Economía Internacional - Real Instituto Elcano Feeds Elcano Copyright (c), 2002-2018 Fundación Real Instituto Elcano Lotus Web Content Management <![CDATA[ El Brexit pasa a la segunda fase ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/feas-el-brexit-pasa-a-la-segunda-fase 2020-01-31T11:45:04Z

El Brexit no sólo no ha terminado, sino que lo complicado viene ahora.

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(*) Una versión anterior de este texto artículo fue publicada el 20/1/2020 en El País.

 

Después de un largo esfuerzo para lograr algo muy difícil, el ser humano tiene la tentación natural de relajarse, de celebrar, olvidando que, muchas veces, lo más complicado viene después. Eso es precisamente lo que ocurre con el Brexit. Cuando el Reino Unido decidió en junio de 2016 abandonar la Unión Europea, lo lógico era pensar que cerraría rápidamente un Acuerdo de Salida para poder concentrarse en la dura negociación de un Acuerdo de Relación Definitiva. Pero como el Acuerdo de Salida acabó convirtiéndose en una interminable pesadilla, su desenlace ha hecho olvidar a muchos –como los que quieren repicar las campanas del Big Ben– que el Brexit no sólo no ha terminado, sino que lo complicado viene ahora. Como en un campeonato de fútbol, simplemente hemos pasado a la siguiente fase. Y los partidos que quedan son especialmente duros.

“el Brexit no sólo no ha terminado, sino que lo complicado viene ahora”.

Como mucho, podemos decir que el Brexit se ha zanjado desde el punto de vista político, pero manteniendo intactos los riesgos económicos. O ni siquiera eso, pues, aunque se haya evitado el problema de una frontera física entre las dos Irlandas –crucial para la paz en la isla–, la segunda fase conlleva graves tensiones políticas internas para el Reino Unido. La primera es la demanda de un nuevo referéndum de independencia de Escocia, quien alega que el primero se celebró bajo la falsa promesa de un Reino Unido europeo. Boris Johnson ha salvado su primer asalto rechazando formalmente esta posibilidad (es su potestad constitucional), pero este tema revivirá, y de forma tanto más agresiva cuanto más brusca sea la salida económica en diciembre. La segunda es la amenaza de reunificación de Irlanda, una posibilidad aún remota, pero hoy más cercana que ayer, a la que contribuirán tres factores: el hecho de que, por primera vez, los diputados nacionalistas son más que los unionistas (recordemos que, en este caso, los Acuerdos de Viernes Santo obligan a la celebración de un referéndum cuando existan indicios suficientes de que podría haber una mayoría a favor de la reunificación); la dura realidad de ver a una Irlanda del Norte plenamente integrada en Europa frente a una Gran Bretaña aislada comercialmente; y la constatación de que Johnson mentía cuando decía que no habría controles aduaneros en el Mar de Irlanda para los productos destinados a Gran Bretaña (porque los habrá, no lo duden: son técnicamente consustanciales a la propia salvaguarda irlandesa).

El 1 de febrero el Reino Unido pasará formalmente a ser un país tercero respecto de la UE y perderá todos sus derechos políticos, pero en todo lo demás nada cambiará hasta que termine el período transitorio, en principio el 31 de diciembre de 2020. Once escasos meses para negociar un complejísimo acuerdo que defina las relaciones económicas futuras entre la UE y el Reino Unido. Boris Johnson, como en la primera fase, ha comenzado apostando fuerte y anunciando que en ningún caso solicitará una prórroga (que, conforme al Acuerdo de Salida, podría ser de uno o dos años y debería acordarse antes del 1 de julio). Claro que su credibilidad es ínfima después de la negociación del Acuerdo de Salida y, teniendo en cuenta que no está “muerto en una zanja”, sino disfrutando de la prórroga que jamás iba a pedir, no hay que descartar que en diciembre –en el tiempo de descuento– se trague de nuevo sus bravatas y, justo antes de que el árbitro pite el final, solicite una extensión.

Conviene recordar tres cosas importantes de cara a los próximos meses. La primera, que, a diferencia de lo que ocurría con el Acuerdo de May que nunca llegó a aprobarse, el Acuerdo de Salida actual no establece un nivel mínimo de integración con la UE en caso de ausencia de acuerdo con el final del período transitorio (el de May establecía una unión aduanera). En otras palabras, si no se cierra un acuerdo definitivo antes del 31 de diciembre, se producirá una salida caótica, un no-deal cuya única diferencia con el de la primera fase será que, en este caso, afectaría sólo a Gran Bretaña (Irlanda del Norte quedaría protegida por el paraguas del Acuerdo de Salida). Es decir, hemos evitado caer en el abismo, pero seguimos sentados al borde y con los pies colgando.

La segunda cuestión es que el acuerdo comercial básico que propone Johnson como relación definitiva –un acuerdo de libre comercio sin cuotas ni aranceles– no elimina ni de lejos las fricciones en frontera. Si May apostaba por una unión aduanera es porque sabía que una zona de libre comercio apenas supone diferencias con un no-deal en término de caos aduanero: hay que detener en frontera cada uno de los envíos, ya que, además de los impuestos indirectos y los requisitos técnicos y sanitarios, hay que comprobar el origen de las mercancías que da derecho a la exención arancelaria. Esto implica largos atascos y meses, quizás años, hasta que el tráfico aduanero se normalice, con gran perjuicio para sectores muy dependientes de los plazos, como los productos agroalimentarios perecederos o la producción de automóviles (ambos particularmente importantes para los intereses españoles).

La tercera cuestión es que, de tanto hablar de aranceles, parece que hemos olvidado que las economías modernas son economías de servicios, y que el comercio internacional de éstos es mucho más dinámico que el de bienes. Johnson anda presumiendo de que el nuevo Reino Unido será el adalid del libre comercio, pero, irónicamente, para lograrlo quiere antes cargarse el mejor acuerdo de servicios jamás alcanzado por el Reino Unido: la pertenencia al mercado único. Qué absurdo es que, pudiendo optar por un modelo de relación muy integrado, como el de Noruega, prefiera el de Corea o Canadá, más apropiado para países lejanos con los que el grado de integración productiva es mínimo.

“cuando hablamos de “recuperar el control”, no hay ninguna duda: el Brexit es y será siempre para el Reino Unido un gol en propia meta”.

La negociación va a ser muy dura, y habrá más discrepancias que antes entre Estados miembros. Además del comercio de bienes, la UE intentará abordar cuestiones de pesca, transporte, energía, servicios financieros y protección de datos. Y si la salvaguarda de Irlanda atascó el Acuerdo de Salida, aquí lo harán las cuestiones de competencia y convergencia regulatoria (level playing field). La UE no puede permitir, sin suicidarse comercialmente, que un país cercano e integrado productivamente juegue a una carrera fiscal o regulatoria a la baja. Y, como ha recordado la presidenta de la Comisión, cuanto mayor sea la capacidad de divergencia regulatoria del Reino Unido (incluso aunque no la utilice), más lejos quedará del acceso al mercado único. Quizás Johnson, cuando asuma que Trump sólo vela por sus propios intereses comerciales, termine aceptando un Brexit más blando, igual que terminó aceptando una salvaguarda muy similar a la de May. Si quiere acceso, tendrá que adoptar reglas en cuyo diseño no podrá participar.

Que cada uno interprete el Brexit como quiera en términos históricos o románticos, pero en la liga de la geopolítica, en el terreno de juego de la soberanía económica internacional, cuando hablamos de “recuperar el control”, no hay ninguna duda: el Brexit es y será siempre para el Reino Unido un gol en propia meta.

Enrique Feás
Técnico Comercial y Economista del Estado e Investigador asociado del Real Instituto Elcano
| @EnriqueFeas

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<![CDATA[ La economía mundial ante 2020 ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari2-2020-steinberg-martinez-la-economia-mundial-ante-2020 2020-01-13T05:36:22Z

La economía mundial debería continuar creciendo en 2020. Y aunque la probabilidad de una recesión a lo largo del año es baja, existen factores de riesgo que podrían deteriorar dicho escenario.

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Tema

La economía mundial debería continuar creciendo en 2020. Y aunque la probabilidad de una recesión a lo largo del año es baja, existen factores de riesgo que podrían deteriorar dicho escenario.

Resumen

La economía mundial debería continuar creciendo en 2020, siendo baja la probabilidad de una recesión gracias a la reducción de algunas de las más importantes incertidumbres del pasado año, tales como un Brexit caótico o una escalada en la guerra comercial entre EEUU y China.

No obstante, en un contexto en el que la disputa entre estos dos países por convertirse en la fuerza hegemónica mundial marcará las próximas décadas, persisten factores preocupantes: algunos vinculados a la política exterior del presidente Trump, como la creciente tensión con Irán, el probable incremento de los aranceles al sector del automóvil europeo o el deterioro de las instituciones multilaterales de gobernanza económica internacional. A estos se añaden otros, como son la deriva de las protestas en América Latina o la solidez de los partidos nativistas xenófobos de extrema derecha en Europa en un contexto de creciente desigualdad y profundo cambio tecnológico.

En cualquier caso, más allá de estos interrogantes, insistimos en que el escenario más plausible es el de mantenimiento de un crecimiento moderado.

Análisis

La economía mundial debería continuar creciendo en 2020 y la probabilidad de una recesión a lo largo del año es baja, tanto a nivel global como en las economías avanzadas o emergentes. De hecho, aunque la economía mundial se encuentra en una desaceleración desde hace varios años y esa tendencia general será difícil de revertir, se podría producir un pequeño repunte del crecimiento en la primera parte de 2020 por la aceleración de la actividad en algunos países y por la reducción de algunas de las incertidumbres con las que hemos convivido a lo largo de 2019. En particular, tanto un Brexit caótico como los peligros de nuevas escaladas en la guerra comercial entre EEUU y China, parecen cada vez menos probables. Además, la caída de la actividad industrial en algunos países avanzados parece no estar trasladándose al sector servicios.

Aun así, existen algunos factores que resultan preocupantes, y casi todos ellos se derivan de las peligrosas consecuencias de la errática e impredecible política exterior del presidente Trump. La creciente tensión entre EEUU e Irán , más allá de poder desembocar en un grave conflicto bélico (algo no descartable a día de hoy), podría elevar el precio del petróleo, con el consiguiente impacto negativo sobre el crecimiento global (y en particular español). Asimismo, la UE está expuesta tanto a un incremento de los aranceles por parte de EEUU al sector del automóvil (aranceles que la Administración Trump ha indicado que podrían llegar a lo largo del año y que también afectarían a países no europeos) como a la inestabilidad derivada de un posible adelanto electoral en Italia, que diera lugar a una victoria de la Lega de Mateo Salvini (algo poco probable a día de hoy), y generara alzas en las primas de riesgo en los países del sur de la eurozona. Por último, el deterioro y la pérdida de relevancia de las instituciones multilaterales de gobernanza económica internacional, en particular de la Organización Mundial del Comercio (OMC), continuará a lo largo del año, aumentando la incertidumbre y socavando el sistema de reglas que tan importante es para generar crecimiento económico y empleo.

Pero lo que debería centrar la atención de las políticas públicas es asegurar que el crecimiento económico en Europa, además de volver a ser más intenso, esté mejor distribuido. El aumento de la desigualdad y, sobre todo, la creciente percepción de que las elites cosmopolitas liberales y urbanas están capturando una parte desproporcionada de las rentas generadas por la globalización y el cambio tecnológico es un caldo de cultivo para los movimientos antisistema, antieuropeos y antiapertura. No hacerles frente es el mayor riesgo para la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo. Si hay frustración y ansiedad entre las clases medias de los países Occidentales en un entorno de crecimiento económico como el que venimos experimentando en los últimos cinco años, imagínense cómo sería el enfado si la economía creciera menos. Y el problema, además, es que los instrumentos monetarios y fiscales disponibles son cada vez más escasos: la política monetaria casi no tiene margen de maniobra y las reglas fiscales europeas, que necesitan una reforma, reducen a día de hoy las opciones para un impulso fiscal en casi todos los países. Tan sólo el Pacto Verde anunciado por la Comisión Europea parece abrir una ventana de oportunidad para que el sector público recupere el papel de liderazgo que se requiere si se pretende luchar contra el calentamiento global de forma decidida.

En definitiva, el escenario base para la economía mundial, europea y española para 2020 es favorable. Pero como muestran los movimientos de protesta en América Latina , el Brexit o el auge de los partidos nativistas xenófobos de extrema derecha en Europa, no es buena idea conformarse con una coyuntura macroeconómica saludable, sobre todo en situaciones de debilidad del contrato social y aumento de las incertidumbres geopolíticas.

A continuación revisaremos primeramente el desempeño previsto de la economía mundial en 2020, para posteriormente analizar los principales focos de riesgo que podrían alterar tal escenario, y por último finalizar con unas conclusiones.

Perspectivas moderadamente optimistas para la economía mundial

Tras un 2019 en el que la expansión de la economía global fue la más débil de la última década, el escenario base de las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) es que en 2020 el dinamismo repunte cuatro décimas porcentuales, permitiendo a la economía global volver a crecer por encima del 3% (véase la Figura 1). La mejora vendría impulsada tanto por un ligero ascenso de la inversión como por la recuperación del comercio internacional, que podría aumentar alrededor del 3% tras un escuálido crecimiento del 1,1% (el tercer peor dato del presente siglo) en 2019.

Figura 1. Tasa de crecimiento de la economía mundial
Figura 1. Tasa de crecimiento de la economía mundial. Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2019.

Sin embargo, esta mejora del crecimiento global está generada, sobre todo, por la aceleración en algunas economías emergentes que lo pasaron especialmente mal el año pasado, como Argentina, Turquía, Arabia Saudí, México, Rusia o Brasil. Además, aunque tanto la India como otras economías asiáticas podrían aumentar su ya rápido crecimiento, China, que se encuentra en una desaceleración económica estructural desde hace ya varios años, podría crecer por primera vez en 40 años por debajo del 6%. El menor crecimiento chino, que además de ser lógico es saludable desde un punto de vista de equilibrios globales, no supone que el gigante asiático deje de ser una locomotora global (un 6% de crecimiento en China aporta hoy al PIB global mucho más que un 10% de crecimiento hace una década). El reto consiste en que las autoridades chinas sean capaces de hacer transitar su economía hacia un modelo de crecimiento menos basado en las exportaciones, la inversión y la industria y más apoyado en la demanda interna, el consumo y los servicios sin pasar por una crisis, algo cada vez más complicado en un contexto de enfrentamiento con EEUU.

En las economías avanzadas, el crecimiento continuará desacelerándose ligeramente, siguiendo la pauta de los últimos años. EEUU, en año electoral , seguirá creciendo por encima del 2%, y el presidente Trump, consciente de que un frenazo económico dificultaría su reelección, hará todo lo que esté en su mano para acelerarlo, y seguirá presionando a la Reserva Federal para que rebaje los tipos de interés y deprecie el dólar. Los países de la zona euro, el Reino Unido y Japón continuarán, en términos generales, con crecimientos débiles (en especial Alemania e Italia), destacando España como uno de los países grandes de la zona euro más dinámicos. En todo caso, para todos los países desarrollados, la baja inflación (a pesar de los estímulos monetarios), el reducido crecimiento de la productividad y la persistente desigualdad, resultan cada vez más preocupantes, sobre todo en un ambiente de rápido envejecimiento de la población que alimenta las tesis de “estancamiento secular” y reavivan los debates sobre el uso de la política fiscal en un ambiente de bajos tipos de interés que permitiría acometer inversiones públicas a un coste muy reducido.

Figura 2. Evolución de previsiones de crecimiento del FMI para 2020
Figura 2. Evolución de previsiones de crecimiento del FMI para 2020. Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2019 y octubre de 2019.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2019 y octubre de 2019.

En todo caso, y aunque la expansión económica que estamos viviendo sea una de las más largas (aunque no vigorosa) de la historia reciente de los países avanzados (sobre todo en EEUU), cabe señalar que este crecimiento no está generando desequilibrios importantes: el endeudamiento privado es bajo y la inflación está contenida. Como las expansiones no mueren de viejas, y aunque en algún momento llegará una recesión, no parece probable que ésta se vaya a producir este año. Además, cuando la temida recesión llegue, no debería ser tan intensa como la anterior (que en el caso europeo y español además fue doble). Aunque el precio de algunos activos podría estar inflado tras años de expansión monetaria, no parece haber síntomas de burbujas generalizadas, lo que lleva a pensar que la próxima recesión debería ser suave y corta y no ir acompañada de una crisis financiera como la anterior.

EEUU, China e Irán serán los tres epicentros de la incertidumbre económica mundial…

A lo largo de 2020 el principal foco de inestabilidad económica estará asociado al impacto de la política exterior estadounidense. Lo sustantivamente distinto de este año podría ser que la tensión con Irán (y sus ramificaciones en Oriente Medio) podría tomar el relevo a la tensión con China (y Corea del Norte). Un presidente Trump en campaña electoral y amenazado por el impeachment es todavía más imprevisible , por lo que no es descartable una escalada en el conflicto con Irán, que además de desencadenar algún tipo de contienda bélica y/o desestabilizar la región más compleja del planeta, se traduciría en una peligrosa escalada en el precio del petróleo que reduciría el crecimiento global y sería especialmente negativo para países muy dependientes del petróleo importado, como España.

Sin embargo, la rivalidad y la lógica de la confrontación económica y tecnológica entre EEUU y China, que es y será el elemento central de las relaciones internacionales del siglo XXI y que ha estado generando enorme incertidumbre durante los últimos años, podría suavizarse durante 2020 ya que una distensión transitoria podría resultar conveniente para ambas potencias. Esto supone que, en el campo de la confrontación comercial, tras dos años de escalada proteccionista en los que los aranceles estadounidenses a los productos chinos han subido en promedio del 3% al 20% (y los chinos a los productos estadounidenses del 8% al 20%), existe un acuerdo por el que ambas potencias se han comprometido a no elevarlos más. Aunque los aranceles existentes no se eliminarán y nadie sabe cuánto durará esta tregua, el acuerdo podría reducir la incertidumbre, que es lo que mayor impacto negativo sobre el crecimiento ha tenido durante los últimos años al frenar muchas decisiones de inversión.

En todo caso, Trump continuará con sus políticas proteccionistas. Por una parte, podría imponer aranceles sobre la importación de automóviles a lo largo del año apoyándose en la dudosa justificación de la protección de la seguridad nacional, lo que afectaría especialmente a los países de la zona euro, en particular a Alemania. El presidente ya ha indicado que, una vez alcanzada la tregua con China y aprobada la nueva versión del acuerdo de libre comercio con Canadá y México (el NAFTA 2.0, rebautizado como USMCA), se centrará en “reequilibrar la relación comercial con la UE”. Los aranceles que ya impuso a productos europeos como compensación por las ayudas públicas a Airbus a finales de 2019 dejaron claro que las amenazas de EEUU deben ser tomadas muy en serio. Por lo tanto, la UE debería asumir que la escalada de tensión irá a más y que las negociaciones entre la UE y EEUU para un limitado acuerdo de libre comercio que están en marcha no llegarán a buen puerto.

Por otra parte, y esto también es especialmente preocupante para la UE, EEUU continuará bloqueando el funcionamiento y la reforma de la OMC. Tras meses de negativa estadounidense a nominar jueces para el mecanismo de apelación del sistema de resolución de conflictos de la OMC, considerado como la joya de la corona de la institución, el pasado diciembre dicho mecanismo dejó de funcionar. Aunque la UE está trabajando en un sistema temporal paralelo, nada garantiza que este vaya a funcionar, por lo que podríamos encontrarnos ante el fin de la OMC tal y como la conocemos. Esto vendría a sumarse al boicot estadounidense a prácticamente todas las instituciones multilaterales supranacionales, dificultando la gobernanza de la globalización, dando alas al nacionalismo y erosionando el sistema de reglas y derecho internacional con el que tan cómodos se sienten los europeos.

Aunque el propio EEUU ha mostrado su preferencia por tener algún tipo de marco regulatorio internacional para el comercio más allá de los acuerdos bilaterales que está negociando, lo cierto es que es muy poco probable que se pueda llegar a una reforma global de la OMC (que incluya el funcionamiento de su mecanismo de apelación, pero también muchos otros temas) mientras Trump ocupe la Casa Blanca. De hecho, cada vez parece más claro que EEUU pretende volver al GATT, en el que no había ninguna autoridad supranacional capaz de restringir su autonomía en materia comercial y donde la única vía para la solución de diferencias era la negociación bilateral. De ser así, y sobre todo si Trump resulta reelegido, nos encontraríamos ante una progresiva erosión de las cadenas de producción globales (que a día de hoy se sustentan en acuerdos comerciales sólidos y creíbles), que además podría acelerarse si la tensión entre EEUU y China continúa en el ámbito tecnológico. Aunque no haya nuevos aranceles sobre productos chinos, es probable que EEUU continúe restringiendo la actuación de las empresas tecnológicas chinas (entre las que destaca Huawei) por motivos de la seguridad y con el control de la tecnología 5G de telón de fondo, y presionando a los países europeos para que hagan lo mismo.

Por último, habrá que prestar atención a fenómenos internos con potencial desestabilizador tanto en China como en EEUU. En el primero caso, la gestión política de la desaceleración económica estructural que enfrenta el país (que reduce la legitimidad del régimen), cómo hacer frente a la elevada deuda (por encima del 300% del PIB entre la pública y la privada) y, sobre todo, el impacto de las protestas ciudadanas en Hong Kong y la respuesta de Pekín. En el caso de EEUU, más allá del aumento de la polarización en un año electoral acompañado de un impeachment al presidente Trump que casi con toda seguridad no saldrá adelante, habrá que estar atento a un posible repunte de la inflación, que podría llevar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés y reduciría el crecimiento.

… pero también habrá que estar atentos a lo que pueda pasar en el resto del mundo

En cualquier caso, aunque EEUU, China e Irán sean los tres epicentros de la incertidumbre económica mundial, no deben ignorarse otros potenciales focos de inestabilidad.

En Europa los principales nubarrones en el horizonte parecen ir despejándose. Alemania ha esquivado la recesión, la rotunda mayoría conservadora en las elecciones británicas de diciembre de 2019 nos conducirá, seguramente, a un Brexit ordenado, los eurocríticos de la Lega en Italia están fuera del gobierno italiano, y los partidos proeuropeos continuarán manteniendo el control de las instituciones comunitarias durante la próxima legislatura. Sin embargo, esta nueva realidad es frágil. En primer lugar, no se antoja fácil que la Unión y el Reino Unido puedan lograr un acuerdo definitivo antes de que concluya el período transitorio el 31 de diciembre 2020, lo que haría sobrevolar de nuevo la amenaza de fuertes restricciones comerciales entre ambas partes según se acercara dicha fecha. Asimismo, las encuestas no dejan de indicar un ascenso en la popularidad de Salvini y su partido, por lo que en el momento en el que se produzcan elecciones en el país transalpino es probable que vuelvan al gobierno en una posición de fuerza incluso mayor de la que gozaban anteriormente, lo que muy probablemente abocaría a la ruptura del diálogo con la Comisión en materia presupuestaria. En esta misma línea, el incremento de los diputados euroescepticos en el Parlamento Europeo junto a la solidez de algunos gobiernos del mismo cariz hacen prever serias dificultades a la hora de emprender las profundas reformas que la Unión necesita en los ámbitos económico y monetario, muy especialmente en lo relativo a la gobernanza del euro. Y todo ello en un contexto en el que la hostilidad con Rusia permanece latente y sin visos de remitir.

Al otro lado del planeta, la tensión también parecía rebajarse en Asia Oriental tras la visita de Donald Trump a Corea del Norte, la primera de un presidente estadounidense en el cargo. Pero el anuncio a comienzos de 2020 por parte de Kim Jong-un de la suspensión de la moratoria nuclear ante la falta de propuestas de EEUU, unido al abrupto deterioro de las relaciones entre Japón y Corea del Sur, han vuelto a elevar la incertidumbre en esta zona del continente asiático. En Oriente Medio, más allá de las tensiones generadas alrededor de Irán y su influencia en Irak y otros países de la región (siempre apoyados por Rusia), Turquía también podría ser sometida a sanciones de EEUU en caso de intensificar sus actuaciones en el Kurdistán sirio, si bien el peligro para la estabilidad de la zona podría no venir únicamente de disputas directas entre países. Así, la repetición de atentados y sabotajes como los acaecidos en 2019 en la estratégica instalación petrolífera saudí de Abqaiq o en el estrecho de Ormuz, donde transita en torno a un tercio del petróleo y el gas mundial transportado por vía marítima, también supondrían un duro golpe a la economía regional con implicaciones globales. Asimismo, buena parte de la atención en África se centrará en Argelia y en cómo el régimen intenta mantenerse tras la renuncia de Abdelaziz Bouteflika, en un contexto de continuas protestas y de deterioro económico.

Por último, en América Latina continuará la incertidumbre política vinculados a las protestas ciudadanas que proliferaron durante 2019 desde Ecuador a Chile, pasando por Colombia, Bolivia, Perú y, por supuesto, Venezuela. Aunque el origen de las mismas ha sido diverso, en todas puede apreciarse una desafección asociada tanto por el incremento de la desigualdad como por el deterioro institucional. Al margen de estas movilizaciones populares, también habrá que estar atentos a las primeras medidas de carácter económico que tome el nuevo gobierno argentino liderado por el peronista Alberto Fernández, que en principio parece que serán más moderadas de lo esperado y contribuirán a estabilizar la economía argentina y evitar el temido default. El rumbo que tome el gobierno argentino también será clave para ratificar el acuerdo comercial y político alcanzado entre Mercosur y la UE , que tan importante resulta para los intereses de España.

Conclusiones

Como hemos visto, los principales elementos de riesgo que se cernían sobre la economía mundial en 2019 parecen haberse disipado. Aunque el largo ciclo económico de crecimiento está mostrando algunos signos de agotamiento y alimentando una desaceleración económica a nivel global, especialmente en los países avanzados, nada indica que tengamos una recesión a la vuelta de la esquina.

No obstante, existen algunos elementos que podemos catalogar como de “incertidumbre radical”, que pueden llevarnos a cuestionar los modelos que utilizamos para anticipar el futuro próximo. Tienen que ver con cambios estructurales que todavía no sabemos cómo debemos interpretar, como el claro deterioro del orden liberal internacional basado en instituciones y reglas, el impacto del cambio tecnológico y el envejecimiento sobre el cada vez más debilitado “contrato social” en las democracias avanzadas, el creciente descontento social en muchas regiones del mundo que está erosionando el funcionamiento de la democracia liberal, la extraña y difícil de interpretar “nueva normalidad” de bajos tipos de interés y bajo crecimiento de la productividad, o las incertidumbres asociadas a la necesidad de cambiar de modelo para hacer frente al cambio climático. Y todo ello en un escenario de rivalidad económica y tecnológica entre EEUU y China que marcará el rumbo del siglo XXI.

Sin embargo, más allá de estos interrogantes, que nos acompañarán durante toda la década que comenzamos, el escenario base, el más plausible, es el de mantenimiento de un crecimiento moderado.

Federico Steinberg
Investigador principal, Real Instituto Elcano, y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @steinbergf

José Pablo Martínez
Ayudante de investigación, Real Instituto Elcano | @jpmromera

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<![CDATA[ El debate sobre el arancel europeo al carbono en frontera (border carbon tax) ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-steinberg-debate-sobre-arancel-europeo-carbono-en-frontera-border-carbon-tax 2019-12-03T04:35:45Z

La presidenta de la Comisión Europea ha planteado la necesidad de que la UE introduzca un arancel sobre las importaciones de carbono que sea plenamente compatible con las reglas OMC.

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Una de las prioridades de la nueva Comisión es la lucha contra el cambio climático. De entre las diversas posibles políticas para abordarlo, y más allá del llamado Green Deal Europeo (que es esencialmente una política interna), la presidenta de la Comisión ha planteado la necesidad de que la UE introduzca un arancel sobre las importaciones de carbono que sea plenamente compatible con las reglas OMC.

Se trataría de establecer un arancel a los bienes importados que utilicen en su proceso productivo tecnologías muy intensivas en CO2. Este arancel, denominado Impuesto al Carbono en Frontera (Border Carbon Tax), trataría de evitar el dumping medioambiental ya que, la Unión pretende además establecer un impuesto a la generación de CO2 en la producción europea. La lógica, por tanto, es clara: la UE tendría una producción nacional más limpia, pero si otros países quisieran vender sus productos dentro de la Unión, deberán pagar un arancel (o, alternativamente, contaminar menos para que dicho arancel sea menor, lo que redundaría en beneficio de todos).

Tradicionalmente, ha existido cierto consenso, tanto entre economistas como en el seno de la OMC, acerca de que la política comercial no debía ser utilizada para lograr objetivos medioambientales. Así, los países emergentes y en desarrollo han acusado a la UE y a EEUU de querer utilizar tanto el medio ambiente como los derechos laborales como “excusas proteccionistas” y el GATT/OMC, en general, ha evitado ubicarse en favor de la sostenibilidad medioambiental cuando han surgido disputas comerciales que implicaban un trade-off entre liberalización comercial y sostenibilidad.

Sin embargo, ante la importancia del problema del cambio climático y las dificultades para hacerle frente a la velocidad necesaria, esto está empezando a cambiar. Más allá de que los países adquieran compromisos climáticos en el marco del Acuerdo del París y las COP, lo cierto es que la importancia del comercio internacional puede hacer que países y empresas modifiquen sus comportamientos (en términos de emisiones) para evitar ser sancionados y/o perder acceso a mercados de elevada renta como los europeos.

“el impuesto al carbono va a pasar a formar parte de la conversación en relación a los acuerdos comerciales de la Unión, tanto existentes como futuros”.

Por ello, el consenso sobre la utilidad de las herramientas comerciales para lograr objetivos climáticos está cambiando. Además, en el caso europeo, la opinión pública demanda que la política comercial permita “exportar” los valores europeos, entre los que se encuentra la sostenibilidad (véase, por ejemplo, el debate sobre la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur en relación al Amazonas).

Esto supone que es muy posible que la UE termine aplicando este tipo de aranceles. Ahora bien, en la práctica su aplicación es difícil y hacerlos compatibles con la legislación de la OMC, que además es una institución en crisis y que necesita una reforma, es complejo.

De hecho, lo ideal sería forjar un consenso internacional para una reforma de la OMC que introdujera estándares medioambientales en el comercio internacional como una de las múltiples reformas que la organización requiere, y que incluyen temas tan diversos como la reforma de su mecanismo de solución de diferencias, el tratamiento de subsidios o la regulación del comercio de servicios, entre otros. Sin embargo, en el actual contexto de guerra comercial entre China y EEUU dicha reforma es muy improbable, por lo que la UE se verá en la necesidad de actuar por su cuenta, aunque siempre dejando claro que prefiere la vía multilateral, a la que estará dispuesta a regresar si existe suficiente consenso.

Más allá de que desde un punto de vista técnico corresponde a los comisarios de Comercio y Economía diseñar este arancel de forma que se minimicen las distorsiones y se preste atención a los problemas redistributivos que pueda generar, esta medida tiene una dimensión de política exterior. La UE necesita –al igual que ya están haciendo China y EEUU– desplegar sus herramientas de política económica exterior para aumentar su peso geopolítico, y la política comercial es, a día de hoy, la más poderosa.

Por ello, el impuesto al carbono va a pasar a formar parte de la conversación en relación a los acuerdos comerciales de la Unión, tanto existentes como futuros. Ahora bien, más allá de tener un enfoque rígido o de no sentarse a negociar con países que, de entrada, no compartan plenamente el compromiso europeo por la sostenibilidad (como EEUU y muchos países emergentes), la UE debe estar dispuesta a ser flexible. El objetivo no debe ser amenazar con aranceles a quienes no cumplan con los estándares/condiciones europeas (eso sería más propio de Trump), sino ir logrando que, progresivamente, la huella de carbono de las exportaciones de otros países sea menor y se acerque más a la existente dentro de la UE.

“Esta herramienta, bien diseñada, permitiría a la UE ejercer su liderazgo político incentivando al mundo a cuidar el medioambiente”.

Esto supone que la UE esté dispuesta a aceptar reducciones progresivas de dichos aranceles para países que cambien sus políticas ambientales o períodos transitorios durante los cuales no se aplicarían siempre que los demás países vayan cambiando sus políticas.

De hecho, para que el arancel no sea percibido como una herramienta proteccionista, es necesario potenciar dos elementos clave para su credibilidad: el aspecto técnico (que requiere reforzar la parte estadística y analítica para estimar el contenido en CO2 de los bienes importados) y la coherencia interna (las exenciones tienen sentido a países muy pobres, pero no a sectores con capacidad de presión). Cuanto más selectivo, menos creíble.

Esta herramienta, bien diseñada, permitiría a la UE ejercer su liderazgo político incentivando al mundo a cuidar el medioambiente. Además, le permitiría seguir actuando como un poder normativo al tiempo que atiende una de las principales demandas de su ciudadanía.

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
| @steinbergf

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<![CDATA[ Trump, en la trampa china ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-oteroiglesias-trump-en-la-trampa-china 2019-10-17T11:41:42Z

Después de 18 meses de guerra comercial y 13 rondas de negociaciones, la tregua de este fin de semana es más una muestra de debilidad de Donald Trump que una batalla ganada.

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Después de 18 meses de guerra comercial y 13 rondas de negociaciones para terminar con las hostilidades, este fin semana los negociadores de Donald Trump y Xi Jinping llegaron a una nueva tregua (parcial). Como siempre, el presidente de EEUU salió en Twitter diciendo que había sido una victoria para los suyos. China se comprometía a comprar entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en productos agrícolas, a abrir sus mercados financieros, a reforzar su protección de la propiedad intelectual y a hacer su política cambiaria más transparente.

“la división en fases [de las negociaciones] ya demuestra que las autoridades chinas están llevando esta guerra a su terreno”.

Estos asuntos, que todavía tienen que cerrarse en las próximas semanas para ser firmados por Trump y Xi en la reunión de la APEC en Chile a mediados de noviembre, se van a considerar la primera fase de las negociaciones, y en las siguientes dos se abordarán los temas más peliagudos, como la financiación y la contratación pública en China, las exigencias de transferir tecnología si se quiere acceder al mercado chino, el uso y gestión de los datos digitales en China y el futuro de compañías tecnológicas como Huawei.

Sin embargo, la división en fases ya demuestra que las autoridades chinas están llevando esta guerra a su terreno. La estrategia de Pekín ha sido aguantar los golpes de Trump con estoicismo y represalias contenidas y alargar las negociaciones lo máximo posible para que los efectos de los aranceles hiciesen mella en la población estadounidense, y para que Trump fuese cediendo en su agresividad a medida que se acercase el año 2020, y la campaña electoral para su reelección se le echase encima. Por lo tanto, la tregua de este fin de semana es más una muestra de debilidad de Trump que una batalla ganada.

Los números así lo indican. El coste para arrancar de las autoridades chinas concesiones que ya habían ofrecido (y que no se sabe ni siquiera si van a cumplir porque el mágico mecanismo de implementación todavía no se ha acordado) ya es demasiado alto. Desde febrero de 2018, cuando Trump empezó su política agresiva contra China, hasta ahora, los aranceles medios a las importaciones chinas por un valor de 360.000 millones de dólares (un 70% del total) han pasado de un 3% a un 21%, pero igualmente los de las importaciones de productos estadounidenses a China, por un valor 120 millones de dólares, han subido de un 8% a un 22%. Eso duele.

Figura 1. La guerra comercial se agrava
Figura 1. La guerra comercial se agrava. Fuente: Peterson Institute for International Economics (PIIE)

Lo curioso es que, pese a estos aranceles, el déficit con China no ha bajado. Al contrario. En 2018 las exportaciones chinas aumentaron un 7% y en lo que va de 2019 bajaron un 4%, pero las exportaciones de EEUU a China bajaron un 8% y un 24%, respectivamente. En líneas generales, el consumidor estadounidense ha seguido comprando productos chinos, con un coste adicional por hogar en torno a los 600 dólares (o, lo que es lo mismo, 80.000 millones, el 0,4% del PIB), mientras que las autoridades chinas sólo han subido aranceles a los productos estadounidenses fácilmente sustituibles e incluso los han bajado para los no fácilmente reemplazables, como semiconductores y farmacéuticos.

En consecuencia, los aranceles medios chinos para los productos estadounidenses han subido drásticamente, pero para el resto de los países han bajado de un 8% a un 6,7%, ayudando así al consumidor chino. El ejemplo de la langosta es ilustrativo. En julio de 2018 Pekín impuso un impuesto de un 25% para la langosta estadounidense y eso produjo una caída del 70% en las ventas, pero al mismo tiempo redujo un 3% el arancel sobre la langosta canadiense e inmediatamente sus exportaciones a China se duplicaron. Ahora el consumidor chino está comiendo la misma langosta, de las mismas aguas, a un precio más barato.

“Trump cae así de nuevo en el modelo chino de decidir administrativa y burocráticamente por dónde tiene que ir el mercado”.

Es cierto que EEUU cedió muy poco este fin de semana. Ha anulado la subida de aranceles para productos chinos por valor de 250.000 millones del 25% al 30%, pero mantiene sus actuales aranceles y conserva la amenaza de subir aranceles por valor de otros 160.000 millones a productos clave, como juguetes y ordenadores, para mediados de diciembre. Si así fuese, casi el 100% de todas las importaciones chinas estarían cubiertas por los aranceles. Pero justamente eso hace que esta tregua no despeje la incertidumbre comercial, y por lo tanto siga siendo la principal causa de la desaceleración de la economía mundial. La recompensa a este dolor –seguirá insistiendo la Administración Trump– es lograr un gran acuerdo final con China para que cambie su modelo económico, pero hay que ser escépticos con que eso se vaya a lograr.

China seguirá reformándose a su propio paso. Es verdad que este año ha propuesto revisiones a su ley de inversión extranjera para reducir la intromisión del gobierno y ha anunciado una mayor apertura de su mercado financiero, pero siguen persistiendo muchas dudas sobre su aplicación práctica, ya que el poder judicial está bajo el Partido Comunista Chino (PCCh). En general, el PCCh no va a firmar ni implementar nada impuesto por Washington que pueda debilitar su control de la economía. Esa es una línea roja, y complicará mucho las fases dos y tres de la negociación.

Eso sí, Pekín no tiene problemas en comprar más productos estadounidenses. Es más, con la gripe porcina que está sufriendo el país, la compra de más carne de cerdo proveniente de EEUU le viene como anillo al dedo. Lo irónico del último acuerdo es que la compra de productos agrícolas estadounidenses por parte de China nunca superó los 20.000 millones. Ahora eso se tendrá que duplicar. Una subida así difícilmente se producirá espontáneamente por las fuerzas del mercado, sino más bien por orden del PCCh. Trump cae así de nuevo en el modelo chino de decidir administrativa y burocráticamente por dónde tiene que ir el mercado.

Miguel Otero Iglesias
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del IE School of Global and Public Affairs | @miotei

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<![CDATA[ Transparencia financiera internacional ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt12-2019-perez-transparencia-financiera-internacional 2019-07-12T11:05:41Z

Este documento de trabajo aborda la conceptualización y medición de la transparencia de los sistemas financieros, así como sus conexiones con otras variables como el desarrollo económico, la profundidad democrática y la atracción de las finanzas offshore.

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Índice

Resumen
Introducción
(1) Historia y significado de la transparencia financiera
Los orígenes de la transparencia financiera: la lucha contra el narcotráfico
La toma de conciencia sobre algunos riesgos de la globalización financiera
La lista negra de paraísos fiscales
El 11S y la transparencia financiera
La agenda contra la corrupción y la recuperación de activos públicos
La información fiscal en tiempos de crisis
La Coalición por la Transparencia Financiera
Los flujos financieros ilícitos en la Agenda 2030
Definición de transparencia financiera internacional
(2) ¿Cómo medir la transparencia financiera internacional?
Las estimaciones de flujos financieros ocultos
El índice de secreto financiero
Una propuesta de indicador basado en las revisiones entre pares del GAFI
(3) El estado de la transparencia financiera y su explicación
Las normas de transparencia financiera internacional se cumplen a medias
¿Por qué unos países son más transparentes qué otros?
La relación entre corrupción, finanzas offshore y opacidad financiera
Otras dificultades para avanzar en la transparencia financiera
(4) Conclusiones
Referencias

Resumen

La transparencia financiera internacional consiste en la obtención por parte de los gobiernos de información financiera sobre sus ciudadanos y empresas, y su intercambio con otros gobiernos conforme a reglas acordadas en instituciones intergubernamentales. Su objetivo es combatir los flujos financieros ilícitos.

Desde hace 30 años, algunas de las organizaciones y foros internacionales más importantes han ido regulando diversos aspectos de la transparencia financiera con un resultado desigual por países. Este documento de trabajo aborda la conceptualización y medición de esta cualidad de los sistemas financieros, así como sus conexiones con otras variables como el desarrollo económico, la profundidad democrática y la atracción de las finanzas offshore.

A pesar de la importancia que ha cobrado la transparencia financiera en el contexto de la globalización, sus vínculos con problemas transnacionales tan relevantes como la evasión fiscal, la corrupción y el terrorismo, y su inclusión en la Agenda 2030, los países cumplen de manera muy desigual las normas internacionales en esta materia. En este documento se aboga por la claridad conceptual y métrica sobre la transparencia y los flujos financieros ilícitos como paso previo para comunicar mejor esta agenda y, en última instancia, mejorar su eficacia.

Introducción

La transparencia financiera en la era de la globalización se presenta como una agenda de cooperación entre gobiernos que tiene por objetivo la lucha contra los flujos financieros ilícitos y se relaciona con problemas transnacionales tan relevantes como la evasión fiscal, la corrupción y el terrorismo. Se trata de una agenda dispersa, establecida en cumbres y acuerdos intergubernamentales auspiciados por el G7 y el G20, la OCDE, las instituciones de Bretton Woods y diversas agencias de Naciones Unidas. En 2015 el asunto se convirtió en una prioridad para la ONU, ocupando su propio espacio en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, meta 16.4) y numerosas referencias en la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación del desarrollo (ONU, 2015a) .

Este Documento de Trabajo aborda la conceptualización, medición y explicación de la transparencia financiera. A pesar de su importancia, los países cumplen de manera muy desigual las normas internacionales en esta materia y, tal como se explica en las secciones siguientes, la claridad conceptual y métrica podría ayudar a comunicar mejor la agenda internacional de la transparencia financiera y, en última instancia, mejorar su eficacia.

En la primera parte del Documento, se relata la historia de la transparencia financiera desde la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) en 1989 hasta la adopción de los ODS en 2015. También se hace referencia a las ONG más implicadas en esta causa y se extrae de su discurso los conceptos clave del documento: flujos financieros ilícitos y transparencia financiera internacional.

Seguidamente, se presentan las principales mediciones que han alimentado los análisis y debates sobre finanzas ilícitas, producidos también en el ámbito de las ONG, y se proponen nuevos indicadores de transparencia financiera basados en el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI según su sistema de revisión entre pares. En la tercera parte, el documento explora las relaciones de la transparencia financiera con otras variables como el desarrollo económico, la profundidad democrática, los paraísos fiscales y la industria de finanzas offshore.

Historia y significado de la transparencia financiera

La transparencia es un concepto relacionado con la rendición de cuentas y el buen funcionamiento del Estado democrático de Derecho cuyo uso en la teoría y la práctica política se remonta a la Ilustración.1 La transparencia financiera, entendida como el acceso e intercambio de información financiera sobre individuos y organizaciones por parte de gobiernos, es un subconcepto más nuevo y menos asentado. Se trata de un término colocado en la agenda internacional por una serie de organizaciones de la sociedad civil (OSC) agrupadas en la Coalición por la Transparencia Financiera y progresivamente extendido por gobiernos (Diplomatie, 2017), organizaciones internacionales (UNODC y OECD, 2016) y medios de comunicación (Economist, 2016). Su incipiente éxito se debe probablemente a su eficacia para designar una serie de iniciativas de cooperación internacional que, aun teniendo diversos orígenes, comparten un denominador común: la producción e intercambio de información financiera entre países con la finalidad de reforzar las capacidades de los Estados en políticas tan diversas como la fiscalidad o la lucha antiterrorista.

Los orígenes de la transparencia financiera: la lucha contra el narcotráfico

La primera de estas iniciativas tuvo lugar en 1989 y supuso un punto de inflexión para las leyes de secreto bancario. La Cumbre del G7 celebrada ese año en París adoptó una declaración económica en la que, además de analizar el contexto económico mundial y discutir sobre comercio o deuda pública, dedicó un epígrafe entero a la droga. En dicho apartado, los grandes líderes mundiales se comprometieron a unir esfuerzos en el ámbito nacional e internacional para detener el narcotráfico en su corriente real y financiera. Acordaron ocho medidas de distinto alcance y concreción, la última de las cuales consistía en la creación de una task force paraprevenir la utilización del sistema bancario y las instituciones financieras con el propósito de blanquear dinero proveniente de la droga (G7, 1989).

Esta task force, el GAFI, adoptó 40 recomendaciones sobre blanqueo de dinero (GAFI/FATF 1990) que abogaban por poner límites a las leyes nacionales sobre secreto bancario e intensificar la cooperación internacional en investigaciones, detenciones y extradiciones. Además, planteaban a los Estados exigencias más concretas como tipificar el delito de blanqueo de dinero, participar en distintos instrumentos internacionales de cooperación contra el narcotráfico e imponer obligaciones sobre los bancos para asegurar la identificación de todos los titulares de sus cuentas y depósitos, así como mantener registros y documentos que pudieran servir para investigaciones futuras.

A lo largo de la década de los 90, el GAFI fue prorrogando su mandato hasta consolidarse como una institución permanente. También amplió su alcance a todo el crimen organizado y pasó a vigilar, además de la banca, las denominadas “Actividades y Profesiones Designadas No Financieras” (APDNF), que incluyen abogados, notarios y asesores, así como algunos negocios considerados de riesgo como, por ejemplo, las empresas de remesas de efectivo o los comercios de bienes de lujo. Desde el punto de vista geográfico, el ámbito del GAFI se fue extendiendo de una forma original. En lugar de buscar nuevas adhesiones de Estados, fomentó la creación de instituciones similares en otras regiones, las cuales se adhirieron al GAFI como miembros asociados y acabaron cubriendo todo el mundo.2

Aitor Pérez
Investigador senior asociado, Real Instituto Elcano
| @aitor_ecoper


1 El concepto de transparencia política lo empiezan a usar en el siglo XVIII autores como Kant y Rousseau y, a través de Jeremy Bentham, entra en la tradición política británica donde se instala la máxima “cuanto más estrictamente nos vigilan, mejor nos comportamos” (Hood, 2006; Prat, 2006).

2 Estos organismos y sus fechas de creación son: Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), 1992; Asia-Pacific Group on Money Laundering, (APG); Moneyval, un órgano del Consejo de Europa, 1997; Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), 1999; Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA), 1999; Grupo de Acción FInanciera Internacional de América Latina (GAFILAT), creado en 2000 con el nombre de GAFISUD; Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), 2004; Eurasian Group, 2010; Task Force on Money Laundering in Central Africa (GABAC), 2012.

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<![CDATA[ España: ¿líder global en transparencia financiera? ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari80-2019-perez-espana-lider-global-transparencia-financiera 2019-07-08T09:47:01Z

España es el país con mayor transparencia financiera del mundo según las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que podría aspirar a ser un líder mundial en la lucha global contra los flujos financieros ilícitos (meta 16.4 de la Agenda 2030).

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Tema

España es el país con mayor transparencia financiera del mundo según las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que podría aspirar a ser un líder mundial en la lucha global contra los flujos financieros ilícitos (meta 16.4 de la Agenda 2030).

Resumen

En este análisis se presentan datos de las revisiones entre pares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que muestran que España es el país con mejor cumplimiento técnico de sus 40 recomendaciones contra el blanqueo de capitales, considerado el estándar internacional más importante en materia de transparencia financiera. Seguidamente, se indaga en las razones por las cuales el país ha cumplido tan estrictamente con las normas internacionales sobre acceso e intercambio de información financiera y se reflexiona sobre la posibilidad y pertinencia de que España aspire a una posición de liderazgo en este asunto global, que ha pasado a formar parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para pasar de ser el país más cumplidor a ser líder en esta agenda, España necesitaría completar el desempeño de funcionarios y profesionales con un impulso político que pasaría por una mejor comunicación pública y un papel más activo en foros internacionales. En el Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible este liderazgo puede ser especialmente necesario pues la meta 16.4 carece todavía de indicadores de seguimiento.

Análisis

La transparencia financiera consiste en la producción e intercambio por parte de los gobiernos de información financiera sobre sus ciudadanos y empresas, generalmente, en el marco de acuerdos y estándares internacionales. El objetivo de la transparencia financiera internacional es combatir eficazmente los flujos financieros ilícitos, movimientos transnacionales de dinero de origen o destino delictivo que se sirven de la globalización financiera para permanecer ocultos a las autoridades nacionales. Se trata de un asunto que ha sido elevado a lo más alto de la agenda de la cooperación internacional en 2015 mediante la adopción de la meta16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de Acción de Addis Abeba, pero que se ha venido tratando y regulando en diversos foros intergubernamentales desde hace 30 años.

Entre los distintos acuerdos e iniciativas internacionales sobre transparencia financiera, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo destacan como el estándar más completo, más antiguo y de mayor alcance geográfico. España es el país del mundo que cumple con mayor rigor estas 40 recomendaciones según el sistema de evaluación mutua del propio GAFI, por lo que podría decirse que es el país con mayor transparencia financiera del mundo.1

En este análisis se aporta más información sobre la posición de España en materia de transparencia financiera a escala mundial y europea con el apoyo de datos tomados del sistema de evaluaciones del GAFI. Seguidamente, se explican las causas históricas de este desempeño, las cuales podrían explicar también por qué esta cualidad española es tan poco conocida dentro y fuera del país. Por último, se realizan una serie de recomendaciones para que España convierta su superioridad técnica en un verdadero liderazgo internacional.

España, el país más cumplidor del GAFI

El GAFI lleva 30 años fijando estándares internacionales de transparencia financiera y comprobando su aplicación país por país. Su sistema de evaluación sobre las 40 recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se encuentra ya en la IV ronda de evaluaciones, en la que España fue el primer país examinado junto con Noruega.

El informe de evaluación de España, emitido en 2014, fue más favorable que el del país nórdico y destacó la solidez de su sistema general contra el blanqueo de capitales y algunos avances concretos, como la puesta en marcha de un registro de titulares reales, basado en la colaboración de los notarios. Posteriormente, conforme se fueron realizando más evaluaciones, el GAFI las fue consolidando en una tabla publicada en su web y se supo que España era el país con mejor cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones. Actualmente, con datos de abril de 2019 , España cumple plenamente con 28 recomendaciones, ocupando la primera posición en un ranking de 77 países y destacando sobre el cumplimiento mundial (11 recomendaciones) y de la UE (12), tal y como se representa en la Figura 1.

Figura 1. ¿Cuántas de las 40 recomendaciones GAFI se cumplen plenamente en cada país?
Fuente: elaborado a partir de la IV ronda de evaluaciones GAFI.

Si la comparación entre países tiene en cuenta todo el rango de puntuaciones del GAFI para cada recomendación (cumplidor, ampliamente cumplidor, parcialmente cumplidor e incumplidor) y estas valoraciones se escalan de forma lineal de 0 a 100, a España le correspondería una transparencia del 88% y seguiría ocupando el primer puesto de los 77 países evaluados, los cuales arrojarían un cumplimiento medio del 64%. Dicho esto, las 40 recomendaciones representan un estándar internacional, por lo que el 100% en esta escala no debe considerarse un ideal de transparencia financiera. De hecho, hay otros indicadores de transparencia financiera, como, por ejemplo, el componente cualitativo del índice de secreto financiero de Tax Justice Network (TJN, 2018), en el que el máximo alcanzado por un país se encuentra en el 58%. A España, en ese índice le corresponde un 52% y la 6ª posición sobre 112 países analizados.

En el documento de trabajo del Real Instituto Elcano “Transparencia financiera internacional” se demuestra mediante regresión estadística que la transparencia financiera, cuando se aproxima por el grado de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, correlaciona con el índice de percepción de la corrupción (TI, 2017) y la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE (2000). Ello indica que la transparencia financiera es una cualidad propia del buen gobierno democrático y también confirma el discurso de algunas ONG, según el cual el negocio de las finanzas offshore estaría frenando la aplicación de esta agenda internacional.

Desde esta perspectiva, resulta lógico que España, una democracia plena, destaque sobre el resto del mundo en transparencia financiera y que, no siendo un centro financiero offshore, destaque sobre otras democracias que sí lo son, como Suiza. Sin embargo, no es tan evidente por qué España destaca sobre la media europea (Figura 1) o sobre algunos países europeos, como los nórdicos, cuyas instituciones nacionales y cuyo papel en las instituciones internacionales gozan de tan buena reputación (Figura 2).

Figura 2. Cumplimiento pleno de recomendaciones GAFI en Europa
País Número
España 28
Reino Unido 23
Bélgica 21
Austria 18
Italia 18
Noruega 18
Suecia 15
Portugal 12
Eslovenia 11
Irlanda 10
Finlandia 8
Hungría 6
Letonia 6
Suiza 6
Dinamarca 5
República Checa 4
(1) Número de las 40 recomendaciones en las que el país obtiene una calificación C (cumplidor), según la IV ronda de evaluaciones con datos de abril 2019. Fuente: elaboración a partir de GAFI (2019).

¿Por qué España es tan transparente con sus finanzas?

Las recomendaciones del GAFI y sus actualizaciones se han ido aplicando en la UE mediante directivas antiblanqueo y en España, como en los demás países europeos, mediante leyes nacionales de transposición, en las cuales los Estados miembros pueden optar por niveles de cumplimiento más altos respetando los mínimos establecidos por las Instituciones de la UE. Los debates parlamentarios y las exposiciones de motivos de estas normas arrojan luz sobre las motivaciones que pueden llevar a los distintos países a optar por un mayor o menor rigor en materia de transparencia financiera.

En los debates del Parlamento Europeo sobre la directiva antiblanqueo de 2015 y un reglamento relacionado (UE, 2014), casi todos los eurodiputados mostraron su apoyo a la iniciativa de la Comisión, si bien sus discursos se diferenciaron en dos aspectos: contenían distintos argumentos de apoyo a la directiva y, mientras unos introducían ciertos matices, otros planteaban un apoyo sin fisuras. En cuanto a los argumentos utilizados en defensa de la norma, destacaron las referencias a la evasión fiscal, el crimen organizado y la corrupción, en este orden. Además, dos diputados, uno español y otro norirlandés, trajeron a colación la financiación del terrorismo.

Por otra parte, se plantearon objeciones sobre la falta de proporcionalidad de las nuevas exigencias administrativas y su perjuicio para negocios perfectamente legales. Estas objeciones fueron presentadas por diputados liberales y conservadores de países del centro y norte de Europa, mientras que los diputados del sur, independientemente de la ideología, no introdujeron matices de este tipo.

En España, de los debates parlamentarios y exposiciones de motivos de las leyes antiblanqueo y normas relacionadas de menor rango, se deduce que las consideraciones sobre el posible coste administrativo de esta legislación para los negocios han estado totalmente ausentes. Además, se puede comprobar que su vínculo con la lucha antiterrorista ha sido muy importante, sobre todo más en la época en la que el país empezó a destacar en los informes del GAFI.2

La primera ley contra el blanqueo de capitales, Ley 19/1993, vino motivada por la obligación de transponer la Directiva UE correspondiente. Así se constató en su breve exposición de motivos, en la cual ni siquiera se hacía referencia al GAFI a pesar de que sus recomendaciones ya estaban vigentes desde 1990, cuando se estableció el Grupo con España entre sus Estados fundadores. La Ley fue una transposición mecánica de la Directiva europea 91/30B/CEE, la cual sí citaba al GAFI y puso en pie la infraestructura ideada por este organismo internacional y, poco a poco, implantada con mayor o menor solidez en todos los países: una red de sujetos (mayoritariamente bancos) obligados a identificar, documentar y comunicar operaciones financieras sospechosas; una unidad de inteligencia financiera el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el SEPBLAC, órgano administrativo encargado de recibir esas comunicaciones, sistematizarlas y derivarlas a otras administraciones; y un órgano encargado de asegurar el buen funcionamiento del sistema, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Diez años después, la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo, sí contenía un amplio preámbulo. En él se hacía referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y al terrorismo de ETA, justificando la necesidad completar el ordenamiento jurídico con medidas eficaces en el ámbito de la prevención. La norma, además de introducir la figura del bloqueo de capitales como medida administrativa, repasaba obligaciones e instituciones similares o iguales a las contempladas por la Ley antiblanqueo de 1993.

El bloqueo preventivo de capitales sospechosos de financiación del terrorismo fue una recomendación especial del GAFI acordada en 2001, después del 11S. En octubre de 2001, se adoptaron un total de nueve recomendaciones especiales contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que se sumaban a las tradicionales 40 recomendaciones del GAFI, cuyo nombre completo pasó a ser Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. El Gobierno español se sumó con especial interés a este nuevo acuerdo que facilitaba un marco internacional para recabar apoyos en sus investigaciones antiterroristas. Su experiencia demostraba que la cooperación internacional en el ámbito de las finanzas podía dar buenos resultados, como había ocurrido con el desmantelamiento de la cooperativa Sokoa con la ayuda de Francia, y en aquel momento esta cooperación resultaba muy necesaria. La lucha contra ETA se intensificaba entonces como consecuencia de su abandono del alto el fuego en 2000, el asunto volvía a estar entre las principales preocupaciones de los españoles según el CIS y contaba con un consenso político renovado mediante el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo.

Cuando en 2010 se actualizó la ley española antiblanqueo, la UE había adoptado ya su tercera Directiva en la materia, el GAFI había actualizado dos veces sus recomendaciones y se encontraba en la III ronda de revisiones entre pares. España ya había obtenido una evaluación bastante buena en este nuevo marco, incluso antes de actualizar su Ley. Algunas recomendaciones nuevas, como la incorporación de los notarios al sistema de inteligencia financiera, ya se habían aplicado mediante normas de rango menor.

En su preámbulo, la segunda ley antiblanqueo se alineó de forma explícita y directa con las recomendaciones del GAFI, defendió la pertinencia de unificar los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y caracterizó la legislación europea como una norma de mínimos, que debía ser completada, reforzada o extendida atendiendo a los concretos riesgos existentes en cada Estado miembro. Los debates parlamentarios sobre esta medida reflejaron un alto nivel de consenso entre los distintos partidos políticos y, fuera del Congreso, aunque la norma apenas tuvo transcendencia mediática, desde la Administración se declaraba a España “un país líder en materia de prevención de blanqueo de capitales”, añadiendo que “hace unos años la prevención del blanqueo era una política muerta, sólo estaba en los libros y no se aplicaba. En ocasiones, la simple publicación de leyes en el BOE no es suficiente para poner en marcha políticas de este tipo, pues necesitan funcionarios y profesionales que las apliquen” (Notariado, 2010). En los años siguientes, el trabajo de funcionarios y profesionales siguió avanzando en línea con las recomendaciones del GAFI, hasta alcanzar España los niveles de cumplimiento reflejados en las Figuras 1 y 2.

¿Cómo pasar de cumplidor a líder?

A pesar de su destacado cumplimiento técnico, el GAFI no ha calificado a España como un líder en sus informes de evaluación y seguimiento. Por el contrario, sí ha denominado al Reino Unido, segundo en el ranking de cumplimiento, como un líder global en asuntos como la transparencia corporativa. Efectivamente, el Reino Unido, además de mejorar su propia información financiera, por ejemplo, mediante el registro de titulares reales de sociedades, ha influido en los países de la Commonwealth para que avancen en la misma dirección. Además, su papel en el G20 de Londres de 2009 fue muy relevante para aumentar la presión sobre los países más reticentes al intercambio de información. Según algunos autores, como resultado de esta cumbre, se firmaron más de 300 tratados de intercambio de información (Johannesen y Zucman, 2014), un éxito que fue capitalizado por el entonces primer ministro británico Gordon Brown, quien llegó a declarar el fin de los paraísos fiscales.

Para que España ejerza y sea reconocido como líder global en transparencia financiera, además del desempeño de funcionarios y profesionales, necesitaría del impulso de los políticos. Este impulso no sería redundante, pues los paraísos fiscales no han finalizado y la ONU no sabe dónde estamos en relación con la meta 16.4 de la Agenda 2030.3 A continuación se formulan dos recomendaciones en este sentido.

En primer lugar, España podría comunicar mejor su compromiso con las normas internacionales antiblanqueo y otros acuerdos de transparencia financiera, empezando por dar publicidad a las evaluaciones e informes del GAFI, los cuales apenas han transcendido a la opinión pública española. La iniciativa España Global recientemente ha empezado a trabajar la comunicación sobre la fortaleza democrática del país y, teniendo en cuenta la relación lógica y estadística que se da entre transparencia financiera e integridad de las instituciones, los datos de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI podrían añadirse a otros indicadores que se exhiben desde su portal. Este ejercicio de comunicación podría servir también de estímulo para seguir avanzando en las 12 recomendaciones del GAFI que España todavía no cumple plenamente y en mejorar también otras evaluaciones, como las del Foro global de intercambio de información con fines tributarios y el Convenio de la OCDE contra el cohecho.

En segundo lugar, en el ámbito internacional, España podría servirse de la autoridad que le da su elevado cumplimiento para elevar la presión sobre otros países que no cumplen tan bien con los acuerdos adquiridos. Esto podría hacerse con una implicación más activa al menos en dos ámbitos. El G20, donde España es invitado permanente, ha sido junto con el G7 el foro político en el que generalmente se han lanzado los acuerdos sobre transparencia financiera que luego han desarrollado instituciones como el GAFI y la OCDE. Este foro podría servir de altavoz para el seguimiento de acuerdos que por el momento se mantiene en un ámbito profesional y técnico y, de esta forma, incrementar la presión entre pares y de la opinión pública sobre los países menos cumplidores. Por otra parte, en el ámbito de Naciones Unidas, dado que la Agenda 2030 no ha conseguido acordar un sistema de seguimiento de la meta 16.4, queda espacio para nuevas propuestas que los Estados miembros tendrían que llevar al Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que se reúne anualmente en Nueva York. Su convocatoria de este año abordará precisamente el ODS 16 sobre la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas, en el cual se incluye la meta de eliminación de los flujos financieros ilícitos.

Figura 3. Anexo: cumplimiento de 40 recomendaciones del GAFI en España, UE y el mundo
Bloque   España Mundo
Rec Recomendación   Nota (1) % UE Mundo
Políticas y coordinación R.1 Evaluar los riesgos y aplicar un enfoque basado en el riesgo   C 100 69 55
R.2 Cooperación y coordinación nacional   LC 67 69 68
Blanqueo dinero y confiscación R.3 Delito de lavado de dinero   LC 67 69 75
R.4 Confiscación y medidas provisionales   C 100 69 75
Financiamiento del terrorismo y la proliferación R.5 Delito de financiamiento del terrorismo   C 100 69 73
R.6 Sanciones financieras con el terrorismo   PC 33 69 54
R.7 Sanciones financieras relacionadas con la proliferación   PC 33 69 40
R.8 Organizaciones sin fines de lucro   LC 67 69 41
Medidas preventivas R.9 Leyes de secreto de las instituciones financieras   C 100 69 90
R.10 Diligencia debida del cliente   LC 67 69 61
R.11 Mantenimiento de registros   C 100 69 84
R.12 Personas políticamente expuestas   C 100 69 64
R.13 Corresponsalía bancaria   C 100 69 67
R.14 Servicios de transferencia de dinero o valor   C 100 69 74
R.15 Nuevas tecnologías   C 100 69 70
R.16 Trasnferencias electrónicas   C 100 69 61
R.17 Dependencia de terceros   LC 67 69 65
R.18 Controles internos y sucursales y subsidiarias extranjeras   C 100 69 67
R.19 Países de mayor riesgo   C 100 69 61
R.20 Informes de transacciones sospechosas   C 100 69 82
R.21 Tipping-off y confidencialidad   C 100 69 83
R.22 Profesiones no financieras designadas: diligencia debida   LC 67 69 45
R.23 Profesiones no financieras designadas: otras medidas   C 100 69 50
Titularidad real R.24 Transparencia y titularidad real de las personas jurñidicas   LC 67 69 42
R.25 Transparencia y titularidad real de los acuerdos legales   LC 67 69 45
Poderes y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales R.26 Regulación y supervisión de instituciones financieras   LC 67 69 56
R.27 Poderes de los supervisores   C 100 69 77
R.28 Regulación y supervisión de las profesiones no financieras   C 67 69 40
R.29 Unidades de inteligencia financiera   C 100 69 74
R.30 Responsabilidades de las autoridades policiales   C 100 69 86
R.31 Poderes de las autoridades policiales y de investigación   C 100 69 74
R.32 Empresas de remesas   C 100 69 63
R.33 Estadística   C 100 69 57
R.34 Orientación y comentarios   C 100 69 63
R.35 Sanciones   C 100 69 54
Cooperación internacional R.36 Instrumentos internacionales   C 100 69 73
R.37 Asistencia legal mutua   C 100 69 67
R.38 Asistencia legal mutua: bloqueo y confiscación   C 100 69 63
R.39 Extraditación   C 100 69 71
R.40 Otras formas de cooperación internacional   C 100 69 63
TOTAL   Media     88 72 64
    Número de recomendaciones plenamente cumplidas (total España y media UE y mundo)     28 12 11
Fuente: elaboración propia a partir de GAFI (2019).

Aitor Pérez
Investigador senior asociado, Real Instituto Elcano
| @aitor_ecoper

Referencias

Cobham, A. (2018), "Target 2030: illicit financial flows", ARI, nº 81/2018, Elcano Royal Institute.

GAFI/FATF (2019), Consolidated Assessment Ratings, April 2019, (último acceso 29/III/2018).

Johannesen, N., y G. Zucman (2014), "The end of bank secrecy? An evaluation of the G20 tax haven crackdown", American Economic Journal: Economic Policy, vol. 6, nº 1B, pp. 65-91, doi: 10.1257/pol.6.1.65.

Notariado (2010), Nota de prensa: España es un país líder en materia de prevención de blanqueo de capitales, (último acceso 22/XI/2018).

OECD (2000), Towards Global Tax Co-operation, Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices.

Pérez, A. (2018), "Las causas de la transparencia financiera en España: ¿fortaleza democrática o coyuntura crítica?", Revista de Estudios Políticos, vol. 0, nº 179, pp. 231-265, doi: 10.18042/cepc/rep.179.08.

TI (2017), Índice de Percepción de la Corrupción 2017, Nota técnica sobre la metodología, Transparencia Internacional, (último acceso 10/IV/2018).

TJN (2018), Financial Secrecy Index 2018, Londres.

UE (2014), Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering and Terrorist Financing (Debate), (último acceso 31/V/2018).


1 Para más información sobre el concepto y la medición de la transparencia financiera internacional véase el documento de trabajo del mismo nombre.

2 En un artículo de la Revista de Estudios Políticos se analiza más detalladamente esta influencia de la agenda antiterrorista en la aplicación de la normativa internacional de transparencia financiera como una dinámica de coyuntura crítica y trayectoria dependiente (Pérez, 2018).

3 Sobre esta cuestión, que se resume en la falta de indicadores del ODS 16.4, véase Cobham (2018).

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<![CDATA[ El acuerdo UE-Mercosur: ¿quién gana, quién pierde y qué significa el acuerdo? ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari78-2019-malamud-steinberg-acuerdo-ue-mercosur-quien-gana-quien-pierde-que-significa-el-acuerdo 2019-07-01T11:47:25Z

Tras 20 años de negociaciones se ha alcanzado un acuerdo entre la UE y Mercosur. Este análisis explora sus implicaciones económicas y políticas.

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Tema

Tras 20 años de negociaciones se ha alcanzado un acuerdo entre la UE y Mercosur. Este análisis explora sus implicaciones económicas y políticas.

Resumen

El acuerdo UE-Mercosur, que parecía que nunca llegaría, crea un mercado de 780 millones de consumidores prácticamente sin aranceles y supone un espaldarazo a la cooperación internacional y al libre comercio en un entorno de crecientes tensiones comerciales. También abre importantes oportunidades económicas de exportación para muchas empresas y, a la vez, supondrá beneficios para los consumidores europeos, pero generará algunos perdedores a los que se debería compensar con instrumentos al nivel europeo.

Análisis

El viernes 28 de junio de 2019, después de una frenética última ronda de negociaciones en Bruselas, finalmente se firmó el acuerdo político que dará lugar a la firma del esperado Tratado de Asociación entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Los intentos de cerrar el acuerdo se han sucedido en los últimos 20 años y si bien las negociaciones estuvieron suspendidas entre 2004 y 2010, en este último año se abrió un proceso que, más allá de sus altibajos, terminó cerrándose de forma positiva.

Una pregunta que se impone en este punto es por qué esta vez sí se logró cerrar la negociación, mientras que en otras ocasiones fue imposible. Y la respuesta hay que buscarla en el cambiante entorno político internacional, caracterizado por las crecientes tensiones proteccionistas y en la ventana de oportunidad que se ha abierto y tenía riesgos de cerrarse el próximo otoño. Era ahora o nunca. Y se ha logrado el acuerdo. En las próximas páginas se analiza cómo se ha fraguado el acuerdo, cuáles son sus principales implicaciones, quién gana y quién pierde con el mismo y qué puede esperarse en el futuro, con un comentario adicional al papel de España en estas negociaciones.

Qué significa el acuerdo y por qué se ha alcanzado ahora

Uno de los elementos que sin duda ha sido clave, tanto en la parte europea como en la latinoamericana, es el cambio de la coyuntura internacional, la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca y sus efectos desestabilizadores sobre la economía internacional, comenzando por sus amenazas al multilateralismo y a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Seguramente, ante un entorno internacional más cooperativo, la sensación de urgencia por firmar un tratado tan complejo hubiera sido mucho menor.

En el caso de la UE no hay que olvidar que las amenazas contra Europa en general (incluyendo a la OTAN), y contra Alemania en particular, han llevado a muchos actores europeos a cuestionarse el futuro de la alianza transatlántica y la fiabilidad de EEUU como socio estratégico. A esto se suma el obligado cambio en la composición de la Comisión Europea a partir de octubre, que si bien no ha sido un argumento decisivo sí fue importante en el último momento, ya que una nueva dilación hubiera estirado la negociación durante meses o incluso años.

En lo que a Mercosur se refiere, también ha habido nuevos factores importantes que han influido en la negociación, plasmados en los cambios de gobierno en Argentina y en Brasil, pero también en Paraguay. En este sentido, la postura de los países del Mercosur frente a la globalización y al libre comercio no es igual con los presidentes Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Mario Abdó y Tabaré Vázquez que con Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Fernando Lugo y José Mujica, presentes en 2012, y mucho más favorables al proteccionismo.

Y si bien el triunfo de Bolsonaro y la presencia de Paulo Guedes hicieron temer inicialmente por el futuro de Mercosur, las ideas de este último sobre la apertura internacional de Brasil, junto al fuerte liderazgo asumido por Macri terminaron imponiéndose y reduciendo las fuertes pulsiones proteccionistas presentes en sus países. Como ha señalado Andrés Malamud, la voluntad política de las partes ha sido esencial para sacar adelante el Tratado y “contra análisis y pronósticos, Macri se propuso este acuerdo desde el inicio de su mandato. Para bien o para mal, este resultado no existiría sin su determinación”.

Esto nos lleva a señalar que estamos frente al primer acuerdo que firma Mercosur con otro gran bloque regional. Esto es muy importante porque el bloque estaba muy aislado internacionalmente e incluso durante años prefirió vivir de espaldas a la otra gran instancia regional, la Alianza del Pacífico, formada por Chile, Colombia, México y Perú. Pese a ello, el inicio de la segunda presidencia de Michelle Bachelet en 2014 permitió iniciar una cierta convergencia entre la Alianza y Mercosur, un proceso que aún no ha cristalizado de forma definitiva. De alguna manera esto explica los tres únicos tratados de libre comercio que tiene firmados Mercosur, más allá de los existentes dentro del llamado marco ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y de los actualmente en negociación pero no cerrados, que son con países económicamente tan poco relevantes como Israel, Egipto y la Autoridad Palestina.

Desde la perspectiva europea no se debe minusvalorar el hecho de que lo ocurrido implica un gran triunfo para la UE, cuyos productos entrarán en los países de Mercosur con claras ventajas sobre los de sus más directos competidores como EEUU o Japón. Al mismo tiempo se demuestra que más allá de la retórica y de la idea de conformar una “alianza estratégica” birregional, por cierto bastante carente de contenidos concretos, América Latina importa, y mucho, a la UE y sus Estados miembros.

Desde ahora, la UE tendrá firmado algún tipo de acuerdo con todos los países latinoamericanos salvo Bolivia y Venezuela. Tratados de Asociación con Chile, México, América Central + Panamá y ahora Mercosur; de Libre Comercio (multipartes) con Colombia, Ecuador y Perú y de Cooperación con Cuba. Incluso Bolivia, durante años muy refractaria a negociar cualquier acuerdo con la UE que implicara el más mínimo contacto con el libre comercio, a través de la cuenta de Twitter de su presidente Evo Morales, se ha mostrado más que satisfecha con el acuerdo alcanzado: “Saludamos el acuerdo comercial alcanzado por la UE y el Mercado Común del Sur (Mercosur), organismo que tiene a Bolivia como miembro en proceso de adhesión. Es importante trabajar juntos en complementariedad y solidaridad en beneficio de nuestros pueblos”.

La importancia del acuerdo es tanto simbólica como real. Se trata, sin lugar a dudas, de un espaldarazo político a las oportunidades que los acuerdos de asociación de este tipo, que combinan la cooperación, el diálogo político y el libre comercio, pueden brindar para evitar la corrosión de las normas de gestión de la globalización. Pero a nivel práctico su impacto también es relevante al aportar una dosis de riqueza y crecimiento extra a los firmantes. Pero tampoco hay que llevarse a engaño, ya que ni este tratado ni ningún otro resolverá los problemas económicos de la UE ni de Mercosur, aunque tampoco los agravará. Ahora bien, a la luz de las numerosas críticas que ya se han escuchado a ambos lados del Atlántico, algunas provenientes de sectores directamente perjudicados, otras de alto contenido político y más dada la proximidad de las elecciones argentinas, también hay que insistir en esta última idea.

Implicaciones económicas, y más allá

A la espera de que los negociadores cierren la letra pequeña, incluyendo los plazos para la desaparición de ciertas barreras arancelarias y para-arancelarias y el futuro de algunos sectores sensibles para alguna de las partes, lo cierto es que este acuerdo crea un mercado integrado de 780 millones de consumidores y rebaja aranceles por valor de 4.000 millones de euros sólo para los exportadores europeos. En la práctica esto constituye el mayor acuerdo firmado hasta la fecha por la UE.

Según un estudio de la Universidad de Manchester, realizado en 2008 a petición de la UE, la firma del Tratado permitiría incrementar el PIB de Argentina en un 0,5%, el de Brasil un 1,5%, el de Uruguay un 2,1% y el de Paraguay hasta un 10%. Por su parte, la mejora del PIB europeo sería del 0,1% en el caso de una apertura comercial completa. Siempre conviene tomar estas estimaciones con cautela. Pero lo cierto es que este acuerdo de libre comercio, como todos los anteriores, permitirá aumentar la producción y la eficiencia a nivel agregado y generará ganancias netas en ambos bloques, que en algunos sectores serán especialmente elevadas dados los altos aranceles existentes. Cosa distinta es cómo se distribuirán esas ganancias y cómo se puede compensar a los perdedores. Pero eso es responsabilidad de los mecanismos de redistribución internos en los distintos países.

Hasta ahora, las relaciones económicas birregionales se habían desarrollado muy por debajo de su potencial, sobre todo en materia comercial (aunque menos en lo relativo a las inversiones). Esto no excluye, sin embargo, que la UE sea el segundo socio comercial del Mercosur, sólo por detrás de China. Por eso este acuerdo abre enormes oportunidades de expansión comercial para ambas partes. En 2018 las exportaciones de bienes de la UE a Mercosur fueron de 45.000 millones de euros y las de servicios de 23.000 millones de euros. La UE es el mayor inversor en Mercosur con un stock de 381.000 millones de euros mientras que el stock de inversión de Mercosur en la UE es de 52.000 millones de euros.

El acuerdo permitirá a las empresas europeas vender sus productos industriales en un mercado hasta la fecha muy protegido, cuyos aranceles al automóvil, calzado y textiles eran del 35%, los de auto-partes del 14%-18%, los de maquinaria del 14%-20%, los de productos químicos del 18% y los de farmacéuticos del 14%-18%. En el sector agrícola, Mercosur también eliminará sus aranceles en productos como el chocolate (arancel actual del 20%), vinos (del 27%) y gaseosas (del 20% al 35%). También elimina aranceles del 28% para productos lácteos, que pasarán a ser administrados mediante cuotas. Esto será especialmente relevante para los quesos europeos. Asimismo, Mercosur se compromete a proteger 357 denominaciones de origen europeas, incluyendo el Jabugo español.

Por último, las empresas europeas tendrán mayor acceso al enorme mercado de compras públicas que realicen los gobiernos de los países del Mercosur, así como a sus sectores de servicios (tecnologías de la información, telecomunicaciones y transportes, entre otros). Junto con el sector automotriz, la producción cárnica y láctea y las denominaciones de origen este había sido uno de los mayores escollos históricos para cerrar el acuerdo en las dos últimas décadas.

Pero más allá de lo estrictamente comercial, el acuerdo asegura el compromiso de los países del Mercosur con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, lo que también constituye un éxito para la UE, que está intentando (sin plantear ultimátums “a la Trump”), que todos sus nuevos acuerdos comerciales incluyan un compromiso ineludible por la lucha contra el cambio climático. Hasta la fecha había dudas sobre la posición de Brasil, como pusieron de relieve las prevenciones de Macron para cerrar el acuerdo, aunque estas también tenían el objetivo de intentar frenar lo más posible la apertura del mercado agropecuario europeo a las exportaciones de Mercosur.

También, como había demandado la UE de forma reiterada, el Acuerdo reconoce altos estándares en materia laboral para los trabajadores que participan en el sector exportador, lo que permite a la UE seguir impulsando sus valores (además de sus intereses) en sus acuerdos comerciales. Se trataba de una demandada fuertemente respaldada por los sindicatos europeos y muchos empresarios, especialmente de las pymes, que veían con preocupación una pérdida de competitividad frente a la competencia latinoamericana. Los debates en el seno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) son buena prueba de ello y tienden de alguna manera a restar validez a las acusaciones de opacidad en las negociaciones con Mercosur. Otra cosa es la realidad de las instituciones del Mercosur, menos preparadas para este tipo de debates.

Más allá de algunas de las consideraciones aquí expresadas, también hay que señalar que no todo son ventajas para la parte europea. Como en todo acuerdo comercial habrá ganadores y perdedores. Y los que históricamente se oponían al acuerdo en la UE eran los productores agrícolas, especialmente Francia, Irlanda y Polonia. Aunque la UE ha logrado que los países del Mercosur se comprometan a cumplir los estándares europeos de producción agrícola (que se encuentran entre los más exigentes del mundo en materia sanitaria y fitosanitaria), sin duda el acuerdo aumentará las exportaciones agrícolas desde América Latina, en perjuicio de los productores europeos. Ahora bien, más allá de las presiones de los agricultores y ganaderos de algunos países de la UE, lo cierto es que tanto los consumidores europeos como los latinoamericanos, se encuentran entre los grandes ganadores del acuerdo.

No debe olvidarse que Mercosur es el principal proveedor de productos agrícolas de la UE con el 20% y de casi el 70% de los productos para la alimentación animal, fundamentalmente de Brasil. Cerca del 80% de la carne de vacuno importada en Europa procede igualmente de esa zona. Es evidente que todo esto pondrá mayor presión sobre muchos agricultores europeos. Por eso es crucial que la UE mejore sus herramientas para compensar a los perdedores de los acuerdos de liberalización comercial. Tanto de este como de los demás firmados.

Pese a que la política comercial se negocia en Bruselas y los tratados sólo requieren del refrendo del Parlamento Europeo (y de los parlamentos nacionales si cubren competencias mixtas), su impacto en los distintos países y regiones de la Unión es muy desigual. Por eso resulta imprescindible mejorar la situación económica y el bienestar de los perdedores de la liberalización con instrumentos fiscales centralizados al nivel europeo si se quiere aumentar la legitimidad de los acuerdos comerciales dentro de la UE, que últimamente está en horas bajas. Es necesario, por ejemplo, reformar el Fondo de Ajuste para la Globalización para aumentar sus recursos y hacerlo más flexible, de modo que más individuos y empresas (sobre todo pymes) puedan aprovecharlos.

Conclusiones

Refrendo al libre comercio y escollos a superar

La firma del Tratado vuelve a demostrar el gran interés por los acuerdos de liberalización comercial que existe entre los países partidarios de mantener un sistema económico abierto y basado en reglas estables y predecibles en un contexto de amenazas a la cooperación y crecientes guerras comerciales iniciadas por Trump. También pone de manifiesto que la UE es quien más claramente está liderando esta defensa de las instituciones de cooperación económica, tanto a nivel multilateral (con la propuesta de reforma de la OMC) como preferencial. Este acuerdo UE-Mercosur se suma a los recientemente alcanzados con Japón, Singapur, Canadá, Australia y Vietnam, a los cuales hay que añadir el previamente negociado con Corea y los más de 15 actualmente en fase de negociación.

Por último, se debe subrayar el papel de España, que siempre ha estado interesada, con independencia del color de sus gobiernos, en que este acuerdo llegara a buen puerto. Prueba de ello fue el intento de relanzar las negociaciones a partir de la Cumbre euro latinoamericana de Madrid en 2010, así como otras iniciativas más recientes. En la fase final de la negociación, y cuando parecía que se podría llegar a un nuevo bloqueo, el gobierno español lideró una iniciativa para acelerar el acuerdo. Tras una nota de Francia, Irlanda, Bélgica y Polonia advirtiendo sobre los riesgos que el acuerdo implicaba para los sectores agrario y ganadero, España impulsó la firma de una nueva carta de compromiso con el tratado y las oportunidades que se presentaban, que apoyaron Alemania, los Países Bajos, Letonia, Portugal, la República Checa y Suecia, y que parece que ha sido determinante. Entre otras cosas, esto demuestra la creciente influencia de España en la UE.

Tras la negociación de la letra pequeña, a producirse en los meses venideros, queda la aprobación por parte del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales de los cuatro países del Mercosur para que el Tratado comience a implementarse. Sería importante que los dos procesos se completaran cuanto antes. Sin embargo, no hay que perder de vista las elecciones presidenciales y parlamentarias argentinas, a celebrar en octubre próximo, en las cuales podría producirse un triunfo del kirchnerismo.

De confirmarse tal escenario, y a tenor de algunas manifestaciones escuchadas en los últimos días, incluyendo al candidato presidencial y al hijo de la candidata a vicepresidenta (y verdadera jefa del movimiento), no sería imposible un rechazo categórico a lo acordado y un nuevo comienzo de las negociaciones. En ese caso tampoco sería descartable que la UE junto a Brasil y Paraguay (y eventualmente también Uruguay) decidieran continuar la marcha solos, sin Argentina (como había comenzado a esbozarse ya en 2013).

Carlos Malamud
Investigador principal del Real Instituto Elcano | @CarlosMalamud

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @steinbergf

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<![CDATA[ Europa ante el neo imperialismo ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-steinberg-europa-ante-el-neo-imperialismo 2019-05-23T01:28:08Z

Cada vez parece más claro que el mundo está volviendo rápidamente al juego imperial, donde las reglas globales se olvidan, los nuevos imperios dictan sus normas en sus áreas de influencia y los países pequeños se someten.

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Hace tiempo que los ciudadanos más informados están pendientes de la guerra comercial. Han oído hablar de la corrosión de las reglas de la globalización y de los ataques de EEUU al sistema multilateral de comercio y a sus socios europeos. También de que la causa del unilateralismo agresivo estadounidense proviene tanto de las pulsiones nacionalistas de Trump como de la preocupación de sus elites –y también de las europeas– ante el rápido desarrollo de la economía china, que con su modelo de capitalismo de Estado permite a sus empresas ir “dopadas” cuando salen a competir al exterior. Asimismo, habrán oído que, de todo esto, lo más peligroso es la guerra comercial entre China y EEUU, cuyo diálogo de sordos parece haberse colapsado y que podría llevar el proteccionismo estadounidense a cotas tan altas como las alcanzadas en 1930 (cuando se aprobó la ley arancelaria Smoot-Hawley), que fueron el inicio de lo que hoy llamamos la desglobalización del período de entreguerras, que estuvo vinculada a una larga recesión acompañada de devaluaciones competitivas y tensiones internacionales. Por último, si se creen los modelos que estiman el impacto económico de la guerra comercial (que siempre hay que tomar con extrema cautela, aunque los hagan los mejores expertos), estarán muy preocupados ante la posibilidad de que esta contienda comercial frene el crecimiento, hunda las bolsas y desencadene una recesión.

“(…) lo que se estaría abriendo paso con cada vez más fuerza sería el neo imperialismo, por el que tanto EEUU como China utilizarían su poder económico y tecnológico para debilitar al otro”

Sin embargo, hasta ahora, el ciudadano medio español ha permanecido ajeno a estos temas. En Europa, los precios de las importaciones casi no han subido y el crecimiento, de momento, no se está viendo seriamente amenazado por el proteccionismo. Pero esto va a cambiar. El anuncio de Trump de incluir a la empresa china Huawei –líder en tecnología 5G– en una lista negra, de forma que ninguna empresa estadounidense pueda hacer negocios con ella ni venderle componentes sin una licencia, va a llevar a que cualquier consumidor con un móvil Huawei tenga que cambiarlo, ya que no podrá actualizar el sistema operativo con Android, producido por Google (tras el anuncio inicial se han dado tres meses de moratoria, pero el momento llegará pronto). Y esto es sólo el principio. Intel también ha anunciado que dejará de venderle componentes a Huawei y sólo es cuestión de tiempo antes de que otras empresas como Microsoft tomen medidas similares. En ese caso, China, que ya ha anunciado una nueva subida de aranceles sobre las importaciones estadounidenses, podría tomar más represalias. Podría prohibir las exportaciones de tierras raras, que son 17 elementos químicos que se utilizan en la producción de bienes de alta tecnología y de los que China tiene el 97% de las reservas mundiales o hasta vender parte de sus ingentes de reservas denominadas en dólares, lo que elevaría súbitamente los tipos de interés en EEUU, reduciendo su crecimiento. Pero, en ese caso, EEUU podría contraatacar revocando el visado a los más de 430.000 estudiantes chinos que actualmente están matriculados en universidades norteamericanas (el año pasado ya se restringió la concesión de visados a estudiantes extranjeros, sobre todo para que puedan trabajar y ganar experiencia tras terminar sus estudios). Y así suma y sigue. Entraríamos en una espiral de confrontación que no se sabría dónde terminaría, y que ya se ha bautizado como una segunda guerra fría (que todos desean que se mantenga fría), y que comenzó como una contienda comercial que mutó en guerra tecnológica.

Los europeos, por lo tanto, empezaremos a notar este conflicto geopolítico en nuestros bolsillos, mientras las economías de EEUU y China se van desvinculando (con dolorosos impactos para las cadenas de suministro globales, al igual que sucedería con un Brexit sin acuerdo) mientras avanzamos lentamente hacia un mundo de bloques enfrentados y mucho menos próspero.

De ser así, lo que se estaría abriendo paso con cada vez más fuerza sería el neo imperialismo, por el que tanto EEUU como China utilizarían su poder económico y tecnológico para debilitar al otro, obligando a los demás países a tomar partido y someterse a las normas del imperio al que se adhieran (las amenazas estadounidenses a las empresas europeas que hagan negocios con Irán o Cuba pueden leerse también en clave neo imperialista).

Esto es especialmente peligroso para los países de la UE que, acostumbrados a un mundo de reglas multilaterales que promovía las ganancias mutuas generadas por la apertura económica y disfrutaba del aumento de la prosperidad (a veces mal repartida), creían haber dejado atrás el nacionalismo y el imperialismo. Europa fue protagonista de ambos: los grandes imperios fueron europeos y el nacionalismo los llevó a enfrentarse. Por eso, como explica el historiador Timothy Snyder, la construcción de la UE fue una forma de organización política que superaba el nacionalismo y trazaba un nuevo camino de esperanza para los países europeos que se habían quedado sin imperio. En otras palabras, la integración europea fue una necesidad existencial para los viejos imperios europeos una vez que se enfrentaron en guerras y perdieron sus territorios de ultramar (y con ello sus mercados) con el proceso de descolonización en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial.

Pero la historia no termina como planteaba Francis Fukuyama, sino que se repite (al menos parcialmente), y cada vez parece más claro que el mundo está volviendo rápidamente al juego imperial, donde las reglas globales se olvidan, los nuevos imperios dictan sus normas en sus áreas de influencia y los países pequeños se someten. Y los líderes imperiales, ya sea en EEUU, China o Rusia, no son precisamente admiradores de la democracia liberal que tanto gusta a los europeos. La UE es, a día de hoy y aunque cueste verlo desde dentro, el único lugar del mundo en el que la lógica imperial todavía no se está abriendo camino, y donde la superación del Estado-nación por el proyecto europeo garantiza el Estado de Derecho, la defensa de las minorías y otras muchas cosas. Pero para que esto siga siendo así, tal vez, la Unión se deba empezar a comportar, de puertas afuera, como un imperio; dejando de ser una potencia “herbívora” para convertirse en una “carnívora”.

“La UE es, a día de hoy y aunque cueste verlo desde dentro, el único lugar del mundo en el que la lógica imperial todavía no se está abriendo camino”

Para lograrlo necesitará mayor cohesión interna, confianza y asertividad en su política exterior y una mayor autonomía estratégica en materia de seguridad y defensa. Además, en la medida de lo posible, debe trabajar para preservar (o refundar) todo lo que se pueda del orden liberal basado en reglas que se está desmoronando ante sus ojos. De hecho, a día de hoy, la UE es la única potencia que puede intentar liderar la reforma de la maltrecha Organización Mundial del Comercio en su conjunto. Y otros países, que también quedarían en las periferias de los imperios chino o norteamericano, como Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y los países latinoamericanos, entre otros, estarían encantados de acompañar ese liderazgo europeo para mantener un mundo de reglas y evitar la vuelta de la ley del más fuerte.

Sin embargo, por si el sistema multilateral termina colapsando y el neo imperialismo continúa ganando terreno (algo a día de hoy factible, especialmente si Trump gana las elecciones en 2020), la Unión tiene que prepararse para un mundo de bloques y acuerdos preferenciales cruzados donde las reglas comerciales globales brillen por su ausencia y el derecho internacional sea más la excepción que la regla en las relaciones internacionales. Para ello, tiene que seguir trazando una nutrida red de acuerdos preferenciales donde avance sus intereses comerciales ofensivos, pero también sus valores, desde el respeto a la democracia liberal hasta los derechos humanos y a la sostenibilidad medioambiental.

“(…) hace falta aumentar la legitimidad de los intercambios comerciales, lo que pasa por compensar más y mejor a los perdedores de la liberalización dando contenido al concepto macroniano de “la Europa que protege””

En este nuevo contexto, la política comercial ya no pueda pensarse de forma aislada. Como instrumento de política económica exterior, deberá estar íntimamente vinculada con otras, especialmente la de defensa, la industrial y de innovación tecnológica y la de internacionalización del euro, que requiere como paso previo completar la unión monetaria con una unión bancaria completa, una unión fiscal y eurobonos. Al mismo tiempo, de puertas adentro, y para asegurar que los europeos sigan apoyando la integración económica –que hasta ahora ha formado parte del ADN de la Unión– y se alejen de los postulados nacionalistas que pretenden volver a un Estado nación que en realidad nunca existió (lo que existieron fueron los imperios europeos, y esos ya no volverán), hace falta aumentar la legitimidad de los intercambios comerciales, lo que pasa por compensar más y mejor a los perdedores de la liberalización dando contenido al concepto macroniano de “la Europa que protege”.

Todo ello exigirá a la Unión tener una mayor visión estratégica y seguir construyendo, en palabras del Tratado de Roma, una “Unión cada vez más estrecha”. Si no lo hace, se verá condenada a ser tan sólo una provincia de otro imperio, pero eso seguramente es algo que los europeos no quieren.

Federico Steinberg
Investigador del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @steinbergf

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<![CDATA[ Efectos económicos del Brexit en el Campo de Gibraltar: un modelo econométrico ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari25-2019-galianobastarrica-efectos-economicos-brexit-campo-de-gibraltar-modelo-econometrico 2019-02-26T05:20:37Z

El laberinto político sin precedentes en el que se ha convertido el proceso de salida del Reino Unido de la UE está generando una incertidumbre creciente sobre sus consecuencias económicas, especialmente en aquellas áreas próximas a las fronteras terrestres con el continente europeo: Irlanda del Norte y, en España, el Campo de Gibraltar.

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Versión en inglés: The economic effects of Brexit in the “Campo de Gibraltar”: an econometric approach.

Tema1

El laberinto político sin precedentes en el que se ha convertido el proceso de salida del Reino Unido de la UE está generando una incertidumbre creciente sobre sus consecuencias económicas, especialmente en aquellas áreas próximas a las fronteras terrestres con el continente europeo: Irlanda del Norte y, en España, el Campo de Gibraltar.

Resumen

La proximidad geográfica con el Peñón genera efectos económicos positivos para los habitantes del Campo de Gibraltar gracias al empleo transfronterizo y a los intercambios de mercancías a través de la frontera. Este impulso económico es necesario en una comarca marcada por altos niveles de desempleo. Sin embargo, la continuidad de estos efectos a largo plazo es cada vez más incierta a medida que, ante el bloqueo institucional en el Reino Unido, ambas partes comienzan a prepararse para un más que probable escenario de Brexit sin acuerdo.

En este contexto, el Campo de Gibraltar aparece más marcado que nunca por el fenómeno fronterizo: un Brexit duro o sin acuerdo, donde no se consigan asegurar los flujos de trabajo, capital y mercancías y se aumenten las barreras (tarifarias o no) al tránsito de los mismos generará importantes consecuencias negativas para la economía de la región. Las pérdidas por el Brexit serán inevitables, pero podrán reducirse considerablemente si se consigue una solución respecto a Gibraltar consensuada con los británicos.

Los modelos económicos, como el que se presenta en este análisis, pueden ser una útil herramienta para arrojar algo de luz sobre un fenómeno tan complejo como el Brexit en el contexto territorial del Campo de Gibraltar. Las predicciones se han realizado bajo dos escenarios alternativos que corresponden a un mayor o menor grado de movilidad de factores productivos entre Gibraltar y el Campo y sus resultados se han comparado con un tercer escenario contrafactual, donde el Reino Unido continúa como Estado miembro de la UE. Todas las predicciones apuntan a un resultado común: el Campo de Gibraltar sufrirá efectos económicos considerablemente peores tras el Brexit si éste concluye sin un acuerdo.

Análisis

La salida del Reino Unido de la UE ha generado uno de los debates más profundos de las últimas décadas sobre el futuro del proyecto europeo en todas sus dimensiones. Un debate que crece en complejidad y volatilidad, que en el Reino Unido se alimenta de la división entre los partidarios de la salida en el referéndum de 2016 y de la falta de articulación de una verdadera alternativa,2 con el laborismo de Jeremy Corbyn dividido entre un euroescepticismo borroso y un apoyo tímido y reticente a la celebración de una segunda consulta.

No obstante, lo complejo del debate no debería sorprendernos demasiado: las relaciones entre ambas partes nunca fueron fáciles desde antes del origen de las Comunidades Europeas y pasaron a ser especialmente tortuosas desde la Cumbre de Fontainebleau de 1984, cuando Margaret Thatcher pronunciaba el famoso “I want my money back”e iniciaba una etapa de concesiones y privilegios a los británicos, que de otra manera quizá hubieran decidido desembarcar del proyecto europeo mucho antes de 2016.

Todas estas cuestiones de ámbito europeo se trasladan al orden local en una frontera que separa a Gibraltar de las siete localidades andaluzas que lo rodean: Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, la Línea de la Concepción, Jimena de la Frontera y Tarifa. En estos municipios unos 10.000 trabajadores3 transfronterizos cuyos ingresos repercuten en toda la economía de la comarca dependen de que la frontera continúe abierta para acudir a su lugar de trabajo. Más aún, el tejido empresarial generado por la proximidad geográfica también observa con preocupación el escenario, cada vez más probable, de un Brexit sin acuerdo.

Análisis sectorial: interacciones económicas entre Gibraltar y el Campo

Las economías de Gibraltar y el Campo están estrechamente relacionadas. La proximidad geográfica hace posible un volumen considerable de intercambio de factores productivos entre ambas: alrededor del 18,5% del Producto Interior Bruto de la economía del Campo de Gibraltar en 2013 se explicaba por la interacción con Gibraltar y es considerablemente superior a la que se daba en años anteriores.4 5

Se han identificado dos tipos principales de interacciones entre las economías de Gibraltar y el Campo: empleo transfronterizo e intercambio de mercancías. El primero hace referencia a los trabajadores con empleo en Gibraltar pero residentes en el Campo y el segundo se refiere al gran número de intercambios de mercancías y servicios que se producen entre ambas zonas. El enriquecimiento ha sido recíproco: Gibraltar también se ve beneficiado de la proximidad geográfica y, hasta ahora, de la pertenencia a un proceso de integración.6

El empleo transfronterizo genera aproximadamente el 11% del empleo total en el Campo de Gibraltar7 y éste se concentra principalmente en el sector comercial, la construcción y la hostelería y restauración. Asumiendo que los trabajadores transfronterizos adoptan el mismo patrón de gasto que el resto de trabajadores del Campo de Gibraltar,8 podemos observar que éstos reinvierten sus ganancias derivadas del trabajo principalmente en gastos relacionados con la vivienda, los alimentos, la restauración y el transporte, generando con ello nuevos ciclos de actividad.

En cuanto al intercambio de mercancías, las importaciones de Gibraltar a España9 se centran principalmente en los sectores de la construcción y venta mayorista y minorista,10 que podemos agrupar dentro del sector comercial.

Este análisis sectorial permite constatar que existen sinergias entre empleo transfronterizo e intercambio de mercancías entre el Campo y Gibraltar: los sectores que más pesan en éstas últimas son las que más trabajadores del Campo emplean. Las estructuras productivas de ambas economías se complementan, de ahí la importancia de mantener los flujos de factores sin imponer obstáculos fronterizos.

Análisis teórico: ¿hacia una teoría de la desintegración económica?

El Brexit supone también una oportunidad de revisión para la doctrina económica. Hasta ahora las teorías de la integración han estudiado el acercamiento entre diferentes economías como un proceso gradual y acumulativo: en el caso de la UE, el punto de partida fue una unión aduanera seguida de un (imperfecto) mercado único que culminaría en una todavía incompleta unión económica y monetaria.

En líneas generales, los procesos de integración económica comienzan por una integración negativa, que consiste en eliminar obstáculos al comercio entre los países integrados. A medida que aumenta el grado de integración el proceso suele decantarse hacia una vertiente positiva, caracterizada por la creación de nuevas instituciones que impulsan y vertebran la integración.11 Para que este proceso resulte exitoso son necesarias dos condiciones: unas posiciones económicas y políticas de partida relativamente similares en los países integrados12 y la existencia de un consenso establecido en torno al criterio formal con el que se aborda la integración, que puede variar entre un enfoque intergubernamental o una lógica supranacional.

La UE no cumplía en sus orígenes con ninguna de las condiciones anteriores: no existían simetrías entre los países fundadores y las diferencias sobre la naturaleza supranacional o intergubernamental que el proyecto europeo debía tomar ralentizaron su desarrollo desde el principio, especialmente en el caso del Reino Unido.13 Aun así y pese a las dificultades en el camino, la UE ha contribuido decisivamente a que sus Estados miembros hayan podido conseguir niveles de riqueza inalcanzables de manera aislada.

El Brexit, sin embargo, altera considerablemente las reglas del juego y pone sobre la mesa la necesidad de analizar los costes de volver a levantar las barreras que tantos años costó eliminar. Este nuevo campo en la doctrina ha recibido el nombre de teoría de la desintegración económica y tiene como objeto de estudio la fragmentación de las cadenas de valor en la economía global, fruto del resurgimiento del proteccionismo.14 El modelo presentado utiliza este enfoque al interpretar los resultados.

¿Cómo aplicar este nuevo paradigma al Brexit? Son dos las ideas clave en este punto: en primer lugar, los distintos estudios hechos hasta el momento coinciden en que el Brexit será perjudicial para la economía británica porque creará nuevos obstáculos al comercio, la inmigración y la inversión extranjera. Sin embargo, discrepan en la magnitud y alcance de esos efectos adversos en el largo plazo y señalan a la incertidumbre como uno de los factores más preocupantes en el corto y medio plazo.15

En segundo lugar, la dinámica política del Brexit ha hecho resurgir un incómodo debate entre las posiciones próximas al euroescepticismo, que se resume en una pregunta: ¿es el proyecto europeo compatible con la soberanía nacional de sus Estados miembros? La teoría de la desintegración económica no cuantifica únicamente la factura de la salida del Reino Unido, sino que también nos hace reflexionar sobre la dirección que el proyecto europeo debería tomar,16 preocupación que la Comisión Europea ha tratado de responder en su Libro Blanco sobre el Futuro de Europa.17

Posibles escenarios tras el Brexit

El modelo presentado analiza los efectos económicos del Brexit en el Campo de Gibraltar bajo dos escenarios alternativos, comparando cada uno de ellos con un escenario contrafactual.18

El primer escenario se define por un Brexit blando, donde la UE y el Reino Unido consiguen negociar un acuerdo que reduce considerablemente las barreras no tarifarias, pero mantiene la obligación de fabricar los productos exportados con estándares europeos. El Reino Unido mantiene plena soberanía sobre su control migratorio y fronteras. En el caso de Gibraltar, se mantiene abierta la frontera pero aumentan los costes burocráticos y las barreras no tarifarias con respecto al escenario contrafactual.

En el segundo escenario, en cambio, el Reino Unido no concluye un acuerdo con la UE y negocia su posición comercial en el seno de la Organización Mundial del Comercio vía la cláusula de la nación más favorecida. Aparecerían importantes restricciones al movimiento de personas, bienes, servicios y capitales entre Gibraltar y la comarca circundante, resultando en una importante contracción de la actividad económica.

Por último, en el escenario contrafactual, el Reino Unido continúa siendo miembro de la UE. Disfruta de las cuatro libertades del mercado único y también rinde cuenta de las obligaciones derivadas de él. La actividad económica entre Gibraltar y la comarca circundante se mantiene como hasta ahora.

Predicciones

Las predicciones bajo los escenarios propuestos se han realizado a partir de una base de datos de variables representativas de la economía del Campo de Gibraltar elaborada específicamente para este modelo. Las variables han sido seleccionadas a través de las interacciones detectadas en el análisis sectorial: empleo transfronterizo e intercambio de mercancías. Al no disponer de datos desagregados para el Campo de Gibraltar, ha sido necesario territorializarlos a partir de datos provinciales mediante una clave de distribución basada en el Valor Añadido Bruto, siguiendo la metodología utilizada por el Instituto de Estadística de Andalucía19 en estudios similares.

Las variables estudiadas son las siguientes: ingresos por habitante, número de trabajadores transfronterizos, nivel de empleo, importaciones de Gibraltar a España, PIB de Gibraltar y renta de los hogares en el Campo. A partir de ellas se ha construido una regresión econométrica utilizando la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios ajustada para evitar colinealidad y heterocedasticidad. En la misma, los ingresos por habitante actúan como variable explicada y el resto de variables como regresores. La renta de los hogares del Campo se ha utilizado como variable de control para mejorar la calidad de los resultados, pero no forma parte del análisis en las predicciones.

En la predicción consideramos que los datos obtenidos para la construcción del modelo son representativos del año 2018 y que permiten predecir los valores de éste en el período t+1, que tomaremos como el año 2025. Según los diferentes estudios consultados20 para entonces los efectos iniciales de la incertidumbre generada por el Brexit ya se habrán disipado y sólo quedarán los efectos estructurales, que son los que se desea estudiar. Los resultados se presentan en la Figura 1.

Figura 1. Resultados de la predicción por variables

En la Figura 1 se observa que los resultados de la predicción apuntan a una tendencia negativa para todas las variables, que es más acusada en el escenario pesimista. Este primer resultado apoya nuestra hipótesis de trabajo: los efectos económicos del Brexit en el Campo de Gibraltar serían peores en un escenario donde no se permite en absoluto la libre circulación de factores productivos entre ambas economías (Gibraltar y el Campo) que en uno (escenario optimista) donde sí hay cierta libertad de comercio y movimiento de trabajadores.

En cualquier caso, las cuatro libertades (libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales) sólo se dan en el escenario contrafactual, ya que recordemos que en ambos escenarios (tanto pesimista como optimista) el Reino Unido ha salido de la UE y por tanto también del mercado único. De aquí extraemos un segundo resultado importante: sea cual sea la negociación posterior al Brexit, habrá una serie de efectos económicos negativos derivados de la pérdida de las cuatro libertades del mercado único, las cuales según estos resultados son beneficiosas tanto para Gibraltar como para el Campo. De la dinámica negociadora en los próximos meses, especialmente en lo referente a la gestión de fronteras exteriores terrestres del Reino Unido con el resto de Europa (Irlanda del Norte y Gibraltar),21 dependerá gran parte del resultado final para ambas economías.

En tercer lugar, el modelo también corrobora una segunda hipótesis de trabajo: la riqueza del Campo generada por la proximidad geográfica con Gibraltar parece explicarse a través de dos efectos que se suman: el efecto “empleo” y el efecto “comercio”, que al contraerse debido al Brexit provocan un empobrecimiento de la región. En la Figura 1 también queda patente una mayor vulnerabilidad frente al Brexit de las variables correspondientes al empleo transfronterizo o “efecto empleo” (número de trabajadores transfronterizos y empleo total en el Campo de Gibraltar) que las que representan al intercambio de mercancías o “efecto riqueza” (importaciones de Gibraltar a España y PIB de Gibraltar).

Los ingresos por habitante son la variable más importante del modelo, ya que al ser la variable explicada en la regresión MCO22 su tendencia es representativa del comportamiento individual de todas las demás. Es, por tanto, relevante dedicar un análisis específico a las predicciones ofrecidas por el modelo, en las que observamos caídas del 5% en el escenario optimista y del 8% en el pesimista. Pese a que esta diferencia puede parecer reducida, hay que tener en cuenta que comparando una con otra los ingresos por habitante se resienten 1,6 veces más en el escenario pesimista que en el optimista.

No obstante, cabe preguntarse qué efecto tiene más peso en esta caída de los ingresos por habitante y para ello debemos observar el resto de variables. Todas ellas retroceden en ambos escenarios, pero las caídas no son las mismas en el efecto “empleo” que en el efecto “comercio”: mientras que en el primero ésta se reparte de forma muy similar entre trabajadores transfronterizos y nivel de empleo (ambos siguen tendencias casi idénticas), en el caso del efecto “comercio” son las importaciones las que parecen absorber casi en su totalidad el efecto económico negativo del Brexit en el Campo de Gibraltar. En concreto, para el año 2025 se estima que éstas retrocederían un 11% en el escenario optimista y un 18% en el pesimista, mientras que la caída del PIB de Gibraltar se quedaría en un 2% y un 4%. Obtenemos, por tanto, un resultado adicional: los costes del Brexit se manifestarán principalmente en el flujo de mercancías y también, aunque en menor medida, en los niveles de empleo (de todo tipo, no únicamente transfronterizo) en el Campo de Gibraltar.

Por último, las predicciones nos permiten concluir que el Brexit será perjudicial también para Gibraltar sea cual sea el resultado de las negociaciones. Una caída del 2% del PIB de Gibraltar (escenario optimista) ya sería un dato económico preocupante para el Reino Unido, ya que implicaría una pérdida estimada de 38 millones de libras esterlinas,23 unos 43 millones de euros. No obstante, todavía peor sería una caída de las importaciones de cómo mínimo el 11% (escenario optimista) que supondría, excluyendo las importaciones de productos petrolíferos,24 una pérdida de unos 64 millones de euros en una economía que depende claramente de las importaciones para sobrevivir.

Conclusiones

El modelo económico presentado trata de cuantificar y determinar los efectos económicos del Brexit en el Campo de Gibraltar teniendo en cuenta el estado actual de las negociaciones,25 los nuevos aportes de la teoría de la desintegración económica elaborada por Sampson y otros autores26 y la naturaleza singular de las interacciones entre Gibraltar y el Campo.

Estas interacciones explican la riqueza generada en el Campo de Gibraltar por la proximidad geográfica con Gibraltar a través de los efectos “empleo” y “comercio”. Ambos generan en conjunto efectos positivos sobre la economía del Campo de Gibraltar y se complementan: los sectores con más peso en las importaciones de Gibraltar (excluyendo productos petrolíferos) son precisamente los que más mano de obra de trabajadores transfronterizos demandan.

Precisamente por esta dependencia mutuamente beneficiosa, la salida del Reino Unido de la UE producirá efectos económicos negativos para ambas economías que se manifestarán en forma de mayores costes para la circulación de factores productivos, especialmente en el flujo de mercancías (importaciones de Gibraltar), y también, pero en menor medida, en un descenso de los niveles de empleo local y transfronterizo en el Campo.

Estos efectos económicos negativos permanecerán sea cual sea el resultado de las negociaciones, pero podrán reducirse si se toman medidas efectivas para asegurar la movilidad de factores productivos entre Gibraltar y el Campo. Un cierre de la verja por parte de España o una imposición de restricciones a la entrada en el caso de Gibraltar son medidas que perjudicarían a todos los actores implicados. Es necesario dejar atrás antiguos conflictos y buscar soluciones innovadoras que aseguren los flujos económicos existentes, mutuamente beneficiosos para ambas economías.

Luis Galiano Bastarrica
Universidad de Sevilla, Máster de Estudios Económicos Europeos del Colegio de Europa (Brujas)


1 Este análisis está basado en un Trabajo de Fin de Grado realizado en la Universidad de Sevilla entre los meses de enero y junio de 2018. En él no se recogieron acontecimientos posteriores a abril de ese mismo año. El trabajo fue supervisado por Eva Mª Buitrago Esquinas, profesora titular del Departamento de Economía Aplicada III en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sin su dedicación, compromiso y ayuda no habría sido posible alcanzar los resultados que aquí se presentan.

3 HM Government of Gibraltar (2015a), “Employment survey”.

4 J. Fletcher, Y. Morakabati y K. Male (2015), “An economic impact study and analysis of the economies of Gibraltar and the Campo de Gibraltar, update 2015”, The Gibraltar Chamber of Commerce.

5 Esta cifra no incluye la actividad económica generada por el mercado de productos petrolíferos.

6 HM Government of Gibraltar (2015b), “Abstract of statistics”.

7HM Government of Gibraltar (2015a), op. cit.

8 Instituto de Estadística de Andalucía (2016), “Encuesta de presupuestos familiares”.

9 No se disponía de datos desagregados sobre las importaciones de Gibraltar al Campo.

10 HM Government of Gibraltar (2003), “Input-output study of Gibraltar”, (no se tienen en cuenta los productos financieros).

11 E. Buitrago Esquinas y L. Romero (2013), Economía de la Unión Europea, Ed. Pirámide, Madrid.

12 E. Feás (2017), “Brexit, Cataluña y la teoría de la desintegración económica”.

14 A. Boussie, P. Foley, N. Hill, S. Punhani y G. Zanni (2016), “Brexiting the supply chain”.

15 B. Busch y J. Matthes (2016), “Brexit – the economic impact: a meta-analysis”, IW Report, 10/2016, pp. 1-96.

16 T. Sampson (2017), “Brexit: the economics of international disintegration”, Journal of Economic Perspectives, vol. 31, nº 4, pp. 163-184.

17 Comisión Europea (2017), “Libro Blanco sobre el futuro de Europa”, Comisión Europea, Bruselas.

18 A. Sentence, J. Hawksworth et al. (2016), “Leaving the EU: implications for the UK economy”, PricewaterhouseCoopers LLP, Londres.

19 I. Enrique Regueira (2009), “Estimación municipal del Valor Añadido Bruto en Andalucía”, Documentos de trabajo, nº 1, pp. 1-57.

20 Busch y Matthes (2016), op. cit., pp. 1-96.

21 Pese al distinto estatus territorial de ambos territorios, ambos se enfrentan a desafíos similares respecto al Brexit: salida de la UE evitando mayores costes para sus habitantes. En el caso de Irlanda del Norte, la solución del backstop ya ha encontrado numerosos adversarios en el gobierno británico. La solución en el caso de Gibraltar, pese a haber sido más pacífica hasta la fecha, todavía no puede considerarse completamente solucionada dada la presente inestabilidad institucional británica.

22 En Econometría, MCO hace referencia al método de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios.

23 HM Government of Gibraltar (2017), “National income, 2004/05 – 2016/2017”.

24 HM Government of Gibraltar (2015b), op. cit.

25 En el momento de realización del estudio se tuvieron en cuenta dichas negociaciones hasta abril de 2018, cuando tuvo que cerrarse el período de investigación. El Brexit es un proceso todavía vivo e incierto que requerirá de nuevas investigaciones a medida que el futuro del Reino Unido vaya aclarándose.

26 T. Sampson (2017), op. cit., pp. 163-184.

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<![CDATA[ Sociedad 5.0: el concepto japonés para una sociedad superinteligente ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari10-2019-ortega-sociedad-5-0-concepto-japones-sociedad-superinteligente 2019-01-25T12:59:35Z

Japón ha desarrollado un potente concepto, Sociedad 5.0, como estado ideal hacia el que debe avanzar el país para sacar todo el provecho posible de las transformaciones tecnológicas en curso, de modo a beneficiar al conjunto de los ciudadanos, sin que nadie se quede atrás.

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Tema

Japón ha desarrollado un potente concepto, Sociedad 5.0, como estado ideal hacia el que debe avanzar el país para sacar todo el provecho posible de las transformaciones tecnológicas en curso, de modo a beneficiar al conjunto de los ciudadanos, sin que nadie se quede atrás, y resolver problemas que plantea la evolución de aquel cuerpo social.

Resumen

En los últimos años, Japón ha ido desarrollando un concepto para resolver sus propios problemas (envejecimiento, natalidad y competitividad) y aprovechar los avances tecnológicos para construir un país y un mundo mejor: el de Sociedad 5.0, en la que nadie se quede atrás. Se trata de poner a la persona en el centro de las transformaciones tecnológicas en curso en la 4ª Revolución Industrial, y en este sentido societal va más allá del concepto alemán de Industria 4.0, o del Made in China 2025. Impulsado por el Gobierno y por la federación empresarial Keidanren, carece de organización y de presupuesto, pero alimenta muchas iniciativas como la próxima Estrategia de Inteligencia Artificial y la iniciativa de Industrias Conectadas impulsada por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria. Japón quiere que sea una aportación al mundo, también para favorecer el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible para 2030.

Análisis1

Introducción

En 2015, bajo el impulso del primer ministro Shinzo Abe, el Gobierno japonés, junto a la federación empresarial (patronal) Keidanren, lanzó su concepto de Sociedad 5.0, que posteriormente refinó. Para algunos analistas, como Lorenz Granrath,2 coordinador de innovación en el Instituto Nacional Japonés para Ciencia y Tecnología Industrial Avanzadas, es un concepto más apropiado que el alemán de Industria 4.0 pues pone a la sociedad, y no solo a la industria, en el centro de la revolución tecnológica en curso. El objetivo es lograr una “sociedad superinteligente”, que no deje a nadie atrás. Se trata de un concepto, o de una estrategia, que carece de una organización, no contempla objetivos parciales (benchmarks) cuantitativos, ni un presupuesto concreto.

El concepto alemán tiene su origen en la estrategia de alta tecnología del Gobierno alemán, de 2014, que definía seis campos prioritarios: la economía y sociedad digital; la economía y la energía sostenible; un entorno innovador del trabajo; la vida sana; la movilidad inteligente; y la seguridad civil.

Sociedad 5.0 se llama así porque sus proponentes consideran que ha habido antes cuatro tipos de sociedades: la Sociedad 1.0 de caza y recolección; la Sociedad 2.0, agrícola; la Sociedad 3.0, industrial; y la Sociedad 4.0, de la información (con un número de adelanto respecto a las revoluciones industriales (RI), de las que en la actualidad nos encontramos en la Cuarta).3 Estamos, según esta visión, ahora viviendo la integración sofisticada del ciberespacio (la información) y del espacio físico (el llamado mundo real) que ha de conformar la Sociedad 5.0, centrada en los humanos, en las personas. Si la creación de conocimiento a partir de la información la realizan los humanos en la Sociedad 4.0, en la siguiente fase de la sociedad humana, la harán sobre todo las máquinas, a través de la Inteligencia Artificial (IA), pero al servicio de las personas. Es una idea que se está haciendo muy presente en diversas estrategias nacionales (y europea) en materia de Inteligencia Artificial o de agenda digital.

Figura 1. La nueva Sociedad 5.0
Figura 1. La nueva Sociedad 5.0

La historia del concepto

El concepto de Sociedad 5.0, sobre todo el enfoque societal y el de “sociedad superinteligente”, surgió por primera vez en 2015 en el marco del 5º Plan Básico de Ciencia y Tecnología para 2016-2021,4 y fue impulsado por la Oficina del Gabinete del primer ministro, Shinzo Abe, que la presentó al mundo en la feria CeBIT de Hannover de 2017, y de Keidanren, la Federación Empresarial (patronal) japonesa. Sus orígenes hay que encontrarlos en el contexto de la Iniciativa para la Revolución Robótica en Japón de 2015-2016, una respuesta a lo que se estaba pensando en Europa, especialmente en Alemania con su Industria 4.0, y a la estrategia Made in China 2025 por parte del vecino gigante asiático. Resultaba “esencial para Japón generar una visión de la sociedad que desea crear y adoptar las reformas necesarias para ello”. Es un ejercicio de prospectiva entendido no como una manera de prever el futuro, sino de hacerlo posible. “Consideramos qué tipo de sociedad queremos crear más que tratar de prever el tipo de sociedad que será”, explican los responsables y los documentos oficiales.

El procesamiento de datos masivos (big data) se está volviendo demasiado complejo para que los humanos lo entiendan, pero la Inteligencia Artificial (IA), que se puede ver como una “distribución y mercantilización de capacidades”, puede ayudar. Y en esto, el concepto de Sociedad 5.0 es más rico y pertinente que el de Industria 4.0.

El desarrollo del concepto y la estrategia de la Sociedad 5.0 está impulsado por el Consejo para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Catorce ministerios están implicados en este, especialmente los de Educación; Economía, Comercio e Industria; Sanidad, Trabajo y Bienestar; y Agricultura.

Posteriormente, Sociedad 5.0 se ha situado como elemento central en la Estrategia Integrada de Innovación (aprobada en junio pasado, de 2018 en adelante),5 parte de los planes nacionales “para hacer de Japón el país más innovador”. Pero el desarrollo de la Sociedad 5.0 como tal carece de un marco presupuestario concreto.

Mucho se coordina a través del SIP (Programa Interministerial de Promoción de la Innovación Estratégica), establecido en 2013 y que cuenta con un presupuesto para el año fiscal 2018-19 de 55.500 millones de yenes (433 millones de euros). El objetivo en el 5º Plan era que la inversión pública y privada en I+D fuera de al menos el 4% del PIB (el 1% del PIB, como mínimo, la del Gobierno). Si el crecimiento del PIB se sitúa de promedio en un 3,3% anual, entre 2018 y 2022, la duración del Plan Básico, la inversión gubernamental en I+D podría aproximarse en este período a 26 billones de yenes (unos 210.000 millones de euros). En 2017 el presupuesto público para la IA fue de 77.000 millones de yenes (600 millones de euros) y, para la segunda parte de los SIP (2018-2022), de 150.000 millones de yenes (1.170 millones de euros).

El SIP, en su primer estadio (2014-2018), se ha centrado en 11 desafíos, entre ellos: gestión de infraestructuras, resiliencia ante los desastres naturales, diseño y manufactura innovadora, portadores de energía (bajo carbono, hidrógeno), ciberseguridad, sistemas de conducción autónoma, exploración de recursos oceánicos, electrónica para la energía, materiales estructurales para la innovación, agricultura, bosques y pesca de próxima generación, y tecnología innovadora de combustión.

En su segundo estadio (2018-2022), se centra en 12 desafíos: tecnología con base en el ciberespacio (usando tecnologías de big data y de IA) y en el espacio físico, seguridad (para la creación de una sociedad segura del Internet de las Cosas, IoT), sistemas de conducción autónoma, desarrollo de materiales, tecnología de base cuántica, agricultura y biotecnología, energía y medio ambiente, prevención y gestión de desastres, sanidad y cuidado médico, logística terrestre y marítima, y tecnologías oceánicas.

Funcionarios de la Oficina del Gabinete y otros analistas consideran que Japón dispone de fortalezas en materia de conducción autónoma, desarrollo de nuevos materiales, energía y medio ambiente, prevención de desastres, biotecnología y sanidad. También puede competir internacionalmente en manufactura robótica, atención médica, IoT, analítica de big data, redes, computación de borde (edge computing), sensores, interfaz humana, tecnología de materiales y nanotecnología, y tecnología cuántica. Además, aspiran a construir en tres años plataformas de intercambio de datos entre dominios, de modo que gracias a la IA sea operativas en cinco años. Las mayores debilidades de Japón se refieren al mantenimiento de plantas y la comunicación de datos.

Estrechamente vinculada al concepto de Sociedad 5.0 estará la Estrategia de Inteligencia Artificial en elaboración,6 esperada para abril o mayo de 2019, que también se centrará en el ser humano, incluido un factor que se considera crucial: la formación de recursos humanos, pues en Japón faltan personas capacitadas para utilizar la IA. Hay un déficit en gente formada de cara a esta revolución, un déficit de skills. No hay en Japón suficientes ingenieros para cubrir la demanda, lo que está llevando a dos tipos de políticas. Por una parte, a abrir las posibilidades de inmigración, que estaban muy limitadas, a “trabajadores invitados”, temporales, con buena formación. Por otra a programas de re-formación, re-skilling, de ingenieros. Desde el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) se ha lanzado un programa de capacitación de los actuales ingenieros a la IA.

La sociedad japonesa en su conjunto, indican en el Gabinete del primer ministro, no está estructurada para facilitar el uso de la IA. Se requiere rediseñar o reestructurar la sociedad para ello. Se trataría de establecer objetivos lejanos tipo moonshot (el viaje a la luna) que puedan generar innovación, aunque estos objetivos no han sido aún definidos. También se aspira a construir una plataforma que permita utilizar mejor todos los datos en todos los sectores.

Hay varias razones propias para el lanzamiento de este concepto de Sociedad 5.0, y las estrategias subsiguientes. La primera es el temor de Japón de quedarse atrás en avances importantes de la 4RI. Japón ve que se está quedando rezagado en muchos campos respecto a EEUU y a China. La segunda es la necesidad de digitalización de la pequeña y mediana empresa.

La tercera razón es la propia idiosincrasia de una sociedad japonesa envejecida (para 2050 un 40% de la población tendrá más de 40 años, con un sector más amplio que va a requerir cuidado) y con baja natalidad (1,44 hijos por mujer), en la que falta mano de obra, tanto que se está planteando abrir la mano en su sumamente restrictiva política de inmigración. También preocupa la despoblación de las zonas rurales.

Se trata de disipar los temores sociales ante el impacto de la revolución tecnológica y los propios problemas de la sociedad japonesa. Desde la administración se afirma que hay opiniones encontradas, por ejemplo, sobre el impacto de la IA en el empleo.

Muchos ministerios japoneses han desarrollado sus propios conceptos partiendo del de Sociedad 5.0. Así, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha elaborado el de Industrias Conectadas (“Logros, retos y próximos pasos en la Fabricación con el Internet de las Cosas en Japón”),7 para relacionar la Sociedad 5.0 a los próximos pasos en la manufactura, especialmente a través de nuevos valores creados por distintas conexiones, esencialmente las de cosas con cosas, humanos con máquinas y sistemas/empresas, empresas con empresas, humanos con humanos (diseminación de conocimientos y formación, suministradores con clientes, empresas grandes con pymes, regiones con regiones, campos con digital y distintas formas de colaboración.

¿Qué es la Sociedad 5.0?

El concepto parte del objetivo o deseo de usar la tecnología para crear un futuro mejor. No predice, sino crea. En un horizonte de 10 a 15 años, en que estos desarrollos van a afectar a todos los sectores de la economía y de la sociedad, “La transformación digital –que tiene en su núcleo el Internet de las Cosas, la IA, la robótica y blockchain, junto con los datos– se va a expandir para englobar a todo, a todos y a todo evento”, señala la patronal japonesa. Y va a cambiar las premisas en las que la sociedad se basa.

Una hábil explicación de la Sociedad 5.0 se puede encontrar en el siguiente video divulgativo que muestra cómo las nuevas tecnologías facilitan la vida de una joven colegiala y una anciana en un ámbito rural.

Vídeo: Anuncio del gobierno japonés sobre la Sociedad 5.0 (con subtítulos en inglés)

Una definición oficial de Sociedad 5.0 es la siguiente: “Una sociedad centrada en lo humano que equilibra el progreso económico con la resolución de problemas sociales mediante un sistema que integra de forma avanzada el ciberespacio y el espacio físico”.8

La fusión avanzada del espacio ciber y del físico implica que se van a recolectar todo tipo de datos de sensores instalados en el espacio físico a través del Internet de las Cosas (IoT, en sus siglas en inglés), que se acumularán en el ciberespacio y que serán analizados por una IA que superará las capacidades humanas. Sus resultados serán de nuevo insertados en el espacio físico en robots, coches autónomos o entregas automatizadas. Se generarán así Sistemas Ciberfísicos. Desde un principio se reconoce la necesidad de llegar a un mayor nivel de calidad de la seguridad ante los posibles ciberataques que serán más severos y podrán afectar más gravemente la vida de la gente.

La sociedad superinteligente se caracterizaba ya en 2015 del siguiente modo: “Una sociedad en la que las diversas necesidades de están finamente diferenciadas y satisfechas proporcionando los productos y servicios necesarios en las cantidades requeridas para las personas que los necesitan cuando los necesitan, y en la que todas las personas pueden recibir servicios de alta calidad y vivir una vida cómoda y vigorosa que hace concesiones a sus diversas diferencias, como edad, sexo, región, o idioma”.9 Todo ello a través de la integración de varios sistemas, como la energía, los transportes, la manufactura y los servicios, pero también de funciones de gestión organizativa como los departamentos de personal, contabilidad y jurídicos.

El enfoque de la Sociedad 5.0 una forma de gestionar tres cambios principales: el cambio tecnológico, el cambio económico y geopolítico, y el cambio de mentalidad.10 Para Keidanren, comparada con la Sociedad 4.0, la Sociedad 5.0 se caracteriza por “la solución de problemas, la creación de valor, la diversidad, la descentralización, la resiliencia, y la sostenibilidad y la armonía medioambiental”.

Se espera así impulsar el crecimiento económico y resolver problemas sociales, también a través de la evolución de ciudades inteligentes/superciudades. Los humanos se librarán de varias dificultades. Es decir, progreso en términos de confort, a todas las edades, de vitalidad y de calidad de vida.

Lograrán11 la libertad para perseguir diferentes estilos de vida y contribuciones a la sociedad, con seis “liberaciones”:

  • de centrarse en la eficiencia, con una sociedad en la que se crea valor;
  • de la supresión de la individualidad;
  • de la disparidad;
  • de la ansiedad;
  • y de los límites de recursos y medioambientales.
Figura 2. De la Sociedad 4.0 a la 5.0
De la Sociedad 4.0 a la 5.0 De la Sociedad 4.0 a la 5.0
Fuente: CAO Japan.

Será una sociedad de “la imaginación y la creatividad”, pues en eso los humanos seguirán superando a las máquinas, que permitirán “aumentar” las capacidades de las personas, incluida en materia de sostenibilidad, de inclusión social y otros avances para impulsar la raza humana hacia delante. “La imaginación es clave para moldear el futuro”, señala Keidanren, y tiene a su vez varias formas para cambiar la sociedad.

La estrategia japonesa de IA también recoge “principios sociales”, en línea con los de la Sociedad 5.0: ante todo, como venimos apuntando, debe estar centrada en el ser humano. No sólo debe sustituir, sino también mejorar el trabajo humano, la capacidad y la creatividad (sociedad aumentada o empoderada a través de las máquinas). La educación y la alfabetización y la privacidad: la población necesita ser educada ampliamente sobre la IA y también sobre los derechos individuales de todos a la privacidad en un mundo cada vez más de Gran Hermano, de peligro de vigilancia total. Naturalmente, el Estado debe proteger contra ataques cibernéticos malintencionados y el espionaje. Los últimos principios son la competencia leal, la responsabilidad, la transparencia y el impulso de la innovación.12

Público-privado

Sociedad 5.0 es un buen ejemplo de colaboración público-privada para desarrollar un concepto y una política. El impulso inicial partió el Gobierno, con apoyo inmediato y Keidanren y otros círculos económicos, además de la participación del mundo del académico y en menor medida del sindical. Aún no se ha debatido en el parlamento.

Pero también conceptualmente tiene mucho de relación público-privada a través de los conceptos muy específicamente japoneses de sampo-yoshi (satisfacción de las tres partes que incide en la importancia de negocios enraizados en la sociedad, que deben beneficiar al vendedor, al comprador y a la sociedad) y de mottai-nai (aversión al desperdicio, que recoge el espíritu de simbiosis con la naturaleza).

Además, el factor principal en este cambio, en las reformas necesarias, más que el Gobierno, va a ser la comunidad empresarial, y ver si se puede reformar a sí misma.

La Sociedad 5.0 es un programa civil. Hay que señalar que en Japón, por motivos históricos, todo esto está separado de la investigación que se pueda impulsar desde el Ministerio de Defensa.

Responsables japoneses consideran que entre el modelo de EEUU –esencialmente innovación desde el sector privado, aunque participe también el Pentágono– y el chino –de arriba abajo–, Japón se quiere situar en una situación intermedia, como Europa.

Política para la Sociedad 5.0

El concepto o estrategia no cuenta con objetivos cuantificados que permitan medir los avances (benchmarking). Sí para el caso del control de las medidas del SIP, y se fija un objetivo general de haber mejorado la productividad en un 10% para 2022.

En Keidanren admiten que hay dificultades para que el público entienda este concepto. A veces a la gente en Japón –pese a la aceptación, por ejemplo, de los robots– no le gusta una sociedad orientada a la tecnología. Sus aspectos negativos (sobre todo, en este caso, pérdida de privacidad y mayor desigualdad) generan ansiedad.

Lograr implantar la Sociedad 5.0 no es una cuestión de la industria sola, sino de los ciudadanos, los gobiernos, el mundo académico, etc. Es decir, de toda la sociedad.

La iniciativa japonesa, según Keidanren, señala cinco “muros” a derribar:13

  1. Los Ministerios y Agencias (administración pública), para lo que se necesita una “formulación de estrategias nacionales y la integración del sistema de promoción gubernamental”.
  2. El sistema jurídico, con reformas regulatorias y digitalización administrativa.
  3. Las tecnologías, para formar unos “cimientos de conocimiento”.
  4. Los recursos humanos, con una reforma educativa, alfabetización en tecnologías de la información y especialización en capacitaciones (skills) digitales avanzadas.
  5. La aceptación social, con un consenso social y un examen de las implicaciones sociales y éticas.

Sociedad 5.0 y Agenda 2030

Japón, que considera que otros países se encontrarán pronto con sus mismos problemas, quiere que su concepto Sociedad 5.0 sirva al mundo. “Japón tiene el potencial para causar el cambio más drástico en el mundo” señala un documento de Keidanren ya citado. El Gobierno japonés quiere presentar Sociedad 5.0 en la Cumbre del G20 en Osaka en junio de 2019 y ejercer un liderazgo para lograr un mundo distinto basado en los principios sociales de la IA y de esta idea.

El Gobierno cree que puede también contribuir a la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no a los 17, pero sí a varios de ellos.14 Aunque la patronal Keidanren estima que “la Sociedad 5.0 es un prerrequisito para muchos de los ODS, no es suficiente en sí misma”, pero sí propone esta base para lograr varios de ellos. Ha hecho suyos estos fines en la última revisión de su Carta de Comportamiento Corporativo.15

Figura 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible
Figura 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible
Fuente: Naciones Unidas.

Contempla insistir en el papel de las ciudades y regiones (para los ODS 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 11º, 12º y 13º, por ejemplo con los vehículos autónomos disponibles para los mayores que ya no puede conducir; de la energía, con ciudades inteligentes, (7º, 9º y 13º); la prevención y la mitigación de desastres (3º, 6º, 11º y 13º); el cuidado sanitario (3º), la agricultura y la alimentación (2º, 12º, 14º y 15º); la logística, especialmente con el desarrollo de tecnologías del Internet de las Cosas; la manufactura y los servicios (5º, 8º y 9º); las finanzas (1º, 5º, 8º y 9º); los servicios públicos (1º, 3º, 4º, 10º y 16º); y el 17º, de alianzas o partenariados para lograr estos objetivos.

Conclusiones

El concepto japonés es quizá demasiado vago para ser práctico y carente de objetivos concretos para servir de estrategia, pero tiene la virtud de poner al ciudadano, a la persona y las cuestiones sociales, en el centro de las reflexiones sobre las transformaciones tecnológicas en curso y las estrategias a seguir. Japón va por delante en algunos de los problemas que nos empiezan a afectar a las sociedades europeas, y en particular a la española, como el envejecimiento de la población, la baja natalidad y la despoblación de las áreas rurales. De ahí el interés en conocerlo.

También es una forma de ver las transformaciones tecnológicas no sólo como algo inevitable, sino positivo, si se acompañan de una cierta ingeniería social, que conviene debatir de una manera democrática.

De hecho, la insistencia en poner a la persona en el centro de estas transformaciones está teniendo ya cierto impacto más allá de Japón. Por ejemplo, en la Estrategia de Inteligencia Artificial del Gobierno alemán, una de las últimas en ser aprobadas (el pasado 15 de noviembre).16

Andrés Ortega
Investigador senior asociado del Real Instituto Elcano, donde coordina la participación en el Think20 (T20, la red de centros de investigación del G20) y el Grupo de Trabajo sobre Transformaciones Tecnológicas
| @andresortegak


1 Agradecimientos a la Embajada de España en Tokio, a la Oficina del Gabinete del Primer Ministro de Japón (Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación), a Keidanren y a la VDMA (Federación de Ingeniería Alemana, Oficina de Enlace en Japón) por las informaciones suministradas y las entrevistas con ocasión de un reciente viaje a la capital japonesa.

6 Takuya Hirai, ministro de Estado para Política Científica y Tecnológica (2018), Japan’s AI Strategy, presentación, mimeo.

7 Hiroshi Hasegawa, Principal Deputy Director (2018), Connected Industries. Achievements, Challenges and Next Steps in Japan’s Manufacturing IoT, Industrial Machinery Division, Manufacturing Industry Bureau, METI, 28/II/2018.

8 Cabinet Office (2015), op. cit.

9 Ibid.

10 Keidanren (2018a), op. cit.

11 Ibid.

15 Keidanren (2017), Charter of Corporate Behavior.

16 Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania, The Federal Government’s Artificial Intelligence Strategy.

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