La trascendencia doméstica e internacional que a un lado y otro del estrecho de Gibraltar ha provocado la ocupación o “invasión” por una decena de soldados marroquíes de las FAR (Fuerzas Armadas Reales) del islote o peñón del Perejil (Leila, para Marruecos) en la segunda semana de julio, viene dada tanto por la ubicación geoestratégica del promontorio como, sobre todo, por su proximidad a la ciudad de Ceuta, de soberanía española aunque reivindicada tradicionalmente por Marruecos junto con Melilla y los “Peñones” (Vélez de la Gomera, Alhucemas y las tres islas Chafarinas).
El islote se encuentra en una zona crítica desde donde tradicionalmente salen las “pateras” con emigrantes clandestinos rumbo a la costa española -apenas 19 kilómetros de distancia hasta Tarifa- y las “planeadoras” o lanchas rápidas con resina de hachís (cannabis), producida, refinada y empaquetada en las zonas próximas (cordillera del Rif y la Yebala).
Marruecos ha utilizado la existencia de estos tráficos costeros para justificar la inesperada ocupación del peñón, añadiendo una razón suplementaria y, sin duda, plausible para sus aliados occidentales: el temor a que desde este islote pudieran realizarse actividades terroristas, un guiño a Estados Unidos y a los países europeos tras la detención de un comando de Al Qaeda en Rabat, Tánger y Casablanca hace un mes. Entre los proyectos de este comando estaba explosionar una lancha neumática cargada de explosivos contra una nave “de la OTAN o de Estados Unidos” que transitase por el estrecho de Gibraltar.
Lo primero que sorprende en este incidente es la rapidez con que la ocupación fue descubierta por la Guardia Civil del Mar basada en Ceuta y la transmisión del mismo a los medios de comunicación españoles, que recibieron las primeras noticias a las 21 horas del jueves 11 de julio, es decir, cinco horas después de que la advertencia de la Guardia Civil a los ocupantes marroquíes se hubiera producido.
Dadas las características de la zona, la distancia entre el islote y la comandancia de Ceuta así como la prudencia de que suelen hacer gala las autoridades militares para informar sobre este tipo de asuntos y, sobre todo, para hacerlos públicos, la sorpresa es doble, máxime si se tiene en cuenta el estatuto “controvertido” (según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español) y ,desde luego, indefinido, del islote.
El incidente se produjo también de forma inesperada pero sobre todo, insospechada. Las autoridades españolas no tenían la más mínima sospecha o indicio de que las FAR preparaban aquella, pese a todo, modesta operación. Ni la CNI (Central Nacional de Inteligencia) ni otros servicios del Estado español instalados en Marruecos habían ofrecido la más mínima información ni siquiera sugerido que podría suceder algo parecido.
La semejanza con otro incidente –éste mucho más grave y antiguo-, la Marcha Verde en octubre de 1975, es de obligado recuerdo. Tampoco en aquella ocasión los servicios de inteligencia e información españoles se enteraron de la operación, pese a sus características y dimensiones, hasta que estuvo en marcha. Obviamente, existen ciertas diferencias entre movilizar a cientos de miles de personas y desembarcar a una decena de militares en un islote situado a doscientos metros de la costa.
Nada más hecho público el incidente, la reacción de los medios de comunicación españoles (sobre todo radios y televisiones) fue instantáneo y osciló entre la exigencia un tanto pasional de desalojar “manu militari” a los ocupantes con celeridad ejemplar (“es necesario desalojar a los uniformados marroquíes de la isla y después, hablar. Nunca al contrario”, escribió, por ejemplo el director adjunto del diario ABC) a la solicitud de mejor y más segura información sobre el estatuto del islote y las, sin duda, excelentes razones de España para condenar su ocupación.
El gobierno por boca de su nuevo portavoz, el vicepresidente Mariano Rajoy, mostró su estupefacción (¿a dónde quiere llevar Marruecos sus relaciones con España?) al tiempo que informaba de que se había captado un movimiento naval marroquí inhabitual en las proximidades de las islas Chafarinas. Se temió que el incidente del islote fuera apenas el inicio de una campaña generalizada contra otros promontorios o peñones de soberanía española en el Norte de África. Afortunadamente, tales temores no se confirmaron.
Tanto el portavoz del gobierno como la también nueva ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, recordaron que España y Marruecos estaban vinculados por un Tratado de Amistad y Cooperación firmado en 1991 y que este tipo de actuaciones no se ajustaban al espíritu y la letra del documento. Los dos anunciaron que se utilizarían medios diplomáticos y políticos para encauzar la situación y que mientras tanto esperaban la respuesta del gobierno marroquí a la nota verbal presentada por España en la que se solicitaba el restablecimiento del statu quo alterado. “No creo, dijo la ministra de Exteriores, que se pueda hablar de invasión, ni que beneficie a nadie sacar las cosas de quicio”.
La respuesta marroquí a las reclamaciones españolas fue todo menos ambigua: la instalación de soldados y pertrechos en el islote Leila o Perejil era congruente con la evidencia de que dicho territorio resultaba de indiscutible soberanía nacional, de forma que los ocupantes se mantendrían allí precisamente para luchar contra los tráficos ilegales, de personas y drogas, algo solicitado por España y la UE en diversas y recientes ocasiones.
En las conversaciones entre el ministro marroquí de Exteriores, Mohamed Bennaisa, con la ministra Ana Palacio y del primer ministro AbderrahmánYusufi con el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, se reiteró esta tesis.
El gobierno español informó a la OTAN y a la UE nada más conocerse el incidente. Ambos organismos se pronunciaron utilizando una retórica semejante: lamentando el hecho y recordando que se trataba de un problema de carácter bilateral entre España y Marruecos.
Obviamente, ninguna de las reacciones satisfizo al Ejecutivo de Madrid, que apeló a la presidencia danesa de la UE y al presidente de la Comisión, exigiendo con toda razón una postura más clara y tajante. No tardó en llegar ésta en forma de conversación (“tensa y difícil”) entre Prodi y Yussufi. El primer ministro marroquí se comprometió a “mantener la situación bajo control, sin una mayor escalada y trabajar en una solución muy rápida del problema”. La UE aprovechó la oportunidad para recordarle a Marruecos sus relaciones privilegiadas con los Quince reflejadas en las ayudas recibidas o comprometidas (entre 1996 y 2006, casi mil millones de euros) y el Acuerdo de Cooperación (marzo 2000) que prevé la creación de un área de libre comercio entre Marruecos y la UE en un plazo de doce años.
Al ritmo con que suelen procesarse los asuntos de Estado en Marruecos es bastante probable que, pese a las promesas y buenas palabras de Yussufi, el contencioso del islote tarde varios días, incluso semanas y meses, en resolverse aunque también sea poco probable que Marruecos inicie una escalada de actividades semejantes a la ocupación en otros territorios españoles en el Norte de África.
La primera reacción de la clase política marroquí ante la “tormenta” desencadenada por el incidente en España fue de sorpresa e incredulidad. Pero dado el carácter veleidoso e imprevisible de algunos dirigentes marroquíes no puede excluirse que de la sorpresa se pase al entusiasmo patriótico e irredentista fácilmente transmisible a un pueblo cuya cultura política y democrática es escasa. He aquí un riesgo que no conviene minimizar, aunque en Marruecos resulta engañoso, como en España, confundir los ecos –mediáticos- con las voces de los políticos y a la opinión pública con la publicada.
El primer interrogante que plantea este endiablado asunto es por qué Marruecos decidió tomar esta iniciativa y por qué ahora. Es de todos sabido que el poder real en Marruecos se encuentra en el ámbito real y valga la doble redundancia: son el rey y sus consejeros quienes toman las decisiones políticas importantes y no el gobierno que, en el mejor de los casos, resuelve o tramita los asuntos corrientes.
Ni siquiera los ministros de Estado (Interior, Asuntos Exteriores, Justicia, Asuntos Religiosos) tienen poder y capacidad para decidir sobre temas claves relacionados con su cartera. Ni, por supuesto, el anciano primer ministro. Es el monarca y sus hombres de confianza –algunos de ellos compañeros de pupitre- quienes deciden y planifican la ejecución de estas decisiones, aunque aquí también conviene ser precavidos: algunos de los consejeros reales fueron “heredados” por Mohamed VI de su padre, Hassan II y su influencia es cada día menor. Es el caso, por ejemplo, del ex-banquero hebreo André Azzulay que, durante bastantes años, se encargó de las relaciones con España. Es dudoso que ahora se ocupe de estos asuntos o que influya en su diseño y gestión.
Estas relaciones –las hispano-marroquíes- atraviesan desde hace dos años malos momentos. En marzo de 2001 se rompieron las negociaciones pesqueras con la UE y España debió asumir algo que a largo plazo será beneficioso para su política exterior en general y con Marruecos en especial: la  dolorosa reconversión de la flota artesanal andaluza, la más afectada por la ruptura de las negociaciones. El presidente del gobierno español, José María Aznar, dijo entonces que la ruptura en cuestión “tendría consecuencias” sobre las relaciones hispano-marroquíes, algo por lo demás evidente.
Meses después, durante el verano del mismo año y ante la avalancha incontenible de “pateras” con emigrantes marroquíes y subsaharianos (africanos) en las costas de Tarifa y Canarias, el ministro del Interior pidió al gobierno marroquí mayor “contención” de estos flujos y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué llegó a sugerir que las expediciones se organizaban en Marruecos con el conocimiento, cuando no la colaboración, de elementos próximos al poder marroquí. La acusación cayó obviamente muy mal en el reino cherifiano. El monarca marroquí respondió a estas acusaciones sugiriendo en una entrevista concedida al diario francés “Le Figaró” que las mafias de la droga y de la emigración tenían su base tanto en Marruecos como en España y que Marruecos hacía lo que podía para acabar con ellas. Tampoco aquello ayudó a mejorar las relaciones bilaterales.
Mientras estos roces se producían, Marruecos puso en marcha una gran operación político-diplomática para resolver “de una vez y por todas” el problema del Sahara Occidental obviando el referéndum de autodeterminación pendiente mediante la aplicación del llamado “Plan Baker” (James Baker fue nombrado por el Secretario General de Naciones Unidas enviado personal al Sahara Occidental )  basado en una amplia autonomía del territorio con respecto al Estado marroquí durante cinco años de prueba. Estados Unidos, primero, y Francia, después, transmitieron al rey su apoyo al proyecto. No así, sin embargo, Rusia y bastantes otros países movilizados por la siempre dinámica diplomacia argelina. España reiteró lo que viene siendo la doctrina oficial desde 1976: respeto irrestricto a las resoluciones de la ONU que prevén la celebración de un referéndum de autodeterminación previa identificación del censo de votantes. Las presiones políticas y diplomáticas marroquíes sobre el gobierno español no dieron el resultado esperado por Rabat y las dificultades en las relaciones mutuas aumentaron hasta el punto de que el embajador marroquí en Madrid, Baraka, fue convocado a su país para consultas tras haber dado a entender el gobierno de Yusufi que la retirada se producía tras una serie de actitudes y provocaciones españolas que nunca se enumeraron de forma clara, aunque probablemente una de ellas podría ser la celebración de un referéndum simbólico sobre el futuro del Sahara occidental en algunas capitales andaluzas y, lo más grave, utilizando la sede del Parlamento andaluz para recoger los votos.
Durante varios meses el gobierno español multiplicó el mensaje de que deseaba el retorno más rápido posible del embajador marroquí, que sería “recibido con los brazos abiertos” (en palabras de Piqué) e incluso el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, se trasladó a Marruecos en una controvertida visita para solicitar a su correligionario el primer ministro Yussufi que Baraka volviera cuanto antes, clausurando así una etapa de malentendidos y dificultades. Ni por esas: el gobierno marroquí siguió culpando al español de agravios y vejámenes que no se molestó en enumerar o aclarar en qué consistían.
Es bastante probable que la limitada paciencia de José María Aznar en este asunto se hubiese agotado tras haber advertido que las sonrisas y mensajes amables de su ministro de Exteriores para poco servían. El regreso del embajador marroquí dejó de ser un objetivo prioritario para el gobierno español y las dificultades siguieron agravándose, mientras con una periodicidad sospechosa se aprovechaban los incidentes más leves en las fronteras con Ceuta y Melilla o en el interior de estas ciudades para ir caldeando el ambiente.
Mientras tanto, en la ONU, el Consejo de Seguridad fue incapaz de ponerse de acuerdo sobre una de las opciones planteadas en torno al Sáhara Occidental: retirada de la misión internacional, aplicación del Plan Baker o mantenimiento de la MINURSO, misión de la ONU destacada en el territorio para controlar el alto el fuego y el proceso de identificación de votantes en el futuro referéndum. El apoyo pleno de Estados Unidos –convertido en el más importante valedor del régimen marroquí a nivel internacional y éste en el país más fiel a la superpotencia en el mundo árabe- además de Francia y Reino Unido fueron incapaces de arrancar al Consejo de Seguridad la resolución deseada por Marruecos. La indefinición de la ONU constituyó un fracaso para el plan marroquí de lograr un apoyo internacional al Plan Baker, sólo enjugado con el cordial recibimiento del presidente George Bush al rey Mohamed VI en la Casa Blanca.
Dentro de dos semanas, el Consejo de Seguridad tendrá que pronunciarse de nuevo y tal vez de forma definitiva sobre el futuro del Sahara y las perspectivas de que la resolución escogida coincida con los deseos marroquíes son bastante dudosas.
Marruecos prefirió culpar al gobierno español del fracaso evidente de su despliegue político-diplomático sobre el Sahara porque, según los consejeros reales, la “antigua potencia administradora” del territorio debería ayudar a un aliado tan próximo y con el cual las relaciones eran tan intensas y cordiales como casi a diario repetía el ministro Piqué. España se limitó a reivindicar su derecho a mantener las mismas posiciones que habían caracterizado su política exterior desde hace más de 25 años apoyadas por unanimidad por el Congreso de los Diputados en varias ocasiones.
Pero el fracaso de este plan de legitimación internacional de la “autonomía” del Sahara como sucedáneo de la autodeterminación echaba por tierra algo que el joven rey Mohamed VI había adelantado imprudentemente en sus ya citadas declaraciones a “Le Figaro”, esto es, que el contencioso sahariano estaría resuelto según los deseos del reino en un plazo de seis meses.
Otros hechos sirvieron para enconar todavía más la inquina política marroquí contra el gobierno español. Por ejemplo, el proyecto de resolución presentado por los primeros ministros de España y Reino Unido en la cumbre europea de Sevilla, con la que se clausuraba la presidencia semestral española de la UE y que se centró en el tema de la emigración.
En este proyecto de resolución se sugería que aquellos países que no se esforzasen por evitar que la emigración ilegal hacia la UE saliese de sus territorios o que incluso facilitasen esta inmigración clandestina permitiendo tinglados mafiosos, deberían ser penalizados por la Unión si es que –como es el caso de Marruecos- recibían de la UE un trato privilegiado. El gobierno marroquí vio en la resolución un intento de penalizar al país por un asunto  -la emigración clandestina- que intentaba resolver, pero que no podía, por falta de medios. Con la habilidad que nadie le niega, el presidente francés, Jacques Chirac, tiró abajo aquella resolución y salió de la cumbre de Sevilla como el gran valedor del “joven rey” marroquí y de su régimen, algo por lo que fue debidamente agradecido, mientras Aznar y Blair quedaban en una posición un tanto incómoda.
A este reciente desencuentro convendría añadir otro que obtuvo en la opinión publicada marroquí cierto eco: la protesta presentada al embajador de España en Rabat –Fernando Arias-Salgado- por el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí por las maniobras navales desarrolladas en el Peñón de Alhucemas –un minúsculo promontorio situado en el centro de la bahía del mismo nombre que alberga una menguada guarnición española- con la participación de cuatro navíos de guerra y dos helicópteros el pasado 6 de julio. Pese a que seguramente ni el momento ni el lugar fueron los más adecuados para este tipo de maniobras, la sensación que producen las iras y malhumores del gobierno marroquí con respecto a España es que, haga lo que haga el vecino del Norte nunca agradará al quisquilloso monarca alauita y sus colaboradores más próximos. La nueva etapa histórica de las relaciones bilaterales que el ministro Piqué anunció con escasa oportunidad en Agadir (cinco horas antes de que Marruecos retirara su embajador en Madrid) se encuentran decididamente un poco lejos.
Al incidente del islote del Perejil el gobierno español ha respondido con una equilibrada dosis de prudencia y decisión sin recurrir a medidas de fuerza ni a otras medidas diplomáticas difícilmente reversibles como, por ejemplo, la llamada a consultas al embajador en Rabat o la denuncia del Tratado de Amistad y Cooperación vigente, algo impensable e innecesario. A la”incomprensible incoherencia” marroquí (Ana Palacio) y a la “ruptura unilateral del statu quo” denunciada por todos los portavoces españoles ha seguido el recurso a la solidaridad internacional especialmente incisiva en el caso de la UE así como el “despliegue disuasivo simbólico” de unidades navales en Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas dirigido principalmente a tranquilizar a los habitantes de las dos ciudades españolas.
Es difícil a estas alturas prever la evolución del incidente y los escenarios futuros. La posibilidad de que degenere en un enfrentamiento naval o militar entre los dos países debería descartarse a priori aunque haya habido voces un tanto irresponsables que lo pidieran a gritos nada más producirse la ocupación. Es más verosímil, en cambio, que el contencioso de soberanía se someta a un arbitraje internacional o de buena voluntad, dado que difícilmente Marruecos retirará la patrulla instalada en el islote a cambio de nada, ni siquiera un gesto de reconciliación y entendimiento por parte de España.
Lo que el incidente demuestra es algo que ya era sabido y había sido denunciado por quienes se dedican desde hace años al análisis de las relaciones entre los dos países: estas relaciones deben replantearse sobre bases nuevas y cuanto antes mejor, mediante un análisis pormenorizado de los problemas y obstáculos que las dificultan. Está claro ya que los mecanismos previstos por el Tratado de Amistad y Cooperación para situaciones de urgencia o crisis no funcionaron ni probablemente funcionarán en el futuro. Y ello por una razón relativamente simple y conocida: el “colchón de amortiguamiento” formado por una red muta de intereses y canales de comunicación entre los dos gobiernos pero, sobre todo, entre las dos sociedades civiles ha dejado de existir y se sustituyó desde hace ya ocho años por una retórica espesa y engañosa que pretende sustituir las realidades por frases más o menos sonoras y los errores con fórmulas amables. Esta técnica un tanto infantil, aunque rentable para sus inventores, ha sido calificada con toda razón como la “diplomacia del oropel y el aspaviento”.