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estudios internacionales y estratégicos

Ocho recomendaciones para el II Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad

María Solanas Cardín. ARI 69/2016 - 29/9/2016

Ver también versión en inglés: Eight recommendations for the II National Action Plan on Women, Peace and Security

Tema

El II Plan de Acción Nacional para la aplicación de la Resolución 1325 que está elaborando el gobierno español debería partir de las lecciones aprendidas, e incluir medidas concretas y algunas de las mejores prácticas si quiere lograr progresos en la agenda mujeres, paz y seguridad.

Resumen

Tras nueve años de la aprobación del I Plan de Acción Nacional para la aplicación de la Resolución 1325 –y movido principalmente por su participación, como miembro no permanente, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el bienio 2015-2016–, el gobierno español ha identificado como una prioridad la agenda mujeres, paz y seguridad, comprometiendo la elaboración de un II Plan de Acción Nacional. El balance de los retos pendientes, casi 16 años después de la aprobación de la Resolución 1325, requiere de un impulso global sostenido y permanente en el tiempo, y de acciones y medidas en el terreno dotadas de financiación suficiente (el obstáculo más grave y persistente para aplicar la 1325). La alianza con las organizaciones y actores locales, principalmente las organizaciones de mujeres, se ha demostrado como la medida más eficaz para promover y garantizar la participación significativa de las mujeres en la prevención de los conflictos, y en la construcción de la paz. Solo un Plan que incorpore estas premisas podrá contribuir eficazmente a la aplicación de la Resolución 1325.

Análisis

Una agenda política esencial, la agenda de la paz y la seguridad internacionales

La Resolución 1325 (y las siete resoluciones posteriores que la complementan) sobre mujeres, paz y seguridad constituye un sólido marco normativo de la organización de las Naciones Unidas que atañe a la responsabilidad principal del Consejo de Seguridad: mantener la paz y la seguridad internacionales. Para lograr este objetivo, la igualdad de género es una condición esencial que se ha demostrado, además, como imprescindible para la consolidación y la sostenibilidad de la paz.

Se trata de una agenda política –y no sólo ni esencialmente una agenda técnica basada en el expertise– que se apoya en el binomio derechos/eficacia: por un lado, el derecho de las mujeres de participar, en pie de igualdad con los hombres, en el logro y en la consolidación de la paz; por otro, en el estrecho vínculo existente entre la participación y el liderazgo de las mujeres y el proceso de construcción de una paz sostenible.1 Su imbricación directa con la agenda de promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres –y, por tanto, con una de las metas esenciales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030– refuerza su carácter prioritario y la necesidad de situarla en un lugar preferente en la agenda política.

La agenda relativa a mujeres, paz y seguridad afecta primordialmente al ámbito de la política y acción exterior, pero también requiere políticas en materia de igualdad de género, así como en justicia, interior, defensa, sanidad, cooperación o educación, entre otras.

Es un buen ejemplo de sinergia entre la dimensión interior y exterior de las políticas, pero también puede hacer aflorar, en su caso, las incoherencias entre unos objetivos ambiciosos en el exterior que no tengan correspondencia en las políticas internas.2 Por la complejidad de los desafíos que aborda, es una agenda multidimensional que requiere voluntad política permanente y sostenida en el tiempo, dotación de recursos humanos y financieros de medio y largo plazo, de metas y objetivos medibles, y de un seguimiento y evaluación continuos. El carácter político de la agenda hace también relevante la participación del Parlamento en el seguimiento de sus logros, así como de la sociedad civil, actor clave en el cumplimiento y en la aplicación de los objetivos de la Resolución 1325.

Un I Plan de Acción Nacional con mucha voluntad pero escasos resultados

España estuvo entre los 10 primeros países del mundo que elaboraron planes de acción nacionales para la aplicación de la Resolución 1325.3 Aprobado el 30 de noviembre de 2007 por Acuerdo del Consejo de Ministros, este primer Plan sigue en vigor. En aquel momento, sólo Dinamarca, el Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza, Costa de Marfil, Austria y los Países Bajos,4 además de España, habían aprobado planes nacionales.

El propósito fundamental de los Planes de Acción Nacionales no es otro que incorporar los objetivos de la resolución 1325 en la planificación nacional, de manera que se asegure que la perspectiva de género y la participación significativa de las mujeres sea un objetivo de todas las agencias nacionales involucradas en la prevención de conflictos y en el logro y consolidación de la paz. Los planes nacionales tienen, por tanto, un carácter instrumental (no son fines en sí mismos) para materializar y hacer realidad, sobre el terreno, los objetivos de la resolución 1325. Varios países de los 60 en todo el mundo que han aprobado planes de acción nacionales hasta la fecha5 están en fase de elaboración de un II plan, o –como en el caso de Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido– están poniendo en marcha su III Plan de Acción Nacional.

Los compromisos plasmados en el plan español de 2007,6 aunque evidenciaban la voluntad política de España de impulsar y comprometerse con esta agenda, carecían de medidas concretas para alcanzar los objetivos marcados; no contaban con la suficiente dotación de medios humanos y de financiación; adolecían de un claro desequilibrio entre la mayor implicación de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Defensa frente a otros también clave como Igualdad, Justicia, Educación, Sanidad, Trabajo, o Interior; y no incluían indicadores de medición de impacto ni mecanismos rigurosos de evaluación y rendición de cuentas. Entre los elementos más positivos cabe destacar la figura de coordinación que encarnaba la embajadora en Misión Especial para el Fomento de la Igualdad de Género (figura que fue suprimida en el año 2011) y que presidía el grupo de seguimiento formado por los Ministerios involucrados; y el compromiso de establecer mecanismos de coordinación con la sociedad civil para intercambiar información sobre acciones realizadas en relación a la Resolución 1325, y de presentar un informe anual de seguimiento.

Transcurridos casi nueve años desde su aprobación, y a la vista de los informes de seguimiento realizados tanto por la administración7 como por la sociedad civil,8 y el escaso impacto real logrado por el plan, la necesidad de abordar la elaboración de un nuevo Plan de Acción Nacional –y no de acometer una mera actualización del existente–9 se ha hecho evidente. A ella ha contribuido, sin duda, la participación de España como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el bienio 2015-2016, y el hecho de que le correspondiera presidir el CSNU durante el mes de octubre de 2015, coincidiendo con el XV aniversario de la Resolución 1325. Las obligaciones internacionales han servido como acicate para revitalizar una agenda que en el ámbito nacional había perdido impulso en los últimos años.

Aprender de las lecciones e incorporar las mejores prácticas

La aplicación de la Resolución 1325 ha sido –y continua siendo– un camino plagado de obstáculos (comenzando por la profunda desigualdad de género, de carácter estructural, y muy en especial en el ámbito de la participación política y el empoderamiento de las mujeres).10 También lo ha sido de prueba y error, de lecciones aprendidas, tanto en la organización de las Naciones Unidas, en la UE y en otras organizaciones regionales, como en los países que se han comprometido a impulsar sus objetivos. Traducir las resoluciones en soluciones reales constituye aún un reto pendiente en la mayoría de los casos. No obstante, existen algunos ejemplos concretos de éxito, como el proceso de paz de Colombia,11 que permiten identificar medidas efectivas, y enfocar los esfuerzos en la dirección correcta.

Un nuevo Plan constituye, sin duda, una oportunidad valiosa. Pero puede ser también una ocasión perdida si no logra aprovechar la experiencia acumulada, y plantea iniciativas factibles y propuestas específicas para ser aplicadas en el terreno, superando la teoría, la retórica y las buenas intenciones de las que han adolecido muchos de los planes nacionales. En primer lugar, debería tomar en cuenta, con carácter crítico y pragmático, las recomendaciones trasladadas en los informes de seguimiento españoles, así como las lecciones aprendidas en otras experiencias nacionales, e incorporar, como guía, las propuestas concretas del informe de evaluación del Estudio Mundial.12 Los ejemplos de los tres países que han puesto ya en marcha su III Plan de Acción Nacional: el Reino Unido13 (2014-2017), Suecia14 (2016-2020) y los Países Bajos15 (2016-2019), algunas de cuyas mejores prácticas se recogen en este trabajo, pueden resultar también de utilidad.

  1. Participación inclusiva en la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación del Plan. La elaboración participada del Plan (en estrecha colaboración con la sociedad civil) ha sido considerada como una de las mejores prácticas para lograr planes eficaces que puedan ser aplicados, de manera concreta y realista, sobre el terreno. En la mayoría de los casos son las organizaciones de la sociedad civil en los países en conflicto y post-conflicto las que están en mejor situación para aplicar los objetivos de la Resolución 1325. Su participación significativa en el diseño del Plan garantiza expertise sobre el contexto, así como sobre las necesidades y los deseos de las mujeres. Tanto el III Plan neerlandés16 como el sueco han sido elaborados por grupos de referencia compuestos por representantes del gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, que también contribuirán a su implementación y seguimiento.
  2. Indicadores de impacto, evaluación anual, y rendición de cuentas. Como se ha señalado, la ausencia de indicadores de impacto hace prácticamente imposible medir los progresos logrados por el plan y, por tanto, realizar una evaluación rigurosa y de utilidad sobre la adecuación de las medidas implementadas. Los indicadores de impacto deben incluir líneas de base (como en el caso del III PAN británico, por ejemplo) como puntos de referencia que permitan saber de dónde se parte, y valorar así los esfuerzos y el impacto real, mensurable, del plan. Tanto Naciones Unidas como la UE han diseñado indicadores de impacto cuantitativo (número de mujeres, pero también porcentajes) y cualitativo que pueden ser incorporados al Plan, con los ajustes necesarios aplicados al caso español. Una evaluación anual (como han comprometido los planes británico, neerlandés y sueco) parece la opción óptima, pues permite realizar un seguimiento puntual y sugerir las rectificaciones oportunas o el reforzamiento necesario, en su caso, de algunas medidas. El Parlamento nacional ha de ser involucrado en el seguimiento del Plan y como mecanismo de rendición de cuentas. La presentación en el Parlamento y el debate sobre los informes de seguimiento constituyen algunas de las mejores prácticas para garantizar eficacia y accountability.
  3. Un marco institucional adecuado en cada unidad de la administración implicada, y una figura de coordinación.17 La existencia de un punto focal en cada uno de los Ministerios y unidades implicadas (Defensa, Interior, Educación, Cultura y Deporte, Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, además del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación) es esencial para impulsar de manera sostenida y permanente el Plan, y para realizar un seguimiento y, en su caso, rectificar aquellas medidas que sea necesario cambiar o reforzar. Asimismo, es también imprescindible la existencia de una figura de coordinación de todas las agencias de la administración involucradas, que de coherencia al conjunto de las acciones puestas en marcha, y contribuya a mantener el impulso político de esta agenda, sirviendo también como interlocutor/a de las organizaciones de la sociedad civil. Un buen ejemplo es la figura de la Embajada para la igualdad de género (con la que cuenta Suecia desde 2015, y que coordina también la política feminista del gobierno; como señala acertadamente el Plan sueco, esta función refuerza el perfil de Suecia en el dossier Mujeres, Paz y Seguridad).
  4. La actuación local, en el terreno, absolutamente esencial. La consideración de los actores locales y de las organizaciones de mujeres sobre el terreno como verdaderos socios es crucial para lograr los objetivos de la resolución 1325. Apoyar a las organizaciones de mujeres en el terreno es la lección aprendida más positiva, la recomendación más reiterada y la medida que se ha demostrado más eficaz de todas cuantas se han evaluado a lo largo de estos 16 años. El contacto permanente con las organizaciones de mujeres es esencial en la prevención del conflicto, pues permite que las perspectivas y visiones de las mujeres sean tenidas en cuenta a la hora de diseñar mecanismos y sistemas de alerta temprana de los conflictos, e incorporar la perspectiva de género en su análisis. Como subraya el III Plan neerlandés, las organizaciones de mujeres locales “están bien posicionadas para actuar en el terreno, pueden dialogar e intercambiar información, hacer lobby e incidencia política; documentan violaciones de derechos humanos y casos de violencia sexual, y presionan a los gobiernos y a las Naciones Unidas para mejorar las políticas y los marcos para una implementación efectiva de la agenda Mujeres, paz y seguridad”. Actuar en local ha mostrado su eficacia incluso en la fase de elaboración del Plan. La realización de consultas en el terreno (como llevó a cabo el gobierno sueco tanto a las embajadas como a las organizaciones de la sociedad civil locales que trabajan en construcción de paz, y a las autoridades nacionales en el terreno) resulta esencial para diseñar las medidas concretas que puedan resultar más eficaces.
  5. La financiación, imprescindible para el logro de los objetivos. Identificada por el Estudio Mundial como “el obstáculo más grave y constante” para cumplir los compromisos, la atribución de recursos constituye una de las claves para asegurar la influencia y la participación significativa de las mujeres en los procesos de paz, y en la prevención de los conflictos. El Estudio Mundial recuerda que la financiación “accesible, flexible y predecible a las organizaciones de mujeres de la sociedad civil es imprescindible para lograr resultados concretos”, y propone que los Estados miembros, las organizaciones regionales y el sistema de las Naciones Unidas se comprometan a destinar como mínimo un 15% de los fondos asignados al capítulo de la paz y la seguridad a programas cuyo principal objetivo sea dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres y a promover la igualdad de género. La Resolución 2242, aprobada en octubre de 2015 bajo presidencia española del CSNU, reitera el carácter crítico de la brecha de financiación de las organizaciones de mujeres, señalando el Instrumento para la Aceleración Mundial sobre mujeres, paz y seguridad y acción humanitaria como un vehículo para atraer recursos, coordinar respuestas y acelerar la implementación.

Pensar en global, pero actuar en local: ocho medidas concretas para el II Plan de Acción Nacional

El contacto con la realidad y los actores locales de los países frágiles, en conflicto o en post-conflicto se ha demostrado imprescindible para la prevención y la puesta en marcha de procesos de paz que puedan concluir en acuerdos sostenibles. En este sentido, un contacto permanente en el terreno –a través de las representaciones diplomáticas nacionales– con las organizaciones de mujeres locales, y otras organizaciones de la sociedad civil y ONG es esencial para impulsar el liderazgo y la visibilidad de las mujeres y su  participación significativa en la construcción de la paz. A modo de recomendación de medidas concretas que pueden contribuir a impulsar los objetivos de la Resolución 1325, se proponen algunas que, incorporando las mejores prácticas, podrían incluirse en el II Plan de Acción Nacional:

  1. Promoción del liderazgo de más mujeres en los niveles de decisión, tanto en el plano interno como en las organizaciones internacionales. El III Plan británico se ha comprometido a impulsar el nombramiento de más mujeres en posiciones senior de toma de decisión en los ámbitos de conflicto, estabilidad y seguridad en el exterior (Naciones Unidas, y otras organizaciones regionales), pero también a incrementar la participación de las mujeres en el plano interno en posiciones senior, de manera que, al final del periodo de vigencia del Plan (2017), el 50% de los nuevos nombramientos sean mujeres.
  2. Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil sobre el terreno en los países en situación de riesgo, conflicto y post-conflicto que trabajan en procesos de construcción de la paz, en especial a las organizaciones de derechos de las mujeres, mediante la interlocución, la visibilización, el diálogo y el intercambio regular a través de las Embajadas o de otras agencias nacionales presentes en el terreno, así como el apoyo técnico y la formación en mediación.
  3. Apoyo financiero, sostenible en el tiempo, a las organizaciones de mujeres que promuevan la igualdad, el empoderamiento de las mujeres, la prevención de los conflictos y los procesos de paz, con una asignación presupuestaria específica, y establecimiento de un mínimo sobre el presupuesto total destinado a paz y seguridad. Esta prioridad estaría asimismo alineada con el fortalecimiento de las organizaciones feministas y de mujeres de la sociedad civil como también recoge el Plan Director de la Cooperación Española.18 Además de la financiación pública, imprescindible, las alianzas público-privadas podrían ser una opción a explorar. La causa de la paz y la seguridad internacionales y de la igualdad de género podría concitar el interés y el apoyo del sector privado, acompañando los esfuerzos de la administración y bajo su impulso.
  4. Apoyo a las mujeres mediadoras en procesos de paz, creando una red de mediadoras similar a la que ha impulsado Suecia en colaboración con la Folke Bernadotte Academy,19 o a la Red de Mediadoras de los países nórdicos (NOREF),20 que contribuya a la identificación de mujeres mediadoras, a su visibilidad y a su capacitación.
  5. Aplicación prioritaria del Plan de Acción Nacional en aquellos países en los que pueda aportarse valor añadido y se esté en mejores circunstancias para promover los objetivos de la Resolución 1325. Siguiendo el modelo propuesto por el III PAN neerlandés, estos países serían aquellos que estén en el foco de la política exterior, exista capacidad de actuar, se cuente con socios locales, se cuente con organizaciones no gubernamentales nacionales trabajando en el terreno, y haya participación en misiones multilaterales civiles y/o militares, entre otros. En el caso español la conjunción de esfuerzo diplomático, AOD u otros mecanismos de contribución al desarrollo, presencia de ONG españolas sobre el terreno y necesario apoyo a organizaciones de mujeres podría darse, por citar tres ejemplos, en Malí, Colombia y los territorios palestinos, todos ellos países en situación de conflicto o post-conflicto en los que España podría aplicar medidas concretas en apoyo a la participación de las mujeres, a medio y largo plazo, en la construcción de la paz.
  6. Evaluación anual a cargo de las organizaciones de la sociedad civil, ofreciendo a la administración pública una evaluación independiente que permita rectificar las medidas menos efectivas y fortalecer aquellas que ofrezcan mejores resultados.
  7. Presentación y debate en el Parlamento del Plan y de los informes de evaluación, de modo que el Parlamento participe en el seguimiento de las acciones implementadas y se garantice la rendición de cuentas en el poder legislativo.
  8. Impulso y promoción permanentes en el ámbito internacional y en todas las organizaciones de las que España forme parte (Naciones Unidas, UE, OSCE, OTAN, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en caso de que su candidatura resulte elegida, etc.) de la agenda mujeres, paz y seguridad, consolidando así un perfil de liderazgo de España al fomento de la igualdad de género. La participación activa en la recientemente creada Red de Puntos Focales Nacionales sobre Mujeres, paz y seguridad21 –presentada en la sede de las Naciones Unidas el pasado 23 de septiembre– debe consolidarse, como también la activa participación en la Task Force de la UE sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Asimismo, España debería apoyar y proponer activamente aquellas medidas que pueda impulsar la consejera principal sobre Género y la Implementación de la Resolución 1325 del Servicio Europeo de Acción Exterior, Maria Marinaki.

¿Qué perfil debería identificar a España en Naciones Unidas?

En su candidatura al CSNU para el bienio 2015-2016, el gobierno de España señaló la igualdad de género como “uno de los objetivos principales de la política exterior y de la diplomacia española” e incluyó, entre las diez razones que avalaban su aspiración, la de “dar a los derechos humanos y a la igualdad de género y a la plena participación de las mujeres en la construcción de la paz la dimensión que les corresponde para garantizar la seguridad y estabilidad”. Logrado el asiento, España identificó la igualdad de género como una de las prioridades durante su bienio, correspondiéndole presidir el Consejo de Seguridad durante el mes de octubre del pasado año, coincidiendo con el XV aniversario de la Resolución 1325. Durante su presidencia España impulsó la aprobación de una nueva Resolución en el ámbito de Mujeres, Paz y Seguridad, la 2242.

El bienio en Naciones Unidas ha ofrecido a España la oportunidad de jugar un papel de liderazgo que, tras este impulso, debería contribuir a consolidar la igualdad de género como un objetivo prioritario de la política exterior (y no sólo como una herramienta al servicio de objetivos de política exterior). Continuar activos en la agenda Mujeres, Paz y Seguridad debería ser un objetivo del conjunto de la administración, liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que puede contribuir a fortalecer un liderazgo con vocación de permanencia. La identificación y el reconocimiento de España como uno de los países líderes en la promoción de la igualdad de género –que, tras varios años de retroceso, la pertenencia al CSNU ha contribuido a recuperar– es un activo que conviene preservar y consolidar como una de las señas de identidad de la acción exterior de España en el mundo. Sería, asimismo, parte de la huella que España dejaría tras su paso por el Consejo de Seguridad, del perfil que la identificaría también para candidaturas futuras, y un ámbito en el que se reconocería su trayectoria y valor añadido en una agenda de medio plazo como la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Conclusiones

La agenda Mujeres, Paz y Seguridad (que implica la promoción de objetivos globales como son la paz y la seguridad internacionales y la igualdad de género, y la actuación local en el terreno para hacer realidad sus metas) debe constituirse en un objetivo prioritario de la acción y la política exterior, implicando al conjunto de la administración, y contribuir a sumar las sinergias entre la dimensión externa e interna de las políticas.

La elaboración de un II Plan de Acción Nacional es una valiosa oportunidad para contribuir de manera sustantiva a aplicar la Resolución 1325, incorporando algunas de las nuevas y más ambiciosas metas de la Resolución 2242, como la de contar con más mujeres líderes en todos los niveles de toma de decisión o la capacitación de mediadoras. Pero puede ser, si no se acierta al dotarse de los medios humanos y financieros necesarios acordes con el nivel de ambición, una oportunidad perdida.

Para ello es sustancial que el Plan contenga un compromiso equilibrado entre todas las unidades de la administración, establezca mecanismos institucionales de coordinación que puedan impulsar la agenda, tenga un diálogo articulado con la sociedad civil, establezca mecanismos de medición de impacto, evaluación y seguimiento, y muy particularmente comprometa medidas concretas, en el terreno, de apoyo –financiero y político esencialmente– a las organizaciones de mujeres, y al liderazgo y participación significativa de las mujeres en la prevención de conflictos y en los procesos y consolidación de la paz.

María Solanas Cardín
Coordinadora de Proyectos del Real Instituto Elcano
| @Maria_SolanasC


1 María Solanas (2016), “Aplicando la Resolución 1325: más mujeres en posición de liderazgo, más paz”, Blog Elcano, Real Instituto Elcano.

2 Manuela Mesa (2015), “XV Aniversario de la Resolución 1325: luces y sombras en la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad”, Anuario CEIPAZ 2015-1016.

4 Dinamarca fue el primer país en aprobar un plan de acción nacional, en 2005. El Reino Unido, Noruega y Suecia los aprobaron en 2006; en 2007 los aprobarían Costa de Marfil (enero), Suiza (febrero), Austria (agosto), España (noviembre) y los Países Bajos (diciembre).

6 Potenciar la participación de las mujeres en las misiones de paz y en sus órganos de toma de decisiones; promover la inclusión de la perspectiva de género en todas las actividades de construcción de la paz; difundir la 1325 y asegurar formación específica en materia de igualdad; fomentar el empoderamiento y la participación de las mujeres en los procesos de negociación y aplicación de los acuerdos de paz; y fomentar la participación de la sociedad civil española en relación con la resolución 1325.

9 María Solanas (2015), “Mujeres, Paz y Seguridad: lejos de las aspiraciones de la Resolución 1325”, ARI nº 44, Real Instituto Elcano.

11 María Villellas Ariño (2016) “Mujeres, Paz y Seguridad: la igualdad de género en las políticas de paz y seguridad”, ARI nº 66, Real Instituto Elcano.

16 En el caso neerlandés, el plan fue elaborado por una plataforma de cooperación entre el gobierno y 50 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo instituciones de estudio.

17 Hay diversas fórmulas: en el caso de EEUU, es el Comité Interinstitucional de Políticas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, creado y presidido por el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca para implementar el PAN, el que coordina también la interacción con la sociedad civil, encargada de supervisar la implementación del Plan. En el I PAN español existió la figura de la embajadora en Misión Especial para el Fomento de las Políticas de Igualdad como coordinadora.