América Latina - Real Instituto Elcano Feeds Elcano Copyright (c), 2002-2018 Fundación Real Instituto Elcano Lotus Web Content Management <![CDATA[ El acuerdo UE-Mercosur: ¿quién gana, quién pierde y qué significa el acuerdo? ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari78-2019-malamud-steinberg-acuerdo-ue-mercosur-quien-gana-quien-pierde-que-significa-el-acuerdo 2019-07-01T11:47:25Z

Tras 20 años de negociaciones se ha alcanzado un acuerdo entre la UE y Mercosur. Este análisis explora sus implicaciones económicas y políticas.

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Tema

Tras 20 años de negociaciones se ha alcanzado un acuerdo entre la UE y Mercosur. Este análisis explora sus implicaciones económicas y políticas.

Resumen

El acuerdo UE-Mercosur, que parecía que nunca llegaría, crea un mercado de 780 millones de consumidores prácticamente sin aranceles y supone un espaldarazo a la cooperación internacional y al libre comercio en un entorno de crecientes tensiones comerciales. También abre importantes oportunidades económicas de exportación para muchas empresas y, a la vez, supondrá beneficios para los consumidores europeos, pero generará algunos perdedores a los que se debería compensar con instrumentos al nivel europeo.

Análisis

El viernes 28 de junio de 2019, después de una frenética última ronda de negociaciones en Bruselas, finalmente se firmó el acuerdo político que dará lugar a la firma del esperado Tratado de Asociación entre la UE y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Los intentos de cerrar el acuerdo se han sucedido en los últimos 20 años y si bien las negociaciones estuvieron suspendidas entre 2004 y 2010, en este último año se abrió un proceso que, más allá de sus altibajos, terminó cerrándose de forma positiva.

Una pregunta que se impone en este punto es por qué esta vez sí se logró cerrar la negociación, mientras que en otras ocasiones fue imposible. Y la respuesta hay que buscarla en el cambiante entorno político internacional, caracterizado por las crecientes tensiones proteccionistas y en la ventana de oportunidad que se ha abierto y tenía riesgos de cerrarse el próximo otoño. Era ahora o nunca. Y se ha logrado el acuerdo. En las próximas páginas se analiza cómo se ha fraguado el acuerdo, cuáles son sus principales implicaciones, quién gana y quién pierde con el mismo y qué puede esperarse en el futuro, con un comentario adicional al papel de España en estas negociaciones.

Qué significa el acuerdo y por qué se ha alcanzado ahora

Uno de los elementos que sin duda ha sido clave, tanto en la parte europea como en la latinoamericana, es el cambio de la coyuntura internacional, la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca y sus efectos desestabilizadores sobre la economía internacional, comenzando por sus amenazas al multilateralismo y a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Seguramente, ante un entorno internacional más cooperativo, la sensación de urgencia por firmar un tratado tan complejo hubiera sido mucho menor.

En el caso de la UE no hay que olvidar que las amenazas contra Europa en general (incluyendo a la OTAN), y contra Alemania en particular, han llevado a muchos actores europeos a cuestionarse el futuro de la alianza transatlántica y la fiabilidad de EEUU como socio estratégico. A esto se suma el obligado cambio en la composición de la Comisión Europea a partir de octubre, que si bien no ha sido un argumento decisivo sí fue importante en el último momento, ya que una nueva dilación hubiera estirado la negociación durante meses o incluso años.

En lo que a Mercosur se refiere, también ha habido nuevos factores importantes que han influido en la negociación, plasmados en los cambios de gobierno en Argentina y en Brasil, pero también en Paraguay. En este sentido, la postura de los países del Mercosur frente a la globalización y al libre comercio no es igual con los presidentes Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Mario Abdó y Tabaré Vázquez que con Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Fernando Lugo y José Mujica, presentes en 2012, y mucho más favorables al proteccionismo.

Y si bien el triunfo de Bolsonaro y la presencia de Paulo Guedes hicieron temer inicialmente por el futuro de Mercosur, las ideas de este último sobre la apertura internacional de Brasil, junto al fuerte liderazgo asumido por Macri terminaron imponiéndose y reduciendo las fuertes pulsiones proteccionistas presentes en sus países. Como ha señalado Andrés Malamud, la voluntad política de las partes ha sido esencial para sacar adelante el Tratado y “contra análisis y pronósticos, Macri se propuso este acuerdo desde el inicio de su mandato. Para bien o para mal, este resultado no existiría sin su determinación”.

Esto nos lleva a señalar que estamos frente al primer acuerdo que firma Mercosur con otro gran bloque regional. Esto es muy importante porque el bloque estaba muy aislado internacionalmente e incluso durante años prefirió vivir de espaldas a la otra gran instancia regional, la Alianza del Pacífico, formada por Chile, Colombia, México y Perú. Pese a ello, el inicio de la segunda presidencia de Michelle Bachelet en 2014 permitió iniciar una cierta convergencia entre la Alianza y Mercosur, un proceso que aún no ha cristalizado de forma definitiva. De alguna manera esto explica los tres únicos tratados de libre comercio que tiene firmados Mercosur, más allá de los existentes dentro del llamado marco ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y de los actualmente en negociación pero no cerrados, que son con países económicamente tan poco relevantes como Israel, Egipto y la Autoridad Palestina.

Desde la perspectiva europea no se debe minusvalorar el hecho de que lo ocurrido implica un gran triunfo para la UE, cuyos productos entrarán en los países de Mercosur con claras ventajas sobre los de sus más directos competidores como EEUU o Japón. Al mismo tiempo se demuestra que más allá de la retórica y de la idea de conformar una “alianza estratégica” birregional, por cierto bastante carente de contenidos concretos, América Latina importa, y mucho, a la UE y sus Estados miembros.

Desde ahora, la UE tendrá firmado algún tipo de acuerdo con todos los países latinoamericanos salvo Bolivia y Venezuela. Tratados de Asociación con Chile, México, América Central + Panamá y ahora Mercosur; de Libre Comercio (multipartes) con Colombia, Ecuador y Perú y de Cooperación con Cuba. Incluso Bolivia, durante años muy refractaria a negociar cualquier acuerdo con la UE que implicara el más mínimo contacto con el libre comercio, a través de la cuenta de Twitter de su presidente Evo Morales, se ha mostrado más que satisfecha con el acuerdo alcanzado: “Saludamos el acuerdo comercial alcanzado por la UE y el Mercado Común del Sur (Mercosur), organismo que tiene a Bolivia como miembro en proceso de adhesión. Es importante trabajar juntos en complementariedad y solidaridad en beneficio de nuestros pueblos”.

La importancia del acuerdo es tanto simbólica como real. Se trata, sin lugar a dudas, de un espaldarazo político a las oportunidades que los acuerdos de asociación de este tipo, que combinan la cooperación, el diálogo político y el libre comercio, pueden brindar para evitar la corrosión de las normas de gestión de la globalización. Pero a nivel práctico su impacto también es relevante al aportar una dosis de riqueza y crecimiento extra a los firmantes. Pero tampoco hay que llevarse a engaño, ya que ni este tratado ni ningún otro resolverá los problemas económicos de la UE ni de Mercosur, aunque tampoco los agravará. Ahora bien, a la luz de las numerosas críticas que ya se han escuchado a ambos lados del Atlántico, algunas provenientes de sectores directamente perjudicados, otras de alto contenido político y más dada la proximidad de las elecciones argentinas, también hay que insistir en esta última idea.

Implicaciones económicas, y más allá

A la espera de que los negociadores cierren la letra pequeña, incluyendo los plazos para la desaparición de ciertas barreras arancelarias y para-arancelarias y el futuro de algunos sectores sensibles para alguna de las partes, lo cierto es que este acuerdo crea un mercado integrado de 780 millones de consumidores y rebaja aranceles por valor de 4.000 millones de euros sólo para los exportadores europeos. En la práctica esto constituye el mayor acuerdo firmado hasta la fecha por la UE.

Según un estudio de la Universidad de Manchester, realizado en 2008 a petición de la UE, la firma del Tratado permitiría incrementar el PIB de Argentina en un 0,5%, el de Brasil un 1,5%, el de Uruguay un 2,1% y el de Paraguay hasta un 10%. Por su parte, la mejora del PIB europeo sería del 0,1% en el caso de una apertura comercial completa. Siempre conviene tomar estas estimaciones con cautela. Pero lo cierto es que este acuerdo de libre comercio, como todos los anteriores, permitirá aumentar la producción y la eficiencia a nivel agregado y generará ganancias netas en ambos bloques, que en algunos sectores serán especialmente elevadas dados los altos aranceles existentes. Cosa distinta es cómo se distribuirán esas ganancias y cómo se puede compensar a los perdedores. Pero eso es responsabilidad de los mecanismos de redistribución internos en los distintos países.

Hasta ahora, las relaciones económicas birregionales se habían desarrollado muy por debajo de su potencial, sobre todo en materia comercial (aunque menos en lo relativo a las inversiones). Esto no excluye, sin embargo, que la UE sea el segundo socio comercial del Mercosur, sólo por detrás de China. Por eso este acuerdo abre enormes oportunidades de expansión comercial para ambas partes. En 2018 las exportaciones de bienes de la UE a Mercosur fueron de 45.000 millones de euros y las de servicios de 23.000 millones de euros. La UE es el mayor inversor en Mercosur con un stock de 381.000 millones de euros mientras que el stock de inversión de Mercosur en la UE es de 52.000 millones de euros.

El acuerdo permitirá a las empresas europeas vender sus productos industriales en un mercado hasta la fecha muy protegido, cuyos aranceles al automóvil, calzado y textiles eran del 35%, los de auto-partes del 14%-18%, los de maquinaria del 14%-20%, los de productos químicos del 18% y los de farmacéuticos del 14%-18%. En el sector agrícola, Mercosur también eliminará sus aranceles en productos como el chocolate (arancel actual del 20%), vinos (del 27%) y gaseosas (del 20% al 35%). También elimina aranceles del 28% para productos lácteos, que pasarán a ser administrados mediante cuotas. Esto será especialmente relevante para los quesos europeos. Asimismo, Mercosur se compromete a proteger 357 denominaciones de origen europeas, incluyendo el Jabugo español.

Por último, las empresas europeas tendrán mayor acceso al enorme mercado de compras públicas que realicen los gobiernos de los países del Mercosur, así como a sus sectores de servicios (tecnologías de la información, telecomunicaciones y transportes, entre otros). Junto con el sector automotriz, la producción cárnica y láctea y las denominaciones de origen este había sido uno de los mayores escollos históricos para cerrar el acuerdo en las dos últimas décadas.

Pero más allá de lo estrictamente comercial, el acuerdo asegura el compromiso de los países del Mercosur con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, lo que también constituye un éxito para la UE, que está intentando (sin plantear ultimátums “a la Trump”), que todos sus nuevos acuerdos comerciales incluyan un compromiso ineludible por la lucha contra el cambio climático. Hasta la fecha había dudas sobre la posición de Brasil, como pusieron de relieve las prevenciones de Macron para cerrar el acuerdo, aunque estas también tenían el objetivo de intentar frenar lo más posible la apertura del mercado agropecuario europeo a las exportaciones de Mercosur.

También, como había demandado la UE de forma reiterada, el Acuerdo reconoce altos estándares en materia laboral para los trabajadores que participan en el sector exportador, lo que permite a la UE seguir impulsando sus valores (además de sus intereses) en sus acuerdos comerciales. Se trataba de una demandada fuertemente respaldada por los sindicatos europeos y muchos empresarios, especialmente de las pymes, que veían con preocupación una pérdida de competitividad frente a la competencia latinoamericana. Los debates en el seno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) son buena prueba de ello y tienden de alguna manera a restar validez a las acusaciones de opacidad en las negociaciones con Mercosur. Otra cosa es la realidad de las instituciones del Mercosur, menos preparadas para este tipo de debates.

Más allá de algunas de las consideraciones aquí expresadas, también hay que señalar que no todo son ventajas para la parte europea. Como en todo acuerdo comercial habrá ganadores y perdedores. Y los que históricamente se oponían al acuerdo en la UE eran los productores agrícolas, especialmente Francia, Irlanda y Polonia. Aunque la UE ha logrado que los países del Mercosur se comprometan a cumplir los estándares europeos de producción agrícola (que se encuentran entre los más exigentes del mundo en materia sanitaria y fitosanitaria), sin duda el acuerdo aumentará las exportaciones agrícolas desde América Latina, en perjuicio de los productores europeos. Ahora bien, más allá de las presiones de los agricultores y ganaderos de algunos países de la UE, lo cierto es que tanto los consumidores europeos como los latinoamericanos, se encuentran entre los grandes ganadores del acuerdo.

No debe olvidarse que Mercosur es el principal proveedor de productos agrícolas de la UE con el 20% y de casi el 70% de los productos para la alimentación animal, fundamentalmente de Brasil. Cerca del 80% de la carne de vacuno importada en Europa procede igualmente de esa zona. Es evidente que todo esto pondrá mayor presión sobre muchos agricultores europeos. Por eso es crucial que la UE mejore sus herramientas para compensar a los perdedores de los acuerdos de liberalización comercial. Tanto de este como de los demás firmados.

Pese a que la política comercial se negocia en Bruselas y los tratados sólo requieren del refrendo del Parlamento Europeo (y de los parlamentos nacionales si cubren competencias mixtas), su impacto en los distintos países y regiones de la Unión es muy desigual. Por eso resulta imprescindible mejorar la situación económica y el bienestar de los perdedores de la liberalización con instrumentos fiscales centralizados al nivel europeo si se quiere aumentar la legitimidad de los acuerdos comerciales dentro de la UE, que últimamente está en horas bajas. Es necesario, por ejemplo, reformar el Fondo de Ajuste para la Globalización para aumentar sus recursos y hacerlo más flexible, de modo que más individuos y empresas (sobre todo pymes) puedan aprovecharlos.

Conclusiones

Refrendo al libre comercio y escollos a superar

La firma del Tratado vuelve a demostrar el gran interés por los acuerdos de liberalización comercial que existe entre los países partidarios de mantener un sistema económico abierto y basado en reglas estables y predecibles en un contexto de amenazas a la cooperación y crecientes guerras comerciales iniciadas por Trump. También pone de manifiesto que la UE es quien más claramente está liderando esta defensa de las instituciones de cooperación económica, tanto a nivel multilateral (con la propuesta de reforma de la OMC) como preferencial. Este acuerdo UE-Mercosur se suma a los recientemente alcanzados con Japón, Singapur, Canadá, Australia y Vietnam, a los cuales hay que añadir el previamente negociado con Corea y los más de 15 actualmente en fase de negociación.

Por último, se debe subrayar el papel de España, que siempre ha estado interesada, con independencia del color de sus gobiernos, en que este acuerdo llegara a buen puerto. Prueba de ello fue el intento de relanzar las negociaciones a partir de la Cumbre euro latinoamericana de Madrid en 2010, así como otras iniciativas más recientes. En la fase final de la negociación, y cuando parecía que se podría llegar a un nuevo bloqueo, el gobierno español lideró una iniciativa para acelerar el acuerdo. Tras una nota de Francia, Irlanda, Bélgica y Polonia advirtiendo sobre los riesgos que el acuerdo implicaba para los sectores agrario y ganadero, España impulsó la firma de una nueva carta de compromiso con el tratado y las oportunidades que se presentaban, que apoyaron Alemania, los Países Bajos, Letonia, Portugal, la República Checa y Suecia, y que parece que ha sido determinante. Entre otras cosas, esto demuestra la creciente influencia de España en la UE.

Tras la negociación de la letra pequeña, a producirse en los meses venideros, queda la aprobación por parte del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales de los cuatro países del Mercosur para que el Tratado comience a implementarse. Sería importante que los dos procesos se completaran cuanto antes. Sin embargo, no hay que perder de vista las elecciones presidenciales y parlamentarias argentinas, a celebrar en octubre próximo, en las cuales podría producirse un triunfo del kirchnerismo.

De confirmarse tal escenario, y a tenor de algunas manifestaciones escuchadas en los últimos días, incluyendo al candidato presidencial y al hijo de la candidata a vicepresidenta (y verdadera jefa del movimiento), no sería imposible un rechazo categórico a lo acordado y un nuevo comienzo de las negociaciones. En ese caso tampoco sería descartable que la UE junto a Brasil y Paraguay (y eventualmente también Uruguay) decidieran continuar la marcha solos, sin Argentina (como había comenzado a esbozarse ya en 2013).

Carlos Malamud
Investigador principal del Real Instituto Elcano | @CarlosMalamud

Federico Steinberg
Investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid | @steinbergf

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<![CDATA[ De la reclusión en las prisiones al control del tráfico de cocaína: la evolución de las organizaciones criminales brasileñas ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt11-2019-sampo-reclusion-prisiones-control-trafico-cocaina-evolucion-organizaciones-criminales-brasilenas 2019-06-10T02:32:46Z

Este Documento de Trabajo intenta explicar cómo han evolucionado las organizaciones criminales brasileñas en los últimos años, considerando que han pasado de ser organizaciones de alcance local a empresas con cierto grado de internacionalización. 

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Índice

Resumen
(1) Introducción
(2) Las organizaciones criminales brasileñas: de la no agresión a la competencia
(3) El papel de las prisiones en la “guerra de facciones”
(4) La transnacionalización de las organizaciones criminales brasileñas: el PCC y el CV
(5) Conclusiones: la evolución de las organizaciones criminales brasileñas
Bibliografía

Resumen

El presente Documento de Trabajo busca explicar cómo han evolucionado las organizaciones criminales brasileñas en los últimos años, considerando que han pasado de ser organizaciones de alcance local a empresas con cierto grado de internacionalización. Para ello, se analizan las organizaciones criminales más importantes de Brasil y la dinámica que han establecido entre sí, pasando del acuerdo de no agresión mutua a la competencia directa reflejada en el incremento de los índices de violencia. En segundo lugar, se revisa el papel de las prisiones como reductos en los que las organizaciones criminales se reproducen y fortalecen, en gran parte debido a las condiciones carcelarias. Tercero, se analizan la internacionalización del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) como estrategia de las organizaciones para reducir costes y ganar poder tanto dentro como fuera de Brasil. Finalmente, en las conclusiones, se evalúa la evolución de las organizaciones criminales brasileñas, particularmente el PCC y el CV, y se ensayan algunos escenarios que podrían presentarse en el corto y medio plazo.

(1) Introducción

En la actualidad América Latina es considerado el subcontinente más violento del mundo. A pesar de que concentra sólo un 8% de la población global, registra el 33% de los homicidios mundiales (Muggah y Aguirre Tobón, 2018). En este contexto, Brasil ha sufrido un incremento exponencial de la violencia y se ha posicionado como uno de los países más violentos de la región, con una tasa de homicidios nacional cercana a los 30 por cada 100.000 habitantes (Cerqueira, 2018), concentrando un 13% de los asesinatos globales (Muggah y Aguirre Tobón, 2018). Esta situación, que sin duda está relacionada con el incremento de la actividad del crimen organizado en el país, parece haberse exacerbado a partir de la ruptura del pacto de no agresión entre el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) –las dos organizaciones criminales más influyentes de Brasil– a fines del año 2016; y aún más desde que la Familia Do Norte (FDN) y el CV dieron por terminada la alianza defensiva que habían armado para detener el avance del PCC en los primeros meses del 2018.

En consecuencia, las ciudades del norte y nordeste de Brasil han sufrido un estrepitoso incremento en el número de homicidios, ya que todos los estados registraron aumentos de entre un 80% y un 258% entre 2006 y 2016 (Cerqueira, 2018). Particularmente en estados como Acre, Ceará y Rio Grande do Norte, el número de homicidios fue muy superior a la media nacional (UNODC, 2018). Tal como plantea Alessi (2018), en aquellos estados donde existen disputas en torno al control del mercado de bienes ilícitos –especialmente de la cocaína– los homicidios muestran números alarmantes, mientras que allí donde alguna de las organizaciones criminales –en general el PCC– es hegemónica o tiene una fuerte presencia, las tasas de homicidios están por debajo de la media nacional. Tal es el caso de Paraná y Matto Grosso do Sul.

La lucha entre facciones criminales se ve en las favelas y en las calles de Brasil, pero también en las prisiones, tanto federales como estaduales. De acuerdo con la oficina de Naciones Unidas sobre drogas y crimen (UNODC, 2018), la ruptura del acuerdo de no agresión entre el PCC y el CV, así como entre el CV y la FDN, generó una escalada de violencia tal que posibilitó la intervención federal de Rio de Janeiro en febrero de 2018. La intervención fue llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, que tomaron el control del aparato de seguridad pública del Estado.

Tal como se puede ver en esta primera sección, el escenario es complejo y está condicionado no sólo por la capacidad de las organizaciones criminales de llevar adelante negocios espurios, sino también por el poder que han desarrollado a partir de su papel en las prisiones brasileñas. Es por eso por lo que este trabajo se propone analizar, en primer lugar, a las organizaciones criminales más importantes del Brasil. En un segundo apartado trabajará sobre la “guerra de facciones” que está teniendo lugar actualmente y el papel que dichas organizaciones tienen en el escenario de criminalidad brasileño. Tercero, analizará la internacionalización de las organizaciones criminales brasileñas, haciendo especial hincapié en la transnacionalización del PCC, aunque sin dejar de lado el lugar que han ganado el CV y la FDN en países limítrofes a Brasil. Finalmente, en las conclusiones, hará hincapié en cómo han evolucionado las organizaciones criminales brasileñas en los últimos años.

El trabajo busca llenar un vacío existente en la literatura vigente, que se ha centrado en el devenir del PCC, por un lado, así como en el incremento de los niveles de violencia, por otro, pero que poco ha indagado en cómo las organizaciones criminales han evolucionado, haciéndose cada vez con más poder y profundizando sus diferencias. Esas diferencias, que en una primera instancia podían estar vinculadas a un control territorial específico, se han profundizado a partir del intento de las organizaciones de expandir sus negocios más allá de las fronteras de los estados en los que surgieron e incluso han colisionado donde el juego se ha vuelto de suma cero.

(2) Las organizaciones criminales brasileñas: de la no agresión a la competencia

Para comprender cómo funciona el crimen organizado en Brasil es necesario distinguir, en primer lugar, entre aquellas organizaciones que tienen alcance nacional y aquellas que tienen incidencia estadual o local. Entre las primeras, sólo podemos distinguir al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), mientras que en el segundo nivel encontramos más de una veintena de organizaciones, entre las que destacan: Amigos dos Amigos (ADA), el Tercer Comando Puro (TCP), el Primeiro Grupo Catarinense (PGC), Guardiões do Estado do Ceará, el Sindicato do Crime de Rio Grande do Norte y Bonde dos 40, emplazado en Maranhăo (Sampó, 2018). Sin embargo, creemos que es necesario diferenciar el lugar que ha comenzado a ocupar la Familia Do Norte (FDN), una organización en pleno crecimiento, que ha ganado autonomía respecto de quien solía ser su principal aliado de alcance nacional, el CV. Esta organización ha dejado de tener alcance estadual pero no ha logrado alcanzar presencia en todo el territorio brasileño. Sin embargo, se ha expandido e incluso logrado una cierta transnacionalización. Es por eso por lo que creemos que debe ser considerada como una organización de alcance regional en tanto controla gran parte del norte y nordeste de Brasil, particularmente en la zona del Amazonas. Vale decir que esa zona es clave para el tráfico de cocaína que proviene de Colombia y Perú y que es exportada a partir de una variedad de puertos en el norte de Brasil.

El Comando Vermelho, hoy la segunda organización criminal en importancia a nivel nacional –con proyección regional, comprobada en el caso de Paraguay específicamente–,1 surgió a fines de los años 70 dentro de un presidio ubicado en Angra dos Reis (Rio de Janeiro) de la convivencia de los presos políticos –en pleno gobierno militar– con presos comunes. A fines de la década el CV se había expandido hacia las calles de Rio de Janeiro (UNODC, 2018). El Comando Vermelho surgió cercado de ideologías, fuertemente moldeado por el socialismo de los presos políticos que formaron parte de su creación. En consecuencia, la idea de que la “masa carcelaria” formaba una comunidad dio lugar a la lucha conjunta en favor de mejoras en la calidad de vida (Oliveira, 2016) y estableció una nueva forma de pensar a las organizaciones criminales.

Durante los años 80 los primeros presos forajidos de Isla Grande empezaron a llevar adelante asaltos a bancos, empresas y joyerías, ya no sólo en Rio de Janeiro. La organización se expandió hasta São Paulo y a distintos puntos del país, conformándose como el principal interlocutor de los traficantes colombianos en Brasil (UNODC, 2018). Una de las primeras medidas del CV fue el establecimiento de la “Caja Común” que se nutría de los ingresos generados por las actividades criminales de quienes estaban en libertad y servía para financiar fugas, así como también para mejorar las condiciones de vida en los presidios –y de las familias de los que estaban encarcelados–, contribuyendo a fortalecer la autoridad y el respeto que inspiraba el CV en los detenidos.2 Asimismo, desde su establecimiento, los líderes del grupo conformado en la prisión determinaron que no habría más asaltos, ni violaciones, ni muertes por causas banales, como reglas básicas de convivencia al interior de las cárceles (Oliveira, 2016).

En la década de 1990 la organización se convirtió en una de las facciones criminales más poderosas del país y expandió su territorio de acción aún más. A pesar de haber sufrido el desprendimiento de algunos sectores que se convirtieron en sus competidores, como el Terceiro Comando3 durante la década de los 80 y Amigos dos Amigos4 en 1994. En ese mismo período, la organización dejó de estar centrada en los asaltos para dedicarse casi exclusivamente al tráfico de drogas, que manejaba de forma monopólica en Rio de Janeiro, acuartelado en las favelas (Gurgel de Oliveira, 2013). En esos espacios territoriales, comenzó a ganar legitimidad y apoyo valiéndose de prácticas similares a las que utilizaban en la prisión, proveyendo apoyo a los habitantes –apoyo que el Estado no era capaz de brindar–. En consecuencia, se construyó un orden alternativo, con reglas propias, donde la organización criminal se encargaba de proveer los servicios más elementales, como la seguridad y la protección, pero también la distribución de bombonas de gas, alimentos y hasta medicamentos. Como resultado, el dominio de ese territorio fue legitimado por sus habitantes, permitiendo la reproducción del orden establecido. Este mismo proceso se vería, pocos años después, en los territorios controlados por el PCC, en gran parte como consecuencia de la ausencia del Estado.

El Primeiro Comando da Capital (PCC),5 la organización criminal más importante de Brasil en la actualidad –que además se ha expandido hacia los países vecinos–, surgió emulando al CV al interior de la “casa de custodia de Taubaté”, prisión de máxima seguridad conocida como Piranhão, en São Paulo. En los inicios, el PCC era conocido también como el “Partido doã Crime” y tenía como objetivo no sólo combatir la opresión dentro del sistema penal paulista sino también vengar la muerte de pesos masacrados a manos de la Policía Militar en octubre del año 1992 (Oliveira, 2016; Ferreira, 2018; Paes Manso y Nunes Días, 2018).

Carolina Sampó
Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)–Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT-IRI)
| @carosampo


1 A principios de 2019 Fábio Souza dos Santos, miembro del Comando Vermelho, fue entregado a la Policía Federal Brasileña como resultado del proceso de extradición. Ya en noviembre de 2018 se había vivido un proceso similar cuando se expulsó a Marcelo Fernando Pinheiro da Veiga, también miembro del CV. Las autoridades paraguayas están preocupadas por la creciente influencia de las organizaciones criminales en sus presidios, donde cooptan miembros y corrompen funcionarios (Tomazela, 2019).

2 “A maior das facções do Rio é humilhada com ocupação do Complexo do Alemão”, O Globo, 29/XI/2010, https://oglobo.globo.com/rio/a-maior-das-faccoes-do-rio-humilhada-com-ocupacao-do-complexo-do-alemao-2918808.

3 El surgimiento de esta organización no está bien documentado y no existe consenso sobre el momento de su aparición. Para algunos autores el Terceiro Comando es resultado de una escisión de CV durante los años 80. Para otros, surge después de 1994. Dominó las favelas y comunidades de las zonas oeste y norte de Rio de Janeiro (Gurgel de Oliveira, 2013, p. 18). De ella surgió el Terceiro Comando Puro en el año 2002 en el Complexo Da Maré de la ciudad carioca.

4 Fundada por un ex miembro del CV –que fuera expulsado de la organización– entre los años 2014 y 2018 dentro del sistema penitenciario carioca. Se distinguía de otras organizaciones porque veía al tráfico de drogas como un negocio empresarial y se vinculó directamente con los productores de cocaína de los países vecinos (Gurgel de Oliveira, 2013, p. 21).

5 También conocida como 15.3.3 porque la P ocupa el número 15 en el Alfabeto y la C el 3 (Oliveira, 2016).

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<![CDATA[ Crimen organizado en Perú: crecimiento y expansión del fenómeno extorsivo a nivel nacional ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari65-2019-corcueraportugal-crimen-organizado-peru-crecimiento-expansion-fenomeno-extorsivo-nivel-nacional 2019-06-07T09:11:27Z

El crimen organizado ha proliferado especialmente en la costa norte del Perú, una de las principales beneficiadas por el crecimiento económico, del que ha surgido en paralelo. Una de las principales modalidades delictivas de este tipo de crimen es la extorsión.

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Tema

El crimen organizado ha proliferado especialmente en la costa norte del Perú, una de las principales beneficiadas por el crecimiento económico, del que ha surgido en paralelo. Una de las principales modalidades delictivas de este tipo de crimen es la extorsión. La aparición de este fenómeno ha alcanzado niveles tan importantes que ha merecido la respuesta del Estado mediante “megaoperativos”.

Resumen

En el contexto de América Latina, comparativamente hablando, Perú es un país que no parece tener grandes indicadores de crimen. No obstante, en los últimos años el crimen organizado ha tenido un importante ascenso.

La preocupación por la seguridad ha sido un tema constante y, sin embargo, el enfoque ha cambiado. Se ha pasado de la Seguridad del Estado a la Seguridad Ciudadana. Y, en este último punto, el enfoque ha evolucionado del hurto a la extorsión. Si a finales del siglo XX la atención pública en temas de seguridad se concentraba en pandillas juveniles, hurtos y robos, en los inicios del siglo XXI el crimen organizado ha ganado terreno. El Estado peruano ha respondido con la implementación de “megaoperativos” para desarticular a las organizaciones criminales. La mayoría de estos megaoperativos se concentran en la costa norte y en ellos hay una fuerte presencia –y crecimiento– de la extorsión como modalidad delictiva, que, a su vez, tiene características específicas para cada contexto y cada potencial víctima. El fenómeno se ha expandido rápidamente en todo el territorio peruano.

Análisis

La evolución de la seguridad en Perú

En los años 80 la agenda pública sobre seguridad estaba concentrada en la lucha contra organizaciones terroristas como Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El crecimiento de estas organizaciones y el control territorial que ejercieron en algunas zonas del país, como Ayacucho (SL) o el Huallaga (MRTA), los convirtieron en la más grave amenaza al Estado. Su objetivo era obtener una victoria revolucionaria y fundar un nuevo Estado, al estilo cubano (MRTA) o bajo el modelo de la Revolución Maoísta (SL). Por eso, el enfoque con el que se abordó el problema fue el de la Seguridad del Estado.

En los años 90, cuando las acciones terroristas afectaban a la capital de Perú, el líder de Sendero Luminoso fue capturado. Meses antes, el líder del MRTA había sido también recapturado. Después de estos hechos, poco a poco estas organizaciones terroristas se fueron debilitando. Un nuevo contexto emergió y, con ello, una nueva agenda de Seguridad. La seguridad del Estado fue cediendo paso a la Seguridad Ciudadana.

En lo que seguiría de los años 90, la atención pública en temas de seguridad se concentraría en la aparición de pandillas y delitos callejeros, como el hurto y el robo. Los trabajos académicos de la época tenían un marcado acento en el crimen, la juventud y las pandillas. Al entrar en el nuevo milenio algunas pandillas fueron lentamente mutando en bandas delictivas locales, dedicadas a robos ocasionales.

Del hurto a la extorsión

Aunque no existen muchos textos que analicen la evolución del crimen en Perú, es previsible suponer que la sofisticación del crimen es un fenómeno multicausal. Por tanto, una explicación lineal no siempre será la más precisa. No obstante, existen casos específicos que han sido, razonablemente explicados. Aunque sus conclusiones no son generalizables, éstas nos permiten comprender algunos fenómenos cuyo patrón es repetitivo, al menos en el norte del país.

Nureña1 ha documentado la evolución de los “Pulpos” en la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú, a partir del año 2000. Los Pulpos fueron inicialmente una pandilla perniciosa que luego se dedicó al hurto para, finalmente, devenir en el robo de automóviles de transporte público (taxis). Por esa época, el robo de coches era una modalidad generalizada en esa ciudad. El objetivo, al principio, era la venta de autopartes, pero en un momento dado el mercado de piezas robadas de autos se sobresaturó, lo que no hacía rentable dicha actividad.

El cambio en el mercado ilegal traería como consecuencia un cambio en la modalidad delictiva. Los siguientes robos tendrían por objeto el cobro de un “rescate” por el auto robado. De pronto, se dio paso al secuestro de vehículos. La generalización de esta estrategia dio un paso más en la evolución del mercado ilegal. Poco a poco, estas bandas delictivas empezaron a brindar protección a cambio de un pago mensual: “un cupo”. El pago garantizaba que los miembros de la banda o de otras no robaran los coches y, en caso de que ocurriera, la organización que brindaba protección lo recuperaría como parte de su servicio. Sin darse cuenta, la repetición de esta práctica haría surgir una nueva modalidad que luego se extendería por toda la ciudad, dándose un tránsito del hurto a la extorsión.

Desde mediados de la década de los 2000 hasta la fecha el mercado de la extorsión se ha extendido en el norte del país y se ha convertido en una modalidad generalizada. No sólo afecta al transporte público, sino que también ha alcanzado a empresas y comercio en diversos niveles económicos, desde importantes compañías exportadoras a nivel nacional hasta pequeños comerciantes cuyos ingresos son bastante reducidos. En algunas zonas, aun cuando el pago por un cupo es bastante pequeño, parece que más que el monto individual es el número de cupos lo que hace atractivo el mercado.

Ciertamente, en Perú la economía, la sociedad y sus hábitos han cambiado y las modalidades delictivas también. Es previsible pensar que las estructuras criminales también se han sofisticado, lo que ha generado una mayor complejidad al estudiar, comprender y combatir el problema. Aunque no se puede hablar de un momento específico, las bandas criminales tradicionales han dado paulatinamente paso a organizaciones criminales complejas.

Las organizaciones criminales en Perú

Definir académicamente el crimen organizado no es tan sencillo como pareciera. Existe un amplio debate abierto que discute si su definición ha de venir dada por el actor o actores (who) o por su actividad (what). El Oxford Handbook of Organized Crime nos brinda importante información sobre este asunto. No obstante, no siendo éste un debate teórico agotado, resulta importante tomar alguna definición como referencia.

En ese sentido, en un marco de reflexión amplio, Jay Albanese ha definido el crimen organizado del siguiente modo:

“La delincuencia organizada se ha definido a través del consenso de los académicos como empresas criminales continuas que trabajan racionalmente para beneficiarse de actividades ilícitas que a menudo tienen una gran demanda pública. Su existencia continua se mantiene mediante el uso de la fuerza, las amenazas, el control del monopolio y / o la corrupción de los funcionarios públicos” 2.

El crimen organizado es un fenómeno relativamente nuevo en Perú. A efectos legales se hace necesaria una definición que permita delimitar el fenómeno a sancionar por la justicia. Por eso, en el año 2013 se promulgó la Ley 30077 contra el crimen organizado. En esta norma, el fenómeno se define del siguiente modo:

“… se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley” (Artículo 2, inciso 1).

Poco antes de la promulgación de la ley había quienes negaban la existencia del crimen organizado peruano. Esto es de alguna manera comprensible, por lo poco estudiado del tema.

Regularmente, las fuentes de información para estudiar el impacto del crimen están asociados a las encuestas y los métodos cuantitativos. Existen, por ejemplo, encuestas sobre comisarías, victimización o empresas, entre otros. Aunque estas herramientas académicas son importantes aportes, no son el método más adecuado para abordar un tema como el crimen organizado. No es posible hacer una lista del tema –al menos no sin las dificultades legales del caso– y no es posible aplicar una encuesta a sus miembros, por ejemplo.

Consideramos que el estudio de estos fenómenos es más provechoso por medio de métodos cualitativos que difícilmente son generalizables pero que brindan una aproximación más precisa a la dinámica de una organización criminal. En este punto, los estudios al respecto son muy escasos.

Una fuente importante de información de estos temas se encuentra en las acciones que el Estado ha realizado para desarticular algunas de estas organizaciones. Hace unos años, en Perú se publicó el libro “Megaoperativos” 3, que da cuenta de la respuesta que ha dado el Estado desde las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) a las organizaciones de criminales de mayor escala entre los años 2015 y 2016.

¿Qué son exactamente los megaoperativos?

Según el Ministerio del Interior, un megaoperativo es una operación especial que:

“i) involucra la acción de un mínimo de unidades policiales; ii) que supone la participación de unidades de inteligencia, que suministraron la información necesaria para la planificación de la operación; iii) que cuenta con la participación del Ministerio Público, para garantizar el respeto de la ley y los derechos fundamentales de las personas durante la operación; iv) que tenga por objetivo la persecución de delitos vinculados al crimen organizado (Ley Nº 30077) o terrorismo y que, por lo tanto, permita desbaratar en parte o completamente a una organización criminal” (Mininter, 2017, p. 13).

La publicación “Megaoperativos” da cuenta de la actuación de la policía contra 74 organizaciones criminales peruanas de 2015 a 2016, con dos tipos de acciones: las dedicadas a combatir la delincuencia urbana violenta (38) y las que desarticulan economías ilegales (36).

Por economías ilegales se entiende mercados de productos ilícitos que son comercializados, muchas veces, en mercados internacionales. En Perú estas economías son esencialmente extractivistas: tala ilegal, minería ilegal y tráfico ilícito de drogas, entre otros.

Por delincuencia urbana violenta se entiende aquella que se desarrolla dentro de contextos urbanos. En el caso peruano se da en ciudades donde el crecimiento económico ha generado cambios en las dinámicas sociales y comerciales. En este escenario hay convivencia urbana con el crimen violento.

Delincuencia urbana violenta: la extorsión

De los 38 megaoperativos desarrollados contra la delincuencia urbana violenta, 30 se han desarrollado en la costa peruana, incluyendo a 18 en la costa norte. Es decir, del 100% de organizaciones criminales relacionadas con la delincuencia urbana violenta desarticuladas por los megaoperativos, el 47% se ubicaron en la costa norte peruana. Estas 18 organizaciones criminales operan en los departamentos de La Libertad (nueve), Lambayeque (cuatro), Ancash (dos), Piura (una), Tumbes (una) e Ica (una). De ellas, 15 están involucradas en el delito de la extorsión. Al respecto, el Ministerio del Interior de Perú reporta las principales modalidades de la extorsión del siguiente modo:

“En el caso de la extorsión, el modus operandi se adapta al perfil de las víctimas y se basa en la reputación violenta de las organizaciones que amenazan e incluso dañan a las víctimas que se rehúsan a pagar” (Mininter, 2017, p. 186).

La posibilidad real de ser víctima de un atentado material o personal es un elemento importante para que las empresas, personas naturales o vecinos decidan pagar un cupo extorsivo. Esto viene acompañado de la amplia cobertura mediática que reciben dichas acciones delictivas, lo que hace más convincente su amenaza. Cuando el pago es generalizado, este tipo de violencia se normaliza, al punto que algunos pequeños y microempresarios buscan espontáneamente a quien pueda “venderles protección”, pues de este modo el monto del cupo es más bajo, al ser voluntario.

Donde la extorsión se ha extendido ampliamente, la búsqueda de “seguridad” por parte de una organización criminal se ha convertido en algo cotidiano, al punto que algunas organizaciones criminales han constituido empresas de seguridad “formales”, lo que les permite dar “seguridad” y legalizar (blanquear) los ingresos obtenidos por su actividad.

La extorsión es una modalidad genérica que ha adquirido diferentes submodalidades de acuerdo a las características de sus posibles víctimas:

  1. “Cobro de cupos: empleado principalmente en las obras de construcción civil, donde los sindicatos de fachada reclaman cupos para trabajadores ligados a su organización y cobran un porcentaje de su sueldo” (Mininter, 2017, p. 186). El crecimiento económico ha impulsado un boom constructorb y sobre este nuevo mercado se ha generado un mecanismo de cobros ilícitos por parte de organizaciones criminales en cada nueva obra en curso. Aunque las noticias de esta modalidad vienen desde las construcciones en Lima y Callao, también hay abundante información periodística sobre la misma modalidad en ciudades del norte como Trujillo o Chiclayo, entre otras.
  2. “Cobro de cuotas: las organizaciones cobran a empresarios de construcción civil, comerciantes, transportistas, entre otros, por dejarlos desarrollar actividades en la zona que tienen bajo su control. Además, pueden solicitarles cobros semanales por seguridad. Los objetivos son los dueños de las principales empresas y comercios de la zona, sobre todo pequeños y medianos empresarios (bodegas, talleres mecánicos) así como transportistas, comerciantes de calzado y prendas de vestir o cualquier otra actividad que se desarrolle en la zona” (Mininter, 2017, p. 187). En esta modalidad destaca el control territorial que tienen algunas organizaciones sobre una determinada jurisdicción. Es el caso de, por ejemplo, los Pulpos frente a los Ochenta, dos organizaciones criminales que controlaban los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora, respectivamente. Ambos distritos colindantes dieron origen a una rivalidad territorial por definir la “jurisdicción” de cada una de las organizaciones. Definir cada territorio era importante, porque esto permitía determinar qué organización era la que tenía derecho a reclamar el pago. Otro punto importante a resaltar es que este delito afecta tanto a medianos como pequeños comerciantes. Es decir, además de los grandes empresarios, el dueño de una bodega o un quiosco también debe pagar el “impuesto”. Este tipo de modalidad de extorsión generalizada –en el que la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa, el microempresario y, muchas veces, el vendedor ambulante, pagan cuotas extorsivas– sugiere que las organizaciones criminales también se dividen el mercado por rama productiva y dimensión empresarial de la víctima. Una organización que extorsiona a una empresa agroexportadora de gran tamaño, como Camposol, probablemente no estará interesada en extorsionar a una pequeña tienda familiar, sino que una “célula” extorsiva más pequeña acogerá dicho objetivo criminal. Es decir, se trata de organizaciones de mercado ilícito multinivel.
  3. “Chalequeo: es el cobro por un servicio de seguridad. El pago constituye, en realidad, una protección frente a las amenazas que realiza la misma organización que presta el servicio. En algunos casos, se conformaban empresas de seguridad de fachada para ocultar las ganancias provenientes de esta actividad” (Mininter, 2017, p. 187). En este punto, la amenaza se dirige a la integridad personal y se solicita un pago por no atentar contra la integridad de la víctima y, a su vez, brindarle protección frente a una posible organización rival. Esto se configura, tal como sugieren los estudios italianos, en “el negocio de la protección privada”. Dicha modalidad de chalequeo se ha extendido tanto que incluso en las campañas políticas las organizaciones criminales cumplen una función de protección. En 2018 el artículo “Chalequear, chantajear y boicotear” daba cuenta de cómo los actores criminales ofrecían un servicio importante en la seguridad de los candidatos para las elecciones municipales del distrito de El Porvenir, en Trujillo, al punto que cada candidato tenía su “chaleco”; es decir, un actor criminal que cuidaba de él. Pero el mecanismo es más complejo de lo que parece, pues, como se entenderá, no le hace bien a la publicidad de un candidato el que se le relacione con el crimen. Ante eso, emerge un tercer actor, el “chacal”, quien, no siendo un criminal en sentido estricto, conoce y frecuenta el mundo del crimen y se vuelve un eslabón comunicativo entre el actor criminal y el candidato. En varios distritos del norte del país muchas personas con cierta notoriedad –como políticos, profesionales y comerciantes, entre otros– recurren a la figura del “chaleco”.
  4. “Extorsión telefónica: ya sea por llamada o mensaje de textos, los delincuentes amenazan a sus víctimas para que efectúen uno o varios depósitos en una cuenta de banco. El móvil es un posible atentado contra su vida o la de sus familiares” (Mininter, 2017, p. 187). El avance en las telecomunicaciones ha hecho más fácil nuestras actividades comerciales y personales: ha agilizado nuestra comunicación y nos permite estar interconectados. Asimismo, estos avances han generado cambios en el mundo del crimen. Tradicionalmente, un criminal requería de su fuerza física y agilidad para cometer un atraco. Cuando un delincuente llegaba a una edad promedio de 35 años su condición física lo ponía en desventaja paulatinamente. Se volvía un delincuente con experiencia que debía empezar a pensar en el retiro: en el argot criminal peruano, pronto le tocaría “plantarse”. Así, el mundo del crimen urbano tenía un ciclo de vida relativamente corto. Pero con la llegada de los teléfonos móviles las actividades criminales pueden dirigirse a distancia y tercerizarse, usando para ello a adolescentes que, por cantidades económicas muy pequeñas –desde unos 130 euros– se convierten en sicarios y brazos de violencia funcionales al crimen. Este proceso de tercerización genera dos efectos negativos. Por un lado, prolonga la vida delictiva y, por otro, incentiva el reclutamiento de jóvenes menores de edad que comienzan, desde temprana edad, a cometer homicidios. En este contexto, la extorsión telefónica está bastante extendida en la mayor parte de ciudades del norte del país. Sus víctimas son “… empresarios comerciantes y autoridades locales, quienes por la visibilidad de sus cargos reciben amenazas”. No obstante, nadie está libre de verse amenazado, no necesariamente por una organización criminal consolidada, sino que, como se ha detectado policialmente, muchas veces un pequeño grupo de aventureros –“palomillas” en el argot peruano– prueban suerte con un determinado vecino, haciéndose pasar por alguna temida organización.

Además de las modalidades detalladas, también existe el ya mencionado secuestro de vehículos. En las ciudades del norte del país, es frecuente ver que las unidades de transporte cuentan con una calcomanía, muchas veces repetitiva para circular. Estas pueden ser una imagen religiosa, una cruz o el símbolo de una película, entre otros. Pero no se trata de un símbolo inocente, sino que cumple una función en el crimen extorsivo. “Para identificar a los que cumplen con pagar la cuota se les otorga un sticker, que deben colocar en su vehículo para poder circular libremente”. (Mininter, 2017, p. 187). El sticker es un indicativo que permite saber al mundo del hampa qué organización le da protección al vehículo en cuestión.

Cabe precisar que, además de la extorsión, estas organizaciones se dedican a una gama de delitos, entre los que destacan el sicariato, la usurpación, el tráfico de terrenos y el tráfico de armas.

Ciertamente, la información oficial sobre organizaciones criminales es escasa. No obstante, la experiencia investigando estos temas y trabajando en sus zonas de influencia nos permite corroborar lo que instituciones como el Mininter han documentado y publicado. Asimismo, es importante también tener en cuenta que el crimen es dinámico y tiene respuestas adaptativas frente a las acciones del Estado por lo que en modo alguno se puede pensar que se esté frente a una fotografía estática. El crimen se desenvuelve, más bien, como un cinematógrafo en movimiento.

Conclusiones

En Perú parece haberse desarrollado una evolución criminal que ha transitado del hurto al crimen organizado. La expansión de la extorsión como modalidad delictiva ha tenido mucho que ver en este proceso de aparición, desarrollo y expansión del crimen organizado. Su crecimiento alcanza niveles exponenciales en el norte del Perú, donde de los 18 megaoperativos realizados contra el crimen organizado 15 están relacionados directamente con la extorsión. Cabe anotar que la extorsión tiene submodalidades que van desde el cobro de cupos y cuotas hasta la extorsión telefónica.

Además, el fenómeno adapta sus características operativas de acuerdo al perfil de sus potenciales víctimas. Así, son víctimas de este fenómeno tanto grandes y medianas empresas como pequeños y micro emprendedores. En los últimos años el problema ha venido creciendo, lo que ha afectado a diversos mercados como el transporte público, la construcción y el comercio, entre otros. Asimismo, el fenómeno se ha extendido por diversas ciudades, entre las que destacan la franja costera del norte peruano, del Callao a Tumbes. Esta alteración de la seguridad pone en riesgo la estabilidad del Estado y la viabilidad de construir un Estado-nación peruano, seguro, pacífico y productivo.

Julio Corcuera Portugal
Profesor de la escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú


1 Nureña, Jorge (2018), “Esta bala lleva tu nombre: del hurto a la extorsión en Trujillo, 1993-2014”, NOR, Trujillo.

2 Albanese, J.S. (2011), Organized Crime in Our Times, 6ª edición, Burlington.

3 Ministerio del Interior (2017), “Megaoperativos contra el crimen organizado”, Mininter, Lima.

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<![CDATA[ Elecciones en Guatemala, el país del eterno desencanto electoral ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari62-2019-nunezmalamud-elecciones-guatemala-pais-eterno-desencanto-electoral 2019-06-03T02:57:48Z

Guatemala vota el 16 de junio para elegir presidente para el período 2020-2024 en una de las elecciones más inciertas, atípicas, enrarecidas y judicializadas de la historia nacional.

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Tema

Guatemala vota el 16 de junio para elegir presidente para el período 2020-2024 en una de las elecciones más inciertas, atípicas, enrarecidas y judicializadas de la historia nacional.

Resumen

Guatemala, después de 33 años de democracia ininterrumpida, celebra sus novenas elecciones presidenciales en medio de un proceso electoral anómalo en el que dos de las tres favoritas para ganar han visto como la Corte de Constitucionalidad rechazaba sus candidaturas y otro presidenciable acababa detenido en Miami por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa. Estos hechos han capturado la atención durante la campaña y han desplazado a un segundo plano a ciertos problemas que más preocupan a la población: los altos niveles de inseguridad, los históricos déficit sociales y económicos y la elevada corrupción y presencia del crimen organizado.

Análisis

Guatemala cierra el 16 de junio los procesos de renovación presidencial en toda Centroamérica tras las elecciones de Nicaragua (2016), Honduras (2017), Costa Rica (2018), El Salvador y Panamá (2019). Unos 8 millones de guatemaltecos deben elegir entre 20 candidatos, la mayor cifra de aspirantes a la presidencia desde 1986, clara muestra de fragmentación política. Además de presidente y vicepresidente, habrá que elegir 160 diputados para el Congreso, 340 alcaldías y corporaciones municipales y 20 diputados para el Parlamento Centroamericano. La segunda vuelta presidencial será el 11 de agosto si ningún candidato alcanza el 50% de los votos.

Estas elecciones se han convertido en un buen retrato de la historia político-electoral de Guatemala desde hace más de tres décadas. El país carece de un sistema de partidos estable, sufre una elevada fragmentación partidista y desafección ciudadana, pese a lo cual ha logrado mantener la institucionalidad y las costumbres y rituales democráticos. A estas características estructurales se une en estos comicios una elevada polarización que ha fracturado el país. De un lado, se sitúan los sectores sociales y políticos que han apoyado la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)1 y la de su principal aliada, Thelma Aldana (fiscal general de la República de 2014 a 2018), en la lucha contra la corrupción, y, del otro, quienes se han mostrado muy críticos con la tarea desplegada por la CICIG, a la que acusan de invadir la soberanía del país y excederse en sus funciones.

La pugna gobierno-CICIG ha sido intensa en las dos últimas administraciones: las investigaciones de Aldana y la Comisión provocaron en 2015 la caída del presidente Otto Pérez Molina por su vinculación con el escándalo de “La Línea” (trama de corrupción que alcanzaba las más altas magistraturas y que encubría una red de fraude en las aduanas). Durante la actual administración el pulso ejecutivo-judicial ha continuado tras la aparición de informes de ambas instituciones en los que se lanzaba una sombra de duda sobre la figura del presidente y su entorno familiar más cercano (Samuel “Sammy” Morales, hermano mayor y consejero político, y José Manuel Morales, uno de sus cuatro hijos, fueron acusados de facilitar facturas falsas para defraudar unos 23.000 dólares).

Este choque de trenes institucional ha deteriorado la convivencia política y acentuado la división entre defensores de Morales y Aldana; entre la clase política tradicional –calificada como “pacto de corruptos” por sus adversarios– y la cruzada emprendida contra la corrupción y que han liderado el comisionado, el magistrado colombiano Iván Velázquez, y la fiscal general. Este papel terminó colocando a Aldana como adalid de la lucha contra la corrupción y, luego, como candidata presidencial, finalmente non nata.

Guatemala, una historia de sucesivas frustraciones

En perspectiva histórica, estas elecciones parecen destinadas a repetir el guion de anteriores comicios: la ciudadanía, decepcionada con el oficialismo, vota cada cuatro años por quien promete cambio y renovación profunda. Tras más de tres décadas de democracia, el resultado ha sido siempre una nueva experiencia decepcionante y alejada de las expectativas creadas, lo que retroalimenta un círculo vicioso.

Desde el regreso de la democracia en 1985-1986, Guatemala ha votado ocho veces sin ver interrumpida la continuidad institucional democrática (excepto por el frustrado autogolpe del presidente Jorge Serrano Elías en 1993). La restauración democrática a medidos de los 80 dio inicio, con el democratacristiano Vinicio Cerezo como presidente (1986-1991), a una transición que abarcó 10 años (de 1986 a 1996), cuando el sistema de libertades estaba tutorado por las aún influyentes Fuerzas Armadas. La gestión de Serrano Elías, de 1991 a 1993, desembocó en una crisis institucional debido a la pugna política entre el Congreso y la Presidencia que terminó con el breve y abortado intento de golpe de Estado presidencial, el “Serranazo”, inspirado en el de Alberto Fujimori en Perú. Esta subversión del orden constitucional fracasó gracias a una potente respuesta social y al escaso apoyo que encontró el jefe de Estado, sobre todo entre los militares, que volvieron a ser decisivos.

La gestión de Álvaro Arzú (1996-2000) –centroderecha– se caracterizó por su apuesta por la modernización a través de las privatizaciones (la más emblemática, la de Guatel, la empresa telefónica), la inversión en infraestructuras y, especialmente, la firma de la paz con la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en 1996, que acabó con tres décadas de discontinuo conflicto interno. Desde el final de la administración Arzú el país vio llegar al Palacio Nacional a cinco presidentes de diferentes partidos que, uno tras otro, han ido defraudando las expectativas populares. El mal desempeño de Alfonso Portillo (2000-2004) hundió las posibilidades de su mentor, el general Efraín Ríos Montt, quien fue derrotado en los comicios de 2003. Los ejecutivos de Óscar Berger (2004-2008) y Álvaro Colom (2008-2012), acosados por el incremento de la inseguridad y una débil base política, trasladaron una imagen de crisis permanente e inestabilidad. La apelación de Pérez Molina a la “mano dura” en un país golpeado por el incremento de los homicidios y asaltos conquistó a amplios sectores sociales y le abrió el camino a la presidencia en 2011.

Pérez Molina se convirtió en el único presidente desde 1996 en no finalizar su mandato por la crisis político-institucional de 2015, la peor desde el autogolpe de Serrano Elías. El escándalo de “La Línea” provocó el colapso de su administración y profundizó la pérdida de legitimidad del sistema político y de partidos en el que se basa la democracia guatemalteca desde 1986. El escándalo se llevó por delante a la vicepresidenta Roxana Baldetti en mayo y a Pérez Molina en septiembre, a escasos días de las presidenciales de 2015, en medio de masivas movilizaciones que pedían transformaciones profundas.

Estos cambios trajeron un clima de esperanza sobre una posible transformación del modelo político, constitucional y de partidos que acabara con las malas prácticas, el clientelismo y la corrupción. Ese caldo de cultivo propició a mediados de 2015 el ascenso de un candidato sorpresa: un outsider –Jimmy Morales– quien encarnó el rechazo ciudadano a los partidos y a la clase política tradicional. En junio-julio, Morales (conocido sólo como actor de comedia televisiva) igualó en las encuestas a los favoritos –Sandra Torres y Manuel Baldizón– y en las elecciones de septiembre fue el más votado. Sin experiencia de gobierno, sin un partido fuerte y cohesionado y sin un programa de gestión más allá del lema electoral “ni corrupto ni ladrón”, Morales se impuso a Torres, ex primera dama de Colom, en la segunda vuelta, logrando llegar en menos de un año de ser una figura marginal y anecdótica en el panorama político a jefe de Estado.

La crisis de 2015 fue una especie de “revolución frustrada”, al no dar lugar a un sistema de partidos más fuerte e institucionalizado y acentuar sus principales rasgos: ausencia de fuerzas políticas nacionales estructuradas; agrupaciones carentes de principios ideológicos y programáticos definidos; y dependencia de liderazgos caudillistas. En esta campaña los partidos han vuelto a mostrar que siguen siendo instrumentos de figuras carismáticas que sólo funcionan como maquinarias electorales, con vida activa durante las campañas. Son formaciones poco estructuradas que no forman cuadros ni estructuras permanentes y carecen de vida partidaria. Todo configura un sistema muy volátil, que tiende a la fragmentación e incentiva el transfuguismo por la escasa adhesión de los diputados a sus partidos.

El incumplimiento de las expectativas creadas por los nuevos gobiernos (cada cuatro años cambia el presidente y no hay reelección) y la deficiente gestión de una administración penetrada por el clientelismo y la corrupción junto a la escasa producción legislativa del Congreso han terminado profundizando los sentimientos de decepción, desencanto y desafección ciudadana hacia los partidos, la clase política e incrementando el desprestigio del resto de instituciones, incluido el Poder Judicial.

Todo esto explica el escaso respaldo social de los partidos políticos y el poco apego a un Estado y unas instituciones democráticas ineficaces e ineficientes para proveer seguridad ciudadana, empleo, salud, educación de calidad y buenas infraestructuras y transporte. Los datos de la encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop) de 2018 muestran que Guatemala es el país de toda América Latina con menor adhesión a la democracia. Menos del 50% de la población apoya la democracia, cifra que ha caído desde el 52,7% en 2004 al 48,4%. Incluso, el 24,4% de la población respaldaría un golpe del ejecutivo (que el presidente cierre el Congreso) si el país se enfrentara a dificultades. En 2014 el porcentaje de guatemaltecos que expresó apoyo a un golpe de este tipo era del 14% (véase la Figura 1). Además, es de los países latinoamericanos que menos confía en los partidos políticos como herramientas para canalizar las demandas socioeconómicas y políticas de la ciudadanía (véase la Figura 2).

Figura 1. Respaldo a la Democracia en América Latina
Figura 2. Confianza en los partidos políticos en América Latina

Guatemala no ha podido institucionalizar un sistema de partidos estable pese a los más de 30 años transcurridos desde el final del régimen militar. Una muestra de esa volatilidad es que desde 1985 ocho partidos diferentes han ganado las elecciones presidenciales, pero ninguno ha podido repetir victoria. Tras cada derrota, todos (salvo la Unidad Nacional de la Esperanza –UNE–) han iniciado una progresiva decadencia que les ha llevado a la desaparición o a la periferia del sistema político, sin volver a convertirse en una pieza determinante en un marco estable.

Figura 3-. Primeras fuerzas en las elecciones en Guatemala, 1986-2015
Año Primer partido Segundo partido Tercer y cuarto partido
1986 DC UCN PDCN
MLN-PID
1990 MAS UCN DC
PAN
1995 PAN FRG UCN-DC
1999 FRG PAN URNG
PLP
2003 GANA (formado por una parte del PAN) UNE FRG
PAN
2007 UNE PP GANA
CASA
2011 PP LIDER CASA
UCN
2015 FCN-Nación UNE LIDER
VIVA
Fuente: elaboración propia con datos del TSE.

Los partidos que dominaron el panorama político en los 80, Democracia Cristiana (DC) y Unión de Centro Nacional (UCN), hoy no tienen ningún peso político. La DC, el partido más fuerte en la década de 1980, desapareció tras alcanzar el 0,5% de los votos en 2007. El Frente Republicano Guatemalteco (FRG, en el gobierno entre 2000 y 2004) ha desaparecido y el Partido de Avanzada Nacional (PAN, en la presidencia entre 1996 y 2000) consiguió en 2015 solo un 3,10% del voto. Desde 2007 el sistema político estuvo dominado por el Partido Patriota de Pérez Molina –derecha– y por la UNE de Colom, ahora liderada por Torres –centroizquierda–. En 2011 emergió con opciones LIDER de Manuel Baldizón (derecha populista). Este escenario partidista desapareció en 2015 cuando el escándalo de “La Línea” acabó con el sistema de partidos surgido en la década anterior. Sólo la UNE parece haber sobrevivido a ese tsunami con vistas a los comicios de 2019.

El desencanto, la poca confianza y la infidelidad hacia los partidos ha sido constante y ha propiciado una creciente fragmentación: salvo excepciones (1999), los dos candidatos que han disputado la segunda vuelta han rondado el 25%-35% en la primera. Esta elevada fragmentación del voto culminó en 2015 cuando Morales no superó el 24% en primera vuelta y la segunda candidata más votada, Torres, no llegó al 20% (19,7%).

Desde 1986 existen dos leyes no escritas en las elecciones presidenciales guatemaltecas: (1) siempre hay segunda vuelta y nunca gana un candidato oficialista; y (2), aunque rota en 2015, el segundo candidato más votado en unas elecciones ganaba la presidencia en las siguientes. Esto último se cumplió con Portillo en 1995 (fue segundo ese año y ganó en 1999), Berger (segundo en 1999 y ganador en 2003), Colom (segundo en 2003 y ganador en 2007) y Pérez Molina (segundo en 2007 y vencedor en 2011).

Características de la campaña electoral de 2019

La campaña electoral de 2019 no ha sido ajena a estas herencias al ser la más atípica y judicializada de la historia y, como en 2015, no ha transcurrido bajo parámetros de normalidad. Se ha profundizado, además, la tradicional fragmentación del electorado ante la multiplicación de candidaturas y ha aumentado la desconexión entre votantes y partidos. En 2015 el “escándalo de La Línea” desnudó el nivel de corrupción y penetración del Estado por determinados grupos de interés e incentivó el deseo de encontrar un candidato ajeno a los partidos tradicionales, lo que favoreció el triunfo de Morales. La campaña de 2019 ha ido de sobresalto en sobresalto: arrancó con la detención en Miami de Mario Estrada, candidato del minoritario partido Unión del Cambio Nacional (UCN), por conspiración para importar cocaína a EEUU y establecer una alianza con el cártel de Sinaloa. Presuntamente, el crimen organizado financiaría su campaña y a cambio, si Estrada ganaba las elecciones, ayudaría al cártel permitiendo que utilizara los puertos y aeropuertos de Guatemala para exportar cocaína.

De mucha más trascendencia han sido las decisiones de la Corte de Constitucionalidad que han alterado el normal desarrollo de una campaña que ha tenido dos fases claramente diferenciadas. Mientras que las candidaturas de Aldana y Zury Ríos estuvieron vigentes (hasta mayo) las elecciones parecían destinadas a ser una pugna entre tres mujeres (Torres, la ex fiscal y la hija de Ríos Montt). Una encuesta del mes de abril publicada por el diario Prensa Libre lo confirmaba al colocar a Torres en primer lugar con el 20,7% de la intención de voto, seguida por Ríos (15,9%) y Aldana (9,5%). Del resto de candidatos con menos arrastre destacaba el ex director del Sistema Penitenciario y presidenciable en 2007, 2011 y 2015 Alejandro Giammattei, con el 7,4%, y otros cinco candidatos rondaban entre el 1,7% y el 3,8%.

Torres, ex primera dama y columna vertebral del gobierno Colom (2008-2012), como responsable de políticas sociales y “mano derecha” de su marido, ha mantenido su favoritismo en las encuestas para disputar la segunda vuelta (rondando el 20% de la intención de voto). Su reconocida capacidad organizativa y el respaldo de las redes clientelares tejidas durante su administración la colocaban en esa posición destacada pese al rechazo que concita, sobre todo entre los sectores medios y altos de las áreas urbanas, por su presunto “autoritarismo”, “populismo” y personalismo.

Torres genera un elevado “antivoto” (más del 30%) por actuaciones pasadas y presentes. Entre las pasadas, además de su papel protagónico durante el gobierno de la UNE, destaca su jugada política de 2011 cuando se divorció del entonces presidente Colom, para eludir la prohibición constitucional que impide ser candidato presidencial a un familiar del mandatario en ejercicio. Torres abonó, entonces, una imagen de líder sin escrúpulos que trataba de burlar la ley y a la que sólo le guiaba su ambición personal. En el presente otras acciones suyas han reafirmado el retrato que tiene una parte importante de la ciudadanía: por ejemplo, cuando apeló a la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer para tratar de detener las duras críticas de El Periódico contra su candidatura.

Para la cita del 16 de junio, Torres tiene a su favor que es la única respaldada por un partido (la UNE) con cierta implantación y estructura nacional –sobre todo rural y local– y con historia tras de sí: más de una década de existencia y experiencia de gobierno (entre 2008 y 2012) así como la participación de la propia Torres en las elecciones de hace cuatro años, donde perdió en el balotaje con Morales.

Frente a Torres se alzaba la figura ascendente de Aldana, vista por amplios sectores como encarnación de la lucha contra la corrupción. Su enfrentamiento con los “grupos de poder” y con el presidente Morales ampliaron su proyección social y, tras muchas dudas, decidió lanzarse apoyada en Semilla, una agrupación de reciente creación. Atrajo el respaldo de quienes llevaban desde 2015 reclamando cambios políticos e institucionales, pero su campaña se vio afectada por la decisión de un juez que emitió en marzo una orden de detención por presuntos delitos de carácter administrativo. Aldana estaba acusada de la contratación anómala del abogado Gustavo Bonilla para impartir jornadas de capacitación al personal de la Fiscalía. Aldana, temiendo ser encarcelada, no regresó a Guatemala y mantuvo un “autoexilio” en El Salvador que, de facto, la dejó fuera de la campaña. Finalmente, en mayo la Corte de Constitucionalidad rechazó su recurso para poder ser candidata y quedó fuera de las elecciones. Expulsar de la carrera electoral a Aldana fue un éxito para aquellos que temían ver afectados sus intereses si, en caso de ganar, la ex fiscal hubiera reactivado su cruzada anticorrupción. Esos sectores, calificados por Aldana de “pacto de corruptos”, supieron utilizar inteligentemente para sus propósitos la normativa existente con el fin de bloquear las aspiraciones políticas de la líder de Semilla.

Tan sólo días antes esa misma Corte había derribado la candidatura de Ríos, hija de Ríos Montt, quien encarnaba el histórico voto conservador y tradicional apoyado en apelaciones a la “mano dura” contra la inseguridad. El recuerdo y adhesión a su padre, con gran arrastre entre los votantes evangélicos y en algunas áreas indígenas del interior, era una de sus principales bazas pero también su talón de Aquiles: la Corte rechazó la candidatura de Ríos –líder del partido Valor– según el artículo 186 de la Constitución que prohíbe optar a la presidencia a los caudillos golpistas (Ríos Montt –muerto en 2018– lideró el golpe de Estado de 1982) y sus familiares. Curiosamente, Ríos Montt fue candidato en 2003 y su hija en 2015.

Mientras Torres lograba eludir la anulación de su candidatura lastrada por una presunta financiación irregular en 2015, sus dos principales rivales se vieron fuera de la carrera en la primera quincena de mayo. La campaña se convirtió en una batalla por la segunda vuelta y por canalizar el voto de rechazo que genera Torres, la única que parece tener asegurada su presencia en el balotaje. En pocos días y a tan sólo un mes de los comicios quedó huérfano el voto más conservador en lo valórico (Ríos, con un 15% de intención de voto) y el más modernizante que convocaba Aldana, quedando en liza el situado más en la izquierda (Torres).

Todo esto aumentó la incertidumbre sobre los resultados y abrió otras opciones para la segunda vuelta. Con Torres en cabeza, los pequeños partidos se lanzaron a captar bien el voto conservador de Ríos o el urbano y modernizante de Aldana. Se esperaba que bien surgiera al igual que 2015 un candidato sorpresa (como Morales) que desplazara al resto, bien que figuras como Giammattei (Vamos) o Roberto Arzú (Partido Avanzada Nacional-Podemos) atrajeran el voto conservador, huérfano de Ríos, y que candidatos como Manfredo Marroquín (Encuentro por Guatemala) hicieran lo mismo respecto al votante de Aldana.

Algunos de ellos arrastran problemas judiciales: Edwin Escobar (de Prosperidad Ciudadana) por carecer del finiquito y Torres por una solicitud de desafuero por supuesta financiación electoral ilícita en la campaña de 2015. Arzú, hijo del ex presidente y ex alcalde de la capital Álvaro Arzú, afronta un proceso civil en Miami por la deuda de más de 5 millones de dólares con J.J. Rendón. Edmond Mulet (Partido Humanista) arrastra su supuesta participación en adopciones ilegales en la década de 1980 y Giammattei (VAMOS) su participación en la operación Pavo Real, cuando se ejecutó extrajudicialmente a varios presos. A Fredy Cabrera (TODOS) lo vinculan a la elección de magistrados y a Thelma Cabrera (del Movimiento por la Liberación de los Pueblos) la relacionan al robo de energía del Comité de Desarrollo Campesino, una organización que reivindica el derecho a la tierra y la nacionalización de la energía.

La primera encuesta seria (de CID-Galup, del 30 de mayo) tras la salida de Ríos y Aldana mostraba a Torres líder pero estancada en el 21%, sin aprovechar las ausencias de las candidatas de Vamos y Semilla para captar parte de ese voto. Los más beneficiados, como se preveía, son Giammattei que subía del 8% al 12%, Arzú del 7% al 9% y Mulet del 4% al 7%. Había dos datos llamativos: la opción de no votar por ninguno (24%) superaba a la de cualquier candidato y el rechazo a Torres, siendo alto (33%), disminuyó seis puntos, desde el 39%. Un rechazo fundamentalmente capitalino pues en el área metropolitana, Giammattei tiene el doble de intención de voto (20%) que Torres (10%); sin embargo, la candidata de la UNE es muy fuerte en el ámbito rural (27% contra 8%).

Figura 4. Intención de voto en mayo de 2019 (CID-GALLUP) (%)

Toda esta controversia jurídico-electoral ha restado tiempo para abordar las asignaturas pendientes, empezando por los avances y deficiencias de la nueva ley electoral bajo la cual se ha desarrollado la campaña. Un reformado código ha tratado de modernizar su desarrollo haciéndola más equitativa, reduciendo el techo de financiamiento privado y la duración del proceso. La norma ha posibilitado avances indiscutibles (se ha implementado el voto en el exterior, con el que los migrantes –sólo en EEUU– podrán elegir por primera vez presidente y vicepresidente) y se han tratado de desterrar influencias externas (de determinados conglomerados mediáticos) pasando de “un régimen de amplia apertura en materia de financiación a uno de mayor rigidez”. La ley, sin embargo, no ha logrado renovar los cuadros partidarios ni constituir partidos más fuertes institucionalmente y enraizados nacionalmente. Tampoco ha evitado la “judicialización de la política”, pues la legislación nacional permite la interposición continua de recursos durante todo el proceso electoral, lo cual altera el normal desarrollo de la campaña. Tampoco la nueva ley electoral ha abordado la paridad de hombres y mujeres de los listados, la no reelección o las listas abiertas.

La campaña, una vez superado el tema jurídico que afectó a Ríos y Aldana, ha girado sobre los problemas medulares, históricamente definidos como los que más preocupan a la población: lucha contra la corrupción, inseguridad y déficit social (pobreza y desigualdad) y económico. La corrupción, centro del debate electoral desde la crisis de 2015, aunque sus raíces sean muy antiguas, ha llevado a los candidatos a situarse a un lado u otro de la grieta política nacional, CICIG-SÍ vs CICIG-NO: la izquierda y el centroizquierda (Aldana y Marroquín) y algunos partidos de centro (Julio Héctor Rivera) como defensores de la labor de esta institución y la derecha (Ríos, Arzú, Giammatei y Luis Velázquez) como críticos y partidarios de poner punto y final a esta experiencia. En verdad la CICIG, como tal, tiene los días contados desde que Morales anunció que había entregado oficialmente al secretario general de la ONU, António Guterres, la notificación de la suspensión inmediata y definitiva del convenio, con lo que la CICIG acaba su presencia en septiembre de 2019.

Junto con la corrupción, la inseguridad ciudadana es el otro gran tema de campaña. Pese a la caída de los índices de inseguridad, el número de asaltos, robos, extorsiones y asesinatos hacen de Guatemala uno de los países más inseguros de la región, con una creciente penetración de los cárteles del narcotráfico que han logrado cierto control territorial en zonas como el Petén y capacidad de cooptar poderes locales y nacionales. Esta situación condujo al país, ya desde la década pasada, a inclinarse por una candidatura u otra tomando como eje la inseguridad. En 2007 respaldó la propuesta de “mano blanda” de Colom y en 2011 la “mano dura” de Pérez Molina. Sin embargo, en 2015 fue la corrupción la que acaparó la atención ciudadana. En esta campaña las ofertas han ido por caminos similares con candidatos que negaban, incluso, que los delincuentes tuvieran derechos humanos (Amílcar Rivera) o que prometían pena de muerte y trabajos forzados a los mareros (Ríos y Arzú).

De lo que menos se ha discutido es de las reformas estructurales necesarias para modernizar la economía –un 69% trabaja en la informalidad– y encarar los retos sociales. Guatemala tiene altos niveles de pobreza (un 59,3%), un millón de niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica o retraso en el crecimiento y es uno de los países más desiguales. La economía tiene graves déficit en infraestructuras (con menos del 1% del PIB, la inversión pública en capital físico es una de las más bajas de América Latina) y se caracteriza por su ineficiencia para ofrecer seguridad y servicios públicos de excelencia: carece de suficiente financiación (la carga tributaria ronda el 13% del PIB) y se ve lastrado por la corrupción, el clientelismo y un cuerpo de funcionarios mal pagados y con baja formación.

Conclusiones

Tras lo ocurrido a tan sólo 30 días de las votaciones, todas las opciones permanecen abiertas, con al menos cuatro certezas que permanecen:

  1. Sandra Torres, de la UNE, será la candidata más votada en primera vuelta, aunque difícilmente supere el 25% de los votos.
  2. Habrá segunda vuelta siguiendo una tradición histórica guatemalteca: desde 1986 cada elección se ha resuelto en el balotaje. La elevada fragmentación conduce a ella entre dos candidatos que, como en 2015, sumarán apenas el 20% de los votos. En esa segunda vuelta, Torres tendrá ante sí el reto de romper su bajo techo electoral y el “antivoto” (muy elevado sobre todo en la capital) que lastra sus opciones.
  3. El partido del presidente (FCN-Nación) no tendrá un papel relevante. Esto tampoco es novedoso, ya que desde 1990 ningún oficialismo ha revalidado mandato ni regresado a la presidencia. Cada elección se transforma en un voto de castigo al oficialismo y 2019 no traerá ningún cambio significativo en este sentido.
  4. Se perfila una compleja gobernabilidad con un futuro Congreso muy dividido. La alta fragmentación (se presentan más de dos decenas de partidos, incluidos los que se han quedado sin candidatas presidenciales, Semilla y Vamos) nace también de la capacidad de arrastre de voto de los alcaldes –auténticos caudillos locales–, que encauzan en primera vuelta el voto hacia fuerzas con implantación regional más que nacional y que, en segunda, negocian su apoyo con los candidatos presidenciales.

Además de la fragmentación, el otro obstáculo para la gobernabilidad va a ser la fuerte polarización. Sea quien sea el triunfador, el próximo gobierno, sin mayoría legislativa, encontrará un país polarizado –en torno a la forma de combatir la corrupción–-, con la convivencia política muy dañada y reducida capacidad para alcanzar acuerdos y consensos. Todo esto incrementa las posibilidades de que se repita el ciclo político-electoral habitual: voto de castigo al oficialismo, elección de un opositor y finalmente una nueva administración que queda lejos de las expectativas iniciales. Los planes de gobierno fracasan por la ineficacia, la corrupción y la poca preparación de los funcionarios y de las instituciones. Sin aparato ni cuadros, el futuro de los partidos depende del éxito de las políticas públicas impulsadas por el gobierno en seguridad y economía. Al carecer el Ejecutivo de una administración pública eficaz, no politizada y con un personal civil profesionalizado para implementar las políticas públicas, su fracaso final se traduce en un divorcio con el electorado. Sin vínculos sólidos con un partido que carece de aparato para retener a sus votantes, éste deja de apoyarlo, lo que desemboca en la derrota en los comicios posteriores y su progresiva decadencia en medio de una gestión presidencial sin margen para impulsar cambios y transformaciones de calado.

Rogelio Núñez
Profesor colaborador del IELAT, Universidad de Alcalá de Henares | @RNCASTELLANO

Carlos Malamud
Investigador principal, Real Instituto Elcano | @CarlosMalamud


1 La CCIG fue creada en 2006 tras el acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Es “un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. Ello, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro”.
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Cuba ha padecido la dependencia económica de otros países, un hecho que continúa después de 60 años de la revolución. Este documento de trabajo analiza de manera profunda la dependencia económica cubana de Venezuela en el período 2000-2019.

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Índice

Resumen
Abstract
Introducción
(1) Antecedentes de la relación económica entre ambos países
(2) Análisis de la severidad de la crisis económica-social venezolana
(3) Evolución del comercio exterior cubano con Venezuela
(4) Las medidas de Trump contra Venezuela y Cuba
(5) Los efectos del shock venezolano
(6) ¿Viene otro Período Especial?
(7) Posibilidad de que otros países (Rusia o China) sustituyan a Venezuela
(8) ¿Hay alternativas viables para Cuba?
(9) Conclusiones
Bibliografía

Resumen

Históricamente, Cuba ha padecido la dependencia económica de otros países, un hecho que continúa después de 60 años de la revolución. La dependencia con la Unión Soviética en 1960-1990 dio lugar al mejor período económico-social en la segunda mitad de los años 80, pero la desaparición del campo socialista fue seguida en los años 90 por la peor crisis desde la Gran Depresión. Este documento de trabajo analiza de manera profunda la dependencia económica cubana de Venezuela en el período 2000-2019: (1) antecedentes de la relación económica entre ambos países; (2) análisis de la severidad de la crisis venezolana; (3) evolución del comercio exterior cubano con Venezuela; (4) medidas de Donald Trump contra Venezuela y Cuba; (5) efectos del shock venezolano en Cuba; (6) ¿viene otro Período Especial en Cuba?; (7) posibilidad de que otros países (Rusia o China) substituyan a Venezuela; y (8) alternativas viables a la situación.

Introducción

La constante fundamental en seis décadas de la economía socialista cubana ha sido su dependencia económica con alguna otra nación. Comenzó con España en la época de la colonia, continuó con EEUU durante la primera república, se expandió de manera significativa con la Unión Soviética y finalmente con Venezuela desde el inicio de este siglo.

En 1960-1990 la URSS otorgó a Cuba 65.100 millones de dólares, tres veces el total de la ayuda que durante la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, EEUU concedió a toda América Latina. De la suma total, 39.400 millones fueron subsidios –no reembolsables– a los precios de exportaciones cubanas (la URSS pagaba entre dos y 11 veces el precio del azúcar por encima del precio mundial y el precio del níquel un 50% más) y a los precios de las importaciones del petróleo soviético (que cubrían el 96% de las necesidades cubanas) que suministraba por debajo del precio mundial.2 Por otra parte, 17.100 millones de dólares fueron préstamos para cubrir los déficit anuales de Cuba en su comercio con la URSS y 8.600 millones fueron préstamos blandos para el desarrollo; estos préstamos eran reembolsables, pero Cuba sólo pagó 500 millones (un 0,7% de lo debido) y la deuda con los soviéticos, heredada por los rusos, fue mayormente condonada en 2017. Esa enorme ayuda resultó en el mejor período económico-social de Cuba bajo la revolución, en la segunda mitad del decenio de los 80; no obstante, no transformó la estructura económica a fin de que fuese capaz de financiar sus importaciones con sus exportaciones. La desaparición del campo socialista provocó en los años 90 una gravísima crisis en Cuba –la peor desde la Gran Depresión, por ejemplo–, con una caída del 35% en el PIB y el deterioro de todos los indicadores económicos y sociales (para un análisis detallado véase Mesa-Lago, 2002).

Desde el año 2000 Venezuela comenzó a ayudar económicamente a Cuba, jugando un papel crucial en la parcial recuperación del país; en la cúspide de dicha relación económica ésta equivalía a alrededor del 20% del PIB cubano. A pesar de un cambio sustancial de la exportación de materias primas hacia servicios, Cuba continuó dependiendo de los subsidios externos para financiar sus importaciones. En 2019 Venezuela sufrió la peor crisis económica, política y social de su historia y en los últimos cinco años perdió el 50% de su PIB, mucho más que la caída del 35% en Cuba en 1990-1994. Como resultado, el intercambio comercial con Cuba disminuyó a la mitad en 2017 y en ocho puntos porcentuales del PIB. Una caída del gobierno de Nicolás Maduro provocaría en Cuba otra grave crisis económico-social, aunque no de la magnitud de la de los años 90. En la actualidad no hay otro país (Rusia o China) capaz de reemplazar a Venezuela, lo cual pondría presión en el presidente Miguel Díaz-Canel para acelerar y profundizar las reformas estructurales iniciadas por Raúl Castro, pero entorpecidas por su lentitud, restricciones y estancamiento.

Este documento estudia la relación económica de Cuba con Venezuela en siete secciones: (1) antecedentes de la relación económica cubano-venezolana; (2) análisis de la severidad de la crisis económico-social venezolana; (3) evolución del comercio exterior de Cuba con Venezuela (incluyendo exportación de servicios profesionales e importación de petróleo y otros bienes) y la inversión directa; (4) medidas de Trump contra Venezuela y Cuba; (5) los efectos del shock venezolano en Cuba; (6) si ocurrirá otro Período Especial en Cuba; (7) posibilidad de que otros países (Rusia o China) sustituyan a Venezuela; y (8) alternativas viables para Cuba. El documento se completó el 12 de mayo de 2019.

(1) Antecedentes de la relación económica entre ambos países

El papel de Venezuela como proveedor clave de petróleo a Cuba comenzó con un acuerdo de cooperación firmado en Caracas el 30 de octubre de 2000 entre los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez, por el que Venezuela se comprometió a exportar 53.000 barriles diarios de petróleo a Cuba a cambio del suministro cubano de profesionales en las áreas de salud, educación y deportes.2 Esto fue un cambio de la práctica anterior de Cuba que enviaba tales profesionales gratis a países necesitados. El primer acuerdo fue revisado en diciembre de 2004 aumentando el suministro a 93.000 barriles diarios desde 2005, así como incrementando los servicios profesionales cubanos, con Venezuela cubriendo el costo de flete y seguro.

El primer grupo de médicos cubanos llegó a Venezuela en 2013 para el programa de Chávez de atención médica a las zonas pobres: “Barrio Adentro”. Miles de maestros fueron enviados también. En 2004, los dos países lanzaron la “Operación Milagro” para proporcionar servicios oftalmológicos a los venezolanos más necesitados y, al año siguiente, dicho programa se extendió a otros países de América Latina, financiado por Caracas y atendido por cubanos. Entre 2000 y 2018, 219.000 profesionales cubanos sirvieron en Venezuela. Por su parte, unos 300.000 venezolanos viajaron a Cuba entre 2000 y 2006 para recibir atención médica financiada por Chávez (Pérez López, 2008; Romero, 2018). El acuerdo inicial se amplió con la creación del ALBA-TCP (inicialmente Alternativa Bolivariana de las Américas-Tratado de Comercio de los Pueblos) firmado por Cuba, Venezuela y Bolivia (más adelante Nicaragua), así como el TCP, que permitió el comercio sin aranceles entre todos los miembros de ALBA (Romero, 2018). Los acuerdos se han ampliado varias veces, la última para el período 2010-2020 (Mesa-Lago, 2012).

En algunos años al menos, los dos países firmaron una conciliación para evaluar tanto el coste del petróleo crudo y derivados del petróleo suministrados por Venezuela como el coste de los servicios profesionales prestados por Cuba. En 2012, esa conciliación sólo para el período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2011 ascendió a 1.275 millones de dólares, resultando en una deuda a favor de Cuba de 272 millones que se pagó por Venezuela (PDVSA, 2012). Si esa diferencia se proyectase a todo el año, Cuba habría recibido más de 1.000 millones de dólares de Caracas.

(2) Análisis de la severidad de la crisis económica-social venezolana

Venezuela era uno de los países más ricos de América Latina y tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Entre 2004 y 2012 el país gozó del mayor boom económico de su historia cuando los precios internacionales del petróleo alcanzaron un récord histórico de 142 dólares/barril en 2008.3 Durante esa bonanza, el gobierno gastó más que sus ingresos, aumentó la deuda externa y cometió graves errores en su política económica interna y externa. Como resultado, hubo un deterioro creciente en la economía, que en 2018 se contrajo un 18% (mermándose un 50% en los cinco últimos años, el doble de la caída del PIB en EEUU durante la Gran Depresión y peor que el 35% de descenso en el PIB cubano en 1990-1993) y para 2019 el FMI proyecta una pérdida del 25%. La base monetaria aumentó un 14.400% en 2018, la inflación fue de un 1.370.000% en 2018 (similar a los récords históricos de la República de Weimar en 1923 y Zimbabwe a fines de los años 90) y el FMI proyecta 10 millones % en 2019 (sobrepasando dichos récords). Entre 2015 y 2019 Venezuela retrocedió 18 puestos en su ubicación de las economías latinoamericanas, ordenándose la cuarta inferior, después de Haití, Honduras y Nicaragua (CEPAL, 2018; FMI, 2018; “Venezuela cae 18 puestos…,” 2019).

En el sector externo, la fuga de capitales totalizó 126.498 millones de dólares entre 2009 y 2016, las importaciones menguaron un 85% en el período 2012-2018, el déficit en el balance global fue de 6.808 millones de dólares en 2016, los términos de intercambio se deterioraron un 55% entre 2011 y 2016, la deuda externa creció un 64% en el período 2009-2015 (llegando a 138.000 millones de dólares en 2015) y las reservas internacionales cayeron un 75% entre 2009 y 2018. No hay información sobre la mayoría de los indicadores macroeconómicos para los años 2017 y 2018 (CEPAL, 2018).

La producción petrolera cayó un 41% entre 1998 y 2017, de 3,4 a 2 millones de barriles diarios y continuó su descenso en 2018 (Espinasa y Sucre, 2017),4 agravado por un declive de 40% en el precio mundial del petróleo en el período 2003-2019. El sistema eléctrico se colapsó en 2019, reduciendo el suministro de agua. Además, como las exportaciones de petróleo generan el 95% del ingreso impositivo, éste descendió de 8.000 a 1.000 millones de dólares anuales. Hay una severa escasez de alimentos y medicinas. Más de tres millones de habitantes han abandonado el país, el 10% de la población (Haussman, 2019). El desempleo abierto aumentó del 27,1% en 2017 al 34,3% en 2018 y se proyecta que aumentará hasta el 39% en 2019 (FMI, 2018).

Michelle Bachelet (2019), ex presidenta de Chile y actualmente alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe que describe el colapso de la medicina, la educación y otros servicios en Venezuela: “el sistema de salud sigue deteriorándose y afecta considerablemente las mortalidades materna e infantil, así como la proliferación de enfermedades infecciosas que anteriormente estaban bajo control”. Un millón de niños ha dejado de asistir a la escuela debido a problemas económicos de sus familias y a la falta de maestros, muchos de los cuales han emigrado. “La escasez de agua y de gas natural, así como el colapso del transporte público siguen afligiendo a muchas personas, y junto con la hiperinflación, generan terribles condiciones económicas que han provocado miles de protestas sociales”. Después de este informe, en abril de 2019, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que existía una crisis humanitaria en Venezuela y que 7 millones de habitantes necesitaban ayuda urgente (Oppenheimer, 2019).

Según la última Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI, 2018), la pobreza total creció del 48,4% al 87% entre 2014 y 2018 (y la pobreza extrema del 23,6% al 61,2%), siendo más de la mitad pobreza reciente. La precariedad en la protección social se expandió del 55% al 60% de la población. La frecuencia de agua en la vivienda se deterioró entre 2017 y 2018: la reciben todos los días del 45% al 29%, algunos días a la semana del 38% al 31% y una vez por semana del 14% al 10%. La recepción de electricidad en 2018 fue diariamente del 25%, alguna vez en la semana del 27% y alguna vez al mes del 29%. La asistencia escolar en las edades entre tres y 24 años se contrajo del 78% al 70% entre 2014 y 2018, debido a la ausencia de personal, comida, transporte, electricidad y/o agua. La población atendida en salud en el programa “Barrio Adentro” menguó un 93% en 2015-2017, de 2,6 millones a 200.000.

Estudios recientes de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) y del Centro de Salud Humanitaria de la Universidad John Hopkins comprobaron que el sistema de salud pública venezolano se ha colapsado, creando una catástrofe humanitaria. El gobierno oculta las cifras y despide a los médicos que expresan su preocupación. Nueve de cada 10 venezolanos tienen dificultad para comprar comida, el 80% sufren inseguridad alimenticia, tres de cada cuatro ha perdido peso (un promedio de 19 libras en 2017), el 48% de las mujeres embarazadas padece desnutrición, entre los niños menores de cinco años la desnutrición creció del 10% al 17% entre febrero de 2017 y marzo de 2018, más del 2% de todos los recién nacidos murieron en sus primeras cuatro semanas en 2015, creciendo desde el 0,02% en 2012, y la desnutrición ahora supera el umbral de crisis calculado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La tasa de mortalidad materna aumentó un 65% en 2016 y la de mortalidad infantil un 30%. La diabetes y la hipertensión se duplicaron en el año 2017 y las vacunas han desaparecido. Hay brotes de paludismo (406.000 nuevos casos en 2017), tuberculosis (13.000), sarampión (7.300), difteria (1.716) y VIH (6.500). El 85% de los 79.467 infectados no reciben tratamiento (antes no había casos de algunas de estas enfermedades o en otras eran raras o sus tasas muchísimo menores).

La encuesta nacional de hospitales en 2019 encontró que aproximadamente la mitad de los médicos declaran que no tienen suministros básicos de emergencia, y el 35% de las salas de cirugía carecen de los instrumentos y de los medicamentos necesarios. Las personas mueren porque no funcionan los desfibriladores, los laboratorios y los equipos de rayos X, 22.000 médicos –un tercio del total– han abandonado el país en los últimos 12 años (un quinto del total) debido a sus sueldos míseros (Human Rigths Watch, 2018; OPS, 2018; Wyss, 2019b). Caracas tiene la mayor tasa de homicidios del mundo: 140 por 100.000 habitantes, superior a las de Bagdad y Kabul (O’Neil, 2018).

La autodeclaración de presidente de Juan Guaidó en 2019 y el subsecuente apoyo de 54 naciones en el mundo ha agravado la crisis política, lo cual a su vez empeora la crisis económica. Sin embargo, a pesar de la gravísima crisis venezolana, Nicolás Maduro ha seguido intentando mantener los acuerdos con Cuba, aunque a niveles inferiores, lo que ha mitigado el efecto adverso sobre la economía de la isla.

Carmelo Mesa-Lago
Catedrático de servicio distinguido emérito en Economía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh

Pavel Vidal Alejandro
Profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana Cali, Colombia


1 El petróleo importado de la URSS que no consumía Cuba era reexportado a terceros países y vendido en divisas: entre 1 y 2 millones de toneladas métricas entre 1984 y 1987.

2 Según Romero (2018), al inicio de la relación Cuba pagaba el suministro petrolero un 50% dentro de los primeros 90 días y el 50% restante con una deuda a 25 años a un interés del 1%.

3 Puente (2016) muestra la relación entre los precios mundiales del petróleo y la evolución del PIB cubano.

4 Según estos autores, la caída en la producción petrolera se debió al despido de la mitad de los empleados de PDVSA y de dos tercios de los profesionales, reemplazados y aumentados por nombramientos políticos, a la corrupción y a la eliminación de la independencia de PDVSA, que pasó a ser un brazo del Ejecutivo,

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<![CDATA[ La transparencia en las Fuerzas Armadas latinoamericanas para combatir el crimen organizado ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari46-2019-alda-transparencia-en-fuerzas-armadas-latinoamericanas-para-combatir-crimen+organizado 2019-05-08T04:07:41Z

De acuerdo con la actual tendencia en América Latina de implicar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado, es importante contemplar la eficacia de los mecanismos de prevención anticorrupción en dichas instituciones. Frente al secretismo, en este momento la transparencia es el mejor instrumento para la seguridad nacional.

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Tema

De acuerdo con la actual tendencia regional de implicar a las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado, se hace particularmente importante contemplar la eficacia de los mecanismos de prevención anticorrupción en dichas instituciones, puesto que el crimen organizado busca la complicidad de las fuerzas e instituciones que lo combaten para asegurar su complicidad. Frente al secretismo, en este momento la transparencia es el mejor instrumento para la seguridad nacional.

Resumen

En la actualidad existe una tendencia dominante en América Latina basada en la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado que obliga a contemplar la corrupción como un elemento más en el proceso de transformación abierto en todo el continente. La doctrina, la educación, el equipamiento y el marco legal son algunos de los aspectos que han de ser contemplados. Sin embargo, no se da la misma trascendencia a la formulación de mecanismos de control y de rendición de cuentas que prevenga la corrupción, instrumento principal del crimen organizado para garantizar su desarrollo y fortalecimiento. La propuesta, en consecuencia, es contemplar la importancia de los mecanismos anticorrupción como un elemento tan imprescindible como el resto para el proceso de cambio abierto en el que se encuentran la mayoría de las Fuerzas Armadas en la región. Lo cierto es que si se lograra diseñar una fuerza de seguridad militar adaptada a las misiones que realiza en la actualidad –en doctrina, educación, adiestramiento y equipamiento– se correría el riesgo de fracasar si no se contemplaran en su diseño institucional mecanismos efectivos de prevención de la corrupción.

Sin embargo, de acuerdo con los escasos datos existentes, las Fuerzas Armadas, ciertamente, no tendrían ningún problema de corrupción, al contrario del resto de las instituciones privadas y públicas de la región, donde existen altos índices de corrupción. ¿Que explicaría esta particularidad? ¿Realmente no hay corrupción, o es menos visible? ¿Cuán hermética o transparentes son estas instituciones? ¿Qué mecanismos de control preventivo contra la corrupción tienen las Fuerzas Armadas? ¿Son estos mecanismos los que explican los supuestos niveles particularmente bajo de corrupción?, ¿Por qué la implicación en el combate al crimen organizado no ha aumentado los casos de corrupción, cuando afecta al resto de las instituciones, como la policía y la justicia? En otras palabras, ¿es necesario, entonces, contemplar la lucha contra la corrupción en las Fuerzas Armadas para afrontar de manera eficaz y eficiente la lucha contra el crimen organizado? La respuesta es sí.

La aparente ausencia de corrupción o la noticia de únicamente casos aislados en las Fuerzas Armadas, sin embargo, no necesariamente indica que no exista. En principio no hay ninguna particularidad en las Fuerzas Armadas que asegure que no puedan estar contaminadas por esta lacra, como de hecho lo están otras fuerzas de seguridad y de justicia. Y no sólo éstas, en realidad el crimen organizado ha penetrado en todos los poderes del Estado.

Lo cierto es que no puede constatarse si hay más o menos corrupción, pues posiblemente el hermetismo tradicional de estas fuerzas impide conocer realmente los niveles que les afectan.

Bajo este planteamiento no se pretende suponer, a priori, que las Fuerzas Armadas, o parte de sus miembros, sean corruptos. La idea es que esta institución es como cualquier otra y que, por tanto, está expuesta a la corrupción si no cuenta con mecanismos preventivos de fiscalización necesarios. En consecuencia y de acuerdo con la participación en la lucha contra el crimen organizado es imprescindible contar con estos mecanismos. No sólo por motivos legales y éticos, sino también por lograr la mayor eficacia, en términos estrictamente profesionales, de las Fuerzas Armadas en su participación en esta misión.

Análisis

En este análisis se justifica la importancia de la transparencia y se propone que sea un elemento vertebral en los procesos de transformación o adaptación que están viviendo las Fuerzas Armadas latinoamericanas . Aparentemente no revestiría tanta importancia si se contemplan los bajísimos índices de percepción de corrupción que existen sobre estas instituciones de acuerdo a la ciudadanía. También son anecdóticos las denuncias de corrupción en su seno. No obstante, y a pesar de estos datos, sigue siendo oportuna la transparencia ya que cabe preguntarse si ello se debe a que la corrupción es inexistente en las Fuerzas Armadas en América Latina o si en realidad sí hay corrupción, como en cualquier otra institución, pero no es visible por su hermetismo y opacidad.

La implicación en esta misión, así como en otras, ha abierto un proceso de adaptación y transformación que esta igualmente presente en toda la región. El reto es particularmente complejo porque la idea es configurar unas Fuerzas Armadas multipropósito o multifunción que, de manera simultánea, realicen numerosas misiones de muy diferente naturaleza. Estas misiones van desde el desarrollo nacional hasta la ayuda ante desastres naturales, la protección del medio ambiente, la lucha contra tráficos ilegales (drogas, minería, tala…) y, según los países, también la seguridad ciudadana. Ciertamente hay diferencias entre países en relación con la importancia otorgada a cada misión y a su nivel de implicación en cada una de ellas, pero todos coinciden en este modelo multifunción o multipropósito.

De acuerdo a este modelo de Fuerzas Armadas, la única posibilidad de ser más eficiente y eficaz pasa necesariamente por un proceso de transformación. Máxime si se considera que la estructura y la configuración de las Fuerzas Armadas está diseñada para otra misión diferente a las mencionadas: la defensa frente a un enemigo externo, que continúa siendo en todos los países la principal y primera tarea militar. Esto explica que todas las Fuerzas Armadas de la región se encuentren inmersas, con mayor o menor intensidad, en un proceso de transformación, adaptación o revisión de su doctrina, de su sistema de educación y de su entrenamiento y/o equipamiento. La elección de la dimensión y profundidad que adopte este proceso de cambio depende de cada país, pero con el fin de lograr que sea coherente debe ser integral y global. No obstante, en estos momentos no parece que esté claro cuál es su diseño y tampoco el tipo de fuerza que va a evolucionar con los cambios que se introduzcan. Hasta el momento las transformaciones se han basado en la improvisación y una aplicación parcial y no integrada de un determinado modelo.

Dicho esto, el objetivo es agregar un factor más a considerar, con el fin de lograr la máxima eficiencia y eficacia para el desempeño de las misiones que se están llevando a cabo. El punto de partida es que, pese a que tuviera lugar un proceso de transformación coherente, integral y global de las Fuerzas Armadas, en coherencia con las misiones que desempeñan, si no se incluyen mecanismos de control y de transparencia, para impedir la corrupción, no es posible alcanzar la máxima eficiencia y eficacia de estas fuerzas. Sus miembros corren el mismo riesgo de ser corrompidos por el crimen organizado, de ahí que sea imprescindible contemplar mecanismos de control y fiscalización. Dichos mecanismos son necesarios porque no hay ninguna particularidad ni en las Fuerzas Armadas ni en sus miembros que garanticen que no puedan verse tentados, como los representantes de otras instituciones estatales, por sustanciosos sobornos. En la policía y la justicia, en contacto también con el mundo criminal, la corrupción es un problema sistémico en la mayoría de los países de la región. Por tanto, cuanto mayor sea la implicación de las Fuerzas Armadas en este ámbito, mayor será el riesgo de caer en la corrupción y en la imposibilidad de luchar eficiente y eficazmente contra esta amenaza.

La corrupción prioridad ciudadana y la imagen de las Fuerzas Armadas

Según el último informe de Latinobarómetro (2018), hay siete países donde la corrupción aparece como el primer o segundo problema de mayor importancia: Colombia, Perú, Brasil, México, Paraguay, República Dominicana y Bolivia. Esta sensibilización en relación con la corrupción ha ido creciendo en la medida en que se han hecho públicos escándalos en esta materia en todos los poderes de los Estados latinoamericanos. Ciertamente este es un problema que viene de atrás, pero no visibilizado como en los últimos años. Las iniciativas llevadas a cabo por el poder judicial en buena parte de las repúblicas latinoamericanas han dado lugar a que toda institución y cargo del Estado, sin excepción, sea objeto de investigación, enjuiciamiento, condena y, según el caso, encarcelamiento de representantes de todos los niveles e instancias estatales. Estos procesos han alcanzado a la Presidencia de varias repúblicas, al legislativo y al mismo poder judicial. Como se está demostrando, nadie está libre de ser denunciado, investigado, juzgado y llegado el caso condenado por corrupción.

Por ello, no deja de ser llamativo que no existan sino de manera excepcional casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, al menos no públicos. En 2018 fue denunciado una trama de corrupción de importantes dimensiones en las Fuerzas Armadas chilenas, pero es un episodio aislado con respecto al resto de la región. La inexistencia de este tipo de casos explica, en parte, el alto apoyo y reconocimiento popular en comparación con otras instancias.

La Figura 1 muestra los resultados por países de la confianza hacia estas instituciones. La media regional indica que el 44% de la población latinoamericana apoya a las Fuerzas Armadas y su labor.

Figura 1. Confianza en las Fuerzas Armadas: total América Latina, 1996-2018, y totales por país, 2018 (%)
Figura 1. Confianza en las Fuerzas Armadas: total América Latina, 1996-2018, y totales por país, 2018 (%)

La comparación con otras instituciones pone aún mas de manifiesto el destacado grado de confianza y aprobación de la ciudadanía respecto al resto de las instituciones en toda la región.

Figura 2. Confianza en las instituciones por país, 2018
Figura 2. Confianza en las instituciones por país, 2018

Además de estos datos, si se observan los datos relacionados directamente con la percepción que tiene la ciudadanía sobre los representantes estatales que son más corruptos, las Fuerzas Armadas ni siquiera figuran entre las instituciones sospechosas de serlo.

Figura 3. Casos de corrupción: total América Latina, 2018, y totales por país, 2018 (%)
Figura 3. Casos de corrupción: total América Latina, 2018, y totales por país, 2018 (%)

Hay varios factores que explican esta percepción sobre las Fuerzas Armadas y la primera es su buen hacer. En muchas regiones son la única representación estatal y proporcionan servicios de todo tipo a la ciudadanía. Su labor en materia de asistencia social, obras públicas y auxilio ante desastres naturales se realiza con extraordinaria voluntad y tenacidad, aunque no cuenten con los medios más adecuados, y explica en buena medida el apoyo y la confianza ganados, pero sin duda también contribuye a la baja percepción de corrupción existente respecto a éstas.

Mas allá del buen hacer de las Fuerzas Armadas, que se encuentra fuera de toda duda, es preciso preguntarse si pese a todo no habrá casos de corrupción. Los datos dejan claro que la percepción ciudadana así lo considera, pero ¿hasta qué punto es una realidad? Es difícil suponer que no exista corrupción, porque existe en todas las sociedades e instituciones del planeta. La diferencia radica en los niveles existentes, que pueden ser desde muy reducidos a muy altos. En América Latina los índices son muy altos según Transparencia Internacional y se mantienen así año tras año. Los motivos que explican estos niveles en la región no dependen de la buena o mala naturaleza de las personas, ya que nada explica que los latinoamericanos sean más corruptos por naturaleza o que sean menos éticos o menos íntegros que el resto de los habitantes del mundo. Ni por el mismo motivo es posible suponer que todas las personas buenas e íntegras se concentran en las Fuerzas Armadas. En realidad, los niveles de corrupción en el mundo entero dependen de la existencia de adecuados mecanismos preventivos de anticorrupción y de su sistemática aplicación, así como de la cultura de legalidad existente.

En relación a las Fuerzas Armadas, la impresión es que la corrupción ha disminuido en los últimos años, salvo excepciones, como en Venezuela. En este caso, la politización extrema de esta fuerza habría favorecido unos altos niveles de corrupción entre los militares. En el resto de la región ciertamente existen mecanismos de fiscalización interna que han avanzado en el control de la corrupción, pero en este tipo de controles hay ciertas limitaciones ya que el órgano fiscalizador o inspectoría es juez y parte. En la actualidad hay muchos países donde el órgano constitucional que fiscaliza al resto de las instituciones del Estado, como las contralorías, también han comenzado a revisar las cuentas de las instituciones militares. Con todo, aún hay espacios importantes por controlar y por fomentar la cultura de legalidad.

Los esfuerzos gubernamentales son innegables y también la voluntad institucional de las Fuerzas Armadas. El caso peruano es una buena muestra. En diciembre de 2018 se publicó un Plan de Integridad y Lucha contra la corrupción en el sector defensa en el cual se han identificado, mediante completo diagnóstico, los riesgos existentes de corrupción en el Ministerio y en las Fuerzas Armadas, y se formulan acciones para prevenir dichos riesgos. El documento maneja múltiples indicadores para hacer un completo y riguroso diagnóstico, aunque no contempla uno de los aspectos que han favorecido el hermetismo histórico de las Fuerzas Armadas y la falta de transparencia, la información y las iniciativas reservadas o secretas, que no ha favorecido la transparencia.

Las particularidades institucionales de las Fuerzas Armadas: ¿las inmunizan contra la corrupción?

De acuerdo con los datos aportados, habría que pensar en las causas que hacen aparentemente inmunes a las instituciones armadas del riesgo de contaminación de esta lacra. La indagación se hace más necesaria ante la implicación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.

Si se asume que las Fuerzas Armadas están integradas por seres humanos, iguales al resto, no es posible explicar la inexistencia de corrupción por la naturaleza de sus integrantes. Aunque una parte importante de la identidad militar y de los valores vocacionales de muchas Fuerzas Armadas se basan en destacar la superioridad moral y ética de sus miembros frente al resto de la sociedad, lo cierto es que los valores morales por sí mismos sin duda contribuyen a, pero no garantizan, la inmunidad ante la corrupción. Si, pese a estos valores, existen márgenes de poder discrecional y falta de medidas de control y rendición de cuentas, la “tentación” siempre puede vencer, máxime si, como en todo colectivo humano, no todos sus miembros tienen los mismos niveles de exigencia éticos y morales.

La disciplina y la estructura jerárquica militar también podrían pensarse como un medio de disuasión ante la corrupción. Sin embargo, pese a las ventajas que proporcionan ambas características para el buen funcionamiento de la institución en relación con otras, no necesariamente inmunizan a los militares de la corrupción. De hecho, mal empleados pueden facilitar la corrupción mediante el abuso de autoridad en una estructura jerarquizada y disciplinada sin los mecanismos adecuados de control. Otro aspecto que tampoco ayuda a evitar la corrupción son los bajos salarios que perciben las Fuerzas Armadas, en general, en la región salvo algunos casos excepcionales.

El hermetismo es otra de las características de las instituciones militares, favorecido, en buena parte, por la necesaria prerrogativa de poder clasificar como secreta o reservada información e iniciativas por motivos de seguridad nacional. Nuevamente, este principio, si es mal empleado, puede otorgar márgenes de impunidad ya que, por su naturaleza, no se precisa rendir cuentas. Es, por tanto, un espacio que de no regularse puede favorecer la corrupción e impedir la transparencia. Por este motivo, los principios de Lima de 2000 y los de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional y Acceso a la Información de 1996 establecen que el secreto o la información reservada ha de estar regulada por una ley con el mayor detalle posible y que ésta debe ser de conocimiento público. E incluso, los principios de Lima contemplan la necesidad de justificar los motivos por los cuales la información que se pretende clasificar como reservada afectan a la seguridad nacional.

Conclusiones

Con todo, no se pretende afirmar que las singularidades organizativas de las Fuerzas Armadas favorezcan la corrupción, sino que, en caso de darse, no favorecen la transparencia y el control. Esta falta de transparencia es la que explica que se desconozca en qué medida la corrupción está afectando a las Fuerzas Armadas por proximidad al crimen organizado, aun cuando sea para combatirlo. La posibilidad no debe ser descartada cuando el crimen organizado ha sido capaz de corromper a todo tipo de autoridades, a todos los niveles y en todos los ámbitos. Como se ha comentado, no parece que haya nada que inmunice más a las Fuerzas Armadas que a otra institución, a pesar de las particularidades que presentan en relación a otras. La efectividad del control de la corrupción se logra con mecanismos legales anticorrupción y con su aplicación sin excepciones. Sin duda, ha habido un avance en este sentido en el seno de la mayoría de las Fuerzas Armadas de la región, pero no parece que sea suficiente. Quedan importantes aspectos que regular, como el mayor control externo y la regulación de la información secreta o reservada, entre otros aspectos.

Las repercusiones fatales, en múltiples sentidos, de la corrupción son bien sabidas. Uno de sus efectos es la erosión de la credibilidad institucional ante los ciudadanos y, en consecuencia, de la gobernabilidad, ya que supone una violación de principios legales y éticos fundamentales por aquellos que han de aplicar la ley. El perjuicio a nivel de desarrollo también es evidente. Sin embargo, no se insiste suficientemente en los perjuicios en términos de eficiencia y eficacia las instituciones y sus representantes por el mismo motivo. En el caso de la seguridad, la corrupción proporciona inseguridad, ya que mediante la corrupción el crimen organizado acaba logrando la complicidad de las instituciones que deben combatirlo.

Por todo ello, la propuesta inicial se confirma después de la reflexión realizada. Parece imprescindible incorporar o reforzar, según los casos, la implantación de mecanismos de prevención de la corrupción en las Fuerzas Armadas por dos motivos. En primer lugar, porque la corrupción es la antítesis de la transparencia y esta es una exigencia dentro del marco democrático. En el caso de las Fuerzas Armadas este particular se corresponde también como una exigencia de las relaciones civiles-militares. En segundo lugar, es una condición sine qua non para que las fuerzas de seguridad, incluidas las militares, puedan proporcionar seguridad de manera eficiente y eficaz. Las Fuerzas Armadas han de ser incluidas puesto que sus cometidos son más próximos a los policiales y, por tanto, también es mayor su contacto con criminales y delincuentes. Debido a ello es preciso tener en cuenta que en la misma proporción que aumenta este contacto, también lo hace el riesgo de corrupción. Ciertamente, el riesgo siempre existe, pero las Fuerzas Armadas, de acuerdo a su misión principal, están acuarteladas y únicamente se despliegan para enfrentarse a otro ejército enemigo, de ahí que los riesgos de corrupción serían menores. Sin embargo, en la actualidad, aunque ésta siga siendo en toda la región su principal misión constitucional, también están desempeñando otras –asimismo constitucionales– que, aunque secundarias, en realidad ocupan la mayor parte de su esfuerzo, entre ellas el combate al crimen organizado. En consecuencia, para preparar a las Fuerzas Armadas en el desempeño de estas tareas es necesario contemplar cuestiones que vayan más allá de las estrictamente técnicas, como doctrina, educación, adiestramiento y equipación. En el nuevo contexto de inseguridad y de acuerdo con las misiones asumidas es imprescindible contemplar otros componentes, como la creación y aplicación de mecanismos anticorrupción.

Conviene volver a insistir que no se trata de considerar a las Fuerzas Armadas como instituciones corruptas, ni que sus particularidades organizativas favorezcan este problema. Muy al contrario, la jerarquía y la disciplina han sido elementos trascendentales para fortalecer su configuración institucional y proporcionar eficiencia y eficacia en su funcionamiento. Pero tampoco debe suponerse que están dotadas de una particular inmunidad ante este problema. La “inmunidad” sólo se garantiza con mecanismos de prevención bien diseñados y con una aplicación implacable y sin excepciones. El reto no es sencillo y exige incluso un cambio en la misma cultura institucional, pues la transparencia ha sido eclipsada por el hermetismo empleado en aras de la seguridad nacional. Sin embargo, precisamente ahora, en aras también de la seguridad nacional es más importante que nunca la transparencia. Por este motivo, la propuesta de este análisis es incorporar esta variable en los aspectos que han de contemplarse en los procesos de transformación abiertos en toda la región.

Sonia Alda Mejías
Investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales, Real Instituto Elcano | @soniaaldamejias

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<![CDATA[ Elecciones en América Latina (2019): Panamá, del cambio en la continuidad a la continuidad en el cambio ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari44-2019-malamud-nunez-elecciones-america-latina-2019-panama-del-cambio-en-continuidad-a-continuidad-en-cambio 2019-04-30T02:34:17Z

El país acude a las urnas en medio de una alta desafección ciudadana hacia partidos y políticos, una campaña centrada en el mal funcionamiento de las administraciones públicas, en la inseguridad y en la corrupción y, sobre todo, en la desaceleración económica y sus consecuencias sociales.

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Tema

En mayo próximo se celebrarán unas elecciones inscritas en el intenso ciclo electoral 2017/2019. Estos comicios presidenciales tienen rasgos exclusivamente panameños (el tradicional favoritismo opositor) junto a otros similares al resto de la región. El país acude a las urnas en medio de una alta desafección ciudadana hacia partidos y políticos, una campaña centrada en el mal funcionamiento de las administraciones públicas, en la inseguridad y en la corrupción y, sobre todo, en la desaceleración económica y sus consecuencias sociales.

Resumen

En 2019 Panamá cumple 30 años desde el regreso de la democracia y lo hace acudiendo a votar un nuevo presidente para el quinquenio 2019-2024. El próximo 5 de mayo 2,7 millones de votantes están llamados a elegir al presidente y vicepresidente, así como a los 71 diputados de la Asamblea Nacional, 20 del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 81 alcaldes. Siete candidatos aspiran a la presidencia, cuatro vinculados a partidos o coaliciones y tres de libre postulación (independientes). Panamá vuelve a caracterizarse electoralmente por la tendencia al cambio dentro de la continuidad. Cambio porque parte como favorito el opositor Laurentino Cortizo y continuidad debido a que en este país la victoria de los opositores es una constante histórica: el oficialismo no ha ganado nunca unas elecciones presidenciales desde 1989. Cortizo lleva una amplia ventaja en la mayoría de las encuestas, en una campaña que ha girado en torno a problemas como la corrupción, las consecuencias sociales de la desaceleración económica, la inseguridad o la desafección ciudadana. Los siete candidatos buscan atraer a un electorado que muestra deseos de cambio y renovación y demanda una administración pública capaz de diseñar políticas públicas más eficaces y transparentes.

Análisis

Introducción: características generales e históricas del sistema político-partidista panameño

La historia de Panamá, el país más joven de América Latina (nació como Estado en 1903 tras separarse de Colombia), puede dividirse en tres grandes etapas: el período liberal que evolucionó desde un sistema elitista a uno con mayor grado de participación ciudadana (1903-1968); la etapa del régimen autoritario (1968-1989); y el actual período democrático. Después de unos comienzos convulsos e inestables (1903-1931), en los que sobresalió la larga presidencia de Belisario Porras Barahona (1912-1924), desde los años 40 y hasta 1968 el país se dividió en partidarios y detractores de Arnulfo Arias. Arias alcanzó tres veces la presidencia de la República, aunque nunca concluyó ningún mandato. Así fue el inicio del arnulfismo, del cual el actual Partido Panameñista, PPa, es heredero.

El PPa es una de las dos fuerzas-movimientos que han articulado la vida política panameña. Entre 1968 y 1989 la hegemonía arnulfista fue desplazada por el torrijismo, primero liderado por el carismático general Omar Torrijos y luego controlado por el también general Manuel Antonio Noriega hasta que la intervención estadounidense de 1989 acabó con el régimen autoritario, dando paso al actual período democrático. El torrijismo (nacionalista, populista y caudillista como el arnulfismo, pero en su caso escorado a la izquierda) engendró en 1979 el otro gran movimiento: el Partido Revolucionario Democrático (PRD), utilizado por Noriega para dar cobertura política a la dictadura.

Desde las elecciones de 1989, una vez restaurada la democracia, el arnulfismo (PPa) y el torrijismo (PRD) fueron las fuerzas predominantes en un sistema político-partidista que posee dos características sobresalientes. La primera particularidad de la política panameña es su sistema de alianzas presidenciales, que ha provocado que desde 1989 ningún partido haya llegado en solitario al poder. Las grandes fuerzas predominantes (PPa, PRD y desde 2009 el emergente Cambio Democrático –CD–) siempre han necesitado de coaliciones con otros partidos más pequeños y minoritarios que les apoyaran y completaran para vencer en las elecciones.

La segunda es la falta de continuidad. Los diferentes oficialismos nunca han revalidado la confianza del electorado, que siempre fueron superados por la oposición en las elecciones presidenciales. Esta volatilidad también escondía una continuidad: torrijismo y arnulfismo se alternaron en el poder desde 1989. Sin embargo, la histórica alternancia PPa-PRD se rompió en 2009 cuando Ricardo Martinelli, del hasta entonces minoritario CD (derecha), ganó las elecciones, aunque aliado al panameñismo arnulfista. Se produjo entonces el mayor cambio de dinámica política desde el regreso de la democracia. Por primera vez no triunfó una alianza encabezada por el PPa o el PRD. En 2014 el arnulfismo recuperó la presidencia tras una traumática ruptura con Martinelli.

Figura 1. Presidentes de Panamá desde 1984

Presidente Partido que encabezaba la coalición ganadora
Guillermo Endara (1989-1984) PDC coaligado con parte del arnulfismo.
La Alianza Democrática de Oposición Civilista (ADOC) reunía al Partido Liberal Auténtico (PLA) de Arnulfo Escalona Ríos, el PDC de Ricardo Arias Calderón y MOLIRENA de Guillermo Ford Boyd, los disidentes legitimistas del PPa y el pequeño Partido de Acción Popular (PAPA).
Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) PRD.
Mireya Moscoso (1999-2004) Partido Arnulfista (este partido en 2005 volvió a llamarse Partido Panameñista, PPa, como en los tiempos de Arnulfo Arias).
Martín Torrijos (2004-2009) PRD.
Ricardo Martinelli (2009-2014) CD en coalición con el PPa (antiguo Arnulfista).
Juan Carlos Varela (2014-2019) PPa.

Fuente: elaboración propia.

El sistema político-partidista panameño sigue caracterizándose tanto por la continuidad como por el cambio: la continuidad de los viejos ejes (arnulfismo y torrijismo, aunque con las siglas PPa y PRD) que, sin la presencia de los históricos liderazgos carismáticos, continúan siendo capaces de ganar elecciones; y el cambio debido a que estos dos partidos pugnan ahora no sólo entre sí sino con fuerzas emergentes con capacidad para desplazarles de su histórica posición predominante, tal y como ocurriera en 2009 con CD. Esta última fuerza, que en solitario obtuvo poco más del 5% de los votos en 2004, pasó, ya en coalición, a ganar las elecciones de 2009 y parece haberse consolidado como el principal rival del PPa (así ocurrió en 2014) o del PRD (como se prevé que suceda en 2019), transformando el histórico bipartidismo coalicional (PPa vs PRD) en un sistema que pivota en tres grandes coaliciones en torno al PRD, al PPa y, desde 2009, al CD.

Candidatos presidenciales

En estas elecciones presidenciales hay siete candidatos, la misma cifra que en 2014, una cantidad que casi dobla a los aspirantes de la mayoría de las elecciones celebradas desde 1994. Compiten el gobernante PPa, que aspira a la reelección con José Blandón de candidato. Enfrente tiene a los opositores Laurentino Cortizo (PRD), Rómulo Roux (CD) y Saúl Méndez (Frente Amplio por la Democracia –FAD–, izquierda), y a los independientes Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Marco Ameglio.

En Panamá no hay segunda vuelta y el candidato más votado se convierte en presidente electo con el único requisito de tener un voto más que el segundo. Aquellos con mayores opciones de triunfar se mueven en el centro político (centroderecha o centroizquierda) y las posibles alternativas anti-establishment, antisistema o con acusados rasgos populistas parten inicialmente con escasas opciones de victoria. Lo novedoso en esta ocasión es que el voto a candidatos independientes, tanto para la presidencia como para el legislativo, puede ser mucho mayor que en citas anteriores. De hecho, otra característica actual es la sobreabundancia de candidatos independientes no sólo para presidente sino también para la Asamblea Nacional, lo que evidencia el desgaste de los partidos ante la ciudadanía.

Tras dos derrotas consecutivas (2009 y 2014), el torrijista PRD intentará llegar al Palacio de las Garzas con Laurentino (“Nito”) Cortizo, de 66 años. Desde antes del arranque de la campaña lideraba las encuestas, como la de StratMark Consultores (elaborada para La Estrella de Panamá) que en diciembre le otorgaba un 44,5% de intención de voto. Esta ventaja ha ido creciendo: en febrero 48,5% y en marzo 52,3%. Si bien en abril experimentó una ligera disminución, 49,9%, la diferencia con sus rivales continuaba siendo significativa: casi doblaba a Roux (25,4%) y quintuplicaba a Lombana y Blandón.

Figura 2. Resultados de la encuesta elecciones presidenciales, abril de 2019
Figura 2. Resultados de la encuesta elecciones presidenciales, abril de 2019. Fuente: La Estrella de Panamá.

Otros sondeos han dado resultados similares: Gallup le otorga a Cortizo un 51% y GAD3, para el diario La Prensa, le sitúa con una intención de voto del 27,9%, 11 puntos más que Roux (16,9%). La principal variación en este sondeo es que en tercer lugar, con el 15,3%, figura el independiente Ricardo Lombana, quien ha centrado su campaña en atacar a la “vieja política” y la corrupción. Alguna otra encuesta, como la de Doxa, apunta a un resultado más estrecho (Cortizo, 35% y Roux, 29%) pero con ventaja para el perredista.

Cortizo, empresario ganadero, diputado de la Asamblea Nacional entre 1994 y 2004 y ex ministro de Desarrollo Agropecuario entre 2004 y 2006, lidera la alianza “Uniendo Fuerzas”, integrada por el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA), partido que ya estuvo en las coaliciones ganadoras de 1989 y 1999 apoyando unas veces al PPa, otras al PRD y en 2009 a CD. Las promesas de Cortizo van dirigidas a intentar responder a los principales problemas del electorado: la reactivación de la economía y el combate a la pobreza (que ronda el 20%) y a la desigualdad (Panamá es el 10º país más desigual del mundo según el Banco Mundial). Además, levanta la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción en un país sensibilizado con este tema tras los escándalos que rodearon el gobierno del ex presidente Martinelli (2009-2014).

El segundo candidato en intención de voto es Rómulo Roux, de 54 años, que fue canciller de Martinelli. Encabeza la coalición “Un cambio para despertar” junto al Partido Alianza. Como Cortizo, centra su discurso en reactivar la economía, aunque su oferta más llamativa es generar 400.000 empleos. Ex canciller de Martinelli entre agosto de 2012 y febrero de 2013, lleva como vicepresidente a un conocido periodista audiovisual, Luis Casis, una estrategia para captar votos aprovechando la popularidad de un reportero dedicado a la denuncia y a los temas sociales. Este periodista es conocido por haber ayudado en los últimos tres años a que 103 niños panameños, enfermos y sin recursos, hayan podido ser intervenidos en hospitales de Madrid, Barcelona, Bogotá y Boston. Roux se ha consolidado en segundo lugar, aunque lejos de Cortizo, en la mayoría de los sondeos. En diciembre tenía el 22,2% de intención de voto, subió al 23,9% en febrero y al 25,4% en abril, aunque su progresión parece insuficiente para ganar la elección.

José Blandón, de 51 años, es el candidato del oficialista PPa. Alcalde del distrito de Panamá desde 2014, lidera la Alianza Panamá Podemos conformada por el panameñismo y el democratacristiano Partido Popular. Ha tratado, infructuosamente, de alejarse de la desgastada imagen de su compañero de partido y actual mandatario, Juan Carlos Varela, para no verse arrastrado por la baja popularidad presidencial: la encuesta Gallup de febrero señaló que un 75% desaprueba su gestión y que tan sólo un 20% lo aprueba.

Blandón ha ido perdiendo fuerza en las encuestas y disminuyendo su intención de voto hasta llegar a ser superado por el independiente Ricardo Lombana, el candidato revelación del tramo final de campaña. Éste ha pasado de un 0,8% de intención de voto a comienzos de año al 9,9% en abril. Su mensaje contra la “política tradicional”, los partidos y los políticos (propone reducir el número de diputados, prohibirles el uso de fondos públicos e impedir la reelección) ha canalizado el voto de protesta. El mismo señala que la clave de su progresión en las encuestas reside en que es “percibido como el candidato antisistema y ese es el secreto de nuestro ascenso. Hay un hastío ciudadano frente al sistema partidista, frente a la corrupción, frente a todas esas cosas que por 30 años han causado tanto daño al país”. Impulsa una nueva Constitución que “rompa los puentes” de la impunidad y la corrupción, que considera “el principal problema del país… si no arreglamos el problema de la corrupción vamos a seguir dando vueltas en lo mismo”. De perfil “progresista” (defiende el matrimonio homosexual), este abogado, periodista y ex cónsul en Washington durante el gobierno de Martín Torrijos es el candidato más joven (45 años) y lidera el movimiento “Otro Camino Panamá”. A estos cuatro candidatos se unen Saúl Méndez, del izquierdista FAD, y los independientes Ana Matilde Gómez –ex procuradora general de la Nación– y Marco Ameglio –antiguo diputado panameñista–, ninguno de los cuales alcanza el 5%.

En Panamá también habrá comicios legislativos. Como en el resto de América latina, se asiste a una continua y creciente fragmentación del sistema de partidos, dando lugar a legislativos divididos y sin mayorías claras. Todo indica que la coalición vencedora, cualquiera que sea, no tendrá mayoría en un parlamento de 71 diputados, como ocurrió con Varela entre 2014 y 2019. El PRD será nuevamente la primera minoría, un partido que ha sido, ocupara o no la presidencia, la fuerza con mayor representación parlamentaria, aunque de forma decreciente tras pasar de los 41 escaños de 2004 a los actuales 25. En 2009, pese a que la coalición que arropaba a CD tenía mayoría absoluta (37 de 71 escaños), el PRD era el partido con la mayor bancada: 22 diputados.

El 5 de mayo culminará una campaña marcada por las nuevas reglas electorales aprobadas por la Asamblea Nacional en abril de 2017, que buscan mayor transparencia y menos clientelismo en el proceso electoral. Por primera vez establece un tope en los gastos de campaña –10 millones de dólares (US$) los candidatos presidenciales y 300.000 para los diputados– y obliga a publicar la lista de donantes 15 días después de las elecciones. Hasta ahora no existía la veda electoral, lo que hacía que las campañas se alargaran en el tiempo. En esta ocasión, la campaña dura dos meses, del 4 de marzo al 2 de mayo, convirtiéndose en la más corta de la democracia.

Finalmente, las iglesias evangélicas no han tenido en estas elecciones panameñas un papel central como en Costa Rica en 2018 o en las elecciones mexicanas. En Panamá en torno a un quinto de la población es evangélica, pero, a diferencia de Costa Rica, no han presentado un candidato presidencial. De todas formas, las fuerzas políticas panameñas han coqueteado con las iglesias neopentecostales. Blandón lleva como vicepresidenciable a Nilda Quijano, quien cumple una triple condición que la convierte en una apuesta atractiva: mujer, negra y evangélica. El reverendo Manuel Ruiz, de la iglesia “El Tabernáculo de la fe”, ha hecho púbico su respaldo a Cortizo, mientras que “Un Cambio para Despertar”, que integran CD y el partido Alianza, acude coaligada con Acción Democrática Nacional, que dirige el pastor Rolando Hernández, activista contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los principales temas de la campaña

Las propuestas de los candidatos no se han salido demasiado de las principales preocupaciones de los panameños. Las últimas encuestas, como la de Gallup Panamá, revelan que éstas se centran en temas de carácter económico-social (desempleo, falta de oportunidades, bajos salarios, aumento de precios y pobreza/desigualdad) y los referidos al mal funcionamiento de los servicios públicos (inseguridad, corrupción, insuficientes servicios de salud, educación, falta de agua potable y alcantarillado). Son problemas estructurales que arrastra Panamá históricamente, algunos de los cuales se han visto agravados por la actual desaceleración económica. La encuesta de abril de StartMark señala a la corrupción como el principal problema (30,7%), seguido por el desempleo (17,1%). En tercer lugar aparece el coste de la vida (11,3%), seguido de los bajos salarios y la mala calidad de la educación, la pobreza y –con el 3,3%– los servicios de salud.

Sobre los próximos comicios planean estos temas que, de una forma u otra, han condicionado la evolución del gobierno de Varela (2014-2019). Y si bien éste no ha evitado la desaceleración económica y el deterioro de los niveles de vida (desempleo), deja como herencia positiva una menor polarización y tensión en comparación con lo ocurrido en la anterior administración de Martinelli. Su gestión ha estado marcada no tanto por medidas económicas o sociales sino por importantes decisiones, en especial en política exterior: en 2017 su gobierno reconoció a la República Popular China, el segundo usuario más importante del Canal de Panamá tras EEUU, y rompió los históricos vínculos con Taiwán. Este giro culminó en 2018 cuando Panamá se ha convertido además en el primer país latinoamericano en integrarse en la iniciativa china conocida como Franja y Ruta.

La presencia china ha estado muy presente en la campaña por los resquemores que provoca entre una parte del sector de la empresa privada, que critica los acuerdos firmados por Varela, al considerarlos apresurados. Uno de los temas más debatidos ha sido el del tren que China quiere construir entre la capital panameña y la frontera con Costa Rica, que podría expandirse al resto de América Central. Se trata de un proyecto que despierta suspicacias y elogios al mismo tiempo. Es percibido como una obra con la que el gigante asiático busca aumentar su influencia en la región, mientras otros consideran que fomentará el desarrollo y el comercio con el interior panameño y ayudará a la integración regional. Cortizo ha manifestado su deseo de revisar el proyecto de construcción del Tren Panamá-David debido a su coste excesivo.

Con esta herencia, la campaña electoral ha girado principalmente en torno a tres grandes apartados. En primer lugar, los problemas económicos (desaceleración, percepción del incremento del coste de la vida –pese a que la inflación ronda el 1%– y crisis del sector agrícola); segundo, los de carácter social (educación, inseguridad, informalidad y déficit de acceso a servicios públicos); y, finalmente, los relacionados con las propuestas de tipo político-institucional (la polémica en torno a si es o no necesario convocar una Asamblea Constituyente y cuál sería su naturaleza). En esta línea, al presentar su programa de gobierno, Cortizo destacó que estaba basado en “cuatro pilares, una estrella y 125 propuestas” coincidentes con las preocupaciones señaladas: “Los pilares del buen gobierno, ley y orden, economía competitiva que genere empleos y combate a la pobreza y la desigualdad; y una estrella, la educación”.

La ralentización económica (Panamá ha pasado de crecer al comienzo de esta década por encima del 11% a menos del 4% actual) es el tema que más preocupa a la ciudadanía. Explica el continuo incremento del desempleo, que impacta a la baja en el consumo de la población, acentuando la desaceleración económica. Panamá, que según el FMI crecerá en torno al 5,4% en 2019, ha sido en los últimos años el país de mayor expansión no sólo de Centroamérica sino de toda la región (junto a República Dominicana y Paraguay), con una economía basada en los ingresos del Canal, la construcción y la inversión extranjera.

El ciclo de desaceleración comenzó hace más de un lustro y ha tocado fondo en 2018, cuando el PIB creció sólo un 3,7%. El índice de desocupación laboral se ha convertido en el más alto de los últimos siete años (en agosto de 2012 la tasa de desempleo era del 4,1% y a partir de 2014 comenzó a incrementarse hasta llegar al 7% actual). Panamá no ha sido una excepción en América Latina y en los últimos quinquenios los diferentes gobiernos no han abordado las reformas necesarias para superar la ralentización y remediar los problemas estructurales en los terrenos político (el mal funcionamiento del sistema judicial), social (el retraso educativo o de acceso al agua) y económico (la ralentización, la crisis del agro y los problemas que arrastra la politizada e ineficiente Caja de Seguro Social).

La preocupación por el menor crecimiento y el desempleo subyacen en las promesas de los principales candidatos. Cortizo ha utilizado como reclamo para atraer el voto su oferta de reactivar la economía. Se ha comprometido a generar nuevos empleos poniendo en circulación más de 1.000 millones de dólares para pagar las facturas no abonadas por la administración a los proveedores del Estado. En esa misma línea, Roux promete crear 400.000 puestos de trabajo.

En 2019 la situación económica (estancamiento, elevado coste de la vida y desempleo) desplazó como principal preocupación a la inseguridad, que encabezaba la lista en la última década. Y si bien el actual gobierno ha reducido la tasa de homicidios de 17 por cada 100.000 habitantes a 10, la percepción de inseguridad, aunque muy inferior a los parámetros regionales, continúa elevada: el 82% percibe al país como no seguro.

Junto a la situación económica y la inseguridad, la corrupción ha sido el otro gran tema del debate electoral. En primer lugar, es un problema estructural de la sociedad panameña. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, Panamá ocupa la posición 93 de 180 naciones evaluadas. Además, la corrupción ha estado muy presente en la campaña pues esta se ha desarrollado en pleno juicio a Martinelli, el primer expresidente en la historia nacional en sentarse en el banquillo. Se enfrenta a una pena de 21 años de cárcel por peculado y espionaje político. Martinelli está acusado de crear una red de espionaje con dinero público que interceptó las comunicaciones a decenas de políticos, activistas sociales, empresarios y periodistas durante su mandato. Martinelli ha estado muy presente en la campaña porque, a pesar de encontrarse preso, optaba al segundo cargo de elección popular más importante del país: alcalde de la Ciudad de Panamá, así como a un escaño en la Asamblea Nacional. Pero a ocho días de las elecciones el Tribunal Electoral anuló esas candidaturas. Tras conocerse esta decisión, Martinelli insistió, desde la cárcel, en el voto para los candidatos de su partido.

También hay otros temas en discusión. La oposición de parte de la opinión pública a la reelección de diputados y autoridades locales explica la campaña cívica “#NoALaReelección”, sobre todo en las redes sociales. Asimismo, existe una fuerte corriente que busca impulsar reformas constitucionales profundas para renovar la institucionalidad, aunque todavía no hay consenso sobre el método a seguir para alcanzar estos cambios: una Constituyente Paralela prevista en la Carta Magna y que no altera los mandatos de las autoridades electas el 5 de mayo, o una Asamblea Constituyente originaria no contemplada en las leyes.

Conclusiones

Las elecciones de Panamá, más allá de sus propias peculiaridades, se mueven dentro de parámetros latinoamericanos. Todo indica que el electorado, como lleva haciéndolo desde 1989, optará por castigar al oficialismo, como ocurrió este año en El Salvador y en 2018 en México, Brasil y Colombia. En medio de una creciente desafección hacia los políticos y los partidos, debería ser la principal y tradicional fuerza de la oposición –el PRD– quien canalice este voto del enojo y no una figura periférica a los grandes partidos como en los casos salvadoreño o brasileño.

De confirmarse la victoria de Cortizo (y su magnitud), se produciría un nuevo triunfo electoral de características plebiscitarias. El ex ministro de Martín Torrijos superaría en más de 20 puntos a su máximo competidor. Este resultado recuerda a México en 2018 (López Obrador aventajó en más de 30 puntos al segundo) y a El Salvador, donde Nayib Bukele superó en casi 22 a su principal rival.

A contracorriente de la tendencia regional, de vencer Cortizo, triunfaría un partido situado en el centroizquierda por más que el PRD haya ido abandonando sus primigenias raíces más radicales. Este resultado no sintonizaría con el supuesto “giro a la derecha” en América Latina. Un giro que no se ha producido ni en Costa Rica, ni en México con López Obrador o en El Salvador, donde el partido GANA que respaldó a Bukele está en el centroderecha, si bien el candidato proviene de la izquierda, del FMLN.

El próximo presidente panameño posiblemente deberá convivir con un legislativo fragmentado y sin sólidas mayorías, siguiendo la tendencia predominante a escala regional (Brasil y Colombia) aunque con la notable excepción de México. Esta fragmentación y polarización entre las diferentes fuerzas políticas son los principales obstáculos para que cualquier administración pueda acometer, con perspectivas de éxito y suficiente respaldo, los principales retos de país: la desaceleración económica, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la crisis del sector agrario, la subida del nivel de vida y los deficientes servicios públicos (salud, educación y seguridad).

El nuevo gobierno, además, puede tener escasos incentivos para aplicar reformas estructurales, al menos a corto plazo: primero por la dificultad de encontrar apoyos en el legislativo y segundo porque el viento económico va a soplar de cola: el Banco Mundial proyecta que Panamá será en 2019 el segundo país de mayor crecimiento en toda la región, incluyendo Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe, con un pronóstico del 6% del PIB.

Carlos Malamud
Investigador principal, Real instituto Elcano | @CarlosMalamud

Rogelio Núñez
Profesor colaborador del IELAT, Universidad de Alcalá de Henares | @RNCASTELLANO

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<![CDATA[ México, tan lejos de Cortés y tan cerca de España ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-malamud-nunez-mexico-tan-lejos-de-cortes-y-tan-cerca-de-espana 2019-04-17T06:35:22Z

La solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de que España pida perdón por la conquista del Imperio mexica (1519-21) desató un huracán de declaraciones y algunas agrias polémicas.

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La solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de que España pida perdón por la conquista del Imperio mexica (1519-21) desató un huracán de declaraciones y algunas agrias polémicas. A simple vista, esto parecía confirmar las afirmaciones del mandatario mexicano sobre una necesaria reconciliación histórica entre ambos países debido a que el vínculo está roto o deteriorado.

Nada más lejos de la realidad. Las relaciones entre México y España son las de mayor profundidad e intensidad en el contexto iberoamericano. Ningún otro país de América Latina mantiene lazos tan fuertes con España como México y la importancia del vínculo no se circunscribe únicamente a lo intergubernamental y ni siquiera a la vertiente material, proyectándose con fuerza extraordinaria en lo simbólico y en otras muchas áreas de la realidad.

“Gracias a estos lazos, de profundas raíces históricas, las relaciones hispano-mexicanas pueden calificarse de excelentes, aunque obviamente hay un amplio margen de mejora”.

Estas relaciones intensas, con sus luces y sus sombras, tienen un fuerte componente histórico. Significativamente, durante la etapa virreinal el territorio mayoritario del país que hoy se conoce como México fue llamado Nueva España. Durante los 300 años de vida efectiva del virreinato se sentaron las bases de la actual identidad mexicana, esencialmente mestiza. Tras su independencia y pese a la ruptura afectiva con todo lo español, el vínculo mantuvo su intensidad, a tal punto que durante el porfiriato (1877-1911) la colonia española tuvo un papel protagónico. Posteriormente sobrevivió a coyunturas complejas, como la Revolución Mexicana o la interrupción de relaciones diplomáticas –pero no económicas, comerciales ni culturales– durante el franquismo.

Gracias a estos lazos, de profundas raíces históricas, las relaciones hispano-mexicanas pueden calificarse de excelentes, aunque obviamente hay un amplio margen de mejora. Desde el restablecimiento de relaciones en 1977 y, sobre todo desde los años 90, el vínculo vive en un estado de reinvención permanente en prácticamente todos los ámbitos: en lo político, pero también en lo geopolítico, lo económico (véase las inversiones en ambas direcciones), en lo cultural, académico, científico, tecnológico o deportivo.

Pese a ello, este estrecho vínculo convive con molestos “ruidos de fondo” que han persistido a lo largo del tiempo como un runrún constante y que, en ocasiones como la actual, alcanzan mayores decibelios. En sí mismo este ruido es incapaz de torcer el rumbo de una relación que se ha llegado a catalogar como “familiar o fraternal”. Pese a ello se pueden crear algunas distorsiones. Esto ocurrió con la demanda de López Obrador de perdón a España por los crímenes cometidos por Hernán Cortés y todos los españoles (y europeos) que participaron en el proceso de conquista y ocupación del actual territorio mexicano, creyendo que así se lograría la anhelada reconciliación entre ambos pueblos.

México-España, una relación excelente

Tal como ha planteado López Obrador, parecería que entre ambos países y sociedades existe un foso que impide una relación fluida y normalizada, cuando la realidad es muy diferente. No sólo en lo relativo a la relación bilateral sino también en prácticamente todos los órdenes de la vida cotidiana. En el Informe Elcano 21, dedicado a las “Relaciones España-México” se señalaba que “la relación es de una profundidad, extensión e intensidad difícilmente definible y a la vez difícilmente repetible. Resulta difícil encontrar cualquier otra que tenga características similares, no sólo por la naturaleza de los contactos personales, familiares y sociales, sino también por el grado de compenetración y de similitud de aproximación a los problemas. Esto nos lleva a definir la relación como especial o inclusive familiar”.

“En todos esos ámbitos se asiste a una relación muy dinámica, mantenida en el tiempo e incluso acrecentada. Se trata de un vínculo donde prima la simetría, mucho más que con cualquier otro socio latinoamericano”.

En todos esos ámbitos se asiste a una relación muy dinámica, mantenida en el tiempo e incluso acrecentada. Se trata de un vínculo donde prima la simetría, mucho más que con cualquier otro socio latinoamericano. Así, por ejemplo, España es el segundo inversor extranjero en México, con una activa presencia de 6.000 empresas, mayoritariamente pequeñas y medianas. De este modo se ha establecido un alto grado de interdependencia económica. La inversión extranjera directa (IED) española suma unos 50.000 millones de euros y representa cerca del 10% del total y se concentra en sectores estratégicos: financiero, telecomunicaciones, infraestructura y servicios culturales. Recientemente, España se ha convertido en el primer inversor del sector energético y el segundo en banca y finanzas. Para algunas empresas españolas, México es el trampolín para expandirse a los mercados de EEUU y Canadá.

Esta simetría se ha reforzado recientemente. Desde la crisis de 2008 ha aumentado la inversión mexicana, con un stock acumulado en la última década de cerca de 20.000 millones de euros. México ya es el sexto inversor en España. No es sólo un flujo unidireccional, ya que el protagonismo y la iniciativa están en ambos lados. México se ha convertido en una zona de “oportunidades estratégicas” para España. El mencionado informe dejaba claro que “las sinergias también actúan en la economía y permitirán, a poco que cambien algunas cosas, que ambos países que actualmente y de acuerdo al Índice Elcano de Oportunidades y Riesgos Estratégicos están ubicados en la zona de “retos estratégicos” pasen a la de “oportunidades estratégicas”, un área donde se encuentra un reducido número de países, y que en el caso de España comprende a EEUU y algunos de sus principales socios”.

Retos de futuro de una alianza entre iguales

La relación México-España es excelente, pese a lo cual es importante que siga creciendo tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Avivar el fuego de un pasado sobre el que no existen consensos sino disensos y, al menos, dos visiones encontradas de una historia común no es el mejor camino para fortalecer la relación bilateral. Intensificar el vínculo hispano-mexicano (una relación en la que no existen graves problemas en la agenda bilateral, aparte de cuestiones más o menos irritantes como la planteada por López Obrador) pasa, en primer lugar, por dar un salto cualitativo en el vínculo. España, más que pedir perdón por lo ocurrido hace 500 años, debe reconocer al México actual como un aliado de igual estatus; no como un país latinoamericano más, aunque ya tenga un papel relevante dentro de la Comunidad Iberoamericana, sino que debe ser tratado y tenido en cuenta como la primera potencia de habla hispana que es.

“La relación México-España es excelente, pese a lo cual es importante que siga creciendo tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo”.

Hacia el futuro el reto es trabajar intensamente por reforzar la alianza bilateral desde un punto de vista cuantitativo. Hay margen para crecer impulsando algunos vínculos existentes y “aceitando” la maquinaria diplomática e institucional. Una forma de articularlo es potenciando instrumentos ya existentes, como la Comisión Bilateral, llamada a convertirse en el eje vertebrador de la “Asociación Estratégica” para dotarla de mayor contenido y continuidad. Este vínculo debería diversificarse desde un punto de vista institucional, apoyando el diálogo y la cooperación descentralizada, que trascienda la relación intergubernamental (el gobierno central español y el federal mexicano), dando un mayor protagonismo a las comunidades autónomas españolas y los estados mexicanos, así como a los ayuntamientos.

Otro espacio a recorrer conjuntamente es desarrollar alianzas geopolíticas y geoestratégicas allí donde los intereses hispano-mexicanos sean coincidentes y puedan ir de la mano. España es observador, permanente y vitalicio, en la Alianza del Pacífico. Además, los dos países en pie de igualdad comparten su preocupación respecto a América Central, impulsando programas y proyectos de cooperación triangular en materia de desarrollo. México está totalmente implicado en la estrategia de seguridad del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), donde hay una clara convergencia con la estrategia española. México es el país latinoamericano y la potencia regional con mayor interés en reactivar el proyecto iberoamericano, donde existe una buena sintonía. México y España son miembros del G-20, junto a Brasil y Argentina, existiendo la posibilidad de mejorar la coordinación entre los cuatro países.

En el terreno económico, más allá de las inversiones bidireccionales hay un amplio margen para incrementar los intercambios comerciales, dado el limitado volumen de importaciones y exportaciones. La energía es otro vector clave de la relación bilateral, junto al sector bancario, cuyo peso podría crecer en tanto descienda en México la informalidad laboral y mejoren los métodos de ahorro y crédito.

España y México están llamados a colaborar en todo lo referente a la cultura. El interés conjunto en impulsar el “poder blando” que proporciona el idioma común es prueba de ello. La cooperación cultural multilateral de los dos países se ha articulado a partir del Sistema Iberoamericano, siendo México el primer socio de España en la iberoamericanización del Instituto Cervantes. Ambos países comparten el desafío de proteger y promocionar el español en el mundo. Esta alianza tiene un amplio espacio de crecimiento. Para ello hay que diseñar nuevos instrumentos de diplomacia cultural, haciendo más eficiente los recursos destinados por ambos países a la promoción internacional del español y a la cooperación cultural y lingüística. México y España pueden impulsar el alcance y difusión de sus programas culturales. Algunas instituciones ya han abierto este camino. Es el caso de la colaboración entre la UNAM, la Universidad de Salamanca y el Instituto Cervantes en el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE).

Una polémica inoportuna y compleja

Todos estos retos para convertir estos excelentes vínculos en una alianza estratégica efectiva provocan que ruidos como el introducido por la carta de López Obrador no sean ni eficaces ni eficientes para mejorar la relación y la vida de los ciudadanos. Y más cuando ni el método elegido (una carta filtrada a medias a la prensa) ni el tono empleado sean los más adecuados para avanzar en una reivindicación de este tipo. En realidad, la carta sólo sirvió para reabrir una polémica compleja, que debe dejarse en manos de historiadores, antropólogos y otros especialistas. El congreso realizado recientemente en Extremadura sobre “Hernán Cortés en el siglo XXI” no sólo muestra claramente el rumbo a recorrer, sino también que el diálogo entre las partes es posible y respetuoso al abordar una cuestión tan compleja y contradictoria como esta.

Esta polémica deja otra herencia negativa: contribuye a despertar sentimientos nacionalistas en ambos países y visiones mitificadas y embellecidas de un pasado mucho más poliédrico del que transmiten ciertos relatos lineales, planos y en blanco y negro: unos sosteniendo que la conquista supuso una gran hecatombe y un etnocidio al desencadenar la total destrucción de las sociedades indígenas; otros, reviviendo visiones trasnochadas de la hispanidad como faro de civilización, que iluminó a pueblos anclados en el atraso y la barbarie, a los que se les concedió la racionalidad, el lenguaje y la religión verdadera. Ambas visiones olvidan que México es una sociedad mestiza (como lo es España) y que si los pueblos indígenas son parte sustancial de su identidad también lo son Hernán Cortés y sus contemporáneos. Algo que el propio López Obrador admite en su carta cuando dice que la incursión encabezada por Cortés al actual territorio de México “fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana”.

“Todos estos retos para convertir estos excelentes vínculos en una alianza estratégica efectiva provocan que ruidos como el introducido por la carta de López Obrador no sean ni eficaces ni eficientes para mejorar la relación y la vida de los ciudadanos”.

Al hilo de la petición de López Obrador, aunque no se conoce el contenido completo de su carta, que sólo se filtró parcialmente, sería necesario aclarar a quién habría que pedir perdón. Si a los actuales Estados Unidos Mexicanos, una entidad inexistente en 1519, si a los descendientes de los mexicas y su imperio, alejado del mito del “buen salvaje” y capaz de someter por la fuerza a sus vecinos, o si habría que pedir perdón a México pero también al resto de las actuales repúblicas latinoamericanas. Por otra parte, ¿qué hacer con los españoles expulsados entre 1827 y 1829, pese a sus estrechos vínculos con México? Algunas de estas cuestiones fueron abordadas en el Tratado definitivo de paz y amistad entre España y México, firmado en 1836, y que suponía el reconocimiento de la nueva república por la Corona española. Es decir, no estamos frente a una cuestión nunca tratada, sino que se trata de un tema que ha dado lugar a numerosas manifestaciones, a veces convergentes y otras contradictorias.

En este caso concreto, todo indica que la polémica es de corto recorrido y se circunscribe a 2019, cuando se conmemora el 500º aniversario de la llegada de Cortés a tierras mexicas. Posiblemente se reactive en 2021 (a los 500 años de la caída de Tenochtitlán y 200 de la independencia), pero es difícil que vaya mucho más allá. Algo similar ocurrió durante las celebraciones de los “bicentenarios de la independencia”, entre 2008 y 2012. Entonces Hugo Chávez remitió una carta a Benedicto XVI exigiendo disculpas a la Iglesia Católica por la “evangelización” y a España por la conquista, procesos que comparó con el “holocausto” y el genocidio.

Sin embargo, también habría que preguntarse si, más allá de las formas, la reivindicación mexicana respecto a la conquista es o no legítima. Es verdad que en vastos sectores de la sociedad mexicana existe una determinada versión de lo que supuso la conquista. Y si España quiere reforzar la relación con México deberá afrontar el tema de forma decidida, sin enrocarse únicamente en el aporte “civilizatorio”. Sin embargo, se trata de un camino de doble dirección, en el cual, si México quiere reforzar la relación con España, tampoco puede seguir insistiendo en una versión maniquea de la historia. Cada paso que se pueda dar conjuntamente en la dirección correcta, más allá de las estridencias de los hooligans de uno y otro lado, tendrá importantes repercusiones. Porque a pesar de circunstanciales malentendidos, o “ruidos”, la relación hispano-mexicana se basa en un sólido vínculo histórico (con sus indudables luces y sombras), pero sobre todo en un presente y, en especial, en un futuro en el que está en nuestra mano forjar una alianza aún más profunda.

Carlos Malamud
Investigador principal, Real Instituto Elcano
| @CarlosMalamud

Rogelio Núñez
Profesor colaborador del IELAT, Universidad de Alcalá de Henare
s | @RNCASTELLANO

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<![CDATA[ El reemplazo de las redes colombianas por las venezolanas en el narcotráfico fronterizo internacional ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari37-2019-viannadeazevedo-reemplazo-redes-colombianas-por-venezolanas-narcotrafico-fronterizo-internacional 2019-03-29T12:44:08Z

¿Cuál es la dinámica del narcotráfico internacional en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela? ¿Por qué ocurrió ese remplazo de redes de colombianos por redes de venezolanos? ¿Cómo se generó ese remplazo? ¿Qué características tienen las redes venezolanas?

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Tema

Desde que Hugo Chávez asumió el cargo en 1999 el gobierno de Venezuela inició una gradual y efectiva aproximación con los movimientos guerrilleros colombianos, como las FARC y el ELN. Así, desde hace dos décadas Venezuela se convirtió en un refugio-santuario y ruta más rentable y menos peligrosa para exportar la cocaína a Brasil, Europa y EEUU. Esta circunstancia favoreció decisivamente el surgimiento de redes criminales venezolanas.

Resumen

En Venezuela, tras acoger a los grupos guerrilleros desde los años de gobierno de Hugo Chávez, se inició a partir de 2005 una operación premeditada de apropiación de sus negocios por parte de representantes del Estado agrupados en el llamado “cártel de los Soles”. Las detenciones e incautaciones de droga realizadas como muestra de los esfuerzos del Estado venezolano contra esta actividad criminal ante la comunidad nacional e internacional, en realidad sirvieron para apropiarse de su mercado y sustituir a la guerrilla y a las bandas criminales colombianas en Venezuela y hacerse con el tráfico destinado tanto a EEUU como Brasil y Europa.

Venezuela no tiene una larga tradición en el crimen organizado. Hasta hace una década eran las organizaciones criminales/guerrilleras colombianas las que controlaban el tráfico de drogas en Venezuela. A lo largo de los últimos 15 años hubo un gradual cambio de curso, cuando las redes venezolanas, lideradas por funcionarios públicos, pasaron a controlar el tráfico de drogas en Venezuela. El actual Estado venezolano está involucrado directamente en el narcotráfico a través de sus servidores, tanto en los rangos más altos como en los más bajos.

Análisis

En Venezuela varios funcionarios públicos de todos los poderes no sólo se corrompen para “hacerle la vista gorda al narcotráfico”, sino que también son miembros y líderes de las organizaciones criminales que actúan en su país. Un ejemplo de ello es el “cártel de los Soles”1. Hay fuentes que afirman haber identificado más de un centenar de nombres de funcionarios de alto rango del gobierno, tanto civiles como militares, involucrados en operaciones de narcotráfico, desde el ex vicepresidente del país, al igual que directores de policía, jueces de tribunales superiores, congresistas y diversos generales de las fuerzas armadas.2

¿Cuál es la dinámica del narcotráfico internacional en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela? ¿Por qué ocurrió ese remplazo de redes de colombianos por redes de venezolanos? ¿Cómo se generó ese remplazo? ¿Qué características tienen las redes venezolanas?

Los grupos guerrilleros y los Grupos Armados Organizados (GAO) de Colombia tradicionalmente tenían como ruta de salida de su producción de cocaína hacia el exterior las vías terrestres, fluviales, aéreas y marítimas que partían directamente de Colombia y se dirigían hacia dos destinos:

  1. EEUU, destino principal por medio de América Central, el mar Caribe y el océano Pacífico.
  2. Brasil y luego Europa y Asia.

En tiempos más recientes, la represión del narcotráfico se vuelve más eficaz en Colombia y Centroamérica y, además, EEUU también intensifica su presencia y actuación en esta ruta. De esta manera, la ruta del vector norte se vuelve más peligrosa y, en consecuencia, menos atractiva económicamente. Así, de manera gradual, se optó por dirigir las rutas hacia Venezuela, donde contaron con el creciente apoyo gubernamental. Este factor hace posible que las redes venezolanas dedicadas al narcotráfico se estructurasen y fortalecieran, con especial relevancia el “Cartel de los Soles”.

Factores facilitadores al tráfico de cocaína entre Colombia y Venezuela

La región fronteriza entre Colombia y Venezuela es en la actualidad uno de los puntos de mayor concurrencia del crimen organizado en América Latina. La economía proveniente de emprendimientos ilícitos mueve mensualmente millones de dólares en esta región y propicia la permanencia y la expansión de diversas organizaciones criminales. El narcotráfico en Colombia fue comandado por los GAO y por los grupos guerrilleros. Las FARC tuvieron un papel destacado en el mercado de drogas en Colombia, si bien con el proceso de paz se hizo posible que los GAO se apoderaran de algunas de sus rutas. No obstante, en la frontera entre Colombia y Venezuela la guerrilla del ELN y los ex FARC mantienen cierta preeminencia gracias a su sólida relación tanto con Chávez como con Nicolás Maduro, sumado a su cercana relación con el Cártel de los Soles.

Por otra parte, hay diversas características geográficas, políticas y culturales que favorecen el tráfico de cocaína, desde las plantaciones de coca, pasando por su procesamiento, hasta su transporte y exportación. En el área del departamento de Norte de Santander, por ejemplo, se encuentra una de las regiones con el mejor coste/beneficio para la producción y refinamiento de cocaína en el mundo. Desde hace años la región ha crecido en términos de producción de cocaína, principalmente después de que el gobierno colombiano suspendiera la erradicación y fumigación de los cultivos de coca en 2013, debido a violentas protestas populares. A ello hay que sumar, primero, que uno de los productos precursores del refinado de la pasta base de cocaína, la gasolina, es extremadamente barato en Venezuela gracias a los fuertes subsidios del gobierno; en segundo lugar, la mano de obra para la siembra, cosecha, refinado y transporte es de bajo coste, especialmente en la actualidad ante el enorme influjo de refugiados venezolanos desempleados que se disponen a afrontar grandes riesgos a cambio de bajos sueldos; y tercero, la presencia masiva de las ex FARC, ELN y otros grupos narcotraficantes en el área y, por último, la proximidad de las rutas de salida por los puertos, aeropuertos y pistas de aterrizaje clandestinas, que abundan en Venezuela.

Las ex FARC y el ELN, desde principios de la década de 1980, se dedican al tráfico de cocaína para financiar su lucha armada. A fines de la década de 1990 el narcotráfico ya estaba tan enraizado en estos grupos guerrilleros que ya era entonces difícil disociar sus operaciones de narcotráfico de su actividad final: el mantenimiento de los objetivos políticos de la guerrilla. El creciente beneficio de estas operaciones ilícitas motivaba a estos grupos a expandir constantemente sus operaciones de tráfico transnacional de drogas.

Desde el ascenso de Hugo Chávez al poder en 1999 hubo una gradual y constante aproximación de su gobierno hacia los grupos insurgentes de izquierda de Colombia, más concretamente las ex FARC y el ELN. Hugo Chávez consideraba a esos grupos como sus aliados ideológicos. La relación entre el gobierno de Venezuela y esos grupos guerrilleros se intensificó a partir del ascenso al poder de Álvaro Uribe en Colombia en 2002. Durante su gobierno se intensificó considerablemente el enfrentamiento a las ex FARC y al ELN por parte de las fuerzas armadas y de seguridad de Colombia. Con la ayuda del Plan Colombia,3 las fuerzas públicas colombianas se profesionalizaron y se equiparon para enfrentarse militarmente a la guerrilla. A consecuencia de los intensos combates en los años que siguieron, las ex FARC y la ELN perdieron gradualmente su territorio y se retiraron a las regiones más remotas del país: la selva amazónica y los Andes. En ese momento, Venezuela se convirtió en el refugio ideal para los guerrilleros, no sólo por ser la frontera entre los dos países extremadamente porosa y poco vigilada, sino también por el hecho de que Hugo Chávez les hubiera recibido con los brazos abiertos, hasta el punto de que los grupos ex-FARC y el ELN llegaron a tener campamentos e infraestructura en el lado venezolano de la frontera.

Otros importantes factores que contribuyen al incremento del tráfico de drogas entre Colombia y Venezuela son: la insuficiencia de recursos, equipos y entrenamiento de las fuerzas policiales venezolanas; un poder judicial débil, desestimulado y, por ello, ineficiente; y la corrupción rampante que impregna diversas instancias del poder estatal. Estos elementos, sumados al crecimiento exponencial de la economía ilegal, fomentan el fortalecimiento de las estructuras del crimen organizado estatal y no estatal, permitiendo, por consiguiente, la transformación de los estados fronterizos de Venezuela en santuarios criminales.

Por último, un elemento relevante en esta ecuación es la falta de cooperación policial internacional entre Venezuela y los países vecinos, al igual que con EEUU y la UE. Desde el inicio de los años 2000, la cooperación policial de Venezuela con Colombia, Brasil y EEUU, por ejemplo, se ha reducido considerablemente, hasta un punto en que en la actualidad se puede decir que es prácticamente inexistente.

Rutas del tráfico de cocaína desde Colombia y Venezuela

Las rutas de tráfico de cocaína desde Colombia hacia Venezuela están constituidos por tres ejes principales:

  1. El que parte del departamento colombiano del Norte de Santander, región de Catatumbo, hacia los estados venezolanos de Táchira y Zulia.
  2. El que parte de los departamentos colombianos de Meta, Vichada y Arauca, con destino a los estados venezolanos de Apure y Guárico.
  3. El que parte de los departamentos de Guaviare, Meta, Guainía y Vichada con destino a los estados venezolanos de Apure y Amazonas.
Figura 1. Rutas del narcotráfico de Colombia a Venezuela
Figura 1. Rutas del narcotráfico de Colombia a Venezuela
Fuente: elaboración propia.

En estos tres ejes de flujo de drogas, desde Colombia hacia Venezuela, la cocaína se envía principalmente a través de dos formas: (1) por vía área, mediante aviones monomotores o bimotores que despegan y aterrizan en pistas clandestinas, en el medio de la selva amazónica; y (2) por vía fluvial, a través de los innumerables ríos que atraviesan las fronteras fluyendo desde Colombia hacia Venezuela y que alimentan las cuencas del Lago de Maracaibo y del Río Orinoco.

Actualmente se estima que aproximadamente entre 400 y 450 toneladas de cocaína cruzan esta frontera anualmente.4 Dichas cifras son una importante indicación de la eficacia de las rutas aéreas y fluviales transfronterizas en la región, al igual que de su potencial económico.

Partiendo de Venezuela, las rutas continúan y se dividen principalmente en cuatro ejes:

  1. Desde Apure, Táchira y Zulia hacia Honduras, vía las islas caribeñas.
  2. Desde Apure, Amazonas o las regiones costeras de Venezuela hacia la República Dominicana o Jamaica, para llegar a EEUU y Europa.
  3. Desde puertos, como Puerto Cabello, hacia África Occidental y luego a Europa, o directamente a Europa.
  4. Desde Apure, Amazonas y Táchira en dirección a Surinam o Brasil y luego a África Occidental, teniendo como destino final Oriente Medio o Europa.
Figura 2. Las principales rutas del narcotráfico en el Caribe
Figura 2. Las principales rutas del narcotráfico en el Caribe

En el primer eje, los vuelos en su mayoría parten de Apure, donde hay muchas pistas clandestinas geográficamente aisladas, muy bien guarnecidas y que ofrecen buena logística. Las pistas clandestinas de Táchira y Zulia también ofrecen facilidades similares, pero su uso es menos frecuente. Desde estas localidades los aviones, principalmente bimotores, vuelan básicamente en línea recta hacia el norte hasta alcanzar el paralelo 15º Norte, cuando hacen prácticamente una curva de 90º hacia el oeste y vuelan en su mayoría hacia Honduras. Los pilotos hacen esta ruta más larga y contraintuitiva esencialmente por una razón: evitar la detección por los radares militares de Colombia, que son bastante eficaces. Una vez que los aviones alcanzan Honduras hay innumerables pistas clandestinas y redes de narcotraficantes que reciben la droga y la acondicionan para su posterior envío a México y luego a EEUU. Cada avión es capaz de cargar entre 500 y 900 kilos de cocaína en promedio. Hay una cantidad desconocida de pistas de aterrizaje clandestinas usadas para el narcotráfico en Honduras. Sólo en 2018 la fuerza pública hondureña destruyó más de 50 de estas pistas.

Figura 3. Actividad aérea sospechosa en el Caribe (2010)
Figura 3. Actividad aérea sospechosa en el Caribe (2010)

Fuente: United States Southern Command, 2011 (via Wikimedia Commons / Dominio público).

En cuanto a la ruta que pasa por la República Dominicana, hay algunas particularidades interesantes. Actualmente este país ocupa un lugar estratégico para las organizaciones narcotraficantes venezolanas y colombianas. La importancia del turismo (aproximadamente con cinco millones de turistas al año) explica el intenso movimiento de puertos y vuelos, a diferencia de Venezuela, que actualmente posee un flujo mucho menor de vuelos comerciales y de movimiento portuario y poco turismo. En consecuencia, las organizaciones de narcotraficantes venezolanos optan por utilizar a la República Dominicana como una especie de punto intermedio o “eje comercial”. La manera preferida de enviar cocaína a la isla caribeña es por medio de lanchas rápidas. La droga es entonces recibida por organizaciones criminales dominicanas que se han profesionalizado rápidamente en este mercado ultra competitivo. Estos grupos criminales locales se encargan de acomodar la droga en contenedores que son enviados por barco a EEUU y Europa. Alternativamente, utilizan los innumerables vuelos comerciales que salen todos los días de la isla.

La ruta marítima hacia Europa y EEUU, por Puerto Cabello, fue de gran importancia hasta hace aproximadamente 10 años. En esa época se estima que gran parte de la cocaína colombiana que transitaba por Venezuela era traficada a través de dicho puerto. Con el paso de los años, debido al decaimiento económico del país, la ruta perdió parte de su importancia. Sin embargo, sigue activa gracias al fuerte esquema de corrupción de funcionarios del puerto asociados al Cártel de los Soles.

Por último, la ruta que incluye Surinam y Brasil ha sido cada vez más utilizada, ya que las estructuras de las organizaciones narcotraficantes de Brasil y de Surinam se han aprovechado de la implicación cada vez mayor de Venezuela en el flujo de la cocaína colombiana. La droga generalmente viene en avión desde Colombia hacia Venezuela (o directamente desde Colombia, dependiendo de donde es embarcada) y luego hacia Brasil o Surinam, utilizando siempre pistas clandestinas. Desde estos países, la cocaína sigue hacia Europa u Oriente Medio, a veces pasando por África Occidental. Las recientes detenciones realizadas por la policía de Brasil y Surinam de submarinos usados para el tráfico de drogas, estacionados en ríos en Surinam y en Brasil, en puntos cercanos al océano, indican según fuentes policiales una modalidad de tráfico que ha sido común en la región. Se descubrió que dos de esos submarinos, incautados en los dos últimos años, tenían como destino África Occidental y eran capaces de llevar, en promedio, ocho toneladas de cocaína cada uno.5

Aspectos que hicieron posible la transición de las redes colombianas a las venezolanas

Una de las estrategias del narcotráfico es la penetración de las instituciones estatales y su desestabilización por medio de la corrupción, de manera que su negocio ilícito pueda prosperar. Los servidores públicos corruptos permiten y facilitan operaciones delictivas a cambio de ventajas financieras. Fue precisamente de esta manera como diversos servidores públicos venezolanos iniciaron sus relaciones delictivas con narcotraficantes colombianos. Esta relación pasó por cambios, en la medida en que funcionarios públicos de alto rango del gobierno de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro comenzaron a participar activamente en la dirección de las operaciones de narcotráfico en Venezuela y, por fin, a comandarlas, desde dentro de la estructura del gobierno de Venezuela. A esa estructura se le da el nombre de Cártel de los Soles.6

Los datos provenientes de variadas fuentes gubernamentales y documentos oficiales, recogidos de servidores de los diversos escalones del gobierno que abandonaron sus funciones públicas y huyeron del país, demuestran que hay funcionarios de los tres poderes del gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y militares involucrados en el narcotráfico. Estas fuentes, si se analizan en conjunto, apuntan a más de un centenar de nombres de servidores de alto rango implicados en el tráfico. En años recientes, Maduro ha alzado a estos narcotraficantes a puestos más altos en la jerarquía de su gobierno, para hacerlos cada vez más aliados y conectados al régimen, con lo que busca obtener su lealtad para que luchen y se empeñen en mantenerlo en el poder, pues esos servidores corruptos tendrán mucho que perder si el gobierno de Maduro es derribado. Actualmente, las figuras más prominentes en el establishment político en Venezuela están de una manera u otra vinculadas al Cártel de los Soles. A pesar de tener el apodo de ‘cártel’, la estructura de tráfico en el país, comandada por estos funcionarios, se divide en una serie de redes que compiten entre ellas. No sólo actores estatales, sino también no estatales, componen las estructuras de esas redes de tráfico. Adicionalmente, se cree que en la actualidad el tráfico de drogas es el mayor inductor de la corrupción en Venezuela.7

Inicialmente, los colombianos corrompían a los militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)8 para que éstos permitieran el desplazamiento de sus cargamentos de cocaína a través de la frontera, y dentro del país. A lo largo del tiempo, los traficantes se acercaron aún más a miembros de la GNB y su esquema de corrupción se arraigó, pues ésta pasó a proteger los cargamentos de droga e incluso a transportarlos dentro del territorio venezolano. Esta asociación fue intencional y gestada estratégicamente, pues la GNB es la fuerza pública responsable del mantenimiento del orden interno del país, lo cual incluye la vigilancia de fronteras y el control de aeropuertos y puertos.

En este contexto, la gradual aproximación de las ex FARC con la GNB, concomitantemente a la creciente afinidad de comandantes de las ex FARC con liderazgos políticos y militares venezolanos, fueron elementos fundamentales no sólo para el surgimiento del Cártel de los Soles, sino también para su posterior fortalecimiento. Incluso después de la desmovilización de las ex FARC, en función del reciente proceso de paz, varios disidentes de la guerrilla permanecieron en Venezuela y otras decenas siguen llegando provenientes de varias partes de Colombia. Estos fueron poco a poco siendo incorporados a la estructura del Cártel de los Soles, que gradualmente se robusteció y desplazó a las organizaciones criminales colombianas, así como a grupos guerrilleros, de la conducción del tráfico en el país.

Algunos factores tuvieron una importancia crucial para que el Cártel de los Soles se expandiera y, por fin, asumiera el control de las operaciones de narcotráfico en territorio venezolano y más allá de éste. En primer lugar, en 2005 se aprobó una nueva ley antinarcóticos en Venezuela.9 Esta ley extendió la atribución de represión del tráfico de estupefacientes a otros tres componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: el Ejército (Ejército Bolivariano, EB), la Marina (Armada Bolivariana, AB) y la Fuerza Aérea (Aviación Militar Bolivariana, AMB). De esa manera, la investigación, prevención y represión de este tipo de tráfico ya no sería una atribución exclusiva de la GNB. Desde entonces las demás fuerzas armadas se insertaron en el esquema corrupto vigente y el Cártel de los Soles pasó a tener representantes de cuatro de las fuerzas armadas de Venezuela. Hasta ese momento, los militares del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea solo participaban puntualmente en la actividad criminal. A partir de ese punto, se sumergieron rápidamente en la dinámica del narcotráfico y pasaron a tener protagonismo en las operaciones. Una de las consecuencias de su entrada en el mundo del crimen fue la contienda por las rutas de tráfico con la GNB, que ya estaba consolidada en el escenario. En los años siguientes, las cuatro fuerzas armadas realizaron diversas investigaciones y operaciones para desmantelar las organizaciones narcotraficantes colombianas que actuaban en su territorio y arrestar a sus líderes. Tras la captura de importantes líderes colombianos y el consiguiente desmoronamiento de sus organizaciones criminales, el Cártel de los Soles se apropió de sus rutas y de sus estructuras logísticas.

Estas frecuentes operaciones, conducidas por las fuerzas armadas venezolanas contra los narcotraficantes colombianos en territorio venezolano, tranquilizaron momentáneamente a la opinión pública internacional, la cual reconoció el trabajo realizado por el gobierno venezolano, en función de lo cual varios países disminuyeron la presión que venían haciendo sobre Venezuela con respecto a su falta de eficacia en el enfrentamiento al tráfico de drogas. Sin embargo, finalmente se descubrió la auténtica intención detrás de la detención de los líderes colombianos y la misma comunidad internacional observó perpleja el florecimiento del ‘Cártel de los Soles’ como una organización narcotraficante competente, que ya demostraba dominar las rutas internacionales al igual que el flujo de compra y venta de estupefacientes, y cuyo alcance transnacional ya era nítido, particularmente a través de sus prósperas alianzas con los cárteles mexicanos.

Paralelamente a todo eso, en 2009, por iniciativa del que era entonces ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami,10 se creó la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Esta institución se encargó, entre otras tareas, de investigar el narcotráfico a nivel nacional. De esta manera, los órganos de seguridad pública municipales y estatales terminaron por perder una parte de su poder y atribuciones en lo que se refiere al combate contra el narcotráfico. La cúpula del gobierno venezolano escogió cuidadosamente al equipo que comandaría la estructura de la PNB, de manera que las acciones de esta corporación policial beneficiaran al Cártel de los Soles. Desde su creación, la PNB incautó grandes cantidades de drogas y detuvo a importantes traficantes locales y extranjeros. Según diversos analistas internacionales y fuentes locales, el verdadero objetivo de estas operaciones era debilitar y posteriormente desmantelar organizaciones narcotraficantes rivales del Cártel de los Soles en territorio venezolano.

En 2005 tuvo lugar otro factor determinante para la consolidación del Cártel de los Soles. Ese año Hugo Chávez decidió suspender la cooperación policial con EEUU y luego expulsó a los agentes del Drug Enforcement Administration (DEA) de Venezuela y ordenó el cierre de su representación en el país, seguida de la suspensión de los acuerdos de monitorización de vuelos irregulares y clandestinos desde Venezuela. Como resultado previsible, el gobierno de Chávez perdió interés en la cooperación policial regional en el marco de enfrentamiento al narcotráfico y, de manera gradual, debilitó la cooperación con los países vecinos y se alejó de sus agencias antidrogas.11

Así, de una manera abrupta, el DEA dejó de tener acceso a un flujo de informaciones que le permitía combatir a los cárteles de drogas en sus rutas transnacionales desde Venezuela. A continuación, los organismos policiales de los países vecinos también perdieron el acceso a informaciones importantes en el enfrentamiento al crimen provenientes de Venezuela. En consecuencia, los narcotraficantes que operaban en Venezuela se aprovecharon de esa situación y se fortalecieron, al igual que el entonces incipiente Cártel de los Soles.

Actualmente el Cártel de los Soles domina la actividad de narcotráfico de gran escala en Venezuela gracias a la protección garantizada del poder político y de las instituciones públicas.12

Conclusiones

Muchos analistas internacionales afirman que Venezuela se ha convertido en un “Estado mafioso”, o un “Narco Estado”, ya que los organismos que tienen la obligación legal de prevenir y reprimir el tráfico de drogas son los mismos que trafican con ellas, además de ser otras actividades ilegales. Debido a la falta de cooperación policial entre Venezuela y otros países, lo que se conoce sobre el tráfico de drogas en Venezuela proviene de la recopilación de información y de resultados de las investigaciones policiales llevadas a cabo en los países vecinos, en EEUU y en países de la UE. Varios de estos casos investigados apuntan hacia la participación directa o indirecta de venezolanos, miembros del Cártel de los Soles, o de actores (individuos o grupos) de otros países que interactúan con éste. El material recogido en el curso de innumerables investigaciones policiales conducidas en varios países nos lleva a creer que el volumen de cocaína que transita por Venezuela ha aumentado en los últimos años. Extrañamente, sin embargo, las incautaciones de drogas en Venezuela han disminuido. Este contexto puede ser una indicación de la continua expansión del Cártel de los Soles. Cuando se comparan datos de la agencia de control de drogas de Venezuela (Oficina Nacional Antidrogas, ONA) se observa que desde el año 2016 las incautaciones disminuyeron, mientras que desde 2013 las áreas de cultivo de coca en Colombia se han incrementado de forma constante.13

En la Venezuela actual, la combinación de poder autocrático, la ausencia de accountability institucional y la corrupción sistémica han transformado parte de la elite de los servidores militares y civiles en mafiosos y líderes de organizaciones criminales. Ellos gozan de privilegios en el gobierno de Maduro y tienen libertad para cometer crímenes impunemente. Estos privilegios estimulan su creciente lealtad a Maduro, lo cual, a la vez, lo vuelve cada vez más autoritario y menos tolerante con aquellos que se le oponen políticamente. Esta dinámica es nociva a las instituciones de Estado, pues las corroen y debilitan su legitimidad ante la población y, al mismo tiempo, las hacen incapaces de cumplir su obligación de servir al ciudadano.

No se atisba una solución fácil, pues los líderes del Cártel de los Soles saben que tienen mucho que perder en el caso de que el gobierno de Maduro sea depuesto y, por eso, ciertamente se van a empeñar al máximo para que eso no suceda. Sin embargo, sólo un cambio a un régimen realmente democrático podría propiciar el inicio del enfrentamiento de la corrupción tan enraizada en el actual régimen. Para ello, creo que es necesario que haya una estructuración y un fortalecimiento gradual de actores e instituciones que hoy buscan el restablecimiento de la democracia en el país.

Christian Vianna de Azevedo
Agente de la Policía Federal de Brasil, doctorando y Máster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica (PUC Minas) de Brasil, investigador de la Red de Investigación en Terrorismo, Contraterrorismo y Crimen Organizado de la Academia Nacional de Policía (ANP/Polícia Federal/Brasil) e investigador del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT, IRI/Universidad de la Plata/Argentina) | @Chris01510


2 Ibid.

3 “Plan Colombia” fue el nombre que se le dio a la ayuda militar de EEUU al gobierno colombiano para que éste pudiera combatir a los cárteles de narcotraficantes y a los movimientos guerrilleros en Colombia

4 Insight Crime (2018), “Venezuela: a mafia State?”; y entrevista con los encuestados A y B (nombres no revelados por razones de confidencialidad).

5 El 21/II/2019 fue desplegada por la Policía Federal de Brasil la Operación Flak, una de las mayores operaciones policiales contra el narcotráfico de cocaína en Brasil, cuyo objetivo era una organización criminal que transportaba cocaína de Colombia y Venezuela con destino final a Brasil, EEUU y Europa. Los países intermediarios eran Venezuela, Honduras, Surinam y Guatemala. El día 21/II/2019, 28 personas fueron detenidas y 24 aeronaves incautadas, así como una gran cantidad de dinero. Las investigaciones comenzaron hace dos años. En febrero de 2018, con la colaboración de la Policía Antiterrorista de Surinam, la Policía Federal de Brasil incautó un submarino en Surinam, destinado a llevar cocaína hacia África Occidental. Su capacidad permitía transportar ocho toneladas de estupefacientes. Según la investigación, la organización criminal transportó nueve toneladas de cocaína por vía aérea entre los años 2017 y 2018. Para más información, véanse: decisión judicial en el proceso nº 0000038-81.2019.4.01.4300 - 4a Vara Federal - Palmas/TO/Brasil; PF diz que investigações sobre quadrilha brasileira levaram a apreensão de 'submarino' no Suriname em 2018 (21/II/2019); y Investigações da PF para operação de combate ao tráfico de drogas começaram há dois anos (21/II/2019).

6 El nombre Cártel de los Soles tiene su origen en la simbología del diseño de estrellas que representa el rango de general en los uniformes militares de la Guardia Nacional Bolivariana.

7 Insight Crime (2018), op. cit; y US Department of State (2018), “International Narcotics Control Strategy Report”.

8 La Guardia Nacional Bolivariana es una de las cinco fuerzas que componen la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

10 Tareck el Aissami, una importante figura del gobierno venezolano, está acusado de ser uno de los líderes del Cártel de los Soles por el Departamento del Tesoro de EEUU.

11 Andrés Antillano et al. (2016), “Revolution and counter reformation: the paradoxes of drug policy in Bolivarian Venezuela’, en Beatriz Caiuby Labate, Clancy Cavnar y Thiago Rodrigues (eds.), Drug Policies and the politics for drugs in the Americas, Springer.

12Insight Crime (2018), op. cit.; William Brownsfield (2018), “Venezuela as a Narco State”, Center for Strategic and International Studies (CSIS); y American Enterprise Institute (AEI) (2017), “Kingpins and corruption”.

13 US Department of State (2018), “International Narcotics Control Strategy Report”.

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<![CDATA[ Rusia en América Latina: repercusiones para España ]]> http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt02-2019-milosevichjuaristi-rusia-en-america-latina 2019-03-28T11:04:45Z

Todavía no está claro cuál va a ser el futuro papel de Rusia en América Latina y cómo sus acciones podrían beneficiar o perjudicar a España.

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Contenido

Resumen ejecutivo
1. Introducción
2. Evolución de la relación bilateral: entre geopolítica y pragmatismo
3. Relaciones políticas
4. Relaciones económicas
5. Relaciones socioculturales
6. Conclusiones
Bibliografía

Resumen ejecutivo

La desaparición de la Unión Soviética a finales de 1991 redujo significativamente la influencia de Moscú en América Latina. La influencia geopolítica de Rusia en la región fue recuperándose entre 1997 y 1999, después de que el Kremlin asumiera que su tentativa de integrarse en las instituciones occidentales había fracasado, y gracias en gran medida a la relación recién iniciada con el gobierno bolivariano de Venezuela.

Desde la llegada al poder de Vladimir Putin como presidente de la Federación de Rusia en 2000, pero sobre todo desde 2008, Rusia ha intensificado su presencia en América Latina a través de reuniones bilaterales al más alto nivel y de los medios de comunicación financiados por el Gobierno ruso: televisión RT, RT Noticias (impreso) y la agencia de noticias Sputnik News. Sin embargo, según los criterios tradicionales (comercio e inversión, participación diplomática y venta de armas), la participación de Rusia es pequeña en comparación con el resto del mundo. La reaparición política y virtual de Rusia en América Latina a través de los medios de comunicación y las redes sociales coincide cronológicamente con la ruptura de la cooperación entre Rusia y Occidente a raíz de la Guerra de Georgia en 2008, y de la anexión de Crimea y la guerra de Ucrania de 2014. Sin intereses comerciales significativos, venta de armas tibia y compromiso diplomático a medias, la presencia de Rusia en América Latina es débil. Sin embargo, hay evidencia de que quiere ejercer influencia en la región a bajo coste, aparentar ser una gran potencia e irritar a EEUU. Ahora bien, sin influencia real, la virtual no será suficiente para alcanzar ninguno de los objetivos estratégicos de Rusia en el hemisferio occidental.

El compromiso ruso con América Latina debe ser analizado en el contexto del ciclo electoral de 2017-2019 en los países latinoamericanos, del creciente papel de China y de los tradicionales vínculos políticos, económicos y culturales de los países de la región con EEUU, que sigue siendo el socio comercial más importante de casi todas las repúblicas latinoamericanas. El comercio total entre China y América Latina entre 2000 y 2016 se ha incrementado en un 210%, mientras que entre EEUU y América Latina el intercambio comercial sólo ha crecido un 38% y entre Rusia y América Latina un 44%.1

Rusia inició un retorno gradual a América Latina a mediados de la década de 2000, apoyándose en los préstamos y venta de armas a Venezuela en 2005. Aunque Moscú ya no aprovecha la ideología socialista para estrechar las relaciones con las naciones latinoamericanas, busca explotar un deseo compartido de multilateralidad en las relaciones políticas, económicas y de seguridad. A nivel político, Moscú ha utilizado sus conexiones en la región para enviar a EEUU y al resto del mundo el mensaje de que está dispuesta a desafiar a Washington.

La presencia de Rusia en el continente latinoamericano forma parte de una estrategia internacional más amplia cuyo objetivo principal es alcanzar el estatus de gran potencia capaz de socavar el liderazgo de EEUU en la región y en el orden internacional y de competir con la otra gran potencia emergente, China. América Latina es el “patio trasero” de EEUU, su “extranjero cercano”, donde Moscú busca construir un sistema de relaciones internacionales sin hegemonía de los estadounidenses, y en la medida de lo posible, colaborando con China.

Brasil y México son los mayores socios comerciales de Rusia, mientras el “triángulo del Caribe” –Venezuela, Cuba y Nicaragua–, con estrechos vínculos políticos y militares con el Kremlin, favorece la penetración geopolítica rusa en el continente.

El estrechamiento de los lazos de Rusia con América Latina genera un impacto ambivalente en los intereses de España. El aumento de la presencia de Rusia en la región no hace que España pierda atractivo e influencia en términos relativos en el espacio más importante de su política exterior. Rusia, desde la Guerra Fría, ha respetado la presencia de España en la región. Sin embargo, su apoyo a gobiernos no democráticos como el de Venezuela, o la venta de armas y la cooperación militar con Nicaragua, Cuba y Venezuela, pueden desestabilizar la zona y, en consecuencia, influir negativamente en las inversiones económicas y los intereses políticos españolas.

Todavía no está claro cuál va a ser el futuro papel de Rusia en América Latina y cómo sus acciones podrían beneficiar o perjudicar a España. Sin embargo, son perceptibles ciertas pautas de la acción exterior rusa, que repite el patrón histórico, político y propagandístico de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Las actitudes hostiles hacia EEUU en lo relacionado con el comercio y las cuestiones de inmigración, el aumento de los candidatos populistas y la profundización de los desafíos económicos y sociales internos que afrontan muchos países latinoamericanos, crean circunstancias favorables para que Rusia promueva sus intereses. Sin embargo, teniendo en cuenta que EEUU sigue siendo el socio comercial más importante de América Latina y el extraordinario auge económico de China en la región (y a nivel internacional), el futuro de la influencia de Rusia en la zona dependerá de su capacidad de ir más allá de los lazos históricos que tiene con Cuba y Nicaragua y de su papel de proveedor de armas y equipos militares a Venezuela, México y Perú. Lo más probable es que la influencia y presencia de Rusia en la zona siga siendo muy limitada a causa de la debilidad económica rusa, sin afectar a los intereses económicos españoles.

1. Introducción

Las relaciones entre Rusia y América Latina son históricas, políticas y económicas, y actualmente están marcadas por los dos intereses principales del Kremlin, geopolítico y económico. Además, las relaciones actuales están condicionadas por: (1) el gradual desinterés de EEUU en la región, después del final de la Guerra Fría y, sobre todo, desde 2001 cuando Washington definió la guerra contra el terrorismo como la prioridad de su seguridad nacional; (2) las relaciones bilaterales entre EEUU y Rusia; y (3) el auge de China como potencia emergente. La percepción de Moscú de que el apoyo de EEUU a las “revoluciones de color” en los países del espacio post soviético, en particular en Georgia y Ucrania, ha estado dirigido contra los intereses rusos, explica su decisión de ejercer un papel similar en la vecindad estadounidense.

El principal objetivo de este Documento de Trabajo es analizar las actuales relaciones entre Rusia y América Latina, y las posibles repercusiones de dichas relaciones para España. Se trata de entender cómo la interacción entre los países de América Latina y Rusia condiciona la evolución de la región y las decisiones de los actores latinoamericanos, ya sea alterando dinámicas internas de los diferentes países o de carácter internacional.

Rusia está presente en el imaginario de los latinoamericanos desde el siglo XVIII, aunque su mayor presencia, en Cuba y Nicaragua, se sitúa en el período de la Guerra Fría. La supuesta “reemergencia” de Rusia en América Latina (Stronsky y Sokolsky, 2017) debe verse en el contexto del creciente papel de China, de la retirada gradual de EEUU de la zona, y de la ruptura de la cooperación entre Rusia y Occidente a raíz de la crisis de Ucrania.

En cuanto al alcance temático del trabajo, se ha optado por un enfoque holístico, que abarque las múltiples dimensiones de las relaciones ruso-latinoamericanas, ordenadas en tres bloques: (1) político; (2) económico; y (3) sociocultural. Todas estas áreas son pertinentes en la relación española con América Latina.

Este análisis descarta el enfoque triangular –España-Rusia-América Latina– por dos razones: (1)        porque dejaría fuera a otros actores extrarregionales importantes (EEUU, China y la UE), imprescindibles para entender las implicaciones que tiene la presencia rusa para España; y (2) porque el enfoque triangular conlleva una visión de la región demasiado homogénea. Se ha optado por un análisis por países –los que tienen un vínculo significativo con Rusia–, que es mucho más preciso.

La interacción de Rusia con América Latina condicionará significativamente el futuro orden político regional (no tanto el económico), así como el internacional, en el que Rusia apuesta por un modelo “multipolar” o “post occidental”. Aunque las actividades de Rusia en América Latina están impulsadas principalmente por incentivos financieros, la motivación de Vladimir Putin para devolver a Rusia el estatus de gran potencia se halla firmemente enraizada en la geopolítica. Moscú ha buscado desarrollar asociaciones con países que comparten un interés en crear instituciones y relaciones que no estén dominadas por EEUU o la UE.

Teniendo en cuenta que EEUU sigue siendo el socio comercial más importante de América Latina y el extraordinario auge económico de China en la región y como potencia global, que se traduce en una mayor influencia en la política internacional, lo más probable es que la presencia de Rusia en la zona siga siendo limitada. Para concluir cuáles serían las posibles repercusiones del creciente papel de Rusia en América Latina es necesario averiguar con qué eficacia puede expandir Rusia su papel, hasta ahora bastante limitado más allá de los lazos históricos con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El papel que tendrá España en este nuevo orden internacional o en América Latina dependerá mucho de las acciones que se lleven a cabo desde Madrid. En cualquier caso, los riesgos y las oportunidades para las empresas españolas se verán más afectadas por lo que haga China, mucho más que Rusia. En este sentido, sería conveniente emprender sobre esta base un análisis sectorial y por países más detallado, que pudiera dar lugar a propuestas de actuación específicas.

Antes de examinar las relaciones bilaterales entre Rusia y América Latina, conviene analizar en términos generales el ciclo electoral que celebran 14 países (de los 18 de la región), entre 2017 y 2019, ya que su resultado tendrá un impacto fuerte no sólo en la política interior de estos países sino también en relación con el proceso de integración regional y relaciones con los actores extrarregionales. Las principales consecuencias de los resultados electorales en las relaciones bilaterales de Rusia con sus socios regionales se analizarán por países. Sin duda, los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil –la victoria de Jair Messias Bolsonaro, un fanático del presidente de EEUU Donald Trump y un crítico feroz de Nicolás Maduro y Vladimir Putin– y México –la victoria de Andrés Manuel López Obrador, un abierto simpatizante del presidente Putin– tendrán el mayor impacto en el posible papel de Rusia en la región.

El ciclo electoral 2017-2019 en América Latina

En noviembre de 2017 se celebraron elecciones presidenciales en Chile y Honduras. En 2018 fueron seis países: Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia, México y Brasil. A estos ocho procesos hay que sumar los seis presidenciales que se desarrollarán en 2019 en Bolivia, Argentina, Uruguay, El Salvador, Panamá y Guatemala.

Estas elecciones tienen lugar en un contexto económico de bajo crecimiento, según estimaciones del FMI: 1,9% para 2018. La región ha dejado atrás dos años seguidos de crecimiento negativo (y seis de desaceleración continua). Este súper ciclo electoral ocurre, además, en un momento en que, según LAPOP (Proyecto de Opinión Pública de América Latina), el apoyo a la democracia registra una abrupta caída (9 puntos desde 2014 a 2017, pasando del 67% al 56%) (Zovatto, 2017), disminución que viene acompañada de una mayor insatisfacción con la democracia, un fuerte descenso en la adhesión a los gobiernos, y una baja confianza en las instituciones de la democracia representativa, las elecciones y los partidos políticos. El desprestigio de los partidos políticos no es un fenómeno exclusivo de América Latina, aunque tiene una incidencia clara en la coyuntura política regional. Las opiniones públicas latinoamericanas otorgan una importancia especial a la violencia, que afecta la vida cotidiana de numerosos ciudadanos, y a la corrupción. Los ciudadanos latinoamericanos toleran cada vez menos los escándalos de corrupción. Los graves escándalos de corrupción que recorren la región (potenciados por Lava Jato y Odebrecht), vinculados con la cuestión de la financiación política, junto con los altos niveles de inseguridad ciudadana, eran dos temas muy presentes en la casi totalidad de las campañas electorales.

Los resultados de las ocho elecciones celebradas en 2017 y 2018 posibilitan un balance provisional que refuerza la idea de la heterogeneidad y complejidad de la política regional (Malamud, 2018) y de la alternancia en el poder. En los ocho procesos electorales, el alto nivel de fragmentación de los partidos políticos y la irrupción de un mayor número de candidatos en comparación con años previos, sugiere una gobernabilidad compleja. Mientras el resultado electoral en Chile, Honduras, Paraguay y Colombia refuerza la idea del retroceso de la izquierda, las votaciones de México, Costa Rica y Venezuela (pese a las grandes irregularidades del último caso) indican la falta de uniformidad del panorama. La América Latina de hoy ya no es igual a la de ayer. Se ha debilitado la incidencia de las unanimidades de años anteriores, consecuencia de los proyectos hegemónicos de inspiración bolivariana, sólo posible en tiempos de Hugo Chávez, y de la máxima expansión de los países del ALBA.

La fuerza de populismo se puede percibir en otro dato de LAPOP de 2017: el 40% de los ciudadanos de América Latina apoyaría un golpe de Estado para combatir los altos niveles de crimen y corrupción. Además, se ha demostrado que las clases medias (más pragmáticas que ideologizadas y ubicadas mayoritariamente en el centro político) jugaron y jugarán un papel clave en todo el ciclo electoral. El abismo entre el bajo crecimiento económico que aqueja a la región y una clase media más empoderada y más conectada gracias a las redes sociales y más exigente respecto a sus demandas y expectativas, han marcado las campañas electorales.

Mira Milosevich-Juaristi
Investigadora principal del Real Instituto Elcano y profesora asociada de Russia's Foreign Policy del Instituto de Empresa
| @MiraMilosevich1


1 UNCTAD 2018.

2 En la elaboración de este documento han participado José Pablo Martínez (ayudante de investigación, aportando datos para el análisis de las relaciones económicas entre Rusia y América Latina), Elena Sotos Olmo (ayudante de investigación realizando la investigación sobre la imagen de Rusia en AL), y Covadonga Barrero y Anna Fiorelli (asistentes de investigación). Carlos Malamud ha contribuido con la lectura crítica del documento y realizando oportunas sugerencias; también han contribuido Miguel de Avendaño con la edición y María Dolores de Azategui coordinando la publicación del documento.

3 Sergey Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa en la Conferencia de Seguridad de Munich, en febrero de 2017, describió el orden internacional emergente como “post-Occidental”.

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