Tema: La ocupación del 37% de Chipre por Turquía es una anomalía legal y política prolongada en el tiempo que la UE está obligada moralmente a abordar de inmediato.

Sumario: Más de un tercio del territorio de Chipre permanence ocupado desde la invasión de Turquía en 1974. Este acto de agresión fue objeto de una condena inmediata por parte de las instituciones de la comunidad internacional. La ocupación y la subsiguiente secesión ilícita en 1983 del territorio ocupado fueron dos hechos condenados reiteradamente por las Naciones Unidas, la Comunidad/Unión Europea y el Tribunal Europeo de las Derechos Humanos. A pesar de todo ello, la victimización descarada de los chipriotas continúa a pesar de ser ciudadanos de la UE desde el 1 de mayo de 2004. Al mismo tiempo, la UE ejerce un papel mundial de defensor de los principios y valores de la libertad, los derechos humanos, la democracia, la dignidad, la solidaridad y la justicia; amenaza además con sanciones a los Estados que violan los derechos humanos de sus ciudadanos. Por lo tanto, si los principios y valores esenciales de la UE han de ser tomados en serio, necesariamente Turquía (candidato a ser miembro de la UE) debería ser objeto de condena y debería empezar, al mismo tiempo, el proceso de liberación de Chipre. De no ser así, la UE estaría minando su credibilidad y prestigio internacional.

Análisis: La UE es una potencia internacional que afirma promover un orden global más racional y humano. En este sentido, trata de acumular prestigio moral en diversas actividades internacionales que incluyen, entre otras cosas, los derechos humanos, el mantenimiento y la lucha por la paz, la sensibilidad ecológica, la asistencia humanitaria y una generosa ayuda a otros países.

La pertinente discusión acerca del papel internacional de la UE y su identidad emergente está actualmente siendo abordada por la literatura sobre el “poder civil de la UE”, el “poder militar de la UE” o el “poder legislativo de la UE”. A este respecto hay un diálogo “ético” creciente sobre los principios, normas y valores esenciales de la UE, aunque la mayoría de los académicos evitan emplear los términos “ética” o “moral”.

Es curioso que estas discusiones no hayan abordado las obligaciones morales de la UE respecto a la República de Chipre, a pesar de tratarse de un miembro de pleno derecho desde mayo de 2004.[1] Sin embargo, dado que parte de Chipre sigue bajo ocupación turca, y habida cuenta de la demostrable ilegalidad e inmoralidad de la ocupación, así como la intransigencia y manifiesta mala fe de Turquía, se deduce lógica y éticamente la necesidad de restablecer los derechos humanos y las libertades fundamentales de los chipriotas. Por lo tanto, si bien es cierto que la UE debe promover su papel ético a nivel global, se puede argüir que su obligación moral respecto a uno de sus miembros debe tener una prioridad lógica y política.

Orígenes y naturaleza de las obligaciones morales de la Unión
Tal y cómo ponía de relieve el Informe Anual sobre Derechos Humanos de la UE 2006, “Los defensores de los derechos humanos y las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en distintas partes del mundo esperan mucho de la UE. Con toda razón: es de esperar que la UE, como comunidad basada en los valores, lleve adelante la causa de los derechos humanos y la democracia con gran ambición”. Asímismo, según la comisaria Benita Ferrero-Waldner, “el respeto por los derechos humanos es uno de los valores más fundamentales y universales de nuestro mundo. Todos nosotros, en nuestros cargos oficiales y en nuestra vida privada, tenemos la responsibilidad de fomentar y proteger los derechos de los demás miembros de la familia humana, ya sea en casa o en cualquier otro lugar del mundo”.

El profesor Ian Manners, explicando en más detalle el carácter “normativo” de esta “comunidad basada en valores”, ha señalado las cinco “normas básicas”: paz, libertad, democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.[2] Estas normas se encuentran plasmadas, incluso destacadas, en cada uno de los documentos programáticos de la CE/UE, incluyendo el Preámbulo y los principios fundamentals del Tratado de 1957 por el que se establecían las Comunidades Europeas (TEC, art.177 y art. 11) y el Tratado de la Unión Europea de 1991 (TEU, art. 6 y art. 11), los Criterios de Copenhague de 1993, los principios y normas del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, el borrador del Tratado Constitucional y las Directrices de la Unión Europea 2005 que promovían la conformidad con la ley internacional humanitaria (IHL). Manners, desarrollando los “principios fundacionales” de la UE, recordaba los derechos fundamentales de esta organización: dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.

En algún otro escrito,[3] propongo la noción de una “UE pragmática e idealista” como concepción provechosa del papel global de la organización, como indicio de los objetivos éticos de la UE y como explicación conceptual más amplia del “poder normativo de Europa”. En cualquier caso, mi principal preocupación es la inserción en el debate de los términos “moral” o “ética” y de la afirmación de que la UE es –ya– un actor ético prima facie.

Pero, ¿reúne la UE los criterios necesarios para ser un auténtico “poder normativo” o “actor pragmático idealista” cuando duda a la hora de aplicar sus principios y valores esenciales con objeto de corregir la anomalía ética que sigue produciéndose en Chipre? La respuesta presupone la demostración de que la República de Chipre merece la protección ética de la UE. Esto último puede establecerse demostrando la prolongada victimización de que ha sido objeto Chipre, principalmente por parte de Turquía.

La victimización de Chipre a manos de Turquía
La victimización a la que Turquía ha sometido a Chipre desde la invasión de 1974 es fácil de demostrar, una vez que se ponen al descubierto la parcialidad y la desinformación. Puesto que los datos relevantes son muy fáciles de obtener, un mero esbozo debería de ser suficiente en este caso para mostrar que, mientras que los greco-chipriotas se han esforzado desde hace tiempo en conseguir la liberación y “reunificación”, Turquía trata de explotar la ocupación con el fin de obtener su ingreso en la UE y “reunificar” Chipre bajo sus propias e interesadas condiciones. 

Además de este chantaje, su importancia geopolítica ha garantizado el trato de favor continuado de Occidente hacia Turquía desde la Doctrina Truman. En cuanto al triángulo Turquía-Chipre-Grecia, la realpolitik frecuentemente inmoral mantenida por Washington y Londres se ha extendido tanto a Grecia como a Chipre. El ejemplo más reciente ha sido el intento de vender el Plan Annan como un “plan de reunificación de Chipre de la ONU”. En realidad, este plan estaba diseñado para servir a los intereses estratégicos de EEUU, el Reino Unido y Turquía, así como a las necesidades idiosincráticas de los turco-chipriotas. Al mismo tiempo, trataba de exculpar totalmente a Turquía por la invasión y la ocupación, evitaba el restablecimiento total de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los chipriotas e ignoraba las preocupaciones y angustias legítimas de los greco-chipriotas, que son la inmensa mayoría de la población de Chipre.

En mi libro Unfair Play, publicado en 2006,[4] demostré como el Plan Annan violaba principios y normas fundamentales de la legislación internacional y europea, creando de ese modo un precedente nocivo en su cultura legal y ética. Por otra parte, el plan era manifiestamente inviable y claramente injusto hacia los greco-chipriotas, como se puede ver en la siguiente lista de fallos estructurales:

(1)         Las cláusulas constitucionales para las mayorías intercomunitarias equivalían prácticamente a dar el derecho de veto a la minoría turco-chipriota.

(2)         En caso de bloqueo en las tomas de decisiones intercomunitarias, el plan apelaba al nuevo Tribunal Supremo. Pero en este caso, además de los jueces greco-chipriotas y turco-chipriotas, el plan introducía tres jueces extranjeros.

(3)         El grueso de la responsabilidad económica de gestionar el nuevo Estado recaía necesariamente sobre los greco-chipriotas, cuya renta per cápita actual es unas tres veces superior a la de los turco-chipriotas.

(4)         El hecho de que asuntos de propiedad fundamental se dejara en manos de un Consejo de la Propiedad provocaba inseguridad y frustración: muchas indemnizaciones –ambiguas– se podían extender más de 35 años mientras que su poco transparente financiación y oscuros mecanismos resultaban incomprensibles para la mayor parte de la gente corriente.

(5)         Amparándose en ambigüedades calculadas, el plan había legitimado a la mayoría de los colonos ilegales. Además, haciendo gala de una total insensibilidad hacia los greco-chipriotas, el plan ignoraba el grave conflicto –social, económico, psicológico y politico– con los turco-chipriotas autóctonos, según se reconocía en el Informe de 2003 sobre Chipre de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (escrito por Jaakko Laakso): “Los colonos proceden en su mayoría de la región de Anatolia, una de las regiones menos desarrolladas de Turquía. Sus costumbres y tradiciones se diferencian enormemente de las existentes en Chipre. Estas diferencias representan el principal motivo de tensión y descontento entre la población autóctona turco-chipriota que tiende a verlos como elementos extraños”.

Por otra parte, el plan contenía dos pecados legales y éticos muy reveladores: (1) la anulación del derecho de los ciudadanos a apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para obtener indemnizaciones; y (2) la entrega de la plataforma continental a las Bases Militares de Soberanía Británica, tras el descubrimiento de grandes depósitos de hidrocarburos en el sur de Chipre…

Este esbozo debería servir para justificar el rechazo del plan por el 76% de los greco-chipriotas. Ahora bien, una vez rechazado, el plan debía ser considerado nulo y sin valor. Y sin embargo, centros de poder muy influyentes en Europa y otros lugares se lanzaron de inmediato a “castigar” a la República por el rechazo de los greco-chipriotas, al tiempo que trataban de “recompensar” a los turco-chipriotas por su apoyo al plan. Todo ello resultaba una clara burla de la noción de referendum. También era descaradamente inmoral: porque simplemente no se puede “castigar” a quienes rechazan algo injusto e inviable o “premiar” a quienes apoyaron lo que servía a sus intereses y necesidades. Todo esto demuestra la victimización de los chipriotas por la cruda Realpolitik en lugar de su protección por la Moralpolitik.

Turquía y los líderes turco-chipriotas están organizando el restablecimiento del Plan Annan. Reciben un apoyo constante de Washington y del actual lobby europeo de Turquía, ambos empeñados en hacer la vista gorda ante el comportamiento turco ilegal e inmoral. Lo que es peor, este comportamiento se ha agravado recientemente: en primer lugar, por la descarada violación por parte de Turquía de su obligación de abrir sus puertos y aeropuertos a la República de Chipre y, en segundo lugar, por la incesante campaña para construir casas y hoteles en el territorio ocupado, sobre las propiedades que los greco-chipriotas abandonaron durante la sangrienta invasión turca.[5]

Es más, el Gobierno del AKP liderado por Recep Tayyip Erdogan y sus apologistas han cultivado y difundido una triple mitología: en primer lugar, que Turquía “ha cumplido sus obligaciones en Chipre” al apoyar el Plan Annan; en segundo lugar, que la UE debe mantener sus promesas con los turco-chipriotas como condición previa para que Turquía cumpla sus obligaciones contractuales; y, en tercer lugar, que debe “ponerse fin al aislamiento de los turco-chipriotas por parte de los greco-chipriotas”.

El primer mito es a todas luces absurdo. Desde que se elaboró el Plan Annan para exculpar a Turquía y para servir los intereses de EEUU, el Reino Unido y los turco-chipriotas, es inconcebible alegar que Turquía ha cumplido las obligaciones que se derivan de la invasión, los 33 años de ocupación y la flagrante violación de los derechos humanos de todos los chipriotas legítimos.

El segundo mito se derrumba igualmente al recordar que, con el consentimiento de Nicosia, la UE adoptó la Normativa de la Línea Verde para la circulación de personas y mercancías. Además, la ayuda financiera de 259 millones de euros asignada por la UE y destinada a los “turco-chipriotas” fue aprobada por el Gobierno legítimo de Nicosia. Por lo tanto, este mito representa otra colosal mentira.

En tercer lugar, al referirse al “aislamiento” de los turco-chipriotas, la propaganda turca espera, en primer lugar, eludir el reconocimiento de la generosa ayuda que el Gobierno de Chipre ha tendido a los turco-chipriotas[6] y, en segundo lugar, ocultar la condena internacional del régimen ilícito y no reconocido de la Chipre ocupada (“República Turca del Norte de Chipre” o “RTNC”). Esta condena se realizó de la siguiente manera: en primer lugar, la invasión de 1974 fue reconocida universalmente como ilegal e inmoral y, posteriormente, en noviembre de 1983 la “declaración unilateral de independencia (DUI) por el régimen de ocupación fue declarada universalmente nula y sin efecto.

El Tribunal de las Comunidades Europeas, la Comunidad Europea y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se manifestaron sobre la cuestión a través de dictámenes jurídicos, resoluciones y declaraciones todas ellas condenatorias. Por ejemplo, la Resolución 541 del Consejo de Seguridad de la ONU (1983) declaraba que el Consejo de Seguridad “…1. Deplora la declaración de los turco-chipriotas de la pretendida secesión de parte de la República de Chipre; 2. Considera la declaración arriba mencionada sin validez legal y exige su retirada;… 7. Insta a todos los Estados a no reconocer a ningún Estado chipriota que no sea la República de Chipre…”.

La Comunidad Europea hizo pública su condena explicita de la declaración unilateral de independencia poco después. Seis meses más tarde, el Consejo de Seguridad, a través de su resolución 550, reiteró su condena reflejada en la resolución 541 (1983) y exigió su aplicación inmediata. Ninguna de estas resoluciones ha sido respetada por Turquía.

He aquí otro mito, pasado por alto por la mayoría de los observadores de la realidad chipriota: cualquier referencia ambigua y sin matices a los “turco-chipriotas” es totalmente engañosa e inmoral. Los turco-chipriotas autóctonos han sido durante muchos años una minoría en la Chipre ocupada. Son superados considerablemente en número por los colonos turcos ilegales, traídos sistemáticamente para hacer irreconocible la demografía de la República antes de la invasión. Como apuntaba el Informe del Consejo de Europa de 2003 mencionado anteriormente:

“Pese a la falta de consenso sobre las cifras exactas, todas las partes implicadas admiten que ciudadanos turcos han ido llegando de forma sistemática a la zona norte de la isla. Según estimaciones fiables, su número alcanza en la actualidad los 115.000… La cifra de [turco-chipriotas] ha descendido desde 118.000 en 1974 a un número estimado de 87.600 en 2001. Por lo tanto, los colonos superan en número a la población turco-chipriota autóctona en el norte de la isla”.

Esta ilegalidad constituye un crimen de Guerra. Sin embargo, la ONU permitió a estos ciudadanos turcos votar en el referéndum chipriota en igualdad de condiciones que los turco-chipriotas autóctonos.

Todo esto ayuda a comprender por qué mi reciente libro se titulaba Unfair Play (juego sucio). Londres, Washington y Ankara aparecen en él como protagonistas de la inmoralidad que supone la Realpolitik; sin embargo, Grecia y la UE son elogiables por haber apoyado las justas reivindicaciones de Chipre. En particular, el papel etico de la UE aparece de la siguiente forma: en primer lugar, cuando la CE/UE ha puesto obstáculos a las ambiciones de Turquía de ingresar en su seno, siempre ha tenido presente la ocupación de Chipre. En segundo lugar, la UE condenó inmediatamente la declaración unilateral de independencia de 1983 por el régimen secesionista. En tercer lugar, desvinculó el proceso de adhesión de la República a la UE a la resolución del problema en la cumbre de Helsinki celebrada en diciembre de 1999. En cuarto lugar, el Consejo Europeo de diciembre de 2002 en Copenhague decidió que la República (indivisible) de Chipre debía firmar el Tratado de Adhesión en abril de 2003. Por ultimo, la República ingresó oficialmente en la Unión en mayo de 2004. En general, por lo tanto, las instituciones de la UE han reconocido y defendido durante décadas la legítima reivindicación de Chipre.

Algunas vicisitudes chipriotas posteriores al Plan Annan
Con la aspiración de comenzar las negociaciones de su ingreso en la UE el 3 de octubre de 2005, Turquía firmó el Protocolo Adicional al acuerdo de Unión Aduanera el 29 de julio de 2005. Turquía añadió, no obstante, una “declaración” en la que insistía en “no reconocer” a la República de Chipre. Por su parte, la UE emitió una “contradeclaración” el 21 de septiembre de 2005, con la que demostraba la determinación de esta organización de hacer valer sus principios y valores esenciales.

La “contradeclaración” incluía compromisos legales, políticos y éticos. En el párrafo 2 se hacía hincapié en que la declaración de Turquía “es unilateral, no forma parte del Protocolo y no tiene efectos legales sobre las obligaciones de Turquía expresadas en el Protocolo”. De acuerdo con el Párrafo 4, “La Unión Europea y sus Estados miembros recuerdan que la República de Chipre se convirtió en Estado Miembro de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004”. Y subrayaba: “reconocemos únicamente a la República de Chipre como sujeto del derecho internacional”. El siguiente párrafo era igualmente explícito: “El reconocimiento de todos los Estados miembros es un componente necesario en el proceso de acceso. Por consiguiente, la UE subraya la importancia que concede a la normalización de las relaciones entre Turquía y todos los Estados miembros de la UE, lo antes posible”. Por ultimo, tras reiterar su apoyo a los esfuerzos de la ONU para una solución global del problema de Chipre, la contradeclaración (párrafo 7) exigía que la solución de Chipre se hiciera “de acuerdo con los principios sobre los que está fundada la Unión…” (énfasis añadido).

Durante este período, Nicosia acumuló un cálido apoyo político y moral, en el Comité de Representantes Permanentes (COREPER) y en el Consejo para Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, de hasta otros 19 Estados miembros. Este apoyo se debió a la creciente frustración que los miembros y las instituciones de la UE sentían ante los provocativos actos y omisiones de Ankara; el Reino Unido, que por entonces ejercía la Presidencia de la UE, se vio aislada con frecuencia debido a su excesiva turcofilia; asimismo, se iban revelando y apreciando los errores del Plan Annan.

El 3 de octubre de 2005, el Consejo aprobó el “Marco de negociación para Turquía”, en el que se le exigían entre otras cosas: (b) su “apoyo sostenido a los esfuerzos para lograr una solución global del problema de Chipre dentro del marco de la ONU y de acuerdo con los principios sobre los que está fundada la Unión”…; y (c) “progreso en la normalización de las relaciones bilaterales entre Turquía y todos los Estados miembros de la UE, incluyendo la República de Chipre”.

El 12 de octubre de 2005, “el Comité por una Solución Europea en Chipre”, presentó en Bruselas su Informe titulado Una base de principios  por una solución justa y duradera en Chipre a la luz del derecho europeo e internacional. Este informe, elaborado por una comisión internacional de distinguidos catedráticos de Ciencias Políticas, Derecho Internacional y Derecho Constitucional, incluía una crítica devastadora del Plan Annan, seguido de recomendaciones para lograr una “solución europea” del problema de Chipre. El informe fue recibido con elogios por numerosos miembros del Parlamento Europeo expertos en la materia.

Otro documento de la Comisión fue bien recibido por aquellos que se plantean una resolución justa, viable y digna del problema, junto con el acercamiento auténtico y la sólida amistad entre Grecia y Turquía. La Propuesta por una Decisión del Consejo sobre los principios, prioridades y condiciones contenidos en el partenariado para la adhesión de Turquía sostenía que ésta última debería “seguir apoyando los esfuerzos para lograr una solución global del problema de Chipre dentro del marco de la ONU y de acuerdo con los principios en los que está fundada la Unión.[7] Por lo tanto, ante los repetidos pasos en falso de Turquía y dada la progresiva desmitificación del Plan Annan, mientras la postura de Chipre recibía cada vez más comprensión y aumentaba su respetabilidad como miembro de la UE, la Comisión inisitía en que la solución de Chipre debe ser decidida de acuerdo con los principios y normas axiológicas de la Unión.

El Gobierno de Chipre se encontraba bajo la presión de una opinión pública descontenta que deseaba que el Gobierno vetase el inicio de las negociaciones entre la UE y Turquía. Podría haberlo hecho, tanto el 17 de noviembre de 2004 como el 3 de octubre de 2005, o en ambas ocasiones. Al resistir la tentación de vetar las negociaciones demostró su respeto hacia los valores de moderación y reconciliación de la organización europea. A su vez, Nicosia esperaba la solidaridad de la UE en forma de una verdadera presión sobre Turquía para que empezase a cumplir –por fin– sus obligaciones legales y morales. Dicha presión no se materializó y los sucesivos Gobiernos de Ankara no han cedido un ápice. En agosto de 2007, Turquía se negó a “reconocer” la República. Esto demuestra que Ankara sigue violando sus obligaciones legales, políticas y morales tanto respecto a Chipre como respecto a la propia UE.

En 2006, la reivindicación de Nicosia recibió aún más apoyo por parte de muchas capitales europeas, el Parlamento Europeo y algunos de sus distinguidos representantes. Todos ellos habían estado formulando un “acervo” ético respecto a los trucos y maniobras que Turquía utiliza en la cuestión chipriota. En este sentido es bastante revelador el Informe sobre Turquía elaborado en septiembre de 2006 por el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo. Este informe fue escrito por un parlamentario europeo, el holandés Camiel Eurlings. Entre las cuestiones que preocupaban a este parlamentario figuraba el incumplimiento por parte de Turquía de sus obligaciones respecto a Chipre. Por ejemplo, en el párrafo 52, el Informe expresaba la decepción del Comité ante el hecho de que Turquía, a pesar de sus obligaciones contractuales, mantuviese las restricciones sobre los buques que navegan con bandera chipriota…; recordaba a Turquía que esta práctica constituye una violación del Acuerdo de Asociación, la Unión Aduanera y el Protocolo Adicional, puesto que las restricciones infringen el principio del libre movimiento de mercancías;… lamentaba que Turquía mantuviese su veto contrario a la participación de la República de Chipre en organizaciones internacionales y acuerdos multilaterales. El apoyo moral a Chipre fue también expresado por influyentes parlamentarios europeos, que respondían a la publicación del Informe periódico sobre los Avances de Turquía hacia la Adhesión. Tras observar la pasividad de la comisión respecto al incumplimiento por parte de Turquía de sus obligaciones contractuales, Elmar Brok del Partido Popular Europeo –por entonces presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo– lamentó el cambio de actitud de la Comisión y así lo manifestó en la cumbre celebrada en diciembre de 2006: “La Comisión elude hacer una evaluación final de Turquía, en particular respecto a la cuestión no resuelta de Chipre. Esto no solo supone una falta de credibilidad ante la ciudadanía europea, sino que sigue debilitando la posición negociadora de la UE respecto a Turquía”.[8] Del mismo modo, el vicepresidente del Grupo Socialista, Jan Marinus Wiersma, afirmó: “… [el] protocolo de Ankara es una importante cuestión legal: no es un tema negociable y debe ser puesto en práctica en su totalidad” (ibid.).

En Chipre, las elites políticas, el mundo académico y la opinión pública acogieron con consternación el repentino giro del comisario Olli Rhen sobre los asuntos mencionados. A lo largo de 2006, Rehn adviritó sobre un “choque frontal” entre la UE y Turquía a menos que esta última cumpliese sus obligaciones legales y sus responsabilidades éticas. Pero, cediendo ante presiones de los sospechosos habituales, presiones ampliamente denunciadas, en vez de apoyar las sanciones de peso con las que se llevaba tiempo amenazando al país culpable –tales como proponer la suspensión de las negociaciones para el acceso de Turquía– Rehn participó activamente en un “compromiso” de la Comisión Europea. Turquía fue castigada con la “suspensión” de solo ocho capítulos (de las negociaciones de acceso) de un total de 35. Elmar Brok defendía ahora que “no deberían abrirse nuevos capítulos de negociación mientras Turquía no cumpliese con sus obligaciones legales”.

En diciembre de 2006, a Turquía se le concedió un “período de tolerancia” de hasta tres años para cumplir con sus obligaciones no respetadas respecto a Chipre y la UE. Los argumentos implícitos –en el sentido de ayudar a Turquía a superar sus asuntos internos y su malestar político– son deplorables. Los problemas internos de Turquía no pueden servir de excusa ni para la evidente victimización de un Estado Miembro de la UE ni para la violación sin tapujos de las normas, principios y valores de la Unión.

¿Merece Chipre la protección ética de la UE?
El peso de la culpa acumulada por Turquía hacia Chipre se debe, entre otras cosas, al continuo uso de la fuerza militar en la ocupación ilegal del norte de Chipre, la violación de derechos humanos elementales y de libertades fundamentales de los greco- y turco-chipriotas, la negativa a reconocer la República –en contraste con el resto del mundo, y la propia UE–, las amenazas tácitas de utilizar de nuevo la fuerza militar en Chipre, la hipocresía y el engaño constantes, la distorsión intencionada de hechos legales, políticos y éticos, el uso incesante del chantaje político y militar además de la violación de la norma esencial de pacta sunt servanda.

Este comportamiento es éticamente intolerable. Demuestra el intento por parte de Turquía de ignorar el acervo normativo (legal y ético) de la UE con la vista puesta en sus intereses egoístas y sus ambiciones geopolíticas. Igualmente doloroso resulta que ciertos miembros de la UE y (recientemente) de la Comisión Europea se crucen de brazos ante las provocaciones ilegales e inmorales de Turquía. Por lo tanto, una vez recordada la lista de los agravios, cualquier retraso adicional a la hora de satisfacer la justa reivindicación de la República de ser liberada equivale a un escándalo ético: paradojas legales, pecados éticos y anomalías políticas están siendo tolerados en beneficio de un experimento geopolítico problemático, amén de sumamente impopular.

Este escándalo ético conlleva profundas implicaciones para la credibilidad y el prestigio de la UE. Una enorme contradicción surge en la celebración retórica de los principios, normas y valores esenciales de la Unión, cuando no se está cumpliendo con lo que se honra. La libertad, la democracia, el respeto los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, la dignidad, la igualdad, la solidaridad y la justicia no son abstracciones metafísicas, sino los compromisos legales, políticos y éticos constitutivos de la UE. Si se desea que su afirmación y celebración se tomen en serio, en especial cuando se promueven por todo el mundo, es lógico esperar –ética y políticamente– que sean aplicados a fortiori a Chipre y Turquía.

Consideraciones finales
Según Immanuel Kant, “debería implica puede”. ¿Es la UE capaz de satisfacer las legítimas reivindicaciones de Chipre para que podamos establecer lo que debería hacer?

En primer lugar, vimos como la UE ha demostrado en varias ocasiones su voluntad y su capacidad de proteger los derechos de Chipre, así como su capacidad de “castigar” a Turquía por su política en la isla.

En segundo lugar, ha cristalizado un acervo ético respecto a Chipre gracias a las resoluciones, declaraciones, comunicados y acciones, difundidas por la mayoría de las instituciones de la UE, por las Naciones Unidas con la participación de la CE y por distinguidas personalidades de la UE. Este acervo implica la probada capacidad de la UE para protestar contra la inmoral victimización de la República de Chipre.

En tercer lugar, si la UE puede amenazar a terceros con sanciones de peso en caso de que violen los derechos humanos de sus ciudadanos, es incomprensible que no se impongan sanciones de peso a los Estados candidatos que victimizan de forma constante a los ciudadanos de un Estado Miembro. De forma tradicional, la CE/UE había contado siempre con la ONU para hacer frente al problema de Chipre. Sin embargo, hoy en día, las cosas han cambiado radicalmente: la República es un Estado Miembro de la UE, el papel de la ONU en el Plan Annan está gravemente desacreditado y la arrogancia de Turquía, su poca fiabilidad y mala fe están demostradas. Por lo tanto, la UE debería imponer sus principios y valores esenciales a la vez que asiste a las Naciones Unidas en su papel imparcial: proteger los derechos humanos de los chipriotas (legítimos) así como la credibilidad, prestigio y dignidad de la UE.

En cuarto lugar, en cuanto a las medidas de un modus operandi efectivo de la UE, deberían comenzar por una rápida retirada de las fuerzas de ocupación turcas; con cambios radicales en el Código Penal Turco (CPT), que impide el debate y la autocrítica; y en lo que respecta al pacta sunt servanda, dar prioridad a la normalización de las relaciones turco-chipriotas, empezando por el reconocimiento de la República. Este reconocimiento entrañaría, claro está, el des-reconocimiento del régimen secesionista. Pero ello, al igual que la normalización de las relaciones turco-chipriotas, no sería un acto de generosidad. Es sencillamente lo que Turquía debería hacer, dadas las innumerables resoluciones y decisiones de la ONU y de la CE/UE y las obligaciones explícitas que conlleva su candidatura a la UE.

En quinto lugar, los puntos anteriores no implican que se espere que la UE resuelva el problema de Chipre. Turquía no lo desea, porque le preocupa el tener que aplicar “los principios en los que está fundada la Unión”. Y Nicosia no lo reclama, pues espera la puesta en práctica de las normas y valores de la Carta de la ONU, además de la aplicación de los principios y normas de la UE.

En conclusión, he aquí un desglose preliminar de lo que la UE puede, y por lo tanto debería moralmente hacer:

(1)     Hacer hincapié de forma reiterada –en comunicados, declaraciones, acciones y decisiones– que uno de sus Miembros está siendo victimizado por un candidato deseoso de ser miembro de la organización.

(2)     Forzar a Turquía a acelerar la retirada de sus tropes de Chipre.

(3)     Turquía debería reconocer la República tras las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2007.

(4)     Ya que Turquía ha tramado la evasion de las negociaciones intercomunales auspiciadas por la ONU –según el acuerdo del 8 de julio de 2006– debería estar obligado a forzar la participación de los turco-chipriotas en estas negociaciones.

(5)     La UE debería reclamar la derogación inmediata del artículo 301 y los demás artículos semejantes del Código Penal Turco.

(6)     La proverbial “conciencia moral” de la UE, es decir el Parlamento Europeo, debería emprender iniciativas más contundentes para defender a Chipre.

(7)     Podría formarse un “Comité de sabios” que desempeñase la labor de “mediador honesto” entre Nicosia y Ankara, así como entre las principales comunidades chipriotas, y que actuase de enlace con los representantes de la ONU y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

(8)     El alto representante de Relaciones Exteriores de la UE –cargo recientemente previsto en el Consejo Europeo de junio de 2007– debería incluir entre sus prioridades la coordinación y puesta en marcha de todo lo anterior.

No obstante, si las medidas propuestas no fueran suficientes para movilizar a la UE como lo exigen sus obligaciones morales hacia Chipre, el Gobierno de Nicosia, apoyado por los Miembros afines, debería cambiar su estrategia y recurrir –al fin– al uso de su derecho de veto.

Conclusiones: Este autor es muy consciente de los numerosos apoyos con los que cuenta Turquía gracias a su valor geopolítico, su potencial de crecimiento, su posible papel como “puente” entre la UE y el mundo musulmán, etc. De hecho, estas razones y la posibilidad de establecer una zona de paz y amistad entre Turquía, Chipre y Grecia –una vez que Turquía haya sido “europeizada”– explican mi cálida acogida inicial de las aspiraciones de Turquía de acceder a la UE.[9] Sin embargo, la idea de la “europeización” de Turquía está siendo progresivamente falsificada: levantando las pasiones nacionalistas provocadas por la percepción de que la UE está siendo “injusta” con Turquía, por un entusiasmo equivocado a la hora de influir en sus condiciones de entrada, por una reacción de las elites y el pueblo turco ante las impresiones negativas de muchos europeos (para quienes Turquía es “demasiado grande, demasiado pobre y demasiado musulmana”) y por una política cultural contradictoria y confusa en la que el narcisismo, la arrogancia y la agresividad conviven con el pesimismo, la inseguridad y la confusión. Este retrato explica tanto la animadversión como el apoyo ante la trayectoria de Turquía hacia la UE. También podría explicar la idea de que, puesto que el camino de acceso de Turquía parece cada vez más difícil, no debe esperarse que este país se ajuste a los principios, valores y normas de la UE. En todo caso, esta noción representa una grave falacia, ya que supone que la UE debe alterar su carácter axiológico para acomodarse a Turquía o que la integración debe preceder a la conformidad a los valores y normas de la UE. Ambas lecturas implican que la UE debería ceder al chantaje de Turquía, algo política y moralmente intolerable. Sin embargo, hay una tercera vía sugerida por este ensayo: en primer lugar, al margen de lo que el futuro depare a las relaciones entre la UE y Turquía (incluyendo la “asociación estratégica”), debería ayudarse a Turquía a cumplir con sus obligaciones legales, políticas y morales sin discriminaciones positivas o negativas; en segundo lugar, la Unión debe responder a sus obligaciones morales respecto a Chipre, pues ahora constituyen una prueba para la autenticidad axiológica e identidad ética de la UE de la que depende en gran manera su credibilidad interna y su prestigio internacional.

Costas Melakopides
Universidad de Chipre