El creciente enrarecimiento de las relaciones hispano-marroquíes desde hace aproximadamente dos años es un hecho, aún cuando la importancia de los intereses mutuos, tejidos desde antiguo e intensificados en la década de los noventa, representa una realidad que puede y debe permitirnos recuperar la normalidad. No debemos esperar que, en un principio, tal normalidad se defina necesariamente como ausencia plena de puntos de fricción; de hecho, estos son habituales entre vecinos en todas las latitudes, pero lo importante es dotarse de instrumentos sólidos que permitan sortear tales puntos de fricción y, cuando ello sea posible, solventarlos.
Hoy por hoy, el enrarecimiento en las relaciones ha sido y es bien visible en los titulares de los medios de comunicación, así como en las declaraciones de líderes políticos de uno y otro país, con frecuencia excesivos en ambos casos, pero lamentablemente no constituyen el reflejo más importante; el impacto ha sido y es mucho más profundo, dado que comienza a afectar a las sociedades civiles, a los ciudadanos de ambas partes y a sus expectativas humanas y profesionales, y esta realidad nunca antes producida debe obligarnos a todos a recuperar el tono y las reglas perdidas. Tanto el contingente migratorio de 16.000 trabajadores marroquíes regularizado para 2002 (1)como el contingente de becas para investigadores marroquíes correspondientes al mismo año han sido dos víctimas inmediatas del enrarecimiento -aunque es curioso que hayan sido raramente evocadas en los últimos meses- ante la falta de los canales diplomáticos apropiados para regularlos. Por otro lado, aún es pronto para valorar el más que probable frenazo en la inversión española en el país magrebí que las distintas fases de enrarecimiento que a continuación vamos a describir pueden haber producido.
Tras la crisis provocada por la ocupación marroquí de la Isla de Perejil  el 11 de julio y el acuerdo de 22 de julio para normalizar las relaciones a partir de septiembre (2), es importante intentar delimitar los asuntos que una y otra parte consideran que hay que tratar, así como ahondar en las percepciones mutuas y en la búsqueda de espacios de entendimiento que logren sortear dificultades que no se van a resolver de inmediato pero que no deben enrarecer unas relaciones que han sido y pueden ser enormemente importantes para ambos países.

Apuntes sobre los motivos de desencuentro
En un contexto políticamente complejo y a la vez estimulante, como es el definido en Marruecos por el comienzo de la campaña electoral en la madrugada del 14 de septiembre, en el horizonte de unas elecciones legislativas parciales que se celebraron el pasado 27 de septiembre y que desde la perspectiva marroquí deberían servir para reforzar el juego político y poder atacar con más vigor tanto necesarias reformas internas como cuestiones candentes de sus relaciones exteriores (España, Argelia), el esfuerzo destinado a inventariar los motivos del distanciamiento con España es especialmente difícil pero a la vez necesario y urgente (3).
De la larga lista de motivos de desencuentro deberemos individualizar algunos para entender la situación actual. Aunque una aproximación cronológica nos permite situar el origen de la espiral de deterioro en la interrupción de las actividades pesqueras comunitarias en aguas de soberanía o de jurisdicción (Sahara Occidental) marroquí en 1999, la existencia de múltiples ámbitos de fricción hace que en cuanto uno de ellos se agrava, el enrarecimiento afecta inmediatamente a todos los demás, y esto es lo que ha venido ocurriendo desde entonces. Así, cuando el 27 de octubre de 2001 fue llamado a consultas a Rabat el Embajador de Marruecos en España, Abdeslam Baraka, los analistas se apresuraron a señalar que la reacción marroquí se producía frente a diversos acontecimientos que, relacionados con el Sahara Occidental (“referéndum” en Andalucía, reunión en Sevilla de ONGs prosaharauis, etc), habían tenido a España como escenario, pero en realidad se debía a una combinación de diversos factores. Es importante destacar que los que aquí vamos a citar formarían parte de los que desde la percepción marroquí constituyen algunos de los agravios que deberían, según Taïeb Fassi-Fihri, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, reflejarse en un listado en el marco de una necesaria catarsis bilateral (4).
Los espacios que mejor ilustran el distanciamiento actual son: la interrupción de las actividades pesqueras, una herida aún no curada del todo; los tráficos ilícitos -en especial la inmigración irregular y el tráfico de drogas-; la insistente reivindicación de las plazas de soberanía española, agravada con la ocupación marroquí de la Isla de Perejil; las posiciones antagónicas de ambas partes en torno al conflicto del Sahara Occidental, complicado, además, con las autorizaciones de prospección que tanto España como Marruecos han hecho en aguas españolas y marroquíes del banco canario-sahariano; y, finalmente, el acercamiento español en los últimos años a Argelia (5). Todos ellos seguirán ofreciendo en los próximos meses motivos potenciales para el desencuentro, si bien dependerá del tacto y de la utilización correcta que las partes hagan, en cada momento y para cada caso, de las herramientas político-diplomáticas a su disposición que tales cuestiones no lleven a un enrarecimiento aún mayor de sus relaciones.

El antecedente de las relaciones en materia de pesca
La cuestión pesquera constituye hoy un dossier cerrado, si bien está en gran medida en el origen de la delicada situación actual (6). Por otro lado, es un dossier que tuvo un desenlace sorprendente: teniendo en cuenta, por un lado, que el Acuerdo de Pesca UE-Marruecos de 1995 era el mayor acuerdo pesquero con terceros países firmado por Bruselas y que, por otro lado, la Unión es un socio fundamental para Rabat, todo apuntaba a fines de 2000 a que, a pesar de las dificultades, se acabaría firmando un acuerdo con Marruecos, algo que finalmente no se produjo (7).
Tras la ruptura de las negociaciones pesqueras en marzo de 2001 (8),se consagraba ya una situación difícil que se había empezado a vislumbrar en toda su crudeza cuando el 30 de noviembre de 1999 expiraba el último Acuerdo de Pesca UE-Marruecos y se cerraban los caladeros a los buques comunitarios. Además, a los 4.000 marineros, a los 400 barcos y a los 12.000 empleos indirectos, todos ellos españoles, ligados a la actividad pesquera en aguas de soberanía o de jurisdicción marroquí, no podía llegarles la noticia en peor momento, ya que a mediados de 2000 se ponía sobre la mesa, pero esta vez en Bruselas, la reducción de cuotas en las aguas comunitarias con el telón de fondo de una UE aún hoy profundamente dividida en torno a este tema (9). Por otro lado, no debe de olvidarse que este momento era esperado, especialmente por los bien informados, si bien las resistencias a creerlo eran aún muy acusadas en esos momentos: ya en 1995, durante la anterior crisis pesquera que tuvo una duración de siete meses, el efecto de la interrupción en la actividad extractiva fue muy negativo al coincidir además con la negociación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, en el contexto de la ampliación de la Unión, y la llegada a su término del Acuerdo Marco Hispano-Marroquí de Cooperación Financiera (1988), que no sería renovado hasta 1996 (10).
Si repasamos someramente las principales etapas de la crisis, tras la quinta reunión técnica, celebrada en Rabat en los días 29 y 30 de noviembre de 2000, persistía el desacuerdo de tal forma que el propio Consejo Europeo de Niza llamaba el 8 de diciembre de 2000 a Marruecos a facilitar un nuevo acuerdo, fijando al mismo tiempo un programa para la reestructuración de la flota. En esos momentos, la parte europea trataba en las negociaciones de arrancar un acuerdo de cinco años, frente a un máximo de dos considerado por Marruecos, porque, se decía desde el lado europeo, ello permitiría plantearse con tranquilidad una reconversión profunda de la flota (11).
A fines de 2000 y comienzos de 2001, y a pesar de las dificultades en la negociación pesquera, las inercias aún eran positivas en las relaciones bilaterales hispano-marroquíes: la visita oficial de Mohamed VI a España (18 a 20 de septiembre de 2000) había sido un éxito y en su marco se había firmado un nuevo acuerdo, ya el tercero, de conversión de deuda en inversiones, con el que a comienzos de 2001 se alcanzaba la cifra de casi 20.000 millones de pesetas de deuda transformada. El 2 de febrero de 2001 el Consejo de Ministros español aprobaba la venta a inversores españoles o marroquíes residentes en España de 40 millones de dólares (7.000 millones de pesetas) de la deuda de Marruecos con España derivada de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para la realización de proyectos de inversión directa en el país magrebí (12). Por otro lado, en esos momentos estaba aún en vigor la renovación firmada en 1996 y para cinco años del Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Financiera, firmado por ambos Estados en 1988 por un montante de 150.000 millones de pesetas (13).
En lo que respecta a la cooperación, Marruecos es desde hace años el país que más recursos no reembolsables ha recibido de la Cooperación Española para el Desarrollo de entre todos los Estados de los que es responsable el Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD) del Ministerio de Asuntos Exteriores. A título de ejemplo, en 1997 recibió 1.831 millones de pesetas; en 1998, de las 5.749.047.846 pesetas destinadas al mundo árabe 1.787.205.784 pesetas fueron destinadas a Marruecos; en 1999, Marruecos fue el principal destinatario de la Cooperación Española, con 1.627.013.869 pesetas, que se desglosaban en 761.614.879 pesetas en proyectos, 719.553.000 pesetas en convocatorias de ONGs, 137.787.990 pesetas en becas y 8.058.000 pesetas en lectorados; y en 2001, la previsión de programas de cooperación con Marruecos ascendía a un montante de 2.100 millones a través de créditos gestionados por el ICMAMPD desglosados en 1.016 millones de pesetas en cooperación, 850 millones en subvenciones a organizaciones sociales, 147 millones en becas, 32 millones en acción cultural y 106 millones en cooperación multilateral.
Volviendo a la cuestión pesquera, que representó el inicio del agravamiento más profundo en las relaciones bilaterales, el 25 de enero de 2001 se reanudaban las negociaciones para, tras algunos altibajos, suspenderse definitivamente en marzo: a título de ejemplo, cuando el 21 de febrero se interrumpían momentáneamente las negociaciones, Marruecos había llegado a aceptar discutir la duración de un nuevo acuerdo -tres años frente a los cuatro anteriores- y el número de barcos autorizados a faenar, pero seguía exigiendo techos financieros (21.000 millones de pesetas anuales) inaceptables para Bruselas y que llevaron a la interrupción definitiva al mes siguiente (14).
Finalmente, en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión, celebrado en Luxemburgo el 25 de abril de 2001, todos los Estados miembros de la UE, con las únicas reservas del ministro portugués, se mostraron favorables a oficializar la suspensión definitiva de las negociaciones con Marruecos; naturalmente, los medios de comunicación marroquíes individualizaron a España como única culpable fijándose más en las críticas del presidente Aznar a la actitud marroquí que en el hecho de que los socios comunitarios, todos, dieron finalmente por zanjadas unas negociaciones claramente estériles (15).
Marruecos había tratado de situar la pesca en el contexto global de las relaciones y en pie de igualdad con otros asuntos como la inmigración, las inversiones empresariales o la ayuda al desarrollo, rechazando mantener la fórmula hasta entonces vigente de acuerdos pesqueros de primera generación -limitados al intercambio de derechos de pesca a cambio de dinero- y exigiendo, aparte de altísimas contraprestaciones económicas, otras más amplias que incluían el desarrollo del sector pesquero marroquí en los ámbitos extractivo, comercial y transformador (16).

La reivindicación de las plazas de soberanía española y el simbolismo de la ocupación marroquí de la Isla de Perejil
El breve pero importante acuerdo hispano-marroquí alcanzado el pasado 22 de julio por Ana Palacio y Mohamed Benaïssa ponía fin al conflicto con una vuelta al “statu quo” anterior a la ocupación de 11 de julio; dicho “statu quo”, tanto en lo que respecta a la Isla de Perejil como a las cinco plazas de soberanía española en el norte de África -las dos plazas mayores (Ceuta y Melilla) y las tres plazas menores (los Peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas y el archipiélago de las Chafarinas)-, es sencillo, al menos atendiendo a las razones que a continuación se van a exponer, pero es contestado por Marruecos.
Partiendo del hecho de que son la historia y la política las que dan la soberanía sobre los territorios y no la simple geografía, revisemos a continuación los argumentos de las partes. Esta cuestión, que no contencioso desde la perspectiva española, requiere ante todo de algunas aclaraciones previas que son necesarias y urgentes ante los paralelismos apresurados que algunos, incluso dentro de España, hacen con la cuestión de Gibraltar: Gibraltar no es territorio comunitario y las plazas sí (17); Gibraltar es territorio sometido a descolonización y las plazas no, y no han figurado nunca en las listas del Comité de Descolonización de la ONU (18). Que la presencia española en las plazas no reviste carácter colonial lo demuestra el hecho de que Marruecos no haya impugnado nunca la lista de “territorios no autónomos” que España entregó tras su ingreso en la ONU el 15 de diciembre de 1955, y que fue presentada en la IV Comisión en 1960 incluyendo a Fernando Poo, Río Muni, Ifni y al Sahara español. España, que no incluyó, pues, las plazas en su lista, jamás recibió de la ONU solicitud alguna de información sobre dichos territorios, algo que sí ha recibido el Reino Unido con respecto a Gibraltar.
Por otro lado, el pretendido paralelismo establecido entre los casos de Gibraltar y de las plazas españolas, que tanto eco tiene en Marruecos, en muchos medios de comunicación europeos y también entre algunos círculos desinformados españoles, tiene raíces en trasnochados principios de estrategia -imposibilidad de que un Estado controle los dos lados de un Estrecho internacional(19)-, se basa en un rápido y primario análisis político y denota ignorancia en lo que respecta tanto a la historia como al derecho (20). Reino Unido incluyó a Gibraltar en la lista de “territorios no autónomos” que entregó a la ONU en 1946. Además, la mayoría de la población de las plazas, a diferencia de la de Gibraltar, es española por origen, nacionalidad y lengua. En tercer lugar, España se reservó el derecho de retracto en el Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, que supone la devolución de ese territorio a España si “en algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender, o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar”. Marruecos no tiene derecho de retracto alguno sobre las plazas que, como territorios españoles, no están sometidos a ninguna limitación extranjera. Por último, mientras la Asamblea General de la ONU aprobaba el 16 de diciembre de 1965 la resolución 2070 (XX), invitando a España y al Reino Unido a entablar negociaciones sobre Gibraltar, en ningún momento la ONU ha hecho petición alguna a España o a Marruecos sobre las plazas.
Partiendo de esta doble realidad la cuestión no debería ser motivo de discusión específica, ni ser incluida como punto en el orden del día en las reuniones que España y Marruecos acuerden celebrar. Para España todo lo referente a las plazas es materia de política interior y no debe de ser tratado con un país tercero: los antecedentes citados más arriba están ahí como herramientas aclaratorias, ante Marruecos y ante terceros interesados, y la inclusión de la cuestión de las plazas en el discurso de Mohamed Benaïssa ante la Asamblea General de la ONU de este año no aporta nada nuevo, salvo la intensidad verbal de la reivindicación (21). No obstante, España sí debería dejar claro a Marruecos que su objetivo sigue siendo el desarrollo de su país, algo que por otro lado ya ha demostrado con los hechos en los últimos años al poner en marcha un ambicioso plan de cooperación para la región del Rif (22).
Desde la perspectiva interna española es importante que los guiños políticos dirigidos tras la crisis de Perejil a estas ciudades, a sus autoridades y a sus poblaciones, no sean solo coyunturales (23), sino permanentes, y que la estabilidad y la seguridad dentro de ellas también se garantice para crear un clima atractivo a la inversión (24).La cuestión es importante ya no sólo por la creciente reivindicación marroquí sino también por la proximidad, en 2003, de elecciones autonómicas en ambas ciudades. Que casi el 80% de sus economías respectivas dependa del comercio transfronterizo es lógico por el carácter de puertos francos que tienen, pero hace enormemente vulnerable su situación, tal y como el veto marroquí a la entrada de miles de compradores marroquíes a Ceuta en el contexto de la crisis de Perejil y, sobre todo, la posibilidad cada vez más cercana de que Marruecos se decida finalmente a desarrollar el norte, hacen prever. Es por ello importante que, en el contexto de la visitas en agosto del ministro Javier Arenas a ambas ciudades se haya hablado de mayores inversiones estatales -unos 300 millones de euros hasta 2006-, de incentivos a inversiones privadas a través de medidas como las mejoras fiscales, o del desarrollo del sector servicios. Ello permitirá a España reducir el impacto negativo que el, por otro lado deseable, desarrollo de la región norteña marroquí podría tener en la viabilidad económica de las plazas, y quitará argumentos a quienes desde Marruecos agitan la idea de la conspiración político-económica española, que no se sostiene en ningún caso si consideramos que la Cooperación Española viene priorizando en los últimos años a la región septentrional de Marruecos. Así, destaca la realización de un informe-diagnóstico sobre el desarrollo del Norte de Marruecos conocido con el nombre de PAYDAR, elaborado en colaboración con la Agencia para el Desarrollo de las Provincias del Norte -creada por el Gobierno marroquí en la segunda mitad de los noventa-, que permitió identificar los sectores prioritarios de actuación, así como otros proyectos que se han llevado adelante en toda la región en ámbitos como las infraestructuras de transportes, la sanidad o los servicios urbanos (25).De hecho, la mayor parte de los fondos destinados por la Cooperación Española, a los que hay que unir las aportaciones de entidades subestatales (Comunidades Autónomas (26) y entes locales) y las de la sociedad civil (canalizadas a través de ONGs), se destina a acciones desarrolladas en el marco del Programa de Acción Integrado para el Desarrollo y Ordenación de la Región Mediterránea de Marruecos, gestionado a través del ICMAMPD, y cuyo objetivo global es desarrollar proyectos en la región septentrional del Rif marroquí en un espíritu de codesarrollo que debería servir, entre otras cosas, para fijar poblaciones a sus regiones de origen.
Marruecos parece querer últimamente equilibrar finalmente el país y desarrollar el Norte, asignatura pendiente desde la independencia y estrategia que podría, desde la percepción marroquí, llevar a facilitar la recuperación de las plazas al restarles la viabilidad económica que les da el comercio irregular. Más allá de las aproximaciones más o menos simbólicas del Rey al Norte están los hechos, de entre los que destacaremos dos: la creación este año del Instituto Real de la Cultura Tamazigh, destinado a canalizar las exigencias de reconocimiento de su identidad a los bereberes marroquíes, población mayoritaria en el Norte; y el proyecto de construcción de una gran zona portuaria en Tánger, el proyecto “Tánger-Mediterráneo” (27), que deberá estar culminada en septiembre de 2006 con el comienzo de la explotación del macropuerto, y cuyas obras visitó Mohamed VI a fines de julio (28). En un Consejo de Ministros presidido por Mohamed VI en Tetuán a principios de agosto este ordenaba aprobar por procedimiento legislativo de urgencia la creación de una agencia de desarrollo para las “provincias del Sur” (Sahara Occidental) y la creación del gran complejo portuario en Tánger (29).En lo que a Ceuta y Melilla respecta, será importante que dependan menos del “hinterland” marroquí - excesivo en el caso de Melilla -, que revisen sus estatutos de puertos francos que aunque favorecen el comercio y los servicios impiden el más mínimo desarrollo industrial, que reactiven su atractivo turístico y que, quizás a través de las medidas últimamente introducidas por la Administración, hagan cambiar una tendencia ya señalada a principios de los noventa: que los beneficios obtenidos del gran comercio existente con Marruecos no se invertían en ambas ciudades sino en el arco Algeciras-Costa del Sol (30).

La cuestión del Sáhara Occidental y las recientes prospecciones petrolíferas
En un contexto en el que se combina, por un lado, un frenético intento marroquí de ganar adeptos a sus posiciones sobre el Sahara Occidental (31), y por otro la reflexión interior sobre el futuro modelo territorial para el Estado(32), las autoridades de Rabat son especialmente sensibles a la posición de España en torno a este tema. Ésta, cuya posición en compartida por la inmensa mayoría de la sociedad internacional, no debe de sorprenderse ante la hipersensibilidad de Rabat porque desde Marruecos se la percibe no sólo en clave de antigua potencia colonizadora del territorio, sino sobre todo en clave de su peso creciente en el seno de la UE, como miembro influyente del llamado Grupo de Amigos del Secretario General de la ONU para la cuestión del Sahara Occidental, como probable miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante los próximos dos años y, esto ya de forma constante, como base de apoyo y de propaganda para el Frente POLISARIO, habiendo sido calificada por el Ministro Benaïssa como “una segunda Tinduf”.
Desde que el Consejo de Seguridad aprobara por unanimidad la resolución 1324 el 30 de octubre de 2000, por la que se renovaba el mandato de la MINURSO hasta el 28 de febrero de 2001, y un informe de Kofi Annan llamara a explorar una “tercera vía” -la de la autonomía del territorio- la fijación marroquí por la reacción española a este nuevo escenario ha venido siendo aún más intensa (33). A principios de mayo de 2001, James Baker III invitaba a las partes a estudiar dicha propuesta de autonomía que pronto provocó una agria polémica diplomática y que contribuyó a intensificar el desencuentro hispano-marroquí. El 22 de junio de 2001 el Embajador de Argelia ante las Naciones Unidas, Abdalá Baali, enviaba una dura carta al Consejo de Seguridad al respecto y, una semana después, el Consejo de Seguridad prorrogaba cinco meses más el mandato de la MINURSO y, sin abandonar el plan original que privilegia la vía del referéndum, invitaba a las partes a estudiar la “tercera vía” (34).
En octubre de 2001 un colectivo de ONGs de Andalucía había convocado un “referéndum” simbólico, pero de previsible impacto político, que se celebró durante la segunda quincena de dicho mes en las ocho capitales de la Comunidad Autónoma, y durante el que llegaron a utilizarse instalaciones del Parlamento Autonómico y, por ello, pertenecientes al Estado. El resultado de tal “referéndum” no es aquí lo más importante -un 97% de los votos fueron favorables a la autodeterminación, y 150 municipalidades andaluzas apoyaron oficialmente la autodeterminación de la antigua colonia española- sino su celebración y la lectura que tuvo desde Marruecos. Para agravar aún más la situación, al poco tiempo se celebró en Sevilla con gran cobertura de los medios de comunicación la XXVII Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, y en cuestión de días el Embajador Baraka fue llamado a consultas a Rabat, aunque, como veremos más adelante, otras cuestiones como la intensificación de la inmigración irregular en esas fechas, o las perspectivas de concesión de permisos de prospección petrolífera en aguas próximas a Canarias por parte del Gobierno español, habían contribuido también a enrarecer las relaciones (35).
Con posterioridad la cuestión del Sahara Occidental ha seguido provocando desencuentros bilaterales y así, el 2 de enero de este año, justo al comienzo de la Presidencia española de la UE, la liberación por el Frente Polisario de 115 prisioneros de guerra marroquíes “a petición del presidente José María Aznar” como presidente de la UE  fue un hecho muy criticado en Rabat (36). Los momentos que han coincidido con votaciones en el Consejo de Seguridad sobre la renovación del Mandato de la MINURSO han marcado los puntos culminantes de la crisis (37)pero hay otra cuestión, ésta relativamente nueva pero conectada a la situación del territorio, que entra ahora y entrará aún más en el futuro en juego: las prospecciones petrolíferas y la cuestión de las delimitaciones marítimas.
En 1997, España declaró la frontera marítima entre ambos Estados en la mediana entre Marruecos y las Islas Canarias. Marruecos afirma, por su parte, que la soberanía se extiende a la totalidad de la plataforma continental y, de este modo, la frontera estaría más próxima al archipiélago. En este contexto, las recientes licencias otorgadas tanto por Marruecos como por España a compañías petrolíferas para realizar tareas de exploración en dicha zona marítima provocan nuevos desencuentros.
El Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001 autorizaba a Repsol YPF para explorar siete zonas marítimas de Fuerteventura y Lanzarote, dos de ellas en aguas discutidas por Rabat: el permiso es para 6 años y la compañía española se compromete a invertir hasta 30 millones de euros. En octubre de 2001, Marruecos, que ya intuía estas aproximaciones, protestó por este interés prospectivo en dicha zona, y en mayo de 2002 el ministro Benaïssa calificaba ante la Cámara de Representantes de Rabat de “acto unilateral rechazable” la concesión por el Gobierno español de tal permiso.
El Gobierno marroquí, por su parte, ha concedido licencias a la norteamericana Kerre-McGee y a la francesa TotalFinaElf para llevar a cabo prospecciones en la costa del Sáhara Occidental, y la italiana Agip ha mostrado su interés en participar: todas ellas acuden además animadas por las positivas reformas introducidas el pasado año en los Códigos minero y fiscal marroquíes. TotalFinaElf podrá explorar un área de 115.000 kilómetros cuadrados en la costa de Dajla durante un año. Por su parte, Kerre-McGee está autorizada a explorar una zona de 110.000 kilómetros cuadrados en la costa norte del Sahara Occidental. Según el Estudio Geológico sobre Energía Mundial 2000 de los EEUU, las reservas de petróleo y gas en la costa del Sahara Occidental podrían ser muy importantes.
La ONU protestó señalando que Marruecos no tenía derecho a conceder tales licencias pues la soberanía del Sahara Occidental es un tema aún en litigio, recordando que España cedió en 1975 la administración del territorio, y no la soberanía, a Marruecos y a Mauritania. El Frente Polisario, en un gesto simbólico, concedió una licencia a la compañía australiana Fusion Oil para idénticos fines(38).

Los tráficos ilícitos y su mediatización, con especial atención a la inmigración irregular
Marruecos es hoy por hoy el mayor abastecedor de mano de obra del Estado español y unos 250.000 ciudadanos marroquíes viven y trabajan legalmente en España, cifra que representa el 20% de la población inmigrada regularizada (39).
Cuando el 21 de agosto de 2001 el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, afirmaba que había convocado al Embajador Baraka para transmitirle el malestar del gobierno por la ofensiva migratoria no hay que olvidar que tan sólo en el fin de semana anterior (18-19 de agosto) las fuerzas de seguridad españolas habían detenido a 800 irregulares en operaciones tanto en el Estrecho como en Canarias (40). La situación era ya a esas alturas claramente preocupante en lo que al incremento de la inmigración irregular se refería: en 2000, más de 15.000 detenidos, y de ellos unos 12.000 fueron marroquíes, cifras que cuadruplicaban las del año anterior señalando un crecimiento constante que llega hasta la actualidad.
El desafío de la inmigración irregular había empezado a plantearse a partir sobre todo de fines de la década de los noventa. En 1999, tan sólo el Cuerpo Nacional de Policía desmanteló 244 redes de inmigración ilegal, frente a 145 en 1998; todo ello se llevaba a cabo en el marco del llamado Plan Sur, cuyas medidas empezaron a aplicarse en 1997 para prevenir la llegada de inmigrantes irregulares y desarticular las mafias que los canalizaban. Coincidiendo, además, con la crisis pesquera y con el aumento del tráfico de drogas, todos estos factores combinados han venido enturbiando tanto la realidad como las percepciones y las imágenes mutuas en lo que a España y a Marruecos respecta (41).
Si seguimos una aproximación cronológica, en el verano de 2000 la imagen “positiva” que se tenía en Marruecos de la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero) estaba incrementando con sus inercias la inmigración irregular. Tradicionalmente concentrada en el Estrecho, en esos momentos se empezaba a extender hacia las islas más orientales del archipiélago canario: Fuerteventura y Lanzarote. Se estimaba que en los seis primeros meses de 2000, más de 200 irregulares habrían perdido ya la vida en su intento de entrar en España, según un informe hecho público en junio de ese año por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
El debate político en aquellos momentos en España separaba a Gobierno, que deseaba contar antes del 1 de julio de 2000 con una nueva ley más disuasoria, y a la oposición que deseaba mantenerla. Como quiera que el 31 de julio de 2000 terminaba el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros y que en los meses de verano la navegación es más fácil el incremento en la presión estaba garantizado (42). Además, las mafias habían hecho correr el bulo de que cualquier inmigrante podía conseguir permiso de residencia en España sin problemas antes de fines de julio, cuando en realidad se exigía acreditar una estancia de dos años (43).
El 23 de enero de 2001, día de la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería, el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, visitaba Rabat acompañado de los Delegados del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, y para las Drogas, Gonzalo Robles. Durante esta visita Mayor Oreja y su homólogo marroquí, Ahmed Midaui, discutieron la propuesta española de un acuerdo de mano de obra cursada por vía diplomática en noviembre de 2000 (44).
Cuando entraba en vigor la nueva Ley de Extranjería, Marruecos era el único Estado extranjero con el que España había firmado, en 1992, un acuerdo que permitía, y permite aún hoy, la devolución inmediata de extranjeros en situación irregular (45). Un acuerdo de readmisión similar a este hispano-marroquí se estaba intentando poner en marcha entonces por parte de la UE con Marruecos, y se intentaba llevar adelante sobre la base de las directivas de negociación adoptadas por el Consejo de la Unión de 18 de septiembre de 2000. En el verano de 2001, época estival en la que la inmigración irregular es siempre más abundante, la aplicación por parte marroquí del Acuerdo de Readmisión de 1992 dejaba mucho que desear según la percepción española y, paralelamente, ambos países negociaban un cupo de inmigrantes (46). A fines de julio se esperaba la aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería y con él la racionalización de la cuestión migratoria, ya por entonces muy enrarecida por la llegada masiva de irregulares (47).
El viernes 20 de julio de 2001 el Consejo de Ministros aprobaba el Reglamento -con entrada en vigor el 1 de agosto de 2001- y el 25 de julio se firmaba en Madrid por el vicepresidente del Gobierno y Ministro de Interior, Mariano Rajoy, y el Ministro de Empleo marroquí, Abbés El Fassi, el Acuerdo de Mano de Obra (48). El debate era ya en aquellos momentos especialmente agrio entre los representantes de ambos Estados y llegaba a las sociedades civiles; cabe destacarse un informe que en julio de 2001 hacía público la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (ATIME) y que, basándose en las estimaciones de 34 ONGs de Marruecos, cifraba en 3.123 el número de ahogados en aguas de Marruecos en cinco años (49).
Con un telón de fondo que combinaba declaraciones como las realizadas a principios de septiembre por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, hablando de “connivencia de la policía marroquí y de las mafias”, o incluso por el propio Rey Mohamed VI que, en una entrevista publicada en Le Figaro de 4 de septiembre responsabilizaba de la situación a España, y con la crisis diplomática provocada por la llamada a consultas del Embajador Baraka el 27 de octubre, en noviembre España proponía a las autoridades marroquíes -por envío del Embajador de España al Ministro Abbés El Fassi- varias fechas dentro de dicho mes para constituir el Comité Mixto de Inmigración, destinado a hacer efectivo el Acuerdo de 25 de julio y cuya finalidad inmediata era fijar el cupo de trabajadores marroquíes. En diciembre de 2001 se constataba que la llamada a consultas del Embajador marroquí había incidido negativamente en la puesta en marcha del Acuerdo; de hecho no se había desarrollado aún la parte administrativa de éste y ello, en opinión de las autoridades españolas, podía tener después, como así ocurrió, un efecto negativo para Marruecos al favorecerse desde el mercado laboral español a trabajadores de otros países. Finalmente, el citado Acuerdo fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados el 11 de diciembre de 2001, en un gesto que desde el Parlamento español se quiso transmitir a Marruecos de deseo de recuperar la normalidad en las relaciones.
La realidad es que, a principios de agosto de 2002, son ya 4.000 los detenidos durante los siete primeros meses del año tan sólo en el archipiélago canario, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura y, en menor medida, en Gran Canaria. Ello ha llevado a la ministra Ana Palacio a insistir en la necesidad “acuciante” de tratar con Marruecos de inmigración irregular. Desde el lado marroquí, sus autoridades y sus medios de comunicación insisten en que la inmigración hacia España empieza a disminuir gracias a las operaciones lanzadas por sus fuerzas de seguridad y por la Marina Real. Entre estas operaciones podemos destacar las siguientes: en mayo se desarticulaba en Tetuán una red de tráfico de inmigrantes operando en la región del Estrecho; una segunda, en agosto, hacía lo propio en Casablanca contra una red activa en la ruta de Canarias; y la más reciente, este mismo mes de septiembre, en la que ha intervenido activamente la Marina Real marroquí (50).
Debemos señalar que los intentos de control del lado marroquí vienen también de atrás: la presión de asociaciones ciudadanas como Transparency Maroc, que trabaja por la erradicación de la corrupción y de la delincuencia organizada, llevó a que las autoridades encargaran en febrero de 2001 a la Gendarmería Real, cuerpo equivalente a la Guardia Civil y dirigido por el General de Cuerpo de Ejército Husni Benslimane, una campaña sin precedentes en la que hacia mediados de julio de ese año ya se habían abierto más de 10.000 expedientes por posibles casos de corrupción (51). Dichos esfuerzos marroquíes se han visto además reforzados en julio por el apoyo financiero, de 40 millones de euros, y también político, de la propia UE (52). Estos esfuerzos deben ser también contextualizados en relación a los intentos producidos, en el seno de los Quince, para endurecer la postura de la Unión con respecto a los países de origen de la inmigración irregular que no colaboren suficientemente con las autoridades europeas, intentos que fueron llevados al Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002. Allí, la propuesta del presidente Aznar, al frente entonces de la Presidencia de la UE, para plantear sanciones contra dichos países terceros era percibida con preocupación en Marruecos, como sigue siendo percibida hoy la reflexión en la que la Unión está inmersa en todo lo referente a la inmigración irregular y al  trato a dar a los Estados de los que ésta procede (53).
A quienes en estos últimos meses, en Marruecos pero también en España, han intensificado sus críticas a este endurecimiento del Gobierno español por sus iniciativas en el marco de la Presidencia de la UE habría que recordarles que España ha sido el gran impulsor, y lo sigue siendo, de la cooperación UE-Marruecos en estos últimos años, y que tanto dichos impulsos como su propia cooperación bilateral se lleva a cabo en un espíritu de codesarrollo (54). Por otro lado, la nueva generación de acuerdos euromediterráneos tiene en Marruecos a uno de sus signatarios más tempranos: el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos fue firmado el 26 de febrero de 1996 y entró en vigor el 1 de marzo de 2000 (55). El diálogo sobre temas migratorios se mantiene en el marco del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Sociales y Migraciones y en el marco también del Grupo Informal sobre Migraciones. El primero de ellos, creado sobre la base del artículo 73 del Acuerdo de Asociación, tuvo su primera reunión a nivel de expertos el 21 de junio de 2001 en Bruselas, y en ella se crearon dos Grupos Informales de expertos: uno sobre migraciones, que se reunió por primera vez en Bruselas el 23 de julio de 2001, y otro sobre cuestiones sociales.
El otro gran tráfico ilícito por antonomasia a destacar en un contexto hispano-marroquí es el de drogas, viniendo marcada por el hecho de que, según la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Crimen (UNODCCP), Marruecos es el mayor productor mundial de resina de hachís, y que una de las principales rutas mundiales de tráfico de drogas es la de la resina de hachís que desde Marruecos llega a toda Europa a través de España(56). La naturaleza estructural de dichos cultivos en el norte de Marruecos, unido a la importante demanda existente en Europa y a la posición geográfica de España, hacen de esta realidad un campo en el que la cooperación entre los servicios de seguridad de ambos países deberá seguir mejorando los espacios de coordinación que hoy ya existen, todo ello en un contexto multidireccional que incluye también medidas de carácter financiero y  técnico orientadas a las necesarias políticas de substitución de cultivos y de ayuda al desarrollo de la región del Rif, área prioritaria como ya hemos dicho para la Cooperación Española.

La profundización de las relaciones entre España y Argelia
La política global que desde la década de los años ochenta España se ha planteado desarrollar con respecto a los países del Magreb comienza poco a poco a dar sus resultados(57). Ello implica ante todo huir de las viejas y perniciosas prácticas de la política de equilibrios con Marruecos y Argelia y del olvido de los demás Estados magrebíes (Libia, Mauritania y Túnez), política que caracterizó a los primeros años de nuestra transición política.
La progresiva profundización de nuestras relaciones bilaterales con Argelia(58), en un contexto de normalización política en el atribulado gigante magrebí que otros actores internacionales, tanto europeos (Italia, Francia, Suiza) como no europeos (Estados Unidos de América, Japón, Suráfrica), llevan tiempo valorando, y la aceleración que se da en los dos últimos años y que ha de llevar a la firma de un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación hispano-argelino el próximo mes de octubre -percibido en Rabat como equiparable al hispano-marroquí de 4 de julio de 1991- que podría acabar, según los temores marroquíes, con la prioridad tradicional que España ha concedido a Marruecos, es algo que preocupa. A ello se une un análisis burdo y reduccionista que hace la amalgama entre la legítima aproximación de un Estado soberano, España, a otros socios prometedores de la comunidad internacional, como es el caso de Argelia, y un sometimiento que no es tal a las “tesis argelinas” sobre la solución del conflicto del Sahara Occidental.
España debe ser clara a la hora de transmitir a sus interlocutores marroquíes que la política de equilibrios terminó, y que el interés de España está en desarrollar relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas con todos sus vecinos en un contexto de integración progresiva; la seguridad de España está en la regionalización euromagrebí y no en fomentar la tensión o el enfrentamiento entre Argelia y Marruecos, lamentable cliché que sigue aún vivo para algunos, fuera pero también dentro de España.

Los espacios de encuentro y el porvenir de unas relaciones necesarias y mutuamente enriquecedoras
Los espacios de encuentro, tanto los bilaterales que atraviesan una coyuntura delicada como los multilaterales cada vez más numerosos y ricos, deben de ser recuperados en el primer caso y aprovechados al máximo en el segundo para escapar a la crisis de confianza y alcanzar la normalización plena de las relaciones.

Los instrumentos bilaterales de las relaciones como estructura imprescindible para la cooperación, los intercambios y las inversiones
Con una Alta Comisión Mixta (59) que lleva sin reunirse desde 1999 -en 2000 se lo impidieron las elecciones generales españolas, pero la prevista en Tánger en los días 27 y 28 de diciembre de 2001 no se celebró por el enrarecimiento que está impidiendo también su celebración en 2002 -, unido a la llamada a consultas de ambos embajadores y a la anulación por Marruecos de la reunión Palacio-Benaïssa prevista para el 23 de septiembre, es imprescindible retomar los contactos y lograr, lo antes posible, el regreso de los embajadores (60).
La práctica no escrita de todos los gobiernos de la democracia, que con las primeras visitas al exterior realizadas por sus ministros de Asuntos Exteriores a Marruecos ponían de manifiesto la relevancia de las relaciones; la visita-relámpago realizada el 27 de abril de 2001 a Madrid por los ministros marroquíes de Asuntos Exteriores, Mohamed Benaïssa, y de Interior, Ahmed Midaui, acompañados del Jefe del Gabinete Real, Rochdi Chraib; o la visita informal del propio Rey Mohamed VI a Madrid el 1 de marzo de 2001, al poco tiempo de haberse producido los dramáticos acontecimientos de El Ejido (Almería) (61), son sólo ejemplos aislados de cómo los intercambios de visitas y los canales diplomáticos han constituido un instrumento clave en las relaciones bilaterales. Hoy, con ambos embajadores llamados a consultas, es momento de recordar estas prácticas, de retomarlas y de evitar que vacíos como el actual se vuelvan a producir.
El momento presente es delicado políticamente; las elecciones legislativas del 27 de septiembre en Marruecos lo hacen proclive a las presiones nacionalistas, pero, en sentido contrario, una reunión oficial con el vecino español bien organizada y sin caer en terrenos resbaladizos, podría ser presentada por el gobierno marroquí como un éxito, pues no debe olvidarse de que su opinión pública ha mostrado en repetidas ocasiones durante estos dos años su deseo de normalización con España; en un contexto más amplio, internacional, la presión contra Irak o el bloqueo del Proceso de Paz para Oriente Medio puede enfriar los acercamientos entre Estados árabes y occidentales pero, también en sentido contrario, esas dificultades deberían animar a ambos actores a realizar aproximaciones imaginativas comunes, y más si se trata de dos Estados cuya opinión y cuyo papel cuenta en el marco de todo esfuerzo diplomático en la región medio-oriental. Aparte de la reunión de desbloqueo que Ana Palacio y Mohamed Benaïssa deberán celebrar tarde o temprano, toda una red de personas bien situadas en altos cargos de las respectivas administraciones podrían ser llamadas a jugar un papel activo: tal es el caso del Director General de Política Exterior para Oriente Medio, África y Mediterráneo, Gabriel Busquets, quien a principios de los noventa tuvo la oportunidad de tejer una buena red de relaciones personales desde su destino en Rabat, desarrollados después como embajador español en el Grupo de Altos Funcionarios del Proceso de Barcelona; o de Jorge Dezcallar, embajador en Rabat hasta su reciente nombramiento como Director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), órgano especialmente importante en las relaciones con Marruecos; del lado marroquí, hay que destacar a Fathallah Sijilmassi, Director General de Europa y a Mohamed Benbouchta, antiguo embajador en Madrid que, junto a otras personalidades de la política, la diplomacia o la milicia, ocupan posiciones privilegiadas que les han permitido y les permiten mantener contactos privilegiados con sus homólogos españoles (62).
La aproximación político-diplomática debe de verse acompañada y ayudada por una aproximación cultural, de ruptura de imágenes mutuamente negativas: España no debe de seguir siendo identificada en el imaginario marroquí con los sucesos de El Ejido, o como el muro infranqueable de Europa, o como el freno por antonomasia a una solución al conflicto del Sahara o, en fin, como el epicentro del rearme militar occidental contra el Sur porque, ante todo, por ser clichés, ninguno de ellos es cierto (63). Para ello no hay ningún instrumento que aventaje a los demás, sea el Comité Averroes o cualquier otro: es tarea de todos tender puentes hispano-marroquíes y enlazarlos, en la medida de lo posible, entre sí (64).
La prioridad, pues, en lo bilateral es restablecer los canales formales de comunicación y de contacto, comenzando por los instrumentos diplomáticos plenos. No olvidemos que, lamentablemente, las relaciones bilaterales en los últimos tiempos parece que han estado canalizadas más a través de los medios de comunicación -incluidas las declaraciones a diversos medios de ministros y altos funcionarios de uno y otro país- con lo que ello conlleva de riesgo y de informalidad. A título de ejemplo, es importante destacar que durante el desarrollo de la crisis provocada por la invasión marroquí de Perejil, el ministro Mohamed Benaïssa afirmó en una entrevista televisada que Marruecos no intentaría reocupar Perejil si las fuerzas españolas la desalojaban, comentario que las autoridades españolas insistieron que sería creíble sólo si se daba en formato de comunicado oficial y no a través de los medios de comunicación (65).
El comercio, las inversiones o el turismo españoles son importantes, pero las relaciones como tales se mantendrán y se mejorarán sólo si existe la necesaria infraestructura político-diplomática para canalizar los flujos de todo tipo, madurar las propuestas y limar las asperezas. En cuanto a los intereses mutuos, difícil será añadir algo nuevo a lo que todos conocen pero sí es útil tratar de inventariar y sistematizar algunos datos para así poder tener una imagen más completa de lo que unos y otros nos jugamos. En cuanto a las inversiones españolas, cabe recordar que, favorecidas por el Código de Inversiones de 1996, por el Convenio Fiscal de 1986 que evita la doble imposición y por el Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Financiera (de 1988 y renovado en 1996 por cinco años), conocieron un crecimiento espectacular en la pasada década: de los 280 millones de pesetas de 1987 se pasó a los 17.038 de 1993, llegando a acumular entre 1990 y 1996 la nada desdeñable suma de 51.312 millones de pesetas (66). Pero ya a mediados de los noventa se produjo una crisis que conllevó una pérdida de posiciones y de oportunidades para España que nos debe hacer reflexionar ahora: el efecto combinado de la finalización del Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Financiera, en 1993, y la crisis pesquera de 1995, todo ello en un momento clave, pues Marruecos llevaba adelante un importante proceso de privatizaciones, llevó a España desde la segunda posición como inversor extranjero en Marruecos, tras Francia, a la sexta posición en 1996.
Con la renovación para otros cinco años del Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Financiera y la aplicación por primera vez en 1996 de la práctica de la reconversión de deuda en inversiones -de hecho Marruecos ha sido el primer país con el que se ha experimentado tal fórmula- la tendencia empieza a cambiar, pero lo que aquí nos interesa ver es lo dañino de las interrupciones, así como no olvidar que la que se produjo a mediados de los noventa no fue, ni mucho menos, de la gravedad y duración de la actual.
La recuperación de terreno perdido se da en la segunda mitad de los noventa -y tiene su momento cumbre en 1999, cuando la obtención por parte del consorcio Medi Telecom liderado por Telefónica de la segunda licencia de telefonía móvil en Marruecos llevó a España al puesto de primer inversor extranjero en Marruecos-, pero a partir de ahí comienza un declive sostenido hasta hoy en lo que a las inversiones respecta y que lleva desde los 157 millones de euros en 1999 -una cantidad en todo caso astronómica comparada con las de años tanto precedentes como posteriores, pero modesta comparada con la inversión en otros países (67)-, pasando por los 29 de 2000, hasta alcanzar la bajísima cifra de 6,6 millones de euros para 2001, siempre cantidades netas. El sector eléctrico es uno de los pocos que, por su propia naturaleza, se está manteniendo sólidamente en Marruecos. En este sentido, Endesa inauguró en 1997 un enlace submarino entre Tarifa y Fardiua, y en la actualidad prevé ampliar su conexión. Así, en diciembre de 2001 anunció una inversión de 250 millones de dólares en la localidad norteña de Tahaddart para construir una central de ciclo combinado (68).
Pero es el ámbito de la cooperación bilateral donde pueden destacarse cifras más boyantes, y por tanto es uno de los campos que ambas partes, y especialmente Marruecos, deberían tratar de mantener. Marruecos ha sido el primer receptor dentro del Mediterráneo y el tercero mundial de créditos FAD entre 1977 y 1985, y en la década 1988-1998 fue el primer país magrebí receptor de este tipo de fondos. En lo que respecta a la cooperación no reembolsable, Marruecos ha sido el país privilegiado de la cooperación al desarrollo española en el Magreb habiendo recibido 6.600 millones de pesetas entre 1990 y 1998. A esta cantidad hay que añadir la aportada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para sostener la red de colegios y los cinco Institutos Cervantes por todo el país (69).
Por otro lado, es preciso recordar que, entre los ámbitos de trabajo común, frecuentemente se presentan las sucesivas operaciones bilaterales destinadas a facilitar el tránsito de ciudadanos magrebíes por territorio español durante la época estival como un área en el que la cooperación va mejorándose de año en año. En 2002 esta experiencia se confirma de nuevo, y ello a pesar del incremento de tráfico con respecto a 2001. En España la OPE-2002, que ha contado con un presupuesto de 7.212.000 euros,  ha sido planeada y coordinada por la Dirección General de Protección Civil, pero la preparación general es siempre bilateral, a través de una Comisión Mixta que se reunió en Tánger el 4 de junio y en la que, tras hacer balance de la OPE-2001, se diseñaron estrategias para las dos fases de la OPE-2002 general: la Operación Salida Paso del Estrecho (de 15 de junio a 15 de agosto) (70) -con los puertos de Algeciras, Almería, Alicante y Málaga como puntos principales- y la Operación Regreso Paso del Estrecho (de 15 de julio a 15 de septiembre), centrada en los puertos españoles de Ceuta y Melilla, marroquíes de Nador y Tánger, y argelinos de Orán y Ghazaouet.
Existen otros marcos informales que pueden coadyuvar a reorientar las relaciones, siempre y cuando actúen de forma más coordinada, algo más difícil de lograr pero no imposible. Algunas Comunidades Autónomas, municipios, asociaciones profesionales y órganos como el Comité Averroes o la más reciente Fundación de las Tres Culturas pueden, cada uno en su campo de actividad y de competencias, desdramatizar y dar rigor a unas relaciones que deben de huir del marco excesivamente mediático y declaratorio en el que, insistimos, están bloqueadas.

De la importancia de un buen aprovechamiento de los instrumentos multilaterales
Los espacios de encuentro multilaterales son variados y en ellos tanto España como Marruecos han jugado, juegan y podrían jugar un papel relevante tanto de forma individual como en aproximaciones coordinadas. Junto a los consabidos marcos multilaterales de encuentro obligado -Asamblea General de las Naciones Unidas, cumbres sectoriales, etc - hay una serie de marcos, más próximos en términos tanto geográficos como funcionales, que España y Marruecos deben aprovechar más para entenderse mejor.

El Proceso Euro-Mediterráneo o Proceso de Barcelona
Los avances que en el tratamiento en común vienen haciendo los Estados de la UE de los problemas provocados por los tráficos ilícitos -de seres humanos, de drogas-, el crimen organizado y el terrorismo, y la posibilidad que brinda el artículo 30 del TUE de incorporar a terceros Estados interesados en este tratamiento debería ser impulsado para incorporar a Marruecos, y también a Argelia y a Túnez, a un marco multilateral en el que los recelos bilaterales se suelen diluir más fácilmente (71).

El Foro Mediterráneo
Este marco informal, impulsado por el presidente egipcio Hosni Mubarak, reúne desde 1994 a los ministros de Asuntos Exteriores de once Estados mediterráneos que a su vez son miembros del Proceso de Barcelona, y constituyen y deben de constituir con más empuje un verdadero grupo de presión en su seno (72). La última reunión, la novena, celebrada en Mikonos (Grecia), en los días 20 y 21 de mayo, permitió declaraciones optimistas de los ministros Piqué y Benaïssa sobre el impulso del diálogo bilateral que se vieron ahogadas, lamentablemente, a pocos días por la inercia de la crisis.

El Grupo de Cooperación de Ministros de Interior del Mediterráneo Occidental
Como antecedente interesante cabe recordar cómo en el contexto de la VI Conferencia de este grupo de ministros de Interior, celebrada en Lisboa el 29 y 30 de junio de 2000, el titular español Jaime Mayor Oreja apostó por un Plan de Acción de la UE para Marruecos que fuera eficaz para combatir los flujos de inmigración irregular a través de métodos de prevención y de planes de desarrollo económico.
En su VII Conferencia, celebrada en Valencia en los días 13 y 14 de junio de 2001, se hizo un buen repaso de los desafíos comunes, algo de interés para Madrid y para Rabat pues no olvidemos que ahora, cuando se discuten entre ambas diplomacias qué temas priorizar, muchos de ellos están ya sistematizados gracias a las aportaciones de este Grupo (73). La última reunión -la VIII Conferencia, celebrada en Trípoli los pasados 9 y 10 de julio (74)- ha mantenido esta práctica especialmente necesaria y útil.

El Grupo 5+5
Después de nueve años de interrupción, el 25 de enero de 2001 se retomaba en Lisboa este marco multilateral, informal y gradual, que se fijaba una reunión anual de ministros de Asuntos Exteriores aparte de las más frecuentes de Altos Funcionarios competentes en un amplio abanico de materias (75). En su última reunión, celebrada en Trípoli los pasados 29 y 30 de mayo, y en la que se ha fijado ya una próxima reunión en 2003 en Francia, se ha programado un seminario de alto nivel (ministros de Asuntos Exteriores) a celebrar en octubre del presente año en Túnez.

El Proceso de Paz para Oriente Medio y el liderazgo marroquí del Grupo Al Qods
Si los rumores que se han extendido en las últimas semanas se confirmaran y el actual Enviado Especial de la UE para el Proceso de Paz para Oriente Medio, el diplomático español Miguel Ángel Moratinos, fuera designado y aceptado como próximo embajador de España en Marruecos, las potencialidades para la creación de un polo bilateral activo e imaginativo hispano-marroquí -similar a otros que han existido, por ejemplo, en el marco del Proceso de Barcelona entre Italia y Egipto o, trilateral, entre Italia, Egipto y Jordania, especialmente activos para lanzar iniciativas de cooperación multilateral en el ámbito de la prevención y gestión de riesgos medioambientales- serían muy altas.

La Iniciativa Mediterránea de la OTAN
Lanzada en 1995 para, entre otras cosas, contribuir a mejorar las percepciones mutuas, esta iniciativa de la Alianza Atlántica en la que tanto España como Marruecos han jugado un papel activo podría contribuir también a mejorar las imágenes mutuas en lo bilateral, llevando a Madrid y a Rabat a constituirse en un estudio de caso útil para mostrar cómo, con sabiduría y pragmatismo, se puede salir de una situación de desconfianza. Bueno sería, por ejemplo, aprovechar no sólo el precedente de las excelentes relaciones que en los últimos años se han venido manteniendo en el campo de la cooperación bilateral en el ámbito de la defensa, sino incorporar también las energías y materia gris existentes en ambos países en el ámbito de los estudios de seguridad y de defensa para que elaboren el soporte científico de tal experiencia constructiva.

Ideas fuerza para una estrategia inmediata
La prioridad debe de ser que los elementos de tensión, sin ser olvidados, queden relegados a un segundo plano ante la importancia de los intereses comunes. No debemos olvidar que Marruecos es el único Estado en el que se combinan de forma plena dos realidades: viene siendo en los últimos años el principal receptor de recursos de la Cooperación Española para el Desarrollo no reembolsable de todos los países del ámbito Mundo Árabe-Mediterráneo-Países en Desarrollo, y es el principal abastecedor de mano de obra inmigrada al mercado laboral español.
Toda precipitación es mala y ello debe ser tenido en cuenta tanto de cara a la reunión que tarde o temprano habrán de celebrar los ministros de Asuntos Exteriores en aplicación del Acuerdo de 22 de julio, como a las reuniones sectoriales que de ésta puedan, y esperemos que así sea, surgir. Esto debe ser así especialmente en lo relativo a los puntos a incluir en la agenda de la reunión; estos requieren de una maduración operativa, para algunos más profunda que para otros, algo que se puede lograr a través de reuniones técnicas o aprovechando los diversos encuentros que en los marcos citados o en cualesquiera otros se puedan celebrar.
Aunque es evidente que para España es imposible aceptar un epígrafe específico sobre las plazas españolas, y que para Marruecos es imposible obviarlo -máxime en un sensible contexto electoral agravado con la agitación provocada por la crisis de Perejil- sí debería de consensuarse un epígrafe referido, por ejemplo, a las estrategias bilaterales destinadas a desarrollar el Rif, en el que ambos discursos podrían tener cabida. Por otro lado, no debemos olvidar que la alusión a las plazas de soberanía es y será una constante en cada encuentro bilateral y que, por tanto, no debe ser dramatizada.
Sobre los nuevos riesgos más presentes en las relaciones bilaterales -tráficos de seres humanos y de drogas- estos deberían de ser definidos como lo que son, preocupaciones comunes de seguridad tal y como ya han sido identificados en los diversos foros multilaterales más arriba indicados, que en modo alguno deberían de incluir o prejuzgar aspectos peyorativos para las partes; de hecho, la inmigración ilegal subsahariana constituye desde hace tiempo un riesgo de seguridad para las autoridades y para la sociedad marroquí, como también lo es para la argelina o para la libia, en términos de deterioro de la convivencia, de pérdida del control por parte de las autoridades en algunos aspectos y que se refleja, por ejemplo, en el incremento de las actividades delictivas incluyendo la corrupción generada por el tráfico de seres humanos, etc. Los espacios de trabajo en común entre las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado de Marruecos y de España -formalizados desde hace años tanto para el caso de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía-, sin duda mejorables pero que constituyen un valiosísimo precedente, deben de ser conocidos por las respectivas sociedades, y valorados por los expertos. Por otro lado, datos más recientes como es la ayuda que la UE concedió a Marruecos en junio, destinada a mejorar el control marroquí de sus fronteras, deben de ser valorados y orientados para obtener los mayores dividendos posibles.
El resto de las cuestiones aquí recogidas -ecos de la tensión en las relaciones pesqueras, conflicto del Sahara Occidental, prospecciones petrolíferas e intensificación de las relaciones con Argelia- dejarán de ser motivo de fricción cuando ambos Estados sean capaces de tratar cada una de ellas en la totalidad de sus contenidos, y no sólo en aspectos concretos que dejan un terreno abonado a la polémica, y ello se producirá en la medida en que una vez restablecidos los canales de comunicación se sea capaz, a través de un debate franco y no sesgado, de romper con tabúes y prejuicios mutuos.
De lo que se trata ahora es, pues, de ponerse a trabajar con ahínco y mostrar a las opiniones públicas que este esfuerzo se está llevando a cabo. Junto a los ámbitos obligados de confidencialidad, imprescindibles para todos los Estados y especialmente en situaciones de vecindad compleja como es la hispano-marroquí, es necesario transmitir la idea de que algo se está haciendo para recuperar el tiempo y las oportunidades perdidas. Si no se hace así, estaremos permitiendo que los agoreros de la crisis, e incluso del conflicto, presentes en ambos países, sigan ganando terreno mediático y dificultando aún más toda labor constructiva.

Carlos Echeverría Jesús
Profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y Subdirector de la Unidad de Investigación en Seguridad y Cooperación Internacional (UNISCI)

Texto Actualizado: 30 septiembre 2002