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Demografía y Migraciones Internacionales Visitado
El envejecimiento de la población (I parte): alcance y perspectivas en España
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Rickard Sandell
ARI Nº 64-2003 - 28.4.2003 (Traducción al español)

Tema: El siguiente análisis estudia el envejecimiento de la población española y sus consecuencias socioeconómicas. Evalúa el alcance del proceso de envejecimiento y especifica los sectores del estado de bienestar español susceptibles de ser influidos por los cambios actuales.

Resumen: España se encuentra en medio de una transición demográfica caracterizada por un rápido envejecimiento de la población. A diferencia de lo que se suele afirmar, el envejecimiento incide en todos y cada uno de los grupos de la sociedad, independientemente de la edad, e influirá sobre la provisión de los servicios de bienestar público financiados por el Estado español. El análisis se centra en cómo repercute el envejecimiento en las instituciones educativas, en el sistema de pensiones, en el sistema sanitario y en el mercado laboral. Asimismo, evalúa el envejecimiento de la población española y traza unas pinceladas de lo que puede ser el futuro. El análisis muestra que hasta la fecha este proceso ha afectado principalmente a sectores del sistema educativo. Sin embargo, en el futuro inmediato comenzará a influir de forma significativa en algunos de los sectores más costosos del estado de bienestar español tales como el sector de pensiones y el sector sanitario. El análisis concluye con una serie de cuestiones que deben solucionarse con cierta urgencia con el fin de evitar el deterioro del actual nivel de bienestar. Estas cuestiones se deberían considerar como punto de partida de un debate político orientado hacia la reevaluación de los objetivos del estado de bienestar español.

Análisis: La mayoría de la gente es consciente de los cambios demográficos que tienen lugar en España y otros países europeos. Sabemos que hoy nacen menos niños que hace 20 años y que la esperanza de vida es mayor que antes. Sin embargo no es tan evidente que ambas tendencias dan lugar al envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población es una descripción abstracta de un complejo proceso que tarda mucho tiempo en materializarse y por tanto implica consecuencias socio-económicas que son difíciles de comprender. Para poder llevar a cabo un análisis de dicho fenómeno, en primer lugar, evaluaremos en qué medida contribuyen el aumento de la esperanza de vida y la fecundidad en retroceso al envejecimiento de la población. Más adelante, señalaremos algunas de las consecuencias del envejecimiento de la población española. 

Un aumento en la esperanza de vida significa simplemente que más personas viven más tiempo. En España, como en el resto de los países de la Unión Europea, la esperanza de vida ha aumentado casi linealmente desde la Segunda Guerra mundial. En el periodo 1975-1998 la esperanza de vida al nacer de los españoles aumentó en 2,8 meses al año, de 73,34 a 78,71 años (las cifras incluyen ambos sexos). Lo que no siempre queda igual de claro es que los grandes progresos en la esperanza de vida suponen cambios estructurales de gran envergadura. El hecho de que entre 1975 y 1998 la esperanza de vida aumentara desde 73 a 79 años significa que en la actualidad hay más personas que llegan a los 79 años que en 1975. Al haber más gente que llega a los 79, la edad media de la población aumenta; en otras palabras, la población envejece.

Si el problema del envejecimiento de la población fuera únicamente el resultado de una creciente esperanza de vida, tanto los políticos como los demógrafos estarían menos preocupados por él. Lo que hace que este problema sea tan arduo tanto en España como en el resto de Europa es que el aumento de la esperanza de vida coincide en el tiempo con un descenso de la fecundidad sin precedentes. Es decir, al mismo tiempo que las personas tienen una esperanza de vida más larga, los jóvenes conciben menos hijos. Como ejemplo llamativo proporcionamos el extraordinario desarrollo de la fecundidad en España: en 1976, las madres españolas concibieron 707.498 hijos, mientras que en 2001 la cifra fue de tan sólo 409.857.

El resultado de la combinación es un cambio fundamental en la estructura de la población del país, por lo que la edad media de la población está aumentando con mayor rapidez que si sólo uno de estos factores estuviera presente. Esto da lugar a un proceso conocido como envejecimiento “rápido” de la población, cuyas consecuencias son trascendentales para, por ejemplo, la financiación y la planificación estatal.

¿Cuánto ha envejecido la población española? Quizá la mejor forma de evaluar el desarrollo del envejecimiento en un país sea mediante los datos proporcionados por los censos decenales. El último censo que se realizó en España fue en 2001 y el anterior en 1991. Al analizar la estructura de la población española en estos dos momentos obtenemos un efecto visual o instantánea de los cambios estructurales en la población española que se han venido produciendo en la última década. El gráfico 1 compara el número de personas en cada grupo de edad entre 0 y 100 años en 1991 y 2001.

Gráfico 1. Edad de la población española según los datos del censo de 1991 y de 2001

El gráfico 1 muestra que la caída de la fecundidad en España ya era evidente en 1991. Desde entonces, podemos observar que se ha estabilizado. En 2001 nacieron aproximadamente 400.000 niños en España -- 300.000 menos que en 1975. Quizá el colapso de la fecundidad española sea el cambio más impactante en el gráfico. Pero además hay dos procesos distintos que se produjeron entre 1991 y 2001 que merece la pena mencionar. Ambos están relacionados con el envejecimiento de la población. En la parte izquierda del gráfico observamos un pronunciado descenso de personas menores de 26 años al comparar las cifras de 1991 con las de 2001. En la parte de la derecha se ve claramente que el número de personas mayores de 26 años ha aumentado en el periodo comprendido entre los dos censos. Las diferencias más claras se observan en los segmentos de edades comprendidas entre los 26 y los 40 años (debido en gran parte a la inmigración) y entre los de más de 70 años. Ambos procesos son una prueba irrefutable del rápido envejecimiento de la población, que se refleja en el aumento de la edad media de la población desde 36,5 a 39,5 años en el periodo comprendido entre 1991 y 2001.

Si miramos hacia el futuro, existen motivos para preocuparse. En 2001, cada mujer concebía aproximadamente 1,25 niños. Si se mantiene este nivel durante un largo período de tiempo, el descenso de la tasa de natalidad se vería acelerado en un futuro relativamente próximo. El motivo es simple: a medida que los grupos que están en  edad de reproducción se reducen, el número de madres potenciales también es menor. Si tenemos en cuenta que el promedio de edad de las madres españolas está justo por encima de los 30 y que son las mujeres de entre 20 y 40 años quienes conciben la gran mayoría de los niños, el gráfico 1 muestra que históricamente nunca ha habido tantas madres potenciales como en este preciso momento. Sin embargo, de aquí en adelante el número de madres potenciales disminuirá a pasos agigantados. En no más de diez años habrá 750.000 menos que en la actualidad y en 2050 el número habrá disminuido en 2,5 millones (según las predicciones del INE). Teniendo en cuenta que no hay evidencias de que la esperanza de vida vaya a dejar de crecer, la consecuencia de semejante desarrollo es que el proceso del rápido envejecimiento de la población española podría seguir durante gran parte de este siglo.

Consecuencias socio-económicas del envejecimiento de la población española
Desde una perspectiva de planificación económica y estatal, las consecuencias del envejecimiento de la población son, si no incomprensibles, sí difíciles de entender en su totalidad. A diferencia de lo que se suele afirmar, el envejecimiento de la población no incide únicamente en el grupo de personas mayores. El envejecimiento es producto del descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida, y sus efectos repercuten en la composición de todos los grupos de edad, por lo que las consecuencias afectan a todos las instituciones de la sociedad. De ahí que al intentar plantear soluciones, los políticos españoles se enfrentan al mayor reto de la ingeniería socio-económica de la historia del estado de bienestar. Este análisis tratará de exponer cuáles son las consecuencias del actual envejecimiento de la población española para el sistema educativo, el sistema de las pensiones, el mercado laboral y la sanidad pública.

El sistema educativo ya está experimentando una implosión demográfica como consecuencia del fuerte y persistente descenso de la fecundidad que se observa en el gráfico 1. Los cambios demográficos que afectan la educación primaria y secundaria (recogiendo los grupos de edades entre 0-17) están en su última fase. Entre 1991 y 2001 el grupo de personas de entre 0 y 17 años disminuyó en 2,2 millones. En los próximos diez años este grupo se mantendrá relativamente estable aunque se darán importantes diferencias dentro del mismo — el número de adolescentes seguirá descendiendo mientras el de los más jóvenes de ese grupo crecerá levemente.

El sistema universitario es menos afortunado. Mientras que el descenso del número de estudiantes universitarios potenciales comenzó en 1996, hoy por hoy, las universidades españolas se han visto menos afectadas por el envejecimiento. Al considerar que la mayoría de los estudiantes tienen entre 18 y 25 años, se puede afirmar que el número de estudiantes “potenciales” ha disminuido tan sólo en 250.000 personas desde el último censo. No obstante, las perspectivas para la próxima década son desalentadoras. Entre 2001 y 2011 el número potencial de estudiantes universitarios disminuirá en 1,5 millones (excluyendo el impacto que pueda tener la inmigración). Las cifras son espectaculares. Entre 2001 y 2005, el número de estudiantes potenciales (personas entre 18 y 25 años) disminuirá en 200.000 cada año. Si tenemos en cuenta que el tamaño medio de las 64 universidades españolas es de 25.000 estudiantes y que el número total de estudiantes matriculados en España es aproximadamente 1,5 millones, se puede decir sin temor a equivocarse que llegarán tiempos difíciles para muchas de estas universidades. Es un alivio, aunque leve, que el nivel de la escolarización de ese grupo sea cada vez mayor.

Es difícil valorar las consecuencias que puede causar un descenso del número de estudiantes de todas las edades. Por un lado, se supone que el sistema educativo español está, o estará en un futuro, sobredimensionado en términos de profesorado universitario y aulas por número de estudiantes. Por otra parte, en España el gasto destinado a la educación se encuentra entre los más bajos de la Unión Europea. Por lo tanto, en lugar de recortar gastos como consecuencia de un número menor de estudiantes, los diseñadores de políticas de educación y escolar tendrán que hacer frente al desafío de distribuir los recursos económicos de una forma más eficaz, impedir una caída en la calidad y preservar la pluralidad y diversidad de la enseñanza española en un contexto en el que disminuye tanto el número de estudiantes como la competitividad entre ellos por elegir las carreras y las universidades de mayor prestigio.

La evaluación del impacto del creciente número de personas mayores requiere una reflexión sobre las diferencias existentes entre los grupos de mayores en la población. Desde el censo de 1991 el continuado crecimiento de la esperanza de vida ha provocado un relativo aumento en el grupo de personas mayores, es decir, de más de 85 años, aumento que es más fuerte en términos relativos que el del grupo de entre 65 y 85 años (véase gráfico 2).

Gráfico 2. Aumento porcentual de la población española por edades según los datos de los censos de 1991 y 2001.

Como podemos observar en el gráfico 2, el grupo que reúne a personas de 85 o mayores ha aumentado a una velocidad de vértigo en el periodo comprendido entre 1991 y 2001. El incremento es especialmente fuerte, más del 100%, para aquellos que tienen 90 años o más. Sin embargo, el aumento en términos absolutos es más modesto y el grupo más anciano de España es aún un grupo pequeño si lo comparamos con el total de población. En 1991 eran 450.000 las personas mayores de 85 años y en 2001, 710.000. Puesto que el aumento en el grupo de mayor edad es consecuencia de una esperanza de vida cada vez mayor y no existen claras señales de que esta esperanza se vaya a equilibrar, se puede prever que este grupo continúe aumentando en los próximos años. Si observamos el grupo de personas mayores en general, hallamos una clara tendencia. En 1991, 5 millones de españoles superaban los 65 años y en 2001 la cifra ascendió hasta los 6,5 millones. A mediados de este siglo este grupo contará con 12 millones.

¿Repercutirá este creciente aumento de personas mayores en la sociedad española? La mayoría de los expertos afirman que sí y que se pagará un precio muy alto por ello. Un crecimiento de 1,5 millones en el número de personas que superen los 65 años supone, asimismo, un aumento en los gastos de pensiones. España, como otros muchos países europeos, dispone de un sistema de pensiones en el que las contribuciones de los trabajadores de hoy sufragan las pensiones de los jubilados de hoy, lo que los ingleses llaman “pay-as-you-go”. Así, la población activa de hoy en día disfrutará, a su vez, de los mismos derechos una vez alcanzada la edad de jubilación. Este sistema de redistribución requiere un cierto equilibrio de la proporción entre la población activa y los jubilados con el fin de permitir una financiación adecuada del sistema de pensiones. Si el número de personas jubiladas aumenta en proporción a la población activa, será necesario inyectar más capital en dicho sistema para evitar el colapso. Hasta la fecha, España ha evitado desequilibrar la balanza, ya que a lo largo de la última década la población activa ha crecido al mismo ritmo que el número de jubilados.

La cuestión es si este equilibrio se mantendrá en el futuro. La respuesta es simple: no. La transición demográfica española, con una disminución de la fecundidad y un aumento de ancianos, hará que la población activa comience a disminuir cuando los grupos más pequeños de jóvenes entren a formar parte de la población activa. El cambio demográfico es un proceso muy lento que requiere varios años. En el caso de España, la fecundidad comenzó a disminuir después de 1976, sin embargo es ahora, 26 años más tarde, cuando los grupos compuestos por los niños que nacieron en aquella época comienzan a formar parte de la población activa. En el periodo comprendido entre 2003 y 2014, la transferencia anual de gente joven a población activa disminuirá de la cifra actual de 700.000 a aproximadamente 400.000. Un poco más tarde, de 2009 en adelante, el grupo de personas que cumplan 66 años y que, por ende, se jubilen, comenzará a incrementarse con velocidad. Entre este año (2003) y 2009 habrá aproximadamente 400.000 españoles que cumplan 66 años anualmente. Para 2020 habrá cerca de 500.000 al año y 650.000 para el 2030. Desde el año 2014 en adelante las personas que abandonen la población activa superarán en número a las que entren a formar parte de la misma. El gráfico 3 muestra los cambios estructurales que deberá asimilar el mercado laboral español. En el gráfico 3 se ve que el mercado laboral español está al borde del que será, posiblemente, el mayor cambio estructural de la historia. Es evidente que la población activa crecerá mucho menos rápido entre 2003 y 2014 que en los años anteriores, y además, a partir de 2014 la población activa va a disminuir.

Gráfico 3. Diferencia absoluta entre el número de personas que cumplirán 26 y 65 años durante el periodo comprendido entre 1970-2040.

Dejando de lado las implicaciones que esto pueda tener en la economía de mercado, los efectos de estos cambios provocarán importantes repercusiones en el coste de un sistema de pensiones viable. Por ejemplo, Herce (2001, www.fedea.es ) ha estimado que entre el presente (2003) y el año 2015 la relación entre afiliados/contribuyentes y pensionistas/receptores se mantendría estable aproximadamente en alrededor de 2:1. De ahí en adelante se ha establecido que el número de contribuyentes por receptor seguirá una tendencia de descenso constante, y cerca del año 2040 la relación será de aproximadamente 1:1. A partir de 2015 el coste de las pensiones superará a los ingresos. Y lo que es más preocupante es que debido al creciente número de jubilaciones, el coste de pensiones al amparo del actual sistema de pensiones aumentará de un 9% del PIB español en 2015 a un desmesurado 17% del PIB en 2050. Dado el descenso simultáneo en la mano de obra española potencial que se muestra en el gráfico 3, la cuestión es: ¿quién contribuirá a esta diferencia?

Al margen de otros factores, un sistema continuo de pago de pensiones proporciona un “bien colectivo” que nadie cuestiona. En ausencia de una transición demográfica es probablemente una óptima solución. Sin embargo, aquí es donde subyace el problema; la fase de la transición demográfica que afecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones se encuentra en una fase inexorable: de hecho ha comenzado en el año 2003 (véase gráfico 3). Mientras tanto, las personas siguen contribuyendo con sus ingresos a las pensiones de otros ciudadanos convencidos de que disfrutarán de las pensiones de la misma forma que hoy en día. No cabe duda de que se decepcionarán cuando llegue la hora de obtener sus pensiones, salvo que se introduzcan medidas para compensar el déficit. Al menos se debería aclarar cómo y hasta qué punto intentará resolver el gobierno el problema del déficit que probablemente emergerá hacia 2015. A día de hoy no existe información alguna sobre cómo afrontará el gobierno esta difícil ecuación, y consecuentemente, gran parte de la población activa/contribuyente está contribuyendo a un beneficio futuro cuya dimensión e importancia se desconoce por completo o se ve reducida a la mera especulación.

Otro impacto socio-económico del creciente número de personas mayores incide en  la sostenibilidad del sector de la sanidad pública. Como hemos mencionado anteriormente, el grupo que supera los 85 años ha aumentado de forma vertiginosadurante la última década, y es poco probable que este aumento se nivele en un futuro. Incluso un ligero aumento de este grupo tiene consecuencias trascendentales, especialmente en los costes de la sanidad pública puesto que es este grupo el que requiere asistencia sanitaria con mayor frecuencia y necesita de más cuidados intensivos, con periodos de convalecencia más largos que el grupo de jóvenes. Por ejemplo, el promedio de tiempo que permanece un paciente (tiempo que transcurre desde que entra hasta que abandona el centro sanitario) en los hospitales españoles es de 9 días. Sin embargo, si desglosamos las cifras por grupos de edades observamos que los enfermos de entre 66 y 75 años permanecen una media de 11 días, los de 76 a 85 ingresan durante 12 días y, por último, aquellos que superan los 85 permanecen 14 días. De ahí que, un cambio en la estructura de la población que suponga un aumento del número de personas mayores en detrimento de los grupos más jóvenes implica un incremento de los recursos sanitarios per cápita con respecto a una población de tamaño constante. Si el incremento del número de personas mayores es significativo y constante, inevitablemente significará que para mantener el mismo nivel de calidad se generarán costes mayores en el sector sanitario. Otra cuestión a tener en cuenta es la creciente demanda de residencias como consecuencia de un número cada vez mayor de personas mayores. Apenas se ha desarrollado este sector en España y se cree que será muy costoso.

¿Alguna buena noticia? A corto plazo la respuesta será que sí, habrá algunas. El descenso de la población activa podría significar que España finalmente puede combatir los altos niveles de desempleo. Además, podría llegar a afectar al bajo nivel de participación en ciertos grupos de la población, empleando a más gente como mano de obra, especialmente mujeres. El descenso del desempleo y unas tasas de participación más altas contrarrestarían algunos déficit estructurales causados por el envejecimiento. No obstante, el problema radica en que el proceso de envejecimiento en España será tan rápido y significativo que a largo plazo estos efectos beneficiosos serán marginales. Otro problema que surge de la inclusión de grupos que tradicionalmente han estado fuera del mercado laboral es que la sociedad se adapte a un nuevo estilo de vida familiar. Una mayor tasa de participación de las mujeres, por ejemplo, mina la capacidad de las familias españolas para cuidar de sus mayores y niños. Tal desarrollo a su vez puede aumentar la demanda de servicios subvencionadas por el Estado, como por ejemplo, guarderías y residencias para las personas mayores con el fin de compensar este déficit. Entonces no queda claro hasta qué punto se beneficiaría la sociedad de estas tendencias.

¿Y la inmigración? ¿No es la solución para nuestros problemas? Hay dos respuestas posibles: sí y no. A corto plazo, presumiendo que la edad de jubilación no variará, la inmigración es la única solución para compensar el descenso de la mano de obra con respecto de las personas jubiladas. Sin embargo, las consecuencias de compensar los efectos del envejecimiento de la población provocarán insostenibles niveles de inmigración a largo plazo. Por lo tanto, aunque la inmigración es un factor importante, no es la solución para afrontar los cambios estructurales que están experimentando la mayoría de las sociedades europeas, incluida la española. La mayoría de los estudios sobre los efectos del envejecimiento concluyen que a pesar del efecto positivo de la inmigración, la única vía factible para solucionar este problema es la reevaluación del sistema de bienestar, que, en el caso del sistema de pensiones, necesita una nueva forma de financiación o un aumento sustancial de la edad de jubilación.

Conclusiones: A mediados de este siglo, cuandola transición demográfica se encuentre en su última fase, España será un país diferente de lo que es hoy en día. Este análisis ha planteado el hecho de si el estado de bienestar actual será capaz de afrontar este cambio de una forma eficaz. Hemos argüido que el envejecimiento de la población genera nuevas necesidades y dependencias. Su evaluación es responsabilidad de los políticos y presentar soluciones sin modificar de una manera significativa las formas de distribuir los recursos es probablemente una tarea imposible. El problema de modificar la forma de redistribución de los recursos es que con frecuencia exige un alto precio político. No obstante, el estado de bienestar sienta sus bases en la solidaridad, y si se abusa de ello, se podría llegar a una situación mucho más difícil y podría colapsar todo el sistema. A la vista del actual proceso de envejecimiento, la única alternativa viable de preservar el estado de bienestar es poner en marcha una reforma que esté en armonía con las nuevas condiciones demográficas que el país comienza a experimentar.

El análisis señala la fase a la que ha llegado el envejecimiento de la población española. Los avances demográficos entre 1991 y 2001 ponen en evidencia que ha llegado el momento en que se debe reconsiderar cómo deberían funcionar en un futuro los sectores más costosos de la sociedad española. Estos sectores incluyen la educación, el sistema de pensiones, el mercado laboral y el sistema sanitario. Algunas de las cuestiones más importantes que se les presentan a los diseñadores de políticas españoles son: ¿cuáles son las medidas necesarias para preservar la calidad, la variedad y la diversidad del sistema educativo español en una sociedad con un número de estudiantes significativamente inferior? ¿Cómo se debería de financiar el sistema de pensiones en un futuro? ¿Deberíamos cambiar el actual sistema de pago de las pensiones por otro diferente? ¿Se debería posponer la edad de la jubilación en un intento de armonizar el sistema de pensiones con unas condiciones de vida modernas producto de una creciente esperanza de vida y así reducir el gasto generado por un  creciente número de pensionistas? ¿Cómo se determinarían los costes en respuesta a unas necesidades sanitarias más significativas debido al incremento en el número de personas mayores? Y por último ¿cómo afectaría a las familias españolas y a su ritmo de vida la demanda de mano de obra que cabe esperar cuando empieza a disminuir la población activa, y qué rol debería desempeñar el Estado con respecto a la adaptación de los cambios culturales que vienen acompañados de una participación creciente, por ejemplo, de mujeres en el mercado laboral?

 

Rickard Sandell
Analista Principal, Demografía y Población
Real Instituto Elcano

 

 
 
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