Tema: Un año después de la retirada del embajador marroquí de Madrid, las relaciones entre España y Marruecos no parecen ir por el buen camino. Las esperanzas puestas en el gobierno de Driss Yetú se desvanecieron pronto.
Resumen: Un año después de la retirada del embajador marroquí de Madrid, las relaciones entre España y Marruecos no parecen ir camino de normalizarse. Las esperanzas colocadas en el gobierno tecnocrático de Driss Yetú se desvanecieron pronto. Nuevos problemas, muchos de ellos subjetivos, se añadieron a los recurrentes de la pesca, la inmigración clandestina, la competencia agrícola y la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla. Ahora que el ministro Benaissa ha condescendido en venir a Madrid para corresponder la visita a Marruecos de su homóloga Ana Palacio a Rabat, salta a la vista que convendría reestructurar la política exterior española hacia Marruecos y el Magreb en general, algo que los marroquíes también piden con respecto a la de su país hacia España.
Análisis: En España nadie se cuestiona la importancia de mantener unas relaciones estrechas con Marruecos, un país que tanta incidencia tuvo y tiene en el devenir de la nación española. Las dudas surgen solamente por el precio tan elevado que Rabat exige por ello. Durante muchos años España estuvo concentrada en las relaciones con Marruecos en detrimento de una proyección global hacia el Magreb que correspondiese a sus intereses económicos y políticos. La visita del presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, a Madrid en octubre pasado, parece ser el punto de partida de esa proyección magrebí que, en definitiva, es similar a la que practican Estados Unidos, Francia y otros países del área europea y atlántica de la que España es un destacado miembro.
La integración energética y eléctrica entre España y Argelia y el déficit para España de la balanza de pagos que origina, justifica una estrecha relación económica con Argelia similar a la existente con Marruecos. Favorecer la Unión del Magreb es una constante de la política exterior referente al Magreb de la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea y de Estados Unidos, ratificada hace sólo unos días por el Subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos Europeos, Marc Grossman, durante su visita a Marruecos y Argelia, país este último contra el que se interpone, inopinadamente según la comunidad internacional, otra reivindicación territorial marroquí, además de las diferencias existentes entre Argel y Rabat a propósito del Sahara.
Que Argel y Rabat negocien la solución de sus problemas es lo que todos desean, en parte, porque la perspectiva euro-magrebí y norteamericano-magrebí de constituir grandes zonas de libre cambio y de coexistencia cultural y humana en los próximos años no tiene sentido con un Magreb dividido y enfrentado.
La determinación y la firmeza mostrada por el gobierno español desde el inicio de la crisis con Marruecos originada por el incidente de Perejil, que algunos marroquíes reconocen hoy que fue un error provocado por su régimen, son globalmente bien acogida por los españoles; resulta más útil que la permanente transigencia y aclara posibles dudas sobre la voluntad española en relación con Ceuta y Melilla.
Los marroquíes piden hoy respeto, y eso mismo es lo que España a su vez debería pedir a Marruecos junto con actuaciones dentro de las normas de trato civilizado entre naciones y ausencia de presiones desestabilizadoras o amenazadoras como las que ejerce Marruecos sobre Ceuta y Melilla, dos ciudades internacionalmente reconocidas como parte integrante del territorio español.
Agravios mutuos
El supuesto agravio más invocado por el ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Benaissa, es el de que España no respeta a Marruecos ni a sus instituciones. Este es, según sugieren oficiosamente los marroquíes, el motivo principal de la retirada de su embajador de Madrid el 27 de octubre de 2001. Cuando Benaissa evoca la falta de respeto hacia Marruecos, se tiene la impresión de que está intentando pasar factura por esas percepciones suyas, inmateriales y subjetivas.
Las faltas de respeto a las que se refiere el régimen marroquí conciernen al trato que la prensa española dispensó al fallecido Hassán II y dispensa hoy a Mohamed VI, al escepticismo que muestra sobre los deseos marroquíes de homologar su “transición democrática” con otras europeas, a la falta de credibilidad que le merecen las pretensiones marroquíes con respecto al Sahara, y al respaldo a la firmeza del Gobierno frente a las reivindicaciones agresivas de Ceuta y Melilla.
En Rabat se señala asimismo, como falta de respeto, la intervención del Presidente del Gobierno español en televisión después de ser anunciada la ruptura del acuerdo de pesca y se insiste en caracterizar como amenaza la advertencia que José Mª Aznar expresó, de que esa ruptura tendría sin duda consecuencias sobre proyectos de cooperación pendientes, algo que Marruecos tal vez nunca dijo, pero que siempre práctico.
La irrespetuosidad marroquí
En cualquier caso los dirigentes marroquíes cometieron similares “faltas de respeto” e incluso más graves hacia el gobierno español y las instituciones españolas, y la prensa marroquí, una parte importante de la cual sigue directrices de su gobierno, es mucho más irrespetuosa con las instituciones, el gobierno, y la sociedad españolas que la prensa española con Marruecos. Además, lo hace en un marco legislativo más restrictivo que el español, lo que debería obligar al gobierno marroquí a cumplir sus propias leyes en vez de fomentar campañas hostiles de prensa.
Recordemos algunos episodios claves como las horas de espera a las que el rey Hassán II sometía a los jefes de Gobierno españoles que recibía, y el “ninguneo” sistemático por Hassán II y Mohamed VI de los mismos, a quienes nunca consideraron interlocutores válidos por un problema que sólo es marroquí: el hecho de que el Rey reina y además gobierna. Requerir al rey de España para cuestiones de Estado es lógico, pero las cuestiones de gobierno son responsabilidad de quien legítimamente lo preside.
Tampoco fueron muy respetuosos los intentos de Mohamed VI y del anterior gobierno socialista de Abderramán el Yussufi, de convertir al principal partido de la oposición española en interlocutor o mediador entre Mohamed VI y el Gobierno español. Después está el trato poco cortés de que fue objeto la ministra española Ana Palacio en su primera visita a Rabat en plena crisis, y los desaires del Primer Ministro y de miembros del gobierno marroquí para con el embajador español en Rabat.
En lo que a la prensa marroquí respecta, un importante semanario escribía hace poco, con el título de “Las trapacerías de Aznar” que “Desde lo alto de su arrogancia polvorienta de una extrema derecha que no quiere confesarse como tal, [Aznar] deja que la situación se pudra”, y afirmaba que “entre España y Marruecos no está sólo Perejil. Está Aznar”. En realidad todo el gobierno español ha sido acusado de “fascistizante”, “nostálgico del franquismo”, “herederos de los vencedores de la guerra civil”, y los españoles, globalmente, de “nostálgicos del colonialismo”. Algunos miembros del Ejecutivo, por separado, han sido especialmente ridiculizados, como la ministra Ana Palacio, llamada “Ana la Católica” o “Ana Perejil”.
Pero quienes han salido peor parados, e incluso insultados, han sido el ministro de Defensa, Federico Trillo, llamado reiteradamente provocador, y las propias Fuerzas Armadas, acusadas de haber estimulado la crisis. En los últimos días se les acusa incluso de “crear una psicosis de guerra para enriquecerse”.
Algunos medios marroquíes, quizá para seguir el juego oficial de una supuesta amenaza militar española, hicieron un balance de las respectivas fuerzas y concluyeron que Marruecos “será superior en el aire cuando los 20 aparatos F-16 que le ha donado Arabia Saudí estén operativos y concluya el adiestramiento en su manejo de sus futuras dotaciones”. Esos mismos medios reconocieron, no obstante, que España es el país de la Unión Europea que menor porcentaje de su PIB dedica a gastos de defensa (sólo el 0,95 por ciento frente a una media europea del 2,25 por ciento) a pesar de un gasto de defensa marroquí siempre difícil de valorar, pero que el anterior Primer Ministro, Abderramán el Yussufi, calculó alguna vez en el 17 por ciento del PIB marroquí.
En las campañas de la prensa han participado medios cercanos a la patronal marroquí, como el diario L’Economiste que pedía hace poco que Marruecos reevaluase sus postulados estratégicos para tomar en cuenta las amenazas que entiende pueden provenir del Norte. “Nuestra estrategia se ha dirigido hasta ahora a crear una capacidad disuasoria en el Sur por considerar que España no constituía ninguna amenaza. Ahora es necesario crear una capacidad disuasoria también en el Norte”.
Los medios marroquíes no han dejado al margen ni siquiera a la Monarquía española, criticada por el discurso pronunciado, cuando la visita de Mohamed VI a Madrid, en el que el rey Juan Carlos pidió una solución justa para el Sahara. Han afirmado, asimismo, que Don Juan Carlos estuvo al corriente de una supuesta mediación del rey Simeón de Bulgaria para encontrar una solución al contencioso que Marruecos plantea sobre Ceuta y Melilla, basada en una co-soberanía sobre ambas ciudades a ejercer por la dos Infantas españolas y el Príncipe marroquí Mulay Rachid.
Los servicios de inteligencia españoles han sido acusados de haber creado un supuesto Comité de Oficiales Libres marroquíes que, sibilinamente, la prensa marroquí presentó como una consecuencia de la visita a España del Presidente argelino Abdelaziz Buteflika. Ningún periódico marroquí recogió la versión española de los hechos y, según algunas fuentes marroquíes, cuando dos de los tres hombres que han llevado lo esencial de la confrontación con España junto a Mohamed Benaissa, los ahora ministros delegados en Interior y Asuntos Extranjeros, Fuad el Himma y Taieb Fassi Fihri respectivamente, reunieron a varios periodistas marroquíes para ordenarles que lanzaran una campaña de prensa contra España, ya sabían que ninguna institución oficial española había ayudado al teniente Abdelila Issu a viajar a España y mucho menos a crear un hipotético Comité de Oficiales Libres, y que toda la cooperación que había recibido procedía de una ciudadana española con la que Issu mantiene relaciones personales.
La misma gestión de la información fue seguida para acusar a España de haber dejado, por despecho, a los trabajadores marroquíes fuera del contingente de mano de obra estacional. Ningún periódico marroquí recogió las explicaciones del Gobierno español que ponían en entredicho esa versión, ya que la embajada de España en Rabat pidió reiteradamente, sin éxito, al ministerio de Trabajo marroquí que seleccionara a los marroquíes que disfrutarían de esos permisos. La realidad es muy diferente a la versión marroquí: cuando el ministerio de Trabajo marroquí recibió las peticiones españolas, solicitó al ministro Benaissa qué criterio debía seguir. La respuesta de Benaissa fue tajante: “No responder”.
La zona marítima española en el área canario-sahariana
Los marroquíes han añadido un nuevo problema a los muchos que existen, el de las respectivas zonas marítimas en aguas canario-saharianas. Los permisos de prospección concedidos por el gobierno español a Repsol en aguas que Marruecos no le reconoce, pusieron de nuevo sobre el tapete la necesidad de delimitar las respectivas zonas marítimas.
El independentismo canario se solidarizó con Marruecos y dijo que el Derecho del Mar no concede a las islas ultraperiféricas de un Estado frente a las costas de otro Estado más que el mar territorial comprendido dentro de las 12 millas náuticas. Luego dijeron a sus partidarios que si Canarias fuera un estado independiente tendría derecho no sólo a esas 12 millas de mar territorial, sino a las 200 millas de Zona Económica Exclusiva (ZEE) por entender que el Derecho del Mar sí se las concede a los Estados archipelágicos.
En el Derecho del Mar, y de acuerdo con la Convención de Montego Bay de 1982 (aprobada en 1994) que evocan los independentistas canarios, en contra de lo que éstos y Marruecos pretenden, según su Parte VIII, Artículo 121, Párrafo 3º, las únicas islas a las que no se concede zona contigua ni ZEE son aquellas que no son aptas para la habitación humana ni tienen vida económica propia, lo que evidentemente no es el caso de las Canarias.
Marruecos en transición
Ninguna promesa de futuro es suficiente hoy para convencer a los marroquíes de que vale la pena permanecer en su país. Los problemas económicos son claros: 5 millones de ciudadanos viven por debajo del nivel de la pobreza, el paro alcanza al 40 por ciento de la población y el abismo que separa a ricos y pobres aumenta cada década y convierte en explosiva una convivencia social precaria. La revelación de casos de corrupción, en algunos de los cuales los acusados han sugerido implicaciones de alto nivel, convierten en más irritantes para la sociedad marroquí los problemas cotidianos que sufre.
Marruecos afirma con frecuencia que el contrabando desde Ceuta y Melilla supone una gangrena para la economía marroquí e impide el normal desarrollo económico de la zona Norte del país. Aunque Marruecos puede solucionarlo impidiendo que sus ciudadanos practiquen el contrabando o tasando las importaciones desde ambas ciudades, lo cierto es que el Norte no está desarrollado porque fue olvidado por el rey Hassán II después de las revueltas del Rif de 1958. Tanto el anterior monarca, como el actual, han preferido tolerar una economía basada en el cultivo del cannabis que ha contado y cuenta con numerosas complicidades.
En tiempos de Hassán II, 70.000 hectáreas estaban dedicadas a ese cultivo en el Norte según datos del Observatorio Internacional de la Droga de 1995. En sus últimos años de reinado y bajo presión europea y norteamericana, el rey Hassán II inició una suave represión de este tráfico y de las mafias que lo controlan. Los últimos informes de la INTERPOL y del mismo Observatorio de 2001 señalan que bajo el reinado de Mohamed VI casi se ha duplicado la superficie dedicada al cannabis y que se han relajado los controles.
Pero si el régimen marroquí no parece cambiar, el país sí cambia. Nadie soporta ya en silencio los abusos administrativos, las grandes desigualdades sociales, la ostentación de la riqueza de la que el propio rey se hace culpable, la conculcación de derechos humanos y libertades, o una corrupción tan extendida.
El triunfo electoral el pasado 27 de septiembre de un islamismo que dicen moderado, constituyó el primer aviso. El segundo aviso puede venir en las próximas elecciones municipales de 2003, también de parte de unos islamistas que han aprendido la lección de Argelia y que prefieren la conquista de la sociedad mediante el control de sectores como la educación, la arabización, la familia y la sociedad, y que quieren comenzar, como en Argelia, por el control de los poderes locales.
El Sahara
La discrepancia hispano-marroquí más sensible para Marruecos es sin duda la relativa al Sahara occidental. La reivindicación del Sahara fue planteada por Marruecos en el momento más difícil de la historia reciente de España. La solución adoptada, consecuencia en parte de los temores del régimen español a una Argelia entonces socialista y militante tercermundista, fue considerada por las instituciones y por la sociedad española como un incumplimiento por parte de España de su obligación de llevar a un pueblo bajo su protección a la autodeterminación.
Los gobiernos de UCD intentaron rectificar con el argumento tecnicista de que España había cedido la administración pero no la soberanía sobre el territorio y ello dio lugar a incontables y graves fricciones con Marruecos. La pesca sufrió constantes represalias marroquíes. Una verdadera cooperación económica y una implantación de empresas españolas en ese país no se lograría hasta después de la llegada de los socialistas al poder en Madrid. La nueva relación se construyó sobre una cierta complicidad tácita, según la cual, los gobiernos socialistas acabaron con la fórmula de los gobiernos de UCD con respecto al Sahara y Marruecos puso sordina a su reivindicación de Ceuta y Melilla, por supuesto sin renunciar a ella.
La famosa “Célula de Reflexión”, que luego quedaría en el Comité Averroes, fue interpretada y utilizada por los marroquíes para sugerir que existía por parte del gobierno español hasta una disposición a tratar informalmente sobre Ceuta y Melilla. El último gobierno socialista, durante cuyo mandato se produjo la primera visita oficial del rey Hassán II a España en 1989 y la firma del Tratado de Amistad de 1991, sostuvo, de acuerdo con la tesis marroquí, que puesto que la solución del problema del Sahara está en manos de la ONU, España ya no tiene responsabilidades en ello.
En ese largo periodo de gobierno socialista, España se convirtió en el segundo socio económico de Marruecos, se alcanzó el número mítico de 800 empresas españolas afincadas en el país vecino y se estabilizó la actividad pesquera mediante acuerdos a largo plazo (tres o cuatro años cada vez). Se firmaron asimismo acuerdos de cooperación civil, militar, fiscal -para evitar la doble imposición-, de mano de obra, de sanidad, y otros muchos.
El entendimiento no comenzó a cambiar hasta finales de 1999 cuando Marruecos decidió no renovar el acuerdo de pesca con la Unión Europea que afectó sobre todo a España, la única verdadera potencia pesquera de la Unión. Después de la retirada por Marruecos de su embajador en Madrid en octubre de 2001, el incidente de Perejil de este verano pudo haber tenido graves consecuencias de no haber mediado la suerte y Estados Unidos.
El gobierno español ha recuperado el planteamiento inicial sobre el Sahara, que es además el adoptado en 1975 por las Naciones Unidas, de no considerar cerrado el expediente hasta que el pueblo saharaui se haya autodeterminado. La elección de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, justamente en el periodo en que éste debe decidir sobre el estatuto final del territorio, inquieta sin duda a Marruecos aunque sostenga oficiosamente que España ya no cuenta, porque con el apoyo que creen haber logrado de Rusia y China al Plan Baker (autonomía para el Sahara bajo soberanía marroquí), dicen que los cinco miembros permanentes del Consejo apoyan esa opción y, según ellos, todo lo demás no cuenta.
A pesar de lo que afirman los marroquíes, el interés que pone hoy Estados Unidos en que el Magreb solucione sus problemas, en especial el del Sahara, y logre construir la tan deseada unión, reiterado durante la reciente visita del subsecretario de Estado norteamericano, Marc Grossman, a Rabat y Argel, sugiere que el apoyo de Washington puede no ser tan automático como Rabat piensa.
La “allégeance” como legitimación
La vastedad de las reivindicaciones territoriales con que Marruecos accedió a la independencia en 1956 –reclamaba territorios de Mali, Níger, Senegal, toda Mauritania, casi la mitad del actual Sahara argelino, las posesiones africanas de España con la excepción de Guinea, y Ceuta y Melilla- constituyen un caso único en los anales africanos. En todos ellos, la base legitimadora esgrimida por Marruecos es el mismo concepto de “allégeance”, una especie de vasallaje de tipo religioso y personal de los pueblos aludidos a los Sultanes marroquíes.
Algunos intelectuales marroquíes como Abdessalam Maghraoui han sugerido que esa “allégeance” es un elemento constitutivo de un supuesto derecho internacional islámico oponible al derecho internacional por el que el mundo entero se rige desde la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial.
Resulta ridículo pensar que algún estado europeo o el Vaticano pudieran reclamar territorios de otros estados sobre la base de la incuestionable “allégeance” de los católicos europeos al Papa. Es igualmente imposible pensar en escenarios aceptables para los actuales estados islámicos en los que un país reclamase otro territorio basado en una supuesta “allégeance” de una corriente religiosa de su país a un sultán o presidente de otro país. Por qué creen los marroquíes que esa “allégeance” funcionará en el caso de España es un asunto al que sólo ellos pueden responder.
Conclusiones: Lo que se desprende de la actual crisis es que España parece necesitar una reevaluación de su relación con Marruecos y la elaboración de una política exterior sin renuncias de ningún tipo, formales o tácitas, a derechos en el mar, en tierra y en el aire que se desprenden de sus fronteras internacionalmente reconocidas.
La cooperación y el entendimiento entre Rabat y Madrid son necesarios, pero sin que una de las dos partes tenga que renunciar a los principios constitutivos de su política exterior. Resulta ofensivo que Marruecos sugiera que España puede defender mejor sus intereses económicos si apoya las pretensiones marroquíes sobre el Sahara, como ya hace con Rusia, cuyo apoyo cree haber logrado después de haber aceptado que los barcos rusos vuelvan a pescar en aguas marroquíes.
Puestos a imaginar una política exterior ideal para España, como ciudadanos lo primero que nos viene a la mente es que sería deseable que fuese una política de Estado, es decir, compartida globalmente por la oposición. Así sabríamos que, aunque algún dirigente canario prefiera en el Sahara a un “Marruecos apoyado por Estados Unidos y no a un Estado polisario que eventualmente instale misiles que amenacen a Canarias”, España como tal tiene una actitud clara y definida. Actitud compartida debería ser, asimismo, la relativa a Ceuta y Melilla, lo cual, a su vez, permitiría estar seguros de que los sacrificios que pueda consentir una generación o un gobierno, la generación o el gobierno siguiente no los va a desestimar.
Nadie puede pedir a Marruecos que no reivindique Ceuta y Melilla y Al Andalus si lo desea, pero cualquier reivindicación que no sea tramitada por los cauces del derecho internacional constituye objetivamente una agresión, una amenaza y una intervención en los asuntos internos españoles.
Aún así, España y Marruecos necesitan reanudar el diálogo y reconstruir una mínima y nueva base de partida. Los hombres de negocios y los empresarios de ambos países, los que menos se han implicado hasta ahora en la crisis pero los más susceptibles de ser afectados por ella, deberían tomar la iniciativa junto, por supuesto, a los esfuerzos de reconciliación de los gobiernos.
Los empresarios son los únicos que tienen capacidad financiera para poner a dialogar y cooperar a las respectivas sociedades civiles y universidades. No sobre historias pasadas que sólo traen polémica, sino sobre proyectos de cooperación o investigación técnico-científica ligados a la realidad, sobre programas con la inmigración magrebí que faciliten su estancia en un entorno cultural tan diferente como el nuestro y que ayuden a su integración y, por qué no, con encuentros entre intelectuales y periodistas que vayan más allá de los paseos por la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla y permitan familiarizar a los unos y los otros con sus respectivas realidades políticas, económicas y sociales.
Los acuerdos recientemente firmados con Argelia pueden llevar a una relación económica tan importante como la hispano-marroquí y por ese mismo hecho son beneficiosos para España. Pero las relaciones políticas con Marruecos causan, en las dos orillas del Estrecho, la sensación de que nos jugamos nuestro destino y por eso requieren una atención especial.
Domingo del Pino
periodista | 
