzo de 2016 el flujo por esa ruta, denominada del Mediterráneo Oriental, se ha detenido casi completamente, pese a que buena parte de los elementos contenidos en el acuerdo con Turquía no están cumpliéndose. En contra de lo que el acuerdo preveía, los turcos no han sido eximidos de la exigencia de visado para viajar a países de la UE, y las negociaciones para la adhesión están estancadas (ambos elementos están relacionados con la deriva autoritaria en el país). Tampoco ha funcionado la devolución a Turquía desde Grecia, porque los jueces griegos están denegándola en la mayoría de los casos, con el argumento de que Turquía no es un país seguro.

En realidad, mucho más importante que ese acuerdo, que ha concentrado todas las miradas y las críticas,1 es el cierre de la frontera entre Grecia y Macedonia, porque los posibles refugiados que llegan a Grecia saben que su caso será estudiado allí –un país inmerso en una crisis económica que no puede ofrecer a los refugiados ni buenas ayudas ni empleo– y que ya no tienen posibilidades de seguir camino hacia otros países europeos.

En parte como consecuencia de este cierre de la ruta de los Balcanes y en parte por razones ajenas a ello, en 2016 y lo que va de 2017, las llegadas irregulares a la UE se han concentrado en el Mediterráneo Central, es decir, en la ruta que va de Libia a Italia. Pero sólo una parte muy pequeña de este flujo (alrededor de un 5% del total de las 180.000 personas llegadas por mar en 2016) está relacionada con el refugio, y plantea otro tipo de problemas.

En el interior de la UE el debate sobre cómo gestionar la acogida de refugiados y reformar el Sistema Común Europeo de Asilo2 sigue abierto, aunque su urgencia se ha frenado al hacerlo también la llegada de refugiados.

Un panorama general: el refugio en el mundo y el papel de Europa

Todos los que hayan seguido en los medios de comunicación el desarrollo de esta llamada “crisis de los refugiados” habrán escuchado la acusación de egoísmo lanzada contra la UE por haber sufrido tal debacle ante la llegada de millón y medio de personas, apenas un 0,4% de su población total. Como comparación se señala el caso de los países africanos y asiáticos, en los que reside el grueso de los refugiados que, según la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, suman 22,5 millones de personas, de los que 5,3 millones son palestinos (en la cifra no se incluye a los desplazados dentro de su propio país). ¿Por qué Uganda, un país de 41 millones de habitantes, puede acoger con éxito un millón de refugiados mientras que la UE, con 500 millones de habitantes, sucumbe ante la llegada de 1,5 millones? Para contestar a esta pregunta hay que aclarar algunas nociones básicas que suelen confundirse en el lenguaje cotidiano. En primer lugar, la palabra “refugiado” tiene un significado diferente en la UE y en Jordania, Líbano, Uganda, Pakistán o Kenia, por citar algunos de los países que acogen más refugiados en el mundo.

En la UE un refugiado es la persona a la que se ha concedido un estatus legal que implica una serie de derechos. En Líbano un refugiado es alguien que está de hecho en el país procedente de otro en guerra pero que carece del derecho a la permanencia, aunque ésta se tolere. En muchos de los países africanos, un refugiado es el que recibe esa denominación por parte de ACNUR y vive en un campamento gestionado por esta organización o por ONG que colaboran con ella, con la aceptación de los Estados, pero sin derecho a vivir fuera del campamento. Es lo que sucede, por ejemplo, con los campamentos saharauis en Argelia. La media de estancia de un refugiado en esos campamentos es de 20 años, lo que implica una vida truncada y que muchos jóvenes hayan vivido toda su vida dentro de uno de ellos. Por otra parte, el Estado anfitrión puede dar marcha atrás en la aceptación de esos campamentos, como el gobierno de Kenia decidió hacer en 2016 respecto al segundo mayor campamento del mundo, que acoge a 245.000 personas.3

El 90% de los refugiados (definidos por ACNUR como tal o como “desplazados externos”) vive en algún país asiático o africano vecino o cercano a su país original, donde encuentran una gran variedad de situaciones legales y de hecho. Algunos de estos países no recogen legalmente la figura del refugiado (no han firmado la convención de Ginebra), pero aceptan su presencia y a veces la regulan con normas específicas que pueden incluir o no el derecho al trabajo y a la escolaridad de los niños. En otros casos sólo una pequeña parte de los refugiados reciben ese estatus y algún tipo de ayuda mientras que la mayoría se integra en la población general y desaparece de las estadísticas como refugiados, gracias a los lazos de tipo étnico y familiar con la población del país (por ejemplo, refugiados sirios kurdos en Turquía). En general, los gobiernos africanos y asiáticos mantienen un gran margen de discrecionalidad respecto a la acogida de los refugiados y a qué tipo de derechos concederles, comenzando con el de la libertad de movimiento dentro del país. Muchos de esos países se rigen por sistemas abiertamente autoritarios (como Irán) o son democracias “defectivas” (como Pakistán), con Estados de Derecho débiles que no garantizan los derechos de sus ciudadanos, menos aún los de los refugiados. Sin embargo, la mayor parte de los países de acogida son economías en desarrollo, con una importante base rural y mercados de trabajo muy poco regulados con capacidad de absorber incrementos notables de mano de obra, lo que facilita la integración económica y social de los refugiados. Por último, en algunos países la fuerte diversidad cultural o étnica interna facilita la aceptación de los refugiados (es el caso de Uganda, por ejemplo, donde se hablan más de 40 idiomas) mientras que en otros, como Líbano, una división religiosa convertida en línea de fractura política entorpece la admisión de refugiados que puedan alterar el equilibrio de poder demográfico entre las diferentes facciones.4

Figura 4. Dónde residen los desplazados externos/refugiados

Figura 5. Principales países de acogida

Figura 6. Número de refugiados por 1.000 habitantes, mitad de 2015

Por su parte, el refugio en el Espacio Europeo de Asilo (UE más Suiza y Noruega), como en Canadá, EEUU, Australia y otros países desarrollados y democráticos, está regulado al detalle, tanto en su concesión como en los derechos que lleva aparejado, y en la práctica excluye la acogida en campamentos, salvo en circunstancias excepcionales y provisionales. El refugiado/asilado es acogido en una vivienda –aunque durante el periodo de espera mientras se procesa su solicitud pueda residir en alojamientos colectivos–, recibe ayuda económica para subsistir durante un plazo que, según los países, puede ser de meses o años, clases del idioma local y ayuda para encontrar un trabajo. Tiene abierta la puerta a la ciudadanía y a la reagrupación familiar. Sin embargo, encontrar un trabajo y lograr una vida independiente de las ayudas estatales no es fácil y ese constituye el fracaso más importante del modelo, el déficit principal, que a su vez alienta el rechazo de buena parte de la opinión pública y por ello convierte el modelo en políticamente insostenible. Los datos más recientes de Alemania muestran que sólo un 17% de los refugiados en el país ha conseguido un empleo y el gobierno admite que la mayoría de ellos tardarán más de cinco años en poder acceder al mercado de trabajo.5 También los datos de la Eurostat Labour Force Survey muestran que los refugiados necesitan como media 15 años para conseguir el mismo grado de integración laboral que los inmigrantes laborales.6 A las dificultades con el idioma y los bajos niveles de cualificación de la mayoría de los refugiados –mientras que en el entorno económico europeo los trabajos descualificados están desapareciendo– hay que añadir las rigideces de los mercados laborales europeos. A veces, el salto cultural es excesivo para un adulto (por ejemplo, pasar de un sistema tribal y rural en Somalia a una sociedad urbana, competitiva e individualista como la británica) y sólo puede esperarse que la segunda generación sea capaz de adaptarse a las normas, modos y exigencias de la economía europea.

La integración laboral es un ingrediente esencial para hacer sostenible el sistema de acogida porque, a diferencia de lo que ocurre en África y Asia, en Europa los asilados o refugiados procedentes de esos continentes se instalan de forma permanente, es decir, no vuelven a su país de origen una vez que éste se pacifica o democratiza. Por tanto, si no obtienen un empleo con una remuneración suficiente pasan a depender de la ayuda pública o privada. Este es un dato fundamental que no se tiene en cuenta por los que hacen esa comparación entre el egoísmo europeo y la generosidad africana. Sin embargo, la aceptación implícita de que el refugiado en Europa puede quedarse para siempre está tan extendida que el líder liberal alemán Christian Lindner ha sido severamente criticado por proponer que los refugiados en Alemania volvieran a su país de origen cuando se acabaran las condiciones que justificaron la concesión de asilo.7

¿Cómo se costea la atención a los refugiados en el mundo? En el caso de los países ricos, a través de las arcas públicas y de las aportaciones privadas a las ONG. En el de los países en desarrollo con una combinación de ayuda internacional (que es la principal aportación para la instalación y mantenimiento de los campamentos y de sus habitantes) y con recursos propios, privados (apoyo de familias) y públicos. ACNUR y numerosas ONG son las principales gestoras de la atención a los refugiados en los países en desarrollo con fondos que proceden de las aportaciones de los Estados desarrollados, de los socios individuales de estas instituciones y de los donantes individuales que hacen aportaciones de forma esporádica, generalmente en respuesta a una crisis específica. Estos donantes individuales están a su vez concentrados en los países más ricos. Los españoles son los más generosos del mundo en esta aportación: su contribución privada es en 2017 de 53 millones de dólares (1,2 dólares por habitante), similar en volumen total a la del gobierno del Reino Unido, por encima de la del gobierno francés o italiano y muy superior a la del gobierno español (8 millones). Como comparación, el conjunto de los ciudadanos de EEUU ha aportado en el 2017 menos de la mitad que los españoles, 23 millones de dólares, 7 centavos de dólar por habitante.

Figura 7. Los 20 principales donantes a ACNUR en 2017 (en dólares)

La ayuda internacional de los Estados y de los individuos a ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, es claramente insuficiente: sistemáticamente la aportación que reciben se queda muy por debajo de lo que ACNUR presupuesta como gasto necesario para atender al volumen de refugiados necesitados de ayuda. Por ejemplo, en 2016, el presupuesto de ACNUR para sus proyectos en Jordania era de 319 millones de euros, pero la financiación obtenida fue de 218 millones. Esta financiación insuficiente implica peores condiciones de vida para los refugiados o menor número de ellos acogidos.

Por otra parte, existe una incoherencia entre la ayuda que los Estados más desarrollados y más generosos destinan a ACNUR y la que dedican a los refugiados que reciben: Suecia, por ejemplo, el principal receptor de refugiados del mundo desarrollado en términos per cápita, dedica mucho más presupuesto a la atención a sus refugiados (los que están en Suecia, 357.000 personas)8 que a ACNUR. Suecia es uno de los principales contribuyentes en términos absolutos y per cápita al presupuesto de ACNUR, pero dedicó en 2015 22 veces más (2.400 millones de dólares)9 a la atención a los refugiados en su territorio que a ACNUR (110 millones). Obviamente, el coste de mantenimiento de un asilado en Suecia (unos 14.000 euros al año en el primer año de estancia)10 es mucho más alto que el de atención a esa misma persona en Jordania, por ejemplo, lo que implica que los Estados de acogida en la UE pueden atender en su suelo a muchas menos personas que ACNUR en África o Asia. En el caso sueco se da, además, la paradoja de que el peso en su presupuesto de la atención a los refugiados ha sido tan alto desde 2015 que se ha visto obligado a recortar su aportación a la ayuda al desarrollo, y a contabilizar como tal la acogida de refugiados.

Por otra parte, la minoría de refugiados que llega a Europa no es la más necesitada de ayuda sino la que tiene medios materiales para financiar un viaje que suele incluir el pago a grupos organizados ilegales. Es, al contrario, la menos necesitada, la que tendría más recursos económicos para defenderse en cualquier circunstancia. En el caso sirio, por ejemplo, los ingresos medios per cápita antes de la guerra eran de 2.000 dólares al año, pero el viaje de Siria a Alemania costaba en 2015 unos 6.000 dólares, que se pagaban a las llamadas “mafias” organizadoras del viaje.

En resumen, una minoría de refugiados, en torno al 10%, vive en un entorno de seguridad jurídica y relativa abundancia en los países desarrollados y una gran mayoría vive en los países en desarrollo, en algunos casos en condiciones de integración, como ocurre con buena parte de los refugiados en Oriente Medio, y en otros en condiciones de aislamiento en campamentos diseñados para ser alojamientos temporales pero convertidos en muchas ocasiones en hogares permanentes en los que los individuos son del todo dependientes de la ayuda externa. El más famoso de estos campamentos es el de Dadaab, en Kenia, construido en 1992 (¡hace 25 años!), que, como se ha dicho, alberga en la actualidad a 245.000 refugiados, en su mayoría procedentes de la vecina Somalia.

El resultado es que un gran número de los refugiados dilapida su vida en campamentos convertidos en residencias permanentes, mientras que una minoría goza del privilegio de una integración en países ricos, en su mayoría en la UE. Este resultado no es justo ni eficaz.

Mientras tanto, como se ha dicho, en la UE, la llegada en 2015 de 1.400.000 peticionarios de asilo está detrás del crecimiento de partidos de tipo xenófobo, como AfD en Alemania, y de tendencias anti-europeas con resultados como el Brexit. La sensación de falta de control producida por las llegadas de refugiados a través de la ruta de los Balcanes en el verano de 2015, de la que muchos responsabilizaron a Alemania y su política de acogida, ha reforzado los sentimientos anti-alemanes en el resto de Europa y ha dado argumentos a los que defienden la soberanía nacional en todo lo relacionado con la inmigración y el refugio.

Una regulación obsoleta: la Convención de Ginebra

En 1951, en plena Guerra Fría, la ONU aprobó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, diseñada para proteger a los millones de desplazados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial o en las expulsiones masivas que se produjeron tras la guerra en la URSS y en países de Europa del Este. Su ámbito estaba limitado geográficamente a Europa y temporalmente a los que habían sido expulsados o habían tenido que huir antes de 1951. En 1967 estas restricciones se eliminaron en el llamado “Protocolo de Nueva York” y el ámbito del Estatuto de los Refugiados pasó a referirse a todo el globo.

La Convención de Ginebra sigue siendo el principal instrumento jurídico que regula internacionalmente la acogida a los refugiados, pero se enfrenta con varios problemas:

  1. No todos los países la han firmado. Grandes zonas del mundo siguen sin firmarla, incluidos algunos países que son de hecho importantes receptores de refugiados (como Líbano) pero que se niegan a verse obligados jurídicamente por esa norma. Ni la India ni muchos de los países del Sudeste asiático ni las monarquías del Golfo Pérsico son firmantes de la Convención. EEUU tampoco lo es, aunque sí se adhirió al Protocolo de 1967, lo que le coloca en una posición ambigua con un margen de discrecionalidad mayor que el de los firmantes plenos en lo que se refiere a aceptar o rechazar refugiados.

Figura 8. Países firmantes de la Convención de Ginebra de 1951

  1. La definición de “refugiado” que incluye la Convención, la de una persona que tiene razones fundadas para temer vivir en su país porque pertenece a algún tipo de minoría religiosa, social, política o étnica que es perseguida en él, no se corresponde a la realidad actual en la que el grueso de los refugiados abandonan su país para huir de la guerra. No son, por tanto, perseguidos por sus características personales, sino víctimas de una situación general de inestabilidad e inseguridad. Por este motivo las normas nacionales y europeas diferencian entre el refugiado (el que tiene motivos personales justificados para temer que se le persiga) y el que se beneficia de una “protección subsidiaria” (la que se otorga el que huye de una situación de violencia generalizada). En la práctica, ambas figuras tienden a confundirse porque los derechos que se les asignan son muy similares, de modo que en el lenguaje cotidiano, periodístico y general, ambos grupos son denominados “refugiados”.11
  2. Las normas no abordan el que se ha convertido en el principal problema para el cumplimiento de la Convención: cómo financiar el coste de la atención a los refugiados. Resulta imposible el cálculo estricto de este coste por la variedad y cantidad de agentes implicados (Estados, entes regionales y locales, ACNUR, Cruz Roja, ONG,…) pero las estimaciones indican que los Estados de la OCDE gastan 10 veces más en la gestión de “sus refugiados” (desde el proceso de revisión de solicitudes hasta que los aceptados dejan de necesitar ayuda) que en las aportaciones a ACNUR, que, sin embargo, atiende a un número mucho mayor de refugiados. Los Estados no tienen obligación de financiar a ACNUR y su contribución varía en función de su situación interna y de sus prioridades presupuestarias. Europa aporta el 42% de los fondos de ACNUR, tanto a través de la propia UE como de los Estados y de las aportaciones de los particulares.12
  3. La Convención fue diseñada para resolver una crisis acotada espacial y temporalmente pero ahora sigue siendo el marco para gestionar un problema permanente que se extiende a vastas zonas del mundo, sobre todo en Asia y África, donde los conflictos se suceden de forma periódica. El número de refugiados es tan alto (21 millones en este momento, según ACNUR) que los Estados desarrollados y democráticos que son el destino más deseado por los refugiados (básicamente Europa, Canadá, EEUU y Australia) temen facilitar su llegada y hacen en la práctica lo que pueden, dentro de la legalidad o forzando ésta, para dificultarla. Así, por ejemplo, ningún Estado ha puesto en marcha la fórmula que permitiría a los refugiados pedir asilo en sus Embajadas. De esta forma, los Estados desarrollados se mueven siempre en la ambigüedad de, por un lado, afirmar su compromiso con la Convención y del otro, intentar minimizar su efecto. Esta misma ambigüedad marca sus relaciones con ACNUR: se trata de una tensión permanente en la que el alto comisionado de las Naciones Unidas presiona a los Estados para obtener más medios y para que éstos acojan a más refugiados, mientras que los Estados se resisten y a la vez colaboran con ACNUR por su experiencia y legitimidad en la gestión del refugio. Canadá, EEUU y Australia están protegidos por su lejanía geográfica de los lugares que son fuente de refugiados y a eso se añaden, en los dos últimos casos, las interpretaciones de las normas diseñadas para reducir al mínimo el número de refugiados llegados por vía marítima. En esas condiciones, Europa occidental, cercana geográficamente a Asia y África, y con normas autoexigentes respecto al refugio y al destino de los peticionarios de asilo interceptados en el mar, se convierte en el destino más probable. Así, Alemania es en términos absolutos el principal receptor de refugiados del mundo (refugiados definidos como individuos a los que se ha concedido ese estatus o cuya solicitud se está estudiando y que son, por tanto, en términos legales, “solicitantes de asilo”) con tres veces más personas en esta situación que EEUU.

Figura 9. Principales países de acogida de los refugiados

Figura 10. Número de peticionarios de asilo en la UE en 2016, por país

Conclusiones

Una propuesta

Hay que partir de una premisa de Perogrullo que se olvida con frecuencia: los Estados más desarrollados no tienen la capacidad de imponer la paz ni el respeto a los derechos humanos en los países envueltos en guerras o sumidos en dictaduras. Pueden evitar alentar las guerras (a través del comercio de armas, por ejemplo) o rechazar la relación con las dictaduras, pero su influencia no es tan grande como para “acabar con las causas que provocan el refugio”, como a menudo se escucha. Por tanto, conviene asumir que no estamos ante una crisis sino ante una situación de normalidad. Los países del mundo en desarrollo, especialmente en África y Asia, seguirán provocando la huida de personas que buscan condiciones de vida más seguras o más libres en otro país. Y a esto se añade el llamado “refugio climático”, o “migración climática”, cuyo eventual tamaño todavía no puede ser evaluado y que por ahora afecta a un número relativamente pequeño de personas.14

Con esta perspectiva en mente hay que pensar en soluciones a largo plazo que sean sostenibles tanto política como económicamente, que faciliten la vida de los que se ven forzados a abandonar su país y que resulten más justas que la situación actual. En esa línea hay varios campos de actuación posibles:

  1. Reformar la Convención de Ginebra (Estatuto de los Refugiados) para acomodarla al contexto actual, modificando la definición de refugiado y estableciendo mecanismos estables de financiación obligatoria por parte de los Estados firmantes, con un reparto proporcional a su riqueza per cápita.15 En este momento la carga financiara está distribuida de forma muy desigual a nivel mundial.
  2. Presionar a los países no firmantes de la Convención para que pasen a formar parte de la misma, especialmente las monarquías del Golfo Pérsico, por su alta renta per cápita y su cercanía geográfica a zonas de conflicto.
  3. Invertir en la creación de empleo en los países vecinos a las fuentes del refugio. En la actualidad la gestión internacional de los campamentos de refugiados (sea la de ACNUR o de ONG) se limita a procurar la supervivencia y salud de los acogidos y a ofrecer educación a los niños. Eso sería suficiente en el supuesto de un previsible retorno a sus países en poco tiempo, pero no lo es en muchos casos. El mantenimiento de individuos en campamentos durante años y años no es admisible y si el mundo desarrollado y democrático no lo acepta en su suelo tampoco debería aceptarlo en otras zonas del planeta. Hay que dirigir más esfuerzos a promover el desarrollo económico de los países que acogen refugiados en Asia y África y especialmente a crear puestos de trabajo en las áreas locales en que se sitúan los campamentos. Esos países tienen, en comparación con los europeos, algunas ventajas desde la perspectiva de la creación de empleo: grandes territorios en los que es posible la agricultura y que no están siendo explotados, salarios competitivos y normativas laxas respecto a la creación de empresas o al mercado laboral.16

Facilitar el comercio de esos países con la UE es uno de los pasos necesarios y fácilmente realizables: la UE lo acaba de hacer respecto a Jordania con un acuerdo comercial que levanta las barreras arancelarias. El Banco Mundial se ha involucrado por primera vez en un programa para crear puestos de trabajo para los refugiados, destinando 300 millones de dólares a la atracción de empresas a Jordania. La UE está también moviéndose en esta vía y acaba de aprobar el Plan Europeo de Inversiones Externas (dedicado a toda África, además de a los países de la Vecindad Este) para facilitar las inversiones productivas en la región.

Puede decirse que ninguna de estas medidas ni todas ellas juntas solucionarán la tragedia de los refugiados, pero pueden contribuir a mejorar su situación a través de la integración en los países de acogida y a clarificar la distribución actual de responsabilidades entre los países desarrollados. La situación actual es inaceptable e injusta y merece que se abra un debate público sobre su reforma.

Carmen González Enríquez
Investigadora principal, Real Instituto Elcano
| @rielcano


1 El acuerdo de la UE con Turquía no tiene forma legal para evitar que pueda ser recurrido ante los tribunales.

2 Sobre la respuesta europea véase Carmen González Enríquez (2015), “La crisis de refugiados y la respuesta europea”, ARI, nº 67/2015, Real Instituto Elcano; Josef Janning (2015), “Las tribulaciones de la UE con la crisis de refugiados”, Política Exterior, nº 170, marzo-abril; y MEDAM (2017), Sharing responsibility for refugees and expanding legal immigration, Mercator Dialogue on Asylum and Migration.

3 Finalmente, el Tribunal Supremo keniano paralizó ese cierre por discriminatorio: la medida iba dirigida únicamente contra ese campamento y no contra el resto de los 600.000 refugiados que residen en el país.

4 Véase María González Úbeda (2017), “Refugiados sirios en Líbano y Jordania: la solidaridad y sus límites”, ARI, nº 35/2017, Real Instituto Elcano.

8 ACNUR Statistical Yearbook 2015.

9 Sweden, Donor Tracker.

10 Who bears the cost of integrating refugees?, Migration Policy Debates, OECD.

11 Véase Cristina Gortázar (2015), “La crisis de los refugiados. La hora de Europa”, ARI, nº 5/2016, Real Instituto Elcano.

13 El alto porcentaje de refugiados en Hungría en el verano de 2015 corresponde a un momento excepcional. En 2016 su número de refugiados se había reducido de 177.000 a 29.000 (datos de Eurostat).

14 El informe anual sobre cambio climático que elabora The Lancet evalúa en sólo 4.400 las personas que han tenido que migrar hasta ahora por razones sólo climáticas, pero afirma que, de no revertirse el proceso de calentamiento global, alrededor de mil millones de personas se verían afectadas antes del 2.100.

15 Sobre la evolución más reciente en la ONU respecto a la protección a los refugiados, véase Jon Slocum (2017), “Migration and Refugees at the United Nations”.

16 Véase el libro Alexander Betts y Paul Collier (2017), Refuge: Transforming a Broken Refugee System, Penguin.

]]>
<![CDATA[ Debilidades de la emigración española ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari6-2018-gonzalezenriquez-martinezromera-debilidades-emigracion-espana 2017-07-19T12:00:00Z

Los españoles que han emigrado a otros países a partir de la crisis lo han hecho en peores condiciones que los emigrantes procedentes del resto de Europa del Sur.

]]>
Ver también versión en inglés: The weaknesses of Spanish emigration

Tema

Los españoles que han emigrado a otros países a partir de la crisis lo han hecho en peores condiciones que los emigrantes procedentes del resto de Europa del Sur.

Resumen

Este ARI compara la situación de los emigrantes cualificados españoles con la de los griegos, italianos y portugueses, a partir de los resultados de la primera encuesta europea sobre ellos. Aunque desde el comienzo de la crisis el paro y el riesgo de pobreza entre los graduados universitarios españoles han sido superiores a la media de los otros grupos nacionales, los universitarios españoles tardaron más que los demás en emigrar al extranjero. La posición de los emigrantes españoles en los países de destino ha sido más débil que la de los demás, con mayor paro y salarios medios más bajos. Su experiencia vital ha sufrido más dificultades, en parte porque han salido del país en condiciones de mayor precariedad y en parte porque su dominio del idioma local es significativamente más bajo. El análisis permite también evaluar el número total de emigrantes autóctonos españoles en casi el triple que el que figura en las estadísticas, porque sólo el 36% se ha registrado en su Consulado.

Análisis1

Introducción

La crisis económica que ha afectado a Europa desde el año 2008 ha tenido un impacto mucho mayor en Europa del Sur, donde ha producido un aumento muy notable de las tasas de desempleo y ha causado un ascenso de la emigración laboral, dando lugar a una nueva oleada migratoria interna a la UE, desde el Sur hacia el Norte, y también externa hacia América y otros continentes.

En este marco, y en el momento de mayor profundidad de esa crisis, se realizó la encuesta “Emigrando en tiempos de crisis” a partir de la colaboración de cuatro instituciones de Italia, Irlanda, Portugal y España,2 cuyos datos permiten por primera vez comparar la experiencia de la emigración española reciente con la procedente de los demás países de Europa del Sur. El estudio se dirigió a cinco grupos de emigrantes internacionales: italianos, griegos, portugueses, irlandeses y españoles. Estos nacionales han sido los más afectados por la crisis económica iniciada en 2008, tanto en términos de desempleo como de recortes de los presupuestos estatales. El cuestionario, elaborado en cinco idiomas y accesible en Internet mediante el programa Survey Monkey, estuvo abierto durante tres meses (del 21 de mayo al 18 de agosto de 2013), y recibió un total de 6.750 respuestas válidas, 1.543 de ellas de españoles. Sus preguntas giraban en torno a los diferentes elementos de la trayectoria migrante, la situación en origen, los motivos de la salida, las dificultades encontradas en destino y la situación laboral y de ingresos allí. En el análisis que se presenta aquí, los datos correspondientes a los emigrantes irlandeses se han excluido para obtener una muestra más homogénea y referida a Europa del Sur.

El primer problema al que se han enfrentado todas las investigaciones que han intentado analizar las características de la emigración española reciente es la ausencia de información estadística suficiente. Por eso, todos los estudios cuantitativos emprendidos en este tema han usado técnicas de encuesta con muestreos basados en “la bola de nieve” utilizando Internet para realizar la encuesta y las redes sociales, ya sean físicas o electrónicas, para difundir su existencia y contactar con los emigrantes.

En este análisis de la encuesta “Emigrando en tiempos de crisis” se han descartado los individuos que habían emigrado antes de 2007, los no-autóctonos de España, Grecia, Italia o Portugal, así como los que tienen un nivel educativo inferior al universitario.3 Con estas restricciones, la muestra reducida que se analiza es de 4.058 personas, 982 de ellas españolas.

Una migración tardía

Un resultado relevante que se deduce de la comparación entre los cuatro países de la muestra es el carácter más tardío de la emigración española pese a que la crisis económica llegó antes a España por el agotamiento de la burbuja inmobiliaria en 2007. Los datos recogidos en la Figura 1, a partir de los resultados de la encuesta, son coherentes con la evolución de salidas que presenta el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la que se aprecia igualmente un fuerte repunte en 2012. La comparación con los ritmos de salida de los entrevistados procedentes de los otros tres países de origen muestra cómo el ritmo de los españoles está por debajo del de los demás grupos hasta el segundo semestre del 2010 y sobrepasa a los demás a partir de 2011.

Figura 1. Evolución comparada de los ritmos de salida, por país de origen (líneas de tendencia)

Si se comparan los gráficos de la evolución en el ritmo de salidas con los de la evolución en la tasa de paro de los universitarios en los cuatro países, resulta manifiesta la disonancia entre ellos: la tasa de paro de los universitarios españoles es, junto con la griega, la más alta en el grupo desde el 2008.

Figura 2. Evolución de las tasas de desempleo de titulados universitarios, por país

Por otra parte, la mayor tasa de paro española no resulta compensada por elementos de protección estatal que podrían, teóricamente, estar cumpliendo la función de amortiguar las consecuencias de ese paro en el bienestar de los individuos. Los datos de Eurostat muestran que el porcentaje de la población de nivel educativo universitario que se encontraba en riesgo de pobreza (con una renta disponible por debajo del 60% de la mediana) era más alta en España en el período examinado que en los demás países del grupo. De esta comparación puede deducirse, por tanto, que existen factores diferentes al empleo o los ingresos que han frenado la salida de emigrantes autóctonos desde España.

Figura 3. Porcentaje de población universitaria en riesgo de pobreza, por país

Más motivada por el desempleo

El mayor peso del paro como causa de la emigración en el caso de los españoles aparece nítidamente en las respuestas de los emigrantes a la pregunta directa sobre cuáles fueron sus principales motivos para emigrar, en una pregunta de respuesta precodificada. Por el contrario, la movilidad motivada por el deseo de mejorar la formación, de probar nuevas experiencias, de avanzar profesional o salarialmente, o de encontrar mejores oportunidades de negocio, tiene entre los emigrantes españoles menos peso que en cualquiera de los otros países.

Figura 4. Principales motivos para emigrar, por país

Antes de decidirse a migrar, los españoles estaban en paro en origen con una frecuencia significativamente más alta que la de los demás emigrantes de la muestra (el 48%, frente a la media del 39% de los otros tres países). Como resultado de esa movilidad más forzada por el paro, el proyecto migratorio se realiza en peores condiciones de preparación y de capacidad de negociación y, como se muestra a continuación, el éxito del proceso migratorio es menor, tanto en términos de situación ocupacional como de ingresos obtenidos.

Figura 5. Situación laboral en origen, por país

Pese a que el paro tiene más fuerza en España que en los otros países del grupo como causa de la migración, el desempleo no es, en la propia explicación de su experiencia por los protagonistas, el motivo más citado ni en España ni en ninguno de los otros tres países, un resultado en el que coinciden también los estudios realizados entre emigrantes españoles por la OIM y por el IUEM.4 Los protagonistas de la emigración cualificada reciente desde Europa del Sur explican su decisión sobre todo a partir de la falta de expectativas. Como se ve en la Figura 4, la opción “No veía futuro para mí en el país” alcanza el 50% de las menciones en la media de los cuatro países, una respuesta que expresa un profundo pesimismo respecto a la evolución previsible, algo que documentan también para el caso español otros estudios.5

Menos exitosa

En tercer lugar, de la comparación de los resultados se deduce que la situación en destino de los emigrantes españoles es más débil que la de los emigrantes procedentes de los otros tres países. Por una parte, los españoles estaban en paro en el país de destino con mayor frecuencia que los portugueses o los italianos, en una situación semejante a la de los griegos.

Figura 6. Situación laboral en destino, por país de origen

Por otra parte, entre los emigrantes que han accedido a un empleo, los españoles se encuentran sobre-representados en las ocupaciones que requieren menor formación e infra-representados entre los profesionales.

Figura 7. Tipo de empleo, por país de origen

En consonancia con esta desigual situación en el mercado de trabajo, los ingresos de los españoles en el país de destino son más bajos como media. Su presencia destaca entre los que ganan menos de 1.000 euros mensuales y se concentra en los niveles intermedios, entre 1.000 y 3.000 euros, con baja representación en los niveles más altos.

Figura 8. Ingresos mensuales en destino, por país de origen

Un análisis de correlaciones logit permite medir el peso del factor “ser español” y “estar en paro antes de emigrar” sobre la situación de empleo en el país de destino.6 Del modelo logit se deduce que la probabilidad de que un español esté ocupado en el país de destino es un 44% menor a que lo esté alguien procedente de alguno de los otros tres países. Por otra parte, el desempleo en origen es fuerte predictor de la situación ocupacional en destino: si el emigrante trabajaba ya antes de emigrar, la probabilidad de que ahora también lo esté haciendo es un 70% superior a si estaba desempleado en origen. Y, puesto que los españoles estaban desempleados en origen con mayor frecuencia que los griegos, portugueses o italianos, se enfrentan al paro en destino también con mayor frecuencia.

Con un menor capital humano (idioma)

Un importante factor relacionado con el menor éxito relativo de la emigración española cualificada reciente es el del escaso dominio de otros idiomas. Más de la mitad de los españoles entrevistados, el 55%, señala éste como uno de los problemas encontrados en el país de destino, frente a sólo un 31% de los portugueses, un 35% de los italianos y un 37% de los griegos. Este dato es consistente con los resultados del Eurobarómetro Especial número 386 (Comisión Europea, 2012) dedicado monográficamente al manejo de otros idiomas en Europa: los españoles son los europeos de la UE con un nivel más bajo de dominio del inglés. Sólo un 14% de los españoles dicen conocer lo suficientemente bien el inglés como para poder tener una conversación en ese idioma, menos de la mitad de la media de la UE (32%) y muy lejos de los países que encabezan el ranking, como Suecia, con un 82% y Dinamarca con un 79%. El manejo del alemán entre los españoles (1%) está también en la parte baja del ranking europeo: la media en la UE es del 5%. Sólo en el caso del francés, que un 4% de los españoles dicen hablar “como para poder tener una conversación en ese idioma”, España está cerca de la media de la UE27 (5%), aunque por debajo de Portugal (8%) y de Irlanda (10%).

En el caso de los españoles, ese menor dominio de la lengua del país de destino disminuye sus oportunidades laborales y, en general, hace más difícil la resolución de cualquier trámite, ya sea la búsqueda de un alojamiento, las gestiones administrativas para el reconocimiento de la titulación o para recibir atención médica, o cualquier otra actividad que necesite fluidez en el uso del idioma local. Así, ante la pregunta de qué problemas han encontrado en el país de destino, los españoles indican con más frecuencia que cualquiera de los otros grupos nacionales problemas para encontrar trabajo (25%, frente al 14% como media en los otros grupos), para conseguir un seguro médico (13% frente al 6%), alquilar vivienda (34% frente 30%) u obtener el reconocimiento de su titulación (16% frente a 7%); y además reciben ofertas de puestos de trabajo por debajo de su cualificación en un 23% de los casos, frente al 7% de media entre los demás emigrantes del grupo. Sólo un 17% de los españoles afirma que no encontró ninguna dificultad, frente al 30% de los griegos, el 37% de los italianos, o el 32% de los portugueses.

Y poco registrada

Aunque legalmente el registro consular en el país de destino es obligatorio para los que residen durante más de tres meses fuera de España, no existen mecanismos de sanción contra el incumplimiento de esta norma ni incentivos suficientes para cumplirla, especialmente para aquellos individuos que se encuentran en una primera fase de su experiencia migratoria y desconocen durante cuánto tiempo van a residir en ese país. El registro en el consulado debe realizarse en persona y eso supone en muchos casos desplazamientos desde el lugar de residencia hacia alguna de las ciudades del país en las que existe un consulado español. Por otra parte, las ventajas del registro son escasas y a ello desde 2013 se añade un coste, el de perder el derecho al acceso a la sanidad pública gratuita en España.7 Los incentivos son especialmente bajos para los que emigran a otros países de la UE, puesto que en ellos el emigrante español tiene derecho a residir como ciudadano comunitario.

Los resultados de las encuestas muestran que el infra-registro es un problema común para los cuatro países de Europa del Sur, especialmente en el caso griego: sólo uno de cada siete emigrantes procedentes de ese país está registrado. En el caso español sólo un 36% de los españoles que emigraron a partir de 2007 estaban registrados en el momento de la encuesta. De esto se deduce, por tanto, que habría que multiplicar por 2,7 la cifra de registrados para obtener una estimación del número real de emigrantes españoles autóctonos.

Figura 9. Porcentaje de emigrantes registrados en los consulados, por país de origen

La probabilidad de registrarse aumenta con el período de estancia: entre los españoles que emigraron antes de 2007 el 78% está registrado, pero sólo el 26% de los emigrados durante 2012. Esto sugiere una pauta de comportamiento en la que el emigrante sólo acude al registro consular cuando su proyecto migratorio está ya consolidado.

Figura 10. Porcentaje de emigrantes españoles registrados en los consulados en función del año de emigración

Fuente: Encuesta “Emigrando en tiempos de crisis”.8

Por otra parte, junto a la antigüedad, el país de destino es otro factor discriminante: la probabilidad de que se inscriban en el consulado los emigrados a países de la UE es menor que la correspondiente a los emigrados a cualquier otra zona del mundo.

Figura 11. Porcentaje de emigrantes españoles registrados en los consulados en función de su destino

Al indagar en las motivaciones para no registrarse en el Consulado destaca la percepción de que el registro no es útil y que no compensa el coste (de tiempo, viaje, gestión, etc.). El aspecto normativo (es obligatorio registrarse) apenas tiene peso en la toma de decisión de los individuos, lo que permite suponer que el infra-registro seguirá siendo habitual en el futuro salvo que dicho trámite se facilite mucho más (haciéndolo posible por Internet, por ejemplo) y se creen incentivos positivos para ello.

Conclusiones

El efecto de la crisis económica sobre la emigración de los universitarios ha sido más tardío en España que en los demás países de Europa del Sur, pese a que el impacto de esa crisis sobre su tasa de paro y sobre el porcentaje de universitarios en riesgo de pobreza se produjo con celeridad. Desde 2008 el paro de los universitarios en España y Grecia era el más alto de la UE, y España encabezaba el ranking basado en el porcentaje de universitarios en riesgo de pobreza. Por otra parte, España comparte con Italia, Grecia y Portugal un mismo tipo de Estado de Bienestar mediterráneo en el que la familia juega un importante papel complementario al del Estado, por lo que no puede buscarse en esa protección familiar la explicación a la diferencia en el comportamiento migratorio español.

Los españoles han resistido más tiempo que los demás antes de decidirse a emigrar, su posición en origen era la de desempleados con más frecuencia que en los demás países, y sus motivos para emigrar estaban menos basados en estrategias de formación o de mejora profesional y más en la necesidad de encontrar trabajo. Todo ello parece indicar que existen elementos no económicos que explican la decisión de emigrar o de no emigrar, relacionados en España con el rechazo a la movilidad geográfica. Esta hipótesis es coherente con la baja movilidad de los españoles autóctonos dentro del territorio español, a pesar de las altas diferencias en las tasas de paro regionales, mencionada a menudo como uno de los elementos de rigidez del mercado de trabajo en España.

Como resultado de esta mayor resistencia a la movilidad, los emigrantes españoles han salido del país en condiciones de mayor vulnerabilidad, con menor capacidad de negociación, su integración en los países de destino es menos exitosa en términos de ocupación e ingresos, y su experiencia vital presenta más dificultades. Otro elemento relacionado con el capital humano, el conocimiento de otros idiomas, juega en contra de los emigrantes originarios de España puesto que, al igual que el resto de españoles, tienen un déficit en este terreno que les coloca en una posición de mayor debilidad en el mercado de trabajo del país de destino.

Carmen González Enríquez
Investigadora principal, Real Instituto Elcano
| @rielcano

José Pablo Martínez Romera
Ayudante de investigación, Real Instituto Elcano
| @jpmromera


1 La revista Migraciones dedica su último número, el 43, a la emigración española reciente. En ese número se publica una versión más larga del estudio que se presenta en este ARI.

2 La encuesta fue realizada por el Instituto Universitario Europeo (Florencia), el Instituto Universitario y la Universidad de Lisboa, Trinity College Dublin y el Real Instituto Elcano.

3 Un resultado común de las encuestas realizadas hasta la fecha es el nivel educativo universitario de los nuevos emigrantes. Los que tienen una formación menor son muy pocos, de entre el 4% y el 15% en los diferentes estudios. En el caso de la encuesta “Emigrando en tiempos de crisis”, un 11% de los entrevistados tenían un nivel educativo inferior al universitario.

4 Rosa Aparicio (2014), “Aproximación a la situación de los españoles emigrados: realidad, proyecto, dificultades y retos”, Organización Internacional para las Migraciones, Madrid; y Raquel Caro y Mercedes Fernández (2015), “Perfiles y características de los nuevos emigrantes españoles”, Informe OBIMID de octubre de 2015, Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.

5 Josefina Domínguez-Mujica, Ramón Díaz-Hernández y Juan Parreño-Castellano (2016), “Migrating abroad to get ahead: the emigration of young Spanish adults during the financial crisis (2008-2013)”, Global Change and Human Mobility, Springer, Singapur, pp. 202-223; y Pablo Pumares y Beatriz González (2016), “Movilidad, migración y retorno de jóvenes españoles en el Reino Unido”, Población y Territorio en la encrucijada de las Ciencias Sociales, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pp. 275-290.

6 Los resultados del análisis de correlaciones pueden verse en nuestro artículo “La emigración española cualificada tras la crisis. Una comparación con la italiana, griega y portuguesa”, en el mencionado nº 43 de la Revista Migraciones, 2017.

7 Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

8 En estos datos se incluye también a los que emigraron antes de 2007 para mostrar cómo el tiempo de residencia en destino influye decisivamente en el registro consular, y se han excluido los datos de 2013 porque muchos de los llegados en ese año habían pasado menos de tres meses en su país de destino en el momento en que se hizo la encuesta y no tenían por tanto obligación legal de inscribirse.

]]>
<![CDATA[ Refugiados sirios en Líbano y Jordania: la solidaridad y sus límites ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari35-2017-gonzalezubedaalferez-refugiados-sirios-libano-jordania-solidaridad-limites 2017-04-18T04:15:44Z

Jordania y Líbano acogen al menos a 1.700.000 refugiados sirios en condiciones difíciles, lo que está causando tensiones en ambos países.

]]>
Tema

Jordania y Líbano acogen al menos a 1.700.000 refugiados sirios en condiciones difíciles, lo que está causando tensiones en ambos países.

Resumen

Los sirios que huyen de la guerra y buscan refugio en Jordania y Líbano tienen que hacer frente a numerosas dificultades provocadas, fundamentalmente, por el desafío que la afluencia masiva de refugiados supone para dos países de recursos limitados, y que no han recibido la totalidad de las ayudas internacionales acordadas. Según se prolonga el conflicto sirio, se hace cada vez más patente que sin un mayor compromiso en el cumplimento de los acuerdos alcanzados en cumbres y encuentros globales, tanto Líbano como Jordania se enfrentan a una mayor inestabilidad interna, que repercute en su capacidad de atender correctamente a la población refugiada.

Análisis

Los sirios que huyen a Líbano y Jordania se encuentran cada vez con mayores dificultades para atravesar las fronteras vecinas, pues ambos países han terminado apelando a la seguridad y la estabilidad económica y social de sus territorios para poner freno a la entrada masiva de personas que huyen del conflicto vecino.

No en vano, hacen frente a un número de refugiados que, en el caso de Líbano, con aproximadamente un millón, equivalen a alrededor del 20% de su población total, mientras que en Jordania, con cerca de los 700.000, representan, al menos, el 10% de la sociedad del Reino.1 Según cifras facilitadas por el Migration Policy Center, el número de acogidos por todos los países de la UE, Noruega y Suiza juntos, es muy similar a las cifras oficiales de los que absorbe Jordania en solitario.

Sin embargo, las dificultades no terminan en la frontera, sino que se extienden a las condiciones de vida una vez dentro de los dos países, ya que ni Jordania ni Líbano han firmado la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951 (Convención de La Haya), lo que conlleva importantes lagunas en los derechos otorgados a los refugiados. En el caso jordano, aunque se reconoce el estatus de refugiado a los que huyen del conflicto, sus autoridades no se encuentran vinculados al conjunto de obligaciones a las que debe hacer frente el país de acogida, tal y como establece la Convención. Por su parte, en Líbano los que huyen de Siria ni siquiera son oficialmente denominados refugiados. Todo ello implica que la ayuda que proporcionan ambos Estados queda, en gran medida, al criterio de las autoridades locales basándose fundamentalmente en su capacidad económica y la aceptación de la opinión pública del país, y no en acuerdos internacionales.

Aun así, tanto Jordania como Líbano realizan importantes esfuerzos, muy por encima de sus posibilidades económicas y sociales, para acoger a los refugiados, sobre todo teniendo en cuenta la falta de cumplimiento de los compromisos de ayuda por parte de la comunidad internacional.

De la política de fronteras abiertas a la paralización de las entradas

Los primeros desplazamientos desde Siria a los países vecinos comenzaron poco después del inicio de la crisis. Aproximadamente 250 campesinos sirios cruzaron la frontera turca en abril de 2011.

Ese mismo mes empezó también la llegada de refugiados a Líbano, provenientes sobre todo de la ciudad siria de Talkalakh, de población mayoritariamente suní y una de las primeras ciudades en rebelarse contra el régimen de Damasco. Aproximadamente 5.000 personas cruzaron entonces la frontera con destino a Trípoli y la región de Wadi Khaled.

Sin embargo, no se produjo una salida masiva de población siria hasta principios de 2012, con la intensificación del conflicto, y sobre todo tras episodios como la brutal represión de Homs, lo que provocó un fuerte crecimiento de la búsqueda de refugio en países vecinos, como muestran los datos recogidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).2

Inicialmente, tanto Líbano como Jordania mantuvieron una política de fronteras abiertas hacia los sirios. Human Rights Watch (HRW) recalca, por ejemplo, que,

“hasta mediados de 2013, Jordania permitía la entrada de refugiados a través de todas sus fronteras [incluso las] informales tanto en el oeste como en el este [de la demarcación sur siria], aunque restringía la entrada de hombres solos sin familia, refugiados palestinos e indocumentados.”3

Pero desde entonces las dificultades de acceso a territorio jordano fueron aumentando hasta el cierre total de las fronteras, primero las informales y más tarde las oficiales. En octubre de 2016 el primer ministro Hani al-Mulki declaraba a la agencia oficial de noticias jordana, Petra, que “[el país] no puede tolerar la carga de más refugiados y sólo se permitirá la entrada por motivos humanitarios”.4

Por su parte, el gobierno libanés tardó algo más en imponer limitaciones, que comenzaron por los cruces del norte en agosto de 2014 y llegaron a Masnaa, el más importante de la frontera, en septiembre.

En ambos casos, las restricciones ocurrieron a partir de sucesos ligados a la seguridad del país. En Jordania, se implantaron cuando el reino hachemí se unió a la coalición contra Daesh, liderada por EEUU, y se intensificaron con la toma de territorio fronterizo por parte de grupos de corte yihadista y los atentados de junio de 2016. Como explicaba el columnista jordano Manar Rachwani, era la reacción del gobierno jordano a la presencia en los límites entre ambos países del Frente al-Nusra, vinculado entonces a al-Qaeda, que había comenzado a ser considerado también objetivo de la coalición.5

En la actualidad, todo hace indicar que Jordania permanecerá sellada hasta que el ejército sirio se haga con el control de los pasos fronterizos, según indicó a principios de 2017 un alto cargo militar.6

Si hay un caso que refleja claramente la preocupación jordana por la seguridad es la gestión de los 75.000 refugiados que han quedado en una especie de “tierra de nadie”, tras el cierre de la frontera. Ammán teme que entre ellos se hayan infiltrado miembros de los grupos yihadistas, motivo que llevó a la prohibición del acceso a la zona a organismos de ayuda humanitaria durante unos meses. El acceso regular se reanudó en diciembre de 2016, pero Jordania desea que los puntos de distribución de ayuda se sitúen lo más alejado posible de la frontera, con el fin de aumentar la distancia respecto a instalaciones militares jordanas que podrían ser objetivo de ataques. Sin embargo, los desplazados sirios se sienten más seguros en territorios cercanos a la frontera.

Por su parte, Líbano planteó restricciones a las entradas desde Siria tras la toma de la localidad fronteriza de Arsal por Daesh, y otras fuerzas afines, en agosto de 2014. A partir de enero de 2015 entraron en vigor las actuales condiciones de Beirut hacia los que huyen del conflicto sirio, que, además, como se verá más adelante, no se limita a la obtención de visados, algo nunca requerido con anterioridad para viajar entre ambos países, sino que se extiende a las condiciones de permanencia en el país.

Las autoridades libanesas comenzaron a implantar un sistema de visados de entrada que ignora, en la mayoría de los casos, la situación de conflicto. De este modo, se han establecido diferentes tipos de visados para aquellos provenientes de Siria: turismo, negocios, estudios, tránsito, estancia médica, etc. Y, para la obtención de cada uno de ellos, es necesario presentar una documentación imposible de obtener, en muchos casos, por el estado de guerra en que se encuentra el territorio. Otra posibilidad, es la entrada mediante la “esponsorización” por parte de un nacional libanés.

El comandante general al frente de la Dirección de Seguridad General libanesa adujo, como los jordanos, que las nuevas medidas se debían al alto número existente ya de refugiados sirios en el país.7 El sistema político libanés se asienta sobre un equilibrio sectario muy frágil que algunos temen pueda romperse con los llegados de Siria, al ser en su gran mayoría suníes. Este debate existe desde hace décadas en torno a los refugiados palestinos, también principalmente suníes. La potencial naturalización de ambos colectivos inquieta al resto de comunidades, al repartirse el poder político en el país en función del tamaño de cada una de ellas.

Sin duda, el número de sirios que entra legalmente a Líbano ha disminuido considerablemente. Ya en la primera semana de implantación de las nuevas medidas, fuentes del Ministerio del Interior afirmaban que se había pasado de 8.000 entradas diarias a 3.000.8 Pero, debido a la porosidad y dificultad de proteger la frontera de 330 km entre ambos países, muchos sirios apuestan ahora por entrar de manera ilegal.

La incertidumbre sobre el estatus de los refugiados y sus consecuencias

El principal problema que se encuentran los sirios, una vez que consiguen cruzar la frontera libanesa o jordana, es que ninguno de los dos países son firmantes de la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, lo que limita sus obligaciones internacionales hacia los que huyen. De esta forma, los refugiados quedan, en gran parte, a merced de la voluntad de las autoridades de ambos territorios y los recursos de los que éstas disponen.

El primer escollo al que deben hacer frente es el status que se les asigna. Jordania, aunque no es firmante de la Convención, sí acepta la definición que ésta hace de refugiado:

“Que se aplicará a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de dicho país.”

Por ello, Jordania sí otorga el estatus de refugiado a los que cruzan su frontera, aunque no les conceda todos los derechos que éste conlleva, fundamentalmente debido a la escasez de recursos económicos que no son paliados por la comunidad internacional. Como bien señalaba el rey Abdallah:

“Acogemos a una población refugiada [siria] que supone el 20%9 de nuestra población total […] Pero el año pasado la ayuda de la comunidad internacional solamente cubrió el 35% de nuestro presupuesto para los refugiados, por lo que el 25% de nuestro presupuesto nacional fue destinado a cubrir la diferencia.”10

No se debe olvidar, además, que Jordania históricamente es un país que ha destacado por acoger a un gran número de refugiados de países vecinos. No en vano, en octubre de 2016 figuraba como el país con mayor número de refugiados del mundo, 2,7 millones.11 Destaca, por encima de todas, la comunidad palestina, que alcanza los 2,1 millones de miembros, mientras que 55.000 refugiados iraquíes se encuentran registrados por ACNUR en el país, aunque otras fuentes hablan de cifras mayores. Jordania acoge también refugiados de otros países, como Somalia y Yemen, aunque su número es mucho más limitado.

En el caso libanés, a los llegados de Siria se les niega el estatus de refugiado, lo que ha permitido a Beirut no solamente imponer el sistema de visados de entrada, ya comentado, sino también exigencias extraordinarias para la renovación de estos permisos.

La renovación de los permisos de residencia requiere, entre otras cosas, el pago de 200 dólares anuales por parte de cada persona mayor de 15 años, acreditar un patrocinador (sponsor) libanés, ya sea una persona física o jurídica, y presentar el certificado de alquiler de una vivienda. HRW realizó, a principios de 2016, un estudio en el que denunciaba que solamente dos de cada 40 refugiados entrevistados, de entre los que habían llegado al país con anterioridad a la nueva normativa, habían conseguido la renovación de su permiso de residencia. Todos los demás pasaban automáticamente a la ilegalidad.12

La medida pretende, según cooperantes entrevistados por esta misma organización internacional, convertir a los refugiados en “emigrantes económicos”13 lo que permitiría, en el futuro, una devolución más sencilla a Siria a ojos de la legislación internacional.

A todo ello hay que añadir, además, que la exigencia de poseer un patrocinador, aunque da acceso al mercado de trabajo, expone a los refugiados a todo tipo de abusos, ya que éste puede retirarles su apoyo en cualquier momento. Esto, según Nayla Geagea, supone que los trabajadores sirios se convierten frecuentemente en víctimas de prácticas abusivas e ilegales por parte de sus empleadores (normalmente los patrocinadores).14

Los inscritos como refugiados por ACNUR no tienen la obligación de disponer de un patrocinador y, desde comienzos de 2017, tampoco tienen que hacer frente al pago de los 200 dólares anuales, pero beneficiarse del amparo de la Agencia es cada vez más complicado ya que el gobierno libanés le ha pedido a ésta que detenga los registros de nuevos solicitantes.15 Además, este tipo de refugiados son obligados a renunciar por escrito al derecho a adquirir un permiso de trabajo.

Es difícil conocer con exactitud cuántos sirios se han inscrito en el registro de las autoridades libanesas, aunque se estima que más de la mitad de ellos no han legalizado su presencia en el país bajo la nueva normativa. En el caso concreto de los registrados por ACNUR, la Agencia ha señalado que solamente uno de cada dos ha regularizado su situación con el Estado libanés. El problema con los registros ha llegado a tal punto que ha tensado las relaciones entre el gobierno libanés y la agencia internacional, debido fundamentalmente a la decisión del primero de negar el registro de los niños hijos de sirios nacidos en territorio libanés, a pesar de que esto no influye en el censo del país de acogida al estar tan sólo registrados por ACNUR. La sugerencia del ministro de Asuntos Exteriores, Gebran Bassil, de que sea la embajada siria en Beirut la que lleve a cabo la labor, aterra a muchos refugiados opuestos al régimen de Assad, que no quieren pisar las instalaciones de la embajada.

En el caso de Jordania, los que llegan desde Siria, ya sea a través de pasos fronterizos legales o de forma irregular, son atendidos por ACNUR en alguno de los campos establecidos. No se les exige visado para entrar y son considerados como refugiados de forma automática.

A diferencia de las autoridades de Beirut, Ammán sí ha permitido la construcción de campos de refugiados. Líbano ha negado siempre esa posibilidad. En primer lugar porque, como se ha visto anteriormente, no otorga el estatus de refugiado a los sirios que huyen y, en segundo lugar, porque la mayoría de las comunidades sectarias en que se divide el país se oponen a una repetición del caso palestino, que se creía temporal en su momento y que, sin embargo, se prolonga ya décadas y sin una solución a la vista. Esto no ha impedido que algunos refugiados hayan creado por sí mismos campos ilegales.

Jordania, en los primeros años de la crisis, impidió el acceso al mercado de trabajo a la población refugiada siria alegando, como Líbano, las altas tasas de desempleo que sufre la población local. Hasta principios de 2016, cuando se alcanza un acuerdo con la comunidad internacional, solamente el 10% de los refugiados había logrado un permiso de trabajo.

Para ganarse la vida los sirios tenían dos posibilidades: los negocios que se iban abriendo en los campos, que han llegado a convertirse en algunos casos en verdaderas ciudades, o integrarse en la economía sumergida jordana. La situación ha ido poco a poco complicándose ya que los refugiados están dispuestos a trabajar por un salario menor y en peores condiciones, sobre todo en los sectores de agricultura y construcción, causando fricciones con los jordanos, que les acusan de ser la causa de la subida del desempleo. Un informe elaborado conjuntamente por la Organización Mundial del Trabajo y el Instituto FAFO señala que el 51% de los hombres sirios y el 7% de mujeres que viven fuera de los campos, ejercen algún tipo de trabajo remunerado.16

Sin duda, la presión sobre el mercado de trabajo jordano, ha sido, desde el inicio de la crisis, una de las principales preocupaciones de las autoridades hachemíes, que lo perciben como un importante elemento desestabilizador en un país que, hasta el momento, ha logrado evitar los levantamientos populares que han tenido lugar en otros países de la región desde 2011.

La situación es especialmente preocupante en el norte, donde se concentra la mayor parte de la población refugiada, al igual que las mayores tasas de desempleo. Todo ello ha llevado a Jordania a obligar a la mayoría de los proyectos de las agencias internacionales a que un tercio de sus esfuerzos se destinen a los ciudadanos jordanos, para paliar así ese malestar por la nueva competencia laboral y también con el fin de aliviar la presión sobre los servicios públicos, que se encuentran saturados por el aumento de población a la que deben atender.

Otros problemas a los que se enfrentan los refugiados

Tanto en el caso jordano como en el libanés, el mayor número de refugiados tiende a concentrarse en las regiones fronterizas. En Jordania el 77% de los sirios se han establecido en al-Mafrag e Irbid, además de la capital, Ammán. Por su parte, en Líbano el 85% de la población refugiada se encuentra en las provincias de Bekaa, Norte de Líbano y Monte Líbano.

Es en estas regiones fronterizas, donde Jordania ha ubicado los campos de refugiados en coordinación con organizaciones humanitarias. En la actualidad existen cuatro de ellos: Zaatari, Mrajeeb al-Fahood, Cyber City y Al-Azra.

El campo de Zaatari fue el primero en ser establecido. Se inauguró en julio de 2012 y comenzó siendo tan solo un grupo de tiendas de campaña destinadas a alojar a unas 100 familias. Sin embargo, su crecimiento ha sido tal que en la actualidad es la cuarta “ciudad” del país en población con más de 80.000 habitantes y está dividida en 12 distritos. Sus residentes disponen de servicios públicos e, incluso, se han abierto en torno a 2.500 negocios creados por los propios sirios. Se estima que el 60% de su población es capaz de generar algún tipo de ingresos dentro del propio campo. Sin embargo, el campo tiene importantes déficits de infraestructuras, como la falta de agua corriente.

A pesar de la existencia de estos campos, solamente el 20% de los refugiados en Jordania vive en ellos. Las razones por la que eligen otros lugares de residencia son muy variadas, aunque algunas suelen repetirse: amenazas en los campos por parte de compatriotas que pertenecen a otras regiones de Siria, lo incómodo de la vida en el desierto para poblaciones que provienen de entornos urbanos, y la falta de alojamiento de tamaño suficiente para mantener a la familia unida. Las mujeres que han viajado sin la compañía de ningún hombre, y se encuentran a cargo de la familia, esgrimen fundamentalmente la falta de seguridad. No en vano, los casos de violaciones y matrimonios infantiles se han disparado.

Aquellos que optan por vivir fuera, deben de disponer del permiso legal de las autoridades jordanas y de una tarjeta de servicios facilitada por el Ministerio del Interior con el fin de poder acceder, por ejemplo, a la sanidad y a la educación pública del país. Además, desde noviembre de 2014 los servicios médicos no son gratuitos debido a la escasez de recursos económicos del país, que no ha recibido el volumen de ayudas internacionales prometido.

En el caso libanés, como ya se ha comentado, las autoridades no han permitido la instalación de campos de refugiados, aunque no han podido impedir el surgimiento de algunos espontáneos e improvisados, sobre todo cerca de la frontera, ante la dificultad de encontrar alojamiento por parte de los refugiados con menos recursos. A pesar de ello, ACNUR señala que el 81% de los refugiados, es decir, la gran mayoría, alquilan algún tipo de vivienda por un precio medio de 200 dólares, aunque muchos de ellos viven en lugares inseguros y expuestos como garajes y edificios a medio construir.

El acceso a la sanidad en Líbano es también más complicado debido a que ésta se encuentra, en gran parte, en manos privadas. Esto lleva a que los refugiados dependan masivamente de los servicios que provee ACNUR, desprovista de los fondos suficientes para cubrir la demanda de manera adecuada.

Sin embargo, probablemente sean las deficiencias en la educación de la población refugiada uno de los aspectos de la crisis que más preocupa por sus implicaciones para el futuro, ya que podría hacer surgir una “generación perdida” de niños y jóvenes sirios que afectaría gravemente a la capacidad de reconstruir el país tras el conflicto. Con anterioridad al estallido de la guerra, el 94% de los niños y adolescentes asistían a clases de primaria y secundaria en Siria.

En Líbano, de la población refugiada menor de 18 años, que representa el 49,1% de los sirios en el país, solamente el 40% recibe educación, como refleja el informe de septiembre de 2016 elaborado por ACNUR. Los más afectados son los adolescentes, ya que solamente el 3% de ellos se encuentran escolarizados, según señala HRW. Las autoridades locales realizan importantes esfuerzos, a pesar de la falta de financiación, para acomodar al mayor número posible de refugiados en el sistema educativo, incluso de aquellos que carecen de un permiso de residencia, ofreciendo enseñanza gratuita y turnos dobles en 238 colegios públicos.

En el caso de Jordania, donde los niños y los adolescentes representan el 51% de los refugiados sirios, el informe de ACNUR señala que el porcentaje de escolarización alcanza el 70%, gracias, en gran medida, a los últimos esfuerzos de las autoridades por retirar obstáculos burocráticos, que antes impedían la inscripción de menores en situación irregular en los colegios locales, así como al aumento del número de plazas disponibles.17 Además, se han creado en el último curso escolar 25.000 plazas especiales para que aquellos niños que lleven un tiempo sin asistir a clase, puedan recuperar el nivel propio de su edad en el plazo de un año. Al igual que en Líbano, los colegios operan con turnos dobles para poder acomodar al mayor número de niños posible. Aun así, una vez más, la falta de recursos imposibilita que todos aquellos en edad escolar tengan acceso a la educación.

Otros problemas que afectan a la escolarización, tanto en Jordania como en Líbano, son la dificultad de los padres para afrontar los gastos que conlleva –a pesar de que la enseñanza es gratuita, las familias deben hacerse cargo del coste de libros, uniformes y otros materiales– y el alivio a las finanzas familiares que supone el trabajo de los hijos.

El incumplimiento de las promesas de ayuda internacionales

En el plano económico, tanto en el caso jordano como en el libanés, el informe del Banco Mundial y ACNUR de finales de 2016 alerta sobre los altos índices de pobreza entre los llegados de Siria y, además, vaticina un empeoramiento de las condiciones en los próximos años.

Este empeoramiento es achacable a varios motivos, pero el más importante es el incumplimiento por parte de la comunidad internacional de sus obligaciones y compromisos hacia los países que, en condiciones económicas y sociales muy inferiores a las occidentales, están asumiendo la acogida de la mayor parte de la población refugiada siria.

En la conferencia de donantes celebrada en Londres en febrero de 2016, la comunidad internacional se comprometió a ayudas por valor de 6.000 millones de dólares para ese mismo año y otros 6.000 millones adicionales a hacer efectivos antes de 2020.18 A esta financiación se unían, además, préstamos en condiciones favorables por valor de 41.000 millones de dólares. Otro de los grandes compromisos de la reunión fue garantizar la escolarización del 100% de los niños sirios refugiados a partir del inicio del año escolar en septiembre de 2016.

En esta reunión surgió también una iniciativa destinada a colaborar en el desarrollo económico jordano. Para ello, entre otras medidas, la UE se comprometía a una relajación de la normativa para las exportaciones jordanas, y el Banco Mundial a la concesión de préstamos en condiciones ventajosas, todo ello con el fin de atraer inversores, reformar el mercado de trabajo y colaborar en el empleo de los sirios con vistas a transformar una crisis humanitaria en una oportunidad de desarrollo para el país.

Sin embargo, los resultados han sido dispares. En el caso del compromiso en educación, solamente una tercera parte de los fondos han sido aportados y 800.000 niños siguen sin ser escolarizados. El ministro de Educación libanés, por entonces Elias Bou Saab, denunciaba el pasado septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, “Estoy abriendo colegios sin tener dinero para ello. Nos encontramos ante una crisis”.19

El proyecto de integración de los refugiados sirios en el mercado laboral jordano a través de incentivos todavía no ha dado los resultados esperados, aunque sí es cierto que se encuentra aún en fase de desarrollo. En septiembre el Banco Mundial firmaba oficialmente la concesión de un préstamo de 300 millones de dólares dentro del marco de los acuerdos, mientras que la UE aprobaba una relajación de la normativa de importaciones el pasado junio. Jordania, por su parte, en octubre ya había otorgado 29.000 nuevos permisos de trabajo a refugiados sirios,20 una cifra que el gobierno jordano prevé incrementar hasta los 200.000 en los próximos años.

Respecto al resto de medidas económicas, existen opiniones discrepantes sobre su cumplimiento. En esa misma sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, se produjo un agrio debate sobre el tema, con participantes anunciando que el 80% de las ayudas previstas para ese año se había hecho efectivo, mientras que otros señalaban que tan sólo el 43% había sido desembolsado. De todo ello se deduce también un claro problema, la falta de transparencia en torno a las ayudas. La información que se tiene al respecto proviene de cada gobierno individualmente y el problema reside en que cada país realiza ese cálculo a través de parámetros propios.

Además, parece existir una gran disparidad entre países y organismos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En este aspecto hay que señalar que, según los datos facilitados por los propios gobiernos y autoridades, se desprende que algunos de los países europeos al igual que varios de los países árabes de la región del Golfo y la propia UE, no han desembolsado las cantidades prometidas, mientras que otros, en especial EEUU, han sobrepasado los compromisos de la conferencia de Londres.21

Más allá del nivel de cumplimento de las ayudas, tanto Jordania como Líbano reclaman que éstas son desde el principio insuficientes, ya que se encuentran muy por debajo de sus necesidades. En la Conferencia sobre Siria celebrada en Bruselas a principios de abril de 2017, los propios donantes reconocían en sus informes que ambos países recibían ayudas por debajo de sus necesidades año tras año y que un mayor volumen era necesario.22

En diciembre de 2016, Naciones Unidas hacía público uno de los datos más esclarecedores. El organismo estimaba que la llamada de emergencia para cubrir las necesidades de los refugiados sirios por parte de la comunidad internacional solamente había sido cubierta en un 56%.

Al incumplimiento de las promesas de carácter económico se une el hecho de que la comunidad internacional no está satisfaciendo otra de sus obligaciones básicas, el reasentamiento en terceros países de parte de los refugiados, que alivie la enorme presión a la que están sometidos los vecinos de Siria.

En Bruselas, el primer ministro libanés, Saad Hariri, alertaba sobre la situación límite en la que se encuentra su país y hacía un llamamiento a la comunidad internacional para una mayor colaboración que mejore las condiciones de vida tanto de los libaneses como de los refugiados con el fin luchar contra la radicalización: “Líbano no puede seguir manteniendo esta situación”.

Conclusiones

La comunidad internacional debe hacer frente a los compromisos adquiridos tanto en Londres en febrero de 2016 como en Bruselas en abril de 2017, y en las condiciones adecuadas de transparencia y plazos. Las ayudas deben materializarse para que, por una parte, puedan cumplirse programas como la plena escolarización de los niños sirios refugiados y, por otra, para que los países de acogida como Jordania y Líbano no se desestabilicen económica y socialmente por la falta de recursos. Difícilmente estos dos países podrán hacer frente a las necesidades de la población refugiada, sobre todo en materia de servicios públicos, si carecen de los medios necesarios.

El cumplimiento de las políticas de reasentamiento es otra de las grandes asignaturas pendientes de los países económicamente mejor situados, en especial en el seno de la UE. En la declaración final de la conferencia de Bruselas se hace tan solo una tímida mención a las necesidades de reasentamiento, reconociendo su importancia en el caso de “los refugiados más vulnerables”.

Jordania es uno de los países que está realizando mayores esfuerzos para paliar la crisis de los refugiados sirios, tanto a nivel social como económico, sin recibir la ayuda internacional necesaria. Sin embargo, Ammán debe asumir una reforma estructural económica, que lleva pendiente desde antes incluso del comienzo de la crisis siria, para poder hacer frente a los desafíos tanto internos como externos que se le plantean. A corto plazo, debe solucionar el problema de los refugiados atrapados en la frontera en condiciones inadecuadas, encontrando una solución que, al mismo tiempo, no ponga en riesgo la seguridad del país.

Líbano lleva a cabo, también, grandes esfuerzos para poder asumir los costes, tanto económicos como sociales, que conllevan las oleadas de población llegadas de Siria y que tienen serias implicaciones en la balanza sectaria sobre la que se asienta el país. Cualquier aumento poblacional de una de las comunidades en las que se divide Líbano, podría obligar a un replanteamiento de los equilibrios de poder actuales, algo que podría conllevar una profunda desestabilización política y social.

Sin embargo, sería recomendable que las autoridades nacionales y los líderes comunitarios se replanteasen la conveniencia de otorgar la condición de refugiados a los sirios, y eliminar, o al menos suavizar, las duras condiciones que se les impone para la obtención de la residencia, a las que la mayoría de los llegados del territorio vecino no pueden hacer frente. La no inscripción de los refugiados correctamente no provoca su desaparición, sino la creación de una población ilegal con una capacidad desestabilizadora mucho mayor. En declaraciones realizadas pocos días antes de asistir en Bruselas a la conferencia internacional ya citada, el primer ministro, Saad Hariri, daba a conocer su deseo de legalizar la situación de hasta 200.000 sirios más. Sin embargo, ni siquiera dentro de su propio gobierno parece contar con los apoyos suficientes, sobre todo ante la falta de un compromiso internacional firme en materia de financiación.

El objetivo de todos los actores debe ser evitar la creciente vulnerabilidad de los refugiados que les lleva a la búsqueda de mecanismos de supervivencia, con consecuencias negativas a corto y largo plazo, como son la no escolarización de los hijos para que éstos trabajen, la aceptación de empleos en condiciones peligrosas, la prostitución y los matrimonios concertados a edades tempranas.

María González-Úbeda Alférez
Doctoranda en Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid
| @gonzalez_ubeda


1 Cifras oficiales presentadas por ACNUR basadas en el número de refugiados registrados por la Agencia. Otras fuentes no oficiales hablan de números mucho más elevados.

2 Véase el gráfico de ACNUR para su ficha técnica (2013) que refleja el número de refugiados desde marzo de 2011 hasta septiembre de 2013.

3 Human Rights Watch (2015), “Jordan: Syrians blocked, stranded in the desert”, 3/VI/2015.

4 D. Khraiche y M. Tayseer (2016), “Jordan closes border area with Syria to limit refugee influx”, Bloomberg, 6/X/2016.

5 Syrian Observatory for Human Rights (2014), “Human agencies claim Jordan’s border closed to refugees”, 9/X/2014.

6 O. al-Sharif (2017), “Jordanians question timing, messages of top military brass”, Al-Monitor, 9/I/2017.

7 E. Ghanem (2015), “Lebanese visa regulations cause more distress for Syrians”, Al-Monitor, 22/I/2015.

9 Como se puede comprobar aquí, las autoridades de los países de acogida, manejan números de refugiados más altos que los de ACNUR, comentados con anterioridad en el texto, ya que ésta solamente tiene en cuenta los registrados por la Agencia.

10 Declaraciones tomadas de su intervención en la Universidad Católica de Lovaina el 18 de mayo de 2016, divulgadas a través de las redes sociales por la reina Rania de Jordania.

11 K. Malkawi (2016), “Jordan tops lost of refugee- host countries- Amnesty”, The Jordan Times, 4/X/2016.

12 Human Rights Watch (2016), “Lebanon: Residency rules put Syrians at Risk”, 12/I/2016.

13 Ibid.

14 N. Geagea (2015), “Asylum crisis or migrant labor crisis?”, The Lebanese Center for Policy Studies, mayo.

15 Syrian Regional Refugee Response (2016), “Lebanon”, UNHCR, 30/IX/2016.

16 S.E. Stave y S. Hillesund (2015), p. 7.

17 Debemos tener en cuenta que todas las cifras tienen como fuente ACNUR, la cual solamente considera a aquellos refugiados inscritos por la Agencia.

18 Jordania debía recibir el 15% de las ayudas y Líbano el 14%, según informes de seguimiento de la propia conferencia.

20 M. Noghai (2016), “29,000 Syrians issued work permits this year”, Jordan Times, 10/X/2016.

22 La información sobre las ayudas recibidas por ambos países quedan reflejadas en los anexos del comunicado final de prensa de la Conferencia de Bruselas.

]]>
<![CDATA[ La inmigración y el Brexit: un referéndum inútil ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-gonzalezenriquez-inmigracion-y-brexit-un-referendum-inutil 2016-06-30T02:42:07Z

¿Qué va a ocurrir con la inmigración al Reino Unido de ahora en adelante? La respuesta corta es “probablemente nada”.

]]>
Un gran problema que afecta a la inmigración es que, con mucha frecuencia, sus beneficios para el conjunto de un país son difusos pero sus desventajas están concentradas. En el Reino Unido, los perjuicios causados por una de las inmigraciones más altas de Europa se han concentrado en los trabajadores de baja cualificación, que han visto cómo se reducía (o dejaba de aumentar) su salario por la llegada de mano de obra extranjera más barata. Esto no ha pasado en la parte alta de la estructura de ocupaciones, la más productiva, como el sistema financiero, donde los salarios han seguido creciendo a la vez que los empleados extranjeros ocupaban gran parte de los puestos. Echen un vistazo a la City londinense, el centro financiero: más de la mitad de sus ajetreados habitantes son extranjeros. El sistema laboral británico no se parece en nada al “continental” (como dirían ellos) dominante en la UE: es completamente liberal, lo que implica que hay pocas protecciones frente a los resultados de la cruda ley del mercado. Algo que casa muy bien con el clasismo y el elitismo que han caracterizado siempre la vida social inglesa y que implica una falta de solidaridad interna en lo laboral: los ricos, los privilegiados y los exitosos no se sienten responsables del puesto de trabajo de los que no son lo suficientemente inteligentes y diligentes o no han tenido la suerte de nacer en la familia apropiada. Es el mercado… o la cuna.

“¿Y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir con la inmigración al Reino Unido de ahora en adelante? La respuesta corta es “probablemente nada”. .”

En el resto de Europa los sindicatos han jugado un papel moderador del impacto de la inmigración en los mercados laborales, asegurándose de que su llegada no afectara a las condiciones laborales y salariales de los autóctonos. Pero en el Reino Unido los sindicatos fueron destrozados en la etapa de Margaret Thatcher y en la mayor parte de las empresas no hay convenio de ningún tipo.

Mientras el sistema político británico permitía que los inmigrantes llegaran, el malestar concentrado en algunos sectores fue aumentando: no se han hecho suficientes inversiones en los servicios, sobre todo en el sanitario, para compensar el aumento de la población. Los que más sufren la consecuencia son los mayores, los principales usuarios del sistema sanitario, a su vez los más asustados por el cambio en el paisaje humano creado por la inmigración y los que más han votado a favor del Brexit. El mercado de la vivienda ha supuesto otro cuello de botella: no se han construido suficientes viviendas para absorber el aumento de la demanda, con el resultado de una subida de precios intensa que ha perjudicado a todos. La política multicultural británica, que se basa en su experiencia colonial en la India, cuando decidieron conceder autonomía relativa a las zonas musulmanas, ha tenido resultados desastrosos desde la perspectiva del radicalismo islámico y la formación de enclaves étnicos. La aceptación de la sharía como norma en cortes de arbitraje es uno de los restos de esas prácticas multiculturales, que escandaliza a muchos británicos.

En conjunto, la inmigración ha provocado un malestar importante, manipulado, deformado y agigantado por medios de comunicación y por políticos irresponsables, aunque obviamente no ha sido la única causa del voto a favor del Brexit. Si reducir la inmigración intracomunitaria hubiera sido el único elemento en discordia, el resultado del referéndum habría sido el contrario.

¿Y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir con la inmigración al Reino Unido de ahora en adelante? La respuesta corta es “probablemente nada”. Vayamos por partes: sólo una parte de la inmigración que recibe el Reino Unido es comunitaria –aproximadamente la mitad– y, por tanto, sólo a ellos les afectarían los cambios de la eventual salida de la UE. Hay que insistir en que es “eventual” porque en este momento ni siquiera está claro si va a producirse efectivamente o será paralizada desde las instituciones británicas.

Pero supongamos que efectivamente el Reino Unido dejase mañana de ser un Estado miembro de la UE. Puesto que tampoco es miembro del Espacio Schengen de libre circulación de personas, o sólo lo es en parte, podría imponer visados a los ciudadanos europeos que deseasen entrar en el país. Eso no cambiaría la situación de los que ya están dentro –2.300.000 extranjeros comunitarios– aunque reduciría su movilidad internacional. Para evitar un colapso económico, el gobierno y el parlamento tendrían que redactar nuevas normas que permitieran la concesión de un permiso de estancia y trabajo a todos aquellos que ya están trabajando allí. De la misma forma, para evitar el colapso del sistema universitario, que vive en gran parte de los estudiantes extranjeros, tendrían que conceder rápidamente permisos a los estudiantes comunitarios. Y qué decir del preciado NHS, el sistema de salud público, que se mantiene gracias al trabajo de médicos y enfermeras extranjeros, en buena parte comunitarios, mientras los médicos británicos emigran a EEUU donde pueden ganar mucho más dinero con una consulta privada. Después, los británicos deberían implantar políticas para erradicar la inmigración irregular, algo que se han demostrado incapaces de hacer en el pasado. No hay ningún signo de que ahora puedan hacerlo: a fin de cuentas, el negocio de los que se aprovechan de la inmigración irregular ha tenido hasta ahora más peso político que las quejas de los trabajadores autóctonos desplazados por los inmigrantes. Recuerden: es un sistema liberal.

“Dicho de otra forma: la economía británica no puede prescindir de golpe de sus trabajadores extranjeros comunitarios.”

¿Se atreverían los británicos a exigir visado a todos los ciudadanos comunitarios? ¿Querrán poner dificultades al empresario alemán, al alumno francés, al turista italiano? ¿Qué pasaría con el negocio de tantas familias que hacen literalmente su agosto gracias a los alumnos europeos que pasan el verano con ellos mientras intentan aprender inglés? En realidad, de entre los comunitarios, los únicos que parecen molestarles son los emigrantes del Este Europeo. ¿Eximirán de visado entonces al resto? Pueden hacerlo, claro está, pero eso no va a ganarles el apoyo de los Estados del Este en las futuras negociaciones con la UE para firmar un acuerdo comercial que les permita seguir accediendo al Mercado Único. Polonia, Rumanía y Bulgaria podrían bloquear cualquier acuerdo comercial o de otro tipo con un Reino Unido que impidiera entrar a sus nacionales. ¿Serían tan insensatos los británicos como para sacrificar su acceso al mercado único? Probablemente no.

En cuanto a los refugiados, su llegada libre a la UE por la vía de los Balcanes durante meses ha aumentado en el Reino Unido el temor a verse afectados por una Europa incapaz de gestionar sus fronteras. Sin embargo, el Brexit puede reducir en vez de aumentar la capacidad de gestión del Reino Unido en este tema. Por una parte, si el Reino Unido sale de la UE, el gobierno francés podría dejar de cooperar en el control del paso de Calais y, sin más, permitir que los miles de inmigrantes y refugiados que intentan atravesar el Canal de la Mancha lo hagan libremente. Ya no tendrían que esconderse en los bajos de los camiones, podrían simplemente coger el ferry como cualquier otro viajero, y los campamentos en el norte de Francia se trasladarían al sur de Inglaterra. Por otra parte, el Reino Unido, que forma parte del Sistema Europeo de Asilo, devuelve cada año miles de peticionarios de asilo, en aplicación de la Regulación de Dublín, al país por el que entraron en la UE. Esa Regulación está ahora puesta en duda y sujeta a revisión y al Reino Unido le va a resultar más difícil influir en la discusión si está fuera de la UE.

¿Y qué puede pasarles a los británicos que viven en otros países de la UE? Son 1.800.000, según las fuentes del Reino Unido, que infraestiman la cifra. Los Estados donde residen, como España, donde habitan unos 300.000 británicos (258.965 según el INE), decidirán si concederles o no automáticamente un permiso de residencia y trabajo, o bien obligarles a someterse a la legislación general de inmigración, lo que dejaría en la ilegalidad y riesgo de expulsión a la muchos de ellos, y firmar o no acuerdos con el Reino Unido que les permitan disfrutar de la sanidad pública en los países de la UE. Los incentivos de los Estados miembros para tratar con excepcionalidad generosa a los residentes británicos estarán en proporción directa a la apertura hacia los ciudadanos europeos que demuestre el futuro gobierno británico. Es un intercambio de personas: 1.800.000 británicos en otros países de la UE frente a 2.300.000 comunitarios en el Reino Unido, con la gran diferencia de que muy pocos de esos 2.300.000 son jubilados y por tanto su aportación económica al Estado británico es mucho más importante que la del caso contrario. Dicho de otra forma: la economía británica no puede prescindir de golpe de sus trabajadores extranjeros comunitarios. Pero el resto de las economías de la UE sí pueden prescindir de los jubilados y los trabajadores británicos. Esto deja claro que el Reino Unido tiene poco o ningún poder negociador en este tema ante la UE, cuando llegue el momento de negociar desde fuera de ella.

En definitiva, lo más probable es que poco o nada cambie en este tema y que el Reino Unido acabe teniendo que conformarse, como mucho, con las migajas que la UE les ofreció antes del referéndum para calmar a los euroescépticos.

Desde luego, no van a encontrar mucha simpatía en la negociación.

Carmen González Enríquez
Investigadora principal de Opinión Publica y Migraciones del Real Instituto Elcano y catedrática en el Departamento de Ciencia Política de la UNED | @cgzalez_elcano

]]>
<![CDATA[ El declive de la identidad nacional española ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari50-2016-gonzalezenriquez-declive-identidad-nacional-espanola 2016-06-29T09:41:08Z

España es ya una sociedad con una menor identidad colectiva, menos prejuicios y más cosmopolita.

]]>
Tema

España es ya una sociedad con una menor identidad colectiva, menos prejuicios y más cosmopolita.

Resumen

Los españoles se sienten ahora menos identificados con los demás españoles, ya sean los del conjunto del país, los de su ciudad o los de su comunidad autónoma, mientras que aumenta ligeramente su cercanía al conjunto de los europeos. El descenso, medido entre 2002 y 2015, afecta a todos los elementos que comparten los miembros de una nación (lengua, territorio, sistema legal, economía, seguridad social, símbolos, etc.). A la vez, ha disminuido el rechazo a los “diferentes”, ya sean inmigrantes, gitanos o estadounidenses. En conjunto, se trata de una sociedad con una menor identidad colectiva, menos prejuicios y más cosmopolita.

Análisis

Introducción

En el año 2002, en el marco de un proyecto de investigación europeo,1 se realizó una encuesta a ciudadanos de 18 países de la UE, entre ellos España, para saber hasta qué punto las identidades nacionales eran compatibles con la formación de una nueva identidad común europea. Esta formación de una identidad común europea es un requisito imprescindible para la creación de un demos, un pueblo que sostenga la legitimidad democrática de las instituciones de la UE: sin el sentimiento de compartir intereses y un futuro común con las demás naciones no puede avanzarse hacia el fortalecimiento de Europa. En aquellos años, en una etapa general de crecimiento económico, y antes del gran aumento de la diversidad política interna en la UE que produjo la ampliación hacia el Este en 2004, los elementos que ocupaban el debate político sobre Europa eran muy diferentes a los actuales y, vistos desde la realidad de hoy, implicaban un cierto optimismo y una confianza clara en el futuro de la UE, sobre cuyo mantenimiento no se percibían riesgos. Se trataba entonces de mejorar sus instituciones salvando el llamado “déficit democrático”, un aspecto que ahora, ante riesgos como el Brexit, la crisis de Schengen y el impago de la deuda griega, ha pasado a un puesto secundario.

La encuesta se realizó a través del Eurobarómetro 57.2 y vino a confirmar algo que ya se había mostrado en Eurobarómetros anteriores, que los españoles formaban una de las naciones más europeístas de la UE.2 Junto a este aspecto, la encuesta medía otros elementos, como los componentes de la identidad nacional y europea (¿qué es lo que hace sentirse europeo o español a un español?), el peso del localismo y el grado de identificación o distancia con otros grupos nacionales o culturales, en comparación con los cuales se construye la identidad propia, ya sea como europeos o como españoles.

Ahora, 15 años después y todavía sufriendo los efectos de los recortes presupuestarios de los que se ha culpado en parte a “Europa” y en particular a Alemania, y tras un cambio demográfico espectacular que ha convertido a España en país de inmigración, el Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE) en su edición nº 36 (2015) ha incluido una batería de preguntas que reproducen las realizadas en el Eurobarómetro de 2002 para medir la evolución en las respuestas. El tamaño de ambas muestras es semejante: 995 personas entrevistadas en 2002 y 1.006 en 2015.

El declive de la identidad nacional española

En términos comparados con los demás países europeos, la identidad nacional española es relativamente débil, como muestra el Eurobarómetro. Los últimos datos de esta encuesta, de otoño de 2015, indican que España está por debajo de la media de la UE en el porcentaje de los que se sienten “apegados” a su país (cuatro puntos por debajo), mientras que supera claramente la media de los que se sienten “apegados” a la UE (siete puntos por encima).3 Otro indicador aproximado a este mismo fenómeno es el prestigio interno de cada país, medido también a través de encuestas, en el que España destaca en los últimos años por su muy baja autoestima, muy por debajo de la opinión que sobre ella se tiene fuera.4 En el extremo contrario encontramos a los países más orgullosos de sí mismos, como los rusos y los chinos, cuya autoestima está muy por encima de su prestigio externo.

Las causas de esa débil identidad nacional española han sido muy debatidas por historiadores, sociólogos y politólogos: el franquismo y, en especial, su período autárquico, produjeron un complejo de inferioridad en los españoles en su comparación con las demás naciones europeas o con EEUU, un complejo que ya se había alimentado tras la crisis de 1898 y la pérdida de las últimas colonias americanas. Por otra parte, el abuso de los símbolos y la retórica nacionalista por parte de las autoridades franquistas creó el efecto contrario tras la transición: el rechazo al nacionalismo español y a sus símbolos, la bandera y el himno, por su identificación con ese período. A la vez, los movimientos nacionalistas periféricos y el entusiasmo con que la izquierda española los apoyó como liberadores durante la transición y en años posteriores, contribuyeron aún más a debilitar “lo español”, hasta el punto de que la exhibición de una bandera española pasó a ser indicador de una ideología conservadora cuando no de nostalgia por el franquismo. La misma palabra “España” resultó sospechosa y fue sustituida a menudo por “el Estado español”, una expresión de escasa resonancia emotiva.

La comparación de los datos de las encuestas realizadas en 2002 y 2015 señala una caída del grado de identificación con el país. Los que se sienten “muy” o “bastante” cercanos a los demás españoles (en comparación con otros grupos, como los europeos, los de su ciudad, los estadounidenses, etc…) eran un 90% en 2002 y son ahora un 85%, mientras que los que se sienten “poco” o “nada cercanos” a los demás españoles han aumentado del 10% al 15%.

Pero más claro que este indicador es el que recoge los motivos de identificación con la nación española. Prácticamente todos los elementos que se ofrecen a los entrevistados como posibles motivos de identificación con el resto de los españoles sufren un declive. Disminuye la identificación con la cultura española, con la lengua castellana, con su historia, con sus símbolos y, especialmente, con dos tipos de elementos: por una parte, los aspectos centrales que definen un Estado, su independencia y sus fronteras; y, por otro, su vida política y económica. Está claro que la crisis económica y la sucesión de escándalos de corrupción en los últimos años explican la caída del prestigio del sistema político y legal y de la vida económica, pero la disminución de los aspectos relacionados con la soberanía parece responder a un cambio más profundo y de largo alcance.5

Figura 1. Me siento español porque comparto con los demás españoles…: grado de acuerdo con cada frase (% que responde “bastante” o “mucho”)

Figura 2. Me siento español porque comparto con los demás españoles…: puntos porcentuales de caída

Esta caída en la identificación con la nación se repite en el caso de lo local y lo regional: disminuye el porcentaje de españoles que se sienten cercanos a los vecinos de su ciudad o pueblo y los que se sienten cercanos a los habitantes de su Comunidad Autónoma, con una caída de 5 y 6 puntos respectivamente. Este resultado contradice las estimaciones o pronósticos que se leen o escuchan con cierta frecuencia respecto a un aumento del localismo que vendría a convertirse en refugio de los ciudadanos ante la globalización.

La identidad europea de los españoles

En contraposición con lo que ocurre en los casos anteriores, los niveles nacional, local y regional, el grado de identificación de los españoles con el resto de los habitantes de Europa se mantiene e incluso aumenta ligeramente. El 59% de los españoles se siente bastante o muy cercano al resto de los europeos, dos puntos más que en 2002, mientras que disminuye cuatro puntos el porcentaje de los que se sienten poco o nada cercanos a los demás europeos (del 44% al 40%). El europeísmo de los españoles ha sido confirmado recientemente a través de otro indicador por el Pew Research Center que indaga, entre otros aspectos, en la posición de los españoles respecto al reparto de competencias entre los Estados nacionales y las instituciones comunitarias: los españoles son, junto con los franceses, los más favorables a dar más poder a la UE en detrimento del Estado nacional.

Figura 3. Desacuerdo con una “unión cada vez más estrecha”…

Sin embargo, como se aprecia en la Figura 3, son más los favorables a devolver poder a los Estados, aunque también en este indicador España está a la cola, muy lejos de Grecia o del Reino Unido.

Figura 4. Evolución del sentimiento de cercanía hacia…

En el lado negativo, este mantenimiento de la “europeidad” de los españoles convive con un descrédito general de todos sus elementos constitutivos, incluso del espacio Schengen, que ha superado al euro como principal motivo para sentirse europeo. Especialmente notoria es la caída de la valoración de la vida política en la UE y de su gestión de la economía, pero el descenso se aprecia también en todos los aspectos más emocionales, como los símbolos, la identificación con una cultura común o el orgullo de ser europeo. Esta caída en la valoración de la UE se produce en todos los Estados miembros, como muestra el estudio publicado por la Fundación Alternativas que cubre el período 2007-2014, utilizando los Eurobarómetros, que achaca este descenso a la crisis económica. También el más reciente estudio del Pew Research Center, que compara 2007 y 2016 a partir de sus propias encuestas, detecta esa caída, que, según sus datos, ha aumentado en los últimos meses.

Figura 5. “Me siento europeo porque comparto con los demás europeos…”: grado de acuerdo con cada frase (% que responde “bastante” o “mucho”)

Figura 6. “Me siento europeo porque comparto con los demás europeos…”: puntos porcentuales de cambio

El hecho de que el único elemento que experimente un cambio positivo sea la confianza en compartir un futuro común parece indicar una consolidación de la opinión entre los españoles de que la UE y la pertenencia de España a ella es un hecho irreversible.

Aumenta la aceptación de los diferentes

En el año 2002, cuando España estaba en los comienzos del extraordinario proceso de recepción de inmigrantes que se produjo en la primera década de este siglo, esos recién llegados se percibían por la mayoría de los españoles como personas ajenas, diferentes, ante las que se sentía escasa cercanía. La identidad propia, la nacional, resultaba reforzada ante la aparición de nuevos grupos humanos, con características físicas, religiosas o culturales diferentes, en un entorno que había sido hasta entonces sumamente homogéneo. Las encuestas del CIS de ese mismo año mostraban un bajo nivel de simpatía de los españoles hacia varios grupos inmigrantes, especialmente hacia los marroquíes, y detectaban también el rechazo hacia los estadounidenses, que recibían un nivel de simpatía tan baja como la de los marroquíes (CITA). En el cuestionario del Eurobarómetro del año 2002 se incluyeron cinco grupos étnicos, nacionales o geográficos: marroquíes, latinoamericanos, africanos subsaharianos, gitanos y estadounidenses, a los que, en el cuestionario de 2015 se han añadido los chinos.

La comparación entre los resultados de ambas encuestas indica claramente que en estos 13 años el nivel de aceptación hacia todos los grupos ha aumentado sustancialmente en España. En todos los casos el número de los que responden que no se sienten “nada cercanos” a marroquíes, gitanos, subsaharianos, etc… ha descendido notablemente y, aunque buena parte de ese descenso es ganado por los que dicen sentirse “poco cercanos” (lo que podría ser sólo una expresión más aceptable socialmente del mismo sentimiento de lejanía), en todos los casos hay también  un aumento significativo de las respuestas que expresan más cercanía, especialmente notoria en el caso de los estadounidenses y subsaharianos. La población marroquí es la que menos se ha beneficiado de esta tendencia y, junto con la china, encabeza la lista de los grupos hacia los que se siente menor cercanía.

Figura 7. Nivel de cercanía a los marroquíes

Figura 8. Nivel de cercanía a los latinoamericanos

Figura 9. Nivel de cercanía a los estadounidenses

Figura 10. Nivel de cercanía a los subsaharianos

Figura 11. Nivel de cercanía a los gitanos

Figura 12. Nivel de cercanía a los chinos

Conclusiones

Se han presentado aquí los resultados de la comparación entre los datos recogidos en dos encuestas realizadas en 2002 y 2015 en España con dos cuestionarios iguales que indagan sobre la identidad colectiva de los españoles en relación con diferentes ámbitos geográficos y en contraste con otros grupos humanos.

La primera conclusión es que se ha producido un descenso de la identidad nacional de los españoles, medida como sentimiento de cercanía hacía los demás españoles, y como apego a los componentes principales que forman la realidad material y simbólica de la ciudadanía. Este descenso del sentimiento de españolidad viene acompañado por una reducción simultánea del apego a lo local y a lo regional (Comunidad Autónoma).

La segunda conclusión es que la identidad europea, el “sentirse europeo”, aumenta ligeramente, aunque ese aumento de la “europeidad” es compatible con una caída clara del aprecio hacia los componentes de la vida social, institucional, económica, política y simbólica de lo europeo. Lo que los españoles parecen decir es “me siento europeo porque lo soy de hecho y porque voy a seguir siéndolo, pero estoy muy descontento con la realidad de la UE”.

En tercer lugar, a la vez que se producía el descenso del sentimiento de cercanía hacia los demás españoles, a los vecinos y a los habitantes de la misma región, aumentó la cercanía a los “extraños”, ya fueran grupos de inmigrantes, gitanos o estadounidenses. La sociedad española ha realizado en estos 13 años un camino de acercamiento y comprensión de los “otros”, en parte fruto de la práctica acumulada de convivencia con los inmigrantes, en parte resultado de la mejor integración social de la población gitana y en parte consecuencia de la mayor experiencia internacional a través del turismo, las estancias de estudios en el extranjero y la presencia exterior de las empresas españolas. En el caso de los estadounidenses, ese mayor contacto personal parece ser la causa de la reducción del rechazo que se ha basado en España no sólo en percepciones negativas sobre la posición y el papel de EEUU en el mundo,6 sino en estereotipos negativos sobre el carácter de sus ciudadanos.

En conjunto, la identidad colectiva de los españoles en términos netos se disipa, porque las caídas en la identidad nacional, local y regional no son compensadas con los aumentos de la europea. Expresado de otra forma, los españoles se sienten cada vez menos parte de un grupo y son más individualistas o cosmopolitas. Este proceso de erosión de las identidades colectivas es uno más de los frutos de la globalización.

Carmen González Enríquez
Investigadora principal de Opinión Pública y Migraciones, Real Instituto Elcano
| @rielcano


1 Proyecto EURONAT (Representations of Europe and the nation in current and perspective member States), 2001-2004. Financiado por el FP-5. El Proyecto estuvo coordinado por el EUI de Florencia. El equipo español, dirigido por José Ignacio Torreblanca, incluyó a Elisa Chuliá, Antonia M. Ruiz Jiménez, Paloma Aguilar, Pablo Jaúregui y Carmen González Enríquez.

4 Reputation Institute, Country Rep Track, varios años. Los informes para España pueden verse en la sección Imagen de España de esta web.

5 Dos estudios realizados por el CIS para el Ministerio de Defensa en 2011 y 2013 muestran también el descenso en el “orgullo de sentirse español” y en la identificación con los símbolos nacionales.

6 Puede comprobarse en diferentes Barómetros del Real Instituto Elcano (BRIE) esa opinión negativa de los españoles sobre el papel internacional de EEUU.

]]>
<![CDATA[ Luces y sombras en la integración de los migrantes en España ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari38-2016-gonzalezenriquez-luces-sombras-integracion-migrantes-espana 2016-05-20T11:34:17Z España puede presumir de haber logrado la incorporación a su sociedad de una oleada migratoria de singular intensidad. Sin embargo, está todavía lejos de esos países en los que inmigrantes de primera o segunda generación han logrado un papel relevante en la vida pública. ]]> Ver también versión en inglés: Highs and lows of immigrant integration in Spain

Tema

España puede presumir de haber logrado la incorporación a su sociedad de una oleada migratoria de singular intensidad y volumen sin experimentar apenas conflictos sociales, ni dar lugar a movimientos xenófobos. Sin embargo, está todavía lejos de esos países en los que inmigrantes de primera o segunda generación han logrado un papel relevante en la vida pública.

Resumen

España puede presumir de haber logrado la integración de más de 6 millones de inmigrantes en un tiempo récord sin haber alimentado la formación de movimientos xenófobos, convirtiéndose en una excepción en el panorama europeo. Pero la integración de los inmigrantes presenta aspectos positivos, como éste, o como la plena normalización legal de su situación y la ausencia de guetos, y otros negativos, como el alto peso del paro y los bajos salarios, el escaso acceso a la enseñanza post-obligatoria entre las segundas generaciones, el riesgo de radicalización yihadista y la escasa presencia pública de los inmigrantes. Estamos aún lejos de esos países en los que inmigrantes de primera o segunda generación han logrado un papel relevante en la vida pública, como el recién elegido alcalde de Londres, Sadiq Khan, hijo de migrantes paquistaníes. Por ahora, los inmigrantes procedentes de países más pobres que España ocupan una posición secundaria tanto en la estructura de empleo y riqueza como en la de prestigio social.

Análisis

Han pasado ya más de 30 años desde que se aprobó la primera Ley de Extranjería en España, en 1985, y más de 20 desde que la inmigración comenzó a adquirir presencia pública y a percibirse como una nueva realidad social. En este período España ha pasado de ser una sociedad cultural y étnicamente homogénea a contar con un 13% de inmigrantes provenientes de decenas de países, religiones, idiomas y características físicas diferentes. Este proceso se ha gestionado desde las Administraciones públicas y desde la sociedad mayoritaria sin un debate sobre cómo proceder a la integración de los inmigrantes. Especialmente notorio es el hecho de que  en España no ha sido importante el debate, que ha tenido lugar en muchos otros países europeos de inmigración más antigua, respecto a los elementos culturales de esa integración, un debate que se mueve entre dos “modelos”, el multicultural, el asimilacionista, y todos sus matices intermedios. Quizá porque en el conjunto de España la identidad nacional es débil, las encuestas muestran sistemáticamente que la inmigración no se ha percibido como una amenaza de tipo cultural, como sí ocurre en buena parte de los países europeos. Sólo en Cataluña, donde existe una fuerte identidad  cultural-nacional que se siente en peligro, este aspecto ha tenido importancia.

Puede decirse que España, tanto desde las Administraciones como desde el conjunto de la sociedad, ha desarrollado hacia la integración de la inmigración un enfoque pragmático, dirigido a solucionar problemas o riesgos de conflicto, sin partir de ningún modelo previo. Ahora, tras un par de décadas de experiencia, cuando parece haber acabado el efecto de la crisis económica sobre el retorno de inmigrantes procedentes de países más pobres, es un buen momento para aportar algunos datos sobre el resultado de esta aproximación pragmática a la integración de la inmigración en España.

Acaba de publicarse un informe con los resultados de una interesante encuesta a migrantes ecuatorianos en España), realizada por la Embajada de Ecuador, la Universidad UPCO y el Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi)1 en la que se muestran muchos de los aspectos positivos y también de los negativos del proceso de integración que se ha producido en el país. Los ecuatorianos junto con los rumanos y los marroquíes, forman los tres grupos más numerosos entre los inmigrantes en España, lo que acentúa la relevancia de la investigación. Utilizando este estudio junto a otras fuentes podemos trazar un dibujo sobre las luces y sombras de este proceso.

Empezamos con los datos positivos desde la perspectiva de la integración:

  • Integración legal. Los ecuatorianos, como la mayor parte de los demás migrantes extracomunitarios, han conseguido ya un estatus que les permite una residencia permanente en el país. Más de la mitad (53%) de los ecuatorianos han obtenido la nacionalidad española y otro 25% tiene un permiso de residencia permanente. Por su parte, la inmigración irregular prácticamente ha desaparecido en este grupo, como en el conjunto de la población migrante en España. Como consecuencia del aumento del desempleo, a partir de 2008 España endureció su política contra la inmigración irregular, que ya se había visto reducida de forma sustancial por la entrada de Rumanía en la UE en 2007 y por la regularización extraordinaria del 2005. A resultas de ello, la inmigración irregular ha pasado a ser muy pequeña, en un gran contraste con lo que sucedía durante los primeros años de este siglo.
  • Sentimiento de aceptación. Los inmigrantes ecuatorianos muestran en esta encuesta que no perciben discriminación hacia ellos por parte de la población autóctona. Es lo que afirma el 74% de los entrevistados. Sólo un 25% dice haber sufrido alguna forma de discriminación. Esta sensación de ausencia o carácter minoritario del rechazo está relacionada con la inexistencia en España de un partido o movimiento xenófobo importante, un hecho que ha sido destacado a menudo como muestra de un éxito de nuestro país, especialmente si se tiene en cuenta que ninguno otro país europeo, u occidental en general, ha recibido tanta inmigración per cápita en los años de mayor afluencia, entre 1998 y 2007.2 No existe una respuesta suficientemente convincente a la pregunta de por qué España se ha librado hasta ahora de esa tendencia que afecta a toda Europa, la extensión de los partidos xenófobos y su éxito electoral. A principios de siglo la respuesta más habitual a esta pregunta era la novedad del fenómeno migratorio en nuestro país y la comprensión con que se recibía desde la experiencia de la propia migración española de los años 60. A esto se añadía la herencia histórica del franquismo, que con su abuso retórico del nacionalismo español, habría vacunado a la sociedad contra ese mismo nacionalismo, que pasó a identificarse con la dictadura. También Portugal, que sufrió un largo régimen autoritario, el salazarismo, es una excepción en el panorama europeo por la ausencia de un partido xenófobo. Sin embargo, ahora, con un porcentaje de población migrante del 13% –en el que no se incluye a las segundas generaciones nacidas ya en España–, y el gran peso demográfico de las generaciones que no vivieron el franquismo ni emigraron en el pasado, estas explicaciones parecen insuficientes. En cualquier caso, el riesgo de la aparición futura de movimientos xenófobos no está completamente descartado: un 19% de los españoles cree que un partido de ideología racista o xenófoba tendría buena aceptación, según los datos del último Barómetro sobre inmigración publicado por el CIS y realizado en 20143 y el 44% dice haber escuchado algún comentario contra los inmigrantes en las últimas semanas.
  • Planes de permanencia. Son minoría los ecuatorianos que se plantean regresar a su país o emigrar a otro (un tercio en total) frente al grueso que bien planea mantenerse en España, bien no tiene ningún plan de futuro en concreto, lo que equivale, por inercia, a quedarse. Los jóvenes son los que más resistencia ofrecen a la perspectiva de sus padres de retornar a Ecuador. Esta resistencia de las segundas generaciones al retorno es un fenómeno bien conocido en los procesos migratorios, que produce una estabilización de la población migrante.
  • Ausencia de guetos. Es obvio que la población migrante no se distribuye de forma homogénea por las ciudades o pueblos españoles, sino que se concentra en ciertos barrios y localidades. Sin embargo, hasta ahora no se han formado guetos, barrios que la población autóctona haya abandonado por la llegada de los inmigrantes. No existen en España zonas equivalentes a las banlieus francesas que concentran migración árabe y subsahariana, o al barrio bruselense de Molenbeek, de población marroquí. Este puede ser el resultado positivo y no buscado de la ausencia de una política fuerte de vivienda social en el país. Ante la falta de una oferta de vivienda pública abundante a bajos precios, los inmigrantes han encontrado alojamiento a través del mercado, dispersándose entre la población española, un hecho que favorece su integración social a través de las relaciones vecinales. Por otra parte, esta dispersión geográfica afecta también a la dispersión escolar y suaviza la tendencia a la formación de guetos educativos. Hay que reconocer, sin embargo, que la crisis económica y la expulsión que ha producido de población inmigrante puede ser una causa del freno a un proceso, el de la formación de guetos residenciales y educativos que, en otro caso, probablemente habría avanzado. La población inmigrante extracomunitaria procedente de países más pobres se concentra en dos tipos de barrios en las ciudades: los periféricos de vivienda barata construidos en los años 60 y 70, de población autóctona envejecida (como San Cristóbal en Madrid y Juan XXIII en Alicante), y los barrios de los centros urbanos degradados y con abundante vivienda de mala calidad (como Lavapiés y el Raval) que están en proceso de renovación y “gentrificación”4 expulsando a esa población migrante junto con parte de la autóctona de menos recursos. Esta renovación urbana frena la concentración inmigrante en los barrios céntricos, pero no ocurre nada semejante en los barrios periféricos, en los que se concentran inmigrantes y en los que el precio de la vivienda disminuye en relación con el del resto de la ciudad, mientras que las viviendas que ocupaba la población autóctona envejecida son adquiridas o alquiladas por inmigrantes cuando quedan libres.
  • Identificación con el país de acogida. Otro buen indicador de integración es el grado de identidad con España que muestran los inmigrantes ecuatorianos de segunda generación. Si entre los adultos domina la identidad ecuatoriana y la española es sólo marginal, entre los jóvenes de entre 15 y 24 años aparece ya un grupo en el que ambas identidades se comparten (22%).
  • La radicalización islamista entre los inmigrantes árabes es muy baja en España en comparación con la detectada en Bélgica, el Reino Unido, Francia y Alemania. En proporción a su población, desde España han salido muy pocos “combatientes” para unirse a las filas del llamado Estado Islámico.5

Frente a estos datos positivos, aparecen otros negativos:

  • El desempleo, los bajos salarios, la precariedad y la pobreza afectan con más fuerza a la población inmigrante. En el caso de los ecuatorianos encuestados, su tasa de desempleo es del 31%. En otros grupos esa tasa es aún mayor: el 52% de los marroquíes estaba en paro a finales de 2014.6 Tres cuartas partes de las mujeres ecuatorianas empleadas ganan menos de 1.000 euros mensuales, y lo mismo ocurre con el 64% de los hombres. Un 24% gana menos del salario mínimo, fijado ahora en 649 euros. Probablemente por esta situación de menores ingresos, combinada con una menor red de protección familiar en comparación con la población autóctona, los inmigrantes están aprovechando mejor que el resto la recuperación en la oferta de empleo producida en los últimos dos años: durante 2014 y 2015, la tasa de empleo de los inmigrantes creció en 10 puntos frente a sólo 4 puntos entre los autóctonos.7
  • Los desahucios de vivienda han golpeado especialmente a este grupo: un 13% de los ecuatorianos han recibido una orden judicial para abandonar la vivienda que habían comprado y que la crisis les ha impedido seguir pagando. En conjunto, los inmigrantes se han visto más afectados que los españoles por las órdenes de desahucio, por su mayor debilidad económica y su menor red de apoyo familiar.
  • La integración de la población musulmana no está asegurada. Los migrantes musulmanes siguen encontrando en España dificultades para la práctica de su religión en varios terrenos: la construcción de mezquitas, el enterramiento, la compatibilidad de los calendarios laborales con algunas de sus fiestas más importantes, como la del cordero, o la enseñanza de su religión en las aulas. Sólo en los lugares donde existe una fuerte concentración de población musulmana, como Ceuta, Melilla y varios municipios del Levante, han realizado las instituciones locales políticas específicas de integración en estos aspectos. Aunque el Estado español es oficialmente aconfesional, en la práctica la religión y la Iglesia católicas gozan de privilegios que las demás confesiones denuncian y que afectan especialmente al islam, la segunda religión del país por número de fieles. El caso más claro de esta discriminación se produce en lo relativo a la construcción de mezquitas. Los edificios destinados al culto religioso no cuentan con una figura específica en el planeamiento urbano, pero los ayuntamientos españoles no encuentran dificultades para reservar suelo para la construcción de iglesias católicas en el diseño de nuevos barrios. Sin embargo, cuando una comunidad musulmana planea la construcción de una mezquita se enfrenta a menudo con todo tipo de dificultades administrativas y con la oposición de parte de la población local, con el resultado frecuente de que las mezquitas acaban inaugurándose en locales industriales en la periferia de las ciudades.
  • El riesgo de radicalización y violencia islamistas. Aunque, como se ha dicho, en comparación con otros países europeos la radicalización islamista en España es relativamente baja, existe, y exige una vigilancia continua de las fuerzas de seguridad e inteligencia, especialmente activa en tres puntos: Ceuta, Melilla y Cataluña. De Ceuta y Melilla, convertidas en ciudades de mayoría musulmana, han salido la mayor parte de los yihadistas españoles que han viajado a Siria o Irak para unirse al Estado Islámico. En Cataluña, la labor policial ha desmantelado ya varias redes que, supuestamente, preparaban atentados terroristas.8
  • Las segundas generaciones, que están llegando a la edad laboral en plena crisis, afrontan un escenario laboral peor que el que encontraron sus padres cuando llegaron a España durante el boom inmobiliario. Además, sólo una pequeña parte de esas segundas generaciones está llegando a la educación post-obligatoria y la universidad,9 lo que les incluye entre el grupo de población con menores posibilidades de empleo, la de baja cualificación, en la que se concentra el desempleo de larga duración en España. El volumen de empleos a los que pueden aspirar los individuos de baja cualificación no deja de reducirse en España, como en toda Europa, y ello plantea a medio y largo plazo un problema de integración social importante.10 Por otra parte, las segundas generaciones tienen aspiraciones diferentes a las de sus padres porque su marco de referencia es otro: en lugar de comparar su nivel de vida con el del país de origen, sus aspiraciones se definen en relación con las de los jóvenes de su generación en el país en que residen, en este caso en España. Pero si sus resultados educativos son inferiores a la media, esa aspiración corre un riesgo grande de verse frustrada y provocar sentimientos de exclusión y marginación. Para prevenir ese fracaso escolar relativo sería necesario contar con información detallada que permitiera concentrar los esfuerzos educativos extras allí donde hacen más falta, pero, a diferencia de la mayoría de los países de la OCDE en los que se realizan las pruebas de PISA a los jóvenes de 15 años de edad, en España no se recoge el origen nacional específico de los estudiantes, de modo que en los resultados de PISA para España aparecen en el mismo bloque los hijos de ingleses, chinos, marroquíes, alemanes y ecuatorianos. No hay ninguna justificación para esta ausencia de información, que las autoridades educativas españolas deberían replantearse.

Conclusión

España ha pasado ya a una segunda fase migratoria, una de estabilización de la población migrante que ha adquirido en su mayoría o bien la nacionalidad o bien un permiso de residencia permanente. Ocho de cada 10 inmigrantes extracomunitarios no nacionalizados tienen un permiso permanente, según los datos publicados por el OPI.11 Por otra parte, el crecimiento de la población inmigrante se realiza ahora básicamente por la vía de la reagrupación familiar, una fase a la que llegaron otros países europeos de migración más antigua hace ya muchos años y que plantea desafíos específicos, como la menor tasa de actividad de los reagrupados en comparación con los migrantes que llegaron en primer lugar.

El país puede presumir de haber logrado en este período la incorporación a su sociedad de una oleada migratoria de singular intensidad y volumen sin experimentar apenas conflictos sociales, ni dar lugar a movimientos xenófobos, ni siquiera en esta fase de alto paro en la que se produce una competencia por el empleo. Sin embargo, está todavía lejos de esos países en los que inmigrantes de primera o segunda generación han logrado un papel relevante en la vida pública, como el recién elegido alcalde de Londres, Sadiq Khan, hijo de migrantes paquistaníes, el primer ministro francés, Manuel Valls, español de origen, y Najat Vallaud-Belkacem, marroquí, ministra de Educación en Francia. Por ahora, la integración de los inmigrantes que proceden de países más pobres que España se produce en la zona baja de la estructura ocupacional y también del prestigio social, sin apenas figuras relevantes que maticen este panorama de escaso protagonismo público. Habrá que esperar para ver si el modelo español es capaz también de producir integraciones exitosas como las de esos ejemplos, un proceso en el que el sistema educativo tiene la principal responsabilidad.

Carmen González Enríquez
Investigadora principal y directora del Observatorio Imagen de España (OIE), Real Instituto Elcano
| @rielcano


2 Carmen González Enríquez (2015), “Migración, trabajo y amenazas al sistema de pensiones: balance del período 1996-2014”, ARI, nº 5/2015, Real Instituto Elcano.

4 Se denomina “gentrificación” de un barrio al proceso de renovación urbana y sustitución de la población local de bajos recursos por individuos de clase media, sobre todo jóvenes profesionales.

5 Carola García-Calvo (2016), “España concernida”, Comentario, Real Instituto Elcano, 23/III/2016.

6 Carmen González Enríquez (2015), op. cit.

7 FUNCAS (2016), “Focus on Spanish Society”, marzo 2016; cálculos de Luis Garrido Medina.

8 Fernando Reinares y Carola García-Calvo (2015),  “Terroristas, redes y organizaciones: facetas de la actual movilización yihadista en España”, Documento de Trabajo, nº 17/2015, Real Instituto Elcano.

10 Luis Garrido y Rodolfo Gutiérrez (2016), “El urgente rescate social: Recuperar para el empleo a los trabajadores menos cualificados”, Círculo Cívico de Opinión, Cuaderno nº 16.

]]>
<![CDATA[ La movilidad transnacional de los migrantes en España ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/gonzalezenriquez-martinezromera-movilidad-transnacional-migrantes-espana 2016-05-11T06:26:51Z

Este informe recoge los resultados españoles del Proyecto ITHACA, que se ha dirigido a describir las características de la movilidad transnacional de los inmigrantes en suelo europeo y comprobar sus vínculos con la integración en los países de acogida.

]]>
Índice

(1) Introducción: transnacionalismo e integración – 4
(2) Antecedentes de la historia migratoria española y de las relaciones migratorias con los cuatro países analizados – 6
 La historia reciente de la inmigración en España – 6
 Los países de origen analizados – 10
  Marruecos – 10
  Ucrania – 14
  La India – 18
  Filipinas – 22
(3) Metodología – 25
(4) Movilidad transnacional en España: resultados de la encuesta – 28
 ¿Cómo son los migrantes transnacionales? – 28
 La relación entre movilidad transnacional física y transnacionalismo: ¿cómo y por qué? – 30
 Integración y movilidad transnacional – 39
(5) Conclusiones – 43
Algunas sugerencias de inmigrantes y stakeholders para potenciar la movilidad transnacional – 44
Bibliografía – 45
Agradecimientos – 46

Introducción: transnacionalismo e integración

En un mundo cada vez más interconectado, la experiencia migratoria ha dejado de suponer una brusca ruptura con la sociedad, la economía y la cultura del país de origen. El progreso técnico y la creciente competencia entre las empresas de transporte han hecho que los viajes entre países de origen y destino sean accesibles para muchos migrantes, e incluso han llegado a ser relativamente frecuentes en el caso de países cercanos. Nuevos medios de comunicación como los teléfonos móviles y las videoconferencias permiten a los inmigrantes mantener un contacto continuo y barato con amigos y familia, mientras que las páginas web y la televisión por cable les ofrecen permanecer inmersos en su cultura de origen e informados diariamente acerca de las cuestiones políticas, económicas, culturales o de cualquier otro tipo del país del que proceden. La diferencia con aquellas experiencias migratorias que los primeros investigadores comenzaron a estudiar en el siglo XIX (Ravenstein, 1885) no puede ser mayor. Pero también es enorme en comparación con la de los inmigrantes que llegaron a Europa o se desplazaron dentro de ésta en la primera gran ola migratoria de la época moderna, durante los años 50 y 60 del siglo XX. Esos inmigrantes no disponían de medios técnicos accesibles para mantener un contacto diario con sus países de origen, lo que derivaba en dos consecuencias relevantes: la integración cultural en la sociedad de acogida era más inevitable y rápida de lo que es hoy; y el impacto de la migración en el país de origen, dejando de lado el efecto demográfico, era más pequeño. Actualmente, el proceso de interconexión se ha acelerado con la extensión de Internet y de la telefonía móvil a todos los continentes y ha dado lugar a un refuerzo de la actividad transnacional y de la movilidad transnacional de los migrantes, un transnacionalismo limitado en su origen a los países vecinos como en el caso más estudiado, el de EEUU y México (Portes et al., 1999), pero que ahora se ha extendido a todo el mundo. Aunque la distancia física sigue desempeñando un papel importante debido a su efecto sobre los costes de transporte (en términos de tiempo, esfuerzo y dinero), la movilidad transnacional ya se está produciendo entre continentes alejados.

La literatura ha identificado numerosos beneficios de la actividad migrante transnacional, tanto para los propios migrantes como para los países de origen y destino (Khadria, 1999; Levitt, 2001; Eckstein y Najam, 2013). En cuanto al migrante, el principal beneficio de la actividad transnacional es emocional, pues le permite mantener los lazos con su país de origen, cultura, familia y amigos. Para el país de origen, la actividad transnacional de sus migrantes genera un beneficio económico en forma de remesas, inversiones, transferencias de conocimientos, redes de contacto, aumento del comercio y, tomando todos estos efectos de manera conjunta, un contrapeso a la fuga de cerebros (Faist, 2008). Acompañando a este flujo el transnacionalismo también da lugar a una transferencia de valores, costumbres y actitudes (Kelly & Lusis, 2006) que pueden modernizar el país pero que no siempre son bienvenidos, especialmente cuando afectan a las percepciones de la vida política o de la eficacia de la administración. En el caso del país de destino, los migrantes transnacionales abren nuevas vías en las relaciones económicas con los países de origen y, en general, fortalecen la influencia e interdependencia entre ambos. En conjunto, el transnacionalismo refuerza el impacto de la migración en el desarrollo de los países de origen y lo promueve.

Este informe recoge los resultados españoles del Proyecto ITHACA (Integración, Movilidad Transnacional, y Transferencias de Capital Humano, Social y Económico), que se ha dirigido a cumplir dos objetivos principales: por un lado, describir las características de la movilidad transnacional de los inmigrantes en suelo europeo analizando su naturaleza, los tipos de transferencias que incorpora y los frenos e incentivos que la enmarcan; y, por otro, comprobar sus vínculos con la integración en los países de acogida: ¿Cómo afectan el nivel y el tipo de integración de los inmigrantes a su capacidad o voluntad para establecer actividades transnacionales? Y, viceversa, ¿cómo influye la movilidad transnacional en la integración en el país de destino? Para responder a estas preguntas el proyecto ITHACA ha realizado una encuesta a migrantes transnacionales en España, Italia, Austria e Inglaterra. Para analizar la integración el estudio ha adoptado varios de los indicadores recogidos en la Declaración de Zaragoza de 2010, a través de los cuales se miden distintos ámbitos de integración legal, económica y social. Respecto a las varias formas de transnacionalismo, el proyecto se centra específicamente en la movilidad física, que consideramos la forma más intensa de transnacionalismo, y presta especial atención a aquella que está motivada por razones económicas (inversión, comercio, trabajo) aunque también se han incluido las de carácter político, social o cultural. Como definición operativa del migrante transnacional, el proyecto ha adoptado la siguiente: es transnacional el migrante que mantiene algún tipo de actividad en su país de origen, ya sea económica, cultural, política o social. El envío de remesas no se incluye como rasgo de actividad transnacional en esta definición operativa para el proyecto, ni tampoco el mantenimiento de las relaciones familiares o amistosas o las visitas al país de origen para el disfrute de las vacaciones.

El proyecto ITHACA ha estudiado la movilidad transnacional de cinco grupos de inmigrantes –indios, ucranianos, marroquíes, filipinos y bosnios– en cuatro países europeos –Italia, el Reino Unido, Austria y España–. El Real Instituto Elcano ha realizado la investigación en España y de ella se ha excluido a la población bosnia, demasiado escasa en nuestro país. Los cuatro grupos estudiados en España presentan características muy diferentes, tanto por sus perfiles socioeconómicos como por su forma de integración. Por otra parte, España, con una tasa de desempleo del 24% en 2014 –cuando se inició el proyecto– y del 35% entre los inmigrantes, ha ofrecido la oportunidad de investigar el impacto de la crisis económica sobre el transnacionalismo de los inmigrantes.

En el siguiente capítulo se presenta un resumen de los cuatro grupos migratorios analizados en España, en el que se describe la historia de su presencia en el país, su tamaño, sus características demográficas, su estatus legal y su integración laboral y cultural. Este capítulo también presenta el marco general regulatorio de la migración con referencia a las políticas de acceso a la ciudadanía, donde aparece una clara diferencia entre la comunidad filipina y el resto de los grupos.

El tercer capítulo describe la metodología utilizada durante la investigación, se detallan las dificultades encontradas en la realización del trabajo de campo y la forma en que se han superado para obtener una muestra de 60 entrevistas a inmigrantes transnacionales y de 16 a stakeholders implicados en la materia. Dado que carecemos de una base de datos sobre los inmigrantes transnacionales que permita la extracción de una muestra representativa, el tratamiento dado a la información recogida ha sido más cualitativo que cuantitativo.

El cuarto capítulo constituye el núcleo del informe, ya que presenta el análisis de los resultados de las entrevistas. En este capítulo se analizan las principales características de los migrantes transnacionales móviles (¿quiénes son?, ¿qué los diferencia de otros inmigrantes?), el tipo de actividades que motivan su movilidad, sus sentimientos de pertenencia e identificación con sus países de origen y de destino, la relación existente entre su integración y su movilidad transnacional, así como los elementos que dificultan o fomentan dicha movilidad. Finalmente, el quinto capítulo resume los principales resultados.

El proyecto ITHACA ha sido liderado por el Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados del Instituto Universitario Europeo, coordinado por la investigadora Anna Triandafyllidou, y financiado por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea. El trabajo se ha desarrollado durante 2014 y 2015. Junto al EUI y al Real Instituto Elcano, en el proyecto han participado la London Metropolitan University y el International Center on Migration Policy Development (ICMPD) de Viena.

Carmen González Enríquez
Investigadora principal del Real Instituto Elcano

José Pablo Martínez Romera
Ayudante de investigación, Real Instituto Elcano

]]>
<![CDATA[ La crisis de los refugiados: pensando a medio plazo ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/glezenriquez-crisis-de-los-refugiados-pensando-a-medio-plazo 2016-03-21T12:36:32Z Más allá de si la UE consigue o no el apoyo eficaz de Turquía en la contención del flujo actual de refugiados y emigrantes económicos hacia Grecia, hay que recordar que esta llamada “crisis” no tiene un carácter transitorio. ]]> (*) Publicado el 21/3/2016 en The Diplomat in Spain.

Más allá de si la UE consigue o no el apoyo eficaz de Turquía en la contención del flujo actual de refugiados y emigrantes económicos hacia Grecia, hay que recordar que esta llamada “crisis” no tiene un carácter transitorio.

“La UE, antes o después, tendrá que abordar un debate que hasta ahora ha evitado, y que resulta en este momento imposible porque lo urgente –frenar el número de llegadas– no deja tiempo a lo necesario.”

Aunque las conversaciones de paz de Ginebra dieran un sorprendente vuelco y consiguieran un rápido y permanente cese de hostilidades en Siria y aunque, por alguna razón ahora imprevisible, la coalición internacional obtuviera la derrota y disolución del llamado Estado Islámico, seguirían llegando a las fronteras europeas peticionarios de asilo y migrantes económicos irregulares.

Los europeos vivimos muy cerca de zonas donde se combina la pobreza, el autoritarismo y la violencia, no sólo en el Sur africano o el sureste asiático, sino en el propio Este europeo, como Ucrania. Hay que recordar que, desde que comenzó esta “crisis” en 2014, los sirios han formado sólo el 31% de los peticionarios de asilo en la UE, como recogen los datos de Eurostat.

Los nacionales de Eritrea, Somalia, Nigeria, Pakistán, Irak, Afganistán, Irán forman juntos otro 39% de los solicitantes, y aún queda otro largo 30% de nacionales de  un buen número de otros países. Y esto sólo se refiere a los que han solicitado asilo en esos dos años, 1.500.000 personas, no a todos los que han entrado de forma irregular sin pedir asilo. En conjunto son más de 2 millones de personas, de ellas 1.800.000 en el 2015 según muestra Frontex.

Y la distinción entre refugiado y migrante económico es cada vez más difícil, no sólo porque la violencia se produce sobre todo en zonas pobres, sino porque los que se refugian en Europa se convierten poco después en migrantes permanentes que deben integrarse en los mercados de trabajo.

El problema no son sólo esos números actuales, que han superado la capacidad de acogida de los Estados en los dos puntos extremos del proceso, el de llegada a suelo europeo (Grecia básicamente, pero también Italia) y el de los países a los que se dirigen los refugiados (sobre todo Austria, Alemania y Suecia), sino la expectativa realista de que ese flujo se mantendrá de forma continuada en el futuro. No hay visos de que Europa pueda a medio plazo pacificar y democratizar el conjunto de Oriente Medio ni de que el comercio, la inversión y la ayuda al desarrollo puedan reducir sustancialmente en pocos años la brecha de riqueza que existe entre la UE y el África Subsahariana, donde, según cuenta Gallup, el 50% de los jóvenes emigraría a Europa si pudiera.

La UE ni siquiera tiene suficiente influencia para poner fin al conflicto en el Este de Ucrania, de donde proceden ya muchos refugiados que están empezando a llegar a través de una nueva vía, la de los países bálticos.

Por otra parte Europa es una isla de solidaridad y respeto a los derechos humanos en un mundo en el que sólo ella aplica una política de refugio tan generosa. Protegidos por la distancia y por  normas estatales que les permiten devolver de inmediato a los migrantes/refugiados detectados en el mar, o enviarlos a terceros países, ni Estados Unidos ni Australia aplican la Convención de Ginebra ni el derecho del mar como lo hace la UE. Y qué decir de las ricas monarquías petroleras del Golfo Pérsico, cuyas normas impiden acoger refugiados.

La UE, antes o después, tendrá que abordar un debate que hasta ahora ha evitado, y que resulta en este momento imposible porque lo urgente –frenar el número de llegadas– no deja tiempo a lo necesario:  cómo compaginar los criterios humanitarios con el hecho de que el refugio en Europa se convierte en migración permanente, cuántos y qué tipo de migrantes puede o debe recibir la UE para sostener su competitividad y su sistema de bienestar, cómo unificar los criterios de concesión de asilo y la provisión de servicios a los refugiados para evitar el “efecto llamada” de algunos Estados y la huida desde otros; en conjunto, cómo rediseñar el sistema de asilo haciéndolo en coordinación con las políticas migratorias europeas.

Sin este debate, la UE seguirá actuando de forma improvisada, reaccionando a las crisis, intentando apagar los fuegos y tapar las fugas, en un continuo sobresalto.

Carmen González Enríquez
Investigadora principal de Demografía y Migraciones Internacionales, Real Instituto Elcano
| @cgzalez_elcano

]]>