Documentos de Trabajo (DT) - Real Instituto Elcano Feeds Elcano Copyright (c), 2002-2018 Fundación Real Instituto Elcano Lotus Web Content Management <![CDATA[ Transparencia financiera internacional ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt12-2019-perez-transparencia-financiera-internacional 2019-07-12T11:05:41Z

Este documento de trabajo aborda la conceptualización y medición de la transparencia de los sistemas financieros, así como sus conexiones con otras variables como el desarrollo económico, la profundidad democrática y la atracción de las finanzas offshore.

]]>
Índice

Resumen
Introducción
(1) Historia y significado de la transparencia financiera
Los orígenes de la transparencia financiera: la lucha contra el narcotráfico
La toma de conciencia sobre algunos riesgos de la globalización financiera
La lista negra de paraísos fiscales
El 11S y la transparencia financiera
La agenda contra la corrupción y la recuperación de activos públicos
La información fiscal en tiempos de crisis
La Coalición por la Transparencia Financiera
Los flujos financieros ilícitos en la Agenda 2030
Definición de transparencia financiera internacional
(2) ¿Cómo medir la transparencia financiera internacional?
Las estimaciones de flujos financieros ocultos
El índice de secreto financiero
Una propuesta de indicador basado en las revisiones entre pares del GAFI
(3) El estado de la transparencia financiera y su explicación
Las normas de transparencia financiera internacional se cumplen a medias
¿Por qué unos países son más transparentes qué otros?
La relación entre corrupción, finanzas offshore y opacidad financiera
Otras dificultades para avanzar en la transparencia financiera
(4) Conclusiones
Referencias

Resumen

La transparencia financiera internacional consiste en la obtención por parte de los gobiernos de información financiera sobre sus ciudadanos y empresas, y su intercambio con otros gobiernos conforme a reglas acordadas en instituciones intergubernamentales. Su objetivo es combatir los flujos financieros ilícitos.

Desde hace 30 años, algunas de las organizaciones y foros internacionales más importantes han ido regulando diversos aspectos de la transparencia financiera con un resultado desigual por países. Este documento de trabajo aborda la conceptualización y medición de esta cualidad de los sistemas financieros, así como sus conexiones con otras variables como el desarrollo económico, la profundidad democrática y la atracción de las finanzas offshore.

A pesar de la importancia que ha cobrado la transparencia financiera en el contexto de la globalización, sus vínculos con problemas transnacionales tan relevantes como la evasión fiscal, la corrupción y el terrorismo, y su inclusión en la Agenda 2030, los países cumplen de manera muy desigual las normas internacionales en esta materia. En este documento se aboga por la claridad conceptual y métrica sobre la transparencia y los flujos financieros ilícitos como paso previo para comunicar mejor esta agenda y, en última instancia, mejorar su eficacia.

Introducción

La transparencia financiera en la era de la globalización se presenta como una agenda de cooperación entre gobiernos que tiene por objetivo la lucha contra los flujos financieros ilícitos y se relaciona con problemas transnacionales tan relevantes como la evasión fiscal, la corrupción y el terrorismo. Se trata de una agenda dispersa, establecida en cumbres y acuerdos intergubernamentales auspiciados por el G7 y el G20, la OCDE, las instituciones de Bretton Woods y diversas agencias de Naciones Unidas. En 2015 el asunto se convirtió en una prioridad para la ONU, ocupando su propio espacio en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, meta 16.4) y numerosas referencias en la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación del desarrollo (ONU, 2015a) .

Este Documento de Trabajo aborda la conceptualización, medición y explicación de la transparencia financiera. A pesar de su importancia, los países cumplen de manera muy desigual las normas internacionales en esta materia y, tal como se explica en las secciones siguientes, la claridad conceptual y métrica podría ayudar a comunicar mejor la agenda internacional de la transparencia financiera y, en última instancia, mejorar su eficacia.

En la primera parte del Documento, se relata la historia de la transparencia financiera desde la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) en 1989 hasta la adopción de los ODS en 2015. También se hace referencia a las ONG más implicadas en esta causa y se extrae de su discurso los conceptos clave del documento: flujos financieros ilícitos y transparencia financiera internacional.

Seguidamente, se presentan las principales mediciones que han alimentado los análisis y debates sobre finanzas ilícitas, producidos también en el ámbito de las ONG, y se proponen nuevos indicadores de transparencia financiera basados en el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI según su sistema de revisión entre pares. En la tercera parte, el documento explora las relaciones de la transparencia financiera con otras variables como el desarrollo económico, la profundidad democrática, los paraísos fiscales y la industria de finanzas offshore.

Historia y significado de la transparencia financiera

La transparencia es un concepto relacionado con la rendición de cuentas y el buen funcionamiento del Estado democrático de Derecho cuyo uso en la teoría y la práctica política se remonta a la Ilustración.1 La transparencia financiera, entendida como el acceso e intercambio de información financiera sobre individuos y organizaciones por parte de gobiernos, es un subconcepto más nuevo y menos asentado. Se trata de un término colocado en la agenda internacional por una serie de organizaciones de la sociedad civil (OSC) agrupadas en la Coalición por la Transparencia Financiera y progresivamente extendido por gobiernos (Diplomatie, 2017), organizaciones internacionales (UNODC y OECD, 2016) y medios de comunicación (Economist, 2016). Su incipiente éxito se debe probablemente a su eficacia para designar una serie de iniciativas de cooperación internacional que, aun teniendo diversos orígenes, comparten un denominador común: la producción e intercambio de información financiera entre países con la finalidad de reforzar las capacidades de los Estados en políticas tan diversas como la fiscalidad o la lucha antiterrorista.

Los orígenes de la transparencia financiera: la lucha contra el narcotráfico

La primera de estas iniciativas tuvo lugar en 1989 y supuso un punto de inflexión para las leyes de secreto bancario. La Cumbre del G7 celebrada ese año en París adoptó una declaración económica en la que, además de analizar el contexto económico mundial y discutir sobre comercio o deuda pública, dedicó un epígrafe entero a la droga. En dicho apartado, los grandes líderes mundiales se comprometieron a unir esfuerzos en el ámbito nacional e internacional para detener el narcotráfico en su corriente real y financiera. Acordaron ocho medidas de distinto alcance y concreción, la última de las cuales consistía en la creación de una task force paraprevenir la utilización del sistema bancario y las instituciones financieras con el propósito de blanquear dinero proveniente de la droga (G7, 1989).

Esta task force, el GAFI, adoptó 40 recomendaciones sobre blanqueo de dinero (GAFI/FATF 1990) que abogaban por poner límites a las leyes nacionales sobre secreto bancario e intensificar la cooperación internacional en investigaciones, detenciones y extradiciones. Además, planteaban a los Estados exigencias más concretas como tipificar el delito de blanqueo de dinero, participar en distintos instrumentos internacionales de cooperación contra el narcotráfico e imponer obligaciones sobre los bancos para asegurar la identificación de todos los titulares de sus cuentas y depósitos, así como mantener registros y documentos que pudieran servir para investigaciones futuras.

A lo largo de la década de los 90, el GAFI fue prorrogando su mandato hasta consolidarse como una institución permanente. También amplió su alcance a todo el crimen organizado y pasó a vigilar, además de la banca, las denominadas “Actividades y Profesiones Designadas No Financieras” (APDNF), que incluyen abogados, notarios y asesores, así como algunos negocios considerados de riesgo como, por ejemplo, las empresas de remesas de efectivo o los comercios de bienes de lujo. Desde el punto de vista geográfico, el ámbito del GAFI se fue extendiendo de una forma original. En lugar de buscar nuevas adhesiones de Estados, fomentó la creación de instituciones similares en otras regiones, las cuales se adhirieron al GAFI como miembros asociados y acabaron cubriendo todo el mundo.2

Aitor Pérez
Investigador senior asociado, Real Instituto Elcano
| @aitor_ecoper


1 El concepto de transparencia política lo empiezan a usar en el siglo XVIII autores como Kant y Rousseau y, a través de Jeremy Bentham, entra en la tradición política británica donde se instala la máxima “cuanto más estrictamente nos vigilan, mejor nos comportamos” (Hood, 2006; Prat, 2006).

2 Estos organismos y sus fechas de creación son: Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), 1992; Asia-Pacific Group on Money Laundering, (APG); Moneyval, un órgano del Consejo de Europa, 1997; Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), 1999; Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA), 1999; Grupo de Acción FInanciera Internacional de América Latina (GAFILAT), creado en 2000 con el nombre de GAFISUD; Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), 2004; Eurasian Group, 2010; Task Force on Money Laundering in Central Africa (GABAC), 2012.

]]>
<![CDATA[ Hacia un ecosistema español de Inteligencia Artificial: una propuesta ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-2019-hacia-ecosistema-espanol-inteligencia-artificial-una-propuesta 2019-06-12T07:39:43Z

Este informe pretende contribuir a un debate verdaderamente “español”, transversal, con propuestas para la construcción de un ecosistema español de Inteligencia Artificial en el que participen las administraciones públicas, las empresas, el mundo académico y la sociedad.

]]>
Contenidos

Resumen ejecutivo

  1. Objetivo de la propuesta
  2. Justificación de la propuesta
  3. Retos para una estrategia española de IA
  4. Prioridades del sistema de IA
  5. Visión estratégica
  6. Articulación y proceso productivo
  7. El factor humano
  8. Inversión e inversores
  9. Reputación y relato
  10. La gobernanza del ecosistema
  11. Relación con los ecosistemas externos y otros actores

Recomendaciones
Agradecimientos
Documentos de referencia

Resumen ejecutivo

La Inteligencia Artificial (IA) no es una tecnología más o una actividad que afecte sólo al ámbito académico y científico. Es una tecnología crítica para la transformación y la economía digital, por lo que su disponibilidad o carencia afecta al bienestar, prosperidad e igualdad de la sociedad española.

Este informe pretende contribuir a un debate verdaderamente “español”, transversal, con propuestas para la construcción de un ecosistema español de IA en el que participen las administraciones públicas, las empresas, el mundo académico y la sociedad. También, se trata de engarzar ese ecosistema español con el ecosistema europeo y con el resto de los actores o ecosistemas internacionales. No es una estrategia nacional de IA que le corresponda al Gobierno impulsar, en línea con otros países y con lo que pide la Comisión Europea, sino una propuesta para la creación de un entorno que facilite la creación, desarrollo y sostenibilidad de esa estrategia.

Como señala la Comisión Europea, el éxito de la coordinación de la IA descansa sobre  tres pilares: (1) aumentar las inversiones públicas y privadas en IA; (2) prepararse para los cambios socioeconómicos; y (3) garantizar un marco ético y legal adecuado. Ninguno de estos pilares se puede construir con un enfoque exclusivamente gubernamental sino con uno ecosistémico. España dispone de actores y conocimiento especializados en IA, pero le falta un modelo de coordinación, por lo que precisa articular un ecosistema que corrija esa carencia. El Gobierno precisa asociarse con el resto de los actores del ecosistema para maximizar su potencial interno y aprovechar las oportunidades de cooperación en marcos multilaterales (como la UE) o bilaterales (como el acuerdo franco-alemán sobre IA) en Europa y fuera de ella. Siendo interdependientes, el ecosistema debe ser inclusivo y permitir la participación de las administraciones públicas, incluidas las autonómicas y municipales, así como la de los sectores económicos, académicos o sociales implicadas en el desarrollo de la IA.

Para señalar objetivos estratégicos y prioridades de IA es necesario desarrollar una capacidad de inteligencia estratégica en IA que permita analizar el estado, necesidades y opciones de la IA española. El mejor conocimiento posible del estado de la IA es imprescindible para que el análisis estratégico pueda identificar y seleccionar los nichos y cadenas de valor donde aplicar la IA con mayor impacto sobre sus objetivos públicos y privados. La prioridad de esta inteligencia estratégica, recogida y procesada por el ecosistema, consiste en estar pendiente de lo que va a venir en IA y no sólo en sacar partido de lo que ya existe, en conocer qué áreas debe desarrollar y cuáles consumir. Toda estrategia española en IA debe ser coherente con una visión de país y con otros ecosistemas y estrategias tecnológicas elaboradas o en elaboración.

La mayoría de las estrategias conocidas apuestan por concentrar los esfuerzos nacionales de IA en la prestación de servicios públicos preferentes y en la producción de alto valor añadido, en lugar de dispersar los recursos limitados en desarrollos de carácter genérico. Su necesidad es más urgente en los sectores públicos o privados ya digitalizados que disponen de datos suficientes para permitir la aplicación de la IA. El ecosistema ha de ser capaz de integrar capacidades de conocimiento con capacidades industriales y sociales. Sus esfuerzos deberían centrarse en impulsar plataformas industriales que utilicen la IA como elemento competitivo de sus negocios y en la prestación de servicios públicos con un gran impacto social.

El desarrollo, captación y retención de talento es crítica, especialmente cuando escasea, no sólo en España, sino en el conjunto de Europa y del mundo. La carencia de talento afecta a la investigación y desarrollo en IA, a la adaptación y reciclaje de los directivos y empleados de las empresas e industrias digitales y, finalmente, a todos los niveles educativos. Para atender las necesidades más urgentes, el ecosistema deberá comenzar por mejorar las condiciones laborales y económicas del talento dedicado a la investigación, creando y financiando un hub de IA que asegure una masa crítica de investigadores de alto nivel para cubrir las necesidades básicas. La articulación permitiría disponer de un Centro de Excelencia, aunque sea en red, como los elaborados en otros ámbitos de la digitalización, que añaden valor al desarrollo de la IA del ecosistema compartiendo talento y financiación. También aportarían a los investigadores mayor remuneración y estabilidad profesional, así como una mejor conexión con el mundo empresarial con el que suelen están poco conectados. Posteriormente, el ecosistema deberá financiar y formar el talento necesario para facilitar la distribución de la IA a los servicios públicos y a las empresas, así como para integrarla en todos los sistemas y niveles educativos y de formación.

La inversión en IA comprende un amplio abanico de inversiones públicas y privadas, tanto para inversión, desarrollo e innovación de IA, como para su consumo mediante compra pública o privada. La Comisión Europea propone que la UE en su conjunto invierta 20.000 millones de euros al año entre 2021 y 2027 en I+D en IA, tanto público como privado. La financiación comunitaria, complementaria de la nacional, se establecería como mínimo en 7.000 millones para el período.

España debería adoptar un compromiso de llegar en un plazo de tres a cinco años a una inversión pública y privada en torno a 200 millones de euros anuales. Se podría pedir un mandato al Gobierno o al Parlamento para facilitar la presupuestación plurianual. El sector privado debe participar notablemente en el esfuerzo inversor, porque no puede esperar que el sector público invierta en la IA que precisan sus intereses de negocio; al igual que el sector público no puede esperar que el sector privado atienda intereses que estén fuera del mercado. La corresponsabilidad en el ecosistema facilita compartir riesgos e inversiones, también por medio de la habilitación de incentivos fiscales.

El desarrollo de la IA precisa la construcción de un relato que permita conocer su trascendencia para la prosperidad y bienestar de la sociedad. El relato de la Estrategia debe hacer hincapié en las oportunidades que la IA crea para el bienestar de los ciudadanos, los servicios públicos y la competitividad de la economía y abordar los retos incluyendo posibles soluciones. Sin hacerlo, la comunicación estratégica de la IA convertirá a la inteligencia artificial en un asunto exclusivamente de competitividad científico-tecnológica o económica. Este relato informativo debe completarse con la construcción de una reputación solvente de marca, articulando la capacidad científica del ecosistema con una gestión eficaz, un liderazgo claro y el respaldo político y social.

El ecosistema debe ser inclusivo, incluido en materia social y de género, y transparente. El carácter público o privado no afecta a la inclusividad porque la cooperación en red del ecosistema es pública-pública, privada-privada  y  público-privada  simultáneamente. La transparencia es, además, imprescindible cuando la IA afecta a derechos, libertades y expectativas de vida de gran parte de la población, por lo que un ecosistema tiene la responsabilidad social de la transparencia hacia afuera y hacia adentro del mismo. Siendo inclusivo y transparente, el ecosistema puede intermediar el diálogo social desde el principio incorporando disciplinas no asociadas a la IA que enriquezcan el debate ético, moral y social, facilitando la “explicabilidad” de la IA.

En cuanto a su gobernanza, el ecosistema necesita impulso político, que en el sistema español significa desde Presidencia del Gobierno, y quizá la constitución de un ministerio que agrupara estas y otras competencias. El ecosistema debe contar con un nivel “estratégico” potente, con un alto comisionado o similar y un consejo de autoridades públicas y privadas, además de un nivel operativo o técnico (que podría incluir un CDTI-IA) y otro táctico. Para agilizar la adopción de decisiones, el ecosistema deberá funcionar como un nodo, relacionándose con otros ecosistemas y plataformas (multinodal) y con los distintos niveles de decisión (multinivel) en red para eludir bloqueos.

Por razones de tamaño y de inversión científica y tecnológica, la autonomía estratégica de la IA española no puede sólo depender de un ecosistema nacional. La integración es necesaria en el ecosistema europeo, a cuyo grupo motor franco-alemán ha de unirse España, pero no suficiente porque existen otros ecosistemas más avanzados con los que se debe colaborar y buscar asociaciones estratégicas. Los intereses y necesidades españoles en materia de IA le han de llevar a cooperar con el ecosistema más dinámico y potente en materia de IA como es el de EEUU, aprovechando la presencia de grandes empresas estadounidenses y su imbricación en la economía española, pero no debe descartar la cooperación con los de otros países –China incluida– o tender puentes (de forma autónoma y/o europea) con los ecosistemas de IA de América Latina y de África.

Félix Arteaga
Investigador principal del Real Instituto Elcano

Andrés Ortega
Investigador senior asociado del Real Instituto Elcano
| @andresortegak

]]>
<![CDATA[ De la reclusión en las prisiones al control del tráfico de cocaína: la evolución de las organizaciones criminales brasileñas ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt11-2019-sampo-reclusion-prisiones-control-trafico-cocaina-evolucion-organizaciones-criminales-brasilenas 2019-06-10T02:32:46Z

Este Documento de Trabajo intenta explicar cómo han evolucionado las organizaciones criminales brasileñas en los últimos años, considerando que han pasado de ser organizaciones de alcance local a empresas con cierto grado de internacionalización. 

]]>
Índice

Resumen
(1) Introducción
(2) Las organizaciones criminales brasileñas: de la no agresión a la competencia
(3) El papel de las prisiones en la “guerra de facciones”
(4) La transnacionalización de las organizaciones criminales brasileñas: el PCC y el CV
(5) Conclusiones: la evolución de las organizaciones criminales brasileñas
Bibliografía

Resumen

El presente Documento de Trabajo busca explicar cómo han evolucionado las organizaciones criminales brasileñas en los últimos años, considerando que han pasado de ser organizaciones de alcance local a empresas con cierto grado de internacionalización. Para ello, se analizan las organizaciones criminales más importantes de Brasil y la dinámica que han establecido entre sí, pasando del acuerdo de no agresión mutua a la competencia directa reflejada en el incremento de los índices de violencia. En segundo lugar, se revisa el papel de las prisiones como reductos en los que las organizaciones criminales se reproducen y fortalecen, en gran parte debido a las condiciones carcelarias. Tercero, se analizan la internacionalización del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) como estrategia de las organizaciones para reducir costes y ganar poder tanto dentro como fuera de Brasil. Finalmente, en las conclusiones, se evalúa la evolución de las organizaciones criminales brasileñas, particularmente el PCC y el CV, y se ensayan algunos escenarios que podrían presentarse en el corto y medio plazo.

(1) Introducción

En la actualidad América Latina es considerado el subcontinente más violento del mundo. A pesar de que concentra sólo un 8% de la población global, registra el 33% de los homicidios mundiales (Muggah y Aguirre Tobón, 2018). En este contexto, Brasil ha sufrido un incremento exponencial de la violencia y se ha posicionado como uno de los países más violentos de la región, con una tasa de homicidios nacional cercana a los 30 por cada 100.000 habitantes (Cerqueira, 2018), concentrando un 13% de los asesinatos globales (Muggah y Aguirre Tobón, 2018). Esta situación, que sin duda está relacionada con el incremento de la actividad del crimen organizado en el país, parece haberse exacerbado a partir de la ruptura del pacto de no agresión entre el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) –las dos organizaciones criminales más influyentes de Brasil– a fines del año 2016; y aún más desde que la Familia Do Norte (FDN) y el CV dieron por terminada la alianza defensiva que habían armado para detener el avance del PCC en los primeros meses del 2018.

En consecuencia, las ciudades del norte y nordeste de Brasil han sufrido un estrepitoso incremento en el número de homicidios, ya que todos los estados registraron aumentos de entre un 80% y un 258% entre 2006 y 2016 (Cerqueira, 2018). Particularmente en estados como Acre, Ceará y Rio Grande do Norte, el número de homicidios fue muy superior a la media nacional (UNODC, 2018). Tal como plantea Alessi (2018), en aquellos estados donde existen disputas en torno al control del mercado de bienes ilícitos –especialmente de la cocaína– los homicidios muestran números alarmantes, mientras que allí donde alguna de las organizaciones criminales –en general el PCC– es hegemónica o tiene una fuerte presencia, las tasas de homicidios están por debajo de la media nacional. Tal es el caso de Paraná y Matto Grosso do Sul.

La lucha entre facciones criminales se ve en las favelas y en las calles de Brasil, pero también en las prisiones, tanto federales como estaduales. De acuerdo con la oficina de Naciones Unidas sobre drogas y crimen (UNODC, 2018), la ruptura del acuerdo de no agresión entre el PCC y el CV, así como entre el CV y la FDN, generó una escalada de violencia tal que posibilitó la intervención federal de Rio de Janeiro en febrero de 2018. La intervención fue llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, que tomaron el control del aparato de seguridad pública del Estado.

Tal como se puede ver en esta primera sección, el escenario es complejo y está condicionado no sólo por la capacidad de las organizaciones criminales de llevar adelante negocios espurios, sino también por el poder que han desarrollado a partir de su papel en las prisiones brasileñas. Es por eso por lo que este trabajo se propone analizar, en primer lugar, a las organizaciones criminales más importantes del Brasil. En un segundo apartado trabajará sobre la “guerra de facciones” que está teniendo lugar actualmente y el papel que dichas organizaciones tienen en el escenario de criminalidad brasileño. Tercero, analizará la internacionalización de las organizaciones criminales brasileñas, haciendo especial hincapié en la transnacionalización del PCC, aunque sin dejar de lado el lugar que han ganado el CV y la FDN en países limítrofes a Brasil. Finalmente, en las conclusiones, hará hincapié en cómo han evolucionado las organizaciones criminales brasileñas en los últimos años.

El trabajo busca llenar un vacío existente en la literatura vigente, que se ha centrado en el devenir del PCC, por un lado, así como en el incremento de los niveles de violencia, por otro, pero que poco ha indagado en cómo las organizaciones criminales han evolucionado, haciéndose cada vez con más poder y profundizando sus diferencias. Esas diferencias, que en una primera instancia podían estar vinculadas a un control territorial específico, se han profundizado a partir del intento de las organizaciones de expandir sus negocios más allá de las fronteras de los estados en los que surgieron e incluso han colisionado donde el juego se ha vuelto de suma cero.

(2) Las organizaciones criminales brasileñas: de la no agresión a la competencia

Para comprender cómo funciona el crimen organizado en Brasil es necesario distinguir, en primer lugar, entre aquellas organizaciones que tienen alcance nacional y aquellas que tienen incidencia estadual o local. Entre las primeras, sólo podemos distinguir al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), mientras que en el segundo nivel encontramos más de una veintena de organizaciones, entre las que destacan: Amigos dos Amigos (ADA), el Tercer Comando Puro (TCP), el Primeiro Grupo Catarinense (PGC), Guardiões do Estado do Ceará, el Sindicato do Crime de Rio Grande do Norte y Bonde dos 40, emplazado en Maranhăo (Sampó, 2018). Sin embargo, creemos que es necesario diferenciar el lugar que ha comenzado a ocupar la Familia Do Norte (FDN), una organización en pleno crecimiento, que ha ganado autonomía respecto de quien solía ser su principal aliado de alcance nacional, el CV. Esta organización ha dejado de tener alcance estadual pero no ha logrado alcanzar presencia en todo el territorio brasileño. Sin embargo, se ha expandido e incluso logrado una cierta transnacionalización. Es por eso por lo que creemos que debe ser considerada como una organización de alcance regional en tanto controla gran parte del norte y nordeste de Brasil, particularmente en la zona del Amazonas. Vale decir que esa zona es clave para el tráfico de cocaína que proviene de Colombia y Perú y que es exportada a partir de una variedad de puertos en el norte de Brasil.

El Comando Vermelho, hoy la segunda organización criminal en importancia a nivel nacional –con proyección regional, comprobada en el caso de Paraguay específicamente–,1 surgió a fines de los años 70 dentro de un presidio ubicado en Angra dos Reis (Rio de Janeiro) de la convivencia de los presos políticos –en pleno gobierno militar– con presos comunes. A fines de la década el CV se había expandido hacia las calles de Rio de Janeiro (UNODC, 2018). El Comando Vermelho surgió cercado de ideologías, fuertemente moldeado por el socialismo de los presos políticos que formaron parte de su creación. En consecuencia, la idea de que la “masa carcelaria” formaba una comunidad dio lugar a la lucha conjunta en favor de mejoras en la calidad de vida (Oliveira, 2016) y estableció una nueva forma de pensar a las organizaciones criminales.

Durante los años 80 los primeros presos forajidos de Isla Grande empezaron a llevar adelante asaltos a bancos, empresas y joyerías, ya no sólo en Rio de Janeiro. La organización se expandió hasta São Paulo y a distintos puntos del país, conformándose como el principal interlocutor de los traficantes colombianos en Brasil (UNODC, 2018). Una de las primeras medidas del CV fue el establecimiento de la “Caja Común” que se nutría de los ingresos generados por las actividades criminales de quienes estaban en libertad y servía para financiar fugas, así como también para mejorar las condiciones de vida en los presidios –y de las familias de los que estaban encarcelados–, contribuyendo a fortalecer la autoridad y el respeto que inspiraba el CV en los detenidos.2 Asimismo, desde su establecimiento, los líderes del grupo conformado en la prisión determinaron que no habría más asaltos, ni violaciones, ni muertes por causas banales, como reglas básicas de convivencia al interior de las cárceles (Oliveira, 2016).

En la década de 1990 la organización se convirtió en una de las facciones criminales más poderosas del país y expandió su territorio de acción aún más. A pesar de haber sufrido el desprendimiento de algunos sectores que se convirtieron en sus competidores, como el Terceiro Comando3 durante la década de los 80 y Amigos dos Amigos4 en 1994. En ese mismo período, la organización dejó de estar centrada en los asaltos para dedicarse casi exclusivamente al tráfico de drogas, que manejaba de forma monopólica en Rio de Janeiro, acuartelado en las favelas (Gurgel de Oliveira, 2013). En esos espacios territoriales, comenzó a ganar legitimidad y apoyo valiéndose de prácticas similares a las que utilizaban en la prisión, proveyendo apoyo a los habitantes –apoyo que el Estado no era capaz de brindar–. En consecuencia, se construyó un orden alternativo, con reglas propias, donde la organización criminal se encargaba de proveer los servicios más elementales, como la seguridad y la protección, pero también la distribución de bombonas de gas, alimentos y hasta medicamentos. Como resultado, el dominio de ese territorio fue legitimado por sus habitantes, permitiendo la reproducción del orden establecido. Este mismo proceso se vería, pocos años después, en los territorios controlados por el PCC, en gran parte como consecuencia de la ausencia del Estado.

El Primeiro Comando da Capital (PCC),5 la organización criminal más importante de Brasil en la actualidad –que además se ha expandido hacia los países vecinos–, surgió emulando al CV al interior de la “casa de custodia de Taubaté”, prisión de máxima seguridad conocida como Piranhão, en São Paulo. En los inicios, el PCC era conocido también como el “Partido doã Crime” y tenía como objetivo no sólo combatir la opresión dentro del sistema penal paulista sino también vengar la muerte de pesos masacrados a manos de la Policía Militar en octubre del año 1992 (Oliveira, 2016; Ferreira, 2018; Paes Manso y Nunes Días, 2018).

Carolina Sampó
Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)–Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT-IRI)
| @carosampo


1 A principios de 2019 Fábio Souza dos Santos, miembro del Comando Vermelho, fue entregado a la Policía Federal Brasileña como resultado del proceso de extradición. Ya en noviembre de 2018 se había vivido un proceso similar cuando se expulsó a Marcelo Fernando Pinheiro da Veiga, también miembro del CV. Las autoridades paraguayas están preocupadas por la creciente influencia de las organizaciones criminales en sus presidios, donde cooptan miembros y corrompen funcionarios (Tomazela, 2019).

2 “A maior das facções do Rio é humilhada com ocupação do Complexo do Alemão”, O Globo, 29/XI/2010, https://oglobo.globo.com/rio/a-maior-das-faccoes-do-rio-humilhada-com-ocupacao-do-complexo-do-alemao-2918808.

3 El surgimiento de esta organización no está bien documentado y no existe consenso sobre el momento de su aparición. Para algunos autores el Terceiro Comando es resultado de una escisión de CV durante los años 80. Para otros, surge después de 1994. Dominó las favelas y comunidades de las zonas oeste y norte de Rio de Janeiro (Gurgel de Oliveira, 2013, p. 18). De ella surgió el Terceiro Comando Puro en el año 2002 en el Complexo Da Maré de la ciudad carioca.

4 Fundada por un ex miembro del CV –que fuera expulsado de la organización– entre los años 2014 y 2018 dentro del sistema penitenciario carioca. Se distinguía de otras organizaciones porque veía al tráfico de drogas como un negocio empresarial y se vinculó directamente con los productores de cocaína de los países vecinos (Gurgel de Oliveira, 2013, p. 21).

5 También conocida como 15.3.3 porque la P ocupa el número 15 en el Alfabeto y la C el 3 (Oliveira, 2016).

]]>
<![CDATA[ El impacto en la economía cubana de la crisis venezolana y de las políticas de Donald Trump ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt9-2019-mesalago-vidalalejandro-impacto-economia-cubana-crisis-venezolana-politicas-donald-trump 2019-05-30T12:41:40Z

Cuba ha padecido la dependencia económica de otros países, un hecho que continúa después de 60 años de la revolución. Este documento de trabajo analiza de manera profunda la dependencia económica cubana de Venezuela en el período 2000-2019.

]]>
Índice

Resumen
Abstract
Introducción
(1) Antecedentes de la relación económica entre ambos países
(2) Análisis de la severidad de la crisis económica-social venezolana
(3) Evolución del comercio exterior cubano con Venezuela
(4) Las medidas de Trump contra Venezuela y Cuba
(5) Los efectos del shock venezolano
(6) ¿Viene otro Período Especial?
(7) Posibilidad de que otros países (Rusia o China) sustituyan a Venezuela
(8) ¿Hay alternativas viables para Cuba?
(9) Conclusiones
Bibliografía

Resumen

Históricamente, Cuba ha padecido la dependencia económica de otros países, un hecho que continúa después de 60 años de la revolución. La dependencia con la Unión Soviética en 1960-1990 dio lugar al mejor período económico-social en la segunda mitad de los años 80, pero la desaparición del campo socialista fue seguida en los años 90 por la peor crisis desde la Gran Depresión. Este documento de trabajo analiza de manera profunda la dependencia económica cubana de Venezuela en el período 2000-2019: (1) antecedentes de la relación económica entre ambos países; (2) análisis de la severidad de la crisis venezolana; (3) evolución del comercio exterior cubano con Venezuela; (4) medidas de Donald Trump contra Venezuela y Cuba; (5) efectos del shock venezolano en Cuba; (6) ¿viene otro Período Especial en Cuba?; (7) posibilidad de que otros países (Rusia o China) substituyan a Venezuela; y (8) alternativas viables a la situación.

Introducción

La constante fundamental en seis décadas de la economía socialista cubana ha sido su dependencia económica con alguna otra nación. Comenzó con España en la época de la colonia, continuó con EEUU durante la primera república, se expandió de manera significativa con la Unión Soviética y finalmente con Venezuela desde el inicio de este siglo.

En 1960-1990 la URSS otorgó a Cuba 65.100 millones de dólares, tres veces el total de la ayuda que durante la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, EEUU concedió a toda América Latina. De la suma total, 39.400 millones fueron subsidios –no reembolsables– a los precios de exportaciones cubanas (la URSS pagaba entre dos y 11 veces el precio del azúcar por encima del precio mundial y el precio del níquel un 50% más) y a los precios de las importaciones del petróleo soviético (que cubrían el 96% de las necesidades cubanas) que suministraba por debajo del precio mundial.2 Por otra parte, 17.100 millones de dólares fueron préstamos para cubrir los déficit anuales de Cuba en su comercio con la URSS y 8.600 millones fueron préstamos blandos para el desarrollo; estos préstamos eran reembolsables, pero Cuba sólo pagó 500 millones (un 0,7% de lo debido) y la deuda con los soviéticos, heredada por los rusos, fue mayormente condonada en 2017. Esa enorme ayuda resultó en el mejor período económico-social de Cuba bajo la revolución, en la segunda mitad del decenio de los 80; no obstante, no transformó la estructura económica a fin de que fuese capaz de financiar sus importaciones con sus exportaciones. La desaparición del campo socialista provocó en los años 90 una gravísima crisis en Cuba –la peor desde la Gran Depresión, por ejemplo–, con una caída del 35% en el PIB y el deterioro de todos los indicadores económicos y sociales (para un análisis detallado véase Mesa-Lago, 2002).

Desde el año 2000 Venezuela comenzó a ayudar económicamente a Cuba, jugando un papel crucial en la parcial recuperación del país; en la cúspide de dicha relación económica ésta equivalía a alrededor del 20% del PIB cubano. A pesar de un cambio sustancial de la exportación de materias primas hacia servicios, Cuba continuó dependiendo de los subsidios externos para financiar sus importaciones. En 2019 Venezuela sufrió la peor crisis económica, política y social de su historia y en los últimos cinco años perdió el 50% de su PIB, mucho más que la caída del 35% en Cuba en 1990-1994. Como resultado, el intercambio comercial con Cuba disminuyó a la mitad en 2017 y en ocho puntos porcentuales del PIB. Una caída del gobierno de Nicolás Maduro provocaría en Cuba otra grave crisis económico-social, aunque no de la magnitud de la de los años 90. En la actualidad no hay otro país (Rusia o China) capaz de reemplazar a Venezuela, lo cual pondría presión en el presidente Miguel Díaz-Canel para acelerar y profundizar las reformas estructurales iniciadas por Raúl Castro, pero entorpecidas por su lentitud, restricciones y estancamiento.

Este documento estudia la relación económica de Cuba con Venezuela en siete secciones: (1) antecedentes de la relación económica cubano-venezolana; (2) análisis de la severidad de la crisis económico-social venezolana; (3) evolución del comercio exterior de Cuba con Venezuela (incluyendo exportación de servicios profesionales e importación de petróleo y otros bienes) y la inversión directa; (4) medidas de Trump contra Venezuela y Cuba; (5) los efectos del shock venezolano en Cuba; (6) si ocurrirá otro Período Especial en Cuba; (7) posibilidad de que otros países (Rusia o China) sustituyan a Venezuela; y (8) alternativas viables para Cuba. El documento se completó el 12 de mayo de 2019.

(1) Antecedentes de la relación económica entre ambos países

El papel de Venezuela como proveedor clave de petróleo a Cuba comenzó con un acuerdo de cooperación firmado en Caracas el 30 de octubre de 2000 entre los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez, por el que Venezuela se comprometió a exportar 53.000 barriles diarios de petróleo a Cuba a cambio del suministro cubano de profesionales en las áreas de salud, educación y deportes.2 Esto fue un cambio de la práctica anterior de Cuba que enviaba tales profesionales gratis a países necesitados. El primer acuerdo fue revisado en diciembre de 2004 aumentando el suministro a 93.000 barriles diarios desde 2005, así como incrementando los servicios profesionales cubanos, con Venezuela cubriendo el costo de flete y seguro.

El primer grupo de médicos cubanos llegó a Venezuela en 2013 para el programa de Chávez de atención médica a las zonas pobres: “Barrio Adentro”. Miles de maestros fueron enviados también. En 2004, los dos países lanzaron la “Operación Milagro” para proporcionar servicios oftalmológicos a los venezolanos más necesitados y, al año siguiente, dicho programa se extendió a otros países de América Latina, financiado por Caracas y atendido por cubanos. Entre 2000 y 2018, 219.000 profesionales cubanos sirvieron en Venezuela. Por su parte, unos 300.000 venezolanos viajaron a Cuba entre 2000 y 2006 para recibir atención médica financiada por Chávez (Pérez López, 2008; Romero, 2018). El acuerdo inicial se amplió con la creación del ALBA-TCP (inicialmente Alternativa Bolivariana de las Américas-Tratado de Comercio de los Pueblos) firmado por Cuba, Venezuela y Bolivia (más adelante Nicaragua), así como el TCP, que permitió el comercio sin aranceles entre todos los miembros de ALBA (Romero, 2018). Los acuerdos se han ampliado varias veces, la última para el período 2010-2020 (Mesa-Lago, 2012).

En algunos años al menos, los dos países firmaron una conciliación para evaluar tanto el coste del petróleo crudo y derivados del petróleo suministrados por Venezuela como el coste de los servicios profesionales prestados por Cuba. En 2012, esa conciliación sólo para el período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2011 ascendió a 1.275 millones de dólares, resultando en una deuda a favor de Cuba de 272 millones que se pagó por Venezuela (PDVSA, 2012). Si esa diferencia se proyectase a todo el año, Cuba habría recibido más de 1.000 millones de dólares de Caracas.

(2) Análisis de la severidad de la crisis económica-social venezolana

Venezuela era uno de los países más ricos de América Latina y tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Entre 2004 y 2012 el país gozó del mayor boom económico de su historia cuando los precios internacionales del petróleo alcanzaron un récord histórico de 142 dólares/barril en 2008.3 Durante esa bonanza, el gobierno gastó más que sus ingresos, aumentó la deuda externa y cometió graves errores en su política económica interna y externa. Como resultado, hubo un deterioro creciente en la economía, que en 2018 se contrajo un 18% (mermándose un 50% en los cinco últimos años, el doble de la caída del PIB en EEUU durante la Gran Depresión y peor que el 35% de descenso en el PIB cubano en 1990-1993) y para 2019 el FMI proyecta una pérdida del 25%. La base monetaria aumentó un 14.400% en 2018, la inflación fue de un 1.370.000% en 2018 (similar a los récords históricos de la República de Weimar en 1923 y Zimbabwe a fines de los años 90) y el FMI proyecta 10 millones % en 2019 (sobrepasando dichos récords). Entre 2015 y 2019 Venezuela retrocedió 18 puestos en su ubicación de las economías latinoamericanas, ordenándose la cuarta inferior, después de Haití, Honduras y Nicaragua (CEPAL, 2018; FMI, 2018; “Venezuela cae 18 puestos…,” 2019).

En el sector externo, la fuga de capitales totalizó 126.498 millones de dólares entre 2009 y 2016, las importaciones menguaron un 85% en el período 2012-2018, el déficit en el balance global fue de 6.808 millones de dólares en 2016, los términos de intercambio se deterioraron un 55% entre 2011 y 2016, la deuda externa creció un 64% en el período 2009-2015 (llegando a 138.000 millones de dólares en 2015) y las reservas internacionales cayeron un 75% entre 2009 y 2018. No hay información sobre la mayoría de los indicadores macroeconómicos para los años 2017 y 2018 (CEPAL, 2018).

La producción petrolera cayó un 41% entre 1998 y 2017, de 3,4 a 2 millones de barriles diarios y continuó su descenso en 2018 (Espinasa y Sucre, 2017),4 agravado por un declive de 40% en el precio mundial del petróleo en el período 2003-2019. El sistema eléctrico se colapsó en 2019, reduciendo el suministro de agua. Además, como las exportaciones de petróleo generan el 95% del ingreso impositivo, éste descendió de 8.000 a 1.000 millones de dólares anuales. Hay una severa escasez de alimentos y medicinas. Más de tres millones de habitantes han abandonado el país, el 10% de la población (Haussman, 2019). El desempleo abierto aumentó del 27,1% en 2017 al 34,3% en 2018 y se proyecta que aumentará hasta el 39% en 2019 (FMI, 2018).

Michelle Bachelet (2019), ex presidenta de Chile y actualmente alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe que describe el colapso de la medicina, la educación y otros servicios en Venezuela: “el sistema de salud sigue deteriorándose y afecta considerablemente las mortalidades materna e infantil, así como la proliferación de enfermedades infecciosas que anteriormente estaban bajo control”. Un millón de niños ha dejado de asistir a la escuela debido a problemas económicos de sus familias y a la falta de maestros, muchos de los cuales han emigrado. “La escasez de agua y de gas natural, así como el colapso del transporte público siguen afligiendo a muchas personas, y junto con la hiperinflación, generan terribles condiciones económicas que han provocado miles de protestas sociales”. Después de este informe, en abril de 2019, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que existía una crisis humanitaria en Venezuela y que 7 millones de habitantes necesitaban ayuda urgente (Oppenheimer, 2019).

Según la última Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI, 2018), la pobreza total creció del 48,4% al 87% entre 2014 y 2018 (y la pobreza extrema del 23,6% al 61,2%), siendo más de la mitad pobreza reciente. La precariedad en la protección social se expandió del 55% al 60% de la población. La frecuencia de agua en la vivienda se deterioró entre 2017 y 2018: la reciben todos los días del 45% al 29%, algunos días a la semana del 38% al 31% y una vez por semana del 14% al 10%. La recepción de electricidad en 2018 fue diariamente del 25%, alguna vez en la semana del 27% y alguna vez al mes del 29%. La asistencia escolar en las edades entre tres y 24 años se contrajo del 78% al 70% entre 2014 y 2018, debido a la ausencia de personal, comida, transporte, electricidad y/o agua. La población atendida en salud en el programa “Barrio Adentro” menguó un 93% en 2015-2017, de 2,6 millones a 200.000.

Estudios recientes de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) y del Centro de Salud Humanitaria de la Universidad John Hopkins comprobaron que el sistema de salud pública venezolano se ha colapsado, creando una catástrofe humanitaria. El gobierno oculta las cifras y despide a los médicos que expresan su preocupación. Nueve de cada 10 venezolanos tienen dificultad para comprar comida, el 80% sufren inseguridad alimenticia, tres de cada cuatro ha perdido peso (un promedio de 19 libras en 2017), el 48% de las mujeres embarazadas padece desnutrición, entre los niños menores de cinco años la desnutrición creció del 10% al 17% entre febrero de 2017 y marzo de 2018, más del 2% de todos los recién nacidos murieron en sus primeras cuatro semanas en 2015, creciendo desde el 0,02% en 2012, y la desnutrición ahora supera el umbral de crisis calculado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La tasa de mortalidad materna aumentó un 65% en 2016 y la de mortalidad infantil un 30%. La diabetes y la hipertensión se duplicaron en el año 2017 y las vacunas han desaparecido. Hay brotes de paludismo (406.000 nuevos casos en 2017), tuberculosis (13.000), sarampión (7.300), difteria (1.716) y VIH (6.500). El 85% de los 79.467 infectados no reciben tratamiento (antes no había casos de algunas de estas enfermedades o en otras eran raras o sus tasas muchísimo menores).

La encuesta nacional de hospitales en 2019 encontró que aproximadamente la mitad de los médicos declaran que no tienen suministros básicos de emergencia, y el 35% de las salas de cirugía carecen de los instrumentos y de los medicamentos necesarios. Las personas mueren porque no funcionan los desfibriladores, los laboratorios y los equipos de rayos X, 22.000 médicos –un tercio del total– han abandonado el país en los últimos 12 años (un quinto del total) debido a sus sueldos míseros (Human Rigths Watch, 2018; OPS, 2018; Wyss, 2019b). Caracas tiene la mayor tasa de homicidios del mundo: 140 por 100.000 habitantes, superior a las de Bagdad y Kabul (O’Neil, 2018).

La autodeclaración de presidente de Juan Guaidó en 2019 y el subsecuente apoyo de 54 naciones en el mundo ha agravado la crisis política, lo cual a su vez empeora la crisis económica. Sin embargo, a pesar de la gravísima crisis venezolana, Nicolás Maduro ha seguido intentando mantener los acuerdos con Cuba, aunque a niveles inferiores, lo que ha mitigado el efecto adverso sobre la economía de la isla.

Carmelo Mesa-Lago
Catedrático de servicio distinguido emérito en Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh

Pavel Vidal Alejandro
Profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana Cali, Colombia


1 El petróleo importado de la URSS que no consumía Cuba era reexportado a terceros países y vendido en divisas: entre 1 y 2 millones de toneladas métricas entre 1984 y 1987.

2 Según Romero (2018), al inicio de la relación Cuba pagaba el suministro petrolero un 50% dentro de los primeros 90 días y el 50% restante con una deuda a 25 años a un interés del 1%.

3 Puente (2016) muestra la relación entre los precios mundiales del petróleo y la evolución del PIB cubano.

4 Según estos autores, la caída en la producción petrolera se debió al despido de la mitad de los empleados de PDVSA y de dos tercios de los profesionales, reemplazados y aumentados por nombramientos políticos, a la corrupción y a la eliminación de la independencia de PDVSA, que pasó a ser un brazo del Ejecutivo,

]]>
<![CDATA[ La sociedad de la desinformación: propaganda, «fake news» y la nueva geopolítica de la información ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt8-2019-badillo-sociedad-de-desinformacion-propaganda-fake-news-y-nueva-geopolitica-de-informacion 2019-05-14T01:13:35Z

Nuevas condiciones en la producción, circulación y consumo de información han hecho de la desinformación una herramienta geoestratégica de primera magnitud que, conectada con las técnicas híbridas, requiere un replanteamiento de la acción de los Estados y de la UE en un tema que afecta de manera muy importante a la opinión pública europea.

]]>
Índice

Tema – 3
Resumen – 3
Introducción – 3
Información y desinformación en la esfera pública – 4
Propaganda: construyendo el consenso social – 5
Los efectos sociales de los medios – 6
La revolución no será televisada: medios y política – 7
La sociedad de la (des)información – 12
Un modelo integral de desinformación – 13
Primer nivel: estratégico – 14
Segundo nivel: la producción y recolección de información – 17
Tercer nivel: la difusión de información – 17
Los medios transnacionales – 17
Las redes sociales – 19
Verificar la desinformación: la emergencia de los fact-checkers – 22
La respuesta europea a la desinformación – 25
Conclusiones: una nueva geopolítica de la información-mundo – 30
Referencias – 32

Tema

Nuevas condiciones en la producción, circulación y consumo de información han hecho de la desinformación una herramienta geoestratégica de primera magnitud que, conectada con las técnicas híbridas, requiere un replanteamiento de la acción de los Estados y de la UE en un tema que afecta de manera muy importante a la opinión pública europea.

Resumen

La desinformación ha emergido como un asunto de relevancia pública a través de varios escándalos que en el escenario internacional han recuperado el debate en torno a la circulación internacional de información, sus conexiones con los intereses geoestratégicos de ciertos países y los efectos que producen en los ciudadanos. Es un debate recurrente, pero en esta ocasión tiene ingredientes nuevos: la naturaleza de las redes digitales permite utilizarlas no solo para difundir información, sino también para atacar mediante técnicas informáticas servidores de datos (para modificarlos, robarlos o destruirlos); las redes sociales y la personalización de la información que se recibe a través de ellas suponen nuevas formas de ruptura de la esfera pública, y los ciudadanos han incorporado las prácticas de producción y consumo de información digital sin excesivo conocimiento de las lógicas de estos nuevos medios, trasladando las de los medios de comunicación tradicionales. Este texto analiza las transformaciones que han dado lugar al nuevo ecosistema y propone, desde el estudio de las iniciativas europeas sobre desinformación, un modelo de análisis de la situación y el refuerzo de la acción coordinada europea desde España.

Introducción

Llénalos de noticias incombustibles. Sentirán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes. Les parecerá que están pensando, tendrán una sensación de movimiento sin moverse. Y serán felices. (Ray Bradbury, Fahrenheit 451, 1953)

En 2016 los diccionarios Oxford eligieron el término post-truth (‘posverdad’) como palabra del año y la definieron así: “Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief” (BBC, 2016). Nuestro Diccionario de la Lengua Española incorporó su equivalente en español en la revisión de finales de 2017: “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. En apenas un par de años, los “hechos alternativos”, la desinformación, las fake news y la posverdad se han convertido en el eje del debate en torno a la comunicación, especialmente en el contexto internacional. La relación entre la realidad y su discurso es un debate recurrente que encuentra nuevos términos y nuevos acontecimientos para volver a la discusión pública.

Ilustración 1 . Frecuencia diaria de aparición de ciertos términos en los medios estadounidenses
Ilustración 1 . Frecuencia diaria de aparición de ciertos términos en los medios estadounidenses
Aparición de los términos disinformation, fake news y post truth en los medios nacionales estadounidenses desde el 1 de enero de 2000 hasta mayo de 2019. Los círculos representan el total; el gráfico de barras, la evolución diaria. Elaboración propia sobre datos de MediaCloud. Datos en noticias por día.

Ángel Badillo Matos
Investigador principal de Lengua y Cultura española, Real Instituto Elcano
| @angelbadillo


1 Traducción de Francisco Albelenda, editorial Planeta, 1985.

]]>
<![CDATA[ La relación cultural de Estados Unidos y España ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt6-2019-badillo-relacion-cultural-de-estados-unidos-y-espana 2019-04-15T09:05:53Z

La influencia de la cultura estadounidense ha convertido en muchas de sus expresiones en estándares de la cultura mainstream mundial, un proceso que sólo se ha acelerado con la mundialización de los flujos en las redes digitales. Ese proceso se ha vivido también en la relación cultural entre EEUU y España, con los matices de la particular historia de nuestro país en el último siglo.

]]>
Índice

Introducción
Un tiempo político contra la diversidad
Un modelo cultural, ¿sin política cultural?
Acción exterior en cultura, información y educación
Un caso de éxito: el programa Fulbright
La potencia económica de la cultura estadounidense
Tres tensiones: piratería, privacidad y fiscalidad digital
La presencia cultural de España en EEUU
Las instituciones estatales
Las instituciones culturales autonómicas
El Instituto Cervantes en EEUU
Conclusiones: una relación fructífera y un contexto de dificultades
Referencias

Resumen

La influencia de la cultura estadounidense ha convertido en muchas de sus expresiones en estándares de la cultura mainstream mundial, un proceso que sólo se ha acelerado con la mundialización de los flujos en las redes digitales. Ese proceso se ha vivido también en la relación cultural entre EEUU y España, con los matices de la particular historia de nuestro país en el último siglo.

Introducción1

“Believe it or not, entertainment is part of our American diplomacy.
It’s part of what makes us exceptional, part of what makes us such a world power.”
(Barack Obama, discurso en los estudios Dreamworks, California, 26/XI/2013)

Si hay un país en el mundo que representa las capacidades del “poder suave”, ese es EEUU. No porque no disponga de “poder duro”, sino por la capacidad que el país ha tenido de combinar ambos en la consolidación de su liderazgo mundial durante décadas y, en el campo cultural, de producir una simbiosis entre las iniciativas pública y privada para conseguir ser la referencia occidental en el mundo de la post-Guerra Mundial y hasta hoy. Como cantaba Renato Carosone a los jóvenes italianos de los años 50, atraídos por el American way of life –que jugaban al béisbol, bebían whisky con soda, bailaban rock’n’roll y fumaban Camel– “te haces el americano, pero naciste en Italia”. Esa “seducción” cultural se ha etiquetado durante estas últimas décadas como una forma de dominio imperialista, como arma de propaganda masiva, o simplemente como una cultura popular irresistible. Pero, en todo caso, la influencia de la cultura estadounidense ha convertido en muchas de sus expresiones en estándares de la cultura mainstream mundial, un proceso que sólo se ha acelerado con la mundialización de los flujos en las redes digitales.

Ese proceso se ha vivido también en la relación cultural entre EEUU y España, con los matices de la particular historia de nuestro país en el último siglo. Durante la dictadura franquista, la relación bilateral tiene su punto de clivaje en las consecuencias geopolíticas de la Guerra Fría que llevan a EEUU a reconocer al régimen español con la firma de un primer acuerdo militar y de ayuda (1953, renovado en 1963) y a promover su incorporación a Naciones Unidas (la famosa “cuestión española” resuelta en 1955), con las contradicciones que eso suponía tanto frente a las fuerzas democráticas españolas, del exilio exterior e interior, como al debate público norteamericano e internacional, el llamado a veces asunto de los friendly tyrants. Los esfuerzos de acercamiento a las elites españolas (por ejemplo, los intercambios promovidos por la Comisión Fulbright desde 1958) y la diseminación de propaganda mantuvieron el principio de “avoid involvement, while maintaining sufficient flexibility to protect our interests”, como literalmente se expresaba el Departamento de Estado estadounidense en 1970. Durante más de una década, el programa Fulbright se constituye como el único vínculo institucional de los dos países en los campos académico y cultural.

Cuando en 1970 se firma el Convenio de Amistad y Cooperación, la ciencia, la educación y la cultura se incorporan como piezas de la relación que sirven para “superar el carácter estrictamente militar de los pactos de 1953”, dando origen a los Non Military Agreements (NMA) que seguirán desarrollándose en los años siguientes, en paralelo a los programas Fulbright. La firma del Tratado de Amistad y Cooperación comenzó el proceso de recuperación de una relación normalizada por las instituciones democráticas en ambos países, en la cual las dimensiones culturales, educativa y científica se apreciaban como central precisamente para diversificar una relación demasiado asentada sobre las cuestiones de defensa, y de hecho así pasaron a constituir acuerdos complementarios desde ese momento, siguiendo la directriz expresada por Kissinger en 1972 de “try to project an image of attaching importance to our non-military, as well as our defense, cooperation with Spain”. A raíz de la firma del Tratado y el siguiente Convenio, se creó un Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la Cooperación Cultural y Educativa que dispuso de fondos para promover actividades culturales y educativas durante los 14 años de su existencia, lo que –como explicaba hace algunos años su directora– “no tiene parangón en la historia de los intercambios culturales y educativos entre los Estados Unidos y otros países, al dedicar fondos procedentes básicamente de un tratado militar y de defensa a fines culturales y educativos”. Los términos de los acuerdos subrayan fundamentalmente la centralidad de la ciencia –en especial el apoyo a la medicina y las ciencias biológicas –, de la mejora del sistema educativo y de los programas de intercambio como el eje de la relación institucional, siguiendo la línea iniciada en 1958.

Una década después, una nueva Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico se crea a partir del Acuerdo firmado en materia de Cooperación Educativa, Cultural y Científica, prorrogado hasta 2004 y desde entonces de manera indefinida, y cuyo texto incide una vez más en las cuestiones educativas y científicas, y apenas desglosa las culturales. La centralidad de las dimensiones educativa y científica en la relación bilateral en materia de diplomacia pública es, como vemos, indiscutible, lo que si bien resulta comprensible –tanto por la importancia del tejido universitario como de la producción científica estadounidense– deja el ámbito cultural en manos de la iniciativa privada y de la sociedad civil, como ocurre con la política cultural interior.

Ángel Badillo Matos
Investigador principal de Lengua y Cultura española, Real Instituto Elcano
| @angelbadillo


1 Algunas partes de este texto reproducen un reciente informe realizado desde el Real Instituto Elcano sobre la circulación de la cultura en español en EEUU, del que son autores Jéssica Retis-Rivas, Azucena López Cobo y Ángel Badillo, que se encuentra en prensa y será publicado en 2019.
]]>
<![CDATA[ Rusia en América Latina: repercusiones para España ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt02-2019-milosevichjuaristi-rusia-en-america-latina 2019-03-28T11:04:45Z

Todavía no está claro cuál va a ser el futuro papel de Rusia en América Latina y cómo sus acciones podrían beneficiar o perjudicar a España.

]]>
Contenido

Resumen ejecutivo
1. Introducción
2. Evolución de la relación bilateral: entre geopolítica y pragmatismo
3. Relaciones políticas
4. Relaciones económicas
5. Relaciones socioculturales
6. Conclusiones
Bibliografía

Resumen ejecutivo

La desaparición de la Unión Soviética a finales de 1991 redujo significativamente la influencia de Moscú en América Latina. La influencia geopolítica de Rusia en la región fue recuperándose entre 1997 y 1999, después de que el Kremlin asumiera que su tentativa de integrarse en las instituciones occidentales había fracasado, y gracias en gran medida a la relación recién iniciada con el gobierno bolivariano de Venezuela.

Desde la llegada al poder de Vladimir Putin como presidente de la Federación de Rusia en 2000, pero sobre todo desde 2008, Rusia ha intensificado su presencia en América Latina a través de reuniones bilaterales al más alto nivel y de los medios de comunicación financiados por el Gobierno ruso: televisión RT, RT Noticias (impreso) y la agencia de noticias Sputnik News. Sin embargo, según los criterios tradicionales (comercio e inversión, participación diplomática y venta de armas), la participación de Rusia es pequeña en comparación con el resto del mundo. La reaparición política y virtual de Rusia en América Latina a través de los medios de comunicación y las redes sociales coincide cronológicamente con la ruptura de la cooperación entre Rusia y Occidente a raíz de la Guerra de Georgia en 2008, y de la anexión de Crimea y la guerra de Ucrania de 2014. Sin intereses comerciales significativos, venta de armas tibia y compromiso diplomático a medias, la presencia de Rusia en América Latina es débil. Sin embargo, hay evidencia de que quiere ejercer influencia en la región a bajo coste, aparentar ser una gran potencia e irritar a EEUU. Ahora bien, sin influencia real, la virtual no será suficiente para alcanzar ninguno de los objetivos estratégicos de Rusia en el hemisferio occidental.

El compromiso ruso con América Latina debe ser analizado en el contexto del ciclo electoral de 2017-2019 en los países latinoamericanos, del creciente papel de China y de los tradicionales vínculos políticos, económicos y culturales de los países de la región con EEUU, que sigue siendo el socio comercial más importante de casi todas las repúblicas latinoamericanas. El comercio total entre China y América Latina entre 2000 y 2016 se ha incrementado en un 210%, mientras que entre EEUU y América Latina el intercambio comercial sólo ha crecido un 38% y entre Rusia y América Latina un 44%.1

Rusia inició un retorno gradual a América Latina a mediados de la década de 2000, apoyándose en los préstamos y venta de armas a Venezuela en 2005. Aunque Moscú ya no aprovecha la ideología socialista para estrechar las relaciones con las naciones latinoamericanas, busca explotar un deseo compartido de multilateralidad en las relaciones políticas, económicas y de seguridad. A nivel político, Moscú ha utilizado sus conexiones en la región para enviar a EEUU y al resto del mundo el mensaje de que está dispuesta a desafiar a Washington.

La presencia de Rusia en el continente latinoamericano forma parte de una estrategia internacional más amplia cuyo objetivo principal es alcanzar el estatus de gran potencia capaz de socavar el liderazgo de EEUU en la región y en el orden internacional y de competir con la otra gran potencia emergente, China. América Latina es el “patio trasero” de EEUU, su “extranjero cercano”, donde Moscú busca construir un sistema de relaciones internacionales sin hegemonía de los estadounidenses, y en la medida de lo posible, colaborando con China.

Brasil y México son los mayores socios comerciales de Rusia, mientras el “triángulo del Caribe” –Venezuela, Cuba y Nicaragua–, con estrechos vínculos políticos y militares con el Kremlin, favorece la penetración geopolítica rusa en el continente.

El estrechamiento de los lazos de Rusia con América Latina genera un impacto ambivalente en los intereses de España. El aumento de la presencia de Rusia en la región no hace que España pierda atractivo e influencia en términos relativos en el espacio más importante de su política exterior. Rusia, desde la Guerra Fría, ha respetado la presencia de España en la región. Sin embargo, su apoyo a gobiernos no democráticos como el de Venezuela, o la venta de armas y la cooperación militar con Nicaragua, Cuba y Venezuela, pueden desestabilizar la zona y, en consecuencia, influir negativamente en las inversiones económicas y los intereses políticos españolas.

Todavía no está claro cuál va a ser el futuro papel de Rusia en América Latina y cómo sus acciones podrían beneficiar o perjudicar a España. Sin embargo, son perceptibles ciertas pautas de la acción exterior rusa, que repite el patrón histórico, político y propagandístico de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Las actitudes hostiles hacia EEUU en lo relacionado con el comercio y las cuestiones de inmigración, el aumento de los candidatos populistas y la profundización de los desafíos económicos y sociales internos que afrontan muchos países latinoamericanos, crean circunstancias favorables para que Rusia promueva sus intereses. Sin embargo, teniendo en cuenta que EEUU sigue siendo el socio comercial más importante de América Latina y el extraordinario auge económico de China en la región (y a nivel internacional), el futuro de la influencia de Rusia en la zona dependerá de su capacidad de ir más allá de los lazos históricos que tiene con Cuba y Nicaragua y de su papel de proveedor de armas y equipos militares a Venezuela, México y Perú. Lo más probable es que la influencia y presencia de Rusia en la zona siga siendo muy limitada a causa de la debilidad económica rusa, sin afectar a los intereses económicos españoles.

1. Introducción

Las relaciones entre Rusia y América Latina son históricas, políticas y económicas, y actualmente están marcadas por los dos intereses principales del Kremlin, geopolítico y económico. Además, las relaciones actuales están condicionadas por: (1) el gradual desinterés de EEUU en la región, después del final de la Guerra Fría y, sobre todo, desde 2001 cuando Washington definió la guerra contra el terrorismo como la prioridad de su seguridad nacional; (2) las relaciones bilaterales entre EEUU y Rusia; y (3) el auge de China como potencia emergente. La percepción de Moscú de que el apoyo de EEUU a las “revoluciones de color” en los países del espacio post soviético, en particular en Georgia y Ucrania, ha estado dirigido contra los intereses rusos, explica su decisión de ejercer un papel similar en la vecindad estadounidense.

El principal objetivo de este Documento de Trabajo es analizar las actuales relaciones entre Rusia y América Latina, y las posibles repercusiones de dichas relaciones para España. Se trata de entender cómo la interacción entre los países de América Latina y Rusia condiciona la evolución de la región y las decisiones de los actores latinoamericanos, ya sea alterando dinámicas internas de los diferentes países o de carácter internacional.

Rusia está presente en el imaginario de los latinoamericanos desde el siglo XVIII, aunque su mayor presencia, en Cuba y Nicaragua, se sitúa en el período de la Guerra Fría. La supuesta “reemergencia” de Rusia en América Latina (Stronsky y Sokolsky, 2017) debe verse en el contexto del creciente papel de China, de la retirada gradual de EEUU de la zona, y de la ruptura de la cooperación entre Rusia y Occidente a raíz de la crisis de Ucrania.

En cuanto al alcance temático del trabajo, se ha optado por un enfoque holístico, que abarque las múltiples dimensiones de las relaciones ruso-latinoamericanas, ordenadas en tres bloques: (1) político; (2) económico; y (3) sociocultural. Todas estas áreas son pertinentes en la relación española con América Latina.

Este análisis descarta el enfoque triangular –España-Rusia-América Latina– por dos razones: (1)        porque dejaría fuera a otros actores extrarregionales importantes (EEUU, China y la UE), imprescindibles para entender las implicaciones que tiene la presencia rusa para España; y (2) porque el enfoque triangular conlleva una visión de la región demasiado homogénea. Se ha optado por un análisis por países –los que tienen un vínculo significativo con Rusia–, que es mucho más preciso.

La interacción de Rusia con América Latina condicionará significativamente el futuro orden político regional (no tanto el económico), así como el internacional, en el que Rusia apuesta por un modelo “multipolar” o “post occidental”. Aunque las actividades de Rusia en América Latina están impulsadas principalmente por incentivos financieros, la motivación de Vladimir Putin para devolver a Rusia el estatus de gran potencia se halla firmemente enraizada en la geopolítica. Moscú ha buscado desarrollar asociaciones con países que comparten un interés en crear instituciones y relaciones que no estén dominadas por EEUU o la UE.

Teniendo en cuenta que EEUU sigue siendo el socio comercial más importante de América Latina y el extraordinario auge económico de China en la región y como potencia global, que se traduce en una mayor influencia en la política internacional, lo más probable es que la presencia de Rusia en la zona siga siendo limitada. Para concluir cuáles serían las posibles repercusiones del creciente papel de Rusia en América Latina es necesario averiguar con qué eficacia puede expandir Rusia su papel, hasta ahora bastante limitado más allá de los lazos históricos con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El papel que tendrá España en este nuevo orden internacional o en América Latina dependerá mucho de las acciones que se lleven a cabo desde Madrid. En cualquier caso, los riesgos y las oportunidades para las empresas españolas se verán más afectadas por lo que haga China, mucho más que Rusia. En este sentido, sería conveniente emprender sobre esta base un análisis sectorial y por países más detallado, que pudiera dar lugar a propuestas de actuación específicas.

Antes de examinar las relaciones bilaterales entre Rusia y América Latina, conviene analizar en términos generales el ciclo electoral que celebran 14 países (de los 18 de la región), entre 2017 y 2019, ya que su resultado tendrá un impacto fuerte no sólo en la política interior de estos países sino también en relación con el proceso de integración regional y relaciones con los actores extrarregionales. Las principales consecuencias de los resultados electorales en las relaciones bilaterales de Rusia con sus socios regionales se analizarán por países. Sin duda, los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil –la victoria de Jair Messias Bolsonaro, un fanático del presidente de EEUU Donald Trump y un crítico feroz de Nicolás Maduro y Vladimir Putin– y México –la victoria de Andrés Manuel López Obrador, un abierto simpatizante del presidente Putin– tendrán el mayor impacto en el posible papel de Rusia en la región.

El ciclo electoral 2017-2019 en América Latina

En noviembre de 2017 se celebraron elecciones presidenciales en Chile y Honduras. En 2018 fueron seis países: Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil. A estos ocho procesos hay que sumar los seis presidenciales que se desarrollarán en 2019 en Bolivia, Argentina, Uruguay, El Salvador, Panamá y Guatemala.

Estas elecciones tienen lugar en un contexto económico de bajo crecimiento, según estimaciones del FMI: 1,9% para 2018. La región ha dejado atrás dos años seguidos de crecimiento negativo (y seis de desaceleración continua). Este súper ciclo electoral ocurre, además, en un momento en que, según LAPOP (Proyecto de Opinión Pública de América Latina), el apoyo a la democracia registra una abrupta caída (9 puntos desde 2014 a 2017, pasando del 67% al 56%) (Zovatto, 2017), disminución que viene acompañada de una mayor insatisfacción con la democracia, un fuerte descenso en la adhesión a los gobiernos, y una baja confianza en las instituciones de la democracia representativa, las elecciones y los partidos políticos. El desprestigio de los partidos políticos no es un fenómeno exclusivo de América Latina, aunque tiene una incidencia clara en la coyuntura política regional. Las opiniones públicas latinoamericanas otorgan una importancia especial a la violencia, que afecta la vida cotidiana de numerosos ciudadanos, y a la corrupción. Los ciudadanos latinoamericanos toleran cada vez menos los escándalos de corrupción. Los graves escándalos de corrupción que recorren la región (potenciados por Lava Jato y Odebrecht), vinculados con la cuestión de la financiación política, junto con los altos niveles de inseguridad ciudadana, eran dos temas muy presentes en la casi totalidad de las campañas electorales.

Los resultados de las ocho elecciones celebradas en 2017 y 2018 posibilitan un balance provisional que refuerza la idea de la heterogeneidad y complejidad de la política regional (Malamud, 2018) y de la alternancia en el poder. En los ocho procesos electorales, el alto nivel de fragmentación de los partidos políticos y la irrupción de un mayor número de candidatos en comparación con años previos, sugiere una gobernabilidad compleja. Mientras el resultado electoral en Chile, Honduras, Paraguay y Colombia refuerza la idea del retroceso de la izquierda, las votaciones de México, Costa Rica y Venezuela (pese a las grandes irregularidades del último caso) indican la falta de uniformidad del panorama. La América Latina de hoy ya no es igual a la de ayer. Se ha debilitado la incidencia de las unanimidades de años anteriores, consecuencia de los proyectos hegemónicos de inspiración bolivariana, sólo posible en tiempos de Hugo Chávez, y de la máxima expansión de los países del ALBA.

La fuerza de populismo se puede percibir en otro dato de LAPOP de 2017: el 40% de los ciudadanos de América Latina apoyaría un golpe de Estado para combatir los altos niveles de crimen y corrupción. Además, se ha demostrado que las clases medias (más pragmáticas que ideologizadas y ubicadas mayoritariamente en el centro político) jugaron y jugarán un papel clave en todo el ciclo electoral. El abismo entre el bajo crecimiento económico que aqueja a la región y una clase media más empoderada y más conectada gracias a las redes sociales y más exigente respecto a sus demandas y expectativas, han marcado las campañas electorales.

Mira Milosevich-Juaristi
Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora asociada de Russia's Foreign Policy del Instituto de Empresa
| @MiraMilosevich1


1 UNCTAD 2018.

2 En la elaboración de este documento han participado José Pablo Martínez (ayudante de investigación, aportando datos para el análisis de las relaciones económicas entre Rusia y América Latina), Elena Sotos Olmo (ayudante de investigación realizando la investigación sobre la imagen de Rusia en AL), y Covadonga Barrero y Anna Fiorelli (asistentes de investigación). Carlos Malamud ha contribuido con la lectura crítica del documento y realizando oportunas sugerencias; también han contribuido Miguel de Avendaño con la edición y María Dolores de Azategui coordinando la publicación del documento.

3 Sergey Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa en la Conferencia de Seguridad de Munich, en febrero de 2017, describió el orden internacional emergente como “post-Occidental”.

]]>
<![CDATA[ La política de la UE contra el terrorismo (I): del Tratado de Maastricht a la Estrategia de Seguridad Interior ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt5-2019-albaladejo-politica-ue-terrorismo-tratado-maastricht-estrategia-seguridad-interior 2019-03-25T01:09:14Z

Se pretende analizar, de forma muy resumida, la política antiterrorista de la UE y sus Estados miembros en su período inicial, que abarca desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht (1993) hasta la adopción de la primera Estrategia de Seguridad Interior de la UE (2010). 

]]>
Índice

Resumen
(1) Introducción
(2) El acervo antiterrorista de la UE
 (2.1) La primera fase (noviembre de 1993 hasta septiembre de 2001)
 (2.2) La segunda fase (septiembre de 2001 hasta marzo de 2010)
(3) Conclusiones

Resumen

El 1 de noviembre de 2018 se han cumplido 25 años de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht por el que se creó la UE. Sin duda, supuso un hito en el proceso de construcción europea, superando el modelo de Comunidades europeas existente hasta este ese momento. Además, desde el punto de vista general de la seguridad estableció el inicio de la cooperación formal entre sus Estados miembros en el ámbito de los denominados “Asuntos de Justicia e Interior”, abriendo la posibilidad de cooperar también en el marco de la lucha contra el terrorismo, superando el modelo informal que había establecido la cooperación Trevi. Se pretende analizar en este trabajo, de forma muy resumida, la política antiterrorista de la UE y sus Estados miembros en su período inicial, que abarca desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht (1993) hasta la adopción de la primera Estrategia de Seguridad Interior de la UE (2010). En un trabajo posterior se analizará el período comprendido desde 2010 hasta 2018. Las iniciativas han sido múltiples y de naturaleza muy variada, como corresponde a un enfoque global e integral, lo que ha provocado, en ocasiones, una evidente dificultad en su conocimiento y comprensión.

Introducción

Es importante tener en cuenta, con carácter previo, algunas cuestiones clave que marcan el desarrollo de la colaboración antiterrorista en el marco de la UE y sus Estados miembros, explicando su necesidad y oportunidad, pero también su especial complejidad y dificultad:

(1) Que se encuentra integrada en un marco jurídico de cooperación más amplio, como es el de la propia UE. Es decir, tiene que ajustarse a las disposiciones pertinentes de los sucesivos Tratados que, hasta el momento, según la fecha de su firma, durante el período estudiado en este trabajo, han configurado la propia UE: Maastricht (1992), Ámsterdam (1997) y Niza (2000). En consecuencia, las medidas que en cada momento se adoptaron tuvieron que ser conformes a la regulación jurídica vigente en ese momento.

(2) Que las políticas desarrolladas en el ámbito de la UE se han caracterizado durante todos estos años por un proceso continuo de avances, en lo que se ha denominado “construcción europea”, basado en la creación de Instituciones comunes a las que los Estados miembros iban transfiriendo paulatinamente competencias que afectaban a su propia soberanía nacional, entendiendo que la gestión en común de estas competencias transferidas, por unas Instituciones creadas al efecto, sería más eficaz y eficiente. El principio de subsidiariedad establecido en los Tratados obliga a que esta transferencia de competencias sólo se puede hacer en aquellos casos en los que se valora que esa competencia será mejor gestionada a nivel de la UE que por cada Estado miembro en solitario. En estos casos, la competencia en concreto sigue siendo gestionada a nivel nacional. No obstante, en aquellos supuestos en los que la competencia sigue siendo del Estado miembro, pueden establecerse formas de colaboración entre las Instituciones Europeas y los propios Estados miembros, con el fin de ayudar a gestionar de forma más eficiente y eficaz esa competencia que resta nacional.

(3) Que esta transferencia de competencias, en ciertas materias que afectan a lo que se podría denominar el núcleo duro de la soberanía nacional, ha sido especialmente difícil y compleja. Entre ellas, las que se encuentran integradas, como es el caso de las medidas antiterroristas, en los llamados inicialmente, según la terminología del Tratado de Maastricht, Asuntos de Justicia e Interior y que, posteriormente, evolucionaron hacia el desarrollo de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE, como uno de los objetivos de la UE según la terminología del Tratado de Ámsterdam y posteriores. La finalidad fundamental del desarrollo en común de este Espacio es la de permitir, entre otros objetivos, garantizar un adecuado nivel de seguridad a los ciudadanos europeos y a las personas que residen o visitan el territorio de cualquiera de sus Estados Miembros. En este sentido, conviene recordar que, durante varias décadas, desde la creación de las tres Comunidades Europeas –del Carbón y Acero, Económica Europea y Energía Atómica, en los años 1950 hasta 1992, en el que el Tratado de Maastricht creó lo que hoy conocemos como UE– no hubo cooperación en los ámbitos de seguridad y justicia, en general, y, por tanto, tampoco en el ámbito del terrorismo. Incluso durante la negociación de la Conferencia Intergubernamental que dio origen a dicho Tratado, tras decidir el inicio de la cooperación en estas materias de justicia e interior, se estableció como principio fundamental que sigue vigente en la actualidad, tras el Tratado de Lisboa, que la seguridad en el territorio de un Estado miembro es responsabilidad de las autoridades nacionales de ese Estado miembro, estableciéndose entre la UE y sus Estados miembros formas de colaboración y cooperación en este ámbito, pero bajo ciertas condiciones específicas. Esto obligó a una regulación específica, en el Título VI del Tratado, en lo que se denominó el método intergubernamental, caracterizado por la unanimidad en el proceso de toma de decisiones y la limitación del derecho de iniciativa legislativa de la Comisión, en contraposición al denominado método comunitario, caracterizado por la mayoría en el proceso de toma de decisiones y mayores competencias de la Comisión en la iniciativa legislativa, que fue conocido como el III Pilar del Tratado de la UE. Sin embargo, todavía fue necesario vencer las reticencias de números Estados, para poder incluir el terrorismo en dicho ámbito de cooperación (la posición firme y constante de España en esta negociación puede considerarse una de las claves de su inclusión final).

Javier Albaladejo | Comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía y consejero del Ministerio de Interior en la Representación Permanente de España ante la UE.

]]>
<![CDATA[ España en el mundo en 2019: perspectivas y desafíos ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/policy-paper-espana-en-mundo-2019-perspectivas-desafios 2019-02-14T10:02:40Z

Séptima edición del trabajo colectivo que elabora anualmente el Real Instituto Elcano para analizar la posición internacional de España de cara al año, en este caso 2019, y hacer balance de lo ocurrido durante el anterior.

]]>
Resumen

Ésta es la séptima edición del trabajo colectivo que elabora el Real Instituto Elcano para analizar la posición internacional de España en el nuevo año, en este caso 2019, y hacer balance de lo ocurrido durante el anterior. El documento arranca con un panorama general de la política exterior, marcada por el cambio de Gobierno en junio pasado. A pesar del cierto activismo diplomático que caracteriza al nuevo ejecutivo, su debilidad parlamentaria y las repercusiones del conflicto catalán limitan su margen de maniobra. También se abordan en esa primera sección las cuestiones relativas a la gestión de la imagen del país y la diplomacia cultural. A continuación se examina el ámbito de la seguridad, a la luz de las amenazas a la paz internacional, el impacto de los últimos desarrollos europeos y atlánticos en la política española de defensa y las novedades en la lucha contra el terrorismo yihadista. La tercera sección expone las previsiones de crecimiento y su vinculación con un entorno marcado por el riesgo de guerra comercial entre EEUU y China y la lenta reforma de la gobernanza económica europea. Se presta aquí también atención a la agenda de innovación, la coyuntura energética y los desarrollos migratorios vinculados al mercado de trabajo. Luego se pasa a analizar el papel de España en los asuntos globales, con especial atención a la agenda 2030 y las políticas de cooperación al desarrollo, lucha contra el cambio climático, promoción de los derechos humanos e igualdad de género, en un entorno general caracterizado por la erosión del multilateralismo. La quinta sección se dedica a la integración europea y al mayor protagonismo que desea ejercer España cuando se combinan la difícil culminación del Brexit, el nuevo ciclo político en la UE y las tensiones entre los socios por cuestiones migratorias. Además, se atiende a los (escasos) avances en materia de ampliación, vecindad y relaciones con Rusia. El documento realiza finalmente un repaso a las perspectivas y desafíos de la acción exterior española en los diferentes espacios regionales: Magreb y Oriente Medio, América Latina, EEUU, África y Asia-Pacífico, para cerrar con unas conclusiones.

Contenidos

Presentación: ¿qué podemos esperar de 2019?

  1. La acción exterior del nuevo Gobierno
  2. Seguridad
  3. Economía, energía y migraciones
  4. España y los desafíos globales
  5. España y los desafíos europeos
  6. España y los desafíos regionales

Conclusiones

Presentación: ¿qué podemos esperar de 2019?

Hace ya unas semanas que 2019 está aquí. Y en el Real Instituto Elcano volvemos a analizar las perspectivas y desafíos internacionales de este año desde una perspectiva española. Un panorama mundial y europeo sobre el que se ciernen muchos nubarrones conocidos: conflictos bélicos y amenaza terrorista, pobreza y desigualdades, auge generalizado de los populismos que dañan la calidad de las democracias, sequías y deterioro medioambiental, un enorme reto de gestión de los flujos migratorios y, en fin, cierta erosión del orden liberal de la post-Guerra Fría con fenómenos tan preocupantes como el Brexit, la errática presidencia de Donald Trump, el peligro de una guerra comercial entre EEUU y China o la agresividad rusa. Sin embargo, quien me conoce, sabe que soy optimista, optimista de la razón, porque la evidencia nos demuestra que hay también muchos desarrollos positivos que solemos obviar o dar por descontados. Pues es tarea de la ciencia social no sólo aclarar lo confuso sino, con frecuencia, problematizar lo que parece obvio.

En noviembre de 2018 se ha celebrado con gran énfasis el centenario del armisticio que supuso el cese de hostilidades en la Primera Guerra Mundial y en el nuevo año se cumple el 80 aniversario del inicio de la Segunda y del fin de nuestra Guerra Civil. Pese a que en absoluto están garantizadas la paz y la seguridad internacional, estamos cerca de recordar las grandes conflagraciones contemporáneas en términos de siglos y, desde luego en Europa, nunca en toda la Historia ha habido menos violencia. Si miramos al lado del bienestar, los datos apuntan también a la reducción de la miseria extrema –incluyendo la inaceptable lacra del hambre–, al crecimiento global de las clases medias, al acelerado acceso a la educación y a una mejora generalizada de la salud, la higiene y la esperanza de vida. Y si hablamos de democracia y libertades, la tercera ola que se abrió tras la caída de la URSS dio un impulso notable, que se ralentizo la última década pero que, según datos recientes de The Economist, parece retomar impulso. En todo caso jamás Europa ha sido más libre y ello se debe, sin duda, a la UE, el gran invento político del siglo XX tras los fracasos del comunismo y del fascismo.

Pero no son sólo avances de larga onda. La coyuntura, casi siempre oscurecida por el modo agitado en el que recibimos la información, también trae desarrollos positivos. Corea del Norte es menos foco de tensión nuclear que hace un año, la conflictividad en Oriente Medio (pese a Siria y Yemen) se reduce en casi todos los escenarios y la diplomacia o el derecho internacional han demostrado su utilidad para gestionar viejas diferencias entre vecinos, ya sea entre Grecia y Macedonia (del Norte) o entre Chile y Bolivia. Incluso la gobernanza multilateral, que presumimos cada vez más desplazada por pautas neo-westfalianas, el proteccionismo y el aislacionismo de la actual Casa Blanca, demuestra su vigencia en el tratamiento del cambio climático, el reciente pacto global sobre las migraciones o, en fin, el impulso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un fantástico proyecto de Naciones Unidas que aborda ya cuestiones claves de gobernanza global. Incluso en un terreno sociológico siempre difícil de observar por su gradualidad, como es el de la mejora de la situación de las mujeres y su lucha por la igualdad, el año pasado ha supuesto una importante toma de conciencia.

Como explica Hans Rosling en su éxito de ventas Factfulness sucede que una serie de sesgos –cuya responsabilidad está compartida por los emisores y por los receptores de la información global– nos impiden apreciar estos avances y nos lleva a fijarnos más en las malas noticias. Sabemos que ese sesgo es incluso inherente a los medios de comunicación: good news is no news. Pues bien, para tratar de equilibrar esas distorsiones, nuestra visión y nuestra misión como think-tank intenta presentar las luces y las sombras del mundo que nos rodea y de la situación que en él desempeñan Europa y, por supuesto, España. Analizar riesgos y oportunidades, avances y retrocesos, fortalezas y debilidades, conscientes de que hay motivos para las alarmas pero no para los catastrofismos. La realidad internacional es preocupante, el progreso no es en absoluto lineal, la violencia sigue estando demasiado presente, se acumulan los retos y las grandes conquistas no pueden darse por aseguradas, pero los datos también nos dicen que, pese a todas sus imperfecciones, el mundo no va a peor.

Modestamente, en el Real Instituto Elcano vamos incluso a mejor y tengo que volver a señalar con satisfacción el enorme trabajo realizado, que se refleja en la última Memoria Anual: 105 análisis ARI (el 37% de ellos en inglés), 14 Documentos de Trabajo, varios Informes de absoluta referencia, centenares de comentarios y posts en el blog, los especiales en la web, las herramientas Elcano para el análisis de la posición e imagen de España en el mundo (los célebres barómetros o el Índice de presencia global), 53 reuniones de trabajo (que han implicado a más de 800 especialistas), 116 actividades; comparecencias parlamentarias y en otras instituciones nacionales o internacionales, casi un millón de visitas a la web, 34.000 seguidores en redes sociales y más de 3.000 menciones en medios de comunicación (a una media de tres diarias), de las cuales más de 300 lo fueron en medios internacionales. Los rankings internacionales vuelven a reconocer ese esfuerzo y nos consolidan en la primera división de los think-tanks del mundo, consiguiendo ser el 15º del mundo (y 9º de Europa) en la categoría de Política Exterior y Relaciones Internacionales, según el 2018 Global Go To Think Tanks Index (GGTTI), de la Universidad de Pensilvania.

También deseo destacar como parte de esa cosecha reciente los numerosos convenios firmados con universidades en estos últimos años, más de 30 públicas y privadas en Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja, que se plasman en prácticas de estudiantes, en el fomento de la transferencia del conocimiento de quienes allí investigan y, en definitiva, en otra forma de ampliar la proyección diaria del Instituto por el territorio. En efecto, nuestra actividad se desborda fuera de Madrid, con cada vez más actividades en toda España, y más allá, gracias a la oficina de Bruselas –que vuelve a crecer con la incorporación de nuevos ayudantes de investigación– y a la presencia de nuestro equipo de analistas en foros y seminarios por los cinco continentes; este año, además, con la feliz incorporación de una nueva investigadora principal para África, Ainhoa Marín Egoscozábal, que viene a confirmar nuestro interés por ese continente.

Se amplían asimismo las entidades colaboradoras (Fundación Deloitte, Google España y Microsoft Ibérica) y se renuevan los miembros del Consejo Científico y del Patronato, que además ha incorporado en este año a cinco mujeres: María Dolores Dancausa, presidenta de Bankinter, Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, María Dolores de Cospedal, en representación del Partido Popular, más las ministras de Defensa, Margarita Robles, y de Economía y Empresa, Nadia Calviño. Junto a ellas, y la renovación de los titulares de los otros dos Ministerios (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y Cultura), y de los nuevos presidentes de las empresas de nuestro Patronato, destaca la incorporación al mismo del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se une así a los otros tres presidentes que ya formaban parte. En el apartado triste, por el contrario, corresponde lamentar el fallecimiento, en este enero, del profesor Gil Carlos Rodríguez Iglesias, brillante jurista, presidente del Tribunal de Justicia de la UE y que fue durante siete años director del Real Instituto Elcano.

En el nuevo año, nuestro Plan de Actuación quiere prestar más atención a la dimensión tecnológica de las relaciones internacionales (en ámbitos como la tecno-geopolítica, la industria de la defensa, la ciberseguridad, la agenda digital europea, el Big Data y la desinformación e injerencia en los procesos electorales). En cuanto a las áreas geográficas, en 2019 se dará prioridad a América Latina y África Subsahariana y, por supuesto, seguiremos trabajando en líneas tradicionales de investigación sobre la política exterior española, el futuro de la UE y la agenda global en perspectiva española. También daremos continuidad a nuestra participación activa en numerosas redes transnacionales y en especial en el T20, la red de think-tanks adscrita al G-20. Una agenda, como se ve, ambiciosa de la que este documento forma parte.

Un policy paper coral que se asoma a su séptima edición con el objetivo de examinar la agenda anual de la acción exterior española y que creemos que tiene la triple utilidad de: (1) ofrecer un balance crítico de lo ocurrido en el año anterior; (2) hacer una previsión de prospectiva a corto plazo; y (3) ofrecer pistas para reforzar la posición de España en Europa y en el mundo.

Comenzaba estas palabras de presentación hablando de conmemoraciones y quiero finalizarlas hablando de otra que se celebrará a partir de este año. Una ocasión muy especial para esta casa, que con su nombre está vinculada de la manera más notoria posible al marino de Guipúzcoa que comenzó en el verano de hace cinco siglos la primera vuelta al mundo certificada. Ese quinto centenario de aquella circunnavegación pionera, culminada tres años más tarde, en 1522, me lleva a hacer una reflexión de cierre en clave española y, sobre todo, europea. Una gran empresa (que no aventura), que no fue estrictamente castellana ni española, ni siquiera ibérica, sino europea, mediterránea e incluso más allá. Iniciada por un marino portugués, Magallanes, culminada por un marino vasco, Elcano, relatada por un veneciano, Pigafetta, que entre su tripulación contaba con alemanes, genoveses bretones, griegos, malteses, turcos y hasta un intérprete malayo. Una empresa, en fin, financiada por un rey español nacido en Flandes, nieto de los soberanos de Castilla, Aragón, Borgoña y Austria, y que al regreso a Sanlúcar de la nao Victoria, única superviviente del periplo, era también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y vale la pena releer el fantástico relato que Antonio Pigafetta hizo del viaje, Il primo viaggio intorno al globo terracqueo, que editamos en el instituto hace un año, y que puede verse en nuestra página web.

Visto aquel viaje con perspectiva española y europea, impresiona saber que fuimos los protagonistas absolutos de aquella primera globalización hasta el punto de que durante dos siglos sólo naves ibéricas se adentraron por el océano Pacífico. Los Iberian pioneers, como designó el gran historiador británico Arnold J. Toynbee a aquella vanguardia (española y portuguesa) de la europeización del mundo.

Durante los siguientes siglos, la historia del mundo toda se decidió en este pequeño extremo occidente del gran continente euroasiático. La historia de América, de África, de Asia de Oceanía, se decidió y se registró aquí, primero en El Escorial o en Lisboa y luego también, en Versalles o en Westminster, en Berlín, en Viena, en Roma. Fue Europa –y de manera destacada dentro de ella, España– quien lideró lo destinos del mundo y le dio su sello al mundo en un mestizaje, en una mezcla, que continua. Sabemos que eso dejó de ser así tras la Primera y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, guerras civiles europeas que dejaron el continente asolado y destruido y acabaron, en este caso para bien, con el imperialismo y el colonialismo. Sabemos también que nuestro país no sólo se había ido desconectando antes del grupo de países que dominaba la política y la economía en Europa, y que por ende lo hacía en todo el mundo, sino que una larga dictadura incluso le llegó a aislar durante medio siglo XX de las grandes corrientes de la sociedad occidental.

Para recuperarnos de la inmensa catástrofe del totalitarismo, la guerra y el sometimiento a la dinámica de superpotencias ya no europeas, construimos la UE a la que los españoles nos unimos 30 años después, en cuanto culminamos nuestra transición democrática. Hoy no vamos a liderar el mundo, que es ya inmenso y ajeno, ni tampoco lo pretendemos. Un mundo en el que emergen países poderosos, mucho más grandes que toda Europa, un mundo, desgraciadamente, de instituciones débiles pero de hombres fuertes. Un mundo en el que sólo una Europa unida y fuerte en la defensa de sus intereses y valores podrá ser un sujeto con capacidad de hacer historia. Pues si no somos capaces de unirnos, y no somos capaces de que España juegue ahí el importante papel que le corresponde, corremos el riesgo de que nos pase en el futuro lo que ya nos ocurrió con anterioridad a españoles y europeos: que sean otros, y no nosotros, los dueños de nuestro destino. Ese es también el propósito que nos mueve: ayudar a que España nunca vuelva a dejar de mirar al mundo y que contribuya a una Europa unida y fuerte, capaz de decidir libremente su destino en este nuevo mundo, que aflora con fuerza inusitada al comienzo de este segundo milenio.

Emilio Lamo de Espinosa
Presidente del Real Instituto Elcano

Conclusiones

Como es tradicional en cada enero, el Rey Felipe VI se dirigió al cuerpo diplomático acreditado en España para felicitar el nuevo año y exponer la visión que España tiene de la UE y del mundo cuando arranca 2019.9 No es este un momento sencillo para hacer discursos que envíen mensajes optimistas y dibujen certezas sobre el papel a desempeñar por una potencia media que dice querer más protagonismo en el escenario europeo e internacional. Aunque hay tendencias globales de larga onda sin duda positivas, y que han sido glosadas en la presentación de este documento, el entorno a corto plazo es terriblemente complejo y hoy están en cuestión algunos de los fundamentos sobre los que se había asentado nuestra política exterior de los últimos 40 años.

No se trata de fomentar un alarmismo en el que ya hemos dicho que no creemos. Las relaciones internacionales siempre han sido una combinación de cooperación, competición y conflicto. Con perspectiva de historiador, es imposible no reconocer los grandes avances en el primero de esos tres planos y el retroceso en el tercero. Pero tampoco se puede negar que el orden internacional liberal, por mucho que nunca llegase a merecer del todo ese nombre, pierde terreno en los últimos años en favor del desorden nacionalista y populista. En el mejor de los casos, la diplomacia mundial se desempeña en un mundo mucho más competitivo que en el del inicio de siglo. Y así, como se ha dicho en varias de las secciones previas de este mismo trabajo, la combinación de unilateralismo, aislamiento, proteccionismo e imprevisibilidad que imperan en la actual Casa Blanca supone un peligro objetivo para la seguridad y la prosperidad internacionales. Además, como sabemos, los problemas no están sólo en EEUU. En otros grandes poderes regionales (China, Rusia, Brasil y Turquía) crecen, o se confirman, actitudes autoritarias y agresivas que erosionan la cooperación y el multilateralismo. Ese panorama no mejora en el viejo continente, cuando se observa al auge generalizado de los partidos euroescépticos y xenófobos que se consolidan como grandes fuerzas de oposición y que incluso controlan importantes gobiernos (Italia y Polonia). A eso se suma la absoluta confusión que supone el Brexit y que, en cualquiera de los casos, está a punto de traernos un Reino Unido más introspectivo. Y, como sustrato común a todos los países occidentales, entre la ciudadanía crece la desconfianza con la globalización y cierta actitud cínica hacia las virtudes de la democracia representativa.

¿Debe España alterar su posición tradicional en ese contexto fragmentado y hostil, donde no están ni mucho menos garantizados el desarrollo de estructuras de gobernanza multilateral, ni la buena salud del vínculo transatlántico, ni los avances en la integración europea, ni la transformación tranquila hacia una sociedad en teoría cada vez más interconectada y multicultural? El Rey, que no ocultó desde el arranque de sus palabras su preocupación por “el repliegue, la fragmentación y la insolidaridad que vuelven a hacerse presentes en nuestro tiempo con la aparición de desafíos a los cimientos del orden internacional sobre el que se ha asentado la convivencia entre nuestras naciones en el último medio siglo”, prefirió decir que, al contrario, es el momento de subrayar la identidad europeísta y cosmopolita de España. Una apuesta por la apertura y la cooperación internacional que queda expresamente vinculada con el “progreso de los derechos y libertades y el bienestar de los españoles”. Y, por tanto, asumiendo la responsabilidad de nuestro país, que no es insignificante, para defender unas relaciones internacionales y un proyecto europeo que resistan el empuje del revisionismo antiliberal y de la intolerancia identitaria.

Es así como debe entenderse su reivindicación de los valores y las normas de derecho internacional (“cuya clave de bóveda sigue siendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos”), de los avances en la cooperación (al menos, en lo relativo a migraciones, clima, desarrollo sostenible, antiterrorismo y desarme), de la gobernanza económica mundial (“somos firmes defensores del Sistema Multilateral de Comercio y del Libre Comercio Sostenible”) y de la defensa y promoción del sistema político español (“seguiremos haciendo valer fuera de nuestras fronteras el modelo constitucional español de democracia y convivencia”). Prioridades clásicas que se expresan junto al compromiso por reforzar las buenas relaciones bilaterales, la estabilidad en el Mediterráneo, la fuerte presencia en América Latina, la vigencia de las estructuras de seguridad occidental y por supuesto la buena salud de la UE: “en momentos de incertidumbre […], los españoles no concebimos una Europa que renuncie al objetivo de una unión cada vez más estrecha”. Añadiendo, por si hubiera dudas, que entre “quienes desean detener su avance o deshacer lo construido y quienes siguen fieles a los ideales de los padres fundadores de la Unión, la abrumadora mayoría de los españoles sigue optando por más y mejor Europa”.

Estas palabras, que en otro contexto menos turbulento podrían sonar consabidas, resultan reconfortantes. Nuestro país sigue defendiendo los viejos grandes principios y se puede contar con él. Pero el hecho indudablemente positivo de que España, por boca de su jefe de Estado, mantenga una doctrina clara para su acción exterior no es, ni mucho menos, suficiente. Y, como se reconocía al acabar el discurso, “hace falta que España ofrezca lo mejor de sí misma”. De poco sirve un prontuario de buenos deseos y aspiraciones si no se acompaña de voluntad política eficaz, inteligencia y recursos suficientes que permitan realmente contribuir a unas relaciones internacionales más propicias para nuestros intereses y valores, ya sea a través de la acción diplomática propia o por medio de una Europa más unida y capaz de afirmarse como auténtico actor global.

En ese propósito, no son sólo los decisores públicos los que tienen deberes que cumplir. También hay tarea para los expertos y la ciudadanía en general. Al fin y al cabo, quienes nos gobiernan sólo se fijarán de verdad en el exterior cuando sientan que los votantes, que ya no aceptan un modelo tecnocrático de toma de decisiones, tienen auténtico interés político por lo que sucede fuera de nuestras fronteras y además se convencen de que el papel a desempeñar por España no tiene que limitarse al de mero espectador o acompañante reactivo. Por otro lado, la capacidad de tener una diplomacia más activa y eficaz dependerá a su vez de que en España exista capacidad propia de análisis objetivo, de predicción realista y de juicio crítico e independiente.

Ese es, modestamente, el propósito que mueve al Real Instituto Elcano y, muy particularmente, a este policy paper. Tratar de examinar con rigor la coyuntura sobre la posición de España en el mundo, sin descuidar la prospectiva a más largo plazo, atreviéndonos a evaluar progresos y retrasos e incluso a recomendar vías de mejora. No es tarea fácil porque las tendencias son, como se ha visto, contradictorias, y si explicar el presente resulta cada vez más difícil, qué se puede decir sobre pronosticar el futuro. Sin embargo, esta publicación –que ya acumula varias ediciones– tiene a gala acertar en sus predicciones más destacadas. Tal y como apuntamos el año pasado, a lo largo de 2018 se confirmó la aceleración de las tensiones geopolíticas provocadas desde EEUU en el ámbito comercial y el aumento de la rivalidad militar en ciertas regiones (Oriente Medio y Asia Oriental, sobre todo). Al mismo tiempo, en esa lógica antes mencionada de tendencias divergentes, paradójicamente se avanzó en la negociación e implementación de ciertas políticas de ámbito multilateral (clima o desarrollo sostenible). También dijimos que el populismo seguiría ganando terreno (como ocurrió en las elecciones de Italia, Brasil y Suecia), y que las negociaciones del Brexit serían muy difíciles de manejar. Acertamos incluso en cuestiones concretas y arriesgadas, como el precio medio en el que se movería el petróleo (61 dólares) o el hecho de que la UE aumentaría su ambición sobre energías renovables (cosa que hizo en julio).

Por supuesto, hubo desarrollos que no se previeron, como la rápida erosión de la popularidad del presidente Macron (acosado por el movimiento de los “chalecos amarillos”) o el anuncio de retirada de Merkel –que estrechan la ventana de oportunidad para avanzar en la integración europea– y, desde luego, el cambio de Gobierno en España, que modificó en parte la actuación exterior. Desde junio asistimos a un mayor activismo que, sin perjuicio de alguna incongruencia y descoordinación, se ha reflejado en un positivo aumento de la presencia internacional del presidente del Gobierno (interlocución con otros líderes, discursos de Estrasburgo y Davos, viaje a Cuba o protagonismo en el Brexit a cuenta de Gibraltar) y en una diplomacia más política, como se ha plasmado en el tema migratorio, o en el nuevo tratamiento internacional de la crisis catalana. El tiempo dirá si se confirma y perfecciona este deseo de dedicar más capital político al exterior. Solo será sostenible si cuenta con sólidas bases intelectuales, se beneficia de amplios consensos con la oposición y va de la mano de una ciudadanía más informada y exigente sobre los asuntos internacionales y europeos.

Real Instituto Elcano

Coordinado por Ignacio Molina, con la colaboración de Jessica Almqvist, Haizam Amirah Fernández, Francisco Andrés, Félix Arteaga, Ángel Badillo, Gonzalo Escribano, Mario Esteban, Carlota García Encina, Carola García-Calvo, Carmen González Enríquez, Manuel Gracia, Lara Lázaro, Patrícia Lisa, Salvador Llaudes, Carlos Malamud, Ainhoa Marín Egoscozábal, José Pablo Martínez, Mira Milosevich-Juaristi, Iliana Olivié, Andrés Ortega, Miguel Otero Iglesias, Aitor Pérez, Fernando Reinares, Luis Simón, María Solanas, Federico Steinberg e Ilke Toygür, y con presentación a cargo de Emilio Lamo de Espinosa y conclusiones de Charles Powell.

]]>
<![CDATA[ Propuestas desde el sector privado para la revisión de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt4-2019-alonsolecuit-propuestas-sector-privado-revision-estrategia-ciberseguridad-nacional 2019-02-12T12:10:25Z

La revisión de la ECN de 2013 es una buena oportunidad para incluir en su elaboración a la mayor parte posible de implicados. Sólo una amplia participación del sector público y privado (whole-of-nation approach) daría a la Estrategia un carácter inclusivo y “nacional”.

]]>
Índice

Introducción
Sumario ejecutivo
Criterios para la revisión de la ECN de 2013 desde el sector privado
Modelo de gobernanza
Diferenciación de las culturas PIC y NIS
Regulación de las obligaciones empresariales sobre ciberseguridad
Dependencia tecnológica
Certificación de productos y servicios
Capacitación y formación
Colaboración público-privada
Conclusiones

Resumen

La revisión de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013 es una buena oportunidad para incluir en su elaboración a la mayor parte posible de implicados. Sólo una amplia participación del sector público y privado (whole-of-nation approach) daría a la Estrategia un carácter inclusivo y “nacional” (Estrategia Nacional de Ciberseguridad), mientras que una participación restringida a la Administración (whole-of-government approach) prorrogaría el enfoque gubernamental de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional en 2019.

Introducción

La ECN de 2013 vino a resolver los retos de ciberseguridad asociados con la protección de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales para la población vinculados a la seguridad nacional. Era la primera estrategia y tenía como prioridad articular los elementos esenciales del sistema de ciberseguridad nacional y los primeros planes y medidas del sector. Pasados seis años, la ECN debe responder también al actual contexto de la ciberseguridad, adaptarse a la mayor complejidad y diversidad de aspectos que gestionar y aprovechar las lecciones aprendidas de la experiencia durante estos años.

El sector privado no participó en la elaboración de la ECN de 2013, probablemente debido a la urgencia y el enfoque de seguridad nacional predominante. Desde entonces, se ha incrementado el número de actores privados implicados por la expansión de la ciberseguridad desde la seguridad nacional a la seguridad económica. La trasposición de la Directiva NIS, en la que tampoco participó el sector privado, puso de relieve la necesidad de que este sector adoptara una posición más asertiva, porque ahora las decisiones del sector público afectan también a la competitividad, la cuenta de resultados y los modelos de negocio de las empresas en general y de las industrias de ciberseguridad, en particular las cadenas de suministro y los proveedores de servicios esenciales y digitales, así como los centros tecnológicos y de investigación.

El presente Documento de Trabajo recoge una primera aproximación a la posición del sector privado elaborada en el marco del Grupo de Trabajo de Ciberpolítica del Real Instituto Elcano que precisaría una mayor contrastación. El sector privado tampoco ha participado como grupo organizado en la revisión de la ECN en curso, salvo un grupo de expertos individuales que no representan necesariamente la posición del sector en su conjunto. En el Documento se recogen y explican las valoraciones del sector sobre el estado actual de la ciberseguridad y las propuestas de adaptación y mejora que debería recoger la futura ECN para fomentar su apropiación por el sector privado.

Félix Arteaga y Javier Alonso Lecuit han coordinado la elaboración de este Documento, en el que han participado los miembros del Grupo de Trabajo de Ciberpolítica del Real Instituto Elcano que representan al sector privado.

]]>