La postura actual de España en la cuestión del Sahara es adecuada a sus intereses en la zona, coincide con la legalidad internacional y está respaldada por la inmensa mayoría de estados y organizaciones no gubernamentales. Por tanto es una posición envidiable. La posición de Marruecos en el territorio se enfrenta a problemas de viabilidad serios, legales y estructurales, que conviene no perder de vista. Adaptar la posición española a la marroquí sin una negociación previa que ampare los intereses estratégicos de España no es razonable. Máxime si se tienen en cuenta las dificultades que jalonan las relaciones bilaterales y los antecedentes históricos: ninguna cesión de intereses por parte de España ha sido adecuadamente retribuida por Marruecos. La relación coste-beneficio y la necesidad de contar con salidas alternativas deben valorarse en su justa medida.

Los análisis más recientes sobre la situación del conflicto del Sahara sugieren de manera velada la necesidad de alcanzar un acuerdo que, en esencia, respete la soberanía marroquí. La razón normalmente esgrimida para ello no es otra que la consolidación de facto de la presencia de Marruecos merced a un programa de colonización y asimilación exitoso. Además, la necesidad occidental de contar con apoyos en el mundo musulmán en la guerra antiterrorista convierte a la monarquía alauí, más incluso que antes, en un aliado muy apreciado. Una alianza que exige un precio, uno de cuyos elementos estaría representado por el Sahara.
Ante la adopción de una postura favorable a las tesis de Marruecos por parte del Reino Unido y EEUU, y su conjunción con la tradicional actitud francesa de apoyo al régimen marroquí, numerosos observadores en España reclaman una modificación razonable de la postura de Madrid. Pero el estado real de la cuestión merece un análisis más prudente y una valoración de las consecuencias de admitir como ciertas aseveraciones discutibles, entre ellas, la solidez de la posición marroquí en el conflicto.

La posición de Marruecos
Para comprender la importancia del Sahara en Marruecos hay que partir de la propia naturaleza del régimen político instaurado tras la independencia, basado en dos piedras angulares, a saber, una monarquía todopoderosa y una ideología nacionalista  basada en la expansión territorial. Esta última ha constituido un anclaje seguro para las fuerzas políticas marroquíes y la base, junto a su carácter de jefe religioso, de la legitimidad del monarca. Por tanto en el éxito de esa expansión se ha cifrado hasta ahora el éxito del monarca, primero de Hassan II y ahora  de su hijo. La pieza más importante de esa expansión es el Sahara. Antes se había procedido a ocupar Ifni por sorpresa, a integrar Tarfaya y a iniciar una corta guerra con Argelia. El Sahara supuso la definitiva consolidación de Hassan II como rey de Marruecos y desde entonces su pérdida se ha considerado un anatema, por cuanto pondría en entredicho esa legitimidad. Este hecho ha sido bien manipulado para obtener el apoyo occidental. Si una de las condiciones de la tranquilidad de Marruecos es la incorporación definitiva del Sahara, se puede, habida cuenta de los intereses en juego, transigir. El argumento sólo tiene un problema; es una ilusión provocada por la naturaleza del régimen, tal y como las circunstancias, con una importancia soterrada del fundamentalismo creciente, empiezan a dejar vislumbrar.
El problema del Sahara influye, efectivamente, en la estabilidad de Marruecos, pero en sentido contrario al descrito. La guerra, el descontento de la población de la zona, las tensiones con los demás Estados africanos a cuenta del reconocimiento de la RASD y el despilfarro de recursos que exige la asimilación y protección del territorio agravan la ya de por sí notable crisis política, financiera y económica  general del país, algo que sí contribuye de forma efectiva a la deslegitimación del régimen. La falta de libertad de expresión en cuestiones consideradas de estado -el rey, el ejército o el Sahara son sólo los ejemplos más llamativos- hacen difícil evaluar el apoyo social de una guerra larga  que han soportado sobre todo las clases más desfavorecidas del país. La presión gubernamental ha hecho que críticos de la talla de Serfaty hayan modificado públicamente su opinión sobre el futuro del territorio. En definitiva, se ha consolidado una imagen de unanimidad que es falsa. Aunque el nacionalismo recorre la base ideológica de todos los grupos de opinión del país, la asunción del carácter marroquí del Sahara se ha aceptado en el interior con criterios similares a los que han forzado una postura más tolerante con el régimen  en el exterior: la necesidad de dar satisfacción al rey.

La trampa de la legitimidad ha presidido la política marroquí en la ex-colonia española hasta hoy, y aunque Mohamed VI pudo tener la tentación de cambiar la base de la suya propia de acuerdo con postulados democráticos y una mayor sensibilidad social, lo cierto es que ha heredado la legitimidad de su padre, con sus debilidades. Desde el punto de vista de la monarquía las vías de debate se han cerrado. Ésta es una opción  que amenaza la continuidad del sistema si una crisis pone en entredicho la marroquinidad del Sahara Occidental, pues niega la posibilidad de una negociación alternativa. En el medio político marroquí la crisis saharaui es un problema secundario y a la larga un arma excelente en manos de la oposición al rey, el islamismo, que a buen seguro utilizará si es necesario. Es el rey el que ha convertido el problema en un elemento central del juego político. La trampa es mortal de necesidad porque, a pesar de las apariencias, la posición de Marruecos es débil, es decir, es perfectamente posible un cambio de circunstancias que modifique el status del territorio en detrimento de Marruecos.

La debilidad marroquí
La debilidad de Marruecos deriva de factores endógenos, debilidad política estructural y escasa capacidad de generar confianza internacional; y exógenos, a saber, la contradicción entre la postura de Marruecos en el Sahara y el derecho internacional. Ambas son extremadamente importantes y contradicen dos lugares comunes de los análisis sobre Marruecos, esto es, la estabilidad del reino aluita, hoy más dudosa que nunca y la consolidación de la ocupación marroquí del antiguo territorio español.

El sistema político marroquí es esencialmente autoritario. El rey ha asumido, de forma progresiva, un papel central que no era ni mucho menos evidente en 1956, cuando el país alcanzó la independencia. Si el sistema se ha convertido en una dictadura flexible ha sido a costa del tejido político previo a la independencia, prácticamente desmontado tras la domesticación de socialistas y comunistas y la fidelización del nacionalismo republicano, y gracias al control rígido del ejército, cuyos tentáculos vertebran el sistema político en Marruecos tanto como el Rey, su mentor y jefe último. El auge del fundamentalismo puso de relieve ya en la década de los noventa que la excepcionalidad marroquí en el contexto musulmán era falsa. Las recientes elecciones, manipuladas como todas las anteriores, si bien de forma menos grosera, han confirmado la irreversible inestabilidad del país. El próximo gobierno, compuesto por partidos afectos o respetuosos con el sistema y del que se han auto-excluido los islamistas, será el último que pueda formarse de esta manera sin generar tensiones. Sencillamente porque dentro de unos años será imposible negar la preeminencia de los islamistas y justificar su exclusión del poder. En un contexto de crisis económica acuciante y tensión internacional creciente está por ver si la monarquía será capaz de mantener el precario equilibrio. De entrada ha conseguido que Occidente  comprenda que la democracia plena puede esperar; esa benevolencia también afecta al Sahara, una dádiva más en el camino de la estabilidad. Con la salvedad de que la condición para aceptar su asimilación, la estabilidad, ya no está dada por hecho. La sombra de una crisis seria de poder es evidente, proyectando a su vez la de un fenómeno que las autoridades marroquíes tienen, aunque lo nieguen en público, muy presente: el de Timor Oriental. Los contactos del Frente Polisario con las compañías que tienen intereses en la prospección petrolífera del Sahara y la utilización de aquel suceso por los dirigentes de la RASD hacen, en cualquier caso, difícil obviar esa alternativa.

La consecuencia inmediata de esta realidad es el escaso éxito propagandístico del reino, que de hecho no ha conseguido que su postura sobre el Sahara sea aceptada más que a regañadientes y, en todo caso, sin triunfalismos. Ni entre los Estados desarrollados ni entre los Estados en desarrollo han tenido eco unas tesis que carecen por el momento de legitimidad. Sólo han recibido apoyo político, algo que también recibió en su día Indonesia y que no evitó sin embargo el fin de la ocupación de Timor. La legitimidad internacional tiene una sola fuente, el derecho. Y la ausencia completa de argumentos de derecho en el caso marroquí coloca a su gobierno en la necesidad imperiosa de que la ONU reconsidere su opinión sobre el conflicto. A pesar de las críticas que recibe el derecho internacional, éste es un excelente ejemplo de su peso práctico en la Sociedad Internacional contemporánea. Sin derecho no hay legitimidad, sin legitimidad no hay estabilidad y sin estabilidad la crisis puede estallar en cualquier momento.

Si el régimen no demuestra  ser capaz de gestionar el factor "estabilidad" perderá irremediablemente el apoyo sin fisuras norteamericano y, de resultas, el británico. Los dos puntales de la táctica marroquí en el litigio saharaui. Lejos de ser un socio estratégico para EEUU, la escasa fiabilidad que ofrece el sistema convierte a Marruecos de facto en un socio coyuntural permanente, cuya carta no se abandona nunca, pero podría serlo. El ejemplo de Arabia Saudí, cuyo papel en el entramado estratégico de EEUU es objeto hoy de una seria reconsideración, es clarificador a esos efectos. Hassan II era plenamente consciente de que la crisis de la monarquía supondría inmediatamente la crisis territorial y por eso inició las operaciones diplomáticas que pretendían desbloquear el plan de autonomía para el Sahara antes de morir. Unos pocos meses de desorden bastarían para modificar la situación dramáticamente.

La autonomía y la postura española
Dentro de la posible solución autonómica del conflicto nada hay más opaco, precisamente, que las características de esa autonomía. Nadie se ha parado a definir sus elementos constitutivos, algo elemental si se quiere discutir con el Frente Polisario. La razón es evidente, nadie cree en esa autonomía, contradictoria con la nueva estructura regional de Marruecos, imposible en un régimen donde el poder y la soberanía residen en el rey. La autonomía es una alternativa formal que se ha pretendido defender con los argumentos que se han esbozado en contra de una posible independencia: qué hacer con los colonos, cómo compensar las inversiones marroquíes, entre otras cuestiones cuya resolución de acuerdo con el derecho es sencilla. Los colonos, por ejemplo, o se van o se quedan, bien convirtiéndose en nacionales del nuevo Estado, como sería deseable, bien como extranjeros dotados de los derechos y garantías pertinentes. Los ejemplos de algunas ex-repúblicas soviéticas con fuertes minorías rusas demuestran que no es imposible arbitrar soluciones, con la ventaja de que en este caso la directa intervención internacional haría más fácil la gestión del problema. Respecto a la estabilidad de la zona, nada indica que un nuevo Estado en ese punto geográfico vaya a generar conflictos especiales, en todo caso no más de los que se generan ahora. Por otra parte en una hipotética situación de crisis en Marruecos, probablemente inevitable, sería incluso tranquilizador poder contar con un Estado que necesariamente se mostraría colaborador y menos inestable.

En este contexto la postura española es razonable y prudente. En realidad no es posible saber qué va a suceder a corto plazo, por tanto hay que esperar y ver; tampoco está claro que los intereses españoles no se beneficien de un nuevo Estado, por necesidad más amistoso que Marruecos; ningún interés estratégico o económico justificaría un cambio de parecer acorde con la política marroquí, precisamente porque el realismo exige un análisis de perspectivas a medio y largo plazo de los intereses en juego. Las llamadas al realismo de analistas y algunos políticos parecen desconocer que en el peor de los casos, una negociación con Marruecos favorable a sus intereses no puede ser gratuita. La buena fe, la buena vecindad y otras fórmulas protocolarias de ese género no pueden ser parte de lo negociado. Se negocia sobre bienes tangibles, que en este caso Marruecos no está en disposición de ofrecer. Por ejemplo, un acuerdo de fronteras definitivo, terrestre y marítimo. Frente a la supuesta debilidad de la postura española, en realidad hay que recordar que es cómoda, casi envidiable. La actitud española coincide con sus intereses estratégicos inmediatos, con la legalidad internacional y con la opinión de la mayoría de los actores internacionales, tanto estados como organizaciones intergubernamentales. Un bien apreciadísimo en tiempos de contradicciones que hay que saber gestionar con prudencia y sentido común.

Las relaciones hispano-marroquíes
Al describir las relaciones entre España y Marruecos se parte siempre de supuestos que son discutibles y que sin embargo informan la política exterior española en exceso. Normalmente pertenecen a la imaginería estratégica occidental al uso: la monarquía como garante del orden, Marruecos como Estado con democracia creciente; aliado inmune a la influencia islamista. Lo cierto es que la monarquía ha asegurado el orden a costa de mantener el país en perpetuo subdesarrollo, inmovilizado por la corrupción y el tráfico de influencias; la democracia marroquí es tan poco seria como la de sus vecinos, ni formal ni esencialmente hay nada que pueda establecer la superioridad democrática del sistema marroquí sobre el sistema político egipcio o el tunecino, incluso sobre el argelino, todos ellos autodefinidos como democráticos. Como aliado está ya contaminado por el fenómeno islamista, gracias en parte a la represión y despilfarro del poder vigente, algo en lo que coincide con otros muchos Estados musulmanes. España no puede permitirse el lujo de analizar el estado de cosas en Marruecos como si fuera una nación occidental más. EEUU o el Reino Unido pueden valorar la tranquilidad aparente, en España se deben valorar también los riesgos subyacentes. Por último, el mito que resume todos los demás, la monarquía como eje imprescindible del poder. Algo discutible y, de hecho, discutido en Marruecos por los islamistas. Y lo menos halagüeño de ese escenario es que probablemente los islamistas tienen razón, la monarquía en su estado actual, es  prescindible. Si el cambio sólo es posible a costa del Majzén y el monarca, la oposición intentará debilitar y acabar con ambos. Una política razonable debe prever escenarios alternativos, no pretender únicamente consolidar situaciones cuya naturaleza es insostenible a largo plazo, máxime cuando esa actitud no reporta los beneficios esperados. En Marruecos caben escenarios y políticas diversas que convendría tratar abiertamente. Sería éste un saludable ejercicio de realismo que debería trasladarse además no sólo al engranaje de las relaciones bilaterales sino, y ante todo, al fondo de aquellas. Elaborar una política hacia el vecino meridional que no tenga en cuenta la naturaleza, agresiva por necesidad ideológica, del régimen; la inestabilidad, notable a pesar de las apariencias, del reparto y estructura de poder; la sensibilidad de una proporción creciente de ciudadanos marroquíes, filo-islamista y anti-occidental; o la relación tangible coste-beneficio de las políticas y concesiones hasta ahora auspiciadas por España, sólo puede ser la base perfecta de malentendidos.
Conviene partir de un hecho sustancialmente irrebatible. Las relaciones bilaterales son malas, no ahora, desde siempre. Las concesiones españolas no han surtido efecto, si acaso, han alimentado una política del recurso fácil a la agresión exterior. La argumentación jurídica y política de las reclamaciones territoriales es inaceptable y el grado de cumplimiento de los acuerdos bilaterales, extraordinariamente bajo. Se trata de un Estado problemático en su ámbito regional, como lo atestiguan las difíciles relaciones con Argelia y Mauritania. Las posibilidades de una transición política pactada y pacífica muy pequeñas y el sistema económico, ámbito en el que tantas esperanzas se han puesto, opaco y hostil para las empresas carentes de un fuerte respaldo político. Éste y no otro es el marco de las relaciones bilaterales, y sólo una modificación democrática y liberal de la naturaleza del régimen marroquí permitirá un cambio de escenario.

Conclusiones
La naturaleza del régimen alauí hace casi inevitables los períodos de crisis, acentuados hoy por varios factores. Entre ellos: la búsqueda de legitimidad de Mohamed VI, que abandona sus cauces iniciales para amoldarse a la heredada de su padre, basada en el nacionalismo y expansión territorial; la importancia creciente del islamismo, moderado y menos moderado, fenómeno que aumenta las dudas sobre la estabilidad del régimen; y la crisis económica, ahondada por la corrupción sistemática de las instituciones y recursos públicos. En este contexto, la posición marroquí en el Sahara se enfrenta a obstáculos jurídicos y políticos notables cuya consideración es necesaria a la hora de adoptar una postura sobre el conflicto.

España tiene intereses estratégicos en la región que exigen un análisis exhaustivo de las consecuencias que una u otra postura tendría sobre aquellos, siendo necesario imaginar todos los escenarios posibles, incluyendo el de un Sahara independiente y un Marruecos en crisis y valorando las deficiencias de las relaciones hispano-marroquíes, cuyo análisis debe ser realista, no voluntarista. Son malas y susceptibles de empeorar.