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Tema: Este
ARI describe la organización y el procedimiento de coordinación de la lucha
contra la inmigración ilegal hacia la frontera sur de España y de la Unión
Europea desde el Centro de Coordinación Regional de Canarias.
Resumen: El
Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC) desarrolla una experiencia
inédita en España y en la UE
para facilitar la coordinación entre los distintos órganos nacionales, europeos
y locales que hacen frente al desplazamiento –cada vez más masivo y organizado–
de inmigrantes ilegales hacia territorio europeo por vía marítima. La novedad
del problema y de la solución arbitrada hace que la experiencia del CCRC constituya
un excelente laboratorio para ensayar procedimientos de coordinación entre las
distintas organizaciones que operan sobre las fronteras. Transcurridos seis
meses desde su creación, este ARI realiza un balance de resultados.
Análisis
El control de la frontera marítima en el África
Occidental La inmigración ilegal
internacional hacia la frontera sur de Europa tiene una dinámica propia creada
por las acciones y reacciones de quienes la estimulan y quienes la
contrarrestan. Hasta 2005, los flujos de emigración ilegal procedentes del África
subsahariana se dirigían por vía terrestre hacia las fronteras de Ceuta y
Melilla. El cierre de los campamentos en las inmediaciones de esas ciudades
españolas tras las avalanchas de 2005 desplazó la presión migratoria hacia las
costas de África Occidental, por el oeste, y del Mediterráneo, por el este,
realimentando el fenómeno de la emigración marítima en la frontera sur. Como
resultado, y tras unos meses de adaptación, en 2006 se dirigieron hacia
Canarias oleadas de cayucos, desbordando
los recursos policiales, de salvamento marítimo y de asistencia humanitaria que
venían atendiendo ya con dificultades el flujo anterior.
El Ministerio del Interior,
al que le corresponde la responsabilidad de la lucha contra la inmigración irregular,
afrontó inicialmente la situación desde la Zona de la Guardia Civil en Tenerife
y desde la Jefatura Superior de Policía en Las Palmas de Gran Canaria. Mientras
en mayo de 2006 se solicitaba la asistencia técnica y operativa de la Agencia
Europea de Control de las Fronteras (Frontex), el Ministerio de Defensa puso en
marcha la Operación Noble Centinela para controlar los espacios aéreo y
marítimo en apoyo de las operaciones de Interior. La necesidad de coordinar los
recursos nacionales, europeos y locales de una forma más integrada y estable se
hizo patente durante los meses siguientes, por lo que la Orden 3108/2006 de
Presidencia de 10 de octubre puso en marcha un mecanismo de coordinación acordado
por el Consejo de Ministros para hacer frente a la inmigración ilegal en
Canarias desde un nuevo centro en Las Palmas de Gran Canaria.
El Gobierno ha encomendado
la gestión del Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC) a la Guardia Civil para llevar a
cabo una operación integrada que engloba múltiples dimensiones y actores. Entre
las diferentes misiones a coordinar están las de controlar la inmigración
ilegal hacia las islas, conducir las patrullas marítimas conjuntas con países
de la zona, centralizar y difundir la información e inteligencia recibida,
coordinar las operaciones navales, policiales y aduaneras, articular las
operaciones de salvamento y rescate marítimo y canalizar los flujos de
inmigrantes ilegales hacia los centros de acogida, entre otras. Entre los
múltiples órganos a coordinar se encuentran los policiales encuadrados en el Servicio
Exterior, los aeronavales de las Fuerzas Armadas y de Frontex, los policiales de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los fiscales del Servicio de
Vigilancia Aduanera y una amplia gama de servicios de acogida a cargo de la Sociedad Estatal
de Salvamento y Seguridad Marítima, de la Comunidad Autónoma
de Canarias y de la Cruz Roja, entre otros que prestan asistencia humanitaria.
El objeto material de la
coordinación es, hasta ahora, la lucha contra la inmigración ilegal. La presión
migratoria del continente africano puede encauzarse por varias rutas que se utilizan
o descartan en función de las menores o mayores dificultades que encuentran los
flujos organizados. Tras la supresión de las bolsas de emigrantes en torno a
las vallas de Ceuta y Melilla, los flujos se han reconducido hacia las costas
mauritanas y desde ahí se han ido desplazando hacia el sur a medida que España
ha establecido acuerdos bilaterales con Mauritania y Senegal. La ruta principal
hacia España y Europa sigue la costa marítima del continente africano pero se
han abierto nuevas rutas, cada vez más al oeste, para eludir las patrullas que vigilan
las costas. Consecuentemente, las embarcaciones también se han adaptado y se ha
incrementado la capacidad y autonomía de los cayucos, pero todavía no se ha dado el salto cualitativo hacia los
buques nodriza. A pesar de que algunos inmigrantes han llegado en un buen
estado de salud que no se corresponde con un viaje de 10 a 15 días de media sino
con uno inferior, todavía no hay constancia objetiva de la existencia de lanzaderas.
La presencia en la zona de buques de apoyo a los cayucos dedicados a la pesca
que desplazan a sus embarcaciones y tripulaciones de una zona de faenado a otra
se presta a la confusión. Sin embargo, se ha sucedido la llegada de buques
repletos de inmigrantes ilegales que pretenden atracar en puertos comunitarios.
De la respuesta que se dé a casos como los del Marine II y del Happy Day, por
citar los más recientes de febrero y marzo de 2007, depende la evolución futura
de unas rutas que intentan consolidar grupos organizados de traficantes más
poderosos que los africanos.
La disponibilidad de mandos
de medio y control, de medios operativos y de procedimientos de coordinación
permite al CCRC adoptar un enfoque proactivo en su gestión, previniendo la
emigración en las bases de partida (operaciones Cabo Blanco en Mauritania y
Goreé en Senegal) y previendo la acogida de las embarcaciones detectadas. El
dispositivo policial compuesto por consejeros de Interior y oficiales de enlace
actúa preventivamente sobre las bases de partida en coordinación con las policías
locales y con las tripulaciones mixtas desde las que se conducen las
operaciones de patrullaje. Cuando la interceptación no es posible, la detección
y el seguimiento de las embarcaciones permiten al CCRC coordinar las acciones
de salvamento cuando son necesarias y las tareas de acogida a su llegada de las
embarcaciones detectadas.
En el resultado de la
coordinación del CCRC intervienen también otros factores como los climatológicos
y la actitud de los países ribereños. En períodos como el invernal cuando las embarcaciones
ligeras no pueden partir, las mafias recurren a rutas alternativas para reducir
las bolsas de emigración. Se producen entonces cambios de itinerarios,
sustituyendo desplazamientos marítimos por terrestres, o acortándolos mediante
traslados aéreos hasta acercarlos al punto de embarque colectivo más favorable.
En igualdad de condiciones atmosféricas, lo que cuenta es la disposición de los
Gobiernos regionales a colaborar en la gestión de los flujos. El CCRC puede
esforzarse por mantener una buena relación operativa con las autoridades de
inmigración locales y rentabilizar el esfuerzo de formación de las dotaciones
mauritanas en las tripulaciones mixtas de las patrulleras de la Guardia Civil,
pero poco puede hacer para influir en la voluntad política de colaboración de
los países de origen o tránsito de inmigrantes ilegales, por lo que sigue
siendo necesario que la acción diplomática de los países de destino respalde su
desempeño operativo. Hoy por hoy, la colaboración funciona sobre una estructura
de acuerdos negociados bilateralmente por España, a partir de los cuales se
pueden integrar marcos de colaboración multilaterales. La movilización
diplomática ha negociado acuerdos bilaterales que regulan los flujos
migratorios con Guinea Conakry, Gambia, Malí y Cabo Verde, así como memorandos
de entendimiento operativo con Senegal y Mauritania que permiten coordinar la
vigilancia costera hasta el verano de 2007. Los acuerdos se renuevan caso por
caso, por plazos cortos, con los países de origen y tránsito de los flujos
migratorios, que negocian con ventaja sobre los países destinatarios. Lo
anterior obliga a mantener una estructura de apoyo al CCRC formada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Centro Nacional de
Inteligencia y la red de enlaces en la zona de la Unión Europea (Sea Horse). Además de esa vía propia, el
Gobierno ha movilizado sus recursos diplomáticos ante la UE para conseguir el
apoyo diplomático, económico y operativo colectivo para el control de una
frontera marítima que solapa las fronteras española y europea durante 8.500 km.
La coordinación de los coordinadores La responsabilidad de la
lucha contra la inmigración irregular y la del control de las fronteras corresponden
al Ministerio del Interior. La función del CCRC es una tarea de coordinación en
la que cada organización implicada planifica y ejecuta sus propias operaciones.
Al no duplicar las estructuras operativas de los anteriores, el CCRC sólo
precisa la organización básica para llevar a cabo las acciones de coordinación:
Jefatura, Secretaría Técnica, Centro de Comunicaciones y dos áreas de
Operaciones y Oficiales de Enlace. La coordinación se traduce fundamentalmente
en funciones de mando y control, en la creación de procedimientos de actuación
y en la elaboración de análisis de riesgos.
Para las funciones de mando
y control de la operación, el CCRC cuenta con un Centro de Comunicaciones capaz
de enlazar con todos los centros de coordinación y con los distintos elementos
del despliegue. El Áreas de Operaciones del CCRC coordina las operaciones que
dirigen el Centro de Coordinación de Frontex, el dispositivo aeronaval Noble
Centinela que dirige el Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa con dos mandos
componentes, uno aéreo y otro naval, la operación Alfa-India de aposentamiento
del Ejército de Tierra, las operaciones de salvamento de Sasemar dirigidas por los
Centros de Salvamento Marítimo, las de recepción y acogida del Centro
Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) y las de las salas de
emergencia de las autoridades locales. La sala de operaciones funciona las 24
horas al día para seguir la situación y el CCRC coordina diariamente los
despliegues aeromarítimos en África con el Centro de Coordinación de la Frontex
y con las autoridades africanas, además de hacerlo semanalmente con el resto de
los actores. Para facilitar la coordinación, el CCRC ha debido elaborar desde
cero –porque no existía una experiencia previa nacional ni internacional– los
protocolos internos y externos de coordinación.
El CCRC también dispone de
un Área de Inteligencia para elaborar resúmenes diarios, periódicos y
específicos de inteligencia, compartirlos con los demás centros de coordinación
e integrar la inteligencia e información que éstos obtienen desarrollando su
labor. Sobre ellos, se elaboran análisis de riesgos que facilitan la adaptación
del dispositivo de coordinación a las tendencias cambiantes. Los medios
asignados a la misión oscilan en torno a seis patrulleras de la Guardia Civil en la
zona de Canarias y otras cuatro con tripulación mixta en Mauritania, un
helicóptero de la
Guardia Civil y otro de la Policía Nacional,
tres aviones de reconocimiento de las Fuerzas Aéreas y tres buques de la Armada. A los anteriores
hay que añadir los buques de Salvamento Marítimo y los medios de Frontex (dos
buques y un avión de reconocimiento).
La zona de operaciones
cubre un triángulo de unos 1.500 km de lado desde Gran Canaria hacia Cabo Verde
y Senegal, con una distancia entre éstos de 580 km, un área de unos 425.000 kilómetros
cuadrados que se duplican para las tareas de salvamento. Los reconocimientos
aéreos muestran millares de cayucos en las costas dedicados habitualmente a
tareas de pesca que, alternativamente, pueden utilizarse para desplazar
inmigrantes ilegales o abastecer a los cayucos que suben costeando. Los aviones
sobrevuelan el espacio marítimo y costero para identificar los desplazamientos.
Cada buque localizado se identifica y, en caso de que transporte inmigrantes
irregulares se informa de su posición al CCRC, que la procesa y retransmite a
todos los centros de coordinación. Cuando las unidades navales interceptan una
embarcación dentro de las aguas territoriales de Mauritania y Senegal informan
a las autoridades para que decidan si se hacen cargo de la conducción a puerto
o delegan esa función en las unidades interceptoras.
El tiempo transcurrido es
todavía muy escaso para sacar conclusiones definitivas, aunque ya se dispone de
algunas lecciones aprendidas. En líneas generales, el CCRC ha satisfecho los
objetivos de coordinación para los que se implantó y ha reconducido la gestión
a unos parámetros operativos estables, siempre y cuando los flujos se mantengan
dentro de los niveles ordinarios. El CCRC ha desarrollado patrones de flujo que
ayudan a anticipar las tendencias y desarrollar actuaciones preactivas, pero no
puede controlar todas las variables que influyen en los flujos finales. Cuando
aparecen flujos extraordinarios que desbordan su capacidad ordinaria de
actuación, como los casos citados del Marine
II y del Happy Day, el control
operativo del CCRC puede ayudar al mecanismo de gestión de crisis que se activa
en Presidencia del Gobierno pero no puede suplir esa gestión extraordinaria.
Las cifras muestran una
caída de la llegada de inmigrantes y embarcaciones a Canarias desde el pico de septiembre:
unas 90 embarcaciones con 7.000 inmigrantes, a unas cifras de 10 a 20 embarcaciones
y 500 inmigrantes de media durante los primeros meses del año. Entre agosto y diciembre
de 2006 se consiguió interceptar 57 cayucos con 3.887 inmigrantes y devolverlos
a sus puntos de partida, aunque no se pudo evitar la llegada de 246 embarcaciones
con 14.572 pasajeros. La implantación del CCRC coincide con el descenso de los
flujos, pero la perspectiva estadística es todavía muy corta como para extraer
conclusiones y se debe aguardar algún tiempo más para que coincidan períodos de
iguales condiciones metereológicas.
El control de las fronteras, la nueva frontera de la
seguridad La misión, hoy por hoy, se
orienta más a la coordinación de las operaciones relacionadas con la
inmigración ilegal que con la vigilancia y control integral de la frontera
marítima de Canarias. La prioridad obedece al disparo exponencial de la inmigración
ilegal, pero está sólo es un aspecto de la gestión integral más amplia que se
está concentrando sobre las fronteras exteriores de la Unión Europea. Al
control de los flujos de personas se añade la necesidad de controlar los
desplazamientos de mercancías y buques para prevenir riesgos criminales,
terroristas, medioambientales, fiscales, fitosanitarios y otros que acechan a
las fronteras, por lo que la necesidad de coordinación no ha hecho más que
empezar.
Esos retos transnacionales
precisan una respuesta transnacional y europea que todavía no se ha articulado,
por lo que la responsabilidad y el riesgo siguen en manos nacionales. El
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha realizado un esfuerzo
diplomático en África Occidental que se ha traducido, tras el Plan África
2006-2008, en la apertura de nuevas representaciones diplomáticas en Cabo Verde
y Malí y el refuerzo de las de Ghana, Costa de Marfil y Nigeria, Camerún y
Senegal. Desde esas nuevas capacidades, el componente diplomático podrá apoyar
las operaciones de control policial y de patrullaje naval conjunto en Senegal,
Mauritania y Cabo Verde. Sin embargo, la volubilidad de los flujos aconseja no
bajar la guardia y disponer de un mecanismo integral de prevención y reacción
ante crisis migratorias que permita su conducción centralizada desde
Presidencia y su ejecución sobre el terreno mediante equipos multidisciplinares
especializados que se desplacen rápidamente allí donde aparezcan o puedan
aparecer los problemas.
También se han movilizado
todos los recursos diplomáticos para estimular la cooperación del resto de los
miembros de la UE y traducirla en fondos y acuerdos que ayuden a gestionar un
problema cuyas consecuencias afectan a todos. La movilización registra algunos
logros como la entrada del problema migratorio en la agenda europea, la
participación de Frontex y la asignación de fondos comunitarios del Mecanismo
de Reacción Rápida de la UE para las operaciones, pero no ha conseguido la
solidaridad práctica esperada de los Estados miembros. Las medidas adoptadas por
el Consejo Europeo en Hampton Court, las conclusiones del Consejo Europeo de
Bruselas de diciembre de 2005 sobre el “Enfoque global de la migración: medidas
prioritarias centradas en África y el Mediterráneo” o el Plan de Acción de la
conferencia Euro-Africana de Rabat en 2006 pueden aliviar la presión migratoria
a medio y largo plazo, pero a corto y medio plazo el control de las fronteras marítimas
dependerá de las capacidades nacionales fundamentalmente. A falta de una respuesta
colectiva más resolutiva, se deben ensayar otras vías de cooperación, bilateral
o multilateral, al margen de la UE con quienes realmente desean y pueden contribuir
a la solución del problema.
La cooperación multilateral
europea es todavía embrionaria y crea más expectativas que resultados. La Frontex, que comenzó a
operar desde Varsovia en octubre de 2005, cuenta con pocos recursos y
experiencia para hacer frente a las oleadas migratorias que se prodigan por
todo el perímetro de la UE. Para los recursos que no sean de personal, depende
de las contribuciones nacionales. Pero una cosa es que las bases de datos de la
Frontex acumulen ofertas de contribución (19 aviones, 24 helicópteros y 107
buques) y otra distinta es que participen cuando se les necesite. De los 10
países europeos que se comprometieron inicialmente a apoyar a España, sólo
cuatro –Italia, Luxemburgo, Finlandia y Portugal– han participado realmente en
la misión (Francia se retiró tras la primera semana). Pese a estas
limitaciones, la participación de Frontex resulta muy positiva porque canaliza hacia
la zona medios, fondos y atención de la UE que se precisan para la operación.
La experiencia también
cuenta y la Frontex no ha venido a aportarla a Canarias sino a adquirirla. El
CCRC coordina la actuación de la Frontex y no al revés. La agencia desplegó
nueve expertos en julio en una operación destinada a ayudar en las tareas de
identificación de los inmigrantes (Hera I) junto a una operación naval y aérea
en las costas africanas (Hera II) que se prolongó hasta diciembre. A partir de
mediados de febrero se han unificado las anteriores en una nueva operación
(Hera III). La Frontex
dispone de su propio Centro de Coordinación que está integrado y coordinado
dentro del CCRC, bajo dirección de un mando español que integra los oficiales
europeos y africanos de enlace. Se coordinan diariamente con el CCRC y con el
Centro Internacional de Coordinación de Varsovia. Además de las acciones
aeronavales de vigilancia e interceptación sobre las costas africanas, sus
miembros en las islas analizan las embarcaciones que llegan y entrevistan, con
autorización judicial y supervisión del Cuerpo Nacional de Policía, a los
inmigrantes en los centros de acogida para elaborar análisis de información e
inteligencia que, unidos a los que reciben del CCRC, les permiten desarrollar
sus capacidades de actuación. La experiencia es muy positiva para la Frontex porque España le
ofrece una plataforma de actuación que, hoy por hoy, no le ofrece ni la UE ni
ningún otro país europeo en la vertiente mediterránea de la inmigración, con lo
que dispone de una oportunidad de desarrollar procedimientos operativos que
serán muy útiles de cara a la evaluación de la agencia de finales de año.
Dependiendo
fundamentalmente de los medios propios, conviene pensar en su renovación. La
capacidad de detección costera (SIVE) está a punto de tocar techo en cuanto a
despliegue geográfico –queda completar el de Gran Canaria e iniciar el de
Tenerife– y capacidad técnica, por lo que hay que comenzar a diseñar un SIVE II
de nueva generación que cubra las limitaciones del actual y las nuevas
necesidades detectadas. Los medios aéreos han demostrado su utilidad operativa,
pero se debería ir pensando en desplegar nuevas capacidades que faciliten la
adquisición automática de la información independientemente de las condiciones
metereológicas para evitar que se produzcan desfases de seguimiento. El
incremento de medios disminuiría el esfuerzo de vuelo al que se someten las
tripulaciones, especialmente si se complementan con medios satelitales o no
tripulados que generen información de forma automática en todo tiempo y
condición. Lo mismo puede decirse de los medios navales, que precisan aumentar
su capacidad de interceptación. La diferenciación de las características
técnicas entre patrulleras, embarcaciones de salvamento y buques de guerra
obliga a actuar conjuntamente o a disponer de medios polivalentes de actuación.
Cuantos más medios de interceptación se aproximen a las zonas de partida más
fácil será hacer volver a los cayucos antes de que su retorno sea más
arriesgado. La actualización de los medios puede considerarse como una carga
presupuestaria o enfocarse como una oportunidad para desarrollar aplicaciones
tecnológicas a la altura de las fronteras inteligentes (e-borders) que precisará la
UE y en la que nuestras industrias disponen de un laboratorio
privilegiado para desarrollar nuevos productos de investigación y desarrollo. Cuanto
más se aumente el alcance y número de sensores y plataformas, más preactiva
será la coordinación.
Otro aspecto a reformar es
el de la diferenciación de la parte disuasoria de la humanitaria en las
operaciones. El salvamento es una peculiaridad de las fronteras marítimas, ya
que las leyes del mar obligan a actuar ante la evidencia o la posibilidad de un
naufragio, y todos los medios presentes pueden participar en esas tareas
eventualmente. El problema es cuando se hace de forma indistinta habitualmente
y las mismas fuerzas que deben prevenir la llegada de emigrantes irregulares
deben simultáneamente garantizar su llegada una vez que alcanzan las aguas
internacionales. Los medios aeronavales detectan la llegada de embarcaciones pero
ni las interceptan ni las rescatan habitualmente. Los medios de salvamento sólo
se dedican al rescate. Sin embargo, los medios policiales interceptan y salvan
indistintamente, lo que les resta perfil disuasorio. Para acentuar ese perfil, se
deberían potenciar los medios de salvamento presentes en los despliegues y
relevar a unas embarcaciones de la Guardia Civil del Mar que no están preparadas específicamente
para ello. La división de trabajo, sin perjuicio de las obligaciones
internacionales de salvamento, resulta más recomendable tras producirse la
primera agresión a una patrullera en misión de interceptación, incluido el lanzamiento
de cócteles molotov para facilitar la
evasión. Aunque se trate del primer caso en 10 años de operaciones, la gravedad
del precedente obliga a reconsiderar la seguridad de las tripulaciones y de las
embarcaciones entre los criterios de actuación.
La organización que ha
probado su validez debe también prepararse para adaptarse a las necesidades
futuras. La rotación de los mandos de la Guardia Civil dedicados
interinamente a la coordinación facilita una experiencia de formación valiosa
para operaciones similares pero perderá eficacia a medida que la operación se
prolongue y demande una mayor especialización. Paradójicamente, si las
patrullas conjuntas tienen éxito en el control costero, será necesario
desplegar patrullas terrestres o aéreas para prevenir las rutas alternativas
que se organizarán por el interior de la costa africana y organizar controles
escalonados a través de las fronteras.
Conclusiones: Los
logros y retos mencionados confirman la importancia de la experiencia de
coordinación del CCRC. La coordinación de tantas misiones y actores daría, por
sí misma, una relevancia especial a la misión del CCRC, pero más allá de la
complejidad de la gestión, lo que genera un interés especial hacia el CCRC es
que su misión es de una nueva generación de seguridad: la que supera las
dimensiones interior y exterior, nacional e internacional, civil y militar. Una
experiencia de seguridad adelantada a su tiempo y que abre precedentes valiosos
en el campo de la coordinación civil-militar, en el de la cooperación entre
agencias de seguridad y en la interacción entre órganos estatales, europeos y
locales.
El problema migratorio
plantea un reto de seguridad que no se puede solucionar exclusivamente
controlando las fronteras, pero sin progresar en el control de éstas de nada
valdrá el esfuerzo diplomático y político que se está realizando. Las fronteras
ya no son objeto de atención por parte de la Defensa pero se están poniendo de
moda como objeto de Seguridad. Las lecciones aprendidas y las que se aprenderán
sobre el control de las fronteras marítimas en Canarias deben ayudar a rediseñar
las capacidades, organización y procedimientos españoles de control y esa sería
nuestra mejor contribución al control de las fronteras exteriores de la Unión
Europea.
Félix Arteaga Investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano
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