La victoria de la izquierda en Brasil ha sugerido la posibilidad de que se produzca un giro a la izquierda en la política latinoamericana. El propósito de este trabajo es analizar los factores que actualmente pesan sobre la dinámica política de la región, haciendo hincapié en la frustración acumulada en los electores, en muchos países, por el estancamiento o clara crisis de la economía desde 1998. Se pretende distinguir entre la dinámica de simple castigo a los gobiernos cuando las cosas van mal —el llamado voto económico— y lo que se podría definir como frustración, que surgiría si no se perciben alternativas claras para la superación de los problemas.

Junto con la decepción de los electores, en los últimos años, ante el incumplimiento de las promesas de crecimiento y estabilidad que acompañaron a las reformas estructurales basadas en el Consenso de Washington, se consideran tres factores adicionales. El primero es la ausencia de un paradigma alternativo de política económica que obliga a los gobernantes a tratar de innovar dentro de las actuales reglas de juego pero sin pretender ignorarlas. El segundo es el fuerte efecto disuasorio que ha producido en amplios sectores sociales y políticos de América Latina la deriva en Venezuela del experimento de Chávez hacia una polarización y confrontación sin salida fácil. Y por fin los diferentes contextos nacionales, en especial la existencia potencial de mayorías políticas capaces de apoyar nuevas reformas económicas.

En el análisis de los casos nacionales se intenta distinguir entre la posible formación de gobiernos de izquierda, realistas y pragmáticos, y dinámicas populistas que, aunque compartan los objetivos de los anteriores, sean susceptibles de provocar graves desequilibrios económicos —capaces de agravar la situación social que pretenden remediar— o que conduzcan, como en el caso actual de Venezuela, a la división y el enfrentamiento civil.

Un momento de cambio
Las elecciones presidenciales de 2002 en Brasil han cambiado la percepción popular sobre las perspectivas políticas de la izquierda en América Latina. El triunfo del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, con más del 60% del voto en segunda vuelta, celebrada el 27 de octubre pasado, parece haber planteado la posibilidad real de que en otros países de la región se produzcan giros a la izquierda en los próximos procesos electorales. La victoria en Ecuador, el 24 de noviembre, del ex militar Lucio Gutiérrez (con el 58,7% de los votos en segunda vuelta), un candidato de corte entre populista y progresista, ha venido a confirmar ese sentimiento. Si definimos como de izquierda a aquellas fuerzas políticas que dan prioridad a la política social, estas dos victorias sucesivas podrían sugerir una mayor actualidad de la izquierda en la región.

La enorme importancia económica, política y demográfica de Brasil dentro del conjunto de América Latina hace casi inevitable que la victoria de Lula cambie la visión de los electores de la región a la hora de decidir en el futuro inmediato sus opciones, a la vez que entre los propios dirigentes políticos puede tener una influencia decisiva el proceso político brasileño. Esto significa, entre otras cosas, que del triunfo o el fracaso de la gestión presidencial de Lula puede depender, al menos en parte, el curso político que sigan otros países de la región en los próximos años.

Es evidente, sin embargo, que el impacto de las elecciones brasileñas en los diferentes países dependerá sobre todo de la configuración de los distintos sistemas políticos nacionales. No es nada común en América Latina la existencia de un partido fuerte como el PT, que ha mantenido altos apoyos electorales —pese a haber sufrido tres derrotas anteriores con el mismo candidato— sin haber participado en el gobierno nacional, pero que cuenta con una importante experiencia en gobiernos locales y regionales (o estaduales), lo que le permite presentarse a la vez como una alternativa y como un partido con capacidad de gestión. La victoria electoral de Lula puede hacer que los electores de otros países presten más atención a las candidaturas de izquierda, pero serán las debilidades o la credibilidad de éstas las que decidan su avance electoral y, en su caso, la mayor o menor base de apoyo a la hora de gobernar.

Por otro lado, la victoria de Lula en Brasil no puede entenderse sin subrayar el contexto de decepción social que se ha ido extendiendo por América Latina a partir de 1998 con el deterioro del crecimiento económico que, tras las reformas estructurales, culminó en 1997. Para el conjunto de la región se produjeron claras caídas en 1999 y 2001, y las estimaciones sobre el balance global de 2002 oscilan entre el –0,5% de la CEPAL y el –1,1% del Banco Mundial, con cifras por encima del 9% para el desempleo abierto, superando por tanto incluso el nivel de la década perdida de los años ochenta.

Cuadro 1: Evolución del PIB y del desempleo en América Latina (1993-2001)

Con el nuevo estancamiento se han perdido los avances de los primeros años noventa y las cifras de pobreza se han disparado hasta el 44%, con un 20% de personas en situación de extrema pobreza. Pero sobre todo ha crecido el sentimiento de que las reformas económicas impulsadas en los últimos años ochenta y primeros noventa, en particular las privatizaciones, no garantizan el crecimiento económico, ni por tanto el empleo o la mejora de los ingresos familiares (Economist, 2002). El problema no es simplemente que la economía vaya mal, sino que las soluciones propuestas, y aplicadas por los gobiernos en años anteriores, como respuesta a los problemas estructurales puestos de relieve por la crisis de la deuda, han perdido —con razón o sin ella— gran parte de su credibilidad.

No es extraño, desde esta perspectiva, que tras el repunte económico que supuso el año 2000 se desplomaran los índices de apoyo y confianza en la democracia y sus instituciones. Tras haber oscilado de forma estable entre 1996 y 2000 en torno al 60%, el apoyo a la democracia cayó en 2001 hasta el 48%. En respuesta a otra pregunta, aunque sólo aumentaba ligeramente (del 17 al 19%) el número de quienes “en algunas circunstancias” podrían preferir un gobierno autoritario, crecía de forma más significativa (del 17 al 21%) la indiferencia hacia el tipo de régimen (“A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático”). La satisfacción con la democracia —es decir, con los resultados de los gobiernos democráticos— caía también en 2001 en 12 puntos respecto al año anterior en el promedio del conjunto de la región, del 37 al 25% (Latinobarómetro, 2001).

La desilusión con las reformas económicas culminó probablemente con el colapso de la economía argentina en diciembre de 2001, ya que las reformas de Menem habían sido presentadas muy a menudo como un ejemplo para el conjunto de la región. El hecho de que en el caso argentino la crisis haya sido consecuencia del mantenimiento de la convertibilidad más que de las reformas propiamente dichas no ha impedido que el desastre haya impactado en la opinión pública como un grave golpe contra la credibilidad del llamado Consenso de Washington. Se ha abierto así una fase nueva en la que el deseo de cambio de los electores brasileños puede ser sólo una primera y espectacular muestra de la impaciencia de los electores latinoamericanos frente a las ideas y las opciones políticas que han gobernado en la región a lo largo de los años noventa.

Precisamente por ello, sería un error deducir que se va a asistir a un giro hacia una política distinta. No existe algo que podamos llamar un paradigma alternativo de política económica en el sentido en el que a finales de los años setenta existía en los países desarrollados lo que ahora llamamos el paradigma neoliberal (Hall, 1993) o en el que anteriormente podíamos hablar de un paradigma keynesiano o de la cepal. Por tanto cabe suponer que se puede asistir a propuestas muy diversas, en cuya formulación influirán decisivamente los contextos nacionales, tanto en el plano económico y social como en el plano propiamente político: la estabilidad del sistema de partidos y la existencia o no de candidaturas alternativas o emergentes.

Una ilustración permite aclarar la complejidad del escenario: en Chile, quien tiene una mayor posibilidad de capitalizar el deseo de cambio de los electores no es la izquierda, sino Joaquín Lavín y la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido pinochetista que permanece en la oposición desde las primeras elecciones de la democracia, en diciembre de 1989. Diez años después, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la ventaja del candidato de la Concertación, Ricardo Lagos, sobre Lavín fue de sólo medio punto. En las elecciones para el Congreso, en diciembre de 2001, aunque los resultados fueron mejores (47,9 para los partidos de la Concertación frente a un 44,3% para la opositora Alianza por Chile), los partidos del gobierno retrocedieron. En particular, la caída del voto a la Democracia Cristiana, aunque contrapesada en parte por los avances de sus socios, amenaza con abrir una crisis dentro de la Concertación, ya que apunta a un desplazamiento del voto de centro hacia la derecha, al que un sector de la DC, incluyendo su presidente, Adolfo Zaldívar, pretendería responder con un cambio de alianzas.

Lavín mantiene un discurso de corte populista, ajeno a la tradición partidaria chilena, pero que le presenta —incluso si el contenido de su programa es conservador— como una alternativa a un gobierno de centro-izquierda que lleva doce años tratando de combinar la ortodoxia neoliberal del modelo económico con las políticas sociales, buscando a la vez una alta competitividad y una reducción de la pobreza con mayor igualdad de oportunidades. Los obstáculos que el gobierno de Lagos encuentra para ofrecer resultados, y en particular para reducir el desempleo, en el actual contexto de estancamiento de los mercados de exportación de la economía chilena, junto con la larga permanencia en el poder de la Concertación, podrían favorecer el ascenso en Chile no de una política más a la izquierda, sino de un populismo de derecha.

En este sentido, la experiencia de Brasil resulta nuevamente excepcional. Pues el gobierno de Fernando Henrique Cardoso difícilmente podría considerarse un ejemplo de neoliberalismo: por el contrario, su política ha sido —como la de la Concertación en Chile— un intento de combinar la adaptación de Brasil a las nuevas reglas de juego de la economía global con una política de reducción de la pobreza y mejora de las condiciones sanitarias y sociales de la población. Cardoso —junto con Ricardo Lagos— fue uno de los asistentes a la reunión que en junio de 2000 intentó lanzar en Berlín una nueva izquierda capaz de responder a las exigencias de la globalización dentro de “un nuevo camino de progreso”. Pero desde la crisis de 1998 y 1999, que redujo mucho el crecimiento del PIB —03, y 0,9%, respectivamente—, y el nuevo frenazo desde 2001 (1,5%), los decepcionantes resultados de la economía han sido atribuidos al sometimiento del gobierno al modelo económico neoliberal.

Lo más curioso es que tras la elección de Lula, y liberado de la responsabilidad del gobierno, el propio Cardoso ha recomendado a su sucesor una posición de mayor fuerza frente al FMI, lo que parece indicar que no sólo la oposición se sentía insatisfecha ante las restricciones impuestas por el contexto internacional. De hecho, también el candidato oficial, José Serra, se presentaba como más radical que Cardoso, y en tal sentido cabe decir que cualquier resultado electoral habría significado en Brasil un giro a la izquierda (Malamud, 2002). Pero la amplia experiencia del PT en los gobiernos locales, su fuerte estructura como partido y la moderación creciente del discurso de Lula, muy lejos ya del radicalismo original, han sido decisivos para su triunfo.

Un elemento adicional de complejidad lo ofrece la experiencia venezolana. El principal factor de riesgo que abre el actual sentimiento social de rechazo de las políticas neoliberales es el del auge de propuestas populistas de izquierda, con una retórica y una dinámica de confrontación con los sectores empresariales y buena parte de la clase media, y una política de corte redistributivo y de impulso a la demanda sin tener en cuenta el equilibrio interno y externo de la economía: lo que Dornbusch y Edwards (1991) llamaron “macroeconomía del populismo”, y cuyo mejor ejemplo sería la política económica del gobierno de Alan García en Perú.

La dramática polarización de la sociedad venezolana, que se ha venido agravando tras el frustrado golpe de abril de 2002, está actuando como una poderosa vacuna contra el agresivo populismo que encarna el presidente Chávez, lo que se reflejó espectacularmente en el giro hacia la moderación del discurso de Lucio Gutiérrez en Ecuador tras la primera vuelta electoral, una vez que se hizo evidente su posible triunfo en la segunda.

Tenemos entonces tres factores generales que operan en la región y cuyo impacto efectivo en cada país dependerá de las características y la coyuntura específica de los sistemas políticos nacionales. Estos tres factores son la frustración ante la media década perdida —en palabras del actual secretario general de la CEPAL, José Antonio Ocampo— por la que han pasado las economías de la región desde 1997; el cambio de perspectiva que ha producido la victoria de Lula en Brasil; y el efecto disuasorio o al menos restrictivo que la dramática situación actual en Venezuela está teniendo sobre los proyectos de corte claramente populista.

Conviene subrayar lo que diferencia la frustración del simple malestar ante la mala marcha de la economía, que motivaría el castigo electoral al gobierno según la lógica del voto económico, es decir, decidiendo el voto a partir de una evaluación negativa de la actuación pasada del gobierno en esta materia (Fiorina, 1978, Lewis-Beck, 1988). Para que esta lógica sea aplicable no sólo es necesario que existan opciones partidarias alternativas en las que se pueda confiar como posible gobierno capaz de obtener mejores resultados. Para poder hablar de voto económico es necesario además que los ciudadanos tengan el sentimiento de que las reglas de juego de la economía no están en duda, y de que sólo se trata de elegir estrategias de juego y un equipo capaz de aplicarlas con competencia.

En América Latina se ha producido un cambio radical en las reglas de juego durante los últimos veinte años, cuando, tras los primeros intentos de resolver la crisis de la deuda mediante simples políticas de ajuste, se pasó a impulsar los programas de reformas estructurales según el llamado Consenso de Washington (Williamson, 1990). Ese cambio supuso la aceptación de un nuevo modelo económico en el que el Estado ya no garantizaba protección frente a gran parte de los avatares del mercado, pero en el que a cambio los ciudadanos habían sido persuadidos de que el crecimiento económico sería mayor y más estable. El problema, como es sabido, fue que tras la crisis asiática de 1997 sucesivas turbulencias financieras frenaron drásticamente el crecimiento de la región y pusieron fin a la euforia de los inversores sobre las posibilidades de los llamados mercados emergentes.

En años sucesivos los perdedores de las nuevas crisis económicas —por no mencionar a quienes se habían visto perjudicados por las reformas estructurales— se encontraron con que el mercado no cumplía sus promesas y el Estado no tenía ya los mecanismos ni los recursos necesarios para protegerles ante la adversidad económica: las reformas económicas se traducían, ante las crisis de mercado, en una fuerte inseguridad económica (Rodrik, 2001). Frente a esta inseguridad no parecían existir alternativas políticas, ya que las reformas se habían preconizado o aceptado con reticencias como inevitables. Quizá se pueda ver en las peripecias de las reformas en Venezuela una explicación del sentimiento general de los ciudadanos en la región: la lógica del ajuste y de la privatización reaparece incluso en gobiernos que han llegado al poder precisamente porque no se identifican con ellas, como los de Carlos Andrés Pérez (en 1989) y Rafael Caldera (en 1996).

La frustración implicaría una actitud de apatía y agresividad ante la necesidad impuesta de elegir entre opciones que no implican diferencias reales en términos de resultados, o cuyos resultados son imprevisibles (Maier, 1949; Eckstein, 1991). La renuencia a elegir sería la actitud racional cuando de la elección no cabe esperar los resultados deseados: así se minimizan los costes y los riesgos (ataraxia). Si, independientemente de su programa o su discurso, los gobernantes al final adoptan el mismo tipo de política y son incapaces de satisfacer las demandas sociales, la ilusión de elegir entre distintos candidatos y partidos no tiene un contenido real. El voto a candidatos sin historia o filiación partidaria cumple una doble finalidad: por una parte amplía el universo de posibilidades, por otra castiga colectivamente a los candidatos de las opciones conocidas y que ya han decepcionado al elector, dando así salida a su agresividad.

Se tendría entonces, en momentos de crisis económica como el que ha supuesto el año 2002, una mezcla de voto económico y frustración política según la evolución de las diferentes economías nacionales. En el caso chileno, según se apuntaba antes, se puede pensar que contra el gobierno de la Concertación actúa ante todo, además del desgaste inevitable de doce años ininterrumpidos en el poder, la lógica del voto económico por la caída del crecimiento desde 2001, ya que existe una notable estabilidad en las reglas de juego económicas desde la drástica reestructuración que provocó en 1982-84 la crisis de la deuda. En cambio, en Argentina, el agónico estancamiento de 2001 y su catastrófico final configuran claramente una situación de frustración en la que afloran como agravios todos los costes sociales de la década de la convertibilidad sin que estos puedan ser vistos ya como el precio a pagar por lograr una nueva estabilidad, y a ellos se suman ahora los nuevos y terribles costes de la pesificación y la suspensión de pagos.

El ex presidente de Uruguay Julio Sanguinetti (2002) ha señalado que el verdadero dilema de la región hoy no es elegir entre izquierda y derecha, sino entre populismo irresponsable o política democrática. En los países en los que es mayor la frustración política, que se formen gobiernos populistas o, por el contrario, gobiernos democráticamente responsables —y además, en su caso, de izquierda— dependerá en buena medida de las características del liderazgo y del contexto político nacional. Desde esta perspectiva se pueden analizar las principales subáreas de la región y los países más ejemplificadores de estas tendencias.

El Cono Sur
Argentina
En las elecciones legislativas parciales de octubre de 2001, cuando ya el gobierno de la Alianza había perdido toda credibilidad, el Partido Justicialista obtuvo una proporción del voto emitido en todo el país básicamente coincidente con sus resultados en las elecciones legislativas de 1997 (36%) y 1999 (33%). Sin embargo, mientras que en estas últimas fue derrotada, en 2001 conquistó una arrolladora victoria. La clave del diferente significado político de unos resultados similares está, evidentemente, en que el voto no peronista ya no convergía en 2001 en las listas de la Alianza, al haber estallado ésta como coalición política y social tras la dimisión del líder del Frepaso, el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, y en la consiguiente dispersión de ese voto hacia la abstención, el voto blanco o nulo (el llamado voto bronca), hacia la Agrupación de una República de Iguales ARI) de la disidente radical Elisa Carrió, o hacia las candidaturas de izquierda en Buenos Aires capital (Fraga, 2001).

La primera incógnita que se plantea ante las próximas elecciones presidenciales, previstas para finales del mes de abril de 2003 en primera vuelta, es si el peronismo logrará agruparse en  una sola candidatura. En caso de lograrlo podría pensarse que tendría la victoria asegurada incluso si su apoyo electoral descendiera respecto a octubre de 2001, dada la clara inexistencia de un líder capaz de agrupar al voto no peronista. Pero la unidad del peronismo no está asegurada por dos razones. La primera es el fuerte enfrentamiento por la dirección nacional entre Duhalde y Menem —que repite en un nuevo escenario la pugna por la definición de la candidatura presidencial de 1999—; la segunda, la disposición de algunos de los candidatos a lanzar candidaturas propias sin el respaldo del partido. A estas incertidumbres hay que sumar la posibilidad de que Menem, uno de los candidatos con mayor peso inicial en las encuestas, pudiera acumular suficiente voto de rechazo en caso de ser designado como para hacer totalmente imprevisible el resultado tanto en primera como en segunda vuelta.

Estaríamos así ante una situación altamente paradójica: aunque la frustración política podría no haber afectado básicamente a la lealtad de los electores peronistas, el propio partido podría ser incapaz de capitalizar esta lealtad por falta de un candidato creíble o que al menos no suscitara un rechazo demasiado alto. Con ello, el resultado de las elecciones se presenta bastante abierto, aunque en principio se pueda imaginar como más probable la victoria de un candidato procedente del justicialismo. Pero no cabe adelantar el contenido político del próximo Ejecutivo, cuyas políticas podrían oscilar entre el intento de recuperar el modelo en una nueva fase, la continuidad del muy cauto pragmatismo de Lavagna y Duhalde —que hasta el presente parece haber dado buenos resultados—, y un populismo sin proyecto como el que en diciembre de 2001 amenazó encarnar la efímera presidencia de una semana de Adolfo Rodríguez Saá. La modesta recuperación que se ha venido produciendo en 2002 debería en principio reducir las posibilidades del populismo, ya que ningún gobernante con un mínimo juicio se arriesgaría a ponerla en peligro con actuaciones demagógicas.

Pese a los avances que la izquierda obtuvo en Buenos Aires en las legislativas pasadas, no es tan fácil pensar en una opción definible como de izquierda en la política argentina. La identificación de las clases populares con el peronismo desde los años cuarenta ha dejado a la izquierda de corte ideológico reducida a los márgenes del sistema político, y la proximidad del alfonsinismo y de figuras radicales o ex radicales —como Elisa Carrió— a las propuestas de la socialdemocracia, aunque pueda apuntar a una futura e imprevisible reordenación del mapa político argentino, no permite imaginar fácilmente la aparición próxima de un liderazgo social de izquierda, aunque sólo sea por la imagen de enfrentamiento —entre los candidatos Rodolfo Terragno y Leopoldo Moreau— que ha enturbiado las elecciones internas del radicalismo. 

Conviene subrayar la importancia del factor externo. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitiera no sólo refinanciar o aplazar el vencimiento de la deuda pendiente, sino también dar un mayor aliento a la política social y a las inversiones públicas, podría inclinar al gobierno y a la opinión pública argentina, tras las elecciones, hacia políticas realistas y responsables. La habitual demanda del FMI —sobre la necesidad de un amplio y sólido compromiso político con las políticas que asume el gobierno— bien podría invertirse: los organismos multilaterales deberían introducir incentivos para la formación de coaliciones estables de apoyo a los compromisos del gobierno. No parece realista exigir consensos sobre los sacrificios sin ofrecer compensaciones para quienes los asuman de forma duradera: el Fondo Monetario puede tener un importante papel para alejar el peligro del populismo.

Chile
Como se apuntaba anteriormente, el gobierno de la Concertación sufre dos desgastes: el de una larga permanencia en el poder y el del mal comportamiento de la economía, en particular en los dos años pasados. Conviene recordar que ese mal comportamiento podría ser considerado como envidiable en bastantes países —en torno al 3% de crecimiento—, pero significa cifras altas de desempleo —un 8,8% en noviembre de 2002— que no son fácilmente asimilables para una sociedad en la que los ciudadanos dependen del mercado —y no del Estado— para satisfacer una gran parte de sus necesidades primarias. Ricardo Lagos, primer presidente socialista en los doce años de gobiernos de la Concertación, ha introducido un seguro de desempleo y ha reformado la sanidad para garantizar la atención gratuita ante enfermedades de amplia incidencia, pero aun así el modelo económico es fuertemente neoliberal.

Entre las reformas efectuadas desde su toma de posesión se cuentan la apertura de los mercados financieros —eliminando la retención de un depósito para las entradas de capitales— y una reforma del mercado de trabajo. Ambas pretenden aumentar la actividad económica y reducir el desempleo, y se insertan dentro de la lógica de la modernización económica. En tal sentido, la actual política del gobierno chileno es lo más alejado que se pueda imaginar del populismo económico, a menos que este término se identifique abusivamente con cualquier atisbo de protección social. Pero la derecha chilena, encabezada por el candidato de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín, que casi igualó a Lagos en la primera vuelta de las elecciones de 1999, confía en llegar al gobierno en 2005.

A favor de Lavín juegan, además de los factores antes mencionados, un escándalo de tráfico de influencias vinculado a la financiación de los partidos de la Concertación, surgido en noviembre de 2002, y la creciente erosión de la frontera entre partidarios y opositores de la dictadura militar del general Pinochet, tras doce años de democracia y el progresivo oscurecimiento de su figura por su detención en Londres y su posterior procesamiento en Chile. Con la renuncia de Pinochet a su puesto de senador vitalicio, Lavín confía en que su discurso populista de derecha y el deseo social de cambio, en un clima de olvido de la dictadura, le permitan ganar la presidencia. Por otra parte, los malos resultados de la democracia cristiana en las elecciones legislativas de 2001 han llevado a su frente a Adolfo Zaldívar, partidario de un entendimiento con la derecha.

No se puede ignorar, por tanto, la posibilidad de que en Chile, por la propia lógica de su política nacional, se produzca un giro a la derecha en los próximos años, independientemente de lo que suceda en el resto de la región. La pregunta es si, frente a esta posibilidad, sería conveniente o al menos viable un giro a la izquierda de los partidos del área socialista de la Concertación, Partido Socialista (PS) y Partido por la Democracia (PPD). La respuesta parece negativa por dos razones. La primera es que la única vía realista para reformar el modelo es la seguida por Lagos: introducir cambios graduales en la medida en que éstos se puedan financiar sin poner en peligro el crecimiento y la creación de empleo. Pero la segunda razón es que la propia lógica de la competencia electoral obliga a la Concertación a no descuidar al electorado de centro: una radicalización de su discurso dejaría el campo abierto a la estrategia de cambio de alianzas de la democracia cristiana que defienden algunos sectores.

Las paradojas son aún mayores si se tiene en cuenta que Yoyito Franco ha sido vicepresidente con González Macchi y cuenta, como gran baza electoral, con el apoyo de la UNACE (“unasé”) del general Oviedo, ex colorado, huido en Brasil de su condena por un intento de golpe en 1996 y de su procesamiento por responsabilidad intelectual en el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en 1999. Por otra parte, el ingreso per cápita lleva disminuyendo siete años, y más de la mitad de los seis millones de población vive en situación de pobreza. Pero las paradojas se hacen más comprensibles si se observa que el Estado tiene en nómina al 10% de la población, y que los puestos se distribuyen entre los seguidores del partido en el gobierno.

Si la tradición clientelar ilustra la persistente fuerza del Partido Colorado, la ausencia de una alternancia en el poder explica que las opciones se polaricen pese a la falta de resultados del Partido Liberal no sólo en la vicepresidencia, sino también en cuanto a fuerza de oposición, por no hablar de la alianza contra natura entre Franco y el golpista Oviedo. Mientras tanto, han surgido otras fuerzas, con arraigo sobre todo en las zonas urbanas, como el partido de centro izquierda País Solidario, cuyo líder, Carlos Filizzola, fue intendente de Asunción. Fracasó, sin embargo, en el intento de volver a serlo, con apoyo de los liberales, en noviembre de 2001 y, pese a salir de aquellas elecciones convertido en la tercera fuerza del país, carece de recursos para intentar dar la batalla a los grandes candidatos en 2003.

A juzgar por su trayectoria, Nicanor Duarte podría suponer un mejor gobierno para Paraguay: lo difícil es saber si podría sacar al país de la crisis. Si no fuera así, o si la fuerza de UNACE en el Congreso fuera suficiente, existiría un alto riesgo de inestabilidad, impulsada por los seguidores del general Oviedo. Otro tanto podría suceder si triunfara Franco, hipotecado por el apoyo de los oviedistas. En cualquier caso, los resultados de País Solidario en las elecciones legislativas de 2003 serán un indicador de la modernización política del país y de las posibilidades de que a la larga se consolide una opción de centro izquierda en Paraguay, como alternativa tanto al Partido Colorado como a la inestabilidad política implícita en la alianza del PLRA con UNACE.

Al igual que el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño, Encuentro Progresista incluye núcleos radicales herederos de los momentos de su formación, pero ha evolucionado, en su liderazgo y sus propuestas, hacia lo que podemos llamar posiciones de centro izquierda. Paralelamente ha logrado quebrar el sistema bipartidista condenando a los dos partidos tradicionales a aliarse para evitar su triunfo. Desde las elecciones de 1999, por tanto, se ha generalizado la creencia de que el próximo presidente de Uruguay será el candidato de EP, probablemente el propio Tabaré Vázquez.

Lo que no resultaba previsible en aquel momento era que Uruguay se viera arrastrado en 2002 por la crisis de la economía argentina, tras cuatro años de estancamiento en los que se había visto afectado por la caída de los precios de sus exportaciones, la devaluación del real brasileño y una epidemia de fiebre aftosa que diezmó sus recursos ganaderos. La pesificación y la suspensión de pagos argentina dieron el golpe final, obligando a Batlle a recortar drásticamente el gasto público en un intento de frenar el déficit, imposible de financiar mediante deuda ante la desconfianza de los mercados, y a buscar financiación del FMI y de Estados Unidos para consolidar la banca pública, seriamente afectada por la crisis de las sucursales uruguayas de bancos argentinos —como el Banco de Galicia— por la huída de divisas y por la necesidad de hacer frente a una deuda externa en dólares creciente ante las sucesivas devaluaciones del peso.

Ante las elecciones presidenciales de 2004, Uruguay tiene la considerable ventaja de disponer de una opción política nueva pero con una larga experiencia en los gobiernos locales, sobre todo en la capital, Montevideo, y que cuenta con un enorme respaldo social. Económicamente se ha beneficiado también de no estar atado a una paridad fija y de contar con un gobierno con una gran capacidad de reacción ante el agravamiento de la crisis. Desde esta perspectiva, la izquierda tendría grandes posibilidades de llegar a gobernar en 2004 y de que en ese momento ya se esté produciendo una recuperación económica.

Los costes sociales de la crisis actual son tales que puede ser muy grande la tentación para Encuentro Progresista de amplificar y radicalizar las protestas, entre otras cosas porque los electores no aceptarían un simple silencio de la coalición y, por otro lado, tampoco resulta fácil elaborar y presentar alternativas que permitan superar la crisis y proteger los intereses sociales. Si la izquierda se apunta a la dinámica de protestas sin alternativa, no sólo corre el alto riesgo de deslegitimarse ante los electores menos radicales, sino también el de impedir la superación de la crisis, ahuyentando la inversión. De este modo heredaría una situación económica inmanejable ante la que debería optar por aplicar las mismas propuestas que ahora rechaza por su dureza o bien tendría que sucumbir a la tentación populista. La fuerza de la protesta social de hoy podría encerrar paradójicamente el mayor peligro para el futuro de la izquierda uruguaya.

Brasil
Aunque es bien sabido que el sistema de partidos brasileño presenta rasgos singulares, tanto por su fragmentación como por su volatilidad dentro de áreas ideológicamente afines, no siempre se ha subrayado lo bastante el hecho de que durante ocho años el presidente Fernando Henrique Cardoso haya sido capaz de mantener una coalición política de apoyo a su gobierno, lo que le ha permitido impulsar su programa de reformas económicas y sociales. Este apoyo estable no venía inducido por el marco institucional —lo que revela ciertos límites en las explicaciones de este tipo—, sino por los propios rasgos constitutivos del liderazgo de Cardoso, incluyendo el uso de incentivos y sanciones para hacer posible la continuidad de la coalición (Palermo, 2000).

La coalición de apoyo al gobierno de Cardoso se formó en 1994 a partir de las diversas tomas de posición sobre el Plan Real, cuyo éxito en frenar la inflación y poner fin a la indexación de la economía constituyó el gran capital electoral del ministro de Hacienda convertido en candidato. La clara oposición del PT al Plan —en el que sólo se veía un nuevo y costoso ajuste— no sólo le convirtió en el gran perdedor de aquella apuesta, sino que también configuró una coalición presidencial entre los partidos que lo apoyaron: el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Cardoso, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del anterior presidente Itamar Franco y el Partido del Frente Liberal (PFL), el partido de derecha cuyo apoyo al gobierno fue el principal argumento del PT contra la gestión de Cardoso, incluso cuando las políticas desarrolladas —por ejemplo en Sanidad, por el ministro y luego candidato José Serra— poseían un indiscutible perfil socialdemócrata.

El principal problema político que se le plantea al presidente Lula da Silva es precisamente el de configurar su propia coalición de apoyo que le permita traducir en términos parlamentarios los muy amplios respaldos recibidos en la segunda vuelta electoral, que incluyeron no sólo los de sus principales rivales en la oposición —Anthony Garotinho del Partido Socialista Brasileño (PSB) y Ciro Gomes del Partido Popular Socialista (PPS)—, sino también los de importantes figuras del PMDB. El Partido de los Trabajadores es la primera minoría en la cámara baja (91 escaños sobre 513), y debería contar con los 26 escaños del Partido Liberal (PL) del vicepresidente José Alencar, cuyo carácter conservador fue una de las señales de moderación enviadas por Lula al electorado y a los mercados. Pero eso le deja muy lejos de una mayoría legislativa, para la que deberá buscar acuerdos estables o puntuales con el PSDB de Serra y Cardoso (71 escaños) y el PMDB (76 escaños).

En el Senado la situación no es mejor (14 escaños del PT y 3 del PL sobre un total de 81), y Lula tampoco puede contar con el peso de los gobernadores afines —a menudo decisivo en la política brasileña— para impulsar acuerdos parlamentarios, ya que en este terreno los resultados del PT han sido decepcionantes: sólo ha ganado en 3 de los 26 estados (27 contando con el distrito federal de Brasilia), frente a los cinco que tenía. El PSDB mantiene, en cambio, el gobierno de siete estados, que incluyen los dos mayores —São Paulo y Minas Gerais— y suman casi la mitad de la población del país, y el PMDB cinco, incluyendo Rio Grande do Sul, el cuarto en importancia. Desde cualquier punto de vista, por tanto, el gobierno de Lula necesitará acuerdos con el PSDB y el PMDB.

Aunque a priori, en términos programáticos, no debería haber grandes obstáculos para algún tipo de entendimiento, el PMDB no ha aceptado inicialmente una propuesta de acuerdo, y el gobierno anunciado por Lula sólo incluye una figura importante de otro partido, el ex candidato del PPS Ciro Gomes, y está formado mayoritariamente con miembros del PT. Pese a que esto pueda ser lo más racional para asegurar la cohesión en el apoyo del partido al nuevo gobierno, sólo podría entenderse en la medida en que los primeros pasos de éste corran el riesgo de provocar conflictos internos, precisamente por mantener un alto control de las finanzas públicas y posponer el tipo de políticas expansivas que muchos cuadros y seguidores del PT esperan del nuevo gobierno.

Si así fuera, Lula estaría tratando de ganar tiempo para revertir los devastadores efectos que la campaña tuvo sobre la posición financiera del Brasil —un incremento de la deuda del 54 al 64% del PIB a consecuencia de la devaluación del real—, precisamente por la percepción de riesgo provocada por la creciente posibilidad de la victoria de Lula. En este sentido, es muy probable que, aun dando prioridad a la política social, y especialmente a la lucha contra la desnutrición y el hambre, la política del nuevo gobierno pretenda ser rigurosa en el plano macroeconómico, con la intención de tranquilizar a los inversores y crear un clima empresarial favorable antes de pasar a una fase más expansiva tanto en el plano económico como en el social. Se diría que la apuesta inicial de Lula es enfrentarse a las presiones sociales que podrían poner en peligro la estabilidad de la economía con un equipo cohesionado por la disciplina partidaria, y si lo logra, el peligro de un desbordamiento populista quedaría conjurado, incluso si en política exterior llegan a tensarse las relaciones con Estados Unidos con motivo del ALCA o de las relaciones con Venezuela.

Sin embargo, Chávez se ha negado a aceptar la legitimidad de la protesta opositora y a negociar alguna fórmula que le permita, respetando su propia legalidad, medir el apoyo social con el que aún cuenta o enfrentarse en una convocatoria extraordinaria de elecciones a un candidato de la oposición, en el caso de que ésta logre ponerse de acuerdo para designarlo. La huelga general de diciembre de 2002, cuyo punto fuerte es la huelga en PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), con la consiguiente carestía de combustible en el país y la desaparición de los ingresos por las exportaciones de petróleo, se ha convertido en una prueba de fuerza en la que cada una de las dos partes parece proponerse asfixiar a la otra. Quizá para evitar una solución no dialogada, Brasil decidía en los últimos días del año vender combustible a Venezuela, decisión que, aun presentándose como un contrato entre empresas —Petrobras y PdVSA— sería impensable sin el respaldo del presidente saliente y del entrante, Lula da Silva.

Aunque los intentos de la OEA —a través de la mediación de César Gaviria— sigan apuntando a una solución negociada, y aunque los gobiernos de la región rechacen tajantemente una solución de fuerza, no parece fácil imaginar una solución de consenso a la crisis. Pero la gravedad de ésta parece haber tenido una consecuencia positiva: se diría que la atracción del chavismo en la región se ha evaporado fuera de grupos muy minoritarios, y que incluso candidatos con trayectoria relativamente similar—como Lucio Gutiérrez en Ecuador— se esfuerzan por mantener distancias respecto a la experiencia de Chávez. Quizá por haberse adelantado de tiempo, en función del calendario electoral venezolano, el populismo de Chávez no sea ya el precursor de una nueva tendencia populista en América Latina, sino un incidente aislado: en buena medida dependerá de la salida que encuentre la crisis actual.

Lo que parece indiscutible es que las fuerzas de izquierda o centro izquierda existentes antes del advenimiento del chavismo —Acción Democrática, el Movimiento al Socialismo (MAS) y Causa R (Causa Radical)— han perdido todo protagonismo en estos años, y tardarán en recuperarlo en la medida en que se identifican con el régimen anterior (la IV República) o con el chavismo, y en algún caso, como el MAS, con ambos a causa de una trayectoria incoherente. Bien es cierto, sin embargo, que las fuerzas de derecha o centro derecha se enfrentarán previsiblemente al mismo problema: Chávez habría logrado, por lo menos, su objetivo de quebrantar el anterior sistema de partidos.

En este contexto, Uribe se presentó como el cirujano de hierro que demandaban gran parte de los electores, y ha logrado en sus primeros cinco meses de gobierno una popularidad del 90%. No es casual que haya contado con el respaldo de los partidos, comenzando por el Partido Liberal del que procede, aunque se presentara como candidato independiente. Su predecesor, Andrés Pastrana —elegido con el voto conservador— debió suspender al final de su mandato las negociaciones con la guerrilla de las FARC a la vista no sólo de la falta de resultados, sino también de lo insostenible que resultaba mantenerlas sin que la guerrilla renunciara previamente a sus acciones armadas. Por ello, se puede pensar que una inmensa mayoría de la sociedad apoya la política de mano dura de Uribe.

Éste pretende sanear la economía minimizando los costes sociales, y algunos gestos simbólicos, como un impuesto del 1,2% sobre los patrimonios más altos, no sólo pretenden recaudar recursos sino también ejemplificar que el gobierno no es un simple instrumento de la oligarquía. Uribe ha logrado, además, un éxito parcial con el anuncio por parte de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) de una tregua indefinida. El problema de la guerrilla, sin embargo, difícilmente tendrá una buena solución: su derrota militar implicará grandes daños sociales en las áreas en las que está presente, incluyendo probablemente actuaciones contra los derechos humanos, y puede exigir enfrentamientos muy prolongados. Es posible que la sociedad colombiana haya llegado al límite de su paciencia y prefiera ya un final terrible a un terror sin fin, pero si el final terrible se prolonga demasiado en el tiempo es posible que buena parte de esa sociedad se replantee su posición.

El caso colombiano es un ejemplo de frustración política en la que, a causa de la aguda gravedad de la situación en el país, los dos grandes partidos se han sentido obligados —al menos en principio— a respaldar a un independiente que ha ganado las elecciones a causa del descrédito de las fuerzas tradicionales. La peculiar configuración de éstas como coaliciones flexibles de elites políticas (y sociales), que tan difícil ha hecho la renovación del sistema político colombiano, ha tenido en este caso una función positiva al permitir la continuidad institucional, especialmente necesaria en un contexto en el que las medidas legislativas de emergencia corren grave riesgo de traspasar los límites constitucionales.

Desgraciadamente para los intentos de configurar una izquierda fuera del Partido Liberal, la cuestión de la violencia margina los intentos de centrar la agenda en cuestiones sociales, como la liquidación sistemática —en su momento— de la Unión Patriótica hizo inviable la conversión de los grupos armados en fuerzas políticas. De la excepción que supuso en su momento el abandono de las armas por el M-19 sólo quedan liderazgos personales con presencia local, dentro de un archipiélago de grupos sociales que, en la interminable espera del final de la violencia, pueden ir siendo atraídos por los sectores más progresistas del liberalismo que en las pasadas elecciones representara Horacio Serpa.

Ecuador
El ascenso del ex coronel Lucio Gutiérrez por delante del candidato de Izquierda Democrática, el ex presidente Rodrigo Borja, y del candidato del Partido Socialista, León Roldós, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, y luego su triunfo en la segunda vuelta, constituyen ejemplos de la impredecibilidad electoral, que es una de las consecuencias de altos niveles de frustración política. En este caso, sin embargo, los electores no estaban expresando tanto su decepción ante la situación económica inmediata como su malestar por las secuelas de 1999, año en el que, con los depósitos bancarios congelados y una inflación del 50%, el PIB cayó un 7% y la pobreza alcanzó al 60% de la población.

La inflación se intentó cortar con una impopular dolarización de la economía en enero de 2000 —aunque llegaría ese año al 91%—, pero días después el presidente Jamil Mahuad, que tras poco más de año y medio en el poder sólo mantenía un 13% de popularidad, fue derrocado por un movimiento indígena de protesta que ocupó Quito, apoyado por los coroneles Lucio Gutiérrez y Fausto Cobo. Tras la formación de un efímero triunvirato encabezado por el jefe del Comando Conjunto, general Carlos Mendoza, se volvió a la normalidad constitucional con la dimisión un tanto forzada del presidente Mahuad y su sustitución por el vicepresidente Gustavo Noboa. (El general Mendoza renunció a mantenerse en el triunvirato, alegando razones familiares, tras una entrevista con representantes de la embajada de Estados Unidos.)

En la actualidad, aunque la dolarización supone un serio problema para la competitividad de las exportaciones, la economía lleva dos años de crecimiento y la inflación ha bajado al 22%. Si bien la pobreza no ha disminuido, y los salarios no han recuperado la capacidad adquisitiva perdida, se podría considerar que la situación ha mejorado sustancialmente. Pero el sentimiento de impotencia ante el empobrecimiento de 1999 ha pasado factura a los políticos tradicionales: el adversario de Gutiérrez en la segunda vuelta fue otro candidato ajeno a los partidos, Álvaro Noboa, un empresario bananero cuya campaña tuvo el tono característico del populismo de derecha, con el éxito empresarial como modelo social. El candidato del Partido Social Cristiano, el más importante del país, quedó en quinto lugar en la primera vuelta con el 12% del voto.

Gutiérrez no sólo era un candidato nuevo frente a la clase política tradicional, sino que además se ganó en enero de 2000 una reputación de proximidad al pueblo sin mostrar la ambición de poder y de protagonismo que desgastó después a otra figura central en aquellos hechos, el dirigente indígena Antonio Vargas. En Ecuador, a diferencia de lo que sucedió en Venezuela durante el golpe de Hugo Chávez en 1992, no hubo en enero de 2000 derramamiento de sangre ni choques internos en el ejército. Desde su victoria en la primera vuelta, Gutiérrez ha hecho hincapié en su propósito de crear un clima favorable para las inversiones y la actividad empresarial, llamando a la concertación y al diálogo como ejes para la resolución de los grandes problemas nacionales. Es bastante evidente, por tanto, que pese a las similitudes en el origen de su popularidad, el nuevo presidente de Ecuador no se propone en absoluto repetir la desastrosa trayectoria del chavismo.

Un hecho fundamental para explicar el ascenso de Gutiérrez, junto con los desastres económicos de 1999, es la fragmentación y volatilidad del sistema político ecuatoriano. Segmentado entre la costa —bastión del Partido Social Cristiano—, con mayor fuerza empresarial, y la sierra andina —y la Amazonia—, y con un resentimiento histórico de la elite de Guayaquil hacia la capital, Quito, no cabe hablar en sentido estricto de partidos nacionales. La extrema fragmentación del voto en la primera vuelta —Gutiérrez obtuvo en torno al 20%— refleja no sólo la proliferación de candidaturas nuevas sino también la falta de enraizamiento de las tradicionales. Esto tiene una consecuencia lógica en la representación parlamentaria, lo que puede traducirse en presidentes muy débiles frente a cambiantes coaliciones en la Cámara. Desde la destitución por “incapacidad mental” del presidente Abdalá Bucaram, en 1996, se han sucedido hasta 2002 seis presidentes.

Para evitar una inestabilidad similar, Gutiérrez no sólo tendrá que lograr crecimiento económico y resultados sociales apreciables, sino también eliminar la imagen de corrupción que los ecuatorianos —no sin fundamento— tienen de sus gobiernos, y ante todo tratar de construir una coalición de apoyo a su gobierno en el Parlamento. Además de su propia organización ad hoc, el Movimiento Sociedad Patriótica 21 de Enero, el principal apoyo del nuevo presidente, viene inicialmente de Pachakutik, una organización de base indígena que incluye también cuadros procedentes de los movimientos sociales, pero que carece de la estructura y la experiencia necesarias para permitirle gobernar.

Por ello, la oferta del candidato socialdemócrata Rodrigo Borja y de León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano (PSC), de llegar a un acuerdo para la gobernabilidad —inicialmente frustrada con motivo de la elección de la presidencia del Congreso— habría sido una buena posibilidad tanto de darle estabilidad al gobierno de Gutiérrez como de redefinir en un sentido no populista la imagen de la izquierda en Ecuador. La resolución del problema fiscal y la búsqueda de vías para hacer posible la inversión extranjera en el petróleo y la electricidad, que suscita una gran oposición social pero es de la mayor importancia para el crecimiento de la economía, son tareas de muy difícil resolución sin una mayoría legislativa estable.

Perú
Gran parte de la responsabilidad de la pérdida de credibilidad de los partidos en la política de Perú debe atribuirse, sin duda, a la sistemática estrategia desarrollada con esta finalidad por el presidente Fujimori durante sus diez años de gobierno. Pero la victoria de Fujimori en 1990 no se puede entender sin la crisis previa que se había producido como consecuencia de la aparición de la candidatura independiente de Mario Vargas Llosa, en su voluntarioso —y para entonces más bien innecesario— intento de acabar con el populismo en la política peruana. Esta candidatura anuló la identidad propia de los partidos de derecha y centro derecha y los arrastró en su derrota, provocada por la concentración del voto antineoliberal en la candidatura de Fujimori durante la segunda vuelta, a la que no pudieron llegar ni los herederos de una dividida Izquierda Unida ni el Partido Aprista, totalmente desacreditado por la desastrosa gestión económica (populista) del gobierno de Alan García.

En las primeras elecciones fiables desde entonces, en abril de 2001, la candidata conservadora Lourdes Nano (Unidad Nacional) quedó en tercer lugar con un 24% del voto, y la segunda vuelta se decidió, en junio, entre el candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, vencedor con más del 52% del voto, y un renacido Alan García, que casi alcanzó el 48%. Una diferencia tan ajustada no es fácil de explicar sin una componente fuerte de rechazo a Toledo por su tono populista, pero, si se recuerda el protagonismo de Toledo en la movilización popular por la democracia y contra Fujimori, y el negativo recuerdo histórico del gobierno de García, es evidente que éste se ha visto favorecido por otros factores para compensar sus desventajas.

Por un lado, García ha aprendido mucho durante su década de travesía del desierto; entre otras cosas a no subir el tono cuando haciéndolo puede provocar dudas o rechazo en el auditorio: en su discurso y en su programa fue medido y moderado. Pero además, a diferencia de sus adversarios, García cuenta con un partido que ha sobrevivido a los años de Fujimori, que sigue manteniendo una amplia implantación territorial, con una estructura orgánica disciplinada y una larga historia que conserva su identidad. Sin ese apoyo de un partido no es fácil que hubiera podido alcanzar tan rápidamente un resultado tan espectacular. Y sin un apoyo equivalente, que una coalición un tanto improvisada —como Perú Posible— mal le puede ofrecer, Toledo puede tener muy serios problemas para mantener su gobierno.

Una buena parte de los cuadros de la izquierda de los años ochenta, marcados por el rechazo al Partido Aprista, y más aún a la figura de García, apostaron por Toledo como única alternativa al conservadurismo de la candidatura de Unidad Nacional, en la que muchos veían una continuidad de las políticas del fujimorismo sin sus vicios autoritarios y delictivos. Pero los primeros meses del gobierno de Toledo han estado cargados de frustraciones. Los hábitos y actuaciones tanto del presidente como de su entorno familiar le han perjudicado seriamente y, aunque la economía en 2002 creció en torno al 4%, con una inflación del 2%, el malestar social provocado por años de estancamiento, más las promesas del propio Toledo en su campaña, se suman para provocar una gran insatisfacción que se manifiesta en huelgas, en demandas de salarios o en violentas protestas como las que impidieron, en junio de 2002, llevar adelante el intento de privatizar las compañías eléctricas en Arequipa.

Con una popularidad en torno al 23% —llegó a ser del 15% en octubre de 2002—, y tras haber cambiado su gabinete en julio, Toledo parece condenado a depender cada vez más del apoyo del Partido Aprista, gran vencedor de las elecciones regionales de noviembre, en las que Perú Posible sólo triunfó en una región de las 25 del país, mientras el PAP lo hacía en doce. Es difícil saber si el partido de Toledo sobrevivirá a su presidencia, e incluso si podrá escapar a la tentación de hacer una política económica irresponsable en caso de verse desbordado por las presiones populares, pero es probable que el futuro inmediato de la izquierda en Perú dependa de la evolución del partido de Alan García, y de que éste pueda demostrar con su actuación parlamentaria, o desde el propio gobierno, que ha comprendido bien la diferencia entre la socialdemocracia —a la que en los años ochenta tomó como referencia de su proyecto— y el populismo económico. 

Bolivia
Sólo el reducido peso de la economía boliviana impidió que el resultado de las elecciones del 30 de junio ocasionara una crisis en los mercados: durante semanas el favorito fue Manfred Reyes Villa, ex capitán y ex alcalde de Cochabamba, partidario de denunciar los contratos firmados por el ex presidente Sánchez de Lozada (1993-97) para la privatización de las empresas públicas. Sin embargo, el resultado real fue aún más dramático: el ganador fue el propio Gonzalo Sánchez de Lozada, de nuevo candidato por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), seguido en segundo lugar no por Reyes Villa y su Nueva Fuerza Republicana, sino por Evo Morales, líder de los campesinos cocaleros y del MAS (Movimiento al Socialismo), una organización de corte izquierdista y antiimperialista en la tradición de la izquierda de los años sesenta y setenta.

En Bolivia no existe segunda vuelta, sino que es el Congreso quien elige al presidente entre los dos candidatos más votados cuando ninguno obtiene la mayoría absoluta. Como era previsible, el elegido fue Sánchez de Lozada, una vez que un largo y complejo escrutinio confirmó que Evo Morales, con un 20,94% del voto, superaba a Manfred Reyes (20,91%). El ganador, por su parte, sólo había obtenido un 22,46%, lo que revela la extrema fragmentación del voto. El más que notable resultado obtenido por Morales es a su vez consecuencia de tres factores. El primero y más obvio es la crisis económica en la que han sumido al país el estancamiento de las economías argentina y brasileña, agudizada tras el derrumbamiento de la primera y la recesión de la segunda.

Dentro del clima de malestar provocado por la crisis ha cobrado especial fuerza el segundo factor: la protesta de los campesinos cocaleros contra la política de erradicación forzosa de ese cultivo, en la que se ve —correctamente— una imposición externa en contra de la cultura local, y cuyas supuestas compensaciones se consideran insuficientes o simplemente incumplidas. A ello se suma un tercer factor: el escaso arraigo de los partidos tradicionales entre los indígenas, que deja espacio para la presentación de candidaturas propias, como la de Evo Morales o la de otro aymara, Felipe Quispe. En una situación de alta frustración el beneficiado fue el candidato con mayor carga antisistema: Morales y su MAS.

El MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) de Jaime Paz Zamora, que pese a su nombre histórico es lo más similar a un partido socialdemócrata en Bolivia, apoyó la elección de Sánchez de Lozada en el Congreso y participa en su gobierno, como había participado previamente en el de Acción Democrática Nacionalista (ADN), encabezado inicialmente —hasta su dimisión por enfermedad— por el enemigo histórico del MIR y del propio Paz, el ex general y ex dictador (1971-78) Hugo Bánzer, que fue elegido democráticamente en 1997.

Este baile de alianzas es la consecuencia lógica de un sistema fragmentado en el que no existe segunda vuelta, y sólo el acuerdo de los principales partidos permite la elección de un presidente con base parlamentaria suficiente. Aunque indudablemente favorece la estabilidad del gobierno, corre sin embargo el riesgo de aumentar la frustración política, ya que las diferencias entre los partidos se hacen borrosas y la decepción ante los resultados de un gobierno salpica a la vez a todos sus componentes. En este sentido, si no se introducen reformas electorales o institucionales, y el gobierno de Sánchez de Lozada no consigue resultados claramente positivos en lo económico y lo social, crecerá considerablemente el riesgo de que en 2007 Evo Morales, o un candidato del mismo corte radical, obtenga resultados aún mejores.

Centroamérica y República Dominicana 
En América Central se puede hacer una distinción general entre los países que han atravesado una guerra civil y aquellos que han escapado a ella, aunque hayan estado bajo un régimen militar hasta 1981, como Honduras. En este segundo grupo de países, la norma es la existencia de dos partidos que se alternan con una lógica de castigo al gobierno de turno cuando éste no ofrece un balance positivo. Sólo en Honduras se puede decir que los dos partidos principales son de signo conservador: en 2001 ganó las elecciones Ricardo Maduro, del Partido Nacional, sustituyendo a Carlos Flores, del Partido Liberal.

En Costa Rica, una excepción en aspectos como su larga estabilidad democrática y su modelo de sociedad próximo al Estado de bienestar, las dificultades para mantener el modelo en medio de los cambios de la economía mundial han llevado a los gobiernos a intentar reformas que permitan controlar el déficit. El partido de corte más socialdemócrata —Partido de Liberación Nacional, PLN— ya lo intentó durante la presidencia de José María Figueres mediante una elevación de los muy bajos impuestos: la impopularidad y dificultad de los cambios ha venido dando desde entonces ventaja al Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC), que ha triunfado en las dos elecciones siguientes (1998 y 2002). El voto de protesta se ha traducido en estas últimas en un Parlamento fragmentado y en la necesidad de segunda vuelta para elegir al presidente, Abel Pacheco, del PUSC.

En Panamá —incluida a efectos analíticos en Centroamérica—, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) del desaparecido líder populista Omar Torrijos, con su hijo Martín Torrijos como candidato, perdió las elecciones de 1999 ante la candidata del Partido Arnulfista, Mireya Moscoso, en buena medida por el coste de las reformas económicas introducidas por Ernesto Pérez Valladares, anterior presidente del PRD. Como en el caso anterior, las restricciones del marco económico internacional, la capacidad de los líderes y los costes o beneficios obtenidos por los gobiernos, pueden ser los factores decisivos, más allá de consideraciones ideológicas, para los resultados electorales.

La situación en Nicaragua es muy distinta: aunque el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista han llegado a configurarse como partidos mayoritarios —en parte gracias a un acuerdo del líder sandinista Daniel Ortega con el ex presidente Arnoldo Alemán para cerrar el paso a posibles competidores electorales—, el sandinismo no pudo ganar las elecciones de 2001, para las que partía como favorito. El recuerdo de la guerra contra la Contra y de los errores y excesos del gobierno sandinista puede seguir siendo un factor que bloquee sus posibilidades electorales, a lo que se suman la implacable hostilidad de la embajada de Estados Unidos —pese a los intentos un poco patéticos de Daniel Ortega de desligarse de ese pasado— y las críticas por la forma de vida de sus dirigentes históricos. Los sandinistas están apoyando en el Parlamento los esfuerzos del presidente Enrique Bolaños (del PLC) para hacer juzgar por corrupción al ex presidente Alemán, lo que por una parte les da una gran fuerza negociadora, pero por otra les hace bastante vulnerables ante la opinión pública por su propia falta de renovación. Aun así, nada permite prever un próximo cambio a fondo en la cúpula sandinista que les pueda dar nueva credibilidad.

En El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) se convirtió en la primera fuerza del país en las elecciones legislativas y locales de marzo de 2000, superando a la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) con un 39% frente a un 37% del voto de Arena. Pero la decisión del dirigente ortodoxo Schafik Handal de mantener una rígida disciplina procubana en el partido desembocó en la expulsión del ex comandante Facundo Guardado, candidato a la presidencia en las elecciones de 1999, que ha puesto en marcha un nuevo partido (Movimiento Renovador) con la expectativa de ganar la suficiente fuerza electoral como para ser el eje de una coalición capaz de ofrecer una alternativa a Arena. Aunque otros intentos similares han fracasado antes, los cambios sociales y económicos en El Salvador, y el nuevo clima político de la región, podrían dar a los renovadores la posibilidad de construir una izquierda moderna en el país.

Atacado como partido de la oligarquía, el Partido de Avanzada Nacional, del presidente Álvaro Arzú, que había firmado la paz con la guerrilla en Guatemala en 1996, perdió las elecciones de 1999 frente al candidato del Frente Revolucionario Guatemalteco (FRG) —del general golpista Efraín Ríos Montt—, Alfonso Portillo. La Alianza Nueva Nación, de la izquierda, dentro de la cual se presentaba la antigua guerrilla de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, obtuvo un 12,4% del voto. La derrota de las dos fuerzas que negociaron la paz podría ser, paradójicamente, expresión del deseo de olvidar la guerra, pero aun así los resultados fueron prometedores para la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG). La frustración ante el gobierno de Portillo, enfrentado a menudo con Ríos Montt por el control que éste ejerce sobre el FRG y su representación parlamentaria, podría contribuir a la consolidación progresiva de la URNG como izquierda socialdemócrata.

Desde la muerte de Trujillo, la República Dominicana ha vivido bajo la influencia de Joaquín Balaguer, siete veces presidente y dirigente durante la época democrática del Partido Reformista Social Cristiano. Su apoyo permitió en 1996 llegar a la presidencia al dirigente modernizador del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, durante cuyo gobierno la economía creció espectacularmente, aunque al precio de una profunda crisis de los sectores tradicionales. En 2000, los costes del período anterior llevaron al gobierno al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyo candidato Hipólito Mejía obtuvo casi el 50% de los votos, superando así la votación conjunta del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Desaparecido Balaguer en 2002, no sería extraño que el juego político en el futuro tendiera a la alternancia entre PLD —quizá con apoyo del PRSC— y PRD: se da la paradoja de que ambos partidos fueron fundados por Juan Bosch, la figura central en la historia de la izquierda dominicana. Mientras que el segundo tiene un serio problema de tradición clientelar, el primero carece de una implantación social extensa fuera de la clase media, y ambos han sido objeto de acusaciones graves de corrupción. Su evolución dependerá en buena medida del desarrollo económico y la modernización de la sociedad dominicana.

México
La izquierda mexicana atravesó tiempos muy difíciles hasta que las reformas de Reyes Heroles le permitieron obtener una decorosa presencia parlamentaria en los años setenta. Anteriormente se había visto atrapada entre la represión por el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cualquier movimiento social de protesta que escapara a su control y la fuerte capacidad de cooptación por parte de este mismo régimen, que ofrecía no sólo posibilidades de carrera política, sino oportunidades para desarrollar políticas sociales significativas pese a los límites impuestos por la corrupción y el clientelismo. Tras el balance fuertemente negativo de los movimientos guerrilleros en aquella misma década, no es extraño que buena parte de la izquierda, incluido el Partido Comunista, optaran por entrar en la política representativa, iniciando un largo y a veces contradictorio proceso de asimilación de la lógica democrática, en un país con una fuerte tradición revolucionaria.

La escisión del PRI en 1987 de un grupo de dirigentes encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas —hijo del general Lázaro Cárdenas, figura central en la tradición de izquierda del régimen— y la excepcional oportunidad que presentaba la candidatura presidencial de éste en 1988, llevaron a la disolución del PMS, el partido socialista en el que se había reunido casi toda la izquierda de orientación democrática, dentro del nuevo Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezado por Cárdenas y creado tras las elecciones. La apuesta parecía muy racional, ya que la candidatura de Cárdenas había puesto en peligro la victoria de Carlos Salinas de Gortari, el candidato del PRI, y con ella la izquierda había logrado una presencia pública sin precedentes. Pero ese mismo éxito llegaría a ser un fuerte condicionante para la evolución posterior del PRD.

La convicción de Cárdenas de que se le había arrebatado la presidencia mediante fraude llevó al PRD a automarginarse durante los primeros años del sexenio de Salinas de Gortari, lo que sería fuente de altos costes para el partido, incluyendo los que, en un régimen con fuertes componentes autoritarios, implica la hostilidad del poder. Pero además el partido, dentro del cual el liderazgo moral de Cárdenas resultaba indiscutible, desarrolló una estrategia destinada a profundizar la crisis del PRI atrayendo a sus disidentes como candidatos electorales. El resultado fue que el PRD no sólo no desarrolló un discurso propio de una izquierda moderna, sino que se convirtió en una organización incoherente en la que los sectores y discursos más radicales coexistían con las prácticas y personalidades tradicionales del PRI.

La insatisfacción ante la evolución del PRD llevó a algunos cuadros procedentes del PMS a la aventura de crear un nuevo partido, Democracia Social, que compitió por vez primera en las elecciones de 2000, en una situación polarizada en torno a la cuestión de la alternancia por vez primera en 71 años. Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), logró con su campaña presentarse como el candidato más adecuado para desalojar al PRI de Los Pinos —y por ello fue el ganador—, lo que supuso unos malos resultados para el PRD. Pero la polarización del voto no dejó apenas espacio para Democracia Social, lo que condujo a su desaparición tras un absurdo error en la renovación de su registro como partido. En la actualidad se ha puesto en marcha un nuevo partido —México Posible—, cuya característica es presentarse como representante de las diferencias: mujeres, homosexuales, discapacitados. Este carácter —digamos— posmoderno, que le puede permitir asentarse entre las clases medias urbanas, supone sin embargo un importante límite para su crecimiento electoral.

Mientras, el debate sobre la política social y sobre el modelo económico se desarrolla entre los tres grandes partidos, PAN, PRI y PRD. Se da la paradoja de que el presidente Fox, del PAN, se define en sus objetivos de política social en términos no muy lejanos a los de la oposición, ya que el éxito de su campaña se basó en buena medida en su tono populista. Pero la caída del comercio con Estados Unidos, a causa de la recesión, ha reducido el crecimiento, provocando en 2001 una contracción del 3,5% en el sector industrial, y la oposición no ha aceptado una reforma fiscal basada en la elevación de los impuestos indirectos para aumentar los recursos fiscales por temor a su impacto regresivo sobre la población. El resultado es que los recursos para la política social —y su ejecución— están muy por debajo de lo requerido por una sociedad con fuertes desigualdades y la mitad de la población en situación de pobreza, y siguen dependiendo en buena medida de los ingresos por las exportaciones petrolíferas.

Aunque la posibilidad y luego la realidad de la alternancia provocaron un especial interés por las elecciones de 2000, existe un riesgo real de que una decepción ante el gobierno de Fox desate una oleada de frustración política con resultados imprevisibles. El PRI no ha logrado hasta ahora dar una imagen de renovación que le permita recuperar la presidencia en 2006, pero sus resultados electorales en los estados y los municipios muestran que no sólo mantiene una fuerte inserción social, sino que puede capitalizar el descontento ante una mala administración del PAN. Pero no se puede descartar que el electorado, en busca de una tercera opción, vuelva sus ojos al PRD si su candidato —por ejemplo, el actual jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador— posee credibilidad en el terreno de la política social. López Obrador tiene un alto nivel popularidad por haber introducido un subsidio para las personas mayores del DF.

Si el PRI está dividido internamente —sobre todo entre los herederos políticos del anterior presidente, Ernesto Zedillo, y los del ex gobernador de Tabasco y nuevo líder del partido, Roberto Madrazo—, el PRD le supera en conflictividad interna, lo que ya ha conducido a procesos muy penosos de elección de candidatos y dirigentes, y puede suponerle altos costes antes de 2006. En ese caso, no cabría descartar la aparición de candidatos ajenos a los actuales partidos, y quizá en una línea mucho más populista que la del PRD, que lentamente ha ido aceptando la apertura al exterior y en particular el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, que antes denunciaba. No parece que a corto plazo quepa esperar un giro a la izquierda —o hacia una izquierda moderna, en todo caso—, pero existe un cierto riesgo de una erupción populista si Fox no consigue contrapesar su falta actual de resultados, con ayuda de una recuperación económica en Estados Unidos o llegando a acuerdos con la oposición para reformar la economía y el Estado.

Conclusiones 
Una conclusión evidente de este repaso por los distintos casos nacionales es que en buena medida las perspectivas a medio plazo de la izquierda en América Latina dependen del éxito o el fracaso de la presidencia de Lula en Brasil. Si éste logra realizar una política social que revalide su actual legitimidad, y hacerlo a la vez que crea las condiciones para una nueva fase de crecimiento económico, el ejemplo brasileño se convertirá en un punto de referencia para la región. Si, en cambio, la política social o la marcha de la economía no satisfacen las expectativas sociales y el gobierno pierde apoyo, su atractivo disminuirá radicalmente. Pero frente a este riesgo, Lula cuenta con su enorme popularidad inicial que le debería permitir tanto controlar a sus propias bases como enviar señales convincentes de cumplimiento de sus promesas.

Hay un segundo riesgo, sin embargo, que es potencialmente más grave: que ante las fuertes demandas sociales, el gobierno no logre controlar la inflación e impulsar las inversiones, con lo que tras un impulso redistributivo inicial se produzca un rápido deterioro de la economía. Esto es lo que se ha venido calificando como dinámica populista, y, más allá de que se pudiera extender a otros países, su efecto a medio plazo sería desacreditar a la izquierda no sólo en Brasil, sino también en el conjunto de la región.

Independientemente de que el éxito de Lula acrecentaría la credibilidad de la izquierda, no hay actualmente razones para pensar en un giro general hacia la izquierda en América Latina, pero tampoco para temer una desestabilización populista, aunque existan serias razones de preocupación en algunos países. La crisis venezolana actúa como freno de las tentaciones más extremistas de demolición del sistema político existente. Aun así, una crisis política profunda, como la existente en Argentina desde la dimisión del presidente De la Rúa, deja abiertas demasiadas incertidumbres.

Cabe señalar, por último y de forma nada sorprendente, que los dos factores que pueden tener más peso en la evolución política de la región son la recuperación de la economía global, con su repercusión en un crecimiento de las exportaciones y una mayor disponibilidad de inversiones, y la capacidad de los sistemas políticos —y en especial los sistemas de partidos— para ofrecer posibilidades creíbles de alternancia y permitir la formación de gobiernos responsables con suficiente apoyo parlamentario. La duda que puede plantearse, a la inversa, es si los sistemas políticos podrían soportar sin grave erosión el mantenimiento por un largo período de un clima económico global adverso, partiendo de situaciones de desigualdad creciente y altos niveles de pobreza.

Ludolfo Paramio
Este trabajo se inscribe en el proyecto Desconfianza Política y Gobernación Democrática (BSO2000-1082) del Plan Nacional de I+D (Ministerio de Ciencia y Tecnología, España).

Referencias
- CEPAL (2002), Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2001-2002, Santiago: CEPAL.
- Dornbusch, R., y Edwards, S. (1991), “The macroeconomics of populism”, en R. Dornbusch y S. Edwards, comps., The macroeconomics of populism in Latin America, 7-13, Chicago: University of Chicago Press.
- Eckstein, H. (1991), “Rationality and frustration in political behaviour”, en K.R. Monroe, comp., The economic approach to politics: a critical reassessment of rational action, 74-93, Nueva York: HarperCollins.
- Economist (2002), “A backlash against the free market?”, The Economist, 15 de agosto.
- Fiorina, M.P. (1978), “Economic retrospective voting in American national elections: a micro­analysis”, American Journal of Political Science 22: 426-443.
- Fraga, R. (2001), “El final de la Alianza”, Clarín, 17 de octubre.
- Hall, P.A. (1993), “Policy paradigms, social learning, and the state: the case of economic policymaking in Britain”, Comparative Politics 25: 275-296.
- Latinobarómetro (2001), “Informe de Prensa: Encuesta Latinobarómetro 2001”, Santiago: Latinobarómetro.
- Lewis-Beck, M.S. (1988), Economics and elections: the major Western democracies, 2ª ed., Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990.
- Maier, N. (1949), Frustration: the study of behaviour without a goal, 2ª ed., Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961.
- Malamud, C. (2002), “Lula presidente: ahora empieza lo más difícil”, Madrid: Real Instituto Elcano, Análisis 28 de octubre (www.realinstitutoelcano.org/analisis/127.asp) .
- Palermo, V. (2000), “¿Cómo se gobierna Brasil? El debate brasileño sobre instituciones políticas y gestión de gobierno”, Desarrollo Económico 40 (159): 493-518.
- Rodrik, D. (2001), “¿Por qué hay tanta inseguridad económica en América Latina?”, Revista de la CEPAL 73: 7-31.
- Sanguinetti, J.M. (2002), “Izquierdas y derechas latinoamericanas”, El País, 18 de noviembre.
- Williamson, J. (1990), “What Washington means by policy reform”, en J. Williamson, comp., Latin American adjustment: how much has happened?, 5-38, Washington: Institute for International Economics.