Economía Internacional - Real Instituto Elcano Feeds Elcano Copyright (c), 2002-2018 Fundación Real Instituto Elcano Lotus Web Content Management <![CDATA[ Elementos de discusión para una reforma de la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt4-2021-martinezmongay-feas-otero-steinberg-elementos-discusion-para-reforma-de-gobernanza-de-union-economica-y-monetaria 2021-03-26T11:40:49Z

El presente documento plantea una serie de cuestiones para el debate sobre la reforma de la UEM, incluyendo la Unión Bancaria, la Unión de los Mercados de Capitales, el Semestre Europeo y la Unión Política.

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Resumen

La adopción del Next Generation EU (NGEU) podría representar un cambio sustancial en el proceso de integración europea, y en especial en la reforma de la Unión Económica y Monetaria (UEM), incluyendo las uniones financiera, fiscal y política. El NGEU forma parte de la respuesta de la UE al COVID-19, un shock no económico y global, cuyos efectos económicos son asimétricos. Mientras que algunos Estados miembros, como Alemania, podrían recuperar los niveles de actividad pre-COVID en 2021, otros no lo harían hasta entrado 2023. En algunos países, los niveles de deuda pública han llegado a máximos históricos, los déficit se han situado muy por encima del 3% del PIB y las cuentas públicas están estructuralmente muy desequilibradas. En estas condiciones, el cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) llevaría a una contracción económica profunda y prolongada en la Unión. No es de extrañar, pues, que el debate en la UE se centre especialmente en la reforma de las reglas fiscales. Sin embargo, los diferentes elementos de la gobernanza de la UEM están íntimamente relacionados y toda propuesta de reforma parcial debería enmarcarse en un proyecto global de reforma de la UEM. El presente documento plantea una serie de cuestiones para el debate sobre la reforma de la UEM, incluyendo la Unión Bancaria, la Unión de los Mercados de Capitales, el Semestre Europeo y la Unión Política. El objetivo es estimular la reflexión de expertos españoles a fin de preparar propuestas consensuadas para la reforma de la gobernanza económica de la Unión, en especial el PEC.

Índice

Resumen – 3
Elementos de discusión para una reforma de la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria – 3
1.Un shock global, pero asimétrico – 4
2. La reacción de la UE y el Next Generation EU – 5
3. Cómo profundizar en la Unión Económica y Monetaria – 8
3.1. Profundizar en el mercado único – 9
3.2. Completar la Unión Bancaria y la Unión de Mercados de Capitales – 10
3.3. Unión Fiscal: reglas versus autoridad –11
3.4. Las reglas fiscales y sus propuestas de reforma –12
a. Estándares fiscales –14
b. Indicadores observables –15
c. Gasto estructural primario –15
d. La regla de oro –16
e. La regla de deuda –16
f. División de funciones –17
g. Revisión de utilidad de las reglas fiscales – 17
3.5. La creación de una Capacidad Fiscal Central – 18
3.6. La función del MEDE – 20
3.7. El Semestre Europeo –21
3.8. Marco institucional: el Eurogrupo –22
4. Avanzar en la Unión Política –23

Elementos de discusión para una reforma de la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria.

Las medidas económicas –fiscales, monetarias y regulatorias– adoptadas en la UE para mitigar los efectos del COVID-19 podrían representar un cambio de momento, cuando no de paradigma, en el proceso de integración europea.

El presente documento de trabajo pretende plantear una serie de cuestiones para orientar la reflexión de un grupo de expertos españoles a fin de preparar propuestas consensuadas para el diseño de la gobernanza económica de la Unión Económica y Monetaria (UEM) post-COVID-19. Los elementos que se consideran en este trabajo para identificar una serie muy abierta de temas para el debate se enmarcan, por un lado, en la naturaleza de esta crisis y en cómo interactúa con aspectos estructurales de las economías de los Estados miembros y, por otro, en la respuesta económica, política e institucional de la Unión, en particular, pero no sólo, el llamado Next Generation EU (NGEU). El tipo de propuestas que podrían hacerse depende de forma fundamental de hasta qué punto esta respuesta representa un cambio profundo en el consenso sobre el futuro de la Unión (el así llamado “momento Hamiltoniano”), que podría llevar a un salto cualitativo en el proceso de integración europea –una transformación significativa de la arquitectura institucional de la Unión–, o tan sólo representa un cambio puntual en el momento político de la UE, que permitiría al menos salvar algunos de los escollos existentes para un mejor funcionamiento de la arquitectura actual pero que se plasmará en pequeños cambios graduales hacia una mayor y mejor integración.

Carlos Martínez Mongay
Economista

Con la colaboración de:

Enrique Feás
Investigador principal del Real Instituto Elcano
| @EnriqueFeas

Miguel Otero Iglesias
Investigador principal del Real Instituto Elcano |
@miotei

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano |
@Steinbergf

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<![CDATA[ España en el mundo en 2021: perspectivas y desafíos ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-espana-en-mundo-2021-perspectivas-desafios 2021-02-25T12:20:50Z

Novena edición del trabajo colectivo que elabora anualmente el Real Instituto Elcano para analizar la posición internacional de España durante 202, cuya coyuntura viene lógicamente marcada por la pandemia del COVID-19, y hacer balance de lo ocurrido durante el anterior.

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Ver también:

Resumen

Ésta es la novena edición del trabajo que elabora el equipo de investigadores del Real Instituto Elcano para analizar los principales rasgos del escenario internacional en el nuevo año y los desafíos a los que debe enfrentarse España durante 2021. La coyuntura viene lógicamente marcada por la pandemia y el análisis se centra en cómo su impacto afectará en los próximos meses a la posición internacional del país, a la Unión Europea (UE) y al resto del mundo. El documento arranca con un panorama general de la política exterior española donde destaca el propósito del Gobierno de impulsar, en un contexto de crisis sanitaria y económica y de fuerte polarización política interna, una nueva Estrategia de Acción Exterior. En esta primera sección también se analizan las cuestiones relativas a la presencia global de España, la gestión de la imagen del país y la diplomacia cultural.

A continuación, se examinan los efectos sobre España de las perspectivas económicas mundiales en sus distintas facetas (estímulos fiscales, estabilidad financiera, comercio, energía, demografía y dinámicas migratorias) y las principales amenazas a la seguridad. Esa dimensión está marcada por la rivalidad geopolítica dominante entre Estados Unidos (EEUU) y China, que entra en una nueva etapa por la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, e incluye el tratamiento de las cuestiones de defensa y del terrorismo yihadista. La tercera sección analiza el papel de España en los asuntos globales y en los foros de gobernanza multilateral, donde este año adquiere singular importancia la gestión de la salud pública y la transformación tecnológica, mientras la Agenda 2030 sirve de marco para articular los contenidos relativos a la cooperación al desarrollo, la acción climática, la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género. En cuarto lugar, se examina el momento actual de la UE y sus esfuerzos para dar respuesta a la crisis junto a otros asuntos como la Conferencia sobre el futuro de Europa, la nueva relación con el Reino Unido o la rivalidad con Rusia. El documento realiza finalmente un repaso a los desafíos de la acción exterior española en los diferentes espacios regionales: EEUU, América Latina, Magreb y Oriente Medio, África Subsahariana y Asia–Pacífico, para cerrar con unas conclusiones.

Contenidos

Presentación: ¿qué podemos esperar de 2021?

  1. La acción exterior entre la pandemia y la renovación estratégica
  2. Perspectivas económicas y de seguridad
  3. España y los desafíos globales
  4. España y los desafíos europeos
  5. España y los desafíos regionales

Conclusiones

Presentación: ¿qué podemos esperar de 2021?

Por noveno año consecutivo, el Real Instituto Elcano publica un documento que examina las perspectivas y desafíos internacionales del nuevo año desde un enfoque español. Aunque estas palabras de presentación siempre han tenido un contenido institucional dominante, me ha gustado añadir también una breve reflexión de fondo sobre el año y de ahí la apostilla “¿qué podemos esperar?” que invariablemente he introducido en estas casi 10 ediciones de la serie. La cuestión es que, en 2021, más que esperar, desesperamos, y lo que hacemos es ansiar que termine la espera. Pocos sentimientos más nítidos y compartidos literalmente por todo el mundo que ese anhelo de recuperar cuanto antes la situación de relativa normalidad que la pandemia nos ha arrebatado. De volver, simplemente, a la situación de hace justo un año.

No obstante, y para demostrar que las sensaciones de desazón son siempre relativas, recuerdo que antes incluso de que el coronavirus fuese una noticia secundaria que los corresponsales de prensa en China mencionaban en la sección de internacional de periódicos o telediarios, ya pensábamos que vivíamos malos tiempos. En mi felicitación navideña que precedió al malhadado 2020, decía que todo a nuestro alrededor parecía desmoronarse. Quién podía pensar que las dos grandes democracias del mundo, el Reino Unido y EEUU, a las que he admirado siempre, estarían en la deplorable situación del Brexit o de una presidencia de Trump que parecía no tener fin. Que Francia ardía casi cada semana, que Italia no sabíamos por dónde caminaba, que América Latina se arrastraba desde el Rio Grande a la Patagonia entre revueltas populares y Estados fallidos, o casi. Y que aquí en casa, cuando creíamos por fin haber normalizado España (otro país europeo más, una democracia aburrida, como debe ser), resulta que sí, que éramos otro país europeo más, pero con todos sus problemas y pocas de sus soluciones. Europa no es ya la solución de nuestros problemas, como vaticinó Ortega, sino una más de nuestras cuitas.

A veces digo que el futuro no es lo que era, pero, como se ve, resulta que el pasado tampoco. Idealizamos la situación de hace tan solo 365 días, que no era en absoluto envidiable, y tal vez tendemos a exagerar los males presentes, sin reparar quizá en sus lados esperanzadores. Ya he advertido otros años en esta sección sobre esa tendencia a fijarnos solo en los aspectos negativos de la realidad mundial y no apreciar los avances o el simple transcurrir sin graves sobresaltos. Es un efecto del sesgo de los medios de comunicación. Good news is no news, las buenas noticias no venden aunque, como señalaba el viejo Hegel, los períodos felices de la humanidad carecen de historia, en ellos no pasa gran cosa. Justo al contrario de lo que ahora nos ocurre, anegados de noticias, usualmente no buenas. Una pequeña anécdota personal: cuando me llegan las noticias sobre España de la prensa extranjera, que elabora a diario el Real Instituto Elcano, casi las valoro al peso. Mucho peso, mucho papel, mala cosa.

Por supuesto que, para todas aquellas tragedias que ha supuesto la enfermedad, ese mal de muchos no es consuelo, y resulta casi frívolo querer sugerir tal cosa. No lo estoy haciendo. Sin duda, el COVID–19 quedará en nuestra memoria para siempre como un azote que nos arrebató muchas vidas, generó mucho dolor (todavía por estallar), agotó a sanitarios y servidores públicos, arruinó negocios, dificultó la educación e impidió a todos disfrutar de muchos abrazos. Pero sí quiero decir que, como analistas, siempre hay que sobreponerse a esa tentación (tan alimentada por las redes sociales) de explotar el miedo.

Ahora tenemos perspectiva para valorar que, sin perjuicio de los graves problemas que existían, tampoco estábamos tan terriblemente mal hace un año. Y estoy seguro de que pronto valoraremos también las luces que se encendieron mientras padecíamos la sombra generalizada de muertes, urgencias hospitalarias abarrotadas y confinamiento. Podemos fijarnos en la enorme vulnerabilidad que 2020 nos ha mostrado, pero también en el hecho de que la humanidad entera haya tomado conciencia de que se enfrentaba a una misma experiencia y que debía responder unida (algo que ni siquiera puede predicarse del otro gran desafío global que es el cambio climático). Y, entre otras alegrías que matizan la calamidad, hemos asistido al espectacular desarrollo tecnocientífico de la vacuna, celebrado el paso adelante en la integración europea y el final del Brexit y, sobre todo, respirado aliviados por el relevo en la Casa Blanca. Aquí en casa, aunque no puedo evitar la preocupación por un panorama tan polarizado y esa duradera tormenta perfecta de crisis económica, política y territorial, la calidad del sistema democrático inaugurado en 1978 encaja golpes, fuertes, pero resiste, pese a quien pese. Y nuestra política exterior, aunque también sufre por un contexto doméstico muy delicado, no se desvía de los parámetros estratégicos euroatlánticos.

Pues bien, nuestra voluntad con esta publicación es, una vez más, hacer esa mirada ponderada. Advertir peligros y debilidades. Pero también apuntar avances y fortalezas. Y, al mismo tiempo que se hace un repaso a los grandes temas del contexto internacional y europeo en el momento actual o que se explora cierta prospectiva sobre cómo evolucionará la agenda en el horizonte inmediato, introducir una mirada específicamente española. Dónde se coloca nuestro país en cada uno de los ejes temáticos y geográficos que examinamos; y qué es lo que podría hacerse para defender mejor, a corto, pero también a medio–largo plazo, nuestros intereses y valores. El equipo completo de investigadores, desde el campo de especialización de cada uno, bajo la coordinación de Ignacio Molina, pero conformando un producto coral, analiza todo eso de modo simultáneo y con el máximo rigor posible.

Un enfoque riguroso que es ya marca del Real Instituto Elcano y que no deja de proporcionar satisfacciones, incluso en un año tan complicado donde la mayor parte de nuestras actividades tuvieron que realizarse de modo virtual, sin que, por cierto, eso impidiese la visita presencial de SSMM los Reyes a final de mayo a la sede del Instituto, justo cuando acababa el estado de alarma, para analizar con expertos internacionales la situación de la pandemia en el mundo. Ahora que se van a cumplir 20 años desde nuestra fundación, es imposible no agradecer ese apoyo activo de quien durante todo este tiempo ha sido y es nuestro presidente de honor, primero como Príncipe de Asturias y luego como Rey Felipe VI. Un apoyo que tratamos de corresponder trabajando a favor de los intereses y valores de España en el mundo. Reflexionando con rigor e independencia intelectuales sobre los cambios que se están produciendo en el orden internacional, en el proceso de integración europea y en el papel que nuestro país puede y debe desempeñar en ambos.

El teletrabajo ha potenciado nuestra productividad con numerosas publicaciones y un sinfín de actos virtuales. La audiencia de nuestra producción ha aumentado significativamente. Las visitas a la web se han incrementado hasta superar los dos millones en 2020. Y las menciones en medios de comunicación se han casi duplicado hasta llegar a más de 4.000, destacando especialmente la presencia en medios de comunicación internacionales (casi la mitad de las totales). Además, 2020 nos ha traído la gran satisfacción de saber que el Real Instituto Elcano ha ascendido, al menos en lo que se refiere a reputación entre sus pares, al segundo puesto de think-tanks de Europa Occidental y al 11º del mundo de los dedicados a Política Exterior y Relaciones Internacionales, según el 2020 Global Go To Think Tanks Index (GGTTI) que elabora cada año la Universidad de Pensilvania. Un reconocimiento que debe servir como acicate e incentivo. No es verdad, y lo sabemos: no somos mejores que Chatham House o la alemana SWP, pero quizá podemos hacer que este vaticinio acabe siendo una profecía autocumplida.

Pero no nos paramos en los éxitos logrados. De cara a 2021, nuestro Plan de Actuación es más nutrido que nunca y está lógicamente marcado por el COVID–19 y el análisis de cómo afectará al devenir de nuestro país, de la UE y del resto del mundo. Abordaremos de manera prioritaria y transversal los esfuerzos que se deberán realizar desde España para aprovechar los recursos e iniciativas impulsados desde el ámbito europeo en respuesta a la crisis, y que ofrecen una oportunidad única para acelerar (y reorientar, al menos en algunos ámbitos) la imprescindible modernización económica, social e institucional de nuestro país. Este reto otorga mayor sentido, si cabe, al trabajo que ya veníamos impulsando sobre el ecosistema de influencia de España en la UE desde nuestra Oficina de Bruselas, que nos está permitiendo comprender mejor cómo se pueden moldear algunas de las grandes políticas europeas, como son las tecnológicas e industriales, o las centradas en la energía y el cambio climático, sin olvidar las que han adquirido un renovado protagonismo a raíz de la crisis, como las dedicadas a la dimensión social del proyecto europeo, las migraciones, la sanidad o la cooperación al desarrollo.

Por otro lado, seguiremos estudiando el papel que la UE puede desempeñar en el escenario internacional. La pandemia ha recrudecido la rivalidad entre EEUU y China, por lo que resulta obligado analizar el posicionamiento de la UE ante dicho fenómeno, sobre todo a la luz de la llegada de Joe Biden a la presidencia estadounidense que permite pensar en una relación transatlántica más equilibrada. A su vez, ello podría influir en el debate actualmente en curso sobre el futuro de la OTAN, al que también prestaremos atención. Y a las consecuencias de la rivalidad geopolítica entre Washington y Pekín para la relación de la Unión y sus Estados miembros con las distintas regiones relevantes para España, como América Latina, el Magreb, Asia–Pacífico y África Subsahariana (españoles por favor, volvamos a mirar al sur de una vez). A nivel global, la pandemia parece también haber acelerado algunas de las grandes tendencias que ya veníamos examinando, como la digitalización, la desinformación, el proteccionismo, las debilidades de la gobernanza multilateral y la dualización de nuestras sociedades (globalizados versus territorializados) generando mayor desigualdad e incluso pobreza absoluta.

Por supuesto, la crisis sanitaria, económica y geopolítica derivada del virus no puede hacernos perder de vista otras temáticas importantes no directamente relacionadas, como el terrorismo yihadista, la agresividad de Rusia o el Brexit. Por último, cabe mencionar que inauguraremos una nueva línea de trabajo sobre el papel de las ciudades globales, como Madrid o Barcelona, en el orden internacional, aprovechando la reciente incorporación del Ayuntamiento de Madrid a nuestro Patronato. Seguimos cansinamente pensando el mundo como un orden de Estados (eso nos dicen las estadísticas), como si fueran mónadas auto–subsistentes, cuando la globalización muestra que la estructura profunda del mundo –el verdadero deep state– es un orden de flujos societarios entre grandes (ya inmensas y crecientes) áreas metropolitanas. El mundo futuro, al menos su infraestructura, puede que sea más de las áreas metropolitanas que de los Estados.

Antes de terminar, no puedo obviar una nota personal porque estas palabras, que son de presentación, también tienen que servir de despedida. Son las últimas en mi calidad de presidente y quiero aprovechar para expresar mi satisfacción y gratitud a toda la comunidad que conforma el Real Instituto Elcano por estos nueve años. Al Patronato y su Comisión Ejecutiva, a los miembros del Consejo Científico, al vicepresidente y al director, y por supuesto a todo el equipo humano que ha hecho posible tanto logro. Creo poder afirmar que el Instituto está hoy consolidado. En la parte investigadora, lo demuestra la ambición de los proyectos, el impresionante y creciente número de publicaciones, el plantel de brillantes investigadores (que es multidisciplinar y roza la igualdad de género), las numerosas actividades desarrolladas, o los 24 Grupos de Trabajo que funcionan en la actualidad (integrados por un conjunto de 800 especialistas). En la parte institucional, destaca un Manual de Transparencia y Buenas Prácticas cuyos contenidos se respetan, una participación en las más importantes redes internacionales de think-tanks, o una financiación sólida y diversificada (17% de patronos públicos, 66% de privados y un 17% de otras fuentes, incluyendo proyectos competitivos) que nos otorga estabilidad y autonomía. Pero todavía queda mucho margen para la mejora y estoy seguro de que el nuevo presidente, José Juan Ruiz, liderará nuevos progresos. Desde aquí le deseo la mejor de las suertes y mi total colaboración desde el Patronato.

Y les dejo ya con la lectura del trabajo. Verán que en 2021 el protagonismo seguirá siendo de la pandemia o, más rigurosamente, de su impacto. Hace unos meses reflexionaba sobre las consecuencias duraderas que tendrá, no sólo en el ámbito sanitario o económico sino también en el social y político. Y expresaba mi temor de que ahora se impusiera el instinto de buscar refugio en lo conocido, en la tribu, la nación, la religión, las comunidades “naturales”, para intentar blindarse, en paradójica negación de la indiscutible experiencia cosmopolita que se ha vivido. Pues sociedad tras sociedad, y ante el miedo y la incertidumbre hemos buscado refugio envolviéndonos como caracoles asustados en una doble concha institucional: las familias y los hogares, de una parte y, sobre todo, los Estados, que salen enormemente fortalecidos de la pandemia.

En las relaciones internacionales ya hemos asistido a algo de eso y ni siquiera el área Schengen ha resistido el cierre de fronteras. A corto plazo, a pesar del esfuerzo contra la enfermedad que ha compartido toda la humanidad, no ha avanzado el multilateralismo y ni siquiera la globalización, sino que más bien se han reforzado fronteras y Estados. La pandemia primero, y la crisis económica después, están generando una poderosa re–estatalizacion, justo cuando, a consecuencia de la globalización, parecían estar perdiendo protagonismo, y que está siendo aprovechada por los malos para una verdadero “asalto a la democracia”, como ha denunciado Freedom House en su informe La democracia confinada.

No tenemos aún perspectiva para saber si esa tendencia de regreso al pasado, a una Westfalia global, y al particularismo se confirmará. Si a partir de ahora tendremos más populismos, nacionalismos y conflictividad, o si la gobernanza europea y global saldrá vencedora. Sólo tengo la certeza de que España debe recobrar la mirada que la sacó del ensimismamiento y la lanzó a los 40 años mejores de nuestra historia tras la Constitución de 1978. De una parte, mirar afuera, al mundo, a Europa y más allá (al sur), abandonando tentaciones endogámicas y particularistas. Y de otra, mirar más al futuro que al pasado, para abordar los problemas de nuestros hijos y nietos antes de las querellas de los abuelos. Pues, de momento, les dejamos a los jóvenes una terrible herencia de duda pública.

Pero aunque todo puede empeorar indefinidamente, y a veces ocurre, no tiene por qué ser así. Es más, depende de nosotros evitarlo.

Emilio Lamo de Espinosa
Presidente del Real Instituto Elcano
| @EmilioLamo

Conclusiones

Pocos años han suscitado tantas esperanzas como el que empezamos hace unas semanas. 2020 se ha instalado ya en el imaginario colectivo como una cifra maldita y hay ganas de superarlo, aunque es obvio que un pésimo balance anual en absoluto garantiza que el siguiente ejercicio vaya a ser mejor. Los historiadores podemos dar cuenta de muchos casos de expectativas frustradas en el pasado y, por tanto, sabemos bien que los acontecimientos no se detienen ni transforman por el mero hecho de haber cambiado de almanaque en la pared. Cuando acababa 1914 y los europeos pensaban en el año tan desagradable que dejaban atrás, tras la decisión alemana de romper las hostilidades atacando rápidamente a Francia en verano para golpear luego a Rusia, todos imaginaban que la tragedia sería corta (como tantas otras que habían ocurrido en el viejo continente durante el siglo XIX) y deseaban superar cuanto antes el conflicto con no demasiadas muertes y los consabidos reequilibrios diplomáticos. Pero la “guerra de movimientos” fracasó y al arrancar 1915 todavía quedaban casi cuatro años más de pesadilla en las trincheras y de ampliación del número de beligerantes por prácticamente todo el mundo. Es más, como bien sabemos, a la desdicha de la Gran Guerra se le sumó una mortífera pandemia (infaustamente conocida como “Gripe Española”) que duró de marzo de 1918 a abril de 1920, y dejó casi 50 millones de muertes adicionales.

No conviene, pues, pecar de optimistas, aunque tampoco hay que caer en el pesimismo que podría dejar traslucir el párrafo anterior y creer que estamos condenados a un período largo de desgracias como las que vivieron nuestros antepasados hace un siglo. El comienzo de un nuevo año no conlleva ninguna magia sanadora, pero sí es momento oportuno para hacer un balance reposado del anterior, un análisis equilibrado de dónde estamos y una proyección razonada de lo que nos espera a partir de ahora. No sirve para conjurar los males, pero sí permite prepararse para el inmediato futuro, deslizando junto al análisis objetivo de los hechos algunos elementos prescriptivos que permitan mejorar la capacidad de respuesta. Contribuir a ello es el objetivo de este ejercicio. Solo intentarlo, en momentos tan complicados de desazón, ya hace que valga la pena. Un ejercicio de coyuntura y prospectiva sobre la acción exterior de España que venimos desarrollando desde hace casi 10 años con un elevado grado de acierto en las predicciones.

Es verdad que decimos eso con mucha cautela porque los pronósticos son siempre arriesgados y hay que tener la modestia para reconocer que, si la edición del año pasado se hubiese publicado en febrero en vez de en marzo, habríamos sido incapaces de adivinar el extraordinario y terrible impacto del coronavirus en lo que quedaba de año. Baste recordar que en enero de 2020 se aventuraba un año tranquilo, de tregua olímpica y relativa bonanza económica global. Había razones para esperar que las relaciones EEUU-China disfrutasen una distensión temporal, que la nueva legislatura en la UE alcanzase con cierta calma su velocidad de crucero tras resolver el Brexit, y que nuestra diplomacia pudiera aprovechar el tiempo perdido después de un 2019 con el Gobierno en funciones. La realidad fue la contraria: un desplome brutal de la prosperidad mundial, un deterioro generalizado del multilateralismo en la gobernanza de la salud, los intercambios comerciales, los flujos migratorios o la convivencia cultural (incluyendo el simbólico aplazamiento de los Juegos de Tokio), una exacerbación de las tensiones Washington-Pekín, ni un instante de tranquilidad para las instituciones europeas y una acción exterior española sometida de modo súbito a enormes desafíos: fronteras, turismo, acción consular, reputación y la crucial negociación en Bruselas de un plan de recuperación.

No obstante, me alegra constatar que, una vez que el COVID–19 apareció en nuestras vidas, el equipo Elcano fue capaz de apuntar muy rápidamente a unos escenarios que requieren poca enmienda once meses después. Y todavía es más grato recalcar que los escenarios que entonces dibujábamos no sucumbían al catastrofismo y señalaban algunos desarrollos positivos que podría traer la pandemia y que se han confirmado. Merece citarse la previsión de que la enfermedad podría ayudar a tomar más conciencia de nuestra fragilidad y facilitar consensos en la acción climática y otros aspectos de la Agenda 2030, incluyendo por supuesto los necesarios esfuerzos sanitarios compartidos. También se auguraba un paso adelante en el proceso de integración que se ha producido tanto ad intra, con esa apuesta ambiciosa por el fondo Next Generation EU, como externamente, tomando por fin en serio el debate sobre la autonomía estratégica en el terreno tecnológico, industrial y de la seguridad. Y en esta misma sección de conclusiones se acariciaba la derrota electoral de Donald Trump evocando a un posible nuevo presidente que volviera a querer proyectar a EEUU como a city upon a Hill, y a ser respetado por sus aliados como antaño.

Este es un producto coral que, sobre todo, pretende asociar los acontecimientos europeos y mundiales con la posición de España. Con la doble necesidad de conectar mejor lo externo con los desarrollos domésticos y de proyectar más nuestro país hacia fuera. Como dijimos hace un año, la urgencia de derrotar la pandemia no debe hacer perder de vista que nuestro país también tiene la obligación de comparecer en los debates y procesos de decisión sobre la globalización, la UE y las demás regiones que nos importan, empezando por América Latina y el norte de África. Y que hace falta abordar con rigor la necesidad de mejorar la capacidad española para moldear las relaciones internacionales y el futuro de Europa de acuerdo con nuestros intereses nacionales y los valores mayoritariamente compartidos. En ese sentido, es satisfactorio observar que, pese a las terribles exigencias del corto plazo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acaba de renovar la programación estratégica de la acción exterior.

Desde su autonomía intelectual, el Real Instituto Elcano procura contribuir a hacer posible una España más internacionalizada y un mundo más español. Cumplimos ahora 20 años en ese empeño, que además coinciden, como recordaba hace poco nuestro presidente de honor, SM el Rey, en su reciente recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España, con el quinto centenario de la gesta de Juan Sebastián Elcano surcando los océanos de los cinco continentes. Números redondos para las efemérides que, ya que no está el contexto para celebraciones festivas, sí deben al menos servir para conmemorar que la trayectoria navegando por el mundo ya es larga. En el caso del Instituto, este año no puedo evitar una mención al presidente saliente, Emilio Lamo de Espinosa, que contribuyó a fundarlo como primer director y entre otras muchas aportaciones, lanzó esta serie anual.

Comienza ahora una nueva etapa donde solo cabe renovar nuestro compromiso de seguir contribuyendo (con análisis, valoraciones y recomendaciones) a una conversación colectiva y enriquecedora. Con el Gobierno, pero también con el conjunto de las fuerzas políticas representadas en las Cortes, con las empresas del patronato y con los demás actores sociales, con el mundo académico y, por supuesto, con el conjunto de la ciudadanía individual. Queremos ayudar a estar mejor informados y preparados para nuevos retos. Si son oportunidades, para aprovecharlas, y si son otros infortunios, para superarlos cuanto antes. Al fin y al cabo, en la Primera Guerra Mundial ganó quien fue más capaz de resistir.

Charles Powell
Director del Real Instituto Elcano
| @CharlesTPowell

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<![CDATA[ La economía mundial ante 2021 ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari11-20201-martinez-otero-steinberg-la-economia-mundial-ante-2021 2021-01-26T04:03:29Z

Con el descubrimiento y la distribución de la vacuna contra el COVID-19, la economía mundial debería experimentar un rebote de la actividad en 2021, pero existen numerosos factores de riesgo que podrían deteriorar dicho escenario.

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Tema

Con el descubrimiento y la distribución de la vacuna contra el COVID-19, la economía mundial debería experimentar un rebote de la actividad en 2021. Sin embargo, existen numerosos factores de riesgo que podrían deteriorar dicho escenario.

Resumen

Los confinamientos y restricciones sociales derivados de la pandemia provocaron en 2020 una caída sin precedentes del PIB mundial del 3,5%, con caídas más acusadas en el conjunto de las economías avanzadas que en el de las emergentes. Con el descubrimiento e inicio de la distribución de diversas vacunas la previsión es que la actividad económica global rebote con fuerza –por encima del 5%– en 2021, si bien la recuperación será muy asimétrica y estará plagada de incertidumbre. Mientras en China se espera que sea muy notable, en la mayoría de los países desarrollados será más moderada, y en varias de las potencias emergentes más importantes será débil.

No obstante, y a pesar de acontecimientos favorables a la estabilidad como son la proliferación de políticas keynesianas, el cambio de presidencia en EEUU y el acuerdo para un Brexitordenado , en un contexto tan voluble como el actual siguen vislumbrándose en el horizonte potenciales riesgos e incertidumbres de distinta naturaleza que podrían amenazar las previsiones de recuperación.

Análisis

La pandemia del COVID-19 iniciada a comienzos de 2020 está suponiendo el mayor fenómeno disruptivo de la economía global desde el final la Segunda Guerra Mundial. Y si bien la aparición y rápida aplicación de diversas vacunas permite vislumbrar un horizonte en el que el final de las restricciones a la movilidad reactive la actividad a lo largo de 2021, todavía existe una enorme incertidumbre al respecto. Por un lado, resulta difícil anticipar si el esperado rebote que tendrá lugar este año en caso de que la situación evolucione favorablemente permitirá compensar buena parte de lo perdido en 2020 antes de que se produzca un deterioro del sistema productivo que reduzca el potencial de crecimiento a medio plazo. Por otra parte, existen numerosos riesgos de índole sanitaria, medioambiental, socioeconómica y geopolítica, que en caso de materializarse durante los próximos meses podrían debilitar dicha recuperación. Y, en todo caso, cada vez parece más claro que la eventual recuperación será en forma de “K”, con fuertes aumentos de la desigualdad.

No obstante, en este escenario plagado de incertidumbres, al menos existe una certeza positiva, que estuvo ausente durante buena parte de la crisis financiera acaecida hace una década : la determinación de los principales gobiernos y bancos centrales de aplicar todas las medidas laborales, fiscales y monetarias necesarias para suavizar el impacto del shock e intentar minimizar las cicatrices permanentes que pudieran producirse en el tejido social y empresarial. De tal manera, parece haber surgido un nuevo consenso keynesiano en base al cual gastar e invertir desde un primer momento es menos costoso a medio y largo plazo, sobre todo si la nueva inversión se traduce en un crecimiento más vigoroso y sostenible, que ajustes prematuros que terminarían erosionando en mayor medida las finanzas públicas.

A continuación revisaremos el desempeño previsto de la economía mundial en 2021, para posteriormente analizar los principales focos de riesgo que podrían alterar tal escenario.

Las previsiones auguran un efecto rebote de la economía mundial

Tras un 2020 en el que las severas restricciones a la movilidad sufridas por la inmensa mayoría de la población mundial ocasionó un derrumbe del 3,5% en la actividad económica global –el más pronunciado en las últimas siete décadas–, los rápidos avances en la investigación de la vacuna por parte de distintas farmacéuticas, confirmados a finales de año con su descubrimiento y aprobación por parte de las autoridades sanitarias, permite al Fondo Monetario Internacional (FMI) arrojar una previsión de crecimiento para 2021 del 5,5%. No obstante, las estimaciones apuntan que la mayor parte de los países tendrán que esperar al menos hasta 2022 para poder recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. Esto supone que la anhelada recuperación en “V” parece cada vez más difícil, e incluso podría suceder que se experimentan tasas de crecimiento negativas en algunos trimestres como consecuencia de la tercera ola de la pandemia. En cualquier caso, no podemos dejar de subrayar que, al seguir en un escenario de incertidumbre radical, tanto éstas como otras previsiones de crecimiento deben ser tomadas con cautela.

Figura 1. Tasa de crecimiento de la economía mundial
  2020 2021 (p) 2022 (p)
Mundo -3,5 +5,5 +4,2
Economías avanzadas -4,9 +4,4 +3,1
Eurozona -7,3 +4,2 +3,6
EEUU -3,4 +5,1 +2,5
Japón -5,1 +3,1 +2,4
Reino Unido -10,3 +4,6 +5,1
Economías en desarrollo -2,5 +6,3 +5,0
China +2,3 +8,1 +5,6
India -8,0 +11,5 +6,8
Brasil -4,5 +3,6 +2,6
México -8,5 +4,3 +2,5
Rusia -3,6 +3,0 +3,9
(p): Previsión.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial, enero de 2021.

En todo caso, y en base a dichas previsiones sería el grupo de economías en desarrollo el que, a pesar de su menor caída el pasado año, experimentaría un mayor dinamismo en 2021, si bien esta tendencia estaría fuertemente condicionada por los buenos datos de la India y China, que, pese a ser el origen de la COVID-19, fue de los pocos países que consiguieron expandir su economía en 2020 (aunque esta vez “sólo” un 2,3%) al tiempo que se espera que en el presente año crezca por encima del 8%, ya que sus estrictas medidas de supresión del virus en la primera ola han conseguido (de momento) controlar la enfermedad. Por el contrario, en algunos importantes países emergentes que ya en 2019 mostraron cierta desaceleración (Brasil, Sudáfrica y Rusia), o directamente una recesión (Argentina, México e Irán), la pandemia está teniendo un efecto especialmente negativo que puede costarles varios años en revertir, entre otros motivos por disponer de un margen fiscal y monetario limitado, lo que en última instancia podría suponer una larga ruptura de la senda convergente con los países desarrollados.

En cuanto a las economías avanzadas, el enorme gasto público realizado para “hibernar” los sistemas productivos, ha amortiguado la caída del PIB y minimizado los costes sociales a la espera de un regreso a la normalidad sanitaria que devuelva unas más moderadas (pero también más homogéneas que en el caso de los emergentes) tasas de crecimiento impulsadas por el auge de una inversión y consumo privado embalsados desde el inicio de la crisis. Una consecuencia de esta estrategia es que las ratios de deuda pública sobre PIB se estén disparando a cotas no vistas desde la reconstrucción posbélica de mediados del siglo XX: la UE rozando el 100%, porcentaje ya superado por el Reino Unido, EEUU acercándose al 150% y Japón casi doblando dicha ratio. Pero mientras no haya inflación (y actualmente el riesgo es más bien de deflación), los países con monedas reserva deberían emitir deuda sin temor ya que incrementar ahora el gasto público evitará que crezca más en el futuro por la caída de la actividad. De hecho, los bajos tipos de interés aseguran que el servicio de la deuda sea ahora menor que hace unos años, aunque el volumen total de deuda sea mayor. No obstante, una vez que se deje atrás la pandemia será esencial que buena parte de estos países (como, por ejemplo, España) estabilicen las ratios deuda/PIB. En los casos en los que haya déficit fiscales estructurales serán necesarias reformas fiscales y, en todo caso, será importante aumentar el crecimiento potencial y la productividad mediante reformas dinamizadoras, especialmente en Europa.

Figura 2. Evolución de la ratio de deuda pública/PIB, 2017-2021
Figura 2. Evolución de la ratio de deuda pública/PIB, 2017-2021
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial, octubre de 2020.

Pero en un contexto de incertidumbre radical, numerosos riesgos amenazan las previsiones

Dichas estimaciones se han calculado suponiendo que la situación evolucione según lo previsto. Sin embargo, tal y como se indicaba anteriormente, existe un gran número de condicionantes que a lo largo de 2021 pueden perturbar dicha evolución amenazando el inicio de la recuperación.

A nivel global, en primer lugar, cabrían destacar las incertidumbres inherentes al impacto de la tercera ola de transmisión del virus y de los efectos de las propias vacunas y su campaña de distribución. Los cuellos de botella logísticos en su fabricación y transporte pueden generar retrasos sobre el calendario previsto que obliguen a reducir todavía más la movilidad y aplazar así los desconfinamientos y la plena interacción social, sin desdeñar la posibilidad de que la inmunización a la enfermedad proporcionada por las vacunas dure menos tiempo del previsto o se produzca una mutación significativa del virus que les reste eficacia. En el momento de escribir estas líneas, diversas cepas nuevas del COVID-19 con sus orígenes en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, parece que son más contagiosas y por lo tanto pueden traer mayores tasas de mortalidad (que no necesariamente de letalidad). Teniendo en cuenta todos estos factores, ya sólo unos pocos meses de retraso en conseguir la inmunidad de rebaño pueden resultar muy negativos para países con un importante peso del sector turístico como España, donde el desempeño económico anual dependerá en gran medida de la vuelta a una cierta normalidad antes del verano.

Otro peligro latente es que las sociedades no se beneficien en su conjunto de la recuperación económica, sino que ésta se produzca de manera asimétrica en forma de “K”, aumentando las desigualdades de clase y de oportunidades. Desde el inicio de la pandemia se ha comprobado cómo esta crisis ha afectado en mucha mayor medida a aquellos trabajadores menos cualificados con empleos del sector servicios no digitalizables y más expuestos a la enfermedad. Por tanto, si los beneficios de la recuperación también les dejan de lado y se perpetua un nuevo sistema productivo que no les permita prosperar, se generará un descontento social del que podrían surgir nuevos movimientos populistas que erosionen todavía más un orden liberal ya gravemente deteriorado, como ha demostrado el ataque al Capitolio en Washington DC el 6 de enero.

Por su parte, un tercer riesgo que amenaza en su conjunto el devenir de la economía mundial es el asociado a los acontecimientos climáticos extremos. La magnitud de la crisis pandémica ha acaparado casi en su totalidad la atención informativa, por lo que quizá se debe recordar que 2020 también fue el año en el que se produjo la temporada de huracanes más activa del Atlántico desde que se tienen registros, lluvias excepcionalmente fuertes en África Oriental que provocaron graves inundaciones y la mayor plaga de langostas en décadas, así como la temporada de incendios más larga en la historia de Australia. Todos estos fenómenos asociados al cambio climático son cada vez más frecuentes e intensos, por lo que cabe imaginar que en 2021 seguirán destruyendo infraestructuras y lastrando la actividad económica de las zonas más expuestas.

En EEUU el año comenzará con un nuevo inquilino de la Casa Blanca que dejará atrás la errática, unilateralista y poco cooperativa política exterior de Trump y aprobará un nuevo paquete de estímulo fiscal muy ambicioso. Eso es en sí positivo, si bien la presidencia de Biden muy probablemente no vaya a significar la vuelta del país norteamericano a un multilateralismo más propio de finales del siglo XX. EEUU seguramente desbloqueará el funcionamiento del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio y atemperará las disputas comerciales, volverá al Tratado de París sobre Cambio Climático, e incluso quizá regrese al Pacto Nuclear con Irán; pero la rivalidad económica, tecnológica y militar con China, y el consecuente desacople, sobre todo en el ámbito tecnológico, continuará. Biden tampoco verá con buenos ojos la construcción de la necesaria autonomía estratégica de la UE ni los impuestos que ésta podría establecer sobre las empresas tecnológicas o el de carbono en frontera, y eso podrá traer tensiones. A nivel interno, tal y como se reflejó a lo largo de 2020 en diversos episodios culminados con el asalto al Capitolio , la polarización política en EEUU está alcanzando unos niveles extremos cuyos efectos podrían alterar el normal desarrollo de la actividad económica. No es descartable que haya más episodios de violencia.

En la UE, el principal temor en los últimos días de 2020 era que las negociaciones con el Reino Unido para fijar los parámetros de la nueva relación bilateral acabaran fracasando, abocando al caos en los flujos comerciales. Finalmente, el acuerdo alcanzado in extremis garantiza un Brexit ordenado, pero no blando , por lo que las mayores restricciones al tráfico de bienes y servicios y al movimiento de personas incidirá en términos de crecimiento a ambos lados del Canal de la Mancha (aunque más en la orilla británica). Otro importante acuerdo alcanzado en el marco comunitario durante el pasado año fue la aprobación del ambicioso Plan de Recuperación para Europa, el cual permitirá afrontar con mayores garantías la salida de la crisis apoyándose en una doble transición verde y digital. Sin embargo, en dichas negociaciones se volvió a evidenciar la deriva iliberal de Polonia y Hungría al negarse éstas en primera instancia a condicionar la recepción de fondos al cumplimiento de requisitos ligados al Estado de Derecho. Asimismo, en relación a dicho Plan despiertan dudas la capacidad de ciertos países, especialmente Italia y España, de poder absorber de manera efectiva todos los fondos adjudicados, lo que en caso de confirmarse provocaría un aumento de la brecha Norte-Sur en una UE en la que Angela Merkel abandonará su papel de aglutinadora de intereses comunes que ha ejercido durante los últimos 15 años. Por su parte, en lo que se refiere estrictamente a la Eurozona, además del riesgo de que un euro demasiado fuerte dificulte el dinamismo exportador, no se debe obviar la posibilidad de que aumenten los impagos en las pequeñas y medianas empresas y se deterioren los balances de los bancos, pues aunque mientras dure la acción del BCE no habrá crisis de deuda soberana, el potencial daño al sistema bancario no sería menor.

Por último, del resto de áreas desarrolladas cabe recordar que, tras la cancelación sufrida en 2020, está previsto que Japón acoja el próximo verano los Juegos Olímpico de Tokio . Y tanto su cancelación como celebración conllevará ciertos costes o riesgos. En caso de que la situación sanitaria obligue a su cancelación definitiva o a la ausencia de espectadores extranjeros, el perjuicio tras la fuerte inversión realizada los últimos años será significativo dada la histórica necesidad de la economía nipona de impulsos al consumo. Pero si por el contrario sí acudiesen visitantes foráneos podrían surgir importantes brotes en un país con relevancia global que hasta la fecha ha combatido satisfactoriamente la enfermedad.

En algunos países emergentes existe el riesgo de que se produzcan crisis financieras e impagos de una deuda pública. Muchos están sufriendo el colapso de sus ingresos procedentes del turismo, las remesas y la exportación de productos primarios, lo que en algunos casos está incrementando la pobreza extrema y los flujos migratorios desordenados. Al no contar con bancos centrales tan creíbles como los de los países avanzados, las políticas monetarias expansivas se podrían traducir en fugas de capitales, depreciación de sus monedas e inflación, dando lugar a crisis de balanza de pagos (susceptibles de agravarse en caso de que los países desarrollados emprendan la relocalización productiva de ciertas manufacturas consideradas estratégicas tras la experiencia pandémica) que requerirían de apoyo por parte de unas instituciones financieras internacionales cuya munición es limitada. En este sentido, será esencial que las instituciones financieras multilaterales fortalezcan su capacidad de préstamo y provisión de liquidez, idealmente mediante un aumento de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI.

En cuanto a China, en un año simbólicamente importante por el centenario de la fundación del Partido Comunista, el gigante asiático continuará reforzando su posición e intereses en la esfera global, lo que inevitablemente acarreará nuevas fricciones geopolíticas. Por un lado, tal y como se ha indicado anteriormente, aunque el relevo en la presidencia estadounidense suavizará en las formas la relación entre ambos países, no evitará que sigan surgiendo conflictos derivados de su larvada (o no tanto) ambición a largo plazo por la hegemonía mundial. A su vez, la creciente tensión con la India, Australia y Taiwán podría derivar en escaramuzas de consecuencias impredecibles; todo ello sin olvidar posibles repuntes de las protestas en Hong Kong. En Asia Oriental también habrá que estar atentos a una Corea del Norte que querrá posicionarse en la agenda de la nueva Administración Biden, en la medida en que la principal forma del régimen de acaparar la atención internacional consiste en el lanzamiento de misiles y realización de ensayos nucleares.

A finales de 2020, la UE y China acordaron un principio de acuerdo de inversiones (el CAI por sus siglas en inglés) que aspira a equilibrar la relación económica bilateral y generar mayores oportunidades de negocio para las empresas europeas, incluidas las españolas. Sin embargo, todo apunta a que muchas cadenas de valor y sistemas de datos y de comunicación se verán alterados por las prohibiciones americanas a los productos y los sistemas chinos, a la insistencia china en usar tecnología doméstica y a que las empresas extranjeras tengan que seguir los estándares y las normativas chinas en su mercado. El Buy American de Biden y la “Economía de la doble circulación” (que separa el mercado chino del resto del mundo) de Xi Jinping va a hacer que muchas empresas internacionales tengan que empezar a usar diferentes sistemas operativos en EEUU y China, con el mayor coste y la disrupción que eso trae consigo. Los controles a la exportación de productos considerados estratégicos o esenciales tanto en EEUU, como en China, pero incluso en la UE, puede derivar en una espiral negativa que afecte a más productos y sectores de lo esperado y llegar a tener consecuencias macroeconómicas importantes.

En Rusia, Oriente Medio y África resultará clave la evolución del precio de los hidrocarburos, extremadamente volátil la primera mitad del pasado curso cuando la conjunción del hundimiento de la demanda y la falta de acuerdo en el seno de la OPEP+ para recortar la producción derrumbó el precio del barril Brent por debajo de los 20 dólares. Y si bien poco después sí se alcanzó un pacto que permitió estabilizar el precio en una horquilla de entre 40 y 50 dólares, todos estos meses de escasa demanda (y a la espera del incremento de la oferta por la normalización de la producción libia tras el alto el fuego en el país) están tensionando las finanzas públicas de los países productores, especialmente de aquellos inmersos en una situación sociopolítica interna ya de por sí compleja como Nigeria, Angola, Argelia, Irak e Irán. Asimismo, mientras en Oriente Medio el resultado de las elecciones presidenciales en Irán y la intensidad del cambio de postura de Biden con respecto a la de su antecesor en la política regional también influirán en la estabilidad de la zona, la consecución de la estabilidad en África vendrá marcada por la eficacia que tenga la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, auspiciada por el G20 y el Club de París para evitar una oleada de declaraciones de suspensión de pagos en el continente .

Finalmente, el futuro económico de América Latina se antoja ahora bastante más complicado que en la crisis de 2009-2010, cuando disponía de un mayor margen fiscal y China demandaba ingentes cantidades de sus por entonces caras materias primas. A ello se suma una continua desafección política que ya se reflejó en numerosas protestas en 2019 , las cuales ni siquiera en el contexto actual de pandemia han aminorado, como se observó hace pocas semanas en Perú o Guatemala. Si bien, en Venezuela parece complicado que las circunstancias sociopolíticas puedan deteriorar todavía más unas previsiones económicas que, tras cinco años de caídas de dos dígitos del PIB, apuntan a un retroceso del 10%.

Conclusiones

El año 2021 debería ser el de las vacunas contra el COVID-19 y, por lo tanto, el de la recuperación de la economía mundial. Hay probabilidades de que así sea, con ciertos países emergentes, sobre todo China, repuntado con vigorosidad. Pero el horizonte todavía está lleno de nubarrones. Las campañas de vacunación pueden tardar más de lo esperado para conseguir la inmunidad de rebaño en los países desarrollados, sin hablar de los de en vías de desarrollo. El virus también puede mutar y eso implicaría tener que ajustar las vacunas (igual que pasa todos los años con la gripe) y volver a vacunar a la población. Más allá del impacto en la salud pública, la pandemia puede generar tensiones sociales y políticas. Una recuperación débil y/o desigual en “K” puede exacerbar la desigualdad y la polarización y acabar incluso en enfrentamiento violentos, no sólo en los países más pobres, incluso en los más ricos, como se ha visto en el asalto al Capitolio en enero en EEUU. Los efectos negativos del cambio climático y la rivalidad geopolítica también es muy probable que continúen, lo que seguirá trayendo disrupción e incertidumbre. Aun así, pese a estos riesgos, este año debería ser mejor que el anterior para la economía mundial, algo que no es muy difícil, pero tampoco está asegurado.

José Pablo Martínez
Ayudante de investigación del Real Instituto Elcano | @jpmromera

Miguel Otero-Iglesias
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del IE School of Global and Public Affairs | @miotei

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @steinbergf

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<![CDATA[ Las claves del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE-27 y el Reino Unido ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari5-2021-feas-anchuelo-claves-del-acuerdo-de-comercio-y-cooperacion-entre-ue-27-y-reino-unido 2021-01-14T01:15:25Z

El Brexit supone un importante retroceso en materia de integración cuyos costes dejarán de ser meramente teóricos y comenzarán a manifestarse de forma práctica en los próximos meses.

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Versión original en inglés: Key aspects of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement.

Tema

El Brexit supone un importante retroceso en materia de integración cuyos costes dejarán de ser meramente teóricos y comenzarán a manifestarse de forma práctica en los próximos meses.

Resumen

Tras el Brexit político de febrero de 2020, la UE y el Reino Unido han firmado en el último minuto del período transitorio un Acuerdo de Comercio y Cooperación que organiza el Brexit económico y sienta las bases de la relación comercial bilateral durante las próximas décadas. La buena noticia es que se ha salvado una salida sin acuerdo que habría sido catastrófica para muchos sectores y nociva para la cooperación bilateral. La mala es que, aun suponiendo para ambas partes un cumplimiento razonable de sus objetivos negociadores, es un acuerdo de mínimos que se limita a liberalizar el comercio de mercancías (incluidas las agrícolas y pesqueras), pero mantiene numerosas fricciones y presenta una escasísima ambición en el ámbito de servicios y circulación de personas. En suma, un importante retroceso en materia de integración cuyos costes dejarán de ser meramente teóricos y comenzarán a manifestarse de forma práctica en los próximos meses.

Análisis

(1) Introducción: ¿qué se ha firmado?

El Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC) entre la UE y el Reino Unido es, desde el punto de vista europeo, un acuerdo de asociación conforme al artículo 217 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Es un acuerdo de derecho internacional, no invocable en el derecho interno y muy distinto del Acuerdo de Retirada, con apenas papel para el Tribunal de Justicia de la UE.

Consta de siete apartados: (1) provisiones comunes e institucionales; (2) régimen de comercio de bienes y servicios; (3) aplicación legal y cooperación judicial en aspectos penales; (4) cooperación temática (sanidad y ciberseguridad); (5) participación en programas de la Unión; (6) solución de diferencias y provisiones horizontales; y (7) provisiones finales. A esas 400 páginas se suman otras 600 en casi 50 anexos que incluyen cuestiones específicas relativas a reglas de origen, pesca, normativa de automóviles, productos químicos, medicamentos, productos orgánicos o vino, determinados servicios, energía, movimiento de personas, visados de negocios de corta duración o intercambio de información, más otras 200 en tres protocolos sobre cooperación para evitar el fraude en el IVA, cooperación en materia aduanera y en materia de Seguridad Social. Más de 1.200 páginas –qué ironía– destinadas a reducir el nivel de integración económica entre la UE y el Reino Unido, y no a aumentarlo.

El Tratado, conforme al artículo 218 del TFUE, requiere aprobación del Parlamento Europeo, pero dadas las fechas el texto prevé su aplicación provisional mientras ésta se tramita, por lo menos hasta el 28 de febrero –aunque se puede extender esa fecha de mutuo acuerdo–. A diferencia del Acuerdo de Retirada, que no contempla expiración alguna salvo para el Protocolo de Irlanda (y sólo en determinadas circunstancias), este acuerdo puede ser cancelado por cualquiera de las partes simplemente con preaviso de un año.

(2) Comercio de bienes sin aranceles

Desde el punto de vista del comercio de bienes, el acuerdo es bastante ambicioso, ya que es excepcional que un acuerdo de libre comercio incluya también productos agrícolas y pesqueros. El ACC concede libre comercio sin aranceles ni cuotas para todos los productos, pero hay que matizar que, cuando un acuerdo de libre comercio habla de acceso “sin aranceles”, está hablando realmente de acceso sin aranceles de bienes considerados como originarios de alguna de las partes según las reglas de origen establecidas en el Acuerdo. Es decir, que por defecto un bien que entra desde el Reino Unido a Europa está sujeto a aranceles salvo que cumpla las reglas de origen.

Esto, que parece sencillo, no lo es tanto, y de hecho el acuerdo establece una extensa lista de reglas de origen por productos (más de 50 páginas en los anexos ORIG-1, 2 y 2B) que conviene tener muy en cuenta. Aunque el acuerdo es muy generoso en la inclusión de materias primas procesadas no originarias a la hora de calificar un producto como “británico” (en lo que se conoce como acumulación plena) y se permitirá que sean las propias empresas quienes autocertifiquen el origen, el cumplimiento de las reglas será complicado para determinados sectores específicos, donde los requisitos son mucho más exigentes. Así, por ejemplo, un automóvil eléctrico producido en el Reino Unido y exportado a la UE no podrá beneficiarse de la exención arancelaria a menos que un 45% de su valor añadido sea europeo o británico y que su batería sea íntegramente europea o británica. Dicho de otra forma: un coche eléctrico británico con batería china estaría sujeto a aranceles. A partir de ahora, demostrar el origen de cada envío pasa a ser una pesadilla burocrática, y eso explica por qué a menudo las pymes prefieren pagar aranceles a tener que soportar el coste administrativo de la demostración del origen de sus productos.

El problema de las reglas de origen se ha puesto de manifiesto en los primeros días del Brexit, cuando muchos distribuidores británicos han comprobado con estupor que una importación de China para reexportación a la UE está sujeta a doble arancel, el británico de entrada y el de entrada en la Unión, porque la reexportación directa sin transformación mantiene el origen chino del producto y, por tanto, le excluye de la preferencia arancelaria del Acuerdo. Es ahora cuando los distribuidores británicos comprueban en su cuenta de resultados las ventajas que habría tenido aceptar la unión aduanera que proponía Theresa May (una unión aduanera actúa como una zona de origen único) y para evitar ese doble coste tendrán que usar alternativas como recurrir al régimen de tránsito o el de depósito aduanero, con sus correspondientes inconvenientes y costes o, simplemente, desplazar su centro de distribución al continente.

No vamos a minimizar la importancia de que se haya acordado la supresión de aranceles en sectores tan importantes para el comercio bilateral (y para España) como el agroalimentario o el del automóvil, que habrían sufrido elevados aranceles. Dicho esto, en el día a día el flujo comercial no va a tener nada que ver con lo que había antes. El comercio de productos agroalimentarios va a estar sujeto a la obtención de certificados sanitarios (antes innecesarios), que se verificarán de forma sistemática, y a veces a inspecciones. Por lo que respecta a los bienes industriales, deberán tener marcado “CE”, que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos (de hecho, los fabricantes británicos ahora necesitarán tres marcados, uno para el propio Reino Unido, otro para los productos destinados a Irlanda del Norte y otro para los productos destinados a la CE). Algunos productos como los químicos o farmacéuticos necesitarán nuevo registro y tendrán una aprobación mucho más dificultosa. Por otro lado, el IVA y los impuestos especiales se adeudarán en el momento de cada importación (incluidas las compras online), y no en las declaraciones periódicas de operaciones intracomunitarias.

Evidentemente, en productos muy diferenciados o de alta calidad este papeleo se considerará como un mal necesario, pero en productos fácilmente sustituibles muchos importadores europeos preferirán reemplazar a sus proveedores británicos por otros del mercado único que puedan poner la mercancía en su almacén en pocos días y sin ningún tipo de papeleo adicional. Ya se está viendo que el papeleo y las barreras no arancelarias son, como ya sabíamos, un elemento crucial de la competitividad de las empresas.

El acuerdo, al menos, incluye algunas facilidades para el comercio de bienes como los programas de reconocimiento mutuo de operadores comerciales de confianza (los denominados “Operadores económicos autorizados”), que facilitan el tránsito aduanero, el uso de referencias comunes internacionales en especificaciones técnicas, así como facilidades específicas para vino, orgánicos, automóviles productos químicos y farmacéuticos.

(3) Los puntos de fricción: pesca, gobernanza y “level playing field”

(3.1) Pesca

Uno de los síntomas más claros de la prioridad que el Reino Unido ha dado a los objetivos ideológicos en estas negociaciones ha sido el desmesurado protagonismo que un sector como la pesca ha tenido en ellas. Hasta el final, ha sido uno de los asuntos que más ha puesto en riesgo la consecución del acuerdo. Sin embargo, hablamos de un sector con un peso económico muy limitado para ambas partes (sólo representa alrededor del 0,1% del PIB). En cambio, se trata de un tema fácilmente comprensible para cualquier votante, relacionado con el valor simbólico de la soberanía sobre las propias aguas para una antigua potencia naval.

En el acuerdo final ambas partes han tenido que realizar concesiones. La postura inicial de la UE, que intentaba mantener el acceso anterior sin cambios, era demasiado maximalista. Tampoco los británicos han logrado su propósito, no menos radical, de negociar anualmente las cuotas de acceso a sus aguas, siguiendo el ejemplo noruego. El hecho de que el 80% de la producción pesquera británica se exporte, y que dos tercios de esas exportaciones se dirijan al continente, debilitaba su posición (ante la amenaza de aranceles de hasta un 25% para sus productos pesqueros). Aunque ni siquiera el acuerdo librará a los productores británicos de las barreras regulatorias de tipo sanitario a las que sus exportaciones se verán ahora sometidas.

Finalmente se ha acordado que, durante los próximos cinco años y medio, los barcos comunitarios mantengan su acceso a las aguas del Reino Unido, pero disminuyendo progresivamente el valor de sus capturas hasta ceder el 25%. Las cesiones europeas se concentran en aquellas especies que no afectan tanto a la pesca de bajura, intentando minimizar el efecto sobre las comunidades pesqueras.

Como en tantos ámbitos, esto no significa el final de los problemas. Cuando termine el período inicial de ajuste acordado, serán necesarias nuevas negociaciones, en principio anuales. Si la UE ve el acceso reducido, se ha reservado toda una batería de posibles respuestas, que le permitirían imponer aranceles a los productos pesqueros o a otros bienes, o tomar represalias en otras partes del acuerdo. Curiosamente, la renegociación del acceso británico al mercado energético europeo coincide en las mismas fechas. Además, cada parte puede en teoría dar por finalizado unilateralmente el acuerdo pesquero, y habrá que renegociar cada año el nivel total de capturas usando como base criterios científicos. Esencialmente, lo que se ha asegurado la Unión es cierta estabilidad en este sector durante unos años, dejando claro al Reino Unido que puede sufrir un alto coste si intenta empeorar el nuevo statu quo.

(3.2) Gobernanza

La propia arquitectura institucional del acuerdo ha sido objeto de serias discrepancias entre ambas partes durante las negociaciones. El Reino Unido ha logrado, como le obsesionaba, librarse por completo de la jurisdicción del TJUE. La UE-27 se ha asegurado objetivos más sustanciales, pues finalmente hay un único acuerdo que cubre todas las materias, en vez de acuerdos separados para cada una (como querían los británicos). Esto permitirá, en caso de que se incumpla una parte del acuerdo, adoptar represalias en otras.

El diseño institucional de la gobernanza es complejo, con un Consejo de Asociación conjunto en la cúspide, ayudado por una treintena de diversos comités especializados y grupos de trabajo técnicos. Es en los mecanismos para solucionar disputas y garantizar el cumplimiento de lo acordado donde se ha dado con la fórmula clave para desbloquear las negociaciones: la UE reconoce el derecho británico a divergir, pero se reserva todo un arsenal de instrumentos para tomar medidas en ese caso (que pueden convertir tales divergencias en muy costosas). Las cautelas se han incrementado debido a la actitud del Reino Unido, sembrando dudas sobre el cumplimiento de lo ya firmado en el Acuerdo de Retirada y creando una gran desconfianza.

Según el cuidadoso diseño que ha logrado imponer la UE, el procedimiento general de solución de disputas comienza por una consulta al paritario Consejo de Asociación conjunto; si no se alcanzase una solución allí por mutuo acuerdo, la disputa se sometería a un arbitraje externo de obligado cumplimiento; si el arbitraje se incumpliese, la parte perjudicada podría tomar represalias.

A la UE-27 le preocupan, en especial, las posibles medidas desreguladoras británicas que proporcionen una ventaja competitiva injusta (un viejo sueño de los partidarios del Brexit). Por eso, en el caso de incumplimientos relacionados con las ayudas de Estado, las normas laborales y las medioambientales, las represalias se agilizan: si fracasa un primer intento de solucionar el problema por consenso, la parte que se considere perjudicada puede rápidamente imponer medidas correctoras, que solo posteriormente se someten a arbitraje.

Por si todo lo anterior no bastase, existe además un mecanismo genérico de reequilibrio (que permite adoptar medidas correctoras, sujetas posteriormente a arbitraje, si se observan impactos significativos en los flujos de comercio o inversión), el acuerdo comercial se revisará en conjunto dentro de cinco años y cualquier parte puede darlo por finalizado unilateralmente (en cuyo caso dejará de estar vigente 12 meses después). En vista de todo esto, sería prudente por parte del Reino Unido utilizar sus recién adquiridos derechos a divergir con cautela.

(3.3) “Level playing field”

La competencia leal, a la que habitualmente se hace referencia por el término “terreno de juego equilibrado” (level playing field) fue una de las condiciones que impuso la UE para la existencia de un acuerdo. La idea que hay detrás es muy lógica: la UE no puede permitirse que una potencia económica como el Reino Unido, a apenas 200 kilómetros de Bruselas, rebaje sus estándares laborales, medioambientales, fiscales o de ayudas de Estado e invite a las empresas europeas a instalarse allí para atender el mercado europeo sin aranceles y con menores requisitos. En un momento en el que la UE, con su Green Deal, aspira a convertirse en referente en producción limpia, ha de garantizar que la importación de productos del Reino Unido mantenga esos mismos estándares.

Es importante recordar que la competencia leal no implica que el Reino unido tenga que mantener la misma normativa que la UE (como sí sería el caso de un acuerdo de permanencia del Reino Unido en el mercado único), sino de mantener un nivel similar de exigencia e ir adaptándolo cuando la regulación cambie. La UE, como es natural, habría querido que la aplicación de compensaciones arancelarias en el caso de divergencias regulatorias hubiese sido automática y, en todo caso, interpretada por el Tribunal de Justicia de la UE, pero al final se ha conformado con un complejo procedimiento de evaluación de las divergencias a nivel bilateral y arbitraje en el caso de discrepancias. Es decir, si el Reino Unido diverge en su regulación medioambiental, laboral o de ayudas de Estado y la UE interpreta que esa regulación introduce elementos de competencia desleal, entablará negociaciones bilaterales para solucionarlo y, de no llegarse a un acuerdo, entraría en un arbitraje que podría dar lugar a compensaciones arancelarias (o incluso, por ejemplo, la devolución de las ayudas de Estado injustificadamente percibidas por las empresas). El sistema de negociación bilateral, arbitraje y medidas de retorsión es particularmente complejo en el caso de normas laborales, medioambientales y ayudas de Estado.

En materia fiscal, sin embargo, la UE ha aceptado que el nivel normativo venga definido por terceros, en el ámbito de la OCDE y su iniciativa BEPS para evitar la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a jurisdicciones más favorables. Dadas las frecuentes amenazas del Reino Unido de convertirse en un “Singapur en el Támesis” o de promover los puertos francos (que el Parlamento Europeo quiere suprimir por servir a menudo de facilitadores de la evasión fiscal), sorprende que el Acuerdo UE-Reino Unido haya excluido expresamente la cuestión fiscal del sistema de solución de diferencias.

(4) Un acuerdo pobre en materia de servicios

El Acuerdo de Nochebuena incluye algunos elementos de liberalización del comercio de servicios, pero queda muy lejos de ser algo mínimamente ambicioso. El Reino Unido pretendía incluir la liberalización del mercado de telecomunicaciones, de transporte por carretera y aéreo, y de servicios financieros, pero la UE se ha mantenido firme y ha evitado la posibilidad de un troceamiento del mercado único que habría sido un peligroso precedente.

(4.1) Transporte por carretera y aéreo

Así en transporte por carretera, se permite la actividad bilateral (transporte punto a punto) pero se excluye la posibilidad de que empresas británicas puedan hacer operaciones de cabotaje (es decir, trayectos interiores en el territorio de la Unión) salvo de forma muy reducida y excepcional. Se han acordado algunas disposiciones sobre condiciones de trabajo, seguridad vial y competencia leal.

En el ámbito del transporte aéreo también ha habido una actitud firme, y sólo se permitirá el tráfico ilimitado de punto a punto entre los aeropuertos de la UE y el Reino Unido (tercera y cuarta libertades), pero se ha desprovisto a las compañías británicas de las quinta y sucesivas libertades (es decir, la posibilidad de cabotaje). Ha habido, sin embargo, dos concesiones y una promesa. La primera concesión es que se ha permitido considerar como británica a compañías cuyo capital esté compuesto mayoritariamente no sólo de acciones propiedad de británicos, sino también europeos, siempre y cuando tuvieran licencia a 31 de diciembre (aunque no a compañías de nueva creación). El acuerdo, sin embargo, no flexibiliza la norma general de que los trayectos intraeuropeos sólo podrán realizarse por aerolíneas cuya “propiedad y control efectivos” estén en manos de europeos, lo que obligará a empresas como IAG a demostrar a la Comisión que puede garantizar la europeidad de sus filiales (algo menos evidente de lo que se dice habitualmente) o a realizar complejos y costosos cambios accionariales. La segunda concesión es la posibilidad de que los Estados miembros puedan acordar una quinta libertad bilateral con el Reino Unido exclusivamente para cargo extracomunitario (por ejemplo, entre París, Londres y Nueva York).

La promesa se refiere a la posibilidad de revisar al cabo de un año los requisitos de propiedad y control efectivos (quizás cambiándolos por criterios relativos a concentración de operaciones). Se han incluido, además, disposiciones sobre asistencia en tierra y franjas horarias (no discriminación y acceso) y derechos de los pasajeros, además de cláusulas de competencia leal.

En cualquier caso, y más allá del transporte, los proveedores de servicios del Reino Unido ya no se beneficiarán del enfoque de “país de origen” o del concepto de “pasaporte”, que permitían el acceso automático a todo el mercado único de la UE. Como únicos elementos de concesión, se ha garantizado que los proveedores de servicios o inversores no reciban un trato menos favorable, se ha acordado la eliminación de barreras injustificadas al comercio digital (incluida la prohibición de los requisitos de localización de datos) y se han abierto recíprocamente los mercados de contratación pública, incluso para contratos pequeños.

(4.2) Servicios financieros

Resulta sorprendente el papel secundario que un sector tan estratégico para el Reino Unido (que genera por sí solo el 21% de las exportaciones totales de servicios) ha desempeñado en las negociaciones. Esto tal vez se deba a la confianza en su competitividad internacional y su dimensión. Las esperanzas de que una relajación regulatoria pueda atraer hacia la City más actividades financieras innovadoras, como determinados fondos de inversión o fintech, también pueden haber influido. Pese a todo, el que los servicios financieros hayan quedado fuera del acuerdo implica, desde el punto de vista británico, asumir un alto un alto riesgo y deja en manos de la UE un poderoso instrumento de presión.

Las entidades británicas operaban dentro del Mercado Único con la misma facilidad que en el doméstico mediante el “pasaporte europeo”, que les permitía prestar la mayor parte de sus servicios en el continente directamente desde su territorio. La nueva relación, por el contrario, se basará en las decisiones de equivalencia que adopte la UE. Mediante ellas, reconoce que las regulaciones de un tercer país son equiparables a las propias para determinadas actividades concretas. En cualquier caso, dichas equivalencias se conceden por la UE de forma unilateral, puede revocarlas en cualquier momento con 30 días de preaviso y no cubrirán actividades minoristas (como los depósitos o los préstamos bancarios).

En ausencia de otros acuerdos, las normas europeas referidas a entidades de terceros países lo que facilitan, como norma general, es instalarse para operar desde dentro de la Unión. Las grandes entidades financieras británicas, adaptándose a la nueva situación, ya han relocalizado parte de sus activos y personal en el continente, aunque hasta ahora el proceso ha distado de ser tan significativo como algunos analistas preveían.

(4.3) Energía y clima

El Reino Unido podrá seguir conectado y realizar intercambios con el mercado interno energético de la UE, pero de forma diferente, como país tercero. Esto conviene a la UE, que tiene un superávit en estos intercambios (suministrando al mercado británico un 12% de su consumo de gas y hasta un 10% de su electricidad).

Aunque ambas partes seguirán a partir de ahora políticas energéticas independientes, en este campo se ha reforzado particularmente la futura cooperación. Esto se ha debido en parte a su relación con la lucha contra el cambio climático, en la que todos los firmantes parecen seriamente comprometidos. El Reino Unido mantendrá la fijación de un precio para las emisiones de carbono, e incluso se contempla que ese sistema insular pueda estar ligado al continental en el futuro.

Otras partes del acuerdo, como las referidas a la energía nuclear y la no regresión en materia medioambiental, tienen sus propias implicaciones para el estratégico sector de la energía.

(5) Adiós a la libre circulación

Prestación de servicios y libre circulación de personas siempre han estado íntimamente ligadas, así que era lógico que la UE no aceptase restricciones a la movilidad de ciudadanos mientras permitía la libre circulación de servicios. La falta de ambición en materia de servicios se refleja pues en la práctica desaparición de la libre circulación de personas.

Para los ciudadanos se ha acordado la supresión bilateral de la necesidad de visado para estancias turísticas no superiores a tres meses, lo que era bastante lógico. El pasaporte (que volverá a ser documento imprescindible) será suficiente para este tipo de viajes. Sin embargo, estancias superiores a 90 días dentro de un mismo período de 180 días requerirán visados de residencia o de trabajo, lo cual supone un duro golpe a las estancias de larga duración a las que estábamos acostumbrados. La UE, consciente de que el Reino unido no ve con los mismos ojos la inmigración de determinados países europeos, ha sido muy estricta al exigir que el régimen de visados deberá ser idéntico para todos los ciudadanos de la UE sin distinción (es decir, el Reino Unido no podrá discriminar por país de origen).

Por otro lado, la posibilidad de actividad de negocios sin visado está restringida a una lista muy reducida de actividades recogidas en el artículo 8 del anexo SERVIN-3, como conferencias, seminarios de formación, investigaciones de mercado, ferias comerciales, guías turísticos, intérpretes o negociación de contratos. Pero un fotógrafo que cubra un evento, una modelo que desfile en una pasarela o un músico que quiera dar un concierto en Europa (el 70% lo hacen alguna vez al año), por poner algunos ejemplos, requerirán en general a partir de ahora visado de trabajo.

Relacionado con la actividad profesional está el reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales. Como es normal, el Reino Unido, una potencia universitaria, quería que el reconocimiento de titulaciones universitarias y profesionales fuese automática o cuasi automática, como sucede en el caso de Estados miembros, pero la UE no estaba dispuesta. No se ha cerrado, sin embargo, a la posibilidad de negociar más adelante ese reconocimiento mutuo, pero que lógicamente requerirá reciprocidad.

Por otro lado, no habrá reconocimiento automático de cualificaciones profesionales: los médicos, enfermeras, dentistas, farmacéuticos, veterinarios, ingenieros o arquitectos deben tener sus cualificaciones reconocidas en cada Estado miembro en el que deseen ejercer.

(6) Otros ámbitos de cooperación

(6.1) Protección de datos y cooperación en seguridad

Los acuerdos alcanzados permitirán mantener la cooperación en materia de policía y justicia entre el Reino Unido y la UE-27, pero no con el grado de intensidad anterior. Seguirá intercambiándose información sobre huellas digitales, ADN, matrículas, antecedentes penales, registros de pasajeros, objetos perdidos y personas desaparecidas, etc. No obstante, el Reino Unido ya no participará como miembro en las bases de datos europeas sobre estos asuntos, ni podrá acceder a ellas sin restricciones y en tiempo real. Los intercambios de información se realizarán cuando una de las partes lo solicite, o los envíe por propia iniciativa. Las relaciones con Europol y Eurojust en el futuro serán de colaboración, pero desde fuera. Las órdenes de arresto y las extradiciones no serán tan automáticas como hasta ahora.

Para que toda esta colaboración en materia de seguridad sea posible, son necesarias unas condiciones previas que garanticen la protección de datos personales. El Reino Unido, en lo que a él le concierne, se ha negado a que el TJUE pueda seguir desempeñando ningún papel en la protección de tales derechos, y ni siquiera garantiza con firmeza una adhesión continuada a la Convención Europea de Derechos Humanos. Por eso, si el gobierno británico decide abandonarla, o si la Comisión europea dictamina que el Reino Unido no ofrece un nivel de protección de datos suficiente, los acuerdos serían suspendidos.

En este nuevo marco, la lucha contra el crimen puede resultar menos efectiva, pese a las promesas de los partidarios del Brexit en sentido contrario. Además, el texto acordado nada dice sobre la readmisión de inmigrantes ilegales y menores no acompañados, que será más dificultosa en el futuro.

(6.2) Participación en programas de la Unión

El acuerdo permite que el Reino Unido pueda seguir participando en algunos relevantes programas de la UE, a los que tendrá que realizar los correspondientes pagos. Esto conviene también a la UE, dado el potencial de las universidades y centros de investigación británicos.

Los programas europeos en los que el Reino Unido seguirá participando son Horizon (el principal programa de investigación científica), Euratom (para investigación e intercambio de material nuclear), ITER (el esfuerzo internacional para investigar la fusión), Copernicus (estudio de la Tierra desde satélites) y SST (el sistema de rastreo de objetos espaciales artificiales para evitar colisiones).

Sin embargo, la participación no continuará en otros relevantes programas, como Galileo (el sistema de posicionamiento mediante satélites) y el emblemático programa de intercambio estudiantil Erasmus. Esta última ausencia vuelve a subrayar el enfoque ideológico con el que el gobierno británico ha encarado las negociaciones.

Conclusiones

El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido es un acuerdo razonable en materia de comercio de bienes, pero raquítico en materia de servicios y libre circulación de personas, y un auténtico retroceso desde una relación integrada y productiva a un mero control de daños. Su principal ventaja, sin duda alguna, es que mantiene abiertos los canales de comunicación y negociación bilaterales para que, a medida que se vayan manifestando de forma práctica sus costes económicos y se rebaje la carga ideológica que ha rodeado la negociación por parte del Reino Unido, se fomente un mayor pragmatismo que se traduzca, con el tiempo, en niveles de integración económica mucho más razonables para dos socios cercanos y condenados a entenderse.

Enrique Feás
Investigador senior asociado, Real Instituto Elcano |
@EnriqueFeas

Álvaro Anchuelo
Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Alcalá |
@aanchuelo

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<![CDATA[ La liberalización comercial avanza en Asia-Pacífico ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-esteban-steinberg-la-liberalizacion-comercial-avanza-en-asia-pacifico 2020-11-17T06:53:30Z

El apetito por la liberalización comercial en Asia sigue siendo intenso más allá de la pandemia del COVID-19 y de las críticas a la globalización.

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Mientras los europeos sueñan con que el presidente electo de EEUU Joe Biden ponga fin a las guerras comerciales, desbloqueé la Organización Mundial del Comercio (OMC) y revitalice la relación transatlántica, la intensificación de la globalización comercial en Asia-Pacífico sigue avanzando. El pasado 15 de noviembre se firmó el acuerdo que inaugura la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, en sus siglas en inglés), un acuerdo de libre comercio que engloba a 2.100 millones de consumidores y el 29% del PIB mundial, y en el que participan China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los 10 países de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN: Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y Brunéi).

“(…) el RCEP constituye un acuerdo de libre comercio tradicional y poco profundo (…) que reforzará la ya intensa integración económica asiática pero no implicará un punto de inflexión significativo en la globalización”.

Aunque los números del acuerdo son apabullantes, su alcance final está por debajo de las expectativas iniciales: la India decidió retirarse de las negociaciones en noviembre de 2019 y el texto aprobado se limita a la reducción arancelaria, sin entrar en la agenda de armonización regulatoria, estándares, protección de inversiones o temas medioambientales y laborales, que son propios de los acuerdos de liberalización comercial de nueva generación en los que últimamente se ha volcado la UE (por ejemplo, los firmados con Japón , Corea del Sur, Vietnam, Singapur, Canadá o Mercosur ). Aun así, el acuerdo incorpora normativa sobre propiedad intelectual y un mecanismo para la resolución de conflictos entre sus miembros, pero no va más allá de lo existente en la OMC, de la que también son miembros todos los integrantes del RCEP.

Por lo tanto, cómo bien ha sintetizado Rodrik, “RCEP no es un bloque comercial y no supone un reto para Estados Unidos” (y tampoco, podríamos añadir, para la UE). Es cierto que EEUU, que con la victoria de Trump optó por no participar en el otro gran acuerdo de liberalización comercial regional, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), queda todavía más descolocado por un RCEP que supone una victoria simbólica para China. También que la UE, al no formar parte del mismo, podría ver como sus exportaciones se ven desplazadas de algunos de estos mercados (aunque con muchos de ellos tiene también acuerdos de liberalización comercial). Pero lejos de afianzar un bloque comercial en torno a China, el acuerdo supone otro ejercicio de liberalización comercial preferencial/regional que contribuirá a la maraña de este tipo de pactos y que demuestran que en el mundo existe un gran apetito por la liberalización comercial más allá de la guerra comercial entre China y EEUU .

En el ámbito diplomático, este acuerdo es un éxito sin paliativos para China. A pesar de que Xi Jinping ha implementado una política exterior más asertiva , e incluso agresiva en ocasiones, que sus predecesores, la inseguridad que esto genera en sus vecinos no es suficiente como para que se lancen a una estrategia de contrapeso y contención de China. Si las reglas del juego son las correctas, los países de Asia Oriental siguen queriendo estrechar sus vínculos con Pekín. Además, el anuncio del acuerdo se produce en una coyuntura especialmente propicia para China, que buscará restañar las heridas de su maltrecha relación bilateral con EEUU, una vez que cambie el inquilino de la Casa Blanca.

Sin embargo, aunque el acuerdo evidencia que el mercado chino sigue siendo enormemente suculento para las exportaciones de los demás países, el gigante asiático podría no ser el principal beneficiado del mismo. Japón, Corea o los países de ASEAN podrían utilizarlo para reconfigurar sus cadenas de suministro al aumentar sus flujos de inversión directa cruzados, reduciendo así su dependencia de China.

“(…) el apetito por la liberalización comercial en Asia sigue siendo intenso más allá de la pandemia del COVID-19 y de las críticas a la globalización”.

Desde la óptica europea, no cabe otra alternativa que continuar con la estrategia comercial de los últimos años. Por una parte, intentar reformar la OMC para revitalizar el sistema multilateral, objetivo que ahora es más viable con la llegada de Biden . Por otra, avanzar en los acuerdos preferenciales con los países de Asia-Pacífico, insistiendo en la necesidad de incorporar en los mismos cláusulas laborales y medioambientales para proyectar sus valores. En este sentido, las negociaciones con Australia y Nueva Zelanda serán muy probablemente las siguientes en dar fruto.

En definitiva, el RCEP constituye un acuerdo de libre comercio tradicional y poco profundo (centrado básicamente en la reducción de aranceles), que reforzará la ya intensa integración económica asiática pero no implicará un punto de inflexión significativo en la globalización. De hecho, no contribuye a forjar un bloque comercial cerrado liderado por China que se contraponga al bloque transatlántico/occidental. También demuestra que el apetito por la liberalización comercial en Asia sigue siendo intenso más allá de la pandemia del COVID-19 y de las críticas a la globalización. Desde una perspectiva geopolítica, este acuerdo también ilustra que China no es vista como una amenaza existencial por sus vecinos, que intentan incrementar su acceso a su mercado a pesar de las múltiples tensiones que puedan tener con Pekín. Este acuerdo y el resultado de las pasadas elecciones estadounidenses hacen que la sombra de una nueva guerra en Asia Oriental esté más lejos de materializarse.

Mario Esteban
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @wizma9

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @steinbergf

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<![CDATA[ El euro como herramienta de la soberanía económica europea ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-steinberg-garciaherrero-euro-como-herramienta-de-soberania-economica-europea 2020-11-11T12:46:56Z

El euro, una moneda huérfana en sus inicios, puede encontrar ahora más respaldo del que nunca hubiera imaginado.

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Desde la creación del euro en 1999, se ha debatido mucho sobre cuál debería ser su papel internacional. Para los más europeístas, debía convertirse rápidamente en un serio rival para el dólar. Sin embargo, desde la Unión, nunca se planteó explícitamente que destronar al billete verde fuera uno de los objetivos de la unión monetaria. No se le daría un impulso político ni se pondría en juego el objetivo de la estabilidad de precios para lograr su internacionalización. Debían ser las fuerzas del mercado quienes decidieran su destino.

Dos décadas después, la geopolítica global y el papel de las monedas internacionales se ven de forma diferente. La creciente competencia estratégica entre China y EEUU está obligando a los países a tomar partido. Y la UE está teniendo que adaptarse a una nueva realidad en la que la Alianza Transatlántica es cada vez más endeble y el papel de China en el mundo cada vez más asertivo . En este entorno global tan convulso, la Unión necesita soberanía económica y autonomía estratégica, y promover el papel del euro para ganar poder monetario es una de las formas más obvias de recorrer este tortuoso camino.

“(…) la Unión necesita soberanía económica y autonomía estratégica, y promover el papel del euro para ganar poder monetario es una de las formas más obvias de recorrer este tortuoso camino”.

Pero lo más novedoso es que, en la actual coyuntura, no es sólo la UE la que necesita el euro para lograr autonomía. Tanto China como los países emergentes se beneficiarían de una menor dependencia del dólar ahora que EEUU ha demostrado que está dispuesta a usar su poder monetario para obtener objetivos geoestratégicos. Esto implica que, más allá de que los fundamentos económicos que han mantenido al euro rezagado en su carrera frente al dólar siguen siendo algo endebles, podría haber llegado el momento en el que sean los factores geopolíticos los que permitieran impulsar al euro como moneda internacional. Y como demuestra la historia, el impulso político es la condición necesaria (aunque no suficiente) para extender el uso de una divisa en el mundo.

El euro ya es la segunda moneda más utilizada internacionalmente después del dólar (véase la Figura 1), pero aún está rezagado en términos de algunas de las funciones clave del dinero internacional, como servir como referencia para uso privado y oficial.

Figura 1. Cuota de mercado de las principales monedas en pagos internacionales (%)
Figura 1. Cuota de mercado de las principales monedas en pagos internacionales (%)
Fuente: SWIFT, Bloomberg, Natixis.

Ni los mercados de materias primas ni los distintos países con monedas débiles eligen al euro como referencia para fijar sus precios. Además, el papel internacional del euro sufrió un retroceso durante la crisis de la deuda soberana europea hace una década, cuando la supervivencia de la moneda única estuvo en peligro. Se podría argumentar que esto respondía a las fuerzas del mercado: la ventaja del dólar por estar ya establecido y, especialmente, la menor participación de la zona del euro en la economía mundial. Además, Estados Unidos es un deudor internacional neto, y los no residentes poseen una gran cantidad de activos financieros líquidos. Ciertamente, este no es el caso de la zona del euro, que sigue siendo un acreedor externo neto y tiene mercados de capitales fragmentados.

Pero más allá de los factores económicos, lo cierto es que el euro ha carecido del apoyo político para convertirse en una moneda de reserva más arraigada, algo que se hizo muy evidente durante la crisis del euro , cuando no quedó suficientemente claro quién respaldaba la moneda europea. Pero las cosas han cambiado. La erosión del llamado orden económico liberal, el entorno internacional cada vez más hostil y el temor a que los países de la UE puedan tomar opciones diferentes en la competencia entre China y EEUU, han alertado a los líderes del bloque sobre la urgente necesidad de impulsar la soberanía económica (y tecnológica ). El euro es una de las bases sobre las que construirla. Esto significa que tener una moneda internacional ya no es un riesgo para la estabilidad de los precios, como podría haber pensado el BCE en el momento de la creación del euro, sino más bien una oportunidad para ejercer poder económico más allá de las fronteras.

Pero, más allá de reconocer esta nueva realidad, y más allá de la retórica sobre la autonomía estratégica europea que hemos escuchado a la presidenta de la Comisión, al alto representante y al presidente del Consejo Europeo, la clave es qué está haciendo diferente la UE para que el euro adquiera un mayor protagonismo internacional. Y la respuesta es que varias cosas. Por una parte, el BCE está reaccionando de forma mucho más agresiva a la pandemia del COVID-19 que como lo hizo ante la crisis de deuda soberana europea, proporcionando liquidez temporal ilimitada y un respaldo a la deuda pública de los países de la zona euro. Además, también ha ampliado las líneas de swap a varios bancos centrales fuera de la zona del euro, siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal de EEUU . Está comportándose por fin como el Banco Central de una gran potencia. Por otro lado, la Unión ha creado un activo libre de riesgo europeo, un embrión de eurobono, que servirá para financiar el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, al que se suman las emisiones que la Comisión Europea ya está haciendo para financiar el programa SURE (de apoyo a la financiación de los expedientes de regulación temporal de empleo) que han tenido una enorme demanda internacional. El Banco Europeo de Inversiones, por su parte, también financia sus actividades mediante títulos en euro respaldados por todos los países de la unión. Todas estas emisiones aumentarán sustantivamente el stock de deuda denominada en euros, lo que contribuirá a reducir una de las limitaciones económicas estructurales que solía tener la moneda única: la escasa profundidad y amplitud de sus mercados de bonos, que no podían competir en tamaño con los del dólar.

“(…) la clave es qué está haciendo diferente la UE para que el euro adquiera un mayor protagonismo internacional”.

No hace falta decir que se necesitan más pasos para impulsar al euro. Pero es posible que no se trate tanto de avances económicos como de una política exterior más asertiva , unificada y coherente porque sólo así se avanzará en la tan ansiada soberanía económica.

Por todo ello, podría haber llegado el momento para un euro más global, algo que sería ventajoso tanto para la Unión como para otros países, que están cada vez más interesados en diversificar sus reservas y operaciones fuera del dólar ante la actitud cada vez más amenazante de EEUU. En definitiva, el euro, una moneda huérfana en sus inicios, puede encontrar ahora más respaldo del que nunca hubiera imaginado.

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @steinbergf

Alicia García Herrero
Investigadora sénior asociada del Real Instituto Elcano, economista jefe de Asia-Pacífico en NATIXIS, Senior Fellow en Bruegel | @Aligarciaherrer

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<![CDATA[ De Venus a Jano: la UE y el desorden internacional ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-oteroiglesias-de-venus-a-jano-la-ue-y-desorden-internacional 2020-10-22T01:27:55Z

La UE está ante un momento histórico. Los desafíos de la economía política internacional que se nos vienen encima son enormes.

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Versión en inglés: From Venus to Janus: the EU and international disorder.

Este octubre se han cumplido 50 años desde la presentación del Plan Werner, el primer intento de crear una unión económica y monetaria en Europa. El texto, escrito a máquina de escribir, todavía sigue siendo fresco. Ahí se apunta que la integración económica transnacional y el flujo de capitales especulativos son fuentes de inestabilidad y que los europeos deberían crear estructuras federales para tener la suficiente escala y recursos para amortiguar esos shocks. Los paralelismos con la actualidad son evidentes. También por aquel entonces el unilateralismo de EEUU era preocupante (Nixon rompió con el patrón oro/dólar y estableció aranceles sólo un año después) y el orden internacional establecido se derrumbaba frente a los ojos de los europeos.

Frente a esta realidad el Plan de Pierre Werner, primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo, apostaba por una unión monetaria, pero también económica. El grupo de expertos que lo diseñó, compuesto por banqueros centrales, pero también altos cargos políticos de los Ministerios de Economía, había acordado que el establecimiento de una moneda única era absolutamente necesario, pero para ello había que tener una unión fiscal y una mayor armonización de las políticas económicas (incluidas las sociales), y eso lógicamente implicaba la creación de una unión política. O sea, el mismo debate que tenemos medio siglo después. Y lo más fascinante del texto es que ahí se dice que con la creación de la unión monetaria la “Comunidad (Europea) tendrá que declarar, frente al resto del mundo, sus propios objetivos de economía política internacional”.

“Europa durante mucho tiempo se ha limitado a centrarse en la parte económica”.

Llevo casi 20 años de estudiante de Economía Política Internacional y, hasta el otro día que leí de nuevo el Plan Werner, rara vez (puede que incluso nunca) había leído este concepto en un documento oficial de la UE. Esto es sintomático de lo que ha pasado en Europa entre las presidencias de Richard Nixon y Donald Trump. Como todos sabemos, la moneda única sólo llegó 30 años después de Werner y la unión fiscal todavía está en ciernes. Europa durante mucho tiempo se ha limitado a centrarse en la parte económica. Como dijo en su día Lorenzo Bini Smaghi, la UE se ha convertido en un gigante económico, pero se ha quedado en un enano político. Tiene la segunda divisa más importante del mundo, pero golpea muy por debajo de su peso en los grandes debates estratégicos.

Por un tiempo, y sobre todo cuando los EEUU de George W. Bush se lanzaron al desastre de Irak, los europeos se sintieron cómodos en esa posición. EEUU era Marte (dios de la guerra), y Europa era Venus (diosa del amor, la belleza y la fertilidad). En la era de la hiperglobalización (entre 1990 y 2008), EEUU se encargaba de ser el policía del mundo y Europa de hacer negocios. Los mercados emergentes, sobre todo China, pero también países como Brasil y la India, eran además un maná de mano de obra barata y clases medias con poder adquisitivo creciente. En Alemania (que este año cumple 30 años desde la Reunificación), y también en Bruselas, había calado la idea de que el resto del mundo iba a seguir los pasos de la Europa Central y del Este. Dejarían atrás el totalitarismo y abrazarían la democracia liberal y el libre mercado. En el Pentágono y en el Departamento de Estado algunos se retorcían. Repetían incesantemente: “¿Cuándo seréis capaces los europeos de pensar más allá de los intereses económicos nacionales y tener una visión estratégica? Estáis siendo muy ingenuos con China. ¡Despertad!”.

Pero esa ingenuidad tenía una razón. La UE se había creado sobre la integración económica. En romper con los monopolios y las burocracias nacionales y, a través del “Método de Monnet”, crear un mercado único, que a su vez necesitaría de un marco normativo transnacional. Este método había enseñado que la integración debía hacerse por sectores, a nivel técnico (dejando la política de lado, y la política industrial en el basurero de la historia) porque eso al final llevaba a una bola de nieve que hacía que la integración en un ámbito necesitaría de mayor integración en otros ámbitos. El método todavía es aplicable hoy. Schengen hace que tengamos que integrarnos más en el ámbito sanitario para poder recuperar el turismo dentro de la Unión. Pero esa obsesión por mayor integración económica y financiera hizo a las elites europeas demasiado dogmáticas a la hora de promulgar la globalización, sin percatarse de los efectos colaterales nocivos que estaba produciendo.

“Pero esa obsesión por mayor integración económica y financiera hizo a las elites europeas demasiado dogmáticas a la hora de promulgar la globalización, sin percatarse de los efectos colaterales nocivos que estaba produciendo”.

Todavía hoy muchos se agarran a la metáfora de Venus. Lamentan que EEUU sea más proteccionista, que China y la India sean más nacionalistas y que el Reino Unido se haya hecho más nativista. Parece como si el desmoronamiento del orden liberal internacional no fuese culpa de los europeos. Pero, así como hubo una escuela de Chicago que defendió el laissez faire, también hubo una escuela de Bruselas (apoyada por Frankfurt) con una fe ciega en las virtudes del mercado. Fue justamente esa escuela la que le dio el soporte ideológico a Berlín para pensar que “los mercados” se encargarían de disciplinar a los países del sur en la crisis financiera y de deuda que empezó en 2008 y no acabó hasta que en 2012 Merkel se dio cuenta del error y aceptó la creación de una unión bancaria, y Mario Draghi volvió a recuperar la economía política internacional y declaró que el BCE haría todo lo necesario para salvar al euro. Por fin, la economía y la política volvían a encontrarse en Europa.

Durante mucho tiempo en la UE, y en los países miembros de la Unión, los departamentos y Ministerios de Economía y de Política Exterior han trabajado de espaldas unos a otros. Eso es un claro síntoma de falta de cultura estratégica. EEUU, con todos sus errores, tiene una mayor integración de esos dos ámbitos (los que se dedican a los negocios y los que se preocupan por la seguridad nacional). Un claro ejemplo es el Comité de Inversión Extranjera en EEUU (CFIUS, por sus siglas en inglés). Este comité está en el Departamento del Tesoro (Economía) pero muchos otros ministerios (Exteriores, Defensa, etc.) tienen unidades de CFIUS y lógicamente hay una comisión interministerial que determina si cierta inversión extranjera puede amenazar la seguridad nacional. En Europa hay países como Francia, incluso España, que tienen mecanismos similares, pero hasta hace poco el control era mucho más laxo y eso explica dos errores estratégicos recientes.

El primero ocurrió en 2011, en plena crisis, cuando la obsesión por privatizar de Bruselas hizo que la red eléctrica pública portuguesa EDP cayese en manos de la empresa “pública” China Three Gorges Corporation (CTG). Toda una ironía. Y el segundo, cuando en 2016 la empresa china Midea compró la empresa robótica alemana KUKA. Eso fue un shock para las elites alemanas. A partir de ahí empezaron a pensar de una manera más estratégica sobre su relación con China, que hasta ese momento se había basado casi exclusivamente en los negocios. En general, los debates en Alemania se han precipitado. Merkel y gran parte del establishment empresarial alemán se han dado cuenta de que China no va a abrazar el liberalismo en el futuro próximo y además su capitalismo de Estado, con su nueva vertiente de tecno-autoritarismo, representa todo un desafío para el modelo socio-económico teutón y europeo.

De nuevo se habla en Alemania de que hay que recuperar los principios de la economía social de mercado del capitalismo renano. Se reconoce que se ha apostado excesivamente por el mercado (y la globalización) y se ha descuidado lo social. Lógicamente, la llegada de Alternativa por Alemania con 100 diputados al Bundestag, sumado a la locura del Brexit, el auge de Le Pen y Salvini, y el terremoto geopolítico de Trump, han encendido todas las alarmas. Algunos le achacan la culpa a Merkel. Opinan que fue muy miope en la anterior crisis e impuso una austeridad excesiva en el sur. Es verdad que Merkel se aferró a la tradición alemana de dejar que los mercados hagan su trabajo, pero la presión interna no le daba mucho margen de maniobra. Es bien sabido que Alemania siempre ha sido una potencia reticente y si Merkel hubiese lanzado un Marshall Plan en 2010 no hubiese tenido el apoyo, ni de su partido ni de la sociedad alemana.

Volviendo a la creación del euro, el temor en Alemania, y en otras naciones del norte, como los Países Bajos, siempre ha sido que la unión monetaria se convirtiese en una unión de transferencias. Ese temor sigue ahí, pero Merkel en los últimos 10 años ha logrado algo extraordinario. Al ser dura en las negociaciones de la anterior crisis consiguió dos cosas. Ganarse la confianza de la población y ceder en Europa siempre que hiciese falta. Eso hizo que los “halcones” de su partido y del establishment conservador alemán cada vez se sintiesen más marginados. Hasta el punto de que varios profesores de economía euroescépticos fueron los que crearon Alternativa por Alemania. Hoy, sin embargo, todos los sucesores de Merkel en su partido apoyan el plan de Recuperación de la UE y eso que rompe con una de las líneas rojas tradicionales de Alemania: la emisión de deuda mancomunada (hasta la propia Merkel dijo que no habría eurobonos en su vida).

Pero la pandemia del COVID-19 lo ha cambiado todo y gracias al capital político acumulado y la insistencia del presidente francés Macron, Merkel ha accedido a un mayor endeudamiento. No por altruismo: por la clara convicción de que si el Continente es inestable, Alemania también lo será. Y justamente ese razonamiento tiene una serie de implicaciones, tanto internas como externas para la Unión. La primera es que, si no logramos mayor convergencia en nuestras sociedades, tanto entre los países como dentro de los países de la Unión, no podremos ser fuertes a nivel internacional. La pandemia sólo va a aumentar las desigualdades y el descontento social y el modelo de capitalismo europeo, basado precisamente en economías sociales de mercado, tiene que ser capaz de superar ese desafío. Precisamente, el fondo de recuperación tiene que ayudar a hacer nuestras economías más modernas, sostenibles e inclusivas. Para España y otros países recipientes netos es una oportunidad única. Si no se aprovecha, el sueño de Werner de hace 50 años de crear una unión fiscal estará más lejos.

“Una Merkel que, frente a la creciente rivalidad geopolítica entre EEUU y China, ha entendido que Europa tiene que coger su destino en sus manos sobre la base de una mayor autonomía estratégica y sobre los pilares del modelo de capitalismo europeo”.

La UE está, pues, ante un momento histórico. Endeudarse juntos hasta el 2058, repartir 750.000 millones de euros (el equivalente al 60% del PIB de España), crear los mecanismos burocráticos y democráticos para que se use de manera efectiva el dinero y ponerse de acuerdo para crear impuestos para devolverlo va a ser una prueba de fuego. Algunos lo llaman momento hamiltoniano, pero yo lo llamaría un momento merkeliano. Una Merkel que, frente a la creciente rivalidad geopolítica entre EEUU y China, ha entendido que Europa tiene que coger su destino en sus manos sobre la base de una mayor autonomía estratégica y sobre los pilares del modelo de capitalismo europeo, es decir, el pluralismo político, el Estado de derecho, el libre mercado y el Estado del bienestar. Europa tiene que pasar de Venus a Jano, el dios de las puertas y las transiciones. Puertas, porque frente a la ola proteccionista Europa debe mantenerse abierta (pero sin ingenuidad y con capacidad de prohibir la entrada si hace falta). Y transiciones en plural porque Jano tiene dos caras, una que mira al pasado y otra al futuro, y Europa debe evitar los errores del pasado para tener un futuro mejor (que necesariamente tiene que ser verde). También se dice que Jano mira a Occidente y a Oriente, y así lo tiene que hacer la UE. Darle la espalda a China, como pretenden algunos, sería un grave error. Y eso lo sabe bien Josep Borrell, alto representante de la UE para la Política Exterior. El dinamismo del futuro está en Asia. Y, por supuesto, en el sur: en África (volvemos a la importancia de las puertas).

Finalmente, Jano es el dios que protege al Estado. También aquí se debería usar el plural. La UE es una unión de Estados, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, y si estos son débiles, la Unión también lo será. Pero la UE también está dando pasos –el fondo de recuperación así lo demuestra– para convertirse en un proto Estado. Ojalá Jano lo aliente y proteja. Los desafíos de la economía política internacional que se nos vienen encima son enormes.

Miguel Otero Iglesias
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del IE School of Global and Public Affairs | @miotei

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<![CDATA[ Una política industrial transformadora para la España post COVID-19 ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-politica-industrial-transformadora-espana-pos-covid-19 2020-10-08T12:10:00Z

El COVID-19 ha alterado la transformación industrial en curso en la Unión Europea (UE) y España. La pandemia es una oportunidad para impulsar una nueva política industrial transformadora y de nueva generación.

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Ver también:

Contenidos

Sumario ejecutivo – 7

1. Contextualización del documento – 7

2. Construir el relato de la nueva industria española – 11

3. El modelo industrial necesario – 15
3.1. Una gobernanza integrada, responsable y comprometida con la industrialización de España – 19
3.2. Una industria de alto nivel tecnológico e innovador capaz de emplear talento, de crear riqueza y de garantizar el bienestar de la ciudadanía española – 23
3.3. Financiación estable en el tiempo y coherente con la ambición de los objetivos que se establezcan para el nuevo modelo industrial español – 27

4. Hacia una nueva política industrial rentable, sostenible y con impacto social – 33

Sumario ejecutivo

El COVID-19 ha alterado la transformación industrial en curso en la Unión Europea (UE) y España. Esta transformación era y es necesaria para mejorar la competitividad, contener la pérdida de soberanía tecnológica y asegurar la supervivencia del tejido industrial. La pandemia no altera la necesidad de transformar las políticas industriales, pero obliga a revisar el contexto de la transición y a reforzarla.

El impacto del COVID-19 ha sido asimétrico para España. El nivel tecnológico de ésta es dispar y su aportación a la economía es inferior a la media europea. La inestabilidad presupuestaria dificulta el desarrollo de programas tecnológicos e industriales a largo plazo. La oferta en formación no satisface la demanda industrial. La pandemia incrementa la vulnerabilidad y dependencia del sector y el Estado no cuenta con la capacidad financiera necesaria para acelerar la recuperación.

La pandemia es una oportunidad para impulsar una nueva política industrial, identificar las prioridades y criterios de respuesta, renegociar la agenda, identificar medidas a corto plazo para mitigar el impacto (recuperación) y alinearlas con las medidas a largo plazo (transformación). En concreto, una política industrial transformadora, de nueva generación, como la que se propone debería incluir:

  • OBJETIVOS. Definir misiones y prioridades para estrechar la relación entre digitalización, economía verde e industrialización.
  • INSTRUMENTOS. Adaptar los instrumentos regulatorios, financieros, educativos, innovadores, públicos y privados, nacionales y europeos, a la transformación industrial (instrumentos finalistas).
  • ESTRATEGIAS. Convocar un encuentro nacional por la industria. Elaborar un pacto de país por la nueva industria (hoja de ruta con objetivos, plazos y responsables). Articular un foro público-privado de coordinación estratégica (gobernanza).

Junto con la anterior, la nueva política industrial debería añadir una visión y un relato del modelo industrial al que se dirige. Según los autores, en 2030 la industria española llegará al 20% del PIB, completará su digitalización y culminará su transición energética. Estará integrada en las cadenas europeas de valor y en los ecosistemas industriales europeos de investigación e innovación, así como en los mundiales. Contará con instrumentos estables de financiación público-privada, programas a largo plazo y con un modelo de gestión inclusivo para asegurar su aplicación a objetivos de interés social y empresarial. La inversión selectiva en formación avanzada y tecnologías disruptivas ofrecerá mejores oportunidades a las nuevas generaciones y situará las industrias españolas en los tramos altos de las cadenas de valor. España contará con una nueva industria vinculada a la ciencia y a la tecnología que generará rentabilidad económica, sostenibilidad ambiental y bienestar social para el conjunto del país.

Eva Arrilucea
Ilíder de Think&Do, Tecnalia
| @earrilucea

Félix Arteaga
Investigador principal, Real Instituto Elcano.

Jesús Marcos
Gerente de Mercados Estratégicos de Tecnalia.

Andrés Ortega
Investigador senior asociado, Real Instituto Elcano
| @andresoretagak

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<![CDATA[ Geopolítica y política monetaria en la nueva normalidad ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari107-2020-steinberg-geopolitica-y-politica-monetaria-en-la-nueva-normalidad 2020-09-21T01:31:11Z

Este análisis estudia las implicaciones económicas, distributivas y geopolíticas de la decisión de la Reserva Federal de EEUU de cambiar la forma en la que llevará adelante la política monetaria.

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Tema1

Este análisis estudia las implicaciones económicas, distributivas y geopolíticas de la decisión de la Reserva Federal de EEUU de cambiar la forma en la que llevará adelante la política monetaria.

Resumen

La Reserva Federal de EEUU (“Fed”), ha decidido modificar la forma en la que llevará adelante la política monetaria. Dará mucha más importancia al empleo y se preocupará menos por la inflación, lo que abre la puerta a un largo período de bajos tipos de interés. Esta decisión de política monetaria tiene enormes implicaciones distributivas y geopolíticas.

Análisis

Introducción

Money is politics (“El dinero es política”) es el provocador título de un artículo de 2003 de Jonathan Kirshner, en el que explicaba que las decisiones sobre la política monetaria y cambiaria, aunque puedan revestirse de tecnicismos, son eminentemente políticas, porque tienen profundas implicaciones sobre el poder y la distribución de la riqueza.

Pues bien, la decisión de la Reserva Federal de EEUU (“Fed”) de revisar la forma en la que se hará la política monetaria a partir de ahora, más allá de justificarse de forma técnica, es una decisión muy política. En el encuentro anual de Jackson Hall, en el que los gobernadores de bancos centrales suelen hacer sus discursos más importantes, Jerome Powell anunció que la Fed va a reinterpretar su objetivo de inflación. Explicó que ahora estará dispuesta a tolerar inflaciones superiores al 2% anual para compensar que en los últimos años, como se observa en la Figura 1, se han registrado tasas sensiblemente inferiores a dicha cifra. Además, anunció que prestará mucha menos atención a la inflación y más al empleo.

Figura 1. Tasa de inflación mensual en EEUU y la Eurozona, enero de 2000-julio de 2020
Figura 1. Tasa de inflación mensual en EEUU y la Eurozona, enero de 2000-julio de 2020
(1)Tasa de inflación mensual con respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: Eurostat y US Bureau of Labor Statistics.

Al pasar a considerar una inflación (moderada) como un aliado para reducir el valor de la deuda en vez de como un enemigo a batir (como se lleva haciendo desde los años 70), esta decisión podría constituir un punto de inflexión en la forma en la que el banco central más importante del mundo lleva adelante la política monetaria, arrastrando a otros a seguir su estela.

Pero, además, el anuncio tiene implicaciones en términos distributivos y geopolíticos. Por una parte, anticipa un período todavía más largo del previsto de bajos tipos de interés, lo que –si efectivamente se materializa en mayor inflación– favorecerá a los deudores frente a los acreedores y seguramente a los jóvenes frente a los pensionistas. Por otra, tiene importantes ramificaciones geopolíticas: aunque la decisión está tomada sobre todo como respuesta a la delicada situación económica interna estadounidense, en la práctica constituye un ejercicio de poder monetario por parte de EEUU. El estatus de moneda global del dólar hace que una acción como esta perjudique a China (cuyas reservas en dólares tenderán a perder valor si el billete verde tiende a depreciarse como consecuencia del aumento de su oferta en los mercados), lo que podría abrir un nuevo episodio de guerra de divisas que complicaría sobremanera resolver la ya complicada tensión comercial entre ambos colosos. La zona euro, por su parte, tendrá que afrontar el dilema de seguir la estela de la Fed o aceptar un euro estructuralmente más fuerte, lo que podría dañar la recuperación económica al dificultar las exportaciones. Y, en todo caso, vuelve a ponerse de manifiesto la necesidad de que la UE avance con celeridad en su autonomía estratégica, en la que la internacionalización del euro es una de las piezas clave. Cada vez está más claro que la idea de una Comisión Europea geopolítica con voluntad e instrumentos para desarrollar soberanía económica y autonomía estratégica pasa, en primer lugar, por evitar que las acciones de otras potencias en los ámbitos de la economía, la tecnología o la seguridad, no afecten negativamente o condicionen las políticas que la UE quiera llevar a cabo. Y si el euro fuera una moneda con mayor presencia internacional, lo que hiciera la Fed afectaría menos a las economías europeas.

¿Qué dice la Fed?

En su comunicado del 27 de agosto de 2020 la Fed afirma que el nivel de equilibrio de los tipos de interés (el que iguala la oferta y la demanda de fondos prestables) ha descendido en relación a su media histórica, lo que supone “riesgos crecientes a la baja para la inflación y el empleo”, que la llevarán a utilizar “todos los instrumentos a su disposición para conseguir sus máximos objetivos de empleo y estabilidad de precios”. Esto significa que cuando la economía se recupere y se registren bajas tasas de desempleo (como, por ejemplo, las observadas antes del estallido de la pandemia del coronavirus, en el entorno del 4%), la Fed no subirá de forma mecánica los tipos de interés por temor a la inflación, como pasaba hasta ahora. En la jerga económica se hablaba de que la política monetaria debía volverse más restrictiva cuando la tasa de desempleo se situara por debajo de su tasa natural o por debajo de la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU, por sus siglas en inglés), o, de lo contrario, la economía se recalentaría y la inflación sería superior a la deseada, dando al traste con el principal objetivo del banco central, la estabilidad de precios.

En el actual contexto de crisis, en el que el desempleo es claramente superior al natural debido al desplome temporal del consumo y la inversión, al que ahora se añaden la incertidumbre y la caída de la confianza, las nuevas orientaciones de la Fed no supondrán cambio alguno: seguiremos viendo una política monetaria ultra-expansiva, tanto para impulsar la demanda como para asegurar la estabilidad financiera. Mediante estos programas de expansión cuantitativa (QE), el banco central seguirá comprando activos y aumentando su balance (véase la Figura 2, donde también se incluye al BCE). Pero la Fed indica que, una vez que pase la pandemia, en la nueva normalidad, continuará apoyando el crecimiento y será mucho más flexible con la inflación, considerando el objetivo del 2% como una media a lo largo del tiempo y no como un nivel máximo a partir del cual actuará, lo que debería traducirse en un incremento de la inflación “media” esperada. Como el principal determinante de la inflación observada es la inflación esperada, este anuncio pretende anclar las expectativas de inflación futuras para que se plasmen en subidas de precios más altas que las actuales.

Figura 2. Balances consolidados de la Fed y el BCE, 2007-2019
Figura 2. Balances consolidados de la Fed y el BCE, 2007-2019
(1) Balances a 31 de diciembre de cada año.
Fuente: Fed y BCE.

Además, la Fed dejará de equiparar automáticamente una baja tasa de paro con el recalentamiento de la economía. De esta forma, podría estar aceptando la hipótesis según la cual un bajo desempleo responde más a que hay muchos trabajadores desanimados que dejan de buscar empleo que a que la economía se encuentre cerca de pleno empleo. La mala situación económica puede reducir la participación en el mercado laboral, con el consiguiente impacto adverso sobre el crecimiento y la pobreza, ya que suelen ser los trabajadores poco formados y pobres los que antes abandonan la búsqueda de empleo. En palabras de la Fed, “el nivel máximo de empleo es un objetivo de amplio espectro, no directamente observable y que cambia con el tiempo”. Esta frase es un torpedo en la línea de flotación del concepto de tasa natural de paro, que ha regido las decisiones de política monetaria durante los últimos 30 años.

De este modo, la Fed compra parte del argumentario de los defensores de la idea de que hemos vivido un cambio de paradigma que nos aboca a un estancamiento secular. Como defienden Larry Summers y Paul Krugman, durante los últimos 15 años se han producido cambios estructurales en la economía como el envejecimiento, la globalización, las nuevas tecnologías y el aumento de la desigualdad, tendencias que reducen el tipo de interés natural de equilibrio (véase la Figura 3) y nos abocan a tasas de crecimiento bajas. Con ello, la inflación (enemigo a batir desde los años 70) queda relegada a preocupación secundaria.

Figura 3. Tipo de interés natural de equilibrio en EEUU y la Eurozona, 1972-2020
Figura 3. Tipo de interés natural de equilibrio en EEUU y la Eurozona, 1972-2020

La Fed pasa así a dotarse de medios para intentar evitar una peligrosa “japonización” de la economía estadounidense, abriendo la puerta a que los tipos de interés permanezcan muy bajos durante mucho, mucho tiempo; y, de paso, reconociendo que las subidas de tipos que comenzaron en 2015 (véase la Figura 4) fueron precipitadas. Queda por ver si efectivamente se puede conseguir aumentar así la inflación: Japón lleva más de 20 años intentándolo.

Figura 4. Tipos de interés establecidos por la Fed y el BCE, 1/I/2001-1/IX/2020
Figura 4. Tipos de interés establecidos por la Fed y el BCE, 1/I/2001-1/IX/2020
Fuente: Expansión.

Implicaciones distributivas y geopolíticas

Las implicaciones de esta decisión son profundas. Menores tipos de interés y mayor inflación son buenos para quién esté endeudado y malos para los acreedores. A nadie se le escapa que saldremos de la pandemia con niveles de deuda pública nunca vistos salvo en tiempos de guerra. Y para hacer frente a la deuda sólo hay tres opciones. Bien se genera crecimiento y se paga, bien se genera inflación para reducir su valor real (lo que hace más fácil el pago y por el camino deprecia la moneda), bien se reestructura o impaga. Y durante el proceso, si uno tiene una moneda creíble como el dólar o el euro y la ratio deuda/PIB permanece estable, se puede refinanciar indefinidamente, lo que exige que los tipos de interés no suban (Olivie Blanchard lleva tiempo defendiendo que con bajos tipos de interés, si la emisión de deuda pública sirve para realizar inversiones que aumentan el potencial de crecimiento, la ratio deuda/PIB no tiene por qué aumentar).

Como nadie quiere ni oír hablar de reestructuraciones o impagos (¿se acuerdan de Grecia o de Argentina?) la Fed está insinuando que la inflación (junto al crecimiento) tendrá un papel fundamental en la estrategia de reducción de deuda (algo que ya sucedió después de la Segunda Guerra Mundial tal y como refleja la Figura 5), lo que supone tomar una posición política que no favorece a los ahorradores. También está mostrando que está dispuesta a continuar recortando las cuentas de resultados de bancos y aseguradoras, que estarían más contentas con tipos de interés más elevados. En términos de equidad distributiva intergeneracional, si consigue aumentar la inflación y el empleo estará facilitando el futuro de las generaciones más jóvenes, para las que el servicio de la deuda pública emitida durante la crisis no será tan gravoso, a cambio de una menor renta real de los jubilados, que estarán en peores condiciones para protegerse de una inflación elevada.

Figura 5. Deuda pública sobre el PIB, 1945-1980
Figura 5. Deuda pública sobre el PIB, 1945-1980
Fuente: Historical Public Debt Database, FMI.

Como la Fed es el banco central más importante del mundo, y emite la (por ahora) moneda de reserva mundial, esta decisión tiene también implicaciones geopolíticas. El BCE, que también se encuentra inmerso en un proceso de revisión estratégica de su política monetaria (que debe concluir a finales de 2020), debe optar ahora por seguir la estela de la Fed, lo que gustaría a los países del sur y disgustaría a los del norte (en especial a Alemania), o no hacerlo y aceptar una apreciación del euro, que lastraría la ya de por sí débil e incierta recuperación económica.

China, por su parte, que hace un año se encontraba en plena guerra de divisas con EEUU, también se verá perjudicada, tanto por la apreciación del yuan, que deberá contrarrestar con su propia política monetaria, como porque los dólares que recibirá por las ingentes cantidades de bonos del Tesoro norteamericano que guarda como reservas de su banco central tendrán menor poder adquisitivo (esto, por cierto, también le pasará a países como Arabia Saudí o Japón, que también llevan décadas financiando a EEUU). De hecho, la decisión de la Fed seguramente será interpretada en China como una expresión del poder monetario de EEUU, entendido como la capacidad del país que emite la moneda de reserva de forzar a otros a modificar sus políticas o de perjudicarlos directamente, por ejemplo mediante la manipulación del tipo de cambio. Esto podría devenir en una nueva escalada de tensiones comerciales entre ambos países y en una respuesta por parte del banco central de China para evitar la apreciación del yuan frente al dólar, que se sumarían a los conflictos ya existentes en relación a Hong Kong o la tecnología 5G, que harían más difíciles los acuerdos para reformar instituciones internacionales clave como la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Salud, como pretende la UE.

Asimismo, en el medio plazo, las acciones de la Fed podrían contribuir a erosionar la confianza de mercados y gobiernos en el papel internacional del dólar, que se viene debilitando en los últimos años por las erráticas declaraciones (y acciones) del presidente Trump pero sin perder todavía su posición de centralidad en el sistema monetario internacional. Esto se debe a que EEUU está, una vez más, tomando decisiones de política monetaria con implicaciones internacionales pensando sobre todo en sus intereses nacionales, y utilizando su poder monetario para extraer ventajas. Además, si las acciones de la Fed tienen éxito y generan inflación, tenderán a reducir el atractivo del dólar como depósito de valor.

En todo caso, a diferencia de otros momentos de la historia, ahora existen potenciales rivales para el dólar, sobre todo el euro y el yuan. La UE ha entendido que tiene que desarrollar su autonomía estratégica, vinculando la política económica exterior a la geopolítica, como hacen todas las grandes potencias. Y la internacionalización del euro, hasta ahora nunca utilizada como herramienta de política exterior, es uno de los instrumentos que necesita promover. De hecho, como sostiene Randall Henning, la creación del euro tuvo como uno de sus objetivos que la UE ganara autonomía frente a los shocks monetarios derivados de la hegemonía del dólar, que afectaban negativamente a las economías europeas (y también a las de otros países) incluso cuando no eran concebidos como acciones de política exterior contra la misma. Ahora que el escenario geopolítico es cada vez más incierto y conflictivo y que la Unión parece convencida de la necesidad de promover su soberanía económica y tecnológica y depender menos del “amigo americano”, podría utilizar las voluminosas emisiones de deuda con las que va a financiar el fondo de recuperación para ampliar la liquidez y profundidad de los mercados de deuda en euros, que son una condición necesaria para que una moneda sea considerada de reserva. China, por su parte, sabe que su camino hacia la hegemonía global pasa, entre otras cosas, por la internacionalización del yuan, pero eso requiere liberalizar su sistema financiero, reducir sus controles de capitales y dejar de manipular el valor de su moneda, algo que por el momento no parece dispuesta a hacer.

Conclusiones

El cambio de orientación de la política monetaria de la Fed abre importantes interrogantes. El primero es si tendrá éxito en elevar la inflación y el crecimiento. Los niveles de deuda pública con los que los países avanzados saldrán de la pandemia serán tan elevados que requerirán una estrategia monetaria agresiva y, posiblemente, un cambio de mentalidad en los bancos centrales (los países emergentes también necesitarían algo similar, pero lo tendrán mucho más difícil porque la expansión monetaria podría generar salidas de capitales y pérdidas de confianza). Una combinación de crecimiento, inflación, bajos tipos de interés que permitan la refinanciación de la deuda, mayores impuestos y represión financiera serán, seguramente, las fórmulas para evitar las temibles (y evitables) reestructuraciones de deuda. Esta estrategia ya tuvo éxito a partir de 1945, cuando la deuda generada por el esfuerzo de guerra se fue licuando progresivamente en muchos países occidentales. El problema es que en aquellos años también se produjeron importantes aumentos de la productividad que alimentaron el crecimiento, que hoy, por el momento, no se observan. Además, Japón, que lleva décadas intentando generar inflación, no lo ha conseguido, aunque también es cierto que su población activa está disminuyendo (y así es muy difícil generar crecimiento y que los precios suban), algo que seguramente no ocurrirá en Europa o EEUU.

Si la Fed (y otros bancos centrales) tienen éxito y la inflación se sitúa en un rango del 2%-4%, habrá que ver si se mantiene estable, que sería lo deseable, o si entramos en peligrosas espirales inflacionistas por la aceleración de expectativas de subidas de precios, como las que se produjeron tras la ruptura del sistema de Bretton Woods en 1971 y las crisis del petróleo de 1973 y 1979. En cualquier caso, no estaríamos hablando de hiperinflaciones “a la venezolana”, pero si los precios se descontrolasen, los bancos centrales tendrían que dar marcha atrás y subir rápidamente los tipos de interés, lo que podría desencadenar una recesión como la de principios de los años 80. Este escenario, a día de hoy, es muy poco probable, pero para que no se materialice sería importante que no se produjera un aumento del proteccionismo y una desglobalización intensa, ya que parte de reducción estructural de los precios en las últimas décadas ha venido causada por el efecto desinflacionario de la entrada de China y otros países emergentes en el comercio mundial que, con sus menores costes, han reducido sensiblemente los precios de las manufacturas. E igual que la integración comercial ha generado caídas de precios, la desintegración tendría el efecto inverso. Asimismo, como han subrayado Matthew Klein y Michael Pettis en su libro Trade Wars are Class Wars, una de las claves para salir del estancamiento secular, generar crecimiento (y de paso suavizar las tensiones comerciales) es reducir la desigualdad dentro de los países, lo que requiere un replanteamiento de los sistemas tributarios para volverlos más progresivos, en particular gravando a los percentiles más ricos. Las recientes propuestas que recogen los libros de Paul Collier, Martin Sandbu o Mark Blyth y Eric Lonergan, que subrayan la necesidad de recuperar un crecimiento mucho más inclusivo para que el capitalismo sea socialmente sostenible, también ponen el énfasis en esta idea. Es posible que el esfuerzo de reconstrucción y nuevos pactos sociales post-pandemia exija nuevos contratos sociales y mayores impuestos, por lo que los países occidentales vayan en esa dirección.

Por último, para España, la clave será cómo reaccionará el BCE ante esta nueva situación. Se atribuye a John Maynard Keynes la frase: “Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace?”. Es bienvenido que la Fed haya tenido el coraje y la independencia de adaptar su política monetaria a las nuevas circunstancias. Queda por ver si en Berlín y Frankfurt hacen la misma lectura.

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano, profesor de la UAM y asesor especial del alto representante para la Política Exterior y de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell | @Steinbergf


1 Agradezco a José Pablo Martínez, Miguel Otero y Enrique Feás su ayuda y comentarios.

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<![CDATA[ Ciberseguridad económica ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari105-2020-fonfria-duch-brown-ciberseguridad-economica 2020-09-15T03:49:27Z

La ciberseguridad posee unos condicionantes económicos vinculados a la seguridad económica que han sido muy poco explorados.

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Tema

La ciberseguridad posee unos condicionantes económicos vinculados a la seguridad económica que han sido muy poco explorados. Tanto los costes asociados a los riesgos de ciberseguridad como las inversiones necesarias para prevenirles precisan una mayor atención y metodología de análisis.

Resumen

La seguridad económica es un concepto aún difuso. Su importancia es difícil de soslayar debido a que la economía impregna todas las actividades sociales. Los costes y beneficios derivados de diversas tomas de decisiones han de considerar los factores de seguridad y resiliencia de las economías. El problema resulta más complejo cuando buena parte de las actividades económicas se realizan en espacios virtuales cuyo control es, en el mejor de los casos, difuso. La ciberdelincuencia y los ciberataques representan actividades de elevado beneficio y reducido coste para quienes las realizan y, sin embargo, los costes económicos que sufren las empresas, personas físicas e instituciones públicas pueden ser elevados y, los costes sociales, de una gran entidad.

Análisis

La ciberseguridad es esencial tanto las para empresas, como para los gobiernos y los individuos. La creciente digitalización de la actividad económica impulsa negocios, abre mercados nuevos o mejora la productividad empresarial, pero al mismo tiempo genera riesgos como el espionaje o la explotación de las vulnerabilidades en el software, entre otros, que facilitan nuevas vías para la ciberdelincuencia, los ataques a infraestructuras críticas o fraudes de todo tipo.

Desde la perspectiva económica, los distintos mercados que se encuentran vinculados a través de Internet –productores de software, proveedores de servicios, redes sociales, usuarios, es decir, la demanda, entre otros–, muestran características muy diversas que requieren un tratamiento específico que no se observa en la mayor parte de los sectores económicos y su funcionamiento, tal y como se concebían tradicionalmente. Esta situación implica la existencia de imperfecciones de mercado de diversa índole, que se conjugan en la red y que precisan un enfoque de seguridad económica.

El concepto de seguridad económica en el ciberespacio

La seguridad económica es una parte de la economía a la cual no se le ha prestado suficiente tradicionalmente la suficiente atención, aunque en los últimos 15 años ha comenzado a ser objeto –marginal– de estudio por parte de algunos autores e instituciones. Sin embargo, aún se encuentra fuera del mainstream de la economía y el concepto carece de una definición. En este sentido, la OCDE la define como un grupo caleidoscópico de actividades relacionadas con la prevención o la reducción de riesgos tanto de la vida, como de la propiedad1. La amplitud de esta definición y su enorme campo de aplicación le resta profundidad y utilidad. Por su parte, la seguridad económica puede definirse como “aquellas actividades afectadas por, y orientadas a la prevención, el tratamiento y la mitigación de la inseguridad en la economía” según Brück2. Desde este punto de vista, es un bien público y, como tal, posee las características de no exclusión y no rivalidad en el consumo, generando externalidades positivas. Esto implica la intervención del sector público a fin de obtener el nivel adecuado de seguridad con un uso eficiente de los recursos, tanto públicos, como privados.

Brück, Karaisl y Schneider3 exponen que la seguridad económica se refiere a la aplicación de herramientas económicas al análisis del origen y la dinámica de la inseguridad. Sin embargo, su aplicación a la ciberseguridad sería muy restrictiva debido a que, tal y como muestran las complejidades que se vienen observando en los distintos mercados online, no se dispone de suficientes instrumentos para el conocimiento y control de las numerosas actividades y empresas implicadas. Desde otra perspectiva, Anderson, Böhme, Clayton, y Moore4 exponen que numerosos fallos de seguridad poseen causas económicas, lo cual puede deberse a que las organizaciones no son plenamente conscientes de los costes que pueden provocar los riesgos de seguridad asumidos. Esto es particularmente importante en el caso del ciberespacio, ya que la inversión en ciberseguridad tendería a reducir dichos riesgos y los efectos económicos negativos que pudieran generar. La inseguridad económica tiende a transmitirse entre sectores, instituciones e individuos, poniendo en mayor riesgo a los eslabones más débiles de la cadena y amplificando sus efectos al conjunto de los agentes implicados.

Desde una posición más pragmática y concreta, Fonfría5, considera que la seguridad económica forma parte de las actividades de inteligencia económica dirigidas a la seguridad de diversos agentes y a los efectos que su inseguridad puede generar sobre otros o sobre el conjunto de la sociedad. Adicionalmente, se nutre de los resultados de análisis económicos de diversa índole para apoyar la toma de decisiones tanto económicas, como políticas y empresariales.

Una de las cuestiones claves para determinar la probabilidad y el coste de la ciberseguridad es el conocimiento de los costes que genera y su distribución. Obviamente la seguridad total no existe, por lo que la comprensión de los distintos tipos de costes apoya la toma de decisiones sobre cuales han de ser tratados de manera prioritaria frente a otros, en función de las dos variables mencionadas. En definitiva, sería necesario un análisis de inteligencia económica de la ciberseguridad (cibereconomía) cuyo objetivo sea minimizar tanto su probabilidad como su impacto económico y social. De ello se derivan las políticas y estrategias necesarias para impedir la concreción del riesgo o reducir sus efectos.

Brück (2005) plantea la existencia de varios tipos de efectos económicos, tanto los directos, los derivados de la pérdida de activos y de producción, robo, fraude, virus informáticos, vidas y otros, como los costes indirectos debidos a las interacciones entre los distintos agentes y políticas como los que Chen y Siems6 analizan para las respuestas de los mercados de capitales. Conocer el efecto de los riesgos y de las medidas adoptadas es necesario para evitar, por ejemplo, generarse un efecto de “sobreprotección” o, dicho en otras palabras, que las inversiones en ciberseguridad sobrepasen los beneficios que aporta o que una regulación inadecuada disminuya la eficiencia de los mercados.

Aspectos económicos de la ciberseguridad

Uno de los factores que caracteriza el mercado de la ciberseguridad es la falta de competencia. En términos generales, el mercado disciplina a través de los precios y del número de competidores, pero la existencia de grandes proveedores de servicios y operadores en el ciberespacio restringe la competencia. La capacidad de negociación de los usuarios y su poder de mercado es prácticamente inexistente. El poder de monopolio u oligopolio limita, por lo tanto, las posibilidades de que los usuarios puedan cambiar de proveedor, ya que el coste para el consumidor puede ser muy elevado o que puedan exigir niveles de ciberseguridad adecuados7. Lo anterior, unido a la necesidad de acelerar el lanzamiento al mercado de nuevos productos, facilita la aparición de brechas de seguridad y de actividades ilícitas cuyos costes se trasladan a los usuarios, sin que éstos repercutan prácticamente en los productores8. Esta situación implica la existencia de asimetrías de información entre la oferta y la demanda, de forma que “los proveedores no conocen el alcance real de la seguridad del software y los compradores no están dispuestos a pagar el precio adicional por el software porque no tienen suficiente información sobre su nivel de seguridad” según Fonfría y Duch-Brown9.

La cuestión que surge en este punto es, cómo se puede estimular que las empresas realicen más esfuerzos en mejorar la seguridad del software. Obviamente, no es fácil debido a que el coste de las brechas de seguridad que soportan puede ser muy reducido si se compara con el coste individual y, por agregación, el coste social que genera. En realidad, es un problema de asimetría de información, particularmente de riesgo moral10, según el cual la mayor información que tienen las empresas les permite llevar a cabo comportamientos oportunistas en su beneficio, ya que los usuarios no poseen información suficiente sobre la actividad realizada por la empresa en términos de niveles de seguridad del software. Debido a ello, los usuarios tampoco están dispuestos a pagar un precio adicional por la seguridad, ya que esperan que sean ellas las que aporten soluciones a las brechas que hayan dejado, lo que produce una falta de alineación de objetivos entre las partes.

A ello es necesario unir los problemas de red que se generan cuando algunos usuarios observan que otros sufragan el nivel de seguridad en beneficio del conjunto, lo que resta incentivos para que los que poseen un menor nivel de seguridad mejoren su propia seguridad. Sin embargo, existe un trade-off entre eficiencia y resiliencia, de manera que un aumento de la eficiencia a fin de reducir los costes suele ir acompañado de una menor resiliencia por lo que un único fallo de seguridad implicaría un importante efecto cascada11. Así, las ganancias de eficiencia en el corto plazo normalmente irán en detrimento de una mayor vulnerabilidad a largo plazo. Es más, tal y como exponen Fonfría y Duch-Brown:“Cuando el agente a cargo de la protección de un sistema de información no es el mismo que sufre los efectos cuando ésta falla, el riesgo de admitir fallos es mayor. Desafortunadamente, la asignación de riesgos en entornos digitales tiende a ser bastante pobre. Como consecuencia, el análisis de ciberseguridad necesariamente debe tener en cuenta los incentivos de las partes interesadas”12 .

En este sentido, un mercado de derivados seguridad del software podría llevar a los profesionales a un consenso de precios sobre el nivel de seguridad de un producto. De este modo si a una fecha dada no se han encontrado vulnerabilidades sobre un software o se han encontrado y solucionado, su precio de negociación indicaría la opinión de consenso del mercado sobre la seguridad del programa. Por lo tanto, es posible que se puedan utilizar derivados de seguridad del software para cubrir los riesgos de los proveedores de software, jugadores, inversores de empresas de software y compañías de seguros. Los mismos autores han sugerido que las aseguradoras podrían asignar premios basándose en las infraestructuras y los procesos a través de los cuales éstas se gestionan. El problema es que esta posibilidad no se está utilizando de forma amplia debido a que hay problemas de interdependencia de riesgos basada en dos factores. El primero es la interdependencia física de las infraestructuras, ya que se utilizan por varios operadores simultáneamente. Y, el segundo, denominado interdependencia lógica, se refiere a que los ciberataques explotan generalmente la vulnerabilidad de un sistema que se utiliza por numerosas empresas13.

Como se desprende de las páginas anteriores, el comportamiento de unos agentes posee importantes efectos no esperados o deseados sobre otros, es decir, externalidades, en el ámbito de la ciberseguridad cuyos tres tipos más relevantes serían las siguientes según Duch-Brown14. Las externalidades de red vinculadas a la elevada concentración de la industria del software, que suponen que cuanto mayor sea la red, mayor será el valor para cada uno de sus miembros. (en el caso de los protocolos de Internet, la presencia de externalidades de red también explicaría por qué muchas de las actualizaciones seguras han fallado, ya que los beneficios no se materializan hasta que muchos usuarios también lo han adoptado, lo que impide, al menos, limita de facto su adopción). En segundo lugar, las externalidades –negativas–, debidas al mayor coste social de ciberseguridad frente al coste individual derivado de su falta. Por último, las externalidades debidas a la interdependencia y que conduce a que las inversiones de unos agentes dependen de su percepción de las inversiones de los demás15.

El impacto económico de los delitos cibernéticos

La ciberdelincuencia crece de la mano de la digitalización. Los ciberdelincuentes de alto nivel son tan sofisticados como las empresas tecnológicas más avanzadas y, al igual que ellas, han adoptado rápidamente la computación en la nube, la inteligencia artificial, el software como servicio y el cifrado de última generación, entre otros desarrollos tecnológicos recientes. La ciberdelincuencia sigue siendo demasiado fácil, ya que muchos usuarios de tecnología no toman las medidas de protección más básicas y muchos productos tecnológicos carecen de defensas adecuadas, mientras que los ciberdelincuentes utilizan todo tipo de recursos tecnológicos para identificar objetivos, automatizar la creación y entrega de software y la monetización de lo que roban.

Una advertencia importante es que no existe una definición generalmente aceptada de ciberdelincuencia o ciberseguridad, lo que entorpece la recogida de información estadística adecuada. Varios esfuerzos a escala mundial han intentado establecer criterios para determinar la ciberdelincuencia, comparándolos con otros tipos de delincuencia16. En estos ejercicios, un elemento relevante reside en la dificultad de monetizar la ciberdelincuencia porque los delincuentes no siempre monetizan todo el valor de lo que han robado y, en particular, en el caso del robo de propiedad intelectual ya que puede distorsionar las estimaciones. A partir de estudios como los citados del CSIS y de trabajos anteriores se ha elaborado una estimación de las pérdidas económicas potenciales asociadas a la ciberdelincuencia, como porcentaje del producto interior bruto (PIB). Para comprobar sus resultados, compararon esta estimación con las pérdidas notificadas por los pocos países en los que tenían más confianza en la recogida y notificación de sus datos nacionales. Una primera, y relevante, conclusión es que la ciberdelincuencia no es la actividad ilegal que más pérdidas económicas genera; un honor que ostenta, todavía, la corrupción gubernamental y al que le siguen el tráfico de estupefacientes y la ciberdelincuencia. Sin embargo, si en lugar de considerar las pérdidas económicas, miramos el número de víctimas, entonces la ciberdelincuencia es el líder indiscutible (el Informe del CSIS de 2014 sugiere que dos tercios de las personas en línea, es decir más de dos mil millones de personas, han visto su información personal robada o comprometida. Otra encuesta reveló que el 64% de los estadounidenses habían sido víctimas de acusaciones fraudulentas o de pérdida de información personal17. Por su parte, las cifras de Eurostat indican que el 45% de los individuos de la Unión Europea sufrieron algún tipo de ciberataque en 201918. La ciberdelincuencia es una noticia de primera página porque afecta a todos, y porque tiene una elevada rentabilidad: se trata de un delito de bajo riesgo que genera elevados beneficios. Un ciberdelincuente inteligente puede conseguir centenares de miles, incluso millones de euros, sin prácticamente ninguna posibilidad de ser detenido o encarcelado. Si se piensa en los grandes delitos informáticos, hasta la fecha no se ha procesado a ninguno de sus autores. Las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden ser competentes a la hora de perseguir a los ciberdelincuentes, pero muchos de éstos simplemente operan fuera de su alcance. Esta es una de las razones por las que el coste de la ciberdelincuencia sigue aumentando. En su Informe de 2014, el CSIS estimó que la ciberdelincuencia cuesta a la economía mundial casi 500 mil millones de dólares, es decir, alrededor del 0,7% de los ingresos mundiales. Esto cifra superaría los valores del PIB de la mayoría de los países del mundo, exceptuando los más grandes, lo que la convierte en una ocupación muy lucrativa. En su Informe de 2018, la misma organización calcula que la ciberdelincuencia puede hoy costar al mundo casi 600 mil millones de dólares, es decir, el 0,8% del PIB mundial.

De acuerdo con el informe del CSIS de 2014, este crecimiento se debe a una rápida  adopción de nuevas tecnologías por parte de los ciberdelincuentes; al incremento de nuevos usuarios en línea que provienen de países con escasa cultura de ciberseguridad; al crecimiento de la ciberdelincuencia como servicio y de los “centros” de ciberdelincuencia y, finalmente debido a una creciente sofisticación financiera entre los ciberdelincuentes de alto nivel que, entre otras cosas, facilita la monetización. La monetización de la información obtenida, que siempre había sido un problema para los ciberdelincuentes, parece haber dejado de ser un freno a este tipo de actividades debido a las mejoras en los mercados negros de ciberdelincuencia y al uso de monedas digitales. Los números de tarjetas de crédito robados y la información personal identificable se ponen a la venta en grandes cantidades en la web oscura (“dark web”) utilizando un complejo conjunto de transacciones en las que participan diversos tipos de intermediarios, tanto en mercados legales como en mercados negros. El robo financiero se transfiere a las cuentas bancarias propias de los delincuentes a través de una serie de transferencias destinadas a ocultar y confundir. La propiedad intelectual es utilizada por los adquirentes o vendida. La moneda digital hace que los pagos de los programas de secuestro de archivos sean más fáciles y menos rastreables.

La ciberdelincuencia opera a gran escala, lo que provoca que la cantidad de actividades malintencionadas en Internet sea verdaderamente asombrosa. Los proveedores de servicios de internet más grandes indican que por sus redes pasan alrededor de 30 mil millones de escaneos maliciosos al día, como resultado de los esfuerzos automatizados de los ciberdelincuentes para identificar objetivos vulnerables19. Muchos investigadores monitorean la cantidad de nuevos programas maliciosos publicados, con estimaciones que oscilan entre 300 mil y un millón de virus y otros productos malintencionados creados diariamente20. La mayoría de ellos son scripts automatizados que buscan en la web dispositivos y redes vulnerables. La suplantación de identidad (phishing) sigue siendo la manera más popular y fácil de cometer la ciberdelincuencia.

Las nuevas tecnologías hacen que las personas y las empresas sean más eficientes y eficaces, incluidos los ciberdelincuentes. Éstos adoptan las nuevas tecnologías a un ritmo rápido. El desarrollo de programas maliciosos está automatizado, y cada día se generan miles de piezas nuevas. Como la actividad de Internet se ha trasladado a plataformas móviles, la ciberdelincuencia la ha seguido. El navegador Tor, un producto informático gratuito que permite una actividad de internet anónima e imposible de rastrear, se ha convertido en el medio más usado por los ciberdelincuentes, que evidentemente prefieren operar en la «web oscura». Algunos ciberdelincuentes incluso utilizan herramientas de inteligencia artificial para encontrar objetivos. Por último, bitcoin y otras monedas digitales son, tanto el objeto del robo, como un medio de pago y de transferencia de dinero para los ciberdelincuentes. Al combinar servicios de anonimización y monedas digitales (anonimizadas) con un mercado negro de ciberdelincuencia ya sofisticado –en la forma en que se organizan, en su especialización y en las herramientas de ataque que ofrecen, a menudo diseñadas para evadir las defensas de la red–, se resuelve uno de los principales problemas a los que se enfrentaban los ciberdelincuentes en el pasado: cómo monetizar la información que habían robado.

Además, se espera también un mayor crecimiento de la ciberdelincuencia, ya que los piratas informáticos se aprovecharán del despliegue masivo de los dispositivos del «Internet de las Cosas» (IoT por sus siglas en inglés) mal protegidos que, aunque no son especialmente valiosos, ofrecerán enfoques nuevos y sencillos para robar información personal, acceder a datos o redes valiosos o facilitar ataques de denegación de servicios. La ciberdelincuencia también seguirá creciendo a medida que los piratas informáticos aumenten su uso de herramientas de inteligencia artificial para crear programas maliciosos e identificar objetivos y pasar a la nube. Aprovecharán igualmente los servicios en la nube tanto como objetivos, como en forma de herramientas para albergar programas maliciosos y lanzar ataques.

El fraude, el robo de propiedad intelectual, la denegación de servicios o el secuestro (ransomeware) producen gran parte de las pérdidas económicas de la ciberdelincuencia, al igual que los costes de recuperación (limpieza después del delito) y de oportunidad (el lucro cesante debido a la necesidad de gastar más en ciberseguridad). Las pérdidas debidas al bloqueo o desviación de los flujos financieros de las empresas suelen ser mayores que las pérdidas económicas, pero ambas son difíciles de cuantificar.

Existe un coste de oportunidad cada vez mayor para las economías nacionales, ya que las personas adoptan comportamientos en línea menos eficientes para evitar la exposición a la ciberdelincuencia. Por ejemplo, y según una encuesta realizada a 40 mil hogares estadounidenses, el 45% indicó que la preocupación por la ciberdelincuencia les impedía realizar transacciones financieras, comprar bienes o servicios o introducir en redes sociales21. Según cifras de Eurostat, la proporción de europeos en línea que han visto limitada su actividad debido a consideraciones de ciberseguridad es del 51%22. Aunque el coste y el riesgo reales pueden ser bajos, la percepción del riesgo está reconfigurando la manera en que las personas utilizan Internet de forma que perjudican el crecimiento económico.

Sin embargo, la fascinación que generan las tecnologías digitales en todo el mundo y el deseo de utilizarlas hacen que las personas acepten fácilmente los riesgos asociados. Es posible que, a pesar del alud de noticias sobre casos de ciberdelincuencia, las personas, las empresas y los gobiernos estimen que el riesgo y el coste de ser víctima de la ciberdelincuencia son bajos y aceptables. Esto está cambiando, ya que las prácticas empresariales y contables tienen en cuenta el riesgo cibernético. La expansión de la IoT puede aumentar los costes de oportunidad si las personas son reacias a confiar en el futuro, los dispositivos basados en internet, como los utilizados en los dispositivos sanitarios, los hogares inteligentes o los vehículos autónomos.

Una manera de entender el efecto de la ciberdelincuencia es compararla con la economía digital, el segmento de la economía mundial que crece con mayor rapidez. Si atendemos a las cifras proporcionadas por una de las pocas estimaciones que se disponen23, la economía digital se habría situado en 4,2 billones de dólares en 2016. Utilizando esta cifra, podemos considerar la ciberdelincuencia como un impuesto sobre el crecimiento del 14%. Si la comunidad internacional pudiera ponerse de acuerdo para realizar un esfuerzo concertado y efectivo para reducirlo, los resultados serían beneficiosos para el desarrollo y la prosperidad de todos los países.

Conclusiones y propuestas

Como se ha mencionado anteriormente, la seguridad económica en un elemento que debería formar parte de todo plan de desarrollo económico de los países, pero al que no se le ha prestado suficiente atención. Dada la creciente importancia de la ciberseguridad dentro de la seguridad nacional, esta debe formar parte también de los planes de seguridad económica ya que los costes económicos asociados a la misma son, como hemos podido ver, enormes. En la medida en que la economía digital avance, los riesgos asociados a la ciberseguridad también crecerán si no se toman medidas que los limiten. Una creciente inseguridad en entornos digitales no hará más que limitar la capacidad de crear riqueza y de promover la innovación.

De aquí se desprende la necesidad de una mayor y mejor captación de información y una cooperación internacional más amplia y que progrese a una mayor velocidad. Sin embargo, en el mundo virtual es cada vez más complejo ordenar –y legislar– debido a la aceleración del progreso tecnológico, estos aspectos, lo que sin duda conlleva asociados otros tipos de costes económicos. Esto hace que la ciberdelincuencia forme parte de un problema más amplio, ya que las naciones experimentan una revolución digital que ha cambiado las empresas, la política, la seguridad y la aplicación de la ley. Nuestra capacidad para gobernar esta revolución digital ha quedado obsoleta. La contabilidad es una de las funciones más básicas del gobierno, ya que permite a las naciones adquirir sistemáticamente información que les ayude a gobernar y prestar servicios a los ciudadanos. Una mejor contabilidad de la ciberdelincuencia será esencial para el mundo digital en el que estamos avanzando. Estimar el coste de la ciberdelincuencia puede empezar a ayudar al mundo a gestionar y reducir la ciberdelincuencia, tarea cuya importancia no hará sino aumentar a medida que crece nuestra dependencia de las tecnologías digitales.

Del análisis precedente se desprenden algunas propuestas que no se basan en recomendaciones sobre cómo hacer frente a la ciberdelincuencia, lo cual excede estas páginas, pero si algunos pasos que resultan importantes a partir del estudio de los principales aspectos económicos y de costes realizado. Entre ellas se pueden destacar las siguientes:

  • La protección contra la mayoría de los ciberdelitos se consigue mediante la aplicación uniforme de medidas básicas de seguridad (como la actualización periódica y los parches, así como las arquitecturas de seguridad abiertas) y la inversión en tecnologías defensivas, desde los dispositivos hasta la nube. No requiere medidas defensivas más sofisticadas y esta responsabilidad recae principalmente en las empresas y los consumidores.
  • La cooperación internacional facilita la lucha contra la ciberdelincuencia, especialmente la de los países que no cuentan con la regulación o las capacidades adecuadas y crean problemas para sus vecinos y la comunidad internacional, pero las agencias nacionales requieren recursos adicionales para desarrollarla.
  • Es esencial mejorar la recopilación de información estadística relevante por parte de las autoridades nacionales. Una mayor normalización (datos sobre amenazas) y la coordinación de los requisitos de ciberseguridad mejorarían la seguridad, en particular en sectores clave como el financiero.

Sin este tipo de acciones, la ciberdelincuencia seguirá creciendo a medida que aumente el número de dispositivos conectados y el valor de las actividades en línea. Una mejor recogida de datos sobre ciberdelincuencia es esencial para abordar el problema y justificar la aplicación de recursos adicionales. La recogida de datos puede ser una cuestión políticamente delicada, ya que las víctimas preferirán a menudo no denunciar la ciberdelincuencia. Igualmente puede resultar complejo cuantificar el valor de los bienes y servicios intangibles y algunos delitos financieros cibernéticos, como por ejemplo la manipulación del mercado de valores, muchos de los cuales son actualmente indetectables. A pesar de toda la atención prestada a la ciberseguridad, su carácter transnacional y la complejidad de la tecnología (que afecta a la recogida de información) dificultan la gestión por parte de cualquier país.

Antonio Fonfría
Universidad Complutense de Madrid
Néstor Duch-Brown
Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea


1 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), The Security Economy, Capítulo 1, 2004.

2 Tilman Brück, “An Economic Analysis of Security Policies”, Defence and Peace Economics, vol. 16 (5), 2005, p. 376.

3 Tilman Brück, Marie Karaisl y Friederich Schneider (2008), “A Survey of the Economics of Security”, Economics of Security Working Paper nº 1, 2008.

4 Ross Anderson y otros, “Security Economics and the Internal Market”, European Network and Information Security Agency (ENISA), 2008.

5 Antonio Fonfría (2020), “Seguridad económica y COVID-19: la necesidad de una estrategia”, Documento de Opinión 54/2020, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), p. 6.

6 Chen, A.H. y Siems, T.F. (2004) analizan para las respuestas de los mercados de capitales “The Effect of Terrorism on Global Capital Markets”. European Journal of Political Economy.

7 Lilian Ablon y otros (2016), “Consumer attitudes toward data breach notifications and loss of personal information”, The RAND Corporation.

8 Ravi Sen (2018), “Challenges to Cybersecurity: Current state of Affairs”, Communications of the Association for Information Systems, vol. 16 (2).

9 Antonio Fonfría y Néstor Duch-Brown (2019), “L’Economía de la Ciberseguretat”, Revista Económica de Catalunya nº 80, p. 74

10 Allar Dembe y Leslie I. Boden (2020), “Moral Hazard: A Question of Morality?”, New Solution, 10 (3), pp. 257-279, febrero de 2020.

11 Comisión Europea, “Cybersecurity. Our Digital Anchor. A European Perspective”, Joint Research Centre, junio de 2020.

12 Fonfría y Duch-Brown, Op. Cit. (2020), p. 77.

13 Anderson, Ross (2007), “Incentives and information security”, Algorithimic Game Theory, Cambridge University Press, cap. 25.

14 Nestor Duch-Brown (2017), “The Competitive Landscape of Online Platforms”, JRC Digital Economy Working Paper 2017-04, Joint Research Centre.

15 Hal Varian (2004), “System Reliability y Free Riding”, Advances in Information Security, vol 12. Springer.

16 Notablemente, los realizados por el Centre for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington D.C. en sus informes: “The Economic Impact of Cybercrime and Cyber Espionage” de julio de 2013 y “Net Losses: Estimating the Cost of Cybercrime” de junio de 2014.

17Americans and Cybersecurity” Pew Research Center, 26/I/2017.

19AT&T Sees 30 Billion Malicious Networks Scans Daily”, Security Week, 15/VI/2020.

20 Virginia Harrison y Jose Pagliery (2015), “Nearly 1 million new malware threats released every day,” CNN, 14/IV/2015.

21 United States Census Bureau, “Data releases”, 2014.

23 Boston Consulting Group, “The Connected World Report. The Internet Economy in the G-20”, marzo de 2020.

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