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Crisis en Egipto, entre la religión y la economía
Marcos Suárez Sipmann
ARI 91/2012 - 19/12/2012

Tema: En los seis meses de la presidencia de Mohamed Morsi, se ha vivido en Egipto una progresiva y peligrosa concentración de poder por parte de los Hermanos Musulmanes. Laicos, liberales, movimientos de izquierda y cristianos, entre otros, acusan a Morsi de promover una nueva dictadura a través de la constitución.

Resumen: Tras librarse de la tutela militar en agosto con un audaz “contragolpe civil”, el pasado noviembre Mohamed Morsi anulaba por decreto la supervisión judicial de sus decisiones. Sus polémicos decretos han dilapidado la confianza en los Hermanos Musulmanes de amplios sectores de la población. Morsi ha insistido que, con su decisión de asumir poderes excepcionales, sólo busca preservar la revolución que defenestró a su antecesor. Sus adversarios afirman que quiere islamizar el país y dotarse de unos poderes sin precedentes. El perjuicio para su propia credibilidad y la de la Hermandad es más grave que cualquier beneficio a corto plazo.

Análisis: El presidente egipcio, Mohamed Morsi, que fue elegido democráticamente en junio, ha dado dos golpes de mano que revelan en él a un autócrata entregado a los militantes políticos islamistas. El primero tuvo lugar el pasado verano al relevar la cúpula militar, mientras que el segundo –mucho más grave– el pasado mes de noviembre lo enfrentó de manera avasalladora contra el poder judicial y la Fiscalía.

Con su decreto del 22 de noviembre, el presidente blindaba sus plenos poderes ejecutivos y legislativos. Como afirmó la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Tahani el Gebali (la primera mujer en convertirse en juez), la decisión de Morsi al ordenar que todas sus decisiones fueran definitivas e inapelables ante la justicia le convertía en un presidente ilegítimo. Ese decreto generó un grave malestar entre los jueces.

Mediante su “declaración constitucional”, Morsi también se deshacía de uno de sus rivales en el estamento judicial: el fiscal general Abdelmeguid Mahmud. Como resultado, se somete la designación de este cargo, que hasta ahora correspondía a los propios jueces, a la institución presidencial.

Sin embargo, el aspecto más problemático para los partidos laicos fue el blindaje de la asamblea constituyente ante una posible disolución por parte del Tribunal Constitucional. La composición de esa asamblea constituyente, dominada por los islamistas, era objeto de un recurso ante dicho tribunal. La oposición laica y liberal, junto con las iglesias cristianas coptas de Egipto, se retiraron de la asamblea en señal de protesta por el hecho de que los islamistas aprovecharan su mayoría para imponer sus posturas. El decreto sobre la asamblea constituyente establece que este órgano no puede ser disuelto ni por el sistema judicial ni por el Consejo de la Shura (la Cámara Alta del Parlamento egipcio).

El conflicto con la magistratura no es nuevo. En una de sus primeras decisiones como presidente, en julio pasado, Morsi revocó la disolución de la Cámara Baja. Tuvo que rectificar tres días después, tras recibir la negativa del Tribunal Constitucional. Debió dar marcha atrás igualmente en octubre cuando cesó al fiscal general y 48 horas después se vio obligado a retractarse.

Es verdad que los tribunales estaban estrechamente ligados a la larga dictadura de Hosni Mubarak. Las razones de Morsi para evitar el sistema judicial de Egipto no carecen de fundamento. La mayoría de los jueces de Egipto fueron leales a Mubarak y seleccionados cuidadosamente por su corrupto régimen. Pero esta vez Morsi fue demasiado lejos. Su decreto cambia las reglas del juego y coloca al ejecutivo por encima de cualquier otro poder. Muchos consideran que es un acto peligroso, equivocado e ilegal.

En esta ocasión el momento elegido por Morsi parecía el propicio. Aprovechó el aumento de su credibilidad –exterior e interior– tras mediar en el reciente conflicto en Gaza para asestar su golpe al poder judicial y a la separación de poderes del Egipto posrevolucionario. Pero de nada le valió su intento de calmar los ánimos insistiendo en que su declaración constitucional era “temporal” y no pretendía concentrar poderes. Su llamamiento a las distintas fuerzas políticas para lograr un consenso fue rechazado por éstas.

Un buen número de consejeros presidenciales abandonó al mandatario desde que comenzó la crisis en señal de protesta por el hecho de que el presidente hubiera emitido el decreto sin discusión previa con su equipo de asesores. Entre los dimisionarios estaban Amr el Leithi, Seif Abdel Fattá y Ayman al Sayad. También dimitió el asesor y vicepresidente copto del brazo político de la Hermandad, el Partido Libertad y Justicia, Rafik Habib. Los asesores de la Hermandad realizaron una acción de “aislamiento” del presidente con respecto al resto de consejeros.

El terremoto político y judicial se trasladó a las finanzas. La Bolsa egipcia suspendió brevemente su cotización ante las fuertes pérdidas. Las dudas de los inversores se tradujeron en pérdidas por unos 2.480 millones de dólares en la apertura. La Bolsa de Egipto se desplomó en 9,5%.

Dos bandos irreconciliables
Aunque nominalmente presidente de “todos los egipcios”, Morsi ha mostrado ser voz e instrumento de la cofradía a la que pertenece. Es considerado por muchos egipcios como una marioneta de la Hermandad. Cabe recordar que Morsi se ganó el apodo de “rueda de recambio” al haber sido presentado como el candidato de repuesto en sustitución del influyente Jairat al Shater, el candidato de los Hermanos Musulmanes a las elecciones presidenciales que fue apartado por la comisión electoral.

El jefe de esta Hermandad férreamente organizada es su guía espiritual, Mohamed Badía. Sus llamamientos al diálogo podrían parecer una muestra de tolerancia, pero aseveraciones como “llegar a la verdad y no que uno venza a otro… convertir las diferencias en un punto de construcción y no de destrucción” quedan neutralizadas por la matización de que “esto no se va a lograr si no es con los valores del islam”. Los Hermanos no admiten discrepancias y divisiones y consideran que no sirven más que a los enemigos de la umma (nación islámica).

En cuanto a los islamistas, en el sentido amplio del término, conviene recordar dos cosas:

  1. No representan –ni mucho menos– una mayoría abrumadora en Egipto. Existe controversia por las decisiones del presidente, cuyos nuevos poderes no han caído bien entre la población. Sin embargo, los islamistas están mucho mejor organizados que los liberales y pueden ser más eficaces a la hora de llevar a sus simpatizantes a la votación.
  1. No constituyen un bloque homogéneo. La relación entre las dos agrupaciones mayoritarias, los Hermanos Musulmanes y los salafistas, es muy compleja. Ambos grupos incluyen tendencias conservadoras y otras más moderadas, y hay una gran fluctuación. El ejemplo más conocido es el del islamista moderado y ex candidato presidencial Abdelmoneim Abul Futuh, quien había abandonado la cofradía. Con su nueva formación, el Partido por un Egipto Fuerte, ha pedido el “no” a la constitución. A ello hay que añadir la existencia de órdenes sufíes que han empezado a interesarse en la política desde la revolución. O la de grupos como al-Gamaa al-Islamiya que, tras una revisión ideológica, ha renunciado a la violencia en favor del cambio pacífico, y como la organización de la Yihad egipcia, entre otros.

El acuerdo alcanzado para apoyar la constitución islamista es muy frágil. En el futuro sólo persistirá en la medida en que la Hermandad sea capaz de alcanzar éxitos económicos y sociales, algo muy dudoso si se tiene en cuenta la grave crisis política y económica y la ineficacia en el gobierno. En el momento en que la popularidad de los Hermanos Musulmanes disminuya, los salafistas tratarán de distanciarse y pasarán a la oposición posicionándose como alternativa.

El presidente y su movimiento político no parecen dispuestos a escuchar en un ambiente cada vez más tenso y polarizado. La arrogancia islamista de las últimas semanas demuestra una gran inseguridad. Desde su cuenta de Twitter, los Hermanos Musulmanes mostraron una actitud desafiante, relativizando el número de manifestantes, y acusándolos de ser fulul (remanentes del viejo régimen), lo cual corresponde a la verdad sólo en algunos casos. En los discursos presidenciales aparecen una y otra vez términos como “conspiración”, “inestabilidad” y la distinción entre “buena” y “mala” oposición.

Una consecuencia ha sido que la oposición se está uniendo. El Frente de Salvación Nacional (FSN) –que integra a los principales partidos opositores– anunció las tres demandas cuyo cumplimiento exigen a Morsi: (1) la retirada de la declaración constitucional del pasado 22 de noviembre, que sitúa por encima de la ley las resoluciones del presidente; (2) la suspensión del referéndum sobre una nueva Carta Magna aprobada sin consenso por los islamistas; y (3) la formación de una nueva asamblea constituyente que elabore un texto fundamental representativo de la sociedad egipcia. Hasta el momento, sólo ha conseguido parcialmente lo primero.


Las Fuerzas Armadas en el nuevo escenario
El papel de las Fuerzas Armadas está regulado en el borrador aprobado de la constitución. Según ese texto, se permite a los tribunales militares juzgar a civiles en algunos casos y se autoriza a la justicia militar a juzgar a civiles en casos “excepcionales” en que se produzca un “perjuicio al Ejército”. Una formulación vaga, inconcreta y abierta a interpretación. El ministro de Defensa deberá pertenecer al Ejército y será elegido para el cargo por los propios militares, se instituye un nuevo Consejo Nacional de Defensa que integrará a los principales cargos civiles políticos y militares del país, y que tendrá competencia para controlar los presupuestos militares y opinar sobre las leyes que afecten al Ejército. Se estipula que el presupuesto militar no será sometido a control parlamentario. Como ha recordado Mohamed El Baradei, en la mayoría de los países del mundo son los Parlamentos los que controlan los presupuestos militares.

En suma, el ejército prácticamente vuelve a gozar de los privilegios y derechos que tenía durante los tiempos de Hosni Mubarak. Muchos ven en esta sorprendente e inesperada decisión un pacto entre los Hermanos Musulmanes y el ejército, pues, a pesar de haberse liberado de la tutela del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el gobierno islamista está ahora a merced de los militares, a quienes necesita para su protección. Por otra parte, el ejército está presionando a la Hermandad a cambio de una vuelta a la normalidad en la calle. A día de hoy, lo que vayan a hacer las Fuerzas Armadas es una gran incógnita.

El ejército egipcio cuenta con un personal de casi 460.000 miembros y tiene vastas posesiones de tierras y empresas. Su función social es importante ya que provee empleos y un sentido de identidad nacional a muchos egipcios. El presupuesto de las Fuerzas Armadas y sus ingresos son considerados como “secreto de Estado”. Por otra parte, calcular el tamaño de los negocios e industrias de propiedad militar es muy difícil y se estima que representan alrededor de un 40% del PIB. La mayoría de los gobernadores provinciales son oficiales retirados y muchas de las grandes instituciones civiles y empresas del sector público están dirigidas por ex generales. Algunos de estos oficiales retirados están saliendo abiertamente a la palestra para dar muestras de apoyo a la oposición en la crisis actual.

Una nueva señal se dio cuando la Guardia Republicana –una división fuertemente armada del Ejército, encargada de proteger las instalaciones estratégicas– desplegó tanques y vehículos blindados en las proximidades del complejo presidencial. Cuando la multitud de manifestantes se abrió paso entre las alambradas y escaló los muros erigidos por los soldados, la Guardia –tal como había afirmado su jefe, el general Mohamed Zaki– no utilizó la fuerza. Esto puede tener, puntualmente, algunos aspectos positivos, pero muchos egipcios no desean que los militares intervengan en la política.

La nueva constitución
Aunque la asamblea constituyente egipcia tenía de plazo hasta febrero de 2013 para culminar sus labores, se votó apresuradamente el proyecto constitucional en medio de la peor crisis política desde la elección presidencial hace seis meses. Sus 234 artículos recibieron el visto bueno en apenas 16 horas de debates. En una única sesión maratoniana que se prolongó hasta la madrugada se utilizó un procedimiento de votación complejo: artículo por artículo a dos vueltas. El plan premeditado de los Hermanos funcionó pero con un coste muy alto de polarización y violencia.

Se conservó la referencia a los “principios” de la sharía (ley islámica) en la futura constitución, una formulación que figuraba ya en la anterior Carta Magna de 1971. El artículo 2 prevé que los “principios de la sharía” constituyan la “principal fuente de legislación”. Es una formulación bastante consensuada en Egipto, que significa que la ley islámica no es la única fuente a la hora de legislar. Así pues, el artículo 2 no exige observar estrictamente el derecho islámico, si bien obliga a atenerse a sus principios. Los más radicales en la asamblea retiraron, finalmente, su exigencia de que la estricta interpretación de la sharía determine la nueva constitución. No obstante, el borrador constitucional incluye matices para contentar a los salafistas.

Junto a la cuestión de la sharía en la legislación, los principales enfrentamientos tienen que ver con los derechos y libertades. El proyecto que se está sometiendo a referéndum dista mucho de proteger los derechos humanos y, en concreto, no tiene en cuenta los derechos de las mujeres. Restringe, además, la libertad de expresión con la excusa de proteger la religión y permite que se juzgue a civiles ante tribunales militares. Se dice, por ejemplo, que la universidad al-Azhar, la autoridad máxima en el islam suní, debe ser consultada en todos los temas relacionados con la ley islámica. Muchos temen que esto dé a los clérigos demasiado poder en el establecimiento de las leyes. Los liberales temen igualmente que el artículo que establece que el Estado protegerá “la naturaleza verdadera de la familia egipcia” pueda llevar a los islamistas a imponer su visión del mundo en la cultura popular.

El proyecto presenta muchos déficit, como que la única alusión a la infancia es que los niños deberán tener un nombre apropiado. Nada sobre la prohibición del trabajo infantil o del matrimonio con menores, básico en un país donde teóricamente un adulto se puede casar con una niña de nueve años.

Mientras que para El Baradei la nueva constitución irá a parar al “basurero de la historia”, el primer ministro Qandil confía en que las cosas se calmen tras completarse el referéndum constitucional. Para Qandil, tecnócrata con afinidad islamista, la constitución “no es de ninguna manera un texto perfecto”, pero es el resultado del “consenso de la mayoría”. Incluso el jeque de al-Azhar, Ahmed al Tayeb, pidió a todos los egipcios, “cualquiera que sea su filiación”, que se contengan y recurran al “diálogo pacífico y civilizado que corresponde a Egipto y los egipcios”.

El referéndum constitucional
El 8 de diciembre la crisis política había llegado a un extremo peligroso, con miles de manifestantes en las calles, lo que llevó a las Fuerzas Armadas a plantear públicamente la necesidad de abrir un diálogo para evitar –según el comunicado emitido– una “catástrofe” en el país. Tras reunirse con un sector de la oposición (no asistieron los principales líderes: Mohamed El Baradei, Hamdin Sabahi, Amr Musa y Abdelmoneim Abul Futuh), el presidente Morsi aceptó derogar el decreto promulgado el pasado mes que ampliaba y blindaba sus poderes. Con esto no disminuyó la tensión pues en el nuevo decreto decidió mantener el controvertido referéndum. Muchos vieron con desconfianza este paso considerándolo una maniobra dilatoria.

La oposición laica del FSN continuó rechazando la convocatoria. En un comunicado leído por el presidente del Sindicato de Abogados de Egipto, Sameh Ashur, los opositores criticaron la intención de seguir adelante con la misma en el tenso ambiente tras las protestas y disturbios de los días anteriores. Según la declaración constitucional que anulaba la anterior del 22 de noviembre, en caso de que los electores rechacen la constitución en el referéndum constitucional, el presidente convocará elecciones para escoger a los 100 miembros de una nueva asamblea constituyente dentro de un plazo máximo de tres meses. La Hermandad advertía que, tras la anulación de la polémica declaración constitucional que blindaba los poderes presidenciales, ya no había motivos para que la oposición continuara sus protestas. Pero para los opositores la insistencia de la consulta de una constitución sin consensuar entre todos los sectores marca “las bases de la tiranía presidencial”. Además, el comunicado condena la campaña de intimidación de los seguidores de los Hermanos Musulmanes contra los opositores a Morsi y contra los medios de comunicación, objeto de las críticas de los islamistas.

La economía
Las autoridades de El Cairo han estado meses negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a salir al país de la grave crisis económica en la que se encuentra tras la revolución de 2011, lastrada por el déficit presupuestario y la carencia de divisas generada por el descenso del turismo. El 20 de noviembre –dos días antes del estallido de la crisis por el “decretazo”– se había llegado a un principio de acuerdo. El compromiso pretende realizarse en respaldo del programa económico egipcio 2013-14 con el objetivo de reducir el déficit fiscal y promover la recuperación económica. El FMI advertía a Egipto que el convenio exige que no haya “cambios mayores” en las condiciones económicas. El jefe de la división del FMI de Oriente Medio y Asia Central, Andreas Bauer, aseguraba entonces que las “reformas fiscales son fundamentales” dentro del programa, e incluyen la modificación de los subsidios energéticos y del sistema tributario, así como la flexibilización de la política monetaria.

Este mes, el primer ministro anunció que el Ejecutivo ha pedido al FMI retrasar un mes las negociaciones para obtener el préstamo de 4.800 millones de dólares de ese organismo debido a la actual crisis política. Un portavoz del FMI confirmó que, debido a esos acontecimientos, las autoridades egipcias habían solicitado posponer su petición del préstamo. La razón es que la situación política, que mantiene paralizada la maltrecha economía egipcia, no admite los drásticos recortes de subsidios y las subidas de impuestos que exige el Fondo y que podrían elevar aún más la tensión.

Desde la Hermandad afirman que la constitución traerá la más que ansiada estabilidad política y, con ella, la reactivación de la economía. Es, sin duda, un atractivo fundamental de su campaña, que podría calar entre un sector importante de la sociedad que ha visto mermar sus ingresos con cada nueva crisis política. El gobierno de Morsi ya ha reducido las ayudas al gas butano y la electricidad en el marco de un programa de austeridad, en consonancia con el plan económico propuesto por el país al FMI para recibir el préstamo.

En cuanto a su decisión de subir los impuestos a ciertos bienes y servicios, suspendida horas después, Qandil afirmó que no guardaba relación con las negociaciones con el FMI. El primer ministro señaló que esas enmiendas a la ley de impuestos, que serán discutidas en un diálogo nacional antes de ser aprobadas, forman parte del programa de reforma económica y financiera de Egipto. Subrayó que el programa es parte del plan del gobierno para lograr el crecimiento económico en los próximos dos años y que debe aplicarse porque la alternativa sería nefasta.

El incremento de impuestos afectaba a productos como el acero, el cemento, la cerveza y el tabaco, así como servicios como los de telefonía móvil, la limpieza y la seguridad. La propuesta, hecha un domingo por la tarde, del paquete de medidas de austeridad fue recibida con furia por los egipcios y Morsi se vio obligado a retirarla el lunes por la mañana. Evidentemente, era poco beneficioso para el referéndum tener a la mayoría de la población en contra. En palabras del portavoz de la comisión económica del Partido Libertad y Justicia, Mohamed Gouda, el gobierno actual es por naturaleza tecnócrata y eligió el camino más fácil para reducir el déficit: subir los impuestos al ciudadano medio, pero, según él, “el momento no era el adecuado”.

Es improbable que una mayoría elegida en una democracia todavía en período de gestación pueda permitirse políticamente la imposición de extremas medidas de austeridad. Con el agravamiento de la crisis económica y fiscal, un mayor número de medidas de austeridad serán tomadas en el corto plazo con un coste político muy alto para los Hermanos.

Pero más allá de esto queda patente una descoordinación y falta de comunicación preocupantes entre la presidencia y el equipo del primer ministro. Incluso se puede afirmar que la agenda religiosa de la cofradía y la desactivación de los movimientos de protesta restan todo protagonismo a cualquier plan económico. De hecho, no se ha hecho público ningún plan económico para aumentar la confianza, restaurar el crecimiento y generar empleo.

Numerosos expertos han manifestado grandes reservas respecto al apartado económico de la constitución por su articulado ambiguo y oscuro. Se han hecho reproducciones levemente modificadas de los artículos económicos redactados en 1971, donde los derechos aparecían en forma de concesiones. Tampoco existen indicadores específicos que impliquen obligaciones concretas para el Estado.

Mientras el proyecto de Carta Magna incluye sendos artículos sobre la agricultura y la industria –a los que califica como pilares de la economía que el Estado está obligado a proteger– no hace lo propio con el turismo. De esa forma, una de las fuentes más significativas de divisas para el país, que contribuye un 11,5% al PIB y da empleo a 20 millones de egipcios, no recibe una protección estatal. Tampoco hay un programa nacional dirigido a la conservación del agua, la tierra y la energía. Este déficit es especialmente grave en el país árabe más poblado (85 millones de habitantes). Es más, el proyecto de constitución refleja la carencia en los dirigentes islamistas de la noción de “bien común”.

La primera vuelta del referéndum constitucional
El “sí” se impuso por un margen más ajustado de lo esperado por los analistas en la primera jornada del referéndum constitucional, celebrada el sábado 15 de diciembre. De confirmarse esta tendencia, daría la razón a los que abogaban por la participación en la consulta. De hecho, el FSN, no decidió hasta el día 13 si impulsaría el voto por el “no” en el referéndum en lugar de boicotearlo.

Varios líderes islamistas habían pronosticado una victoria aplastante, con más del 70% de los votos a favor. Una victoria por debajo del 60% sería un fracaso para los islamistas y un gran éxito de los opositores. Les colocaría en una posición de fuerza para enmendar la constitución en el nuevo Parlamento. Si la Carta Magna es aprobada en el referendo, reemplazará todas las declaraciones constitucionales, incluyendo el controvertido decreto firmado por Morsi, y deberá llevar a la elección de un nuevo parlamento en 60 días.

La oposición mostró serias dudas de que el referendo se desarrollara de forma transparente. No se habían cumplido los requisitos planteados previamente por los opositores: la celebración de la consulta en un solo día y la supervisión judicial completa. Según la oposición, la convocatoria de dos jornadas de votación –los días 15 y 22– contradice una ley de 1956 que estipula que esos días deben ser consecutivos. La Comisión Electoral amplió la consulta de uno a dos días por la falta de jueces dispuestos a supervisarlo, ya que muchos han decidido boicotearlo como rechazo a las últimas decisiones del presidente.

Según datos oficiosos proporcionados por el Partido Libertad y Justicia, un 56,5% de los ciudadanos votó a favor y un 43,5% en contra del borrador constitucional islamista en la primera jornada. Unos 26 millones de egipcios residentes en 10 provincias estaban convocados a las urnas para la primera ronda. En El Cairo ganó el “no”. La participación se habría situado en el 33%, claramente por debajo del 50% de las presidenciales.

En esta primera jornada unos 120.000 soldados fueron movilizados para ayudar a los 130.000 policías encargados de la protección de las operaciones de votación. El resto votará el próximo sábado 22 de diciembre. El papa copto, Teodoro II, dio completa libertad a los cristianos para votar en un sentido o en otro. Pero les animó a ir a votar. Esto demuestra la renovada actitud de los coptos de integrarse y participar activamente en la vida política. También han votado unos 586.000 expatriados registrados en 150 legaciones diplomáticas en el extranjero. Hace medio año en la segunda vuelta de la elección presidencial solo lo hicieron 300.000.

Observadores internacionales han informado de una amplia gama de irregularidades en la votación, aunque no hay evidencia de fraude sistemático. Un número mucho mayor de manipulaciones se prevé en la segunda jornada para forzar los resultados. La oposición del FSN acusó a los oficialistas Hermanos Musulmanes de fraude electoral y afirmó haber observado numerosas “violaciones” de las reglas electorales por parte de los islamistas partidarios del jefe de Estado. Un portavoz de la Hermandad ha denunciado las acusaciones de irregularidades proferidas por la oposición porque, dice, tacha al pueblo egipcio de “analfabeto e ignorante”. El FSN ha convocado nuevas manifestaciones masivas por las irregularidades en la primera ronda del referéndum. Ya había adelantado que no reconocerá los resultados de ninguna consulta sin transparencia.

Conclusión: El riesgo de más derramamiento de sangre e incluso de un conflicto generalizado en Egipto continúa siendo alto. Aún así, lo que está ocurriendo en las últimas semanas en ese país tiene una parte positiva: la incompetencia mostrada por el gobierno de los Hermanos Musulmanes ha abierto los ojos a muchos de sus seguidores. Decir que “el islam es la solución” es fácil y atractivo desde la oposición, pero resulta inefectivo una vez que se tiene la responsabilidad de gobernar. Los islamistas están mostrando sus verdaderas intenciones, mientras la oposición ha despertado de su letargo y se está uniendo. Los ataques violentos de sectores de la Hermandad contra los manifestantes si algo demuestran es que los nuevos gobernantes tienen miedo. Junto a la batalla religiosa en la transición egipcia, una de las más disfuncionales de la historia política moderna, cada vez cobra mayor relieve el aspecto económico.

Marcos Suárez Sipmann
Politólogo, jurista y actualmente periodista en El Cairo (Twitter: @mssipmann)

 
 
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