Sólo una cuarta parte de los extranjeros procedentes de los países más desarrollados de la UE que viven en España son jubilados. El resto forma una población activa, con niveles educativos y ocupacionales superiores a los de la población española y muy superiores a los del resto de los inmigrantes. [1]

Resumen

La inmigración a España procedente de los países más desarrollados de la UE se ha multiplicado por más de tres en los últimos 12 años y, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, la gran mayoría de los ingleses, franceses, alemanes y restantes nacionales de países comunitarios ricos que viven en España forman una inmigración laboral y ya no de “turistas residentes”. Junto a la costa y las islas, estos extranjeros comunitarios viven y trabajan ahora en muchos otros puntos del territorio nacional y constituyen una población con un nivel educativo y ocupacional superior al de los españoles autóctonos y muy por encima del resto de los inmigrantes. Su número es desconocido porque gran parte de ellos no se empadronan ni se registran ya que, a diferencia de los extracomunitarios o de los últimos incorporados a la UE (rumanos y búlgaros), no tienen suficientes incentivos para hacerlo. Su presencia en España es muy positiva pero obliga a nuestro sistema educativo a reforzar la enseñanza del inglés para evitar que su competencia en ciertos niveles profesionales perjudique a los españoles.

La inmigración comunitaria en España: imposible saber cuántos son

Los estudios sobre migración en la UE han diferenciado tradicionalmente entre inmigrantes comunitarios y extracomunitarios para dedicar su atención a los segundos por razones económicas, políticas y estadísticas. Los inmigrantes comunitarios gozan de más derechos que los extracomunitarios y, en rasgos generales, tienen una mayor cualificación y ocupan mejores puestos laborales, mientras que, por otra parte, salvo raras excepciones, plantean escasos problemas de integración social. En cuanto a las razones estadísticas, la libertad de movimientos y de residencia y trabajo dentro del espacio europeo para los ciudadanos comunitarios implica que éstos no se ven obligados en la práctica a darse de alta en instancias administrativas ni a solicitar permisos de ningún tipo, lo que disminuye en buena medida su registro estadístico.

En España, los extranjeros procedentes de países europeos forman el grupo más antiguo de “inmigrantes”, ya presentes en suelo español residiendo de forma estable o durante buena parte del año desde los años 60. En aquellos años esta era una población compuesta básicamente por alemanes, británicos y franceses, concentrados en la franja costera mediterránea y en las islas, en su mayoría jubilados y atraídos por el bajo coste de las propiedades inmobiliarias y de la vida en España.[2] Junto a esta mayoría de retirados, y al calor del negocio turístico, extranjeros europeos comenzaron a invertir en el sector, abriendo, dirigiendo o trabajando en empresas hosteleras, en buena parte para dar servicios a la propia comunidad extranjera. La concentración de ésta en algunas áreas geográficas e incluso en urbanizaciones vendidas por entero en el mismo país (y a veces en la misma ciudad o comarca), creó un mercado de trabajo nuevo relacionado con el mantenimiento de las viviendas y con todo tipo de servicios personales, que se cubrió en buena parte con extranjeros originarios del mismo país. Al margen de esta inmigración a la costa, el final de la autarquía española y la llegada de las primeras empresas multinacionales en los años 60 y 70 atrajeron a un reducido número de profesionales de alta cualificación concentrados en Madrid y Barcelona.

Desde entonces la presencia de extranjeros comunitarios de la UE-15 en España no ha dejado de crecer: se ha triplicado en los últimos 10 años, pero ha pasado casi desapercibida ante el mucho más notorio incremento primero de los inmigrantes del Magreb y América Latina, y de los países de Europa del Este después. Así, pese a su aumento continuo, desde 1996 la inmigración procedente de los países de la UE-15 (es decir, anterior a la ampliación del 2004 a Europa del Este) ha pasado de representar la mitad de la población extranjera empadronada en España a ocupar menos de la quinta parte en el presente. En cuanto a sus orígenes, los británicos forman el mayor grupo (más de un tercio del total, el 36%), seguidos a distancia por alemanes, portugueses y franceses. En conjunto, británicos, franceses y alemanes recogen dos tercios del total de extranjeros nacidos en la UE-14.

Tabla 1. Evolución del peso de los extranjeros comunitarios sobre el total

Fuente: INE, Padrón Municipal y elaboración propia.

En puridad resulta casi imposible conocer el número de extranjeros comunitarios que residen en España. Para empezar, no está claro qué significa “residir”: gran parte de esos extranjeros ingleses, alemanes, franceses, etc., pasan temporadas en España manteniendo a la vez residencia en sus países de origen, o yendo y viniendo, a menudo aprovechando el bajo coste actual de los vuelos. En el Reino Unido, por ejemplo, es más barato volar de Londres a Málaga que viajar en tren o avión de Londres a Edimburgo. En términos legales, es residente el que pasa más de tres meses en el país cada año y, desde 2007, los extranjeros comunitarios “residentes” están obligado a inscribirse en el Registro de Extranjeros como paso previo para su inscripción en el Padrón Municipal, una exigencia diseñada para mejorar el conocimiento del número de inmigrantes rumanos y búlgaros, con un fuerte crecimiento tras su entrada en la UE en enero del 2007. Sin embargo, el cumplimiento de esta norma es ignorada por muchos Ayuntamientos y, por otra parte, muchos extranjeros comunitarios procedentes de países del Centro y Norte de Europa no se inscriben ni en el Registro ni el Padrón, bien por ignorancia sobre la obligatoriedad de esta inscripción, bien para seguir recibiendo ciertas prestaciones en su país de origen que perderían si éste detectara que ya no residen en él, o bien por otros motivos como la evitación de la presión fiscal, soslayar la obligación de renovación quinquenal del carné de conducir en el caso de las personas mayores o de “importar” formalmente el automóvil que se utiliza habitualmente y pagar un impuesto por ello. Según cálculos de diferentes Embajadas en España, más de la mitad de sus nacionales residiendo aquí de forma habitual no se empadronan.

Por estas razones, resulta en la actualidad mucho más difícil conocer el número de extranjeros comunitarios en España que el de los no comunitarios. Así, el 1 de enero de 2008, estaban empadronados en España 924.101 extranjeros nacidos en países de la UE-14, mientras que sólo tenían tarjeta de residencia 700.557, lo que implica un 24% de no-registro, un porcentaje que sería mucho mayor si asumimos que una buena parte no está ni siquiera empadronado. Sin embargo, dentro del grupo de extranjeros nacidos en países de la UE-14, el porcentaje de no-registro es muy desigual: los portugueses se registran en su casi totalidad,[3] mientras que más del 40% de los alemanes y el 39% de los británicos empadronados no está registrado en el Ministerio del Interior. Así, en enero de 2008, había 165.529 alemanes empadronados y sólo 95.415 con permiso de residencia. Los británicos, por su parte, concentraban 206.000 tarjetas de residencia frente a 334.000 empadronados, es decir, el 39% no estaba registrado. Y si comparamos esta cifra con el millón de británicos que el Foreign Office del Reino Unido calcula que poseen una vivienda en España y pasan aquí temporadas cada año, o los 17 millones de visitas al año de ciudadanos británicos a España, comprobaremos que resulta una misión imposible, con las fuentes actuales, conocer el número de residentes. Lo mismo ocurre con los alemanes: frente a esa cifra en el Padrón de 165.000, las fuentes alemanas calculan que la realidad se encuentra entre 500.000 y 800.000.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2007, sin embargo, sólo detecta un total de 562.000 extranjeros nacidos en países de la UE-14, aunque su propia selección del universo puede explicar su diferencia con el Padrón, ya que la EPA entrevista sólo a aquéllos que declaren llevar en España residiendo al menos un año. Es imaginable que los extranjeros que han decidido no empadronarse ni registrarse, contesten negativamente a las primeras preguntas filtro del cuestionario EPA y por tanto sean excluidos de la muestra. Por otra parte, la EPA tiene más dificultades para obtener respuesta de los grupos de mayor nivel educativo y ocupacional –menos dispuestos a ceder su tiempo a una encuesta–, una característica que distingue a los extranjeros comunitarios, lo que puede explicar también la disminución de su presencia en la EPA.

Las fuentes estadísticas permiten diferenciar entre “extranjeros” o “nacidos en el extranjero” y los resultados son muy diferentes en cada caso, puesto que una buena parte de los que nacieron en el extranjero pero viven en España han obtenido ya la nacionalidad española, mientras que, para mayor confusión, un porcentaje de los nacidos en el extranjero que ahora residen en España son hijos de los emigrantes españoles de los años 60 y 70 que han retornado a España. Por esta razón en este análisis se recoge solamente a los nacidos en el extranjero, en cualquiera de los países de la UE-15 menos España, que no tienen nacionalidad española, ya que, según muestran los datos recogidos por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), son muy pocos los extranjeros comunitarios que han accedido a la nacionalidad española que, dado los derechos de que gozan, no suelen necesitar.

La disparidad de las fuentes es tal que este trabajo renuncia a realizar una estimación del número total de extranjeros comunitarios de la UE-14 residiendo en España de forma habitual, y se limita a analizar las características de aquéllos que captan las fuentes estadísticas.

El estudio se basa en su mayor parte en la explotación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2007 a partir de sus microdatos y, en segundo lugar, en el avance de los datos del Padrón Municipal del 2008, aunque se utilizan otras fuentes estadísticas que se señalan en su caso.

Una población activa

Los extranjeros comunitarios han sido descritos tradicionalmente como retirados en busca de sol viviendo en las islas y la costa de la península, una imagen que correspondía fielmente a la realidad durante los años 70, 80 y principios de los 90, pero que ya necesita importantes matizaciones. En la actualidad, aunque el grueso sigue viviendo en las zonas tradicionales de asentamiento (Levante, Baleares, Canarias y Andalucía), hay ya un 42% que reside en el resto del territorio nacional, especialmente en Madrid o Barcelona.

Tabla 2. Distribución por zona de residencia

Fuente: INE, Padrón Municipal 2007.

Existe una cierta especialización geográfica por orígenes. Así, los alemanes se concentran en Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana, mientras que los británicos son con mucha diferencia el mayor grupo en el Levante (el 46% de los extranjeros de la UE-14) y en Andalucía (42%) e igualan prácticamente en número a los alemanes en Canarias. Los franceses sólo son el mayor grupo en Cataluña, pero con un porcentaje mucho menor (15%). Pero la mayor especialización se produce en Galicia, donde los portugueses representan dos tercios (66%) del total de extranjeros de la UE-14 (Padrón Municipal 2007).

En cuanto a sus edades, todavía los extranjeros de la UE-14 forman una población más envejecida que la de la población autóctona, y desde luego mucho más que la del resto de los inmigrantes, a su vez más jóvenes que los españoles, pero la mayor parte de ellos se encuentran en los grupos de edad de población activa. Respecto a su distribución por sexos, se trata de una población que tiene en conjunto una ligera mayoría masculina (53%), muy notoria en el caso de los que proceden de Portugal o de Italia, otro indicador de que se trata de una inmigración laboral (véase el Anexo).

Gráfico I. Pirámide de población por orígenes

Fuente: EPA, media 2007; elaboración de Luis Garrido.

De esta distribución de edades se deduce que ya no son “Los que vienen a descansar” como titulaba un autor su artículo en 1995 refiriéndose a los inmigrantes comunitarios,4 sino que, como el resto de los inmigrantes, cada vez más los ingleses, franceses, italianos, alemanes, etc., vienen a trabajar. Los jubilados (más de 65 años) son ahora sólo una minoría, la quinta parte del total de extranjeros de la UE-14 residentes en España y la tasa de actividad de la población en edad activa (de 16 a 64 años) es básicamente similar a la de la población española: un 57% de los extranjeros EU-14 son económicamente activos frente a un 59% de la población española autóctona. Entre los posibles prejubilados comunitarios de entre 50 y 65 años, la mitad de ellos son población activa (en su mayoría hombres), un porcentaje algo inferior al de los activos españoles en esas edades (59%). La población inactiva de entre 16 y 64 años es en su mayoría “ama de casa” (64%), estudiante (6%) o prejubilada (26%).

Tabla 3. Edades y relación con la actividad de los extranjeros de la UE-14

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Por zonas, sólo en el Levante el porcentaje de inactivos (64%) supera al de activos, mientras que Madrid, por la concentración en ella de las sedes de empresas multinacionales, ostenta el récord de ocupación entre los inmigrantes comunitarios. En definitiva, sólo en el Levante se mantiene el perfil del jubilado o prejubilado como mayoritario y en todas las demás regiones, pero especialmente en Madrid, Cataluña y “el resto”, los ocupados superan a los inactivos.

Gráfico 2. Grupos de edad por región

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Tabla 4. Relación con la actividad por zonas (población de 16 a 64 años)

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Como corresponde a sus edades, los comunitarios de la UE-14 son una población menos activa que la extracomunitaria o que la de los europeos del Este –básicamente rumanos–, con una diferencia muy similar a la que mantienen respecto a ellos los autóctonos (españoles nacidos en España).

Tabla 5. Relación con la actividad según origen: población en edad activa

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Una población con alto nivel educativo y diversidad de ocupaciones

Los inmigrantes comunitarios tienen un nivel educativo medio superior al de la población española y muy superior al del resto de los inmigrantes, lo que les permite acceder a posiciones ocupacionales de mayor nivel. Entre los comunitarios UE-14, los resultados de la EPA muestran que algo menos de un tercio (31%) tiene educación universitaria, frente a la quinta parte (22%) del conjunto de la población española (INE, Indicadores Sociales). El nivel de formación de los comunitarios es especialmente alto en Madrid, donde los licenciados universitarios llegan al 53% del total, seguido por Cataluña, con un 40%, e inusitadamente bajo en Galicia donde los comunitarios con sólo educación primaria son la mayoría, probablemente por la mayor presencia allí de inmigrantes portugueses de baja cualificación.

Esta diferencia educativa es mucho más pronunciada si restringimos el análisis al grupo de edad central en la actividad laboral, el de 20 a 44 años. Aquí se aprecia la enorme diferencia educativa entre los inmigrantes europeos procedentes de la UE-14 y los del resto del mundo: Los primeros más que duplican el porcentaje de universitarios del resto de Europa y de América Latina y multiplican casi por ocho el de los africanos.

Tabla 6. Nivel educativo por origen: personas de 20 a 44 años

Fuente: EPA, media 2007; elaboración de Luis Garrido.

En la actualidad, varias directivas europeas ordenan el reconocimiento profesional en otros países de la UE de las profesiones reguladas, algunas de las cuales están “armonizadas” (medicina y arquitectura), lo que implica que los títulos obtenidos en un Estado miembro son reconocidos automáticamente en cualquier otro. Pero España no ha transpuesto aún la última directiva (2005/36CE) y se enfrenta con continúas denuncias ante el Tribunal Europeo por las trabas puestas por los colegios profesionales de ciertos ámbitos a la actividad de profesionales de otros países de la UE. Existe una contradicción entre las normas españolas que obligan a la colegiación para la actuación en ciertas profesiones y “la libre prestación de servicios” afirmada por las normas europeas. En el caso de las profesiones “no reguladas”, como informático, no es necesario el reconocimiento y el extranjero no se encuentra con ninguna dificultad de este tipo. La situación es muy distinta, sin embargo, cuando se trata de dar valor académico a los títulos obtenidos en otro Estado miembro, una necesidad en la que se encuentran los que inician en España una actividad docente o investigadora en el sector público. En ese caso, la “homologación a título concreto de catálogo” es lenta, requiere un mínimo de seis meses y en muchos casos exige la realización de exámenes, lo que entorpece obviamente la movilidad geográfica de los investigadores europeos hacia España. Aparentemente el llamado “proceso de Bolonia” debería servir para homogeneizar los estudios universitarios europeos y hacer más fácil la movilidad de los profesionales, pero, en realidad, desde que España renunció a elaborar un catálogo de títulos de grado (antes denominados licenciaturas) y permitió que cada Universidad diseñase sus propios títulos sin ninguna obligación de homogeneidad con el resto de las Universidades españolas, la causa de la equiparación de contenidos no sólo no ha avanzado sino que, al contrario, se ha entorpecido. En cualquier caso, todavía el Ministerio de Ciencia e Innovación (que ahora ha asumido la competencia sobre las Universidades) no ha aclarado de qué forma la implantación de los nuevos grados va a afectar a los procesos de reconocimiento profesional y a las homologaciones académicas de licenciados procedentes de otros países de la UE.

El aumento del número de inmigrantes comunitarios económicamente activos se ha visto acompañado de una ampliación de su campo de actividad, que ya no se reduce a la hostelería –aunque ésta siga predominando, junto con el comercio– entre las ramas de actividad, con un 26% de los ocupados. Le siguen las actividades administrativas de variados tipos (18%, en las que se incluyen las actividades inmobiliarias), la construcción (13%) y la sanidad y educación (13%). En conjunto, las diferentes actividades industriales (sin la construcción) ocupan a un 13%, los servicios al 71% y un pequeño 3% se dedica a actividades agrarias.

Comparados con los autóctonos, los comunitarios de la UE-14 se ocupan menos en la agricultura y en la industria y más en la construcción, en el comercio y la hostelería, y en las actividades financiera, inmobiliaria y administrativa en general. El predominio del comercio y la hostelería es general en todas las regiones, excepto Galicia, aunque su máxima presencia se da en Baleares y Canarias, donde ambas actividades agrupan a más del 40% de los ocupados (43% y 42%, respectivamente), es decir, muy por encima de la media del 26% y en línea con la especialización económica de las islas. En Galicia, la distribución en actividades de los inmigrantes comunitarios es netamente diferente a la de las demás zonas y prácticamente inversa. Allí, los comunitarios, portugueses en su mayoría (el 66% según los datos del Padrón del 2007), presentan un perfil semejante al de la inmigración extracomunitaria, con una presencia muy repartida entre las diferentes ramas industriales y de servicios.

Tabla 7. Actividad por orígenes

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Dentro de estas actividades, su posición ocupacional es notoriamente superior a la media de la población autóctona: duplican el porcentaje de los autóctonos entre el personal directivo y lo superan entre los técnicos y profesionales de nivel alto y medio, como corresponde a su mayor nivel educativo y, en muchas ocasiones, a su llegada a España como empleados de alto nivel de empresas extranjeras o multinacionales. En el otro extremo, son menos los que se ocupan en tareas descualificadas, una diferencia que es mucho mayor cuando se compara con los inmigrantes extracomunitarios.

Tabla 8. Ocupación según orígenes

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Descendiendo en el nivel de agregación que permiten los datos de la EPA, podemos establecer con mayor precisión en qué se diferencia la ocupación de los extranjeros de la UE-14 de la del resto, tanto de los autóctonos (españoles nacidos en España) como de los demás inmigrantes. En esta comparación se aprecia más claramente el carácter diferente de la inmigración laboral comunitaria frente a cualquier otra, incluida la del resto de los europeos, compuestos básicamente en la actualidad por europeos del Este. Las diferencias más claras aparecen en los sectores que han actuado típicamente como puerta de entrada de la inmigración irregular en España: la construcción, el servicio doméstico y la agricultura. Tanto por su mayor cualificación como por su derecho a la residencia y el trabajo, los inmigrantes de la UE-14 están infrarrepresentados en esas ocupaciones –el 19% se dedica a ellas– que, sin embargo, concentran al 54% de los procedentes del resto de Europa y al 44% de los del resto del mundo. Por el contrario, los inmigrantes de la UE-14 duplican a los autóctonos en su actividad en la educación (probablemente muchos de ellos son profesores de idiomas) y les superan en las actividades informáticas, terrenos ambos en los que los inmigrantes del resto de Europa y del mundo prácticamente no entran.

Tabla 9. Actividades principales por origen

Fuente: EPA, media 2007; elaboración de Luis Garrido.

Respecto a su relación contractual, los comunitarios destacan frente a los españoles entre los autónomos (tanto profesionales liberales como personal de servicios técnicos) y los empresarios y disminuyen entre los empleados en el sector público, mientras que la gran mayoría, como los españoles, son asalariados en el sector privado.

Tabla 10. Situación laboral según origen

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Por zonas, existe una clara diferencia entre, por una parte, la costa levantina y las islas, donde los empresarios y autónomos representan un alto porcentaje de los ocupados (más del 40% en las islas Canarias y Baleares) y el resto, en el que dominan los asalariados. En cuanto al tipo de contrato, los comunitarios de la EU-14 disfrutan de una estabilidad laboral algo menor que la de los españoles –en buena parte por su escasa presencia entre el funcionariado– pero muy superior a la de los restantes inmigrantes. Un 68% trabaja con un contrato indefinido, frente al 73% de los autóctonos, el 42% de los demás europeos (que son básicamente rumanos), el 43% de los africanos y el 50% de los latinoamericanos. Esta mayor estabilidad laboral puede explicarse, además de por el mayor nivel formativo, por el tiempo de estancia en España que es mayor entre los comunitarios UE-14 que entre el resto de los inmigrantes. Un 53% lleva más de ocho años en España y un 70% más de seis.

Muy pocos de los extranjeros comunitarios de la UE-14, un 2%, estaban cobrando el subsidio de desempleo, en el momento al que se refiere la fuentae (4º trimestre del 2007), un porcentaje algo menor que el de los autóctonos (3%), que a su vez era sólo superado por los inmigrantes de origen africano (4%). El porcentaje de la población activa que estaba buscando empleo era entre los comunitarios de la UE-14 del 14%, algo superior al de los autóctonos (12%) pero bastante inferior al de los africanos (22%), europeos del Este (19%) o latinoamericanos (19%), lo que muestra nuevamente su mayor éxito ocupacional.

¿Una inmigración integrada?

Buena parte de los comunitarios de mayor edad británicos o alemanes, jubilados o prejubilados, viven en urbanizaciones que se han convertido en “enclaves étnicos”. Cuando se promovieron estas urbanizaciones se destinaron en su casi totalidad al mercado en el Reino Unido o Alemania y atrajeron a miles de “turistas residenciales” que optaron por comprar allí una vivienda, trasladarse a ella todo o gran parte del año y vivir de su pensión de jubilación o prejubilación que, hace años, era más que suficiente para disfrutar de un holgado nivel de vida en España. En esas urbanizaciones surgieron servicios como bares, restaurantes, tiendas, pequeñas clínicas y grupos de jardineros, fontaneros o electricistas, ocupados por co-nacionales, alemanes o británicos, que encontraron así en esas comunidades la posibilidad de vivir y trabajar en España. El resultado ha sido la formación de “guetos” en los que los inmigrantes o “turistas residenciales” han podido reproducir bajo el sol su forma de vida original sin necesidad de aprender el castellano ni ningún otro idioma español.[5]

Los problemas de este modelo han aparecido cuando esa población ha envejecido lo bastante como para necesitar ayuda pública. El crecimiento económico español de los últimos 20 años se ha traducido en un aumento de los precios, y las pensiones que eran suficientes en los años 80 son ahora escasas para vivir en España. En el caso de los británicos, a esto se añade el descenso reciente de la cotización de la libra en relación con el euro. Por otra parte, muchos ancianos, y sobre todo ancianas, se encuentran con graves problemas de soledad: no tienen familia en España y tras largos años de estancia aquí han perdido el contacto con sus familias y amigos en el país de origen, donde, en la mayor parte de los casos, no conservan tampoco una vivienda, que vendieron para comprar la española. En una sociedad como la española en que el cuidado de los ancianos descansa básicamente en la familia, ellos carecen de ayuda y cuando tienen que acudir al médico se encuentran con que desconocen su idioma. La pensión de viudedad que, en el caso alemán, por ejemplo, es del 60% de la de jubilación, es con frecuencia demasiado baja y muchas viudas se enfrentan a problemas de relativa pobreza. Si estuvieran viviendo en Alemania podrían recibir unos 2.000 euros para financiar una residencia, pero estando aquí el máximo que pueden recibir del Estado alemán es 600 euros. Por este motivo, esa población envejecida reclama más ayudas del Estado alemán, entre otras, la construcción aquí de residencias tuteladas para ancianos.

Los Ayuntamientos de costas e islas son cada vez más conscientes de estos problemas que afectan a gran parte de sus residentes y están poniendo en marcha iniciativas para facilitar la vida a los ancianos y evitar así que se marchen o que la publicidad dada a sus problemas en sus países de origen impida que otros vengan. Dentro de los escasos límites en que suelen moverse las finanzas municipales, los Ayuntamientos –o algunos de ellos– están desarrollando programas para, por ejemplo, ayudar a la movilidad de los ancianos haciendo gratuito el transporte público o financiando traductores en los servicios médicos.

Este modelo de “enclave” como forma de residencia de la inmigración comunitaria de los países ricos en España se ha visto ya superado en número por la nueva inmigración formada por individuos jóvenes que vienen a trabajar en un entorno más atractivo y sobre todo más soleado que el de sus países de origen. Como hemos señalado, aunque muchos de ellos han buscado empleo o han desarrollado sus negocios en esos enclaves, otros muchos viven y trabajan en un ambiente español y en zonas del interior. Se ha producido en estos años un importante cambio en la valoración de la cultura española en Francia, Alemania y el Reino Unido –por mencionar sólo a las tres principales fuentes de inmigrantes–: en Francia el español ha desplazado al alemán como segundo idioma extranjero (obviamente después del inglés) y en el Reino Unido el español es ya el primer idioma extranjero. Vivir en España es atractivo ahora no sólo por el sol sino también por la comida, por la sociabilidad, por los horarios o, como indicaba una fuente británica consultada, por la menor “rigidez” de las normas y ¡“por la menor inmigración”! Esa inmigración económicamente activa está interesada en aprender el idioma y en que sus hijos lo aprendan, es proclive a casarse con españoles/as (aunque resulta imposible comparar su exogamia con la de otros extranjeros con los datos disponibles en la actualidad)[6] y, en conjunto, su integración social es completa.

Un importante indicador de integración social es la participación política que, en este caso, arroja pobres resultados. Los extranjeros comunitarios tienen derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de cualquier país miembro en el que residan, a partir de la aprobación por el Parlamento europeo de la Directiva 94/80, uno de cuyos objetivos era contribuir a la formación de una identidad política compartida entre los diferentes europeos. En España la Directiva fue transpuesta con retraso en 1997 y los comunitarios pudieron ejercer por primera vez este derecho al voto y a ser elegidos en las elecciones municipales de 1999, con dos requisitos, además del de contar con la edad mínima: estar empadronados y tener permiso de residencia o haberlo solicitado, requisitos que dejaron fuera al importante porcentaje de comunitarios no-registrados. Por otra parte, a diferencia de los españoles, los extranjeros comunitarios debían expresar previamente su voluntad de votar, algo que hicieron sólo un 21% de los empadronados. En las municipales de 2003 los ya inscritos previamente no tuvieron que realizar de nuevo el trámite, pero a pesar de ello el porcentaje total de inscritos prácticamente no varió. Como señala Mónica Méndez,[7] en los municipios costeros con alta concentración de población extranjera comunitaria la movilización para inscribirse fue mayor, del 36%, pero aún así muy baja comparada con la participación electoral de los españoles (64%). Aunque hay indicios de que esta participación puede haber aumentado, a juzgar por diversos reportajes periodísticos sobre el papel de los extranjeros en las elecciones municipales de 2007, los datos que compila el Ministerio del Interior no están aún disponibles para consulta.

La baja participación electoral de los inmigrantes comunitarios tiene varias explicaciones, algunas relacionadas con el desconocimiento del idioma entre los “turistas residentes” y la falta de integración cultural que se deduce de ello. Incluso conociendo el idioma, si los partidos políticos locales no se dirigen a ellos explícitamente es muy probable que los extranjeros no se sientan identificados con ninguna de las opciones y en consecuencia se abstengan. Por otra parte, la exigencia de la inscripción previa para poder votar es una medida discriminatoria que tiene como efecto una reducción del voto. En cualquier caso, de esos reportajes periodísticos locales de 2007 parece deducirse un aumento del interés de los partidos políticos por los extranjeros en los municipios con fuerte presencia de foráneos con derecho al voto y la incorporación de candidatos extranjeros a las listas, lo que ha resultado a su vez en un aumento de los concejales comunitarios.

Por otra parte, el hecho de que los comunitarios se hayan permitido habitualmente la abstención en las elecciones municipales, más allá de las explicaciones culturales, tiene que ver con la ausencia de conflictos locales de importancia que afectasen a sus vidas cotidianas. En este sentido, se han producido dos cambios sustanciales que han provocado un aumento de la participación política en las zonas costeras: la aplicación de la Ley de Costas y la aprobación de la Ley Urbanística de la Comunidad Valenciana. La Ley de Costas data de 1988 pero su ejecución efectiva fue impulsada en la pasada legislatura y ha dejado en la ilegalidad a unas 200.000 viviendas construidas a menos de 100 metros de distancia al mar en todo el litoral español. De estas viviendas, según cálculos de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, alrededor del 15% (unas 30.000) pertenecen a propietarios extranjeros, la mayoría alemanes y británicos, y de acuerdo con la Ley, todas ellas han pasado a ser de “dominio público” sujetas a una concesión a sus actuales dueños de 30 años, prorrogable por otros 30. Es decir, los propietarios de estas viviendas, parte de los cuales todavía están pagándolas, se han encontrado con que han perdido la propiedad legal de las mismas aunque puedan seguir utilizándolas, excepto en raros casos en que, por razones paisajísticas o ambientales, el edificio es derribado previa indemnización a su dueños. Buena parte de estas viviendas fueron construidas legalmente cuando la distancia mínima a la línea de costa era de 20 metros, en lugar de los 100 actuales o, si fueron construidas después de 1988, los promotores consiguieron de los Ayuntamientos una licencia municipal a pesar de estar dentro del área marítimo-terrestre. La aplicación de la Ley es sin duda necesaria para evitar que continúe la destrucción del paisaje costero español pero tiene, como efecto colateral, resultados muy negativos sobre el patrimonio de los propietarios que, en su gran mayoría, compraron de buena fe ignorantes de que esta Ley colocaba sus edificios en la ilegalidad.

Tanto la aplicación de esta ya antigua Ley de Costas como la más reciente Ley Urbanística de la Comunidad Valenciana (2004, reformada en el 2006), objeto ésta de cientos de reclamaciones y protestas que han llegado a la Comisión y al Parlamento Europeos,[8] han provocado una inusitada activación política de los extranjeros comunitarios en las costas españolas: formación de asociaciones como la muy activa “Abusos Urbanísticos No”, protestas ante sus Embajadas respectivas, actuaciones en el nivel europeo y hasta la formación de partidos locales propios, como el de Ciudadanos Europeos (Mojácar, Almería). Todo ello ha tenido muy probablemente un efecto positivo sobre la integración política de los comunitarios, que se han visto obligados a familiarizarse con los entresijos del sistema político, legal y administrativo español aunque, como se ha dicho, desconocemos sus efectos globales sobre la participación en las últimas elecciones municipales.

Por otra parte, las crisis provocadas por la Ley de Costas y la Ley Urbanística Valenciana han perjudicado la idílica imagen de España en el Reino Unido y en Alemania, a lo que se ha añadido en el último año la crisis del mercado inmobiliario y sus efectos sobre la disminución de las expectativas de revalorización de las propiedades o directamente sobre el descenso del valor de lo comprado más recientemente. Los medios de comunicación británicos, en particular, abundan ahora en reportajes negativos sobre la compra de propiedades en la costa española y sobre la quiebra del sueño al sol.

Conclusiones

Aunque ha pasado desapercibida ante el acelerado aumento de la inmigración extracomunitaria y de europeos del Este en los últimos años, la inmigración comunitaria procedente de los países más desarrollados de la UE se ha casi cuadruplicado desde 1996. A diferencia de lo que sucedía en décadas anteriores, en la actualidad la mayor parte de los inmigrantes procedentes de los países que formaban parte de la UE antes de su ampliación al Este en el año 2004 han venido a España a trabajar y no a pasar su jubilación disfrutando del clima y los bajos precios. Todavía forman una población ligeramente más envejecida que la española, pero el grueso de ella se encuentra en las edades activas, con sólo una quinta parte de más de 65 años, y su tasa de ocupación es similar a la de los autóctonos. Geográficamente se ha dispersado por todo el territorio nacional, aunque todavía una parte importante se mantiene en las zonas costeras peninsulares del Mediterráneo y en las Islas Canarias y Baleares, donde la existencia de grandes comunidades de británicos o alemanes ha creado un mercado de trabajo específico para sus co-nacionales. Con lo notoria excepción de los portugueses, se trata de una inmigración de alto nivel educativo, superior al de los autóctonos, lo que le permite acceder a puestos de mayor cualificación y gozar de mayor estabilidad laboral. Estas diferencias son obviamente mucho mayores cuando se compara esta inmigración no con los autóctonos sino con el resto de los inmigrantes que recibe España.

La migración laboral intraeuropea (UE-14) hacia España proviene de países que, exceptuando de nuevo a Portugal, en recesión económica en lo que va de decenio, presentan tasas de paro inferiores o similares a las españolas y que cuentan con niveles de vida y servicios del Estado de bienestar de media superiores a los españoles. En este caso, por tanto, los push factors o elementos que empujan al abandono de sus países por los emigrantes, parecen contar poco, y lo que encontramos son elementos de atracción que escapan a los contemplados en los análisis habituales sobre las causas de la inmigración: los alemanes, franceses, británicos u holandeses que vienen a trabajar y vivir a España lo hacen en busca de mayor calidad de vida, un concepto en el que el clima ocupa un papel importante pero no exclusivo.[9] Son una muestra de la diversificación de los movimientos migratorios en todo el globo, que ya no sólo se dirigen de los países en desarrollo a los desarrollados, ni del Sur al Norte, sino que cada vez más afectan a países desarrollados entre sí, igual que ocurre por otra parte entre los países del Sur y entre los países en desarrollo en el interior de África, América Latina o Asia. Esta inmigración intraeuropea del Norte al Sur, que se dirige en sentido contrario a la de décadas pasadas, es el resultado de la igualación de los niveles de vida entre el Sur y el Norte en la UE, lo que permite que los factores extraeconómicos (clima, cultura, sociabilidad, lazos familiares y lengua) se conviertan en los principales elementos de atracción. Por otra parte, esta movilidad laboral interna en la UE ha de tener un efecto beneficioso en la construcción de una identidad común europea que sustente el proyecto político de la Unión.

Desde la perspectiva española, que “la calidad de vida” sea un factor de atracción es una indudable ventaja que facilita la llegada de una inmigración cualificada que beneficia a España a costa de sus socios europeos. El papel de los investigadores extranjeros, por ejemplo, es crecientemente relevante en las universidades y centros de investigación españoles, como puede concluirse de la consulta a sus webs, lo que implica una aportación sustancial al logro de una mayor productividad de la economía española. Y lo será aún más si tienen éxito los planes anunciados por el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación para atraer a investigadores extranjeros. En este sentido, la inmigración comunitaria de los países más desarrollados tiene un efecto contrario a la procedente del resto del mundo, cuya cualificación menor que la media española (comparando los mismos grupos de edad) y su ocupación en los sectores más intensivos en mano de obra, ha tenido como resultado estadístico una disminución de la productividad española. Por otra parte, la creciente llegada de universitarios comunitarios a nuestro mercado de trabajo ha de tener un efecto revulsivo sobre nuestro sistema de formación y especialmente sobre la enseñanza de idiomas en él:[10] en una economía y una sociedad del conocimiento crecientemente globalizada los licenciados británicos, alemanes, holandeses, suecos, etc., tienen una fuerte ventaja respecto a los españoles por su conocimiento del inglés, convertido hoy en día en un criterio de selección básico en múltiples sectores, desde la hostelería a los centros de investigación. Si el manejo del inglés por parte de los españoles no mejora sustancialmente, la competencia ejercida por esta migración cualificada comunitaria puede convertirse en una grave amenaza para muchos.

Dadas estas características de la inmigración europea, parece necesario mejorar los instrumentos de registro administrativo que permitan un conocimiento del número de inmigrantes comunitarios en suelo español. La descripción de las características de esta población que se ha presentado aquí se deduce de los resultados de la Encuesta de Población Activa y del Padrón Municipal del 2007, pero estas fuentes no nos permiten conocer el número de los inmigrantes comunitarios residiendo en España. Ni siquiera podemos acercarnos a una estimación, dada la gran diversidad de los datos que ofrecen las fuentes estadísticas y, sobre todo, dada la repetida evaluación por los informadores cualificados respecto a la infrarrepresentación de esta población en el Padrón Municipal. Podemos estar razonablemente seguros de que la cifra mínima es la que detecta la EPA (562.000 personas) pero es probable que la cifra real sea mucho más alta, quizá del doble.

La ignorancia actual, que procede de las inexactitudes en los registros de población, tiene varios efectos negativos de importancia, como el que afecta a la veracidad de los datos de la Contabilidad Nacional, utilizados en la toma de múltiples decisiones. No podemos, por ejemplo, calcular la renta per cápita de una región o la productividad del país sin conocer el tamaño de la población. Este primer efecto nacional es importante pero difuso. El segundo efecto es localizado y afecta a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que están obligadas a proveer servicios para tamaños de población que no conocen. En el caso de los pequeños municipios, el desconocimiento se solventa fácilmente pero no así el hecho de que el municipio recibe menos financiación de la que debiera, por la decisión de muchos de sus residentes extranjeros de no empadronarse. En el caso de las Comunidades Autónomas, el desconocimiento implica problemas de planificación de los recursos, especialmente de los sanitarios, y dificultades para mostrar ante el gobierno español y ante los Estados de origen de los extranjeros comunitarios la parte del gasto sanitario achacable a éstos. El gasto sanitario ha pasado a ser uno de los principales capítulos del gasto público en las zonas mediterráneas en que se concentra a la vez el turismo y la inmigración de “turistas residentes” –especialmente en la Comunidad Valenciana– y los mecanismos que deberían permitir a sus gobiernos autónomos recuperar ese gasto no están funcionando. Por todas estas razones parece aconsejable realizar un esfuerzo de coordinación de los órganos centrales de recogida de información (básicamente el Instituto Nacional de Estadística) con las Administraciones Locales para incentivar el registro administrativo de esta inmigración de tamaño desconocido.

Por otra parte, las conclusiones de este estudio apuntan a la necesidad de dedicar mayor atención a la inmigración laboral comunitaria procedente de los países ricos de la UE, que en la actualidad ha quedado marginada en las investigaciones ante el mayor crecimiento de la inmigración de europeos del Este o extracomunitaria.

Directora del Programa de Migraciones Internacionales e investigadora principal de Demografía, Población y Migraciones Internacionales del Real Instituto Elcano

Anexo

Tabla 1. Extranjeros UE-14 residentes en España según país de nacimiento, enero de 2008

Fuente: INE, Padrón Municipal.

Tabla 2. Nivel educativo extranjeros UE-14 por zona de residencia

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Tabla 3. Situación profesional extranjeros UE-14 por zona de residencia

Fuente: EPA, 4º trimestre 2007, elaboración propia

Tabla 4. Ocupación extranjeros UE-14 por zona de residencia

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Tabla 5. Grupos de edad de cinco en cinco años según origen

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Tabla 6. Nivel educativo según origen

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Tabla 7. Situación laboral de la población activa por origen

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Tabla 8. Situación profesional según origen

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Tabla 9. Sector de ocupación según orígenes

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

Tabla 10. Ocupación según orígenes

Fuente: EPA 4º trimestre 2007 y elaboración propia.

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