Un largo conflicto jurídico... ya solucionado
1. El conflicto del Sáhara Occidental se plantea inicialmente en términos políticos, para luego hacerlo de forma jurídica, y más tarde otra vez del modo más crudamente político, hasta que a partir de 1990 se debate entre ambas dimensiones.

La raíz política de este asunto se halla en la ideología nacionalista del “Gran Marruecos”. En su estancia en El Cairo (1953-56), Allal El Fassi, presidente del partido nacionalista marroquí Istiqlal, elaboró sus teorías sobre el “Gran Marruecos”, que sería una reconstrucción sui generis del territorio del antiguo imperio almorávide comprendiendo todas las posesiones españolas del Norte de África (Ifni, la región de Villa Bens, todo el Sáhara español, Ceuta, Melilla y los islotes), toda Mauritania y buena parte de Argelia y de Malí, llegando hasta el río Senegal. Estas teorías nacionalistas de endeble base histórica (como puso de manifiesto el dictamen del TIJ de 1975), sin embargo, encontrarían cada vez un mayor eco político en Marruecos[1]. La primera ocasión en que Marruecos va a adoptar oficialmente esa ideología será, como ha dicho Villar, el 14 de octubre de 1957, en los debates de la IV Comisión (Descolonización) de la Asamblea General de la ONU. Muy poco después, el 10 de noviembre de ese año, se creará en el Ministerio del Interior de Marruecos una “Dirección General de asuntos saharianos y fronterizos” al frente de la que estará Fassi[2]. Tras la muerte del rey Mohamed V, el nuevo rey Hassán II asumió la ideología del “Gran Marruecos” en un discurso del 20 de agosto de 1961[3] para poco después, el 12 de octubre (día de la Hispanidad) del mismo año, formular reservas sobre los territorios españoles en el Magreb[4].

La situación adquiere un nuevo cariz cuando el representante español en la ONU, Piniés, acepta, el 7 de diciembre de 1963, la aplicación del principio de autodeterminación en el Sáhara[5]. En esta fase (años sesenta) varias resoluciones de Naciones Unidas trataron sobre el Ifni y el Sáhara. Marruecos intentaba que ambos territorios se analizaran conjuntamente. Sin embargo, desde 1966 la ONU les otorgó distinto régimen jurídico: mientras Ifni era considerado como una colonia que afectaba a la integridad territorial de Marruecos y cuya descolonización exigía la retrocesión a Marruecos, el Sáhara era considerado como un problema colonial que no afectaba a la integridad territorial de ningún otro Estado y cuya descolonización exigía un referéndum de autodeterminación[6]. Desde la resolución 2.229 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas viene proclamando sin interrupción que el Sáhara Occidental es un territorio que debe ser descolonizado por medio de un referéndum de autodeterminación por cuanto el mismo no forma parte de la “integridad territorial” marroquí.

El rechazo en Naciones Unidas a la pretensión marroquí de considerar al Sáhara como parte de su “integridad territorial” llevó a que la controversia planteada por Marruecos ya desde 1961 quedara “latente de 1966 a 1974, período en el que Marruecos, sin abandonar su posición jurídica, (aceptó) la aplicación del principio de autodeterminación”[7], precisamente en referencia a Mauritania, territorio que reivindicaba con los mismos argumentos con los que reivindica ahora el Sáhara Occidental.

Finalmente, España anunció el 20 de agosto de 1974 (varios años después de que la ONU invitara a España a hacerlo), que pensaba realizar el referéndum “dentro de los primeros seis meses de 1975”, mediante una carta que el representante español en la ONU, Piniés, entregó al Secretario General Kurt Waldheim. El conflicto del Sáhara Occidental pudo haberse solucionado ya en 1974 si se hubiera celebrado el referéndum de autodeterminación que, exigido por Naciones Unidas, España se disponía a llevar a cabo en la que era entonces su colonia. A tal efecto, en 1974 la potencia colonizadora elaboró un censo que, aún hoy, constituye la base fundamental para la solución del problema.

A partir de ese momento, Marruecos intentó por todos los medios evitar el referéndum sabiéndose seguro perdedor. En su conferencia de prensa del 17 de septiembre de 1974, Hassán, tras una exposición histórica sobre el Sáhara plagada de tergiversaciones, lanza su sorprendente propuesta: acudir al TIJ de La Haya. Según declaró el 25 de noviembre de 1974 en la ONU el ministro marroquí Slaui, las resoluciones de ese organismo habían sido desvirtuadas por España para conseguir la creación artificial en “su” territorio de un nuevo Estado, cuya independencia nominal no haría sino encubrir la perpetuación del régimen colonial, con lo cual se había llegado a una “situación nueva” que imponía la suspensión del referéndum pedido por la ONU y, en consecuencia, la revisión de las directrices y criterios que llevaban consigo las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas[8].

El intento de Marruecos era modificar la doctrina de la ONU. Pero para ello se requería tiempo y el referéndum ya estaba convocado. Para paralizar el referéndum se ideó acudir al TIJ pero, dado que por la vía contenciosa no era posible por la negativa de España, se pretendió llegar al Tribunal por la vía consultiva a través de la ONU. Para esto se necesitaban apoyos. Marruecos consiguió hacerse con el apoyo de Mauritania con el anzuelo de reconocer a ésta “derechos” sobre el Sáhara, esto es, reconociendo un posible reparto. La aceptación por Mauritania de la iniciativa de Marruecos fue un hecho tristemente decisivo en la historia de la descolonización del Sáhara. Por último, la torpeza de Argelia aceptando el recurso al TIJ supuso dejar sola a España y, en consecuencia, abrir la puerta a la paralización del referéndum[9]. Con estos apoyos se consiguió aprobar la Resolución 3.292 (XXIX), de 13 de diciembre de 1974[10], que solicitaba el envío de una misión de la ONU al Sáhara para que elaborara un informe, pedía un dictamen al TIJ y solicitaba a España que suspendiera el referéndum hasta la emisión de tales documentos, a lo que España accedió.

2. El subsiguiente dictamen del Tribunal Internacional de Justicia[11] fue contundente y sentó varios principios esenciales para la futura resolución del conflicto.

En primer lugar, el Tribunal declaró que nunca habían existido vínculos de “soberanía territorial” entre Marruecos y el Sáhara Occidental ya que no se declaró probado que Marruecos “haya ejercido una actividad estatal efectiva y exclusiva en el Sáhara Occidental” y que lo máximo que había habido eran ciertos vínculos de vasallaje entre “ciertas, pero sólo ciertas” poblaciones nómadas del territorio y el sultán marroquí[12]. De esta suerte, “las conclusiones del Tribunal acerca de la naturaleza de los vínculos jurídicos entre el territorio (del Sáhara Occidental) y respectivamente el Reino de Marruecos y el conjunto mauritano difieren sensiblemente de las opiniones emitidas a este respecto por Marruecos y Mauritania. En opinión del Tribunal, estos vínculos no implicaban ni soberanía territorial, ni co-soberanía, ni inclusión territorial en una entidad jurídica”[13] (cursivas mías).

En segundo lugar, el Tribunal subrayaba que el dictamen, requerido para ayudar a la Asamblea General de Naciones Unidas a pronunciarse “sobre las tesis de Marruecos y Mauritania según las cuales uno y otra habrían tenido con el Sáhara Occidental vínculos jurídicos que pondrían en juego la integridad territorial de sus países”, no afectaba ni modificaba “el derecho de las poblaciones del Sáhara Occidental a la autodeterminación”[14]. El contenido del dictamen no deja absolutamente lugar a ninguna duda: el proceso de descolonización del Sáhara Occidental está regido por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui[15] pues la descolonización del territorio no afecta a la “integridad territorial” de Marruecos. Por las propias características del caso, aunque se trate de una opinión consultiva, el pronunciamiento del Tribunal Internacional debe entenderse como res judicata: el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui no puede ser ignorado, ni negado, ni vulnerado de ningún modo, por ningún órgano de Naciones Unidas. Y así, el Consejo de Seguridad en numerosas resoluciones ha reconocido el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui[16].

En tercer lugar, el Tribunal Internacional de Justicia, por su parte, también ha expresado con claridad que este derecho a la autodeterminación corresponde a las “poblaciones” del Sáhara Occidental[17]. En consecuencia, no corresponde tal derecho a los “dirigentes”, “gobernantes” o “líderes” del Sáhara Occidental, sino propiamente a sus poblaciones, esto es, al conjunto de sus habitantes originarios.

En cuarto lugar, el Tribunal Internacional de Justicia interpretando las normas generales sobre la autodeterminación, considera las mismas como expresivas de la “necesidad fundamental de tomar en cuenta los deseos/votos (wishes/voeux) de la población afectada”, aclarando que la “validez del principio de autodeterminación, definido como la necesidad de respetar la voluntad libremente expresada de los pueblos, no está afectada por el hecho de que en ciertos casos la Asamblea General no haya creído su deber exigir la consulta a los habitantes de tal o cual territorio”. Para el Tribunal, “estas excepciones se explican bien por la consideración de que una cierta población no constituía un “pueblo” habilitado para ejercer la autodeterminación, bien por la convicción de que una consulta sería totalmente innecesaria a la vista de circunstancias especiales”[18].

En conclusión, según el Tribunal Internacional de Justicia, el Sáhara Occidental no forma parte de la “integridad territorial” de Marruecos y es una colonia que debe descolonizarse mediante la realización del “referéndum de autodeterminación” entre las “poblaciones” originarias del territorio.

Los intentos de desvirtuar el Derecho Internacional: títulos viciados, política de hechos consumados y guerra
Tras el demoledor dictamen del Tribunal de La Haya, Marruecos intentó apropiarse del Sáhara Occidental por dos vías: una, la de intentar conseguir títulos jurídicos que anulasen el dictamen, tarea esta condenada al fracaso; la otra, simplemente, la de los hechos consumados con el auxilio de la fuerza. Ambas tácticas se utilizaron simultáneamente y tuvieron un efecto en gran medida contraproducente para Marruecos, pues los títulos jurídicos esgrimidos no consiguieron legitimar el uso de la fuerza y éste dio una relevancia política al Frente Polisario mayor de la que tenía al inicio del conflicto.

1. La primera táctica marroquí después de la derrota de La Haya fue la invasión del territorio para argüir una política de hechos consumados. La invasión se hizo por dos lugares y modos distintos: invadió el territorio, militarmente por su frontera oriental y por medio de la “marcha verde” por su frontera occidental. El Consejo de Seguridad dictó una resolución el 6 de noviembre de 1975[19] exigiendo que Marruecos “retire inmediatamente del territorio los participantes en la marcha (verde)”.

2. El nuevo fracaso llevó a Marruecos a intentar ganar un título jurídico para su ocupación con el Acuerdo de Madrid de 14 de noviembre de 1975[20]. Sin embargo, este título, ya débil en su origen[21], tiene tres características importantes: primero, no transfiere la “soberanía” sobre el territorio, sino sólo la “administración”; segundo, esa transferencia se hace, no a Marruecos, sino a una entidad tripartita (España-Marruecos-Mauritania); y, tercero, esa transferencia se opera sólo por un tiempo limitado (hasta el 26 de febrero de 1976), pasado el cual ese título caducó, si es que llegó a tener validez jurídico-internacional, convirtiéndose la presencia marroquí en puramente fáctica[22]. Pero no sólo eso, es que además, la práctica de Naciones Unidas lo ha desautorizado. En primer lugar, sigue considerando que el problema del Sáhara Occidental es un asunto de descolonización y, en efecto, el territorio se halla inscrito en la lista de territorios no autónomos y su situación es periódicamente discutida en el Comité de Descolonización. En segundo lugar, en conexión con lo anterior, y en virtud del art. 73 (e) de la Carta de Naciones Unidas, la potencia administradora de un territorio colonial debe transmitir información a Naciones Unidas acerca de los territorios de ese carácter[23]: pues bien, a pesar de que en los acuerdos de Madrid se transmite la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, los informes del Secretario General de Naciones Unidas (al menos entre 1976 y 1988) aluden a la actitud española de abandonar la administración pero nunca se refieren a Marruecos y Mauritania (ésta sólo hasta 1979) como administradoras del Sáhara Occidental, sin que ello signifique en ningún caso reconocimiento de soberanía sobre tal territorio, pues el mismo se considera como descolonizable[24]. En tercer lugar, diversas resoluciones de Naciones Unidas hablan de “persistente ocupación” del Sáhara Occidental por Marruecos, lo que equivale a reconocer que esa presencia no tiene títulos jurídicos, sino que sólo se apoya en los hechos consumados[25]. En cuarto lugar, el dictamen de 29 de enero de 2002 del Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU y Asesor Jurídico de la misma, Hans Corell[26], dice textualmente que “El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente” (punto nº 6 del dictamen). Por último, todos los planes aprobados por Naciones Unidas (tanto Plan de Paz de 1990 y su complemento de los acuerdos de Houston como el “plan Baker II” de 2003) e incluso los proyectados (“plan Baker I”) lo ignoran totalmente.

3. Desde un punto de vista jurídico, el 27 de febrero aparece un nuevo elemento, pues aprovechando el vacío legal se funda la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que ha llegado a ser reconocida por más de setenta países (varios de los cuales han congelado o retirado su reconocimiento después) y que fue admitida como Estado miembro de la Organización para la Unidad Africana y es uno de los Estados fundadores de la Unión Africana. El nacimiento de la RASD como Estado Saharaui que reclama como propio todo el territorio del Sáhara Occidental comprendido en las fronteras internacionalmente reconocidas tiene varias consecuencias. En primer lugar, que la RASD puede alegar su derecho de legítima defensa frente a Marruecos que ha invadido su territorio. En tanto en cuanto la RASD siga controlando parte del territorio del Sáhara Occidental, como ha sucedido ininterrumpidamente desde 1976 hasta hoy (actualmente controla el territorio que se encuentra al este del muro) cualquier acción militar marroquí ocupando ese territorio legitima la respuesta militar saharaui. En segundo lugar, la existencia de la RASD puede suponer que la solución del conflicto, el referéndum, no tiene como objetivo que el pueblo saharaui se pueda convertir en “un Estado independiente y soberano”, pues éste ya existe, sino que sería un instrumento constituyente para que la población originaria saharaui decida si el Estado, ya existente, de la RASD se quiere integrar en Marruecos o si quiere seguir independiente recuperando su territorio ocupado por Marruecos[27].

4. Meses después de que el acuerdo de Madrid caducara (el 27-II-1976) y de que se fundara la RASD, Marruecos buscó una nueva legitimación para su ocupación firmando con Mauritania un tratado internacional de fronteras que pretende consagrar el reparto del territorio. El tratado de 14 de abril de 1976 se llama, oficialmente, “Convenio relativo al trazado de la frontera estatal establecido entre la República Islámica de Mauritania y el Reino de Marruecos” y entró en vigor entre las partes el 10 de noviembre de 1976[28]. Este tratado procedió a una partición del Sáhara, correspondiendo a Mauritania la región sur (Río de Oro o, más exactamente, Tiris el Garbia) y a Marruecos todo el territorio saharaui al norte de la línea de demarcación pactada. Según el artículo I del tratado, “Las Altas Partes Contratantes convienen de común acuerdo que la frontera estatal establecida entre la República islámica de Mauritania y el Reino de Marruecos se halla definida por la línea recta que parte del punto de intersección de la costa atlántica con el paralelo 24º norte y se dirige hacia el punto de intersección de esta línea recta con la actual frontera de la República islámica de Mauritania constituyendo el límite sureste de la frontera de Marruecos”.

Este tratado, sin embargo, no sólo no otorgó a Marruecos el ansiado título jurídico para apropiarse del Sáhara Occidental (o, al menos, de la mayor parte del mismo), sino que constituye un acto que desautoriza las posiciones adoptadas por Marruecos en momentos posteriores.

Por un lado, la ONU ha negado validez a la anexión del territorio operada por este tratado en varios momentos. En primer lugar, la Asamblea General de la ONU, después de aprobado este tratado calificó lo actuado por Marruecos, en dos ocasiones, como “ocupación” que es “deplorada”[29]. En segundo lugar, todos las resoluciones del Consejo de Seguridad (especialmente las que aprueban el Plan de Paz de 1990, los Acuerdos de Houston de 1997 y el “plan Baker II” de 2003) se refieren a la descolonización de todo el territorio del Sáhara Occidental, lo que es tanto como decir que no se reconoce ni el reparto ni la anexión del territorio operada en el tratado marroco-mauritano de 1976. En tercer lugar, el ya mencionado dictamen del asesor jurídico de la ONU, Hans Corell, de 29 de enero de 2002[30], ni siquiera menciona este tratado al analizar la evolución jurídica del asunto.

Por otro lado, además de no dar a Marruecos el deseado título jurídico, el tratado marroco-mauritano de 1976 se ha vuelto contra las posiciones marroquíes defendidas con posterioridad. Así, en primer lugar, si se admite que el tratado de reparto de 1976 fue válido ello significaría que la ocupación por Marruecos de la parte sur del Sáhara que Mauritania abandonó en 1979 sería un puro “acto de fuerza” violatorio de la legalidad internacional pues Mauritania no firmó con Marruecos la entrega de ese territorio en 1979. En segundo lugar, Marruecos pierde credibilidad al oponerse a la hipótesis de la partición como fórmula de solución del conflicto, cuando ese mismo país la promovió en 1976. Además, en tercer lugar, en tanto en cuanto Marruecos firmó en 1976 un acuerdo sobre el “trazado de la frontera estatal” con Mauritania fijando su propia frontera sur en una línea que parte de un punto que está al norte de Villa Cisneros no puede argumentar que esta zona del Sáhara forma parte de su “integridad territorial” pues, que me conste, Marruecos no ha denunciado este tratado.

5. El título jurídico indiscutible que hace valer el Frente Polisario, a saber, el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, sin embargo, no ha podido ejercitarse por la ocupación militar de Marruecos de gran parte del territorio. La guerra del Sáhara comenzada a finales de 1975 y continuada hasta septiembre de 1991, si bien no permitió a Marruecos controlar todo el territorio, no ha podido desalojar del Sáhara ocupado a la monarquía alauí. Esta guerra comenzó apenas dos años después de que fuera fundado el Frente Popular para la liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro, cuando este movimiento era aún muy débil. Sin embargo, la ocupación del territorio y la subsiguiente guerra provocó que el Frente Polisario se convirtiera un actor político mucho más importante de lo que era antes. En efecto, por un lado, el Frente Polisario consiguió derrotar militarmente a Mauritania, lo que convierte a éste en un factor importante en la determinación de la política exterior de Mauritania, el Estado que más kilómetros de frontera tiene con el Sáhara Occidental. Además, en segundo lugar, el Frente Polisario dominó al Ejército marroquí, el cual sólo pudo obtener el control de la mayor parte del territorio progresivamente a partir de 1980 mediante la construcción de los muros defensivos, concluidos en 1987. Tanto las derrotas infligidas al Ejército marroquí antes de la construcción de los muros como el desgaste producido después de erigidos éstos (mucho mayor para Marruecos que para el Polisario) atribuyeron al Frente Polisario un peso político mucho mayor al que tenía al comienzo del conflicto.

Las vías de solución abortadas: la administración directa por Naciones Unidas y la partición
La “propuesta de acuerdo-marco” o “plan Baker I”, como se ha dicho, constituía una pura y simple anexión a Marruecos de todo el territorio del Sáhara Occidental. Como señuelo se ofrecía una supuesta autonomía que no lo era sino en precario, pues carecía de las mínimas garantías. Por ello no resultó en absoluto sorprendente que fuera rechazado por el Frente Polisario y por Argelia. La situación parecía así totalmente bloqueada: el Plan de Paz (aprobado por el Consejo de Seguridad) era la única solución aceptada por las partes, pero Marruecos incumplió sus compromisos; el “plan Baker I” (no aprobado por el Consejo de Seguridad) no permitía llegar a ningún compromiso. Para romper el bloqueo se exploraron dos posibles soluciones: la administración directa por las Naciones Unidas y la partición.

1. La propuesta de administración directa del territorio por las Naciones Unidas fue sugerida por Argelia en su respuesta al “plan Baker I”[62]. La propuesta argelina era que, dado que existía una solución que había sido aceptada por ambas partes (el Plan de Paz) y aprobada por la ONU y que, dado que los obstáculos provenían de las divergencias entre éstas en su aplicación, lo más juicioso era que la propia ONU asumiera soberanamente la aplicación de su propio plan (es decir, el Plan de Paz). Argelia presentó bastantes detalles de esta propuesta. El eje fundamental es que antes del referéndum habría un breve período de transición en el que el territorio del Sáhara Occidental estaría “bajo la autoridad y la administración exclusivas” de la ONU. De esta forma, se podría consolidar la confianza entre las dos partes ya que la seguridad pública y la organización del referéndum no se harían ni por una parte ni por otra, sino por un tercero.

La propuesta argelina fue rechazada sin muchas explicaciones por el Secretario General, pese a ser la única que, verdaderamente, consagraba una solución (al menos, transitoria) sin vencedores ni vencidos pues, si bien Marruecos debía abandonar el territorio, el mismo no podría tampoco ser ocupado por el Frente Polisario, siendo las tropas de ambos contendientes acantonadas conforme a lo previsto en el Plan de Paz.

2. La otra propuesta de solución no la formuló ninguna de las partes, sino que la sugirió oficialmente Kofi Annan y el propio James Baker en 2002[63]. Se trataba de la posibilidad de proceder a una partición del territorio. Concretamente, el Secretario General de la ONU afirmó que “el Consejo de Seguridad podría pedir a mi Enviado Personal que tratara por última vez de determinar con las partes si estarían o no dispuestas a considerar, bajo sus auspicios y mediante conversaciones directas o indirectas, una posible división del Territorio, en la inteligencia de que no se decidiría nada hasta que quedara decidido todo. Si el Consejo de Seguridad se inclinase por esta opción y en el caso de que las partes no estuviesen dispuestas a llegar a un acuerdo respecto de una división del Territorio para el 1 de noviembre de 2002, o no pudieran hacerlo, se pediría también a mi Enviado Personal que les presentase posteriormente una propuesta de división del Territorio que sería sometida también al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad sometería esta propuesta a las partes en el entendimiento de que no estaría sujeta a negociación. Esta forma de llegar a una solución política daría a cada una de las partes algo de lo que quiere, pero no todo, y seguiría el precedente, aunque no necesariamente los mismos arreglos territoriales, de la división convenida en 1976 entre Marruecos y Mauritania”[64].

La tesis de la partición podría haber resultado interesante en la medida en que todas las partes en conflicto quedarían satisfechas: Marruecos porque se quedaría con la zona en la que más gastos ha hecho; Francia porque su aliado podría al menos conservar parte de lo ocupado; la RASD porque vería consagrada su existencia por toda la comunidad internacional; Argelia porque conseguiría aliviar la presión geoestratégica en su frontera suroccidental; Mauritania porque, al perder su frontera con Marruecos, vería su existencia garantizada frente al imperialismo marroquí mediante la existencia de un “Estado colchón”; Estados Unidos conseguiría la paz en el Magreb y se eliminarían los obstáculos para la creación del gran mercado único del Magreb; y, finalmente, España porque conseguiría que concluyera con un relativo éxito la descolonización y se abriese un espacio socio-económico de cooperación con la RASD.

Ahora bien, la partición era una hipótesis no exenta de problemas. El primero, y fundamental, es el de cuál sería el territorio que correspondiese a cada una de las partes. Aunque los medios presentaron la partición como una repetición de la operación realizada en 1976 entre Marruecos y Mauritania, la lectura del pasaje del informe del Secretario General revela que en la propuesta onusiana el arreglo territorial no necesariamente iba a ser el mismo, y es lógico que así fuera. Una división del territorio entre Marruecos y la RASD igual que la que se hizo en 1976 resultaría inviable por muchas razones. La primera es que una tal división del territorio implicaría que la RASD perdería una buena parte del territorio que ahora controla, esto es, el que está al este del muro o berma, y que se halla al norte de la línea divisoria del reparto marroco-mauritano. La segunda es que tal división implicaría que la RASD perdería su frontera con Argelia, con lo cual dejaría de tener sentido el argumento que se ofrece de que esta partición permitiría una salida al Atlántico para Argelia a través de la RASD. En tercer lugar, esta división conllevaría que Marruecos quedaría con un territorio que es, precisamente, el de la tribu más belicosamente antimarroquí de las tribus del Sáhara Occidental, los Erguibat. Por todo ello, para que la eventual partición tuviera unas mínimas posibilidades de poder ser considerada se requeriría una línea divisoria entre Marruecos y la RASD muy distinta de la de 1976. En primer lugar, la línea de demarcación de 1976 tendría que ampliarse hacia el noroeste para que el territorio de la RASD en el futuro incluyera todos los actuales territorios liberados que domina en este momento la RASD. No sería admisible que territorios liberados, que ahora son de la RASD, tan simbólicos como Bir Lehlú (lugar de fundación de la RASD y capital provisional de la misma hoy día) o Tifariti (donde se ha celebrado el XI Congreso del Frente Polisario) quedaran en manos de Marruecos. Esto sería la única manera de que la RASD mantuviera frontera con Argelia. En segundo lugar, a su vez la actual frontera oriental entre Marruecos y la RASD tendría que ampliarse hacia el oeste para que el territorio de la RASD, de no poder contar con El Aaiún, sí que pudiera contar al menos con Smara, capital espiritual del territorio, ubicada como El Aaiún en una zona erguibat, y que eventualmente podría convertirse en capital de la RASD. En tercer lugar, la línea de demarcación también tendría que desplazarse más al norte, abarcando la ciudad de Bojador en la costa Bojador y repartiendo la zona de Bu Craa en el interior para que ambos Estados pudieran beneficiarse por igual de los fosfatos y de las riquezas pesqueras. Además, y esto es muy importante, se conseguiría vecindad con Canarias, para lo cual la RASD tendría que poseer, como se ha dicho, Bojador.

El segundo problema de la partición sería que jurídicamente también debería ser avalada por un referéndum pues este mecanismo es esencial para proceder a la descolonización. El tercer problema sería político por cuanto que una partición podría aumentar el sentimiento irredentista saharaui ya herido tras el desgraciado tratado de 1912 que privó al Sáhara Occidental del territorio comprendido entre el paralelo 27’40 y el río Draa para atribuírselo al sultán marroquí (aunque nunca lo poseyó antes). Ahora el territorio del Sáhara sufriría una nueva amputación.

Perspectivas
Si, como parece, Marruecos está dispuesto a rechazar el “plan Baker II” incluso después de que la comunidad internacional lo haya considerado como “solución política óptima” en la resolución 1.495 del Consejo de Seguridad, ¿qué perspectivas tiene el conflicto? Todo parece indicar que Marruecos se va a atrever a incumplir esta resolución que, si bien no “impone” el “plan Baker II” (no lo ha “aprobado” jurídicamente, aunque sí le ha dado su visto bueno político), sí que pide a las partes que “cooperen plenamente con las Naciones Unidas y entre ellas para aceptar y poner en práctica el plan de paz”. Marruecos se atreve a hacer caso omiso de la 1.495 porque no es la primera vez que ha ignorado resoluciones del Consejo de Seguridad y nunca ha sufrido la mínima sanción por ello. Ya ha incumplido las resoluciones que le obligaban a “cooperar plenamente” en la puesta en práctica del Plan de Paz y los Acuerdos de Houston (resoluciones 658, 690, 725 y 1.133 del Consejo de Seguridad, entre otras). Parece que la coartada será doble “humanitaria” (el informe Karmous-Dubuisson, por más que esté repleto de falsedades) y tribal (el Memorándum presentado por la delegación de “representantes” de las “provincias del sur”, con no menos inexactitudes). Todo ello sumado al intento de vender la imagen del Polisario como “minoría” frente a los “representantes” de la mayoría de los saharauis. Es claro que esta coartada es muy burda, ya que si los saharauis pro-marroquíes son la “mayoría aplastante” no se ve cuál es el problema de organizar elecciones autonómicas y aun el referéndum. Pero es algo que puede servir para intoxicar a quien no esté debidamente informado, al menos “para salir del paso”.

La cuestión es cómo va a reaccionar la comunidad internacional. El antecedente de las resoluciones incumplidas en el pasado no es alentador y constituye una razón adicional para poner fin a esta dinámica de rebelión ante el Derecho Internacional. Parece claro que el Consejo de Seguridad no puede desdecirse de la 1.495 tres meses después de haberla aprobado... De momento, parece que Marruecos, merced a la ayuda del lobby judío (después de la aprobación de la 1.495 ha retomado sus contactos diplomáticos con Israel), ha conseguido que EEUU afirme que no va a imponer ninguna solución contra el consentimiento de las partes. De ello se deduce que Marruecos se dispone a incumplir la 1.495 repitiendo los mismos argumentos que el Consejo de Seguridad desechó al calificar al “plan Baker II” como “solución política óptima”.

La situación previsible, en consecuencia, será de bloqueo jurídico. Marruecos pretende que la ONU apruebe “jurídicamente” una “solución política” ¡consistente en ignorar el Derecho Internacional! Y esto es, sencillamente, imposible. Pero si la situación previsiblemente va a llegar a un punto de bloqueo “jurídico” (parece altamente improbable el reconocimiento de la anexión y Marruecos se opone al “plan Baker II”), lo previsible es que evolucione según los cambios “políticos” que se operen. Y aquí el panorama me parece altamente preocupante desde todos los puntos de vista porque casi todas las posibles evoluciones políticas de la región pueden conducir a una mayor inestabilidad política. La evolución política puede provenir del campo marroquí o del saharaui. En el lado marroquí, la inestabilidad puede provenir del innegable descontento de la población saharaui que vive en los territorios ocupados y que, ya en el pasado, ha protagonizado revueltas contra Marruecos. Pero también puede provenir de la evolución del propio Marruecos si continúa el actual inmovilismo del Majzén frente a las demandas de democratización o si continúan fortaleciéndose los movimientos islamistas. Por su parte, en el lado saharaui, una situación de bloqueo como la que se avecina hace, a mi juicio, cada vez más probable la vuelta a las armas, pero no por el Frente Polisario, sino por unidades descontroladas. Los saharauis saben que su fuerza “política” residía, precisamente, en el enorme desgaste humano, social y económico que provocaban con su lucha militar. En un momento como el actual, de crisis en Marruecos, con la juventud desmotivada queriendo ir a Europa, la perspectiva de enviar a los jóvenes a morir en el Sáhara puede incrementar para Marruecos el coste de la guerra. Muchos cálculos políticos se basan en la hipótesis de que los saharauis no van a volver a las armas, sobre todo después del fiasco producido, en el último momento, en enero de 2001, cuando tras anunciar la vuelta a la guerra, se suspendió el reinicio de las hostilidades por la fuerte presión argelina. Ahora bien, cuanto mayor es la espera, mayor es la desesperación de quienes, provistos de armas (mejores o peores) saben cómo utilizarlas con el máximo daño para Marruecos. Y hay algo más. No basta fiarlo todo a que Argelia puede evitar esta vuelta a las armas. La clave, en este momento, puede estar en Mauritania: si unidades descontroladas vuelven a las armas lo harán contando con tener la retaguardia mauritana cubierta. Una presión sobre Mauritania para impedir esto sólo provocaría más problemas: el Frente Polisario ya derrotó a Mauritania en 1979 y la presión sobre este país vecino sólo haría extender la guerra. El paso del tiempo aumenta las probabilidades de que pueda saltar la chispa que provoque un incendio de incalculables consecuencias. En definitiva, en mi opinión no es el “plan Baker II” y sus hipotéticas luchas tribales, sino el enquistamiento de Rabat lo que creo que pone en serio peligro la estabilidad de la región.

Conclusiones
Una vez constatado que el Derecho por sí sólo no se puede imponer y que la política de fuerza no es capaz de desvirtuar las exigencias del Derecho, el nuevo Plan Baker II surge como una propuesta de compromiso entre la política y el derecho, entre la potencia con una mejor posición política de fuerza en tanto que controla la mayor parte del territorio (Marruecos) y la parte con un título jurídico inequívoco al derecho a la autodeterminación en tanto internacionalmente reconocido por todas las instancias onusianas (Frente Polisario). Este compromiso, claramente favorable a los deseos que Marruecos viene formulando desde hace 27 años, presenta aspectos problemáticos acerca del modo de entender el derecho de autodeterminación, reconociendo el mismo no sólo a las poblaciones “originarias” sino también a los “residentes”. Sin embargo, el cambio de circunstancias de la política exterior y, sobre todo, interior marroquí hace que la solución propuesta se haga al coste que, precisamente, Marruecos ofreció en el pasado: descentralización política y democracia. El miedo de la clase dirigente marroquí a perder sus privilegios ha conducido al rechazo de una propuesta que está en condiciones de otorgarle el triunfo diplomático tan largamente perseguido. No sólo eso, el rechazo marroquí del “plan Baker II” corre el riesgo de dejar al conflicto sin una salida diplomática, poniendo en un serio riesgo la estabilidad de la región.

Carlos Ruiz Miguel
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela

· Traducción en francés
· Traducción en árabe

[1] Maurice BARBIER, Le conflit du Sahara Occidental, L’Harmattan, París, 1982, p. 76 ss.

[2] Francisco VILLAR, El proceso de autodeterminación del Sahara, Fernando Torres, Valencia, 1982, p. 49-50.

[3] VILLAR, El proceso..., p. 80.

[4] Cfr. Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, para. 34 y 35.

[5] VILLAR, El proceso..., p. 126.

[6] Resoluciones 2.072 (XX), de 16 de diciembre de 1965; 2.229 (XXI), de 20 de diciembre de 1966; 2.354 (XXII), de 19 de diciembre de 1967; Resolución 2.428 (XXIII), de 18 de diciembre de 1968. Resoluciones 2.229 (XXI), de 20 de diciembre; 2.354 (XXII), de 19 de diciembre de 1967; 2.591 (XXIV), de 15 de diciembre de 1969; 2.711 (XXV), de 14 de diciembre de 1970; 2.983 (XXVII), de 14 de diciembre de 1972; 3.162 (XXVIII), de 14 de diciembre de 1973. Estas dos últimas hablan de autodeterminación e independencia del Sáhara.

[7] ICJ Rep 1975, para. 36.

[8] VILLAR, El proceso..., p. 274.

[9] VILLAR, El proceso..., p. 268 ss.

[10] Resolución apoyada por todos los países árabes.

[11]Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 12

[12] ICJ Rep 1975, para. 107

[13]ICJ Rep 1975, para. 158

[14] ICJ Rep 1975, para. 161

[15]  ICJ Rep 1975, para. 70 y 161.

[16] S/RES/621 (1988); S/RES/658 (1990), que aprueba el Plan de Paz; S/RES/690 (1991); S/RES/725 (1991); S/RES/809 (1993); S/RES/907 (1994); S/RES/973 (1995); S/RES/995 (1995); S/RES/1.002 (1995); S/RES/1.017 (1995); S/RES/1.033 (1995); S/RES/1.042 (1996); S/RES/1056 (1996); S/RES/1.084 (1996); S/RES/1.108 (1997); S/RES/1.131 (1997); S/RES/1.133 (1997); S/RES/1163 (1998); S/RES/1.185 (1998); S/RES/1.198 (1998); S/RES/1.204 (1998); S/RES/1.292 (2000); S/RES/1301 (2000); S/RES/1.309 (2000); S/RES/1.324 (2000); S7RES/1.342 (2001); S/RES/1.349 (2001); S/RES/1.359 (2001); S/RES/1429 (2002); S/RES/1.495 (2003).

[17] ICJ Rep 1975, para. 161 y 162

[18] ICJ Rep. 1975, para. 58 y 59.

[19] S/RES/380 (1975).

[20] El texto oficial de dichos acuerdos fue difundido en una rueda de prensa en diciembre de 1975, pero nunca fue llevado a las Cortes ni publicado en el Boletín Oficial del Estado. Inicialmente publicaron el texto, con diversas variantes, varios autores, entre otros, VILLAR, El proceso..., cit., p. 346 ss. y DIEGO AGUIRRE. Sin embargo, el texto auténtico (en español) de este tratado, tal y como se publicó en las United Nations Treaty Series (1975, p. 258) es ligeramente distinto al reproducido por estos autores. Puede consultarse una reproducción fiel del texto auténtico en: http://www.arso.org/ac3madrid.htm

[21]  Véase el conjunto de los argumentos jurídicos en favor de la nulidad de este acuerdo que se han ofrecido en mi libro El Sáhara Occidental y España. Historia, Política y Derecho. Análisis crítico de la política exterior española, Dykinson, Madrid, 1995, p. 119-122.

[22] He ofrecido este último argumento, no antes formulado, en mi artículo “El conflicto del Sáhara Occidental: la difícil lucha por el Derecho”, en La Ley nº 5390 (5-X-2001), p. 1-5 y en Nación Árabe nº 45, vol. 15 (2001), p. 87-103.

[23] El art. 73 (e) de la Carta afirma que “Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio,... se obligan: (e) a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente responsables,...”.

[24] El Yearbook of United Nations suele incluir, con ligeras variantes  que “el Secretario General no ha recibido información relativa al Sáhara Occidental. El 26 de febrero de 1976, el representante de España había informado al Secretario General que el Gobierno español, a partir de esa fecha, definitivamente terminó su presencia en el territorio del Sáhara y estimó necesario hacer constar que España se considera a sí misma exenta de toda responsabilidad de tipo internacional en conexión con la administración del territorio, a la vista del cese en su participación en la administración temporal establecida en el territorio” (Se refiere a la administración temporal prevista en los acuerdos de Madrid). Esta cláusula, que se repite entre 1976 y 1988, es muy significativa. En primer lugar, da a entender que, según el Secretario General, España debe informar sobre el Sáhara, aunque excusa la falta de información aduciendo la carta del representante español. Si España debe informar es porque se la considera potencia administradora de iure. En segundo lugar, precisamente por lo anterior, el Secretario General no menciona a Marruecos y a Mauritania ni tampoco los Acuerdos de Madrid, lo cual parece que implica, alternativa o acumulativamente, de un lado, el no reconocimiento por parte de Naciones Unidas de estos acuerdos y de la transferencia de la administración allí prevista, de otro lado, que esa transferencia de administración sólo se produjo hasta el 28 de febrero de 1976. Las posteriores actuaciones de la ONU contando con Marruecos para resolver la cuestión se explican por la vigencia del principio de efectividad.

[25] Resoluciones de la Asamblea General nº 34/37, de 21 de noviembre de 1979 (Preámbulo y puntos nº 5 y 6); y 35/19, de 11 de noviembre de 1980 (Preámbulo y puntos nº 3 y 9).

[26] S/2002/161.

[27] He argumentado esta tesis en mi artículo “Recientes desarrollos del conflicto del Sáhara Occidental: autodeterminación y estatalidad”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional 1 (2001), p. 343 ss. (p. 360).

[28] El texto del tratado, cuya redacción auténtica está hecha en francés, se encuentra en: United Nations Treaty Series, 1977, p. 118-119.

[29]  Resoluciones de la Asamblea General 34/37, de 21 de noviembre de 1979 y 35/39, de 11 de noviembre de 1980.

[30] S/2002/161.

[31] Segunda parte del informe del Secretario General (S/21360), de 18 de junio de 1990, que fue aprobado por la resolución del Consejo de Seguridad 658 (1990), que pide a las partes que “colaboren plenamente” con el Secretario General de la ONU “en sus esfuerzos para lograr la pronta solución de la cuestión” e Informe del Secretario General (S/22464), de 19 de abril de 1991, aprobado por resolución del Consejo de Seguridad 690 (1991), que pide a las partes que “pide a las dos partes que cooperen plenamente con el Secretario General con miras a la aplicación del plan”. La resolución del Consejo de Seguridad 725 (1991) vuelve a pedir a las partes que “cooperen plenamente con el Secretario General para poner en práctica el plan que ellas mismas aceptaron”.

[32] Anexo I del informe del Secretario General (S/1997/742), de 24 de septiembre de 1997, aprobado por resolución del Consejo de Seguridad 1.133 (1997).

[33] Addendum al Informe del Secretario General (S/1999/483/Add.1), de 13 de mayo de 1999, aprobado por resolución del Consejo de Seguridad 1.238 (1999) que, reafirmando el derecho de todos los solicitantes, advierte que el “procedimiento de recursos [contra el censo] no se convertirá en una segunda fase de la operación de identificación”.

[34] Véanse, muy especialmente, los artículos 9.1.iii, 10.b, 12.a del Protocolo “Procedimiento de recursos en el referéndum del Sáhara Occidental” y los artículos 5, 21.b y 22 del Protocolo “Directivas operacionales para la realización del proceso de apelaciones”, todos ellos incluidos en el Addendum al Informe del Secretario General (S/1999/483/Add.1), de 13 de mayo de 1999.

[35] En efecto, aunque en alguna ocasión el Secretario General ha afirmado que la resolución de las apelaciones “llevaría mucho tiempo” (S/2000/131, para. 35), en otras reconoce que se puede realizar este proceso “en forma sumaria” (S/2000/1029, de 25 de octubre de 2000, para. 31; S/2001/148, de 20 de febrero de 2001, para. 23).

[36] Informe del Secretario General, S/2000/131, de 17 de febrero de 2000.

[37] S/2000/131, para. 36; y también los informes del Secretario General S/2000/461, de 22 de mayo, para. 28; y S/2000/683, de 12 de julio de 2000, para. 28.

[38] S/2001/613, de 20 de junio de 2001, para. 29 y 47.

[39] S/2000/1029, de 25 de octubre de 2000, para. 30; S/2001/148, para. 2 y 22; S/2001/398, de 24 de abril de 2001, para. 19.

[40] S/2001/613, para. 2 y 42.

[41] S/2001/613, para. 47.

[42] S/2001/613, para. 50.

[43] S/2001/613, para. 56 y 59.

[44] S/2001/613, para. 57.

[45] El texto del “acuerdo marco sobre el status del Sáhara Occidental” se encuentra en el Anexo I del S/2001/613.

[46] S/2001/613, para. 54.

[47] Resolución AG 1.541 (XV).

[48] Resolución AG 2.625 (XXV).

[49] “Acuerdo marco...” nº 2.

[50] “Acuerdo marco...” nº 4. La Constitución de Marruecos es de 13 de septiembre de 1996.

[51] S/2000/1029, para. 30; S/2001/148, para. 2 y 22; S/2001/398, para. 19; S/2001/613, para. 2 y 42.

[52]  Resolución AG 1.541 (XV), Anexo, principio VII: “(a) La libre asociación debe ser el resultado de la libre y voluntaria elección de los pueblos del territorio interesado expresada con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos”.

[53] Resolución AG 1541 (XV), Anexo, principio IX: “La integración debe producirse en las condiciones siguientes: a) El territorio que se integra debe haber alcanzado un estado avanzado de autonomía y poseer instituciones políticas libres, de modo que sus pueblos estén en condiciones de decidir, en forma responsable, con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos. b) La integración debe ser el resultado de los deseos libremente expresados de los pueblos del territorio, plenamente enterados del cambio de su estatuto, con conocimiento de causa y por procedimientos democráticos, aplicados imparcialmente y fundados en el sufragio universal de los adultos”.

[54] Resolución AG 2.625 (XXV).

[55] “Acuerdo marco...” nº 5.

[56] “Acuerdo marco...” nº 5.

[57] “Acuerdo marco...” nº 5.

[58] “Acuerdo marco...” nº 2.

[59] Artículo 19 de la Constitución marroquí de 13 de septiembre de 1996.

[60] S/2001/613, para. 54.

[61] S/RES/1359 (2001), párrafo 8º del Preámbulo.

[62] “Observaciones del gobierno de Argelia relativas al proyecto de acuerdo marco para el Sáhara Occidental”, Anexo II del Informe del Secretario General de 10 de enero de 2002 (S/2002/41). Véanse especialmente los parágrafos 8 a 12 de las “Observaciones” de Argelia.

[63]Aunque Marruecos inmediatamente acusó a Argelia de “inspirar” la partición para satisfacer sus ansias “expansionistas”, lo cierto es que oficiosamente la tesis ya circuló cuatro años antes. En 1998 Annan consultó oficiosamente esta posibilidad, que promovió EEUU. En aquel entonces “fuentes oficiosas marroquíes (...) no ocultan una cierta satisfacción ante la misma” (El País, 22-XII-1998, P. 12).

[64] La propuesta de partición se presenta como iniciativa de James Baker y del propio Kofi Annan en el informe S/2002/178, de 19 de febrero de 2002, parágrafo 50.

[65]  S/RES/1359 (2001), de 29 de junio de 2001.

[66]  S/2003/565, de 23 de mayo de 2003. El texto del “plan Baker II” se incluye como Anexo II del Informe y las respuestas de las partes como Anexo III.

[67] S/RES/1495 (2003), de 31 de julio de 2003.

[68] S/RES/1495 (2003), para. 56 y 58.

[69] En la primavera de 1988, en el palacio de Marraquech, el Rey anunció que su proyecto de administración pública para Marruecos pasaba en un futuro más o menos próximo por el modelo descentralizador de los «länder» alemanes, tras estudiar también de manera concienzuda el autonómico español.

[70] Art. 12 del “plan Baker II”.

[71] Art. 22 del “plan Baker II”. Véase el parágrafo 22 de las “Observaciones del Reino de Marruecos sobre la nueva propuesta del Sr James Baker titulada: “Plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”.

[72] Para. 1 de las “Observaciones del Reino de Marruecos...”.

[73] Memorando de Argelia sobre la nueva propuesta del Enviado Personal del Secretario General a las Naciones Unidas que lleva por título “Plan de paz para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”: “Argelia desea subrayar que desde el desencadenamiento del conflicto armado en el Sáhara Occidental en 1975 ni ella en su propio territorio ni Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental han desplegado fuerzas armadas en la frontera internacionalmente reconocida entre Argelia y el Sáhara Occidental. Las fuerzas armadas marroquíes están desplegadas en el muro de arena que se sitúa a una decena de kilómetros de la frontera internacional entre Argelia y el Sáhara Occidental.” (texto extraído de la parte IV. La cuestión de las tropas de las dos partes del Memorando).

[74] Para. 9 del Informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, vol. III (XXX-suplemento nº 23), Naciones Unidas, Nueva York, 1977, p. 12 ss.

[75]  En aquel momento, el entonces ministro del Interior marroquí y gerente del asunto del Sáhara, Driss Basri, declaró a El País (16-VII-1999, p. 7) que “la lista de votantes que ha recibido [la de los 84.251 electores] es un ‘gran éxito’ para Marruecos, porque la mayoría de los seleccionados fueron presentados por su país y no por el Frente Polisario, y residen en él o en la ex colonia española (…) de ahí que se atreva a dar el referéndum por ganado y lo describa como ‘una mera formalidad’”. (...) ‘Esta lista de la ONU hace añicos el mito de que el pueblo saharaui está refugiado en la región de Tinduf y que el antiguo Sáhara español está poblado por colonos enviados por Marruecos’ afirmó Basri visiblemente satisfecho” (...). La noticia, firmada por Ignacio Cembrero, sigue diciendo que “el titular de Interior confía, no obstante, en incrementar su avance. El 15 de junio, la Minurso empezó a examinar a un último grupo de 65.000 personas pertenecientes a tres tribus que, según el Polisario, no son saharauis. ‘Por poco que un puñado de ellos sean finalmente aceptados, la ventaja de Marruecos será aún más holgada’, vaticinó Basri (...) ‘el Polisario ya ha tocado techo y no puede crecer más en número de electores potenciales’”.

[76]  Los datos definitivos del censo en el informe del Secretario General S/2000/131, de 17 de febrero (para. 6).

[77] ICJ Rep 1975, para. 161 y 162.

[78]S/RES/380 (1975).

[79] “Mi Enviado Personal y yo consideramos, por el contrario, que las partes deberían aceptar el plan tal como se ha propuesto” (para. 56, S/2003/565).

[80] Para. 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 y 22 de las “Observaciones del Reino de Marruecos...”.

[81] Para. 12, 13 y 17 de las “Observaciones del Reino de Marruecos...”.

[82] Para. 8 de las “Observaciones del Reino de Marruecos...”.

[83] El informe se puede consultar en internet en:

http://www.france-libertes.fr/actu/actudhci/Informe_Tindouf.pdf

[84] La respuesta del Frente Polisario frente a las acusaciones vertidas se puede consultar en:

http://www.spsrasd.info/sps-s210903.html

[85] Me remito a mi trabajo “La mentira humanitaria y la verdad política (crítica del informe Karmous-Dubuisson)”, publicado en: http://www.wsahara.net/03/menthumpol.html

[86] Para. 16 de las “Observaciones del Reino de Marruecos...”.

[87] “Memorándum relativo a la ultima (sic) propuesta del Sr James Baker, Enviado Personal del Secretario General, acerca del Sáhara marroquí (sic)”. El texto de este memorándum no está publicado en medios de comunicación, que yo sepa.